Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

El sindicalista de Camioneros Maximiliano Cabaleyro fue beneficiado con arresto domiciliario y cumplirá la detención con prisión preventiva en su casa por decisión de la sala V del Tribunal de Casación de La Plata.

Con la firma de los jueces Mario Eduardo Kohan y Fernando Mancini Hebeca, el fallo ratificó la decisión inicial del Juzgado de Garantías, que había decidido que Cabaleyro atraviese el proceso penal detenido pero en su casa.

Es lo mismo que ocurrió en mayo pasado con Fernando Espíndola, el sampedrino también sindicalista de Camioneros detenido junto a Cabaleyero, ambos acusados de cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Así, el abogado de Cabaleyro y Espíndola, el sampedrino Mauricio Gugger, logró para ambos detenidos la atenuación de la medida coercitiva, por lo que si bien seguirán detenidos lo harán en sus domicilios.

Espíndola ya esta en su casa y el fallo que favorece a Cabaleyro fue firmado este viernes, por lo que el sindicalista y concejal nicoleño en uso de licencia podrá ser trasladado a su vivienda en San Nicolás, bajo la tutela de su esposa.

Arraigo, contención familiar, domicilio conocido, mal estado de los establecimientos carcelarios, problemas de salud apoyados con certificados médicos, presencia de cámaras de seguridad en su casa y hasta fianza o caución real formaron parte del planteo inicial de Gugger para pedir el arresto domiciliario.

Cabaleyro es un adicto a las drogas en recuperación desde el año 2018 tras consumir durante casi 20 años. Él mismo había dicho que estaba “en riesgo permanente” de volver a caer en el consumo porque en la cárcel circula todo tipo de estupafecientes.

Además, está en situación de obesidad de primer grado, es fumador y tuvo un aumento de colesterol que fue señalado por los médicos respecto de la falta de tratamiento, al tiempo que le recomendaron “modificar hábitos higiénicos y dietéticos”.

Además, la defensa de Cabaleyro había hecho hincapié en las pésimas condiciones de detención que tanto él como los otros más de 900 detenidos padecen en la unidad penal 3 de San Nicolás.

La causa fue elevada a juicio por la jueza de Garantías María Eugenie Maiztegui tras la solicitud de la fiscala María del Valle Viviani. Además de Cableyro y Espíndola, van al debate como imputados los sampedrinos exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui elevó a juicio la causa contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Los ocho deberán enfrentar al Tribunal Oral en lo Criminal que salga sorteado, en la fecha que se disponga, por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

La jueza rechazó lo planteos de la defensa de los imputados, que pidieron recusación de la magistrada, nulidad del proceso, cambio de calificación legal y sobreseimiento, tras considerar que hay “indicios vehementes para sostener” que los acusados “son probables autores penalmente responsable” de los delitos que se les endilga.

Para el momento del debate deberá estar lista la pericia contable que resta, para lo que se solicitó documentación a las partes. La magistrada consideró consideró “justificada la existencia” de los delitos investigados en la causa.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada.

El sampedrino, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación y ya está en su casa. El resto de los imputados siempre estuvo en libertad.

La defensa de Cabaleyro y Espíndola apelará la elevación a juicio, por lo que habrá que esperar esa instancia para saber qué Tribunal será el encargado de juzgarlos.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fue beneficiado con arresto domiciliario por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata Ridcaro Maidana y Víctor Violini, quienes consideraron válidos los planteos de la defensa del acusado.

Espíndola fue detenido junto al líder de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos en esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, en el marco de la causa que los tiene acusados de “cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Ambos sindicalistas están detenidos con prisión preventiva y fueron alojados en la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores pidieron la medida de arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero se las denegaron.

En el caso de Espíndola, Casación confirmó el fallo de primera instancia, del juez de Garantías, y revocó la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones, que había rechazado la morigeración, e hizo lugar al planteo del abogado Mauricio Gugger.

Así, Espíndola continuará en calidad de detenido pero en su casa, con pulsera electrónica y el seguimiento correspondiente para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él camino al juicio, que tendrá lugar cuando se disponga la fecha.

Casación cuestionó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que rechazaron el fallo inicial y señaló que “confunden la medida de morigeración con una libertad”, al tiempo que señalan que su fallo revocatorio es “arbitrario”.

El Tribunal platense tuvo en cuenta la sobrepoblación de la cárcel, donde la cantidad de presos excede ampliamente el cupo, y la situación de salud de Espíndola, que es hipertenso, padece obesidad mórbida y diabetes.

