La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

Un fallo del Tribunal de Casación anuló la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres, en el marco de la causa que mantiene a los dos sindicalistas detenidos con arresto domiciliario.

El abogado Mauricio Gugger, que ejerce la defensa de los acusados, logró que Casación deje sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inadmisible el recurso presentado para revisar la elevación a juicio que hizo la jueza Maiztegui a solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que consideró cerrada la instrucción del caso.

La defensa fue a Casación para poner en tela de juicio el cumplimiento del doble conforme judicial y lo logró. Los casacionistas advirtieron que "un proceso que no garantice una amplia revisión, podría traer aparejada responsabilidad internacional del Estado".

Gugger pidió la revisión de la elevación a juicio porque, como defensor de Cabaleyro, Espíndola y el resto de los imputados, planteó que hay instancias probatorias determinantes que deberían tenerse presente antes, como una pericia contable solicitada.

El caso tenía hasta sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás como el que se haría cargo de juzgarlo, pero ahora volvió a la instancia de origen para que "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho", lo que implica que Casación consideró que el primer fallo de los camaristas no se ajustó al debido proceso.

El fallo de Casación, al que tuvo acceso La Opinión, parece decirles a los camaristas que es importante que lean el expediente antes de emitir resolución. 

"Se utilizaron, a lo largo del pronunciamiento, categorías conceptuales claramente diferenciables y con requisitos distintos y consecuencias diversas, como si se trataran de lo mismo", dice, por ejemplo.

Los camaristas habían señalado que para admitir un recurso de apelación como el que solicitó Gugger era necesaria "la específica mención de los motivos y fundamentos que le dan sustento". Ello sorprendió a Casación: "No encuentro que esa reflexión haya tenido correlato en el contenido del recurso", sostuvo la jueza María Florencia Budiño.

Por el contrario, subrayó, el escrito de más de 30 páginas que presentó la defensa expuso los motivos por los que apelaba la elevación a juicio y detalló en cada ítem con fundamentos que, acertados o no en su postura, debían ser atendidos para al menos considerar la revisión del fallo de Maiztegui, lo que no ocurrió.

"Tal postura, sin una explicación adicional, ausente en el caso, conduce a una restricción sustancial de la vía de la apelación, que no encuentra anclaje legal y que, además, afecta irremediablemente la garantía de la defensa en juicio", cuestionó Budiño a los camaristas.

Por ello, los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata, dejaron sin efecto la elevación a juicio y enviaron el expediente a la instancia de origen "a fin de que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución conforme a derecho, donde se dé adecuando tratamiento al fondo del recurso de apelación articulado por la defensa de los acusados Cabaleyro y Espíndola".

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

La causa implica delitos como turbación de la propiedad, por el bloqueo, y coacción y extorsión. Se los acusa de "cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, que radicó la denuncia respaldada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab).

Luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, este mates hubo novedades en la causa.

El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a Fiscalía la posibilidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada en los Tribunales de San Nicolás, aunque sólo para uno de los dos detenidos.

El abogado de defensor de Fernando Espíndola expuso respecto de la situación de salud de su patrocinado, puesto que padece diabetes y las condiciones de detención agravaría su estado. Por su parte, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este martes sólo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.

Respecto del sampedrino, la Justicia tiene ahora cinco días para expedirse tras escuchar los argumentos de ambas partes respecto de por qué otorgarle el beneficio de arresto domiciliario o no.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.