Vecinos de la zona de Hermano Indio y Riobamba denunciaron el funcionamiento de un presunto bar clandestino que provoca ruidos molestos todos los días de la semana y genera situaciones de violencia durante las madrugadas.

Según relataron, el problema comenzó en febrero y desde entonces realizaron reiterados llamados a la policía y a la línea de ruidos molestos.

“Vienen, hacen su trabajo y cuando se van vuelven a subir la música. Somos gente que trabaja todos los días y estamos cansados de no tener una respuesta”,  señalaron.

Los denunciantes sostienen que los fines de semana la situación se vuelve aún más complicada, con peleas, gritos y hasta “piedrazos sobre los techos”.

“Los sábados a la noche es cuando más fuerte se escucha el volumen, ni siquiera la televisión se puede escuchar”, expresaron.

Además, indicaron que el lugar no está habilitado para funcionar como boliche bailable y cuestionaron la falta de controles.

“Fuimos varios vecinos a realizar la denuncia donde corresponde y siempre nos preguntábamos por qué nunca vino alguien a verificar”, concluyeron.

El reclamo por la falta de control ante exceso de volumen es una situación recurrente, ya que a pesar de la existencia de una ordenanza que regula estas prácticas, San Pedro no tiene decibelímetro. 

La semana pasada, vecinos del barrio Duraznostra, ubicado en Lucio Mansilla frente al predio de El Fortín, volvieron a reclamar por la falta de cumplimiento de la ordenanza de ruidos molestos y llevaron el planteo, una vez más, al Concejo Deliberante.

El sábado, en Sin Galera, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, informó que el Gobierno municipal carece de herramientas y de personal necesario para hacer cumplir esa normativa, vigente desde enero de 2019.

Esa ordenanza establece que ante una situación de ruidos molestos, los vecinos pueden llamar al 437607 y que un agente de la Secretaría de Seguridad debe concurrir a medir los decibeles. La marca no puede superar los 60 dBs, medido desde el lugar afectado por la emisión sonora denunciada.

Esa medición debe practicarse con un “dispositivo calibrado para tal fin” y "homologado por INTI". Un decibelímetro. Pero en la Municipalidad no existe ese aparato.

"No tenemos decibelímetro", dijo Eduardo Álvarez y agregó: "Por lo menos yo no sé si hay".

Consultado respecto de qué tipo de intervención hace su área ante la falta del aparato, el secretario de Seguridad dijo que está trabajando en una "propuesta de reorganización y refuncionalización de la orgánica municipal".

Ello, señaló, en virtud de que tiene muchas competencias y quiere establecer "quién es responsable de qué cosas distintas". En este caso, sin embargo, no podrá quitarse la responsabilidad, puesto que está normado por ordenanza. En cualquier caso, el Ejecutivo deberá proponer una modificación.

Álvarez informó que de noche su área dispone de solo un móvil con dos agentes, que "tiene que acudir a todo", por lo que "es imposible" cumplir con todos los requerimientos que surgen y que "hay prioridades" como "los accidentes, los animales sueltos".

Los vecinos de Duraznostra reclaman que en el barrio hay quienes alquilan sus viviendas para eventos —lo que, por cierto, necesita habilitación municipal—, lo que produce inconvenientes en el descanso y la vida cotidiana del resto.

A pesar de los múltiples reclamos, que elevaron por nota al Ejecutivo y al Concejo desde hace años, no tienen respuestas. A juzgar por lo que dijo Álvarez, tampoco la tendrán.

Vecinos del barrio Duraznostra reclamaron ante el Concejo Deliberante por incumplimiento de la ordenanza de ruidos molestos.

Denuncian que, pese a las restricciones vigentes, continúan los alquileres de quintas no habilitadas para fiestas.

Este lunes, fueron convocados por concejales a la comisión de seguridad del Concejo Deliberante, donde expusieron nuevamente la problemática.

