La ruptura entre el candidato a intendente Ariel Rey, que quedó segundo en las elecciones del domingo, y los concejales electos en su boleta por Juntos por el Cambio volvió a quedar en evidencia luego de la ya famosa discusión en el grupo de WhatsApp que reveló La Opinión.

Tras la publicación de ese conflicto, ambos sectores difundieron sus actividades de esa jornada, relacionadas con cómo seguirán sus tareas políticas luego de las elecciones.

Ariel Rey “y su equipo” —entre los que se cuenta, al menos, el radical de Evolución Enzo Gravino, su jefe de campaña tras las PASO— estuvieron en un café del barrio porteño de Recoleta con quienes son sus referentes nacionales, en el marco de lo que denominan su “compromiso con la construcción de un país, una provincia y un San Pedro con empleo y desarrollo”.

Rey compartió una “mesa de trabajo” con Florencia Arietto, electa senadora por la tercera sección electora, y con Verónica Razzini, la presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (Meab) y diputada nacional electa por la provincia de Santa Fe, junto a empresarios.

“El objetivo de esta reunión fue dar inicio al desarrollo de un proyecto integral que ponga fin a la problemática de la ‘industria del juicio’, al mismo tiempo que busca incentivar a las empresas a contratar personal”, informaron en un comunicado.

Por su parte, los concejales Martín Rivas (Acuerdo Ciudadano) y Diego Lafalce (Pro de Patricia Bullrich) que acompañaron a Rey en primero y tercer lugar de la lista —la segunda era Paola Basso, que tiene un mandato por la mitad— se reunieron para la integración del bloque Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante.

“Ya nos encontramos trabajando en lo que será la integración del bloque”, señalaron desde Acuerdo Ciudadano. De la reunión participaron Basso y el resto de los ediles radicales en ejercicio, Hubo Binimellis, Alejandro Donatti y Lucas Pisani.

“Hay un gran trabajo por hacer”, dijeron. El bloque Juntos tendrá, con los tres electos y la asunción de la racial Yanina Batalla para el mandato vigente de Basso, un bloque de nueve ediles, puesto que la concejala Vanina Cappelletti no podría conformar monobloque, de acuerdo al reglamente, aunque ya hubo excepciones.

En ambos sectores habrá que ver qué posición toman respecto de los acontecimientos políticos de las últimas horas relacionados con el posicionamiento de quiens forman parte a nivel nacional de Juntos por el Cambio en torno al balotaje entre Massa y Milei.

Mientras la fórmula presidencial integrada por Patricia Bullrich y Luis Petri expresó públicamente su respaldo a Milei, en el ala larretista de Juntos hay desacuerdo y entre los radicales hay “neutrales” y quienes creen que el partido centenario debe expresarse por Massa.

Tras el comienzo de la obra de refacción integral de plaza Constitución, aparecieron voces en contra de su puesta en marcha. Entre ellas, las del sector de Juntos Pro/Acuerdo Ciudadano que representan en San Pedro Martín Rivas y Ariel Rey, quienes la consideraron “superficial”.

En una nota enviada al intendente y al Concejo Deliberante a modo de “pedido de informe” —los particulares no tienen esa potestad, que recae sobre los concejales en ejercicio—, solicitaron conocer algunos aspectos relacionados con la obra, que está a cargo de la cooperativa Grupo Alfa.

“Consideramos indispensabe conocer los costos detallados del presupuesto incluyendo los materiales a utilizar, mano de obra, dirección, plazos y condiciones de contratación de la empresa a cargo de su ejecución”, dice la nota elevada al intendene Cecilio Salazar y a la presidenta del Concejo, Mónica Otero.

Solicitan además “una copia de los estudios realizados por los profesionales a cargo sobre los que basaran la decisión de priorizar esta obra superficial por sobre otras necesidades de mejoras en infraestructura, falencias que día a día empeoran la vida de los sampedrinos”.