“Padeció numerosos desmayos y caída de presión por falta de suministros médicos”, expuso su abogado, Maurico Gugger. Casación hizo lugar a su pedido y además consideró que la Cámara de Apelaciones “soslayó los principios generales que rigen en materia de coerción” puesto que la prisión preventiva es una excepción.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

Una nueva presentación judicial por parte de la defensa obliga al Juzgado de Garantías interviniente a revisar lo actuado hasta el momento en el marco de la denominada “causa Camioneros”, que mantiene detenidos a los sindicalistas de ese gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

El abogado de los sindicalistas, Mauricio Gugger, elevó una solicitud para que ambos sean liberados y cese la prisión preventiva que pesa sobre ellos, porque considera que hay nuevos elementos probatorios que, a su criterio, permitirían reconsiderar la figura de “extorsión”, delito más grave de los que están acusados.

Gugger sostiene su pedido en un tramo de las escuchas telefónicas que resultan de la intervención judicial ordenada en la investigación sobre el teléfono de Cabaleyro, en el que dialogan el sindicalista y el empresario Gustavo Rey, al que tuvo acceso La Opinión y se reproduce en esta página.

El abogado pidió el cambio de carátula y, a partir de ello, la inmediata liberación de ambos sindicalistas porque entiende que de esa escucha telefónica, que forma parte de una gran cantidad de horas de grabaciones, hay elementos para considerar que el delito de extorsión del que están acusados “no existe y la figura penal pasa a ser más benigna”.

En el escrito, sostiene que “el signo vinculante de la extorsión es la intimidación, por lo que se dice que intimidar es más que amenazar” y que, atento a lo que se escucha en el diálogo telefónico, cabe preguntarse si “se puede sostener que el empresario Rey sintió miedo o temor”.

La escucha corresponde a un diálogo telefónico entre Gustavo Rey y Maximiliano Cabaleyro el día 9 de marzo, antes de las 11.00 de la mañana. Gugger cuestionó a la fiscala Viviani por no tener en cuenta esta y otras escuchas en su ponderación de los hechos.

“A la fiscalía se le planteó una hipótesis con el campo visual sesgado, donde se oculta deliberadamente cual fue el verdadero espíritu de la conciliación” que había tenido lugar en el Ministerio de Trabajo, dice el escrito que el abogado presentó ante la Justicia, que ahora debe analizar lo planteado.

Este miércoles, cuando Radio Cuarentena reveló el contenido de esta presentación judicial de la defensa y parte del audio que aquí se reproduce completo, el sindicalista Maximiliano Cabaleyro dialogó con Lilí Berardi desde la celda que ocupa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, nota que será difundida en publicación aparte.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola fueron trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás este martes al mediodía, en el marco de la causa por extorsión y coacción que los mantiene detenidos desde el 8 de abril pasado.

“Estábamos a la espera”, confirmó el abogado Mauricio Gugger, que representa a ambos dirigentes. El traslado estaba pedido por parte de la Justicia para que cumplan en un calabozo del Servicio Penitenciario Bonaerense. la prisión preventiva ratificada en la Cámara de Apelaciones y Garantías.

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Desde que fueron detenidos, Cabaleyro y Espíndola estaban alojados en la sede de la DDI de San Nicolás. Tras la resolución de Cámara, deberán pasar los meses que tienen por delante en una unidad carcelaria, aunque todavía resta una audiencia para que el Juzgado interviniente resuelva sobre el pedido de arresto domiciliario que interpuso la defensa y que la Cámara dispuso debe ser revisado desde cero.

El líder regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el referente del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, fueron detenidos en el marco de la causa que comenzó tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanecen detenidos alojados en la sede de la DDI de San Nicolás y allí seguirán mientras se resuelven las apelaciones planteadas a la Cámara de Garantías por la defensa y la Fiscalía tras la decisión del juez Parodi de dictar la prisión preventiva para ambos.

El abogado defensor, Mauricio Gugger, apeló la prisión preventiva y consideró que si recuperaran la libertad no habría riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, motivos en los que debe fundarse la medida.

Por su parte la fiscala María del Valle Viviani apeló la decisión del juez Parodi de beneficiar a los detenidos con el arresto domciliario para que cumplan la preventiva en sus viviendas.

Ahora, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás deberá resolver ambos planteos y expedirse respecto de si Cabaleyro y Espíndola recuperan la libertad o siguen detenidos, y en caso de permanecer con prisión preventiva si lo hacen en la cárcel o en sus domicilios.