Entrevistado por Sandra Dombretch, en Lo Que Importa, Fernando, vecino del barrio contó la situación con la conviven a diario.

“Hace cuatro años que reclamamos esta situación y nunca tuvimos una respuesta favorable. En verano ocurre todos los días, en invierno merma un poco, pero sigue pasando. Alquilan las quintas por más de 15 horas, ponen la música al palo y se torna insostenible”, explicó.

En ese sentido, aclaró que no buscan prohibir nada y que su único pedido es que la Municipalidad regule las actividades para que no resulten un problema para la cotidianidad.

“El descanso nuestro depende de si la gente pone música no tan alta. Uno no está en contra de los festejos, solo queremos que se tenga en cuenta a la gente que se levanta a trabajar”, dijo el hombre.

Este lunes, los vecinos fueron recibidos por concejales y ahora aguardan la posibilidad de una reunión con el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez.

A lo largo de los años, han elevado múltiples notas —que adjuntaron en el expediente— y mantenido encuentros con funcionarios y ediles.

En San Pedro rige una ordenanza que busca regular los ruidos molestos que afecten "el medio ambiente y la calidad de vida".

Sancionada tras el efusivo reclamo de vecinos de Villa Jardín por motivos similares, establece en 60 decibeles (db) el máximo nivel permitido “en el entorno o lugar donde se efectúe la medición” así como una sanción correspondiente a los infractores. 

El Gobierno elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a endurecer las sanciones frente a una problemática cada vez más visible en la vía pública: la circulación de motos y vehículos con caños de escape adulterados y la realización de maniobras peligrosas.

La iniciativa pone el foco en dos ejes centrales: la contaminación sonora y los riesgos para la seguridad vial. 

En ese sentido, propone la prohibición de circular con vehículos que no cuenten con sistemas de escape originales o debidamente homologados, así como aquellos que hayan sido modificados, perforados o carezcan de silenciador. Además, prohíbe de manera expresa el uso de dispositivos conocidos como “cortes” o “explosivos”.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la facultad que se le otorgaría al Juzgado de Faltas para ordenar allanamientos con el objetivo de secuestrar los vehículos involucrados. Según se detalla en el articulado, la medida deberá ser dispuesta por escrito y contar con el auxilio de la fuerza pública.

En los casos en que intervengan agentes municipales, deberán estar acompañados por personal policial.

El texto establece que el ingreso a la propiedad privada estará permitido exclusivamente para proceder al secuestro o decomiso del vehículo identificado en la infracción. 

Asimismo, contempla situaciones de flagrancia, en las que los agentes municipales podrán disponer el allanamiento de manera excepcional, siempre con presencia policial y con la obligación de rendir cuentas ante la autoridad competente dentro de las 24 horas posteriores.

En cuanto al procedimiento, la ordenanza fija una serie de requisitos estrictos: el operativo deberá ser registrado mediante filmaciones o fotografías, se deberá dar lectura de la orden al propietario o morador del inmueble y se lo invitará previamente a entregar voluntariamente el vehículo.

Todo lo actuado deberá quedar asentado en un acta, cuya validez dependerá del cumplimiento de cada uno de estos pasos.

El proyecto también apunta a desalentar conductas temerarias al volante. Entre ellas, se mencionan circular en una sola rueda, realizar derrapes intencionales, acelerar bruscamente sin desplazarse o participar en picadas y exhibiciones no autorizadas.

La propuesta ya se encuentra en el Concejo Deliberante para su tratamiento y debate. De aprobarse, implicará un endurecimiento en los controles y sanciones vinculados a este tipo de infracciones, en un intento por reducir el impacto negativo que generan en la convivencia, siendo un fastidio para la población.

La cantidad de motos secuestradas por contar con caños de escape deficientes se convirtió, en los últimos tiempos, en una de las infracciones más habituales detectadas por la Dirección de Tránsito.

En muchos casos llama la atención el elevado costo de estas piezas, algunas de las cuales son adquiridas incluso en el exterior, principalmente en Brasil.

