La causa conocida como "la ruta del cobre" tuvo un nuevo capítulo esta semana, con la revocatoria de la falta de mérito de los acusados titulares de chatarrerías en San Pedro y San Nicolás, Jonathan Panizza y Roberto Andriola, respectivamente.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo había considerado que no había elementos para procesar a los cuatro imputados —también están acusados el padre de Panizza y un empleado de Andriola—, por lo que les había dictado la falta de mérito.

Sin embargo, la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello apeló y la Cámara de Apelaciones hizo lugar a sus planteos, por lo que revocó la decisión original de Villafuerte Ruzo, lo que implica que los acusados serán procesados.

En diálogo con La Opinión, el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, destacó la decisión de la Cámara y aseguró que "es un paso fundamental" para la prosecución de la causa.

La investigación comenzó tras una denuncia de la empresa Telecom por el robo de cables, que subsumió otros episodios similares. 

La Policía Federal llevó adelante la tarea que derivó en los allanamientos en las chatarrerías y en los domicilios de Paniza, en San Pedro y Santa Lucía, y de Andriola, en San Nicolás.

La Cámara confirmó la postura del Ministerio Público Fiscal, que es el paso previo para formular la elevación a juicio de una causa relevante no sólo por los más de 7500 kilos de cobre secuestrado sino porque se trata de un delito, el robo de cables para la reventa del metal, que afecta servicios públicos esenciales de la ciudadanía.

La causa es importante, no sólo porque está como querellante Telecom, lo que evidencia una situación extrema, sino por el daño y el saqueo que implica este tipo de ilícitos.

Para los investigadores, los acopiadores de metal que se alimentan del circuito ilegal de robo de cables no sólo se enriquecen a costa de un delito sino que además lo propician.

El 22 de junio de 2023 Roberto Andriola fue allanado en su galpón de la ruta 188, en San Nicolás. A su vez, la Policía Federal hacía lo propio en la chatarrería de Jonathan Panizza en Independencia al 3100 y en su casa de Santa Lucía.

En su defensa, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, había asegurado que lo que secuestraron en poder de su defendido no podía determinarse que fuera lo que Telecom denunció como robado.

Informó que el material que se llevó la Federal era parte de lotes "comprados una parta a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa".

En el expediente, agregó, presentó "todas las facturas de compra de los cables de electricidad, porque nadie que compre cable robado lo va a atener en carretes, como estaban, ni los va a esconder en su propia casa".

En su momento, el juez Villafuerte Ruzo atendió razones y dictó la falta de mérito porque "la generalidad" de los cables secuestrados" no permitían corroborar el vínculo con el ilícito investigado.

Ahora, la Cámara de Apelaciones consideró que "la serie de evidencias que se analizaron permiten inferir que se ha configurado el delito", por lo que los imputados serán procesados y Fiscalía podrá requerir la elevación a juicio.

El robo de cobre es una moneda corriente en los hechos vandálicos que ocurren en la ciudad. 

Esta vez, los vecinos de la manzana entre las calles de Combate de Obligado, Dávila, La laguna y Alvarado reportaron otro robo de cables del barrio. En septiembre del año pasado, en esa zona, se reportó la misma situación. 

‘’Más allá de la gente que se dedica a esto, el que compra cobre sabe muy bien lo que le están vendiendo, algo de nunca acabar'', dice una vecina de la zona.

Durante 2023 La Opinión reportó varios delitos del mismo estilo, donde se reclaman la falta de cobre o de las casillas de gas.

La policía clausuró este jueves una reconocida chatarrería ubicada en Independencia al 3100 en el marco de una inspección de rutina a cargo del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría.

El lugar carecía de habilitación comercial municipal así como del libro de registro foliado y rubricado por el titular de la dependencia policial, obligatorio por ley, en el que deben asentarse los datos relacionados con el origen de la mercadería que tienen para la venta.

La chatarrería de Independencia al 3100 fue objeto de allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el marco de una causa penal conocida como "la ruta del cobre", que investiga denuncias radicadas por la compañía Telecom por el robo de cables.

En ese momento la Policía Federal secuestró más de 7 toneladas de cobre en un operativo que incluyó allanamientos en Santa Lucía, en el domicilio del titular de la chatarrería, cuyo abogado aseguró que podía demostrar la procedencia del material incautado.

Ese tipo de comercio está obligado a llevar un libro foliado y rubricado por el comisario en el que debe constar nombre, apellido y domicilio del vendedor y comprador de los bienes que comercializan.

Además, deben dejar asentado “fecha, número y monto del recibo oficial expedido con motivo de la operación comercial efectuada”.

Debe haber "exacta correspondencia entre el material descripto —en cuanto a peso, características y estado— en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito".

Un chatarrerero de San Nicolás irá a juicio oral y público en una causa relacionada con la denominada “ruta del cobre”, investigación que procura establecer responsabilidades en la compraventa de material robado. Se trata de un caso paralelo al allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro y Santa Lucía en junio del año pasado, cuyo expediente todavía está en trámite.

La agencia de noticias del Ministerio Público Fiscal difundió la decisión del fiscal Matías Di Lello de solicitar la elevación a juicio de una causa en la que está procesado un chatarrero identificado como Marcelo Andriola. En el escrito, el titular de la Fiscalía Federal señaló que su dependencia “investiga también en otros expedientes situaciones similares”, entre ellos el caso sampedrino.