El abogado Mauricio Gugger señaló a La Opinión que esperan para la semana que viene la decisión de la Cámara y que mientras tanto sus defendidos permanecerán en las mismas condiciones de detención que hasta ahora.

Ambos sindicalistas están acusados de extorsión y coacción tras haber sido denunciados por los integrantes de la empresa Rey Distribuciones, quienes los acusaron de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Este martes la Justicia se expidió respecto del pedido de prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

El abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Una vez que quede firme la resolución, lo que podría ocurrir para el lunes próximo recién, Cabaleyro será trasladado en condición de detenido a su casa de San Nicolás, de la que no podrá salir, y Espíndola hará lo propio en la suya en San Pedro, con comunicación y a disposición del Juzgado de Garantías, bajo control del Patronado de Liberados.

El juez dispuso para ambos la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

Desde la parte querellante, todo indica que la abogada Florencia Arietto apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario aunque celebraron que se les haya dictado la prisión preventiva.

En la audiencia, el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, que fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio otorgado. Argumentó “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.

Cabaleyro dijo en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas con la que tenía dependencia ante de esa fecha. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

Este jueves se desarrolló en San Nicolás la audiencia para resolver si los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” que denunciaron desde la empresa sampedrina Rey Distribución.

La audiencia la encabezó el juez de Garantías Román Parodi, que subroga a María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia tras un “pico de estrés” y en medio de “presiones” relacionadas con esta causa. El magistrado tendrá cinco días para resolver si los mantiene detenidos por los próximos ocho meses o los excarcela para que sigan el proceso en su contra, camino al juicio, en libertad.

Desde San Nicolás, el periodista Guillermo Puliti, del diario El Norte, brindó en Radio Cuarentena detalles acerca de cómo se desarrollaba en la vecina ciudad la jornada clave para el destino de los sindicalistas detenidos.

Pasadas las 9.30 de la mañana, ambos sindicalistas fueron trasladados desde la sede de la DDI, donde permanecen detenidos ante la falta de cupo en las unidades penales, hacia el Juzgado para participar de la audiencia.

En el recinto, la fiscala María del Valle Viviani expuso sus argumentos para considerar necesario que ambos permanezcan detenidos mientras se sustancia la investigación y el abogado defensor Mauricio Gugger hizo lo propio para sostener la necesidad de que sean liberados.

Viviani imputó a ambos detenidos por un delito más grave que el inicial, por lo que ahora la causa tiene una expectativa de pena que va entre los 5 y los 10 años de prisión. Gugger, por su parte, recusó tanto a la fiscala como a la jueza de Garantías.

Afuera había presencia de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos el secretario General y coconductor de la CGT, Pablo Moyano, quien en el parque San Martín, lindero al Juzgado, dijo que estaban para acompañar a “los compañeros Cabaleyro y Espíndola para que de una vez por todas se haga justicia verdadera”, reportó el diario El Norte de San Nicolás.

El intendente en uso de licencia y funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación Cecilio Salazar prestó declaración testimonial en Fiscalía en el marco de la causa penal que investiga presuntos pedidos de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros, en cuyo marco están detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Salazar se presentó este viernes ante la fiscala María del Valle Viviani, luego de que la declaración testimonial prevista para el viernes se pospusiera. El jefe comunal en uso de licencia fue propuesto como testigo por parte de la defensa de los detenidos.

El director del Belgrano Cargas en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación llegó a Fiscalía acompañado de Alfredo Carrasco, quien hasta ahora es asesor de él en Trenes Argentinos Cargas, aunque a partir de la semana que viene asumirá como secretario de Gobierno.

Salazar estaba al frente del Gobierno local cuando ocurrieron los hechos que forman parte de la causa en relación al bloqueo de la planta que denunció la empresa Rey Distribución, que tenía a su cargo la entrega de mercadería para escuelas en el marco del Servicio Alimentario Escolar.

El intendente estaba en La Plata y desde allí, mientras cumplía agenda de gestión, procuraba comunicarse con referentes del sindicato para acercar posiciones y “ayudar en lo que se pueda” para “encontrar una solución” al conflicto, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurría con la distribución de alimentos en escuelas.

