El abogado de los extrabajadores de la empresa Rey Distribución, absueltos junto al dirigente sindical de Camioneros Maximiliano Cabaleyro en el juicio por el bloqueo de 2021, anunció en Sin Galera que llevará a la firma comercial a la Justicia tributaria.

Gabriel Ruiz informó que llevará adelante acciones legales contra la empresa por presunta evasión fiscal e irregularidades en la contratación laboral de su personal. Ademas, anticipó que promoverá un pedido de destitución contra el concejal Ariel Rey, uno de los socios.

Ruiz fundamentó su postura en la documentación laboral vinculada a Edgardo Di Mayo, uno de los exempleados que había sido propuesto como delegado sindical. y que fue llevado a juicio. 

Según explicó, la empresa inscribió al trabajador bajo una categoría y modalidad que no reflejaba las tareas efectivamente desempeñadas, lo que formó parte de la pericia contable que se reveló en el proceso judicial.

Señaló que en el alta de Di Miayo, cuando lo registraron, “lo pusieron como maestranza y a tiempo parcial”, a pesar  de que era chofer de uno de los camiones de reparto.

“Tiempo parcial significa cuatro horas. Estuvo reconocido en el juicio que trabajaban jornada completa más horas extras”, advirtió Ruiz.

En ese sentido, el abogado señaló: "Quiere decir que no solo no le pagaba las horas extras, sino que lo hacía trabajar como si estuvieran inscriptos de esa manera; esto hace una evasión fiscal".

Ruiz recordó que “está demostrado ya por la pericia oficial que había deuda” y que ahora, "se duplica la deuda porque además hay que ver que no le pagaba en extras cuatro horas que los hacía trabajar como si fueran normales".

Por otra parte, confirmó que recurrirá judicialmente el fallo de primera instancia en lo relativo a la distribución a las costas del proceso, porque los trabajadores deben pagar honorarios.

"Vamos a apelar porque quedaron las costas para los trabajadores; las costas las tiene que pagar Rey, que perdió, y esto a nosotros la verdad que no nos cayó nada bien", sostuvo.

Al cierre de sus declaraciones, el abogado confirmó los pasos que seguirá la defensa: "Que sepan que vamos por la denuncia de la evasión fiscal y que sepan que vamos a pedir la destitución en el Municipio del concejal Rey, porque los trabajadores parieron durante cinco años que no se les reconociera su derecho a la huelga".

Entidades empresarias nacionales expresaron su posición tras el fallo que absolvió al sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución tras el bloqueo de la planta en febrero de 2021 en el marco de reclamos salariales que derivaron en denuncias por presunta extorsión.

La Unión Industrial, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio emitieron comunicados en los que cuestionaron la resolución judicial que consideró que el bloqueo estuvo amparado en el legítimo derecho a huelga.

La UIA calificó el fallo como un retroceso para la seguridad jurídica y pidió que las instancias judiciales revisen sus alcances.

Camarco, por su parte, sostuvo que el derecho a huelga debe respetarse, pero que no debería justificar impedir el funcionamiento de una empresa ni vulnerar el derecho al trabajo.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó "honda consternación" y cuestionó al juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás.

El magistrado consideró que lo que ocurrió en febrero de 2021 en la sede de la empresa Rey Distribución no son hechos que puedan enmarcarse en la tipificación penal de "turbación de la posesión", como planteó Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados de la empresa apelarán el fallo ante la Cámara de Casación, instancia encargada de revisar las resoluciones de primera instancia.

El diputado provincial por la segunda sección y exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia confirmó que impulsará formalmente un pedido de juicio político (jury de enjuiciamiento) contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la firma Rey Distribución.

El legislador de Hechos aseguró que la resolución de López, que será apelada por Fiscalía y los abogados de Rey ante el Tribunal de Casación, sienta un “peligroso antecedente" para las pymes al considerar que el derecho a huelga primó en la situación de bloqueo de la planta en aquella semana de febrero de 2021.

