Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal dio a conocer el veredicto en el que absuelve a todos los involucrados en el juicio a Camioneros.

Los jueces consideraron que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y los exempleados de Rey Distribución Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El sindicalista sampedrino Fernando Espíndola, por otro lado, no participó del debate, ya que eligió el juicio abreviado. 

Este jueves, en la sede de su empresa, los hermanos Gustavo y Ariel Rey convocaron a los medios para brindar su palabra tras el fallo de la Justicia. 

Ariel Rey encabezó solo la reunión y destacó que su hermano no pudo estar presente por motivos personales.  

“Es un fallo que nos sorprende, es una piedra en el camino. Sabemos que es una mafia poderosa y tenemos los elementos contundentes para sostener lo que venimos diciendo. Hablamos de la verdad que venimos sosteniendo”, dijo. 

“El mismo juez, en el fallo, reconoció los delitos que nosotros probamos. Nunca dijo que no hubo bloqueo ni coacción, pero lo justificó con una medida gremial. Este juez garantiza la mafia sindical”, expresó. 

“Este fallo es absolutamente cuestionable desde donde lo miremos. El juez reconoce el delito, esto es un cheque en blanco a la mafia sindical”, recalcó. 

Rey cuestionó los argumentos del fallo y planteó: “¿La huelga justifica bloquear? Estoy a favor de la huelga, del sindicato y de la representación de los trabajadores, pero eso no avala el delito. El derecho a huelga, según este juez, justifica el delito. ¿Para qué estamos en un Estado de derecho con normas?”.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de la resolución judicial: “¿Qué pasa si viene de nuevo con el motorhome? ¿Qué hago yo? La Justicia dice que está cometiendo el delito, pero él puede, Moyano puede”.

“Esto desincentiva el trabajo y la inversión. Considero que tenemos que luchar por una Argentina en la que pueda haber inversiones”, agregó.

El empresario sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones y anticipó que continuará con el proceso judicial.

“No tengo mea culpa para hacer porque vamos con la verdad. Nosotros vamos a ir a Casación, a sostener cada una de las acusaciones y, si es necesario, a la Corte”, dijo. 

“En este juicio hay una instancia para recurrir. Sabemos que no es fácil luchar contra esta mafia, mucho más cuando hay una mafia política, pero sabemos que vamos con la verdad”, indicó. 

También destacó el trabajo de los fiscales: “Tenemos fiscales como Viviani, que bajó al barro y vio los delitos, pese a jueces que les dan la razón, pero los justifican con la huelga”.

“Hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, recordó. 

Al recordar lo sucedido durante el conflicto, Rey aseguró que los hechos quedaron expuestos durante el juicio y el debate.

“Fuimos viviendo lo que fue el juicio y el debate. Ocurrieron esos hechos, hubo gomas prendidas en un galpón, hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, dijo. 

Y explicó las consecuencias que, según sostuvo, tuvo el bloqueo: “En ese momento, cada escuela recibía 200 cajas. Todas esas familias no comieron ese día; eso no se pudo hacer por las gomas prendidas en los depósitos”.

Además, remarcó que la empresa cuenta con “más de 30 empleados que trabajan en blanco, en el gremio que les corresponde”.

Aunque aclaró que no busca politizar el conflicto, Rey también apuntó contra el accionar de funcionarios durante los hechos denunciados.

“No quiero politizar, pero no podemos mirar para otro lado. Acá hubo un intendente que llamó al comisario para decirle: ‘Acá no pasó nada’”.

Asimismo, afirmó que “el contador mintió ante el juez”, aunque señaló que avanzará paso a paso en el proceso.

Por último, hizo referencia a una frase de su esposa y a un supuesto pedido de dinero: “Una palabra de mi señora que dijo ‘aporte’. ¿Piensan que voy a grabar un video mientras me piden un cheque, 500 mil pesos?”.

Rey concluyó que continuará con la disputa judicial y vinculó su reclamo con la defensa de la propiedad privada y la memoria de su padre: “Tenemos los elementos para luchar, por la lucha por la propiedad privada, por la memoria de mi viejo”.