Marcelo Andriola es hermano de Roberto Andriola, otro chatarrero de San Nicolás investigado en la misma causa en la que aparece Jonathan Panizza, cuyo domicilio en Santa Lucía y su galpón en San Pedro fueron allanados en junio, en el marco de otra investigación vinculada a la “ruta del cobre” pero que corre por carriles judiciales distintos.

Esa causa no sólo no fue elevada a juicio, como la otra, sino que todavía está en etapa preliminar de investigación, informó el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, quien consultado por La Opinión ante la novedad publicada por el Ministerio Público Fiscal evacuó la duda en Fiscalía y confirmó la situación.

Las causas federales de la “ruta del cobre” investigan denuncias radicadas por la compañía Telecom respecto de robos de cables sufridos entre enero y febrero de 2022 que habrían terminado en chatarrerías para su comercialización. A Marcelo Andriola lo allanaron en mayo del año pasado y le secuestraron 50,6 kilos de filamentos de cobre contenidos en varias bolsas.

Las tareas de inteligencia de la Policía Federal habían logrado establecer que a su chatarrería ingresaban personas en bicicleta o ciclomotores con carros o bien a pie para dejar cajas o bolsas con cobre.

Un mes más tarde, el 22 de junio, una comisión de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal allanó a Roberto Andriola en esa ciudad y a Jonathan Panizza, tanto en su casa de Santa Lucía como en su chatarrería de Independencia al 3100, en San Pedro.

Esa causa todavía está en trámite. Panizza ni siquiera prestó declaración indagatoria. De hecho, el fiscal solicitó su comparecencia pero el juez la rechazó, puesto que todavía restan pericias relevantes que implicarán elementos probatorios confirmados o descartados para el devenir del expediente.

Entre esas pericias aguardan las de las cámaras de seguridad de la propia chatarrería. “En la causa hubo Se hicieron reconocimientos de los cables secuestrados, aparte de Telecom fueron todas las empresas de electricidad, y ninguno pudo determinar que fuera sustraido”, aseguró Villarruel.

Apenas ocurridos los allanamietos, el abogado de Panizza había dicho que el material secuestrado a su representado era parte de elementos “comprados una parte a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa”.

“Presenté todas las facturas de compra de los cables de electricidad porque nadie que compre cable robado lo va a tener en carretes como estaban ni va a esconder en su propia casa cables robados, sería una ingenuidad”, sostuvo el abogado.

En los domicilios de Panizza y en el galpón de Roberto Andriola, ubicado en la ruta 188 en San Nicolás, se secuestraron en total más de 7.500 kilos de cobre valuado en más de 6 millones de pesos.

La Policía Federal incautó alrededor de siete toneladas de cobre en allanamientos que tuvieron lugar en una chatarrería ubicada en Independencia al 3100 y en el domicilio particular de su propietario, identificado como Jonathan Panizza, en Santa Lucía.

Este jueves, en Radio Cuarentena, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, aseguró que pueden probar la procedencia del material secuestrado y que no se trata de lo que fue denunciado como robado por la empresa Telecom.

“Esto se inicia en San Nicolás a raíz de una denuncia de la empresa Telecom, deriva en San Pedro por un proveedor que tiene Panizza en San Nicolás”, explicó Villarruel y señaló que el procedimiento judicial llegó a su cliente ante la sospecha de una posible conexión por el vínculo comercial con esa firma nicoleña.

El abogado informó que la orden de la Justicia Federal era verificar si había cobre en el lugar y convocar a representantes de la empresa Telecom para que certifique in situ si lo hallado coincidía con lo que denunciaron como robado. Como no se presentaron, la Policía decidió llevar todo a un depósito a San Nicolás para que allí se produzca esa constatación.

“Hay unos cables que son específicos para cada cosa. Con la marca y el espesor y esas cuestiones específicas Telecom va a comprobar que no son cables de comunicaciones”, aseguró Villarruel.

El abogado indicó que el material secuestrado es parte de elementos “comprados una parte a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa” y que pueden probar esa procedencia.

“Si hubiese venido la gente de Telecom no se llevan nada, porque no son cables de telecomunicaciones”, sostuvo. “Está todo documentado”, aseguró e informó que su cliente “compra sabiendo la procedencia y en grandes volúmenes”.

“Se lo van a tener que traer otra vez”, dijo Villarruel sobre el material incautado por la Policía Federal y trasladado a San Nicolás en el marco de una causa que está caratulada como “daños a sistemas informáticos”, tras la denuncia de la empresa Telecom.

“Esto a lo sumo se podría tratar un encubrimiento, por comprar materal de procedencia ilícita, si se estableciera que fuera así, y si no serán sobreseídos inmediatamente”, explicó el abogado y agregó: “Voy a pedir las pericias pertinentes”.

Confirmó que “se llevaron 1800 dólares que tenía la esposa de Jonathan Panizza en la casa, de ahorros, y 100 mil pesos que había en la chatarrería, que es dinero que se utiliza para comprar y de las ventas que se habían hecho hasta el momento”.