El especialista en pulverización Gabriel Marbán, una vez más participó de Expoagro realizada en San Nicolás, la mayor muestra nacional del campo argentino y una de las más grandes en el mundo.

El sampedrino fue elegido por el Canal Rural para hablar sobre sus conocimientos, donde diversificó los temas, pero siempre basados en técnicas y consejos para quienes desarrollan la actividad.

Las formas de aplicar sin cometer errores utilizando distintos componentes y ser eficiente en los cultivos; la responsabilidad del aplicador, y la decisión y el carácter que hay que tener en el momento de aplicar.

La necesidad de capacitarse para evitar daños contra la sociedad y el medio ambiente, con mejores tratamientos que queden dentro de cada lote; y la intervención mecánica de malezas, en especial cuando ya no puede ser controlada con fitosanitarios.

También los nuevos carpidores que no destruyen la cobertura de siembra directa fueron algunos de puntos elegidos para difundir. Respecto a los rolos trituradores, dijo que estos aceleran la descomposición e incorpora el rastrojo anterior.

“Todo muy interesante. Hoy tenemos la tecnología para poder lograr estos trabajos. Y es importante que estas notas se den en un canal directamente relacionado con el sector, para que pueda aportar mayor información al productor”, le comentó Marbán a La Opinión.

El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de economía Martín Lousteau, durante la presidencia Cristina Kirchner, anunció la mentada Resolución 125.

Esto provocó un cimbronazo histórico entre el sector ruralista y el Gobierno nacional, que duró algo más de cuatro meses, hasta que el vicepresidente Julio Cobos decidió que su voto era “no positivo” cuando la medida fue tratada en el Senado.

La decisión de Lousteau promovía una reforma sobre las retenciones agropecuarias. Su decisión era elevarlas conforme al nivel de producción de cada productor.

La Sociedad Rural de San Pedro, en su momento encumbrada como el principal piquete del país, situado en la Ruta 9, sobre el acceso a Río Tala, recordó aquel momento:

“En este nuevo aniversario reafirmamos nuestro compromiso con los productores y la defensa de sus derechos. Estuvimos en la primera línea desde el primer día, enfrentando medidas que amenazaban la producción y el desarrollo del sector agropecuario”, comenzó indicando.

“Lo hicimos con convicción, con esfuerzo y con el acompañamiento de toda una comunidad que entendió que lo que estaba en juego era mucho más que una medida económica”, agregó la Rural, que a su vez recordó a aquellos dirigentes “que incluso fueron detenidos por defender al campo y a quienes ya no están, pero dejaron su legado de lucha y compromiso”.

Para la entidad, “su valentía nos impulsa a seguir atentos en este momento trascendental, en el que no podemos permitir que se repitan los errores del pasado. Las lecciones que dejó aquel conflicto nos enseñaron que el país necesita políticas que promuevan la producción, el trabajo y la inversión, en lugar de medidas que asfixien a quienes todos los días apuestan a la tierra con esfuerzo y dedicación”.

Finalmente, la dirigencia sampedrina ratificó mantenerse “firmes en la defensa del campo, del interior productivo y del futuro de nuestro país”.

Pasaron 16 años desde que la famosa Resolución 125 dictada a pocos meses del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, segundo del Kirchnerismo como fuerza política, para imponer retenciones móviles a la exportación de oleaginosas provocó más de 120 días de protesta en todo el país por parte de productores rurales.

Más de una década y media después, los dirigentes políticos, de las organizaciones ruralistas y productores que fueron acusados de "entorpecimiento de servicios públicos" por un piquete en la ruta 9 a la altura de San Pedro en pleno "conflicto con el campo" quedaron eximidos del accionar de la Justicia.

La Cámara Federal de Rosario que intervino tras el procesamiento dispuesto en 2019, tres años después del sobreseimiento que había dictado el juez Carlos Villafuerte Ruzo, declaró extinta la acción penal tras considerar que el paso del tiempo afectó la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

Fueron sobreseídos todos los acusados de un delito que preveía dos años de prisión como máximo. 