Una vez incautados los rodados, quedan a disposición del Juzgado de Faltas, mientras que el área de Tránsito procede al retiro y posterior destrucción de los escapes antirreglamentarios.

Se trata de una modalidad que no es nueva y que desde hace años es aplicada por la mayoría de los municipios del país.

En la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial Nº 13.927 —que adhiere a la Ley Nacional Nº 24.449— establece en su artículo 48 que tanto ciclomotores como motocicletas deben contar con silenciador de escape acorde al motor y a la cilindrada del vehículo, tal como lo disponen las condiciones de fábrica.

Por su parte, la normativa nacional fija sanciones para quienes generen ruidos molestos mediante caños de escape libres o sin silenciador, al considerar que producen contaminación sonora y afectan la convivencia comunitaria.

También existe la Ordenanza Nº 5.818 que prohíbe “causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos, emanados de cualquier tipo de vehículos”, que incluye en su texto hasta los decibeles permitidos.

En cuanto a las penalidades, la multa por este tipo de infracción se encuadra dentro de la contaminación sonora y oscila entre 100 y 500 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual de la UF en $1.807, las sanciones van desde $ 180.700 hasta $ 903.500.

Pese al costo económico de la multa y a la pérdida definitiva del escape, la infracción continúa siendo una de las más reiteradas en los operativos de control, generando constantes reclamos por parte de vecinos afectados por los ruidos molestos.

A dos semanas de haber sido clausurado y tras reabrir el fin de semana, el maxikiosco Tomate, ubicado en Rivadavia y Obligado, volvió a ser objeto de un operativo que terminó con las fajas de clausura en sus puertas.

El local fue infraccionado, una vez más, por no respetar el horario de venta de alcohol previsto en la normativa vigente, que establece que no se puede comercializar ese tipo de bebidas después de las 23.00, entre diciembre y mayo (el resto del año es hasta las 21.00).

El procedimiento estuvo a cargo de personal municipal de la Secretaría de Seguridad junto a efectivos policiales de la Comisaría, que labraron las actas correspondientes.

El titular del comercio deberá tramitar la reapertura ante el Juzgado de Faltas, previo pago de la multa correspondiente, que tendrá mayor severidad por su condición de reincidente.

El maxikiosco Tomate había sido objeto de reclamos por parte de vecinos de la zona, que pidieron a la Municipalidad y a la policía intervención porque había venta de alcohol y consumo en las veredas hasta altas horas de la madrugada, con música y bullicio.

La Municipalidad puede contar con la Policía de la provincia de Buenos Aires como complemento para detectar, e informar, sobre casos que transgreden las leyes provinciales y nacionales, como así también las ordenanzas.

La Ordenanza Nº 5823 está por cumplir 15 años. Refiere a las “actuaciones de oficio que la fuerza de seguridad puede ejercer y dar conocimiento al Departamento Ejecutivo”.

La medida adoptada se basó en el artículo 178º de la Ley Nº 6.769 (Ley Orgánica Municipalidades), que establece claramente que el intendente tendrá como auxiliares para el cumplimiento de sus obligaciones y deberes “a las autoridades policiales establecidas en jurisdicción municipal”, entre otras.

Para ello, debe instruir a la Policía de la Provincia para que se constituya en un complemento, sin dejar se cumplir con sus tareas habituales obligatorias, que es prevenir y actuar ante el delito.

La normativa indica que puede actuar de oficio “en el caso de leyes provinciales y nacionales que la designa como autoridad de aplicación, debiendo informar a su vez sobre transgresiones, actos y/o acciones prohibidas por ordenanzas vigentes a través de partes diarios al área o dependencia que el Departamento Ejecutivo Municipal designe”.

La misma ordenanza, escasas veces utilizada, indica algunos ejemplos de cómo puede contribuir la fuerza:

*Vehículos automotores de cualquier tipo estacionados o abandonados en la vía pública.