Al detallar los fundamentos de su presentación ante los organismos competentes de la Legislatura bonaerense, Passaglia sostuvo que el argumento fundamental es que López “no explica por qué no sanciona el bloqueo”. 

“El mismo juez reconoce que hubo un bloqueo y que eso es un delito; lo que dice después es que la facultad de manifestarse de los trabajadores le permite hacer cualquier tipo de accionar”, cuestionó.

El diputado nicoleño consideró que la resolución judicial implica “el mensaje de que acá los sindicalistas hacen lo que quieren y que a los dueños de las empresas nadie los defiende”. 

“¿Cuál es el mensaje que dejó el juez para todos los empresarios, para todo el que quiere invertir? Bloquear una pyme dos semanas la funde, pierde todo el trabajo que hizo en toda la vida”, señaló.

Passaglia reconoció que su planteo en la Legislatura tendrá escollos para avanzar. “Esto es una decisión política, al final del día, y obviamente tengo muchas dudas de que el kirchnerismo nos acompañe y se ponga del lado del que labura”, advirtió.

Tras su anuncio acerca del jury contra el juez, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Juidicial bonaerense emitió un comunicado en respaldo de Alejandro López.

Advirtieron que el juicio político es un mecanismo válido, pero que "no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia" esgrimido por "quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático" para "condicionar las decisiones judiciales".

Tras el veredicto que ordenó absolver a todos los imputados en la causa Camioneros, la firma Rey Distribución anunció que brindará una conferencia de prensa este jueves por la mañana en sus instalaciones, ubicadas en Bonorino 175.

Desde el momento en que el Juez Alejandro López consideró que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y seis exemplados de la empresa sampedrina comenzaron a circular los cuestionamientos sobre los motivos que llevaron al magistrado a considerar que la firma no sufrió impedimentos para llevar a cabo su operatoria.

La única que queda es comprarse un arma para defender tu propiedad privada. Este juez que absolvió a este mafioso mando a la casa a un violador que un jurado popular había condenado. Alejandro López se llama el juez, kuka.

Los hermanos Ariel y Gustavo Rey expondrán sobre las implicancias de este fallo en lo que denominan “la defensa del derecho a trabajar en paz” y tomarán como base las primeras declaraciones de su abogada defensora, la senadora bonaerense Florencia Arietto.

Es que la abogada cuestionó duramente el fallo, adelantó que apelarán la medida y ahora el foco apunta a los antecedentes del juez Alejandro López, ya que en las últimas horas se han dado a conocer varios fallos en los que se le han cuestionado decisiones proclives a las garantías de los victimarios y no a las de las víctimas. 

Uno de los casos más resonantes fue el que tuvo lugar en 2023 cuando tras un fallo por jurados que condenó al profesor Pablo Javier Gordillo por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor. La acusación y la escala penal habilitaban 20 años de prisión para ese delito, fijó una condena de 5 años y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. 

También se lo recuerda por la condena contra el efectivo policial Iván Polo a quien sancionó con 17 años de prisión, por la persecución y muerte de dos jóvenes que circulaban en moto en el barrio San Jorge de San Nicolás.  Esa vez consideró que se trataba de un homicidio simple. 

El magistrado tuvo a su cargo también el juicio al sacerdote Tulio Mattiussi, que fue condenado por cometer abusos en el Jardín Belén de gran repercusión en San Pedro.

En exclusiva para Lo Que Importa, Gustavo Rey, dueño de la empresa, anticipó que apelarán el fallo en la Justicia. 

Tras el veredicto del Tribunal que absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución, uno de los dueños de la firma sampedrina anunció que habrá apelación y expresó su descontento con el fallo.

“No era lo que esperábamos, obviamente, pero tenemos mucha fe de que la verdad va a triunfar. Estamos convencidos de que esto recién es el comienzo y que de acá en adelante tendremos que seguir luchando como hasta ahora, no bajar los brazos”, dijo Gustavo Rey a La Opinión.