La expresidenta del Concejo Deliberante, Norma Atrip; el exintendente Mario Barbieri; el exsecretario de Gobierno, Juan Almada; el exsecretario de Coordinación, Facundo Vellón; el exdirigente de Federación Agraria, Silvio Corti; el expresidente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, entre los sampedrinos.

También los dirigentes de la Mesa de Enlace Hugo Biolcatti, Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Fernando Gioino y Mario Llambías; los referentes ruralistas  de la región René Ducret y Jorge Bozicovich; la exdiputada Margarita Stolbizer; y los dirigentes María del Carmen Alarcón, Horacio Ostán y Osvaldo Simiele.

Desde la Sociedad Rural celebraron el fallo y destacaron: "Volvemos a recordar con orgullo aquella reacción y reiteramos el compromiso de defender a los productores de todo el país que siguen siendo el motor de la producción y el desarrollo de nuestro país".

Sin ponderar cuestiones relativas al hecho en sí, la Cámara consideró que "hay afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable" y decidió no seguir adelante con la causa, de acuerdo a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citada en el fallo.

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que "para salvaguardar el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye el instrumento jurídico adecuado".

La doctrina, para este y todos los casos penales es clara: la administración de justicia no puede demorarse ad infinitum y la prescripción "debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo", tal como ocurrió en este caso.

Desde el 19 de marzo de 2008, cuando entre las 11.00 y las 15.00, se produjo un masivo acto en la ruta 9 a la altura de San Pedro con dirigentes ruralistas y productores de todo el país que se sumaron a la protesta, que contó con un escenario montado en el cantero central de la autopista, en el ámbito judicial pasó de todo, hasta este sobreseimiento.

El entonces fiscal federal Juan Patricio Murray ordenó liberar la ruta, que estuvo cortada, con largas filas de vehículos, y en ese marco hubo detenciones, empujones con escudos y una represión de las fuerzas de seguridad, con Gendarmería y Prefectura a la cabeza, que no fue muy distinta a las que hubo en otros momentos —y sigue habiendo— ante protestas contra un Gobierno.

En junio, los acusados fueron indagados. A fin de año, Villafuerte Ruzo declaró la falta de mérito. Murray apeló y le dieron la razón. La Cámara le devolvió el expediente al Juzgado para que resuelva, y en 2016 el juez federal de San Nicolás sobreseyó a los imputados. Sin embargo, una nueva apelación derivó en el procesamiento que ahora, 16 años después del hecho en cuestión, terminó con la extinción de la acción penal.

Entre 2020 y este fallo, la mayoría de los acusados hicieron su descargo. Incluso hubo un recurso extraordinario presentado en la Corte Suprema de la Nación, que fue rechazado.

Norma Atrip, por ejemplo, dijo que ella nunca incurrió en los delitos que se le imputaron y que jamás tuvo voluntad de impedir el normal funcionamiento del transporte en la ruta.

Los representantes de Biolcatti, Miguens y Simiele sostuvieron que sólo ejercieron el derecho constitucional a la libre expresión y que el supuesto entorpecimiento "se produjo como consecuencia de rodados y gente que pasaba por el lugar sin ser identificados".

La defensa de Victores, Bozicovich y Ducret manifestó en el expediente que "el acontecer histórico que rodeó" a la Resolución 125 debe "aportar razonabilidad a la hora de pretender criminalizar la conducta imputada" y que "el derecho a manifestarse se encuentra expresamente previsto en la Constitución nacional y en los tratados internacionales".

Buzzi dijo algo similar: "Hubo un proceso social histórico de resistencia ante el pretendido avance del Gobierno de turno sobre las rentas agrarias" y que "en ese contexto la ciudadanía los convocó a una manifestación popular, pública, pacífica y preanunciada a la vera de la autopista".

Un proyecto de resolución elevado por el concejal opositor Martín Rivas relacionado con los aumentos de impuestos en la provincia de Buenos Aires, con especial atención en el inmobiliario rural, provocó debate en la sesión del Concejo Deliberante este jueves.

