Los terrenos que las familias del ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge, su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y que el resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez reclamaron como propios tras haber edificado varias viviendas y aducir derechos posesorios, nunca más serán de los sampedrinos. 

El litigio que comenzó en el año 2004 y sobre el que la concejal y ex Asesora Letrada Paola Basso advirtió en mayo de 2023, había quedado sin seguimiento, escribió su capítulo final en la justicia tras la determinación de los honorarios que le corresponden a cada letrado. Los inmuebles fueron tasados en 72.000.000 de pesos y sobre esa base que fue estimada en noviembre de 2023 ahora hay que liquidar lo que le toca a cada uno. En junio de 2023, el municipio había anunciado una apelación.

 La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad.

Están los que cobrarán por perder y el que cobra por ganar, más los beneficiados con los sucesivos fallos y ventajas que no todos los que usurpan tienen la dicha de concretar. Efectivamente, la usurpación mayor y emblemática quedó plasmada a la vista de toda la ciudadanía. La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad. Cuando se ven estos resultados, sobrevienen las dudas del verdadero afán que anima al funcionario público a la hora de defender los intereses de la población. 

Para el abogado de las familias que lograron pasar de la usurpación a ser propietarios, la justicia dispuso el pago de 13.365.000 pesos más 230,22 jus (unidad de medida que sirve como guía para los distintos trabajos que realiza un abogado) a un valor de 19.546 que totalizan otros 4.484.692 pesos. 

Si el letrado es responsable inscripto habrá que adicionarle el 21% de IVA. En total: 17.849.692 pesos. Corresponde porque es quien ganó el litigio y logró probar que los ocupantes podían hacer valer sus derechos.

La concejal y abogada Paola Basso al igual que todos los que desempeñaron durante las gestiones de Barbieri, Guacone, Giovanettoni y Salazar como asesores letrados será compensada de acuerdo a los tiempos en los que le tocó actuar. La justicia reguló para ella 4.365.900 pesos como compensación a su desempeño. Claro que este y todos los montos de funcionarios que cobraron su sueldo para resguardar los intereses de la comuna podrían ser apelados, algo que aún este medio no ha podido confirmar.

Le sigue el Dr. Juan Benseny, quien se desempeñó en esa asesoría durante el gobierno de Pablo Guacone. Para él fue regulado el importe de 1.746.360 pesos. Durante el siguiente mandato ese cargo quedó en manos del Dr. José Macchia que ahora es Juez de Paz de la ciudad. A él le corresponden 873.180 pesos más 42,15 jus que equivalen a 823.863. Para Ricardo Uguet, el monto fue fijado en 42.12 jus, por un total de 881.915 pesos. 

A la Fiscal de Estado, María Hiraldo le corresponden 9.355.500 pesos más 161.15 jus que equivalen a otros 3.149.837 pesos.

El arquitecto que tuvo a su cargo mensurar los terrenos y darles el valor acorde a su valuación primaria fue designado por sorteo y se llama Aníbal Julio Velasco. Por su tarea le corresponde cobrar 3.600.000 pesos a los que habrá que adicionarles el IVA.

Sin el impuesto al valor agregado, los sampedrinos tendrán que abonar como mínimo lo que corresponde a Bengolera, Hiraldo y Velasco que suman: 33.957.029 pesos. Si no se apelan los honorarios regulados a los abogados de la municipalidad, habrá que sumar 7.862.355 pesos. 

Ya no hay otras instancias para cursar y el privilegio de ocupar o simular derechos posesorios en la costanera acaba de sentar otro antecedente que derivará en una serie de actuaciones que esperan el mismo desenlace. Por solo pensar en los más recientes, ¿quién podrá ahora decirle a un intruso en un terreno fiscal o de la costa o de las islas sin catastrar que debe desalojarlos?

Como si fuese poco, hay concesiones que se hicieron a la iglesia y terminaron en manos privadas como “la casita de las monjas” que fue vendida con toda su documentación pero que estaba destinada a otros fines.

 Después el Tiro Federal, cuyos permisos se extendieron en otro siglo y hoy exhiben moles de cemento en pleno paseo costanera. 

Mansa Lyfe, también perdido a manos de Luz y Fuerza, Pesca y Casting, en manos de un grupo de “asociados” a los que el puerto nunca termina de desalojar y hasta el Paseo Público donde quien lo desea edifica una guardería de botes sólo porque se siente con derecho a apropiarse de un cuerpo de sanitarios que pertenecía a todos los sampedrinos. 