*Circulación recurrente y/o estacionamiento de camiones y acoplados en zonas y arterias específicamente prohibidas.

*Terrenos baldíos sin cercar y con yuyos y malezas sin mantener.

*Animales sueltos o animales de tenencia específicamente prohibidas en zona urbana.

*Control de ruidos molestos proveniente de escapes y otros.

*Control vehicular conducidos por menores de edad.

*Control del uso de casco, “picadas” y excesos de velocidad en cualquier horario.

*Obstrucción de veredas con materiales o cualquier otro elemento.

*Inmuebles abandonados, taperas, ruinas, etc.

*Roturas de columnas de iluminación y farolas quemadas, perdidas de agua corriente y servidas, depósitos de basura en lugares prohibidos, etc.

*Control de venta de bebidas alcohólicas a menores y horario de cierre de negocios de actividad nocturna.

Estos puntos son tan solo un ejemplo, que puede ampliar de acuerdo a las necesidades que tenga el Municipio.

En cuanto a todo lo concerniente con el tránsito, la Policía ofrece colaboración en los controles, pero con esta ordenanza está habilitada a ejercer el poder de sanción.

No sería la primera vez. En años anteriores la fuerza llegó a labrar actas de infracción que luego resolvió el Juzgado de Faltas. En su mayoría, relacionadas con el control vehicular.

En este caso, su aplicación en estas semanas de renovada actuación en materia de seguridad, que hasta se dedica a la clausura de comercios, podría convertirse en una herramienta valiosa. Por ejemplo, los ruidos molestos.

Seguramente, habrá muchos casos para resaltar. Hasta el momento prácticamente no tiene uso y su contexto es amplio, pudiendo contribuir con un mayor orden en la ciudad y en las localidades.

El reclamo de vecinos de la zona de Rivadavia y Obligado por la actividad de un comercio ubicado en esa esquina provocó la intervención de autoridades municipales y policiales que lo clausuraron este jueves.

Alrededor de las 23.30, inspectores municipales y efectivos de la Comisaría se presentaron en el negocio denominado Maxikiosco Tomate y constataron que, si bien tenía toda la documentación en regla, vendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

Así, procedieron a disponer faja de clausura del local y labrar el acta correspondiente por infracción a la ley de venta de alcohol que rige en la provincia de Buenos Aires, que establece que no se puede expender ese tipo de bebidas entre las 23.00 y las 10.00, en verano.

Vecinos de la zona habían elevado una nota al Gobierno, al Concejo Deliberante y a la Policía para pedir una reunión que permitiera abordar la problemática a la que asistían durante las madrugadas.

Más de 15 frentistas del barrio firmaron la nota en la que señalaron que desde hace más de un año sufren "ruido, suciedad, desorden, violencia", porque "durante la noche, entre las 00.00 y las 6.00", el comercio "vende alcohol" y "funciona como punto de encuentro al aire libre".

Vecinos de la zona de calles Rivadavia y Obligado elevaron una nota al Concejo Deliberante y al Gobierno municipal para reiterar su queja por los desmanes que provocan los clientes de un comercio ubicado en esa esquina durante las madrugadas.

En la carta, que firmaron más de 15 frentistas del barrio, señalaron que hace más de un año que sufren "ruido, suciedad, desorden, violencia (peleas y roturas de vehículos", situación por la que responsabilizan al funcionamiento de un maxikiosco.

Indicaron que "durante la noche, entre las 00.00 y hasta las 6.00", el comercio "vende alcohol y otros productos y funciona como un punto de encuentro de personas (menores inclusive) al aire libre".

Los vecinos pidieron al Concejo Deliberante, el Gobierno y a la Policía una "reunión" para tratar la situación y destacaron su sorpresa por "la falta de respuestas de las autoridades correspondientes", puesto que no es la primera vez que los vecinos se quejan por el tema y reclaman patrullajes.