El expediente fue elevado tras el llamado a "rebelión fiscal" que hicieron organizaciones ruralistas de la región y que fue respaldada por legisladores que responden al presidente Javier Milei como el diputado nacional José Luis Espert o la senadora provincial Florencia Arietto, ambos propietarios de establecimientos rurales.

El proyecto fue rechazado porque el oficialismo votó en contra, aunque tuvo que hacer uso del voto doble de presidencia, puesto que el resto de los ediles, incluida la filooficialista Vanina Cappelletti, votaban a favor.

"Vemos con gran preocupación el aumento de impuestos provinciales, a niveles confiscatorios e ilegítimos", dijo Rivas durante la sesión, cuando le tocó exponer sobre su proyecto desde lo que llamó "el interbloque de hecho" con La Libertad Avanza y Lafalce, cuyas bancas estaban pegadas en el recinto, como si fueran un solo bloque.

En ese marco, no se privó de elogiar al presidente Milei. "Se vienen acomodando algunas cuestiones financieras a nivel nacional, hay un gran esfuerzo por bajar el gasto público, vemos cómo por primera vez en democracia hay una concientización de lo que tiene que ver con el gasto político", dijo.

"No debemos permanecer al margen de lo que viven nuestros vecinos, expresando nuestro acompañamiento a los que producen y generan empleo", consideró Rivas.

Basso, cuyo bloque de la Unión Cívica Radical votó a favor del expediente, señaló que "el aumento promedio que ha habido en los impuestos ronda el 300 y 400 por ciento. La Legislatura aprobó en diciembre una ley impositiva que estableció un máximo de 200 por ciento, lo que está muy alejado de lo que  ha sucedido en los hechos", por lo que consideró que "estos importes resultan confiscatorios".

El presidente de Unión por la Patria, Juan Cruz González, cuyo bloque responde al intendente Cecilio Salazar, explicó por qué decidieron votar en contra. "Hubo mucha desinformación respecto de los porcentajes", dijo.

"Venimos de un proceso con sequía en el que se ha declarado por dos años la emergencia agropecuaria y eso hizo que quede atrasado el inmobiliario rural", señaló y aseguró que "el aumento tampoco está por sobre la inflación".

Recogió el guante de la defensa de Milei que hizo Rivas y cuestionó al Gobierno nacional. "Detrás de los momentos que nos tocan atravesar económicamente están decisiones políticas que hay que rever, el impacto en la economía y en el bolsillo de la gente no tiene que ver con el impuesto sino con la decisión de quitarles los ahorros a la gente, con los aumentos de las tarifas de los servicios, con decisiones políticas que se han tomado y que hoy tienen resultados que no son favorables a la comunidad en general".

Antes de señalar que "el Kichnerismo" quiere "prenderse como una garrapata de los que producen", Rivas intentó chicanear, como lo hizo en el propio texto del proyecto, con programas que el Gobierno provincial lleva adelante que están relacionados a género, diversidad y protección sexual.

No tuvo eco en el radicalismo: Basso le explicó que para definir cómo administrar los recursos es que se ganan las elecciones en el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el proyecto fue sometido a votación y resultó 9 a 9. Como establece el reglamento, ante el empate hay que votar de nuevo. Como persistió la paridad, el presidente Pablo Vlaeminck hizo uso del voto doble y provocó el rechazo del proyecto.

“Amenazas de escraches y acciones violentas nos han impedido que San Pedro haya sido el espacio de encuentro para buscar soluciones a la grave crisis que hoy afecta al campo por la sequía”, dijo el intendente en uso de licencia y funcionario en la órbita del Ministerio de Transporte tras la decisión de Sergio Massa de trasladar a Castelar la reunión con la Mesa de Enlace prevista en el INTA local.

El histórico dirigente sindical de los trabajadore rurales se expresó en redes sociales en duros términos y calificó de “violentos, antidemocráticos y egoístas” a los ruralistas de las organizaciones de la región, que habían planificado una protesta contra la presencia de Massa y la Mesa de Enlace, con la que son críticos.