Pues bien, después de este resumen y catarsis por “todo lo que no volverá al igual que nuestra bella laguna” sobrevienen las deudas que todos y cada uno de los contribuyentes habremos de pagar de acuerdo a los honorarios que reguló la justicia sin que que en el Concejo Deliberante al menos dos de sus integrantes se disculpen por ser parte de esta vergonzosa situación.

Juan Cruz González es concejal de Unión por la Patria y ahora es dueño de una de las propiedades por las que litigó contra la comuna. Paola Basso, la concejal afiliada a la Unión Cívica Radical que cumple doble mandato porque aún no renunció al anterior, percibirá sus honorarios por haber “defendido” al Municipio al igual que otros funcionarios que por lo visto, fracasaron.

En mayo de 2023, durante el programa Sin Galera, se anunció el fallo favorable en el juicio Municipalidad de San Pedro C/Calonge Raúl y otros S/acción de restitución.

El fallo judicial que declaró “invalido” el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri movilizó a las familias preadjudicadas, que comenzaron a organizarse en procura de recibir explicaciones sobre lo que ocurrirá a partir de esta resolución judicial tomada como medida cautelar en el marco del litigio que la empresa Arcor inició a la Municipalidad porque considera que esas casas deberían ser destinadas a cumplir con el cargo de la donación original, es decir para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto.

Antes de la conferencia de prensa que brindaron funcionarios del gabinete de Cecilio Salazar para anunciar que apelarán el fallo, mantendrán reuniones con la empresa y convocarán a quienes resultaron sorteados, los preadjudicatarios se congregaron en un grupo de WhatsApp donde intercambian información.

Allí habían decidido concurrir a Desarrollo Humano a exigir explicaciones, pero tras la rueda de prensa resolvieron esperar. Luego, desde la cartera que conduce Walter Sánchez, les comunicaron que el lunes a las 10.30 habrá un encuentro en el club Independencia para “brindarles información directa y responder todas las inquietudes”.

“Vamos a esperar la reunión. Hay quienes proponen buscar abogados y actuar judicialmente”, dijo una persona que forma parte del grupo y que, al igual que otros integrantes, prefirió no hacer declaraciones públicas hasta tanto escuchen de primera mano a los funcionarios del Gobierno.

“Estamos convencidos de que la razón nos asiste, que las cuestiones que la empresa plantea están equivocadas y que nosotros tenemos la razón”, dijo el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, durante la conferencia de prensa, y sostuvo que tras la apelación y el diálogo con Arcor “esas viviendas van a ser entregadas aquellas personas que han sido preadjudicadas y cumplan con todos los requisitos”.

Eran 881 familias las preseleccionadas para participar del sorteo de 84 unidades habitacionales que pondrían fin a la espera de un techo propio. El último sábado de febrero terminó la incógnita y los preadjudicatarios de las casas que construye la Cooperativa Alfa entregaron toda su documentación para ser verificados y adjudicados cuando concluyan las obras.

La primera mala noticia para los más de 1100 inscriptos llegó el 24 de febrero cuando La Opinión confirmó que la escribana Cecilia Dubini había sido notificada por la empresa Arcor para que “se abstenga” de verificar el acto notarial.

No era la primera vez que se le recordaba a la gestión municipal la disposición que mediante Ordenanza número 5422 cedía con condiciones precisas los terrenos destinados a reubicar a todas las familias censadas que ocupaban los terrenos de propiedad de la empresa Indalar Sociedad Anónima S.A.

Corría el año 2004 cuando un proyecto para la explotación del puerto público facilitó la cesión de los lotes que hoy ocupan las 80 casas del barrio Arcor frente al barrio Futuro y que en otra etapa obligaban a la construcción de otras 80 unidades en el sector lindero al caserío de Depietri. Estos últimos son hoy motivo de una puja entre la empresa y la Municipalidad de San Pedro.

Ni Ramón Salazar, por entonces intendente, ni su secretario de Obras Públicas, el abogado Javier Silva, ni el asesor letrado Ricardo Uguet quisieron formular declaraciones ni ofrecer explicaciones previas a la jornada que por primera vez en décadas contemplaba la situación de familias que nunca pudieron llegar al sueño de la casa propia.