Consideró que el juez Alejandro López, cuyo voto fue leído en la audiencia, “tendrá su punto de vista”, y aseguró que ellos tienen otro respecto de los hechos denunciados que derivaron en el juicio. 

“Hay dos instancias más para poderla pelear, esto no es la definición del partido todavía”, aseguró Gustavo Rey.

En relación con el encuadre legal adoptado por el Tribunal, que consideró los hechos investigados como un ejercicio legítimo del derecho de huelga, Rey rechazó y cuestionó esa interpretación .

“Yo creo que con este veredicto lo que está demostrado es que se puede hacer cualquier cosa, de que las garantías solamente están para una parte", señaló.

"Por eso es que estamos peleando; si estuviéramos conformes no hubiésemos arrancado ni la situación esta donde llegamos", agregó el empresario.

Rey confirmó que su equipo de abogados, encabezado por la senadora representante del Movimiento Antibloqueo Florencia Arietto, formalizará la reserva de apelación correspondiente ante los tribunales de alzada.

"Estuvieron presentes, nada más que ya se estaban reservando para la apelación y seguiremos", aseguró el hermano del concejal Arel Rey, con quien presenció la audiecia virtual en la que se dio a conocer el veredicto.

Gustavo Rey considero que los extrabajadores que fueron llevados a juicio junto a la conducción gremial, que también resultaron absueltos, “fueron rehenes de esta gente, nada más”.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 diera a conocer el veredicto absolutorio en el juicio oral contra Maximiliano Cabaleyro y seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución, el abogado Mauricio Gugger dialogó con La Opinión y destacó la resolución .

Gugger, uno de los abogados que patrocinó al dirigente del Sindicato de Camioneros en la causa, destacó que el Tribunal consideró que las acciones desplegadas en el conflicto se enmarcaron en el legítimo ejercicio del derecho a huelga.

"En los hechos uno y dos, que eran la imputación de turbación de la posesión, el juez tuvo por debidamente acreditado que estaban en el debido y legal ejercicio del derecho de huelga", afirmó. 

Además, destacó que la sentencia ratifica la jerarquía constitucional de ese derecho frente a los hechos que fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal y las partes denunciantes.

Durante el análisis preliminar de los fundamentos del fallo, Gugger dio lectura a consideraciones del magistrado interviniente respecto a las declaraciones testimoniales prestadas en el debate.

 “El audio presentado es evidencia de que de su parte hubo intención de faltar a la verdad. Es que no puede Gustavo Rey sino reconocer que ha mentido en alguno de los momentos en que se expresó: o mintió al denunciar, testificar, ampliar la denuncia y deponer en el debate sobre las extorsiones que sufría de parte de Cabaleyro, o mintió en ese audio fingiendo admiración y ánimo de entablar una amistad”, señaló.

El abogado defensor adelantó que promoverá acciones legales por falso testimonio contra quienes radicaron las acusaciones, tenieno en cuenta el impacto de las medidas cautelares aplicadas durante el proceso judicial. 

En ese sentido, recordó que Cabaleyro cumplió cuatro años y medio de privación de la libertad, buena parte en arresto domiciliario,  misma situación de Fernando Espíndola, quien también permanece con prisión preventiva, a la espera del juicio abreviado al que se acogió.

Por último, el abogado confirmó que Maximiliano Cabaleyro convocó a una conferencia de prensa este miércoles a las 18.00 en la sede del Sindicato de Camioneros San Pedro para pronunciarse públicamente tras la lectura del veredicto.

La Justicia absolvió al sindicalista de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y a los extrabajadores de la empresa Rey Distribución de todos los cargos de los que fueron acusados tras los hechos desatados en el marco de un reclamo laboral que tuvo lugar en 2021 en la planta de esa firma sampedrina.

Tras conocer el fallo aboslutorio, Edgardo Di Mayo, uno de los seis exempleados que fueron llevados a juicio por el caso, celebró el veredicto y aseguró que “se hizo justicia”.