"Los clientes de dicho negocio consumen lo comprado en nuestras veredas, escuchando música alta desde los autos, bailando, gritando, peleándose, haciendo picadas de motos y de autos", relataron.

Sostuvieron que todo ello genera temor entre los vecinos, que "no pueden tener la debida tranquilidad y descanso", además de que deben ocuparse luego de "limpiar las veredas, las puertas y las ventanas de sus casas y negocios".

En la nota, los vecinos señalaron que en varias oportunidades dialogaron con quien sería el titular del comercio en cuestión. "Sin embargo, esta situación insostenible persiste y nos vemos obligados a solicitar una reunión con la Municipalidad y la Policía para ponerle un fin" puesto que, aseguraron, "impide vivir en tranquilidad en nuestros hogares".

Señalaron que los hechos que describen no sólo ocurren los fines de semana sino también de lunes a viernes y pidieron que se tome cartas en el asunto para garantizar "el orden, la seguridad y la tranquilidad que se requiere para vivir en sociedad" porque, de lo contrario, "pareciera que la señal que estarían enviado las autoridades es de tolerancia al desorden y al ruido".

Uno de los puntos llamativos del reclamo es la venta de alcohol en horario nocturno, puesto que la ley vigente en la provincia de Buenos Aires impide el expendio para consumir fuera de los locales entre las 21.00., horario que se extiende a las 23.00 durante el verano, y las 10.00 de la mañana.

Durante toda hora del día se llevaron a cabo operativos de interceptación vehicular e identificación de personas, en distintos puntos de la ciudad.

Estos fueron coordinados por personal policial en conjunto con el Grupo de Acción Disciplinaria (GAD) y la Dirección de Tránsito Municipal.

La finalidad fue detectar irregularidades con la documentación de los vehículos y, también la conducta de los conductores, especialmente los motociclistas.

Como resultado de estas acciones, se logró el secuestro de siete rodados que no contaban con la documentación reglamentaria. 

Asimismo, entre los vehículos secuestrados se encontraron escapes libres, algunos de ellos importados, cuyo valor aproximado oscila entre 350 y 500 mil pesos, signados como autores de los ruidos molestos que generar continuas quejas en la población. Otras por maniobras peligrosas y por participar de picadas en la zona céntrica.

Las actuaciones quedaron en poder del Juzgado de Faltas, que desde el próximo lunes comenzará a definir cuáles son las sanciones.

Un vecino de la zona del Club Paraná reportó: “Quería consultar que pasa con los controles de nocturnidad. ¿Ya no se controla el volumen de la música en los eventos?, ¿ni la hora de finalización?. Insoportable el volumen de los dos últimos eventos que se llevaron acabo en el Club Paraná. sin mencionar que el 25 la música estuvo hasta pasada las 7 de la mañana”. 

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El paseo del boulevard de calle Perón pierde sus características cuando llega la noche y se transforma en un verdadero “circo” de las piruetas, donde los ruidos ensordecedores y la música estridente de quienes han ganado ese espacio dominan el escenario.

Se podría ironizar con “sólo falta del Globo de la Muerte”, viejo espectáculo circense que tenía como protagonistas a tres motos que, en una esfera reducida, se cruzaban a gran velocidad pese al riesgo que implicaba someterse a esto.

El problema son las consecuencias, aunque obviamente existen las causas. Desde su habilitación, el tramo de la calzada que va desde calle Litoral hasta su finalización en Rómulo Naón asoma como el sitio más vulnerable para los “vulnerables”, aquellos que suelen decir “no pasa nada”.

Es triste la historia en estos casi más de diez años desde su terminación, que demandó mucho más por un conflicto judicial que se relacionó con la liberación del espacio para construir la arteria.

Lamentablemente, existen episodios de siniestros perfectamente demostrables de que no se trataron de “accidentes”. Pudieron haberse evitado y, como tal, quedar al margen de la accidentología.

El reporte de un vecino en la madrugada del domingo, en la intersección de Perón y Chivilcoy, demostró que nada aplaca la conducta temeraria de los motociclistas, principalmente, por la velocidad, y menos por el desprecio de sus vidas.