Entre las prioridades que consideraron por sobre la obra de plaza Constitución mencionaron la necesidad de que la ciudad cuente con un Centro de Día para atender “jóvenes con problemas de consumo de sustancias”; resolver “problemas de cloacas que afectan a gran parte de la población”; señalizar los accesos para “evitar muertes inecesarias”; construir “aulas para estudiantes que reciben sus clases en containers”.

La obra se ejecuta con recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que tiene una comisión para la autorización de los proyectos propuestos por el Gobierno y que la integran tres miembros del Ejecutivo y dos del Concejo. Los proyectos que se debatieron en esa comisión hablan de entre 42 y 65 millones de pesos de inversión.

La nota, que también firman Andrés Ferrari y Enzo Gravino (de Evolución Radical) junto con Rey y Rivas, pide “conocer los nombres de quienes integran la comisión que autoriza la utiliación de ese dinero”, cuyos cargos figuran en la ordenanaza: el intendente, que se llama Cecilio Salazar; el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva; el de Economía, Alfredo Carrasco; y los representantes de oficialismo y la segunda minoría del Concejo, que son Juan Cruz González y Paola Basso.

El “pedido de informe” de Rivas y Rey se encontrará en el Concejo Deliberante con el escollo de que no es ese cuerpo el que tiene —si los particulares pudieran exigir por nota simple esa información— el detalle solicitado. Si algún concejal quisiera hacerse eco de la nota, podrá convertirla en un proyecto de comunicación al Ejecutivo y someterla votación por parte del cuerpo.

En el Ejecutivo, en tanto, podría obtener respuesta directa de acuerdo a la normativa de derecho a la información pública, aunque su condición de referentes de partidos políticos podría encontrarse con la dificultad constitucional de la representación popular, que se expresa en el Concejo Deliberante.

Este jueves, en el marco de la causa penal por extorsión y coacción que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, prestó declaración testimonial ante la fiscala María del Valle Viviani la delegada local del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo.

La abogada fue citada por Viviani en la sede de Fiscalía con el objetivo de solicitarle algunos detalles relacionados con la documentación que oportunamente le requirieron a la delegación de la cartera laboral que conduce y que está vinculada a las actuaciones labradas durante el conflicto entre la empresa Rey Distribuciones y el sindicato de Camioneros.

Rotundo brindó las explicaciones correspondientes para profundizar en aquellos aspectos que la fiscala le requirió y se retiró de Fiscalía antes de las 15.00, tras cumplir con el requerimiento judicial como funcionaria interviniente en el conflicto.

La delegación local del Ministerio de Trabajo tomó intervención ante los reclamos laborales planteados por el sindicato y cumplió tareas de mediación en el marco del conflicto que luego derivó en la denuncia penal por parte de la familia Rey contra los sindicalistas de Camioneros.

La detención de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y el episodio ocurrido el domingo en Fiscalía en ocasión de su declaración indagatoria fueron parte de la reunión que la Comisión Directiva del Centro de Comercio mantuvo este lunes por la noche.

Desde la entidad, el presidente Raúl Cheyllada expresó la solidaridad de todos los integrantes de la Comisión con la periodista Lilí Berardi ante la situación de agresión y amenazas que le tocó vivir con Julio Cabaleyro y sus acólitos durante la jornada de cobertura de la indagatoria.

Además, el representante de comerciantes y empresarios locales consideró que el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante deberían pronunciarse en conjunto con el Centro de Comercio para expresar desacuerdo con la metodología de protesta y reclamo del sindicato de Moyano por las consecuencias que ello implica para el orden social local.

“Lo vivido te lleva a muchas reflexiones, va pasando el tiempo sin lograr aprender algo, esta confianza en que la Justicia se pueda preservar de manera independiente, que no sea entorpecida a través de mecanismos que no contribuyen ni ayudan tanto para el desarrollo empresarial como para la sociedad”, reflexionó Cheyllada en Radio Cuarentena.