“Estamos todos los trabajadores acá reunidos y la verdad muy emocionados, muy contentos porque se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada, que hicimos todo lo correcto como manda la ley”, aseguró.

“No infringimos ninguna ley, solamente reclamamos en forma pacífica como nosotros entendíamos que tendríamos que reclamarlo. Tardó, pero se hizo justicia”, destacó Di Mayo. 

Consultado sobre el momento en que se dio lectura a la absolución, el extrabajador comentó sus sensaciones tras más de cinco años desde que comenzó el conflicto.

“Se te pasan muchas cosas por la cabeza desde hace cinco años: temas personales, todas las cosas que pasamos, por cómo nos trataron, cómo nos injuriaron, cómo nos hicieron quedar”, señalo´.

"Los Rey salieron por todos lados, por cadena nacional, diciendo barbaridades de los trabajadores, pero la gente común no sabe lo que nos pasó ahí los cinco años, la tortura que fue trabajar en esa empresa", sostuvo Di Mayo.

El fallo, además, dispuso la inmediata libertad de Maximiliano Cabaleyro, que estaba detenido con prisión preventiva bajo arresto domiciliario desde hace cuatro años y medio.

La familia Rey anunció que apelará el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2, que consideró que los hechos denunciados no estaban debidamente acreditados por Fiscalía.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 de San Nicolás dio a conocer el veredicto del juicio a Camioneros que juzgó al sindicaslista Maximiliiano Cabaleyro y a seis extrabajadores de la empresa Rey Distribución: absolución para todos.

Los jueces consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados.

Maximiliano Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez fueron absueltos de todos los cargos.

Cabaleyro llegó detenido con prisión preventiva al juicio y el Tribunal ordenó su inmediata libertad.

En el caso del sindicalista de Camioneros, había sido acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar.

Junto con el resto, y con Fernando Espíndola, que se acogió al trámite abreviado, estaban también acusados de “turbación de la posesión” es decir de haber bloqueado la planta.

El Tribunal consideró que tampoco estaba acreditado que los acusados hayan turbado la posesión, es decir impedido trabajar a la empresa durante los días de protesta.

“Estamos todos muy contentos, se hizo justicia. Sabíamos que no habíamos hecho nada por fuera de la ley, estábamos reclamando lo que nos correspondía”, dijo Edgardo Di Mayo a La Opinión tras conocer el veredicto.

Por su parte, el abogado Mauricio Gugger dijo estar “contento por el trabajo, feliz” y destacó la jerarquia constitucional del derecho a huelga que “debe mantenerse incólume para ratificar que vivimos en un estado de derecho”.

Gugger advirtió que podría haber denuncias por “falso testimonio”, puesto que “acá hubo una persona cuatro años y medio detenida”.

El Tribunal dio a conocer el veredicto, pero todavía no hizo lo propio con los fundamentos, que serán importantes para analizar la decisión que tomaron los jueces.

“Cabaleyro va a dar una conferencia de prensa hoy por la tarde, en San Pedro, alrededor de las seis de la tarde”, anunció Gugger en Lo  Que Importa.

“Tenemos la fe total en que esto se revierta”, dijo Gustavo Rey.

“No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar”, dijo, por su parte, Gustavo Rey, que confirmó que apelarán el fallo del Tribunal. 

“Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía”, señaló uno de los titulares de Rey Distribución y agregó: “Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”.

En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, delegado en San Pedro del gremio de los Moyano, no estará presente en el juicio oral y público de la causa que investiga presuntas extorsiones y pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, que comienza el lunes próximo en los Tribunales de San Nicolás.

Espíndola decidió acogerse al procedimiento de juicio de trámite abreviado, por lo su caso no irá a debate y se resolverá con las pruebas que obran en el expediente, sin necesidad de audiencia oral y pública.

El sampedrino, que permanece detenido con arresto domiciliario y ya lleva cuatro años y medio en prisión preventiva, acordó someterse a ese régimen con una pena máxima, en caso de ser hallado culpable, de 6 años de cárcel.