El mismo miércoles, también ante los medios, el sindicalista nicoleño Maximiliano Cabaleyro, tachó a los hermanos Rey de “mitómanos” y aseguró que nunca impidieron que la firme trabaje. 

“Nosotros siempre estuvimos en la vía pública, nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró. 

El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

«Me preguntaron si yo había intercedido en algún momento por la causa, cuál había sido mi intervención y demás, y le dije la verdad, lo que había hecho yo: tratar de llamar a la empresa, llamar al sindicato para que se sentaran a dialogar y que no hubiera problemas», sostuvo tras brindar su testimonio ante la Justicia", ese fue el resumen de los casi 20 minutos que Salazar dijo haber estado en la sala de audiencias en la quinta jornada del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey.

La Opinión se comunicó con el Jefe Comunal para obtener declaraciones de primera mano y pese a que en febrero de 2022 el  bloqueo a la planta de la familia Rey en calle Bonorino cobró repercusión pública local y nacional, sostuvo que no tenía constancia de que la firma estuviese impedida de operar. Por entonces, Rey Distribución era proveedora de los alimentos de los comedores escolares y mantenía contratos de provisión en plena pandemia con acopio de mercadería en un galpón alternativo sobre el Camino Lucio Mansilla.

Desde la sala del Tribunal las conclusiones fueron diferentes, puesto que se reprodujeron audios que mantuvo Salazar con Cabaleyro.

 «Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción», se escuchó en uno de esos registros respecto de la orden que impartió al Comisario Juan Ramón Catalano cuando nadie imaginaba que la Fiscal María del Valle Viviani se iba a hacer presente en el lugar para liberar la entrada.

Lo cierto es que en los registros quedó claro que el intendente de San Pedro estuvo casi una hora declarando y cuando la defensa de Rey y la fiscalía pudieron interrogarlo se vivieron momentos de tensión porque no pudo explicar el motivo por el que le pedía al comisario que no deje constancia de un bloqueo porque era una protesta. 

Por la mañana, el Tribunal tomó declaración a la titular de la Secretaría de Trabajo, Dra. Sofía Rotundo. Su intervención en ese momento se limitó a dejar constancia de los reclamos que efectuaban los trabajadores: el cuerpo de baños que en un plazo determinado la empresa construyó en un terreno frente al depósito.

La quinta jornada culminó minutos antes de las 16.30 y la tarea continuará al menos hasta el 8 de octubre.

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“No vaya a ser cosa”… fue la lapidaria frase que se escuchó en el teléfono del abogado Daniel Spirópulos cuando el principal dirigente del gremio Camioneros de la región y ahora exconcejal Maximiliano Cabaleyro profirió las amenazas que resonaron en el aire del programa Sin Galera un sábado por la mañana a principios del año 2022. De ahí en más y por primera vez en la historia de los constantes aprietes a empresarios locales que hasta hoy guardan silencio, se conocieron las condiciones que los representantes del gremio imponían sin compartir beneficios con sus representados.

En el caso de esta empresa comenzaron con un reclamo por la falta de baños y luego mutaron los argumentos hacia el incumplimiento de pagos a los que obliga el convenio que rige la actividad. La historia es conocida pero tiene una particularidad; por primera vez una fiscal se hizo presente en el lugar donde un motohome bloqueaba el acceso a la planta de la distribuidora y frente a la policía y a la prensa dio la orden de apertura del acceso mientras continuara la medida de fuerza.

Ni Fernando Espíndola, el dirigente local y ex concejal ni Cabaleyro imaginaron que terminarían tras las rejas cuando la carátula de la causa se complicó hasta llegar a intentar probar las exigencias en dinero y las extorsiones que denunció la familia Rey. 

En la mañana de lunes 28 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás, presidido por el juez Alejandro López, abrió formalmente el juicio contra el líder del Sindicato de Choferes de Camiones seccional San Nicolás y el exconcejal Maximiliano Cabaleyro ya que Fernando Espíndola cerró su expediente en un juicio abreviado. Hay además seis exempleados de la empresa: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez que deberán rendir cuentas por su participación pero solo en el bloqueo a la planta. 