También el Concejo Deliberante, en particular su presidenta interina Rita Leguizamón, negó haber recibido notificación fehaciente respecto al reclamo para que los funcionarios se abstengan o prorroguen una decisión que, tal como era de imaginar, terminó en la Justicia.

Se sabe que existió al menos una reunión entre el gerente de la planta local de la firma y al menos dos funcionarios municipales. De ese encuentro la única conclusión fue intimar a la Escribanía y entregar a un estudio jurídico local la orden de llevar al fuero Contencioso Administrativo el pedido de nulidad del sorteo ya que el listado nunca fue publicado en el boletín oficial.

Desde la tarde del miércoles los preadjudicatarios decidieron comenzar a organizarse en grupos de WhatssApp. también hubo debate en los chats que intercambiaron los funcionarios por temor a que quienes no fueron beneficiados en el sorteo pretendan participar nuevamente o que los que figuraban en el listado de familias censadas entre 2004 y 2012 reclamen el lugar que por derecho les corresponden porque Arcor había cedido su propiedad para ese fin.

El lunes en el Concejo Deliberante hubo consultas de concejales a secretario de Obras, Javier Silva, y la secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa. Ambos coincidieron en señalar que no existía preocupación por el trámite judicial del que aún no habían sido notificados.

Los preadjudicatarios analizaban si marchan hacia el Palacio municipal para solicitar explicaciones mientras buscan asesoramiento para resguardar la condición de preferencia que les otorga haber sido seleccionados y avalados por una representante de la Escribanía General de Gobierno que fue convocada de emergencia para el acto que tuvo lugar en el club Independencia, donde el lunes los sorteados se encontrarán con funcionarios para ser informados sobre la situación.

Es la funcionaria más joven del gabinete de Cecilio Salazar y reemplaza a Ricardo Uguet en el seguimiento de expedientes judiciales, demandas al municipio, sumarios administrativos y resolución de estrategias para la gestión. Su familia estuvo en primera fila.

“Está mi mamá, mi marido, mi hijo. En primer lugar, agradecer a Cecilio por la confianza. Que haya confiado en mí me puso muy, muy feliz. En segundo lugar a mi familia, que me acompaña siempre. Y a mis compañeros, mi equipo de trabajo fundamental, que las adoro”, dijo en su discurso.

Cecilio Salazar también tomó decisiones en un área sensible para la administración y desplazó al Dr. Ricardo Uguet de sus funciones al frente de todos los trámites judiciales y administrativos que transitan por la comuna. Por sólo mencionar algunos, el desalojo de predios usurpados en la costanera, los sumarios a empleados del cementerio, las demandas de contribuyentes, la respuesta a causas iniciadas por particulares, los juicios laborales o las indemnizaciones. Sin dudas, la situación más reciente y grave, está relacionada a las intimaciones recibidas por parte de la empresa Arcor sobre los terrenos donde se emplazan las 84 viviendas y la falta de previsión sobre el vencimiento de contratos donde la comuna puede sufrir reclamos.

La Dra. Costa trabaja en el área como empleada de carrera y fue entrevistada el viernes por el Secretario de Economía para cubrir el cargo. “Quiero reconocer el trabajo de los que ya son parte de la planta municipal”, dijo esta sábado Cecilio Salazar en relación a algunas decisiones que tomó. La más relevante, sin dudas, fue el reemplazo de la Secretaria de Turismo Marcela Cuñer por una empleada de carrera como Mariela López.

Costa cursó sus estudios en la Universidad de Lomas de Zamora de la que egresó a los 23 años. También se dedica a la docencia para la que tuvo que prepararse y rendir los tramos pedagógicos para estar al frente de su alumnado. Antes de recibirse también estuvo un año en el Jugado de Paz cuando la Dra. Stella Maris Ruíz estaba al frente. En 2018 se matriculó y comenzó a ejercer su profesión de manera particular. Integró el listado de defensores y asesores de la Justicia de Paz pero nunca dejó de impartir clases a adultos en el Plan Fines y a estudiantes secundarios. En octubre de 2022, comenzó su tarea en la Municipalidad.

Consultada por este medio, la flamante funcionaria dijo: “Soy conciente de la magnitud que implica estar a cargo de la secretaria de Legal y Técnica y obviamente es un desafío para mí, mas aún teniendo en cuenta mi corta edad” y agregó: “deseo desde lo más profundo de mi corazón estar a la altura. Mi premisa siempre fue estudiar, asumir las cosas con mucha responsabilidad y compromiso”.