“Lamentablemente los sampedrinos y los argentinos tenemos que sobreponernos a demasiados obstáculos para salir adelante”, dijo Salazar y aseguró que las “piedras en el camino” son “cruzadas “por personajes que a lo largo del tiempo sólo se han dedicado a fustigar y criticar, mezclando la política con la representación de los productores”.

“Crecí en el campo y los conozco muy bien, porque también he tenido que enfrentarme a algunos de ellos como gremialista, defendiendo a los trabajadores rurales”, agregó en su mensaje y destacó a “los productores genuinos”, a quienes consideró “gente de bien que ha hecho grande a nuestro país”.

En su mensaje, acusó a los dirigentes de las organizaciones que firmaron un duro comunicado contra la reunión de Massa y la Mesa de Enlace en San Pedro de boicotear la posibilidad de que se planteen necesidades de la región al ministro de Economía.

“Lamentablemente, actitudes como las de estas últimas horas, apelando a prácticas antidemocráticas como amenazas de escraches y reacciones violentas, nos han impedido que San Pedro haya sido el espacio de encuentro para buscar soluciones ante la grave crisis que hoy afecta al campo por la sequía”, consideró.

Indicó que Massa lo había invitado a participar de la reunión y que su plan era “exponer la situación de los productores fruticolas, viveristas y trabajadores rurales” de la zona, “pero lamentablemente, esta reacción nos ha quitado la oportunidad de hacerlo”.

“Lo más importante es que se dialogue para consensuar soluciones, y el Gobierno nacional a través de su ministro de Economía Sergio Massa, su secretario de Agricultura Juan José Bahilo, y todo el gabinete han ratificado estar siempre” cerca de esta crisis”, dijo Salazar.

“A los violentos, antidemocráticos y egoístas les vamos a demostrar con acciones que el camino es la unión y el trabajo, no el odio y la división constantes”, finalizó su mensaje.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert participó este miércoles de la asamblea de ruralistas en ruta 191 que reunió a productores agropecuarios de toda la región en el marco del paro nacional del campo dispuesto para la jornada por parte de la Mesa de Enlace.

Espert es productor rural en Pergamino y su participación, además de su rol como legislador, también tuvo el carácter de integrante del sector que impulsa una serie de reclamos al Gobierno nacional.

En ese marco, el diputado expuso algunas consideraciones que forman parte de su programa legislativo y que estuvieron presentes durante su campaña el año pasado, relacionadas con la eliminación de impuestos y tasas municipales y con las retenciones.

“La Constitución Nacional dispone que la primera atribución del Congreso es que fije derechos de exportación e importación, hoy los fija un secretariucho de Comercio, en el mejor de los casos el Ministerio de Agricultura, sin participación del Congreso, son totalmente inconstitucionales”, dijo respecto de las retenciones a la exportación de granos.

“Creo que en la proclama hay que insistir con que sea el Congreso el que fije los derechos de exportación e importación”, seáló y agregó: “Después qué nivel, es otra cosa. Yo creo que tienen que ser cero, que no tiene sentido poner un impuesto a vender productos afuera, es una cosa ridícula”.

Además, repasó sus propuestas sobre las tasas municipales, que incluyen la “eliminación de la tasa de Red Vial” para que “la Provincia, que cobra el inmobiliario rural, coparticipe con los municipios y que esa coparticipación, con asignación específica, los municipios lo utilicen para mantener los caminos rurales, que son un desastre absoluto”.

También planteó la “eliminación del impuesto rural, el complementario” y que se dejen de cobrar las guias de ganado, porque “es un impuesto del siglo pasado, cuando había que transportar ganado por entre los campos, hoy tenemos los caminos”, indicó.

“En términos de coparticipación de impuestos, debería ser eliminado el ABL en los municipios”, planteó. En ese sentido, dijo que “la Provincia, que cobra el inmobiliario” debería coparticipar con los municipios para que “con eso se barran, alumbren y limpien”.