Si bien no comporta reconocimiento alguno de culpabilidad, por lo general acceden al juicio abreviado quienes consideran que el riesgo de ser condenado en juicio oral es alto. El objetivo es lograr, en caso de sentencia condenatoria, una pena menor que la que surgiría del debate.

El juicio oral y público comenzará el lunes 28 en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro será juzgado allí por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión.

Por los mismos delitos, la situación de Espíndola será analizada mediante las reglas del trámite abreviado, sin debate.

A juicio oral van también los exempleados de Rey Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

En su caso, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo a la planta en el marco de reclamos laborales que, durante el trámite de esta causa, una pericia reveló tenían asidero, puesto que surgieron diferencias salariales en la comparación entre sus recibos de sueldo y el convenio colectivo de trabajo vigente.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

El sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro fue beneficiado con arresto domiciliario y cumplirá la detención con prisión preventiva en su casa por decisión de la sala V del Tribunal de Casación de La Plata.

Con la firma de los jueces Mario Eduardo Kohan y Fernando Mancini Hebeca, el fallo ratificó la decisión inicial del Juzgado de Garantías, que había decidido que Cabaleyro atraviese el proceso penal detenido pero en su casa.

Es lo mismo que ocurrió en mayo pasado con Fernando Espíndola, el sampedrino también sindicalista de Camioneros detenido junto a Cabaleyero, ambos acusados de cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Así, el abogado de Cabaleyro y Espíndola, el sampedrino Mauricio Gugger, logró para ambos detenidos la atenuación de la medida coercitiva, por lo que si bien seguirán detenidos lo harán en sus domicilios.

Espíndola ya esta en su casa y el fallo que favorece a Cabaleyro fue firmado este viernes, por lo que el sindicalista y concejal nicoleño en uso de licencia podrá ser trasladado a su vivienda en San Nicolás, bajo la tutela de su esposa.

Arraigo, contención familiar, domicilio conocido, mal estado de los establecimientos carcelarios, problemas de salud apoyados con certificados médicos, presencia de cámaras de seguridad en su casa y hasta fianza o caución real formaron parte del planteo inicial de Gugger para pedir el arresto domiciliario.

Cabaleyro es un adicto a las drogas en recuperación desde el año 2018 tras consumir durante casi 20 años. Él mismo había dicho que estaba “en riesgo permanente” de volver a caer en el consumo porque en la cárcel circula todo tipo de estupafecientes.

Además, está en situación de obesidad de primer grado, es fumador y tuvo un aumento de colesterol que fue señalado por los médicos respecto de la falta de tratamiento, al tiempo que le recomendaron “modificar hábitos higiénicos y dietéticos”.

Además, la defensa de Cabaleyro había hecho hincapié en las pésimas condiciones de detención que tanto él como los otros más de 900 detenidos padecen en la unidad penal 3 de San Nicolás.

La causa fue elevada a juicio por la jueza de Garantías María Eugenie Maiztegui tras la solicitud de la fiscala María del Valle Viviani. Además de Cableyro y Espíndola, van al debate como imputados los sampedrinos exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui elevó a juicio la causa contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Los ocho deberán enfrentar al Tribunal Oral en lo Criminal que salga sorteado, en la fecha que se disponga, por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

La jueza rechazó lo planteos de la defensa de los imputados, que pidieron recusación de la magistrada, nulidad del proceso, cambio de calificación legal y sobreseimiento, tras considerar que hay “indicios vehementes para sostener” que los acusados “son probables autores penalmente responsable” de los delitos que se les endilga.

Para el momento del debate deberá estar lista la pericia contable que resta, para lo que se solicitó documentación a las partes. La magistrada consideró consideró “justificada la existencia” de los delitos investigados en la causa.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada.

El sampedrino, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación y ya está en su casa. El resto de los imputados siempre estuvo en libertad.