En este caso fue un “choque de moto contra moto”, dijeron los vecinos que escucharon el impacto y llamaron a la ambulancia.

Días pasados, La Opinión mostró el video de un testigo que reflejaba cómo los autos levantaban las tapas de sus baúles para subir el volumen de la música, que se complementaba con los “cortes” de los caños de escape libres de motos y las picadas que incluían los “willys”.

La inconsciencia está presente. No se duda. Esa vulnerabilidad no es siquiera controlada con una mínima reflexión sobre todos los hechos lamentables que, casi diariamente, tenemos en la ciudad, con decenas de accidentados, algunos de consideración y otros con resultados no pretendidos.

El punto culminante en este lugar, del cual casi nadie recuerda, se dio en septiembre de 2019 cuando un “juego de niños” terminó mal, muy mal. 

En la pendiente de calle Perón, entre Padre Santana y Joaquín V. González, tres motos se cruzaron varias veces de frente hasta que hubo un “error de cálculo”. No se registraron fallecidos, aunque un jovencito con mucho por desandar en su vida quedó dañado para siempre.

Y así, otros casos graves en un escenario que no tiene control. Un sitio que “tiene dueños” que aterran a los vecinos y a cuantos transiten por allí en altas horas de la noche.

En seguridad se afirma que “espacio que no se ocupa, lo dominan otros”. Y aquí está pasando algo similar. Porque decir que es un “paseo” es risueño o indignante.

No se trata de desplegar un ejército hacia la zona, tampoco el operativo de un día o de unas horas. Pero sí se requiere de la presencia de varios sectores de la seguridad, control y, fundamentalmente, de la sanción ejemplar antes de “caer en desgracia”, vieja y célebre frase de nuestros ancestros.

Porque creer que con el tiempo se diluirán los episodios, no solo es absurdo, sino la evidencia de una desidia, que es más preocupante.

Gladys reportó: "Soy de Bajo Cementerio, ya no se puede descansar tranquila, acá hay gente que se levanta temprano a trabajar y no se puede ni dormir, entre el calor, los mosquitos porque no quieren fumigar, y esta maldita arenera que no le importa los demás, que hace este ruido todas las maldita noches" y envió un video para mostrar po lo que pasa todas las noches.  

Lola, una vecina de Fray Cayetano Rodríguez al 300, envió su video para reclamar por ruidos molestos provenientes de clases de baile en el barrio. “Estamos hartos, no podemos descansar”, aseguró.

“Vivo en Chivilcoy y Oliveira Cézar, hay un taller de herrería, que da a mi patio, tengo adentro de mi casa el olor al corte de mola, la soldaduras, los martillazos, pintan en el patio y tengo el olor adentro de mi casa, al diluyente, ya no es vida. Estoy respirando todo esto. Estoy cansada de hacer denuncias, hice denuncias en la municipalidad, he hablado con la persona que está en el polo de Seguridad, mando audios y se lo pasan entre ellos. Yo he hablado con este señor, pero nada. Están constantemente con los ruidos, yo creo que debería tener un taller para trabajar adentro y no lo tienen, trabajan en el patio, y nadie me ayuda. Ya estoy cansada de estar adentro de mi casa escuchando ruidos, no se puede dormir, si es feriado trabaja, trabaja a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, a cualquier hora. No sé qué hacer” reportó #791.

Las denuncias y quejas por los ruidos molestos son permanentes. Durante la pandemia se incrementaron porque dejaron de ser los vecinos del centro de la ciudad los que no podían dormir por el volumen que los boliches ponen la música y pasaron a ser los residentes de quintas y barrios alejados los que padecieron las fiestas clandestinas. 

El fin de semana pasado, producto del ataque que recibió un joven en las puertas de un pub sobre calle 25 de Mayo, reabrió la polémica. Vecinos de la zona se quejaron ante los micrófonos de Sin Galera que el local de esparcimiento nocturno abre de “lunes a lunes” y que les es “imposible dormir”. 