El diputado nacional José Luis Espert estuvo en la asamblea acompañado por los referentes locales de Avanza Libertad, con Martín Rivas a la cabeza, quienes el fin de semana pasado mantuvieron una reunión con él y su equipo de trabajo en el marco de lo que denominaron una instancia de preparación “para gobernar”.

Productores rurales de todo el país marcharon este sábado hacia Plaza de Mayo, en Capital Federal y frente a Casa Rosada, para protestar contra el Gobierno nacional y las políticas del presidente Alberto Fernández para el sector, en lo que se denominó un “tractorazo del campo” a Buenos Aires.

Los productores llegaban desde distintos puntos del interior del país, incluido San Pedro, desde donde partieron varias delegaciones, para concentrar en el cruce de las rutas 8 y 9 con la 193, donde ambas autopistas nacionales confluyen en la Panamericana, para desde allí ingresar a la capital.

Respaldados por la oposición al Gobierno nacional y cuestionados por funcionarios del gabinete, los productores representan al movimiento de autoconvocados y a organizaciones de base sin la adhesión formal de la Mesa de Enlace en la que confluyen las cuatro grandes organizaciones representantivas nacionales del sector.

“Esta es una marcha que no fue convocada por la Mesa de Enlace, como han sido otras. Creo que después de la 125 el sector entró en un período en el que no hay una dirigencia que esté a la altura de encabezar los reclamos”, analizó este sábado en Sin Galera el productor e integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, Lisandro Gordó.

“Eso posibilitó un movimiento de autoconvocados que no responden a ninguna de las cuatro gremiales, que son los que organizaron la marcha de julio del año pasado en San Nicolás, que para mí fue la más grande desde Rosario 2008, y tampoco estuvo conducida por la Mesa de Enlace. Hay toda una ebullición, ir a Buenos Aires fue una jugada que se charló bastante, la Mesa de Enlace no supo o no quiso conducir”, precisó el sampedrino.

Los productores de San Pedro habían decidido marchar en caravana, con el cruce de las rutas 9 y 191 como punto de encuentro este sábado por la mañana, pero para “evitar demoras” prefirieron no concentrar y viajar hacia la zona de concentración general por separado.

El referente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, explicó que muchos partieron el viernes por la tarde, otros por la noche, y que el sábado por la mañana salieron en tandas para no conformar caravana ante lo que ocurría en diversos puntos donde había controles de tránsito, lo que implicaría que quizás llegaran tarde a la concentración en Capital Federal, prevista para pasado el mediodía.

Lisandro Gordó señaló que “los reclamos son los mismos de siempre: una presión tributaria tremenda, la brecha cambiaria, retenciones, cierre de exportaciones, el tema del combustible, y todo lo que tiene que ver con que no dejamos de ser actores de esta sociedad, con todo esto que pasó en el Senado, son muchas cosas que confluyen. Hay problemas de siempre y otros que son nuevos”.

El productor analizó que mientras “el mundo va camino a una campaña récord de trigo” a raíz de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, “la Argentina tiene altas chances de que baje un 10 por ciento”, una situción que, advirtió, “”ya lo hemos vivido”, por lo que “empieza a sumar mal humor y termina en lo que es hoy, que luego provoca que la gente de la ciudad se empiece a sumar”.

Antes de la concentración, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un hombre del interior bonaerense históricamente vinculado con el sector agropecuario y agroindustrial al punto de que dentro del propio Gobierno hay quienes lo tildan despectivamente de “procampo”, dijo que “si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar”.

“Es importante que se sepa que tenemos una relación con las entidades del sector de trabajo permanente, donde estamos trabajando con una agenda de diferentes temas”, señaló el funcionario del gabinete de Alberto Fernández desde Israel antes de la masiva movilización a Casa Rosada.

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Domínguez advirtió que el proyecto que gravará la llamda “renta inesperada” no afectaría a los productores argentinos porque “vendieron su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un costo del 60 por ciento de los feritilzantes, que han tenido un incremento absolutamente inesperado”.