La defensa de Cabaleyro y Espíndola apelará la elevación a juicio, por lo que habrá que esperar esa instancia para saber qué Tribunal será el encargado de juzgarlos.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fue beneficiado con arresto domiciliario por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata Ridcaro Maidana y Víctor Violini, quienes consideraron válidos los planteos de la defensa del acusado.

Espíndola fue detenido junto al líder de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos en esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, en el marco de la causa que los tiene acusados de “cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Ambos sindicalistas están detenidos con prisión preventiva y fueron alojados en la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores pidieron la medida de arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero se las denegaron.

En el caso de Espíndola, Casación confirmó el fallo de primera instancia, del juez de Garantías, y revocó la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones, que había rechazado la morigeración, e hizo lugar al planteo del abogado Mauricio Gugger.

Así, Espíndola continuará en calidad de detenido pero en su casa, con pulsera electrónica y el seguimiento correspondiente para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él camino al juicio, que tendrá lugar cuando se disponga la fecha.

Casación cuestionó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que rechazaron el fallo inicial y señaló que “confunden la medida de morigeración con una libertad”, al tiempo que señalan que su fallo revocatorio es “arbitrario”.

El Tribunal platense tuvo en cuenta la sobrepoblación de la cárcel, donde la cantidad de presos excede ampliamente el cupo, y la situación de salud de Espíndola, que es hipertenso, padece obesidad mórbida y diabetes.

“Padeció numerosos desmayos y caída de presión por falta de suministros médicos”, expuso su abogado, Maurico Gugger. Casación hizo lugar a su pedido y además consideró que la Cámara de Apelaciones “soslayó los principios generales que rigen en materia de coerción” puesto que la prisión preventiva es una excepción.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

Una nueva presentación judicial por parte de la defensa obliga al Juzgado de Garantías interviniente a revisar lo actuado hasta el momento en el marco de la denominada “causa Camioneros”, que mantiene detenidos a los sindicalistas de ese gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

El abogado de los sindicalistas, Mauricio Gugger, elevó una solicitud para que ambos sean liberados y cese la prisión preventiva que pesa sobre ellos, porque considera que hay nuevos elementos probatorios que, a su criterio, permitirían reconsiderar la figura de “extorsión”, delito más grave de los que están acusados.

Gugger sostiene su pedido en un tramo de las escuchas telefónicas que resultan de la intervención judicial ordenada en la investigación sobre el teléfono de Cabaleyro, en el que dialogan el sindicalista y el empresario Gustavo Rey, al que tuvo acceso La Opinión y se reproduce en esta página.

El abogado pidió el cambio de carátula y, a partir de ello, la inmediata liberación de ambos sindicalistas porque entiende que de esa escucha telefónica, que forma parte de una gran cantidad de horas de grabaciones, hay elementos para considerar que el delito de extorsión del que están acusados “no existe y la figura penal pasa a ser más benigna”.

En el escrito, sostiene que “el signo vinculante de la extorsión es la intimidación, por lo que se dice que intimidar es más que amenazar” y que, atento a lo que se escucha en el diálogo telefónico, cabe preguntarse si “se puede sostener que el empresario Rey sintió miedo o temor”.

La escucha corresponde a un diálogo telefónico entre Gustavo Rey y Maximiliano Cabaleyro el día 9 de marzo, antes de las 11.00 de la mañana. Gugger cuestionó a la fiscala Viviani por no tener en cuenta esta y otras escuchas en su ponderación de los hechos.

“A la fiscalía se le planteó una hipótesis con el campo visual sesgado, donde se oculta deliberadamente cual fue el verdadero espíritu de la conciliación” que había tenido lugar en el Ministerio de Trabajo, dice el escrito que el abogado presentó ante la Justicia, que ahora debe analizar lo planteado.

Este miércoles, cuando Radio Cuarentena reveló el contenido de esta presentación judicial de la defensa y parte del audio que aquí se reproduce completo, el sindicalista Maximiliano Cabaleyro dialogó con Lilí Berardi desde la celda que ocupa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, nota que será difundida en publicación aparte.