El presidente del Centro de Comercio informó que esperan una intervención por parte de las entidades provinciales y nacionales a la que pertenece la institución que doncude “para poner estos temas en tratamiento, no sólo el tema de los bloqueos sino cómo se puede convivir con algún rol gremial para que los empresarios puedan seguir desarrollándose”.

En ese sentido, cosideró que “si hay alguna cuestión que dirimir entre empleados y empleadores que se puedan dirigir a las autoridades competentes para que esto resulte conveniente para las partes y no con los mecanismos que hemos sufrido habitualmente a través de la extorsión, de pedidos improcedente que nos llevan a esta situación que realmente no es lo que nos merecemos”.

Cheyllada aseguró que es importante que la entidad que preside pueda tener un canal de diálogo para seguir tratando el tema “con las autoridades municipales, legislativas, para garantizar la seguridad de la sociedad para convivir en paz, que no se altere el orden público, garantizar el desarrollo a partir de un desenvolvimiento de los sectores empresariales y gremiales que sea el adecuado”.

Al respecto, consideró: “Necesitamos juntarnos, ser parte de un proceso de comunicación en el que le manifestemos a la sociedad que no estamos de acuerdo con las metodologías, más allá de las circunstancias particulares”.

“Estamos hablando de cosas que hacen mal a la sociedad y traen consecuencias, quizás potenciales, futuras, como la atracción de inversiones, la generación de puestos de trabajo, la radicación de nuevas empresas en San Pedro, que el turismo venga con la tranquilidad y la seguridad de pasar una estadía tranquila, hay muchas aristas en torno a una alteración del orden social. El Estado cumple un rol fundamental y las instituciones también”, señaló.

Este domingo, minutos antes de las 17.00, se retiró de Fiscalía, tras más de 7 horas de declaración, el abogado Mauricio Gugger, defensor de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa por “extorsión y cohecho” que pesa sobre ellos tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

“Fue extensa, larga, declararon con lujo de detalles y se refirieron a cada uno de los hechos que se les imputaron.La fiscal ahora tiene que analizar los dichos y también lo va a hacer la jueza de Garantías”, explicó Gugger.

En tanto, también confirmó que solicitó la excarcelación de los detenidos. El Juzgado de Garantías tiene 5 días para dar lugar o no al pedido. “Depende de la jueza de garantías, quien decide si se excarcela o no. Es el primer acto de defensa. Nosotros habíamos pedido la eximición de prisión considerando que la detención no tiene el doble conforme que se necesita”, dijo.

Sobre los hechos por los que son acusados, aseguró que “se le vendió pescado podrido a la Justicia” y se refirió a imágenes de cámaras de seguridad que muestran, primero, a la familia Rey preparando una caja con dinero “de una coima” y luego a integrantes de Camioneros yendo a buscar ese dinero a un estudio contable.

Sin embargo, Gugger refirió que ese intercambio había sido acordado como el pago una “deuda existente” con el “gremio y la obra social”, y que “no fue una coima”.

“La Justicia sostiene que ese acuerdo fue arribado de forma coactiva, cuando en realidad fue consensuado con el contador de la empresa y por intermedio de él con los empresarios”, puntualizó el abogado.

Este domingo por la tarde, mientras terminaba de declarar su hijo Maximiliano, el sindicalista Julio Cabaleyro accedió a brindar una nota al medio Crónica San Pedro sobre la situación que mantiene a Camioneros apostados en inmediaciones de fiscalía en apoyo a los dos detenidos, acusados por “extorsión”, que son indagados por la fiscal María del Valle Viviani desde las 9.00 de la mañana.

Tras rechazar una entrevista con Sin Galera y La Opinión, Cabaleyro dialogó con la periodista Jesica Actis Dato mientras miembros del Camioneros cercaban al entrevistado para que las cámaras de Sin Galera no pudieran acceder a su testimonio.

“Hay 6 trabajadores que hace 8 meses no cobran el sueldo, 6 trabajadores despedidos injustamente. El Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Trabajo y el Juzgado Laboral nos dio la razón. Tiene que tomar a los 6 trabajadores, pagarles el sueldo correspondiente y tomarlos de nuevo a trabajar. Pero la empresa hace oídos sordos”, explicó Cabaleyro sobre el conflicto con Rey Distribuciones.