En su declaración ante Viviani, Salazar indicó qué intervención tuvo en ese sentido, cuando planteó la necesidad de que no se trabara el arribo de lo alimentos a las instituciones escolares para que pudieran ser entregadas a las familias beneficiarias.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanecen detenidos en la sede de la DDI de San Nicolás en el marco de la causa en la que están imputados por “extorsión y coacción” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acuso de “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Ambos permanecen en esa dependencia policial porque no se generó cupo en las cárcesl del Servicio Penitenciario de San Nicolás, Campana o Junín, donde la jueza de Garantías dispuso que se los traslade luego de denegar la solicitud de excarcelación que interpuso el abogado que los representa, Mauricio Gugger, una vez que prestaron declaración indagatoria.

Este jueves Maximilino Cabalayro era sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, informó el abogado, que confirmó que tanto el intendente en uso de licencia, Cecilio Salazar, como el exsecretario de Seguridad, Eduardo Roleri, fueron citados a declarar como testigos en la causa, declaración que iba a tener lugar este miércoles pero que se pospuso.

La semana del 9 de mayo será la audiencia en la que la jueza María Eugenia Maiztegui deba resolver si decide mantenerlos detenidos con prisión preventiva mientras se sustancia el proceso que derivará en juicio, puesto que se vencen los plazos previstos en el Código Procesal Penal bonaerense.

La fiscala María del Valle Viviani hizo uso de la prórroga disponible, por lo que se tomó el mes completo para reunir los elementos probatorios que le permitan solicitar la prisión preventiva para ambos acusados. Con esas pruebas, la titular de la UFI 7 irá a la audiencia para pedir que permanezcan detenidos por lo menos durante ocho meses, plazo en el que debería elevar la causa a juicio o bien la defensa podrá plantear la excarcelación.

El abogad Mauricio Gugger adelantó que se opondrá al pedido de prisión preventiva con el argumento de que si bien los hechos registrados en la causa existieron y “son innegables”, consideran que no hay delito alguno en ellos. “Hay un acuerdo de pago, que es un proceder normal de un sindicato”, dijo sobre el presunto “pedido de coima”.

“la Fiscalía entiende otra cosa, estamos viendo una misma cosa con distintos puntos de vista”, señaló Gugger. Respecto del presunto delito de “turbación de la propiedad” consideró que hay allí también una “contraposición de derechos”, puesto que, entiende él, el sindicato de Camioneros hizo uso a su derecho a la huelga y a la protesta.

El Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui, rechazó este miércoles la solicitud de excarcelación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos el viernes en el marco de la causa por “extorsión y coacción” que investiga la Justicia luego de la denuncia de la empresa Rey Distribución que los acuso de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

El abogado que patrocina a ambos dirigentes sindicales pidió la excarcelación luego de que el domingo prestaran declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani, instancia de defensa que se cumplió en la sede de la Fiscalía Nº 7 con presencia de Camioneros, en cuyo marco el dirigente Julio Cabaleyro agredió, insultó y amenazó a periodistas de La Opinión & Sin Galera.

Maiztegui rechazó la excarcelación por considerar inadmisible que estén libres en esta etapa puesto que podrían entorpecer el devenir de la causa y ordenó que Cabaleyro y Espíndola sean trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás o bien a Campana o Junín, en caso de que no haya cupo en la penitenciaría nicoleña.

La jueza estimó que existen “sobrados motivos” para mantenerlos presos con el objetivo de “asegurar el desarollo” del proceso. La fiscala Viviani tiene ahora entre 15 y 30 días para reunir elementos probatorios que le permitan pedir la prisión preventiva de los sindicalistas, que implicaría, según el Código Procesal Penal bonaerense, al menos unos ocho meses de cárcel mientras se llega al juicio.

Para Maiztegui hay “peligrosidad procesal” acreditada, puesto que la “magnitud de la pena en expectativa” por los delitos de los que están acusados así lo establecen. Además, la jueza ponderó el tipo de delito, las circunstancias en las que fueron cometidos los hechos por los que están imputados y el poco tiempo que llevan detenidos.

La magistrada sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, puesto que entiende que Cabaleyro y Espíndola podrían “influenciar loas testigos que deben declarar” y así frustrar la finalidad del proceso.

Este viernes 8 de abril, a las 10.18 de la mañana, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió sobre el pedido de detención que la jueza María Eugenia Maiztegui libró contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola: dejó firme el fallo, por lo que es inminente el traslado a prisión de ambos.