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en conjunto con Florencia Arietto como representante del particular damnificado y quien reemplazó al Dr. Daniel Spirópulos cuando el caso escaló en el ámbito del Movimiento Antibloqueo (MEAB). 

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Las imputaciones formales se concentran en concurso ideal de turbación de la posesión con dos hechos de coacción y tres de extorsión  en concurso real. 

La defensa del dirigente, encabezada por los abogados Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, sostiene que las medidas respondieron a un “reclamo gremial lícito” y para ello han batallado durante los últimos años para lograr que la reclusión de sus defendidos en San Nicolás se transformara en arresto domiciliario para los dirigentes acusados.

La primera audiencia estuvo concentrada de manera exclusiva en la declaración de Gustavo Rey, uno de los titulares de la firma familiar sampedrina. Durante más de cinco horas y con la exhibición de registros audiovisuales y llamadas, el empresario relató cómo operaba el mecanismo de presiones. Muchos de ellos pertenecen al archivo de La Opinión & Sin Galera y de hecho, la directora del medio ha sido citada a declarar a pedido de la defensa de los trabajadores.

Archivo de cobertura: Mirá el registro del bloqueo en Rey Distribución y los testimonios de los titulares de la firma en el archivo de La Opinión.

Rey detalló ante el Tribunal que las exigencias monetarias comenzaron en 2017 bajo la modalidad de pagos mensuales fijos para "dejar trabajar" a la empresa. Dijo que “al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos” y de acuerdo con el expediente, el primer corte total del acceso se ejecutó el 15 de febrero de 2022. Ese día empezó todo y una semana después, desde la madrugada del 22 y hasta el 26 de febrero, apostaron un colectivo motorhome frente al portón de ingreso impidiendo toda carga y descarga.

El denunciante ratificó también las entregas de dinero en efectivo —una de ellas embalada en una caja — y cheques librados para frenar los impedimentos laborales que ponían en riesgo la continuidad de la empresa familiar.

Rey vivió momentos difíciles en la sala de audiencias cuando fue interrogado en varias oportunidades por los abogados defensores de los imputados. Hubo momentos de extrema tensión y llamados de atención a las partes.

La causa iniciada en 2022 marcó un punto de quiebre y un antecedente increíble para toda  la región no sólo por la orden de detención dictada el 8 de abril de ese año por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, sino por el nivel de violencia desplegado en las coberturas periodísticas.

Durante aquellas jornadas de bloqueo en el portón de la empresa, el trabajo de cobertura fue blanco  de intimidaciones, insultos,  y escupitajos. En momentos en que la periodista Lilí Berardi realizaba la transmisión en directo y el registro testimonial del corte ilegal sobre el acceso comercial, integrantes de la patota sindical apostada en el lugar agredieron físicamente, insultaron y pretendieron impedir su labor de prensa para ocultar el accionar desplegado frente a los galpones y posteriormente frente a la sede de la Fiscalía donde una manifestación con Julio Cabaleyro (padre del detenido y de estrecha relación con Hugo Moyano) al frente arremetieron y rodearon con una bandera a la periodista contra una pared para “bañarla en agua saborizada” que curiosamente aportaron empresas locales como colaboración a la movilización.

Archivo documental: Revisá la cobertura del 2022: El día que la patota gremial atacó a la prensa durante el corte a Rey Distribución.

Maximiliano Cabaleyro afronta el juicio tras cumplir prisión preventiva efectiva y haber obtenido en 2023 la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo. El debate continuará en las próximas jornadas con la ronda de testigos propuestos por la fiscalía y las defensas técnicas. Cabe acotar que los trabajadores acusados cuentan con el patrocino letrado del Estudio Ruíz y que en el momento de los hechos sólo se los observó participando de la protesta. En las últimas semanas una pericia los favoreció con un dictamen que indica que tienen diferencias para cobrar a su favor que deberían haber sido abonadas por la empresa, aunque todas ellas enmarcadas en el convenio que rige a Camioneros.