En tanto, el sindicalista apuntó contra la abogada de la familia Rey: “Nosotros le decimos a los empresarios que no se dejen sacar la plata, porque Florencia Arietto no cobra barato. Cobra muy caro y en dólares. En vez de gastar la plaza con una abogada, creo que es mejor pagarles a los trabajadores lo que corresponden”.

Consultado por Actis Dato sobre la acusación por “extorsión” que pesa sobre su hijo y Fernando Espíndola, Cabaleyro respondió: “Hay un muchacho que declaró que vio cuando el dueño le daba un sobre marrón a Fernando, pero no vio la plata. Hay otros videos que lo trucharon, trucharon la parte que les convenía”.

Luego, dedicó unas palabras a la fiscala Viviani y la jueza Maiztegui. “No lee la causa, no la ve, tiene una ponzoña con nosotros y ganas de hacernos cualquier cosa”, dijo sobre la titular de la UFI 7. “Y la jueza, que ahora está pidiendo por favor que no la nombremos, yo la voy a seguir nombrando, y no le quiero decir el sobrenombre que tiene… la “inco” le dicen, no sé por qué, debe ser “incorregible” o “incompetente”, disparó.

Por último, Cabaleyro se refirió al paro de Camioneros en San Nicolás. “En San Nicolás no entra nadie, se van a morir de hambre si sigue esto. Lo lamento por el pueblo de San Nicolás pero yo no doy un paso para atrás. Como dice Moyano, yo no aprendí a bailar el tango para no recular”.

Este sábado, el histórico dirigente gremial de Camioneros llegó a San Nicolás para expresar su respaldo a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos por orden de la Justicia en el marco de la causa en la que están imputados por “extorsión y cohecho” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución sobre presuntos pedidos de coima para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Moyano encabezó una conferencia de prensa en la sede nicoleña del sindicato, junto a Julio Cabaleyro, padre del concejal del Frente de Todos detenido, y al abogado sampedrino Mauricio Gugger, que patrocina a los acusados.

“Que revean la medida judicial, porque hasta que no revean la medida, nosotros vamos a seguir con las medidas”, aseguró Julio Cabaleyro, padre de Maximiliano e histórico referente regional del sindicato de Camioneros.

Moyano consideró que la detención de Cabaleyro y Espíndola “es un disparate total, una abreración”, apuntó a Juntos por el Cambio y pidió a la Justicia que “respeten el derecho que tienen los trabajadores de defender los intereses que representan”.

Un comunicado del bloque de concejales del Frente de Todos de San Nicolás expresó su respaldo al sindicalista de Camioneros y también edil Maximiliano Cabaleyro y al referente del gremio en San Pedro, Fernando Espíndola, sobre quienes pesa una orden de detención emitida por la Justicia que sus abogados apelaban.

En el texto, los ediles que comparten bloque con Cabaleyro calificaron de “inédito” el fallo de la jueza María Eugenia Maizategui y consideraron que lo que ocurre con Camioneros es “persecución judicial y linchamiento mediático”.

Los concejales del Frente de Todos de San Nicolás acompañaron a Cabaleyro y Espíndola el jueves en la sede del sindicato, donde estuvo Pablo Moyano para respaldarlos. Luego emitieron el comunicado.

Allí señalan su “preocupación” por la decisión de la jueza y cuestionaron el “linchamiento mediático llevado a cabo por los medios de comunicación de alcance nacional” y la réplica que hicieron “referentes de Juntos por el Cambio”.

Consideraron que Cabaleyro y Espíndola “pueden ir a prisión” por “reclamar el pago de los aportes jubilatorios y las diferencias salariales adeudas a los trabajadores”.

“Durante todo el proceso juidical los acusados estuvieron siepre a derecho y que estén en libertad no representa un entorpecimiento a la causa que amerite la prisión preventiva”, expresaron en relación a los argumetos de la jueza Maiztegui para ordenar la detención.