Lo cierto es que desde octubre de 2011 se encuentra vigente en San Pedro una ordenanza impulsada por el exconcejal Sergio Rosa y sancionada por el Concejo Deliberante, que el Gobierno debe hacer cumplir.

La norma establece que “los establecimientos de diversiones en los que se ejecute música y/o canto y/o se ofrezcan bailes públicos” deberán contar con un “dispositivo electrónico de control de sonido”.

Deberá ser “autorizado” por el Municipio y permitirá que de “superar el nivel de ruidos máximos exigidos por Ordenanza” durante “tres veces en el mismo día o cinco en días consecutivos” se cortará “automáticamente el sistema del amplificador”.

El dispositivo, que tomará el ruido ambiente de por lo menos cinco puntos del local, deberá ser colocado en “un gabinete cerrado y precintado” para así evitar su manipulación. En caso de que el sonido se corte por incumplir con los decibeles establecidos, será potestad del municipio liberar el sistema y labrar el acta correspondiente. 

Una vez sancionada esta ordenanza, los locales de esparcimiento tenían un plazo de 60 días para la puesta en marcha del sistema de control de sonido y de no cumplir serían sancionados. Pasados diez años de aprobada la normativa, se desconoce cuántos boliches cuentan con el sistema y si funcionan.

Las quejas por el volumen de los bares y boliches no cesó. A ello se sumaron los reclamos por las fiestas en quintas no habilitadas para tal fin. La protesta de vecinos impulsó en 2019 que el Concejo sancione otra ordenanza “para controlar y sancionar las perturbaciones sonoras en el partido de San Pedro”.

Durante la gestión Salazar, el Municipio dispuso un número telefónico al que se pueden denunciar los ruidos molestos. Es el 437607 y funciona las 24 horas. La norma permite a los vecinos llamar a ese número para quejarse y obliga a la Dirección de Tránsito y Nocturnidad a concurrir para medir con un decibelímetro el volumen de los ruidos molestos denunciados.

Las fiestas que se desarrollan los fines de semana en quintas en la zona de Villa Jardín, la ruta 191 y caminos aledaños volvió a generar quejas por parte de vecinos. Esta vez, el reclamo llegó desde la zona de la vía que oficia de acceso desde la autopista nacional 9 hacia San Pedro.

“Este sábado hubo en el camino que va de ruta 191 a 9 de Julio, no pudimos dormir, hubo fiesta en inmediaciones del predio del club Náutico, una gran cantidad de personas. Estamos hartos, llamé tres veces a la Comisaría, dos veces a la Patrulla Rural, al Centro de Monitoreo, a todos lados”, señaló.

“Escucho todo lo que hacen paralelo, en el camino a Villa Jardín, y los de este lado. En algunos casos no te atienden, en otros te tratan mal. Esto es un descontrol. Es mañana, tarde y noche, lo del sábado fue terrible. Es un quilombo, una apertura total de casaquintas que como los dueños no viven las alquilan para fiestas y es de terror”, aseguró la vecina.

No es la primera vez que desde la zona se quejan por la música a alto volumen y por la falta de acción por parte del Estado ante los reclamos.

Los vecinos de Villa Jardín son los que impulsaron la creación de la ordenanza de ruidos molestos, vigente en San Pedro por sanción del Concejo Deliberante.

La normativa establece que cuando un vecino llame al 437607, personal de Inspección deben concurrir con un decibelímetro a tomar la medición correspondiente. Si desde la casa de quien denunció el aparato mide más de 60 decibeles, deben labrar actuaciones.

Cuando los inspectores constaten la infracción, las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Faltas, que será el que imponga las sanciones al titular propietario. En caso de alquiler, comodato o cualquier otra relación contractual que pueda comprobarse, el locatario será pasible de sanción, aunque el dueño será “solidariamente responsable”.