La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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Maximiliano Cabaleyro pidió a la Justicia que le autorice "salidas laborales" y para ello solicitó que le permitan volver a trabajar al Sindicato de Camioneros, es decir a la misma actividad en cuyo marco está detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista y concejal en uso de licencia elevó el pedido a través de sus abogados con la intención de que, mientras se sustancia el proceso que lo llevará ante un Tribunal le permitan salir del arresto domiciliario que cumple en su casa de San Nicolás.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso a la solicitud, puesto que Cabaleyro pidió trabajar en el mismo sindicato del que era secretario general regional cuando fue denunciado por "pedir coimas para dejar trabajar" a la empresa Rey Distribución.

Por esa causa permanece detenido con el beneficio domiciliario al igual que Fernando Espíndola, el referente del gremio en San Pedro. Ambos esperan resolución de la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público que deberán afrontar.

Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

Un fallo del Tribunal de Casación anuló la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres, en el marco de la causa que mantiene a los dos sindicalistas detenidos con arresto domiciliario.

El abogado Mauricio Gugger, que ejerce la defensa de los acusados, logró que Casación deje sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inadmisible el recurso presentado para revisar la elevación a juicio que hizo la jueza Maiztegui a solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que consideró cerrada la instrucción del caso.

La defensa fue a Casación para poner en tela de juicio el cumplimiento del doble conforme judicial y lo logró. Los casacionistas advirtieron que "un proceso que no garantice una amplia revisión, podría traer aparejada responsabilidad internacional del Estado".

Gugger pidió la revisión de la elevación a juicio porque, como defensor de Cabaleyro, Espíndola y el resto de los imputados, planteó que hay instancias probatorias determinantes que deberían tenerse presente antes, como una pericia contable solicitada.

El caso tenía hasta sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás como el que se haría cargo de juzgarlo, pero ahora volvió a la instancia de origen para que "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho", lo que implica que Casación consideró que el primer fallo de los camaristas no se ajustó al debido proceso.

El fallo de Casación, al que tuvo acceso La Opinión, parece decirles a los camaristas que es importante que lean el expediente antes de emitir resolución. 

"Se utilizaron, a lo largo del pronunciamiento, categorías conceptuales claramente diferenciables y con requisitos distintos y consecuencias diversas, como si se trataran de lo mismo", dice, por ejemplo.

Los camaristas habían señalado que para admitir un recurso de apelación como el que solicitó Gugger era necesaria "la específica mención de los motivos y fundamentos que le dan sustento". Ello sorprendió a Casación: "No encuentro que esa reflexión haya tenido correlato en el contenido del recurso", sostuvo la jueza María Florencia Budiño.

Por el contrario, subrayó, el escrito de más de 30 páginas que presentó la defensa expuso los motivos por los que apelaba la elevación a juicio y detalló en cada ítem con fundamentos que, acertados o no en su postura, debían ser atendidos para al menos considerar la revisión del fallo de Maiztegui, lo que no ocurrió.

"Tal postura, sin una explicación adicional, ausente en el caso, conduce a una restricción sustancial de la vía de la apelación, que no encuentra anclaje legal y que, además, afecta irremediablemente la garantía de la defensa en juicio", cuestionó Budiño a los camaristas.

Por ello, los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata, dejaron sin efecto la elevación a juicio y enviaron el expediente a la instancia de origen "a fin de que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución conforme a derecho, donde se dé adecuando tratamiento al fondo del recurso de apelación articulado por la defensa de los acusados Cabaleyro y Espíndola".

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

La causa implica delitos como turbación de la propiedad, por el bloqueo, y coacción y extorsión. Se los acusa de "cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, que radicó la denuncia respaldada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab).

Luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, este mates hubo novedades en la causa.

El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a Fiscalía la posibilidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada en los Tribunales de San Nicolás, aunque sólo para uno de los dos detenidos.

El abogado de defensor de Fernando Espíndola expuso respecto de la situación de salud de su patrocinado, puesto que padece diabetes y las condiciones de detención agravaría su estado. Por su parte, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este martes sólo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.

Respecto del sampedrino, la Justicia tiene ahora cinco días para expedirse tras escuchar los argumentos de ambas partes respecto de por qué otorgarle el beneficio de arresto domiciliario o no.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.