Al contrario de la portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, quien consideró que la protesta tiene “motivaciones políticas”, Domínguez dijo que no le corresponde analizar esa cuestión sino “trabajar para resolver” si hay “algún problema” o demanda específica del sector. “Si hay algún reclamo que valga la pena y una necesidad urgente, la resolveremos”, apuntó.

Desde San Pedro, el productor e integrante de la Sociedad Rural Lisandro Gordó señaló que el tema de la denominada renta inesperada forma parte de un proceso que descrbió como “gota tras gota que se va sumando”, lo que provocó “todo un movimiento muy del interior, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, el interior de la provincia de Buenos Aires, que no se ven representados por las gremiales”.

“La Mesa de Enlace no ha querido conducir esto y pareciera que es como el dicho, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”, advirtió Gordó y aseguró que lo que ocurres este sábado “también al sector tranqueras adentro, sobre qué va a hacer este movimiento de autoconvocados que no responde a la Mesa de Enlace”.

“Creo que es un llamado de atención a las cuatro gremiales que condujeron el sector en 2008, que hoy no están viendo el mismo partido y creo que es un replanteo puertas adentro”, analizó joven dirigente ruralista sampedrino.

Sin adhesión formal de la Mesa de Enlace y con los autoconvocados como punta de lanza, productores rurales de todo el país marcharán a Capital Federal en un “tractorazo” que arribará pasado el mediodía a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde habrá un acto de protesta por las medidas del Gobierno nacional que consideran afecta al sector.

Productores sampedrinos participarán de la manifestación, convocada a nivel local por la Sociedad Rural de San Pedro, activa en los reclamos que los ruralistas mantienen contra el Gobierno, sobre todo tras el anuncio del denominado “impuesto a la renta inesperada”.

El plan era concentrar a las 9.00 en la zona del Automvil Club Argentino, ubicado en 1001 y ruta 9, a la altura del puente de acceso por Río Tala, aunque evaluaban cambiar de lugar “por las trabas que hay desde ayer en la autopista”, que “generan demoras” y, entienden los ruralistas, pueden ser parte de un intento de “obstaculizar el tránsito” a quienes participan de la protesta.

“Muchos productores de San Pedro ya salieron y otros saldrán por la tarde y la madrugada de mañana”, informaron a La Opinión desde la Sociedad Rural local este viernes, ante la consulta sobre cómo será la modalidad de participación.

La protestar ruralista ya generó conflicto político cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández dijo que “ni lo sueñen” en alusión al ingreso de tractores a Buenos Aires, aunque luego aclaró que como la movilización fue autorizada por el Gobierno porteño, las fuerzas federales se limitarán a proteger el patrimonio que depende de ellos.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que la movilización “tiene una intencionalidad política” porque “acá no hubo suba de retenciones a los productores”, por lo que consideró que “están marchando por las dudas, contra un proyecto que no conocen o que imaginan”.

Referentes de la oposición al Gobierno nacional respaldaron la movilización de los productores rurales, que tendrá como puntos de encuentro el cruce de Solís, en rutas 8 y 193, y la planta logística Furlón en el cruce de ruta 9 y 193, tras lo que continuarán por Panamericana, General Paz, Udaondo y Libertador hasta Plaza de Mayo.

En San Pedro, el bloque Juntos Pro, que integran los concejales Gerardo Pelletier y Vanina Cappelletti, expresaron su “total apoyo a la marcha” que consderaron “en repudio a las medidas arbitrarias e inconsultas tomadas por el Gobierno nacional”.

“Desde nuestro espacio sabemos que el campo es el motor de la economía nacional, no sólo por su producción sino también lo que significa la generación de empleos genuinos por parte de la agroindustria”, agregaron en el comunicado de respaldo.

“Por un Argentina en la que el recurso generado por nuestros pueblos quede en ellos, nos están dejando sin nada, seguir así nos llevará a más precariedad”, es uno de los lemas con los que fue convocada la movilización.