Para los concejales del Frente de Todos nicoleño, la decisión de Maiztegui “constituye una enorme gravedad institucional porque sienta un precedente para encarcelar a los representantes sindicales por el cumplimiento de sus deberes”.

La Justicia investiga las denuncias de la empresa Rey Distribución relacionadas con “pedidos de coima” por parte de los sindicalistas de Camioneros. Gustavo Rey, uno de los denunciantes, reveló elementos de prueba que aportaron a la causa, como videos del momento en el que delegados sindicales iban “a buscar la plata” y “los cheques” que, aseguraron, formaban parte de la extorsión que sufrían para “trabajar tranquilos”.

El sábado en el programa La noche de Mirta Legrand, la abogada y dirigente opositora Florencia Arietto mencionó el conflicto de la empresa Rey Distribución con el Sindicato de Camioneros en la televisión abierta.

El programa fue conducido por Juana Viale debido a la situación de salud que atraviesa la mítica conductora de la televisión argentina, y Arietto compartió mesa con Ricardo López Murphy, Claudio Savoia y Diana Mondino.

“Para que nosotros podamos bajar la pobreza y pagar mejores jubilaciones, tenemos que generar empleo. Para generar empleo, le tenemos que dar condiciones a los que generan empleo, a los invierten y arriesgan, para que tengan la posibilidad de generar el empleo”, explicó Arietto para luego mencionar el caso Rey.

“Ahora, tenés un sindicalismo extorsivo donde te bloquean una empresa porque no le pagaste la coima, como tenemos ahora. Le mando un abrazo y un beso a la familia Rey de San Pedro, que estamos dando una pelea contra el sindicato de Camioneros”, dijo a continuación la abogada del Movimiento Anti Bloqueo que representa a la empresa sampedrina.

El último capítulo del conflicto Rey-Camioneros tuvo a principios de la semana pasada 6 despidos de empleados involucrados en la denuncia penal, una orden judicial para retirar pruebas y pedido a Maximiliano Cabaleyro, referente regional de Camioneros, para que no se presente a la planta.

Este lunes por la noche se desarrolló en el Centro de Comercio una reunión convocada por la entidad para poner en debate junto al Gobierno municipal y el Concejo Deliberante la problemática que afecta a las empresas distribuidoras que mantienen conflictos permanentes con el Sindicato de Camioneros y que en los últimos días volvió a tener como protagonista a la familia Rey.

El encuentro era una oportunidad para que los empresarios del rubro canalizaran reclamos formales, establecieran una estrategia en conjunto y mostraran unidad ante una situación que en mayor o menor medida los afecta a todos. Sin embargo, la presencia de referentes del sector no fue la esperada.

Pocos fueron los titulares de empresas relacionadas con la distribución y el transporte que se hicieron presentes en la reunión de la que participaron el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Carrasco, en representación del intendente; la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero; y concejales como Damián Lafalce y Ana Tiramonti.

La Opinión estuvo presente al comienzo de la reunión, en la que no estaba prevista la participación de la prensa, y pudo certificar que la mayoría de los que estaban en la sala eran integrantes activos del Centro de Comercio y apenas un puñado de referentes del sector convocado.

“La ausencia de empresarios del sector en el lugar pone en evidencia que es por algo, están apretados, tienen miedo”, consideró el referente del PRO local, Diego Lafalce, que también estuvo presente.

Durante el encuentro, hubo “pases de factura” y reclamos varios hacia el poder político. En ee marco, el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Carrasco, pidió que ante situaciones similares se dirijan a su área para que el Estado local pueda tomar algún tipo de intervención.

El funcionario del Gobierno de Salazar propuso que se establezca un canal de diálogo para ante situaciones como las que le tocó vivir a la familia Rey la semana pasada el Municipio pueda ser parte en la resolución de los conflictos, independientemente de que el Estado interviene desde Provincia con la Delegación del Ministerio de Trabajo.