Cabaleyro —referente regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás— y Espíndola —cara visible del gremio en San Pedro y exconcejal del Frente Renovador— serán detenidos imputados por “extorsión y cohecho” luego de que la empresa Rey Distribución los denunciara por “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Cumplidas las dos instancias judiciales de Garantías, el fallo de Cámara deja firme la detención y, aunque la defensa de los sindicalistas puede apelar, ambos serán trasladados por la policía a una celda para esperar el momento de la declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani.

Una vez que presten declaración indagatoria, Viviani tiene entre 15 y 30 días de plazo para solicitar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola, lo que significa que ambos estarán tras las rejas durante ese lapso y hasta tanto la Justicia defina su futuro procesal camino al juicio que deberán afrontar por los delitos de los que se los acusa.

La Justicia libró orden de detención contra los sindiacalistas del gremio de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola, en el marco de la causa que comenzó en febrero del año pasado cuando la empresa Rey Distribución los denunció por “pedido de coimas” y el bloqueo de la planta.

El Juzgado interviniente ordenó detenerlos por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” pero para que se efectivice la medida habrá que esperar la resolución de Cámara, puesto que la medida fue apelada.

En febrero de 2021, la empresa denunció a Cabaleyro, a Espíndola y a empleados de la firma que forman parte del Sindicato de Camioneros por “pedido de coimas”: los acusaron de solicitarles dinero a cambio de que los dejen “trabajar tranquilos”.

En ese momento se viralizaron audios del propio Cabaleyro en un tenso intercambio con el abogado de la empresa, Daniel Spirópulos. Luego tomó intervención en el caso el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y la abogada Florencia Arietto asumió la representación de la familia.

Desde enero del año pasado la empresa sufrió varios bloqueos en su planta y en febrero, en el marco de ese conflicto, decidieron radicar la denunca penal para que la Justicia intervenga ante lo que consideraron delitos de extorsión, además de los de “turbación de la posesión” relacionados con la imposibilidad de que salieran los camiones a trabajar.

“La denuncia tiene sustento”, había dicho en medio de la instrucción la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa penal en la Justicia.

“El sindicato viene y te dice ‘si vos querés trabajar, tenés que poner algo para trabajar tranquilo’, si no, no te dejan trabajar”, habían revelado a La Opinión desde la empresa.

Desde que denunciaron la situación en la Justicia, empresa y sindicato vivieron en “tensa calma”, con algunos conflictos menores y otros que tramitan en el fuero laboral, puesto que decidieron despedir al delegado del sindicato que aparece involucrado en la causa por extorsión.

Tras la reunión del lunes, en la que participaron funcionarios del Gobierno municipal y concejales, el Centro de Comercio emitió un comunicado en el que aseguró que todas las partes “rechazaron las acciones sindicales coercitivas y pidieron una intervención neutral del Ministerio de Trabajo” en relación a las situaciones que atraviesan empresarios locales con el Sindicato de Camioneros, especialmente la familia Rey.

“Se ha resuelto poner a conocimiento de la sociedad el unánime rechazo a todas las acciones de amedrentamiento, que sufren las empresas locales, a través de mecanismos alejados de los procedimientos correspondientes que ejercen el sindicato de camioneros y entidades similares”, señalaron en el texto.

La entidad que preside Raúl Cheyllada había convocado a la reunión al Gobierno de Cecilio Salazar, que estuvo representado por el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Carrasco, y al Concejo Deliberante, del que asistieron la presidenta, Mónica Otero, la titular de la comisión de Desarrollo Económico, Ana Tiramonti, y el edil Damián Lafalce.

Según informaron en el comunicado, el Gobierno, el HCD y el Centro de Comercio acordaron elevar “un pedido de reconsideración sobre los procedimientos a la Delegación local del Ministerio de Trabajo” que conduce Sofía Rotundo, a quien “invitarán a debatir el tema en los próximos días”.

Solicitarán que “ante situaciones de este tipo intervenga de manera efectiva y neutral, considerando adecuadamente tanto los derechos de los trabajadores representados por los sindicatos como el impacto que la violencia de sus representantes puede ejercer en la continuidad de empresas que generan empleo y en quienes reconsideran cualquier tipo de inversión ante el desamparo que se percibe en estos episodios”.

Todos los participantes de la reunión, indicaron, “coincidieron en rechazar cualquier tipo de exigencia adicional que pretendan los sindicatos, más allá de lo que establecen las leyes vigentes”.

“Es imprescindible que tanto los empresarios como los trabajadores cuenten con el respaldo que merecen dentro de un marco de responsabilidad, respeto y legalidad”, agrgaron.