El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de economía Martín Lousteau, durante la presidencia Cristina Kirchner, anunció la mentada Resolución 125.

Esto provocó un cimbronazo histórico entre el sector ruralista y el Gobierno nacional, que duró algo más de cuatro meses, hasta que el vicepresidente Julio Cobos decidió que su voto era “no positivo” cuando la medida fue tratada en el Senado.

La decisión de Lousteau promovía una reforma sobre las retenciones agropecuarias. Su decisión era elevarlas conforme al nivel de producción de cada productor.

La Sociedad Rural de San Pedro, en su momento encumbrada como el principal piquete del país, situado en la Ruta 9, sobre el acceso a Río Tala, recordó aquel momento:

“En este nuevo aniversario reafirmamos nuestro compromiso con los productores y la defensa de sus derechos. Estuvimos en la primera línea desde el primer día, enfrentando medidas que amenazaban la producción y el desarrollo del sector agropecuario”, comenzó indicando.

“Lo hicimos con convicción, con esfuerzo y con el acompañamiento de toda una comunidad que entendió que lo que estaba en juego era mucho más que una medida económica”, agregó la Rural, que a su vez recordó a aquellos dirigentes “que incluso fueron detenidos por defender al campo y a quienes ya no están, pero dejaron su legado de lucha y compromiso”.

Para la entidad, “su valentía nos impulsa a seguir atentos en este momento trascendental, en el que no podemos permitir que se repitan los errores del pasado. Las lecciones que dejó aquel conflicto nos enseñaron que el país necesita políticas que promuevan la producción, el trabajo y la inversión, en lugar de medidas que asfixien a quienes todos los días apuestan a la tierra con esfuerzo y dedicación”.

Finalmente, la dirigencia sampedrina ratificó mantenerse “firmes en la defensa del campo, del interior productivo y del futuro de nuestro país”.

Aún existen quienes discuten si es legal la retención de vehículos en caso de cometer una infracción de tránsito.

En ocasiones, algunos que incumplen con los requisitos para circular aceptan una multa, pero no el secuestro del rodado y lo plantean ante el Juzgado de Faltas. Incluso, acceden a un abogado para anteponer un recurso.

Sin embargo, hay obviedades. Si el Municipio incumpliera con la normativa existente, se supone que se arriesgaría a una demanda colectiva y no tendría lógica alquilar espacios para la guarda de motos y automóviles.

Las leyes que respaldan el accionar son nacionales y provinciales. La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 alude al tema en el artículo 72 del Capítulo II. Allí se especifica que la “retención preventiva” por parte de la autoridad de aplicación (en este caso la Municipalidad o la Provincia) se debe dar en casos que alteren el estado de los conductores o el rodado. Y detrás de esta, la provincia de Buenos Aires opera con la Ley 13.927 y el Decreto reglamentario 532.

En síntesis, sobran motivos que permiten la “retención preventiva” de los rodados, sea por el accionar de los conductores o los vehículos.

Si fuese por los conductores, la retención sería por:

*Ser sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales o en su defecto ante la presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados:

*Se fuguen habiendo participado en un accidente o habiendo cometido otras infracciones como conducir en estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes, conducir un automotor sin habilitación, hacerlo estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, competencias en la vía pública autorizadas, cruzar semáforos en luz roja, cruzar las vías del tren sin tener el paso habilitado.

*Circulen con licencias vencidas, tener datos no denunciados oportunamente o hayan sido adulteradas.

*Disminuyan sus condiciones psicofísicas, excepto los discapacitados debidamente habilitados.

*El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

También porque el vehículo:

*No cumple con las exigencias de seguridad reglamentaria.

*Transporta un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el vehículo.

*Es riesgoso en la vía pública o se encuentra abandonado.

*Está mal estacionado obstruyendo la circulación o la visibilidad, ocupando lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; por estar abandonado en la vía pública y los que por haber sufrido deterioros que no puedan circular.

Respecto a los destinados al transporte:

*Si circula excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de carga en general o de sustancias peligrosas.

*Cuando preste un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos o en excesos de los mismos.

*Transporte valores bancarios o postales sin habilitación.

*Lo haga sin la documentación de los vehículos particulares, de transporte de pasajeros público o privado, o de carga.

Todo esto es motivo para que el vehículo pueda ser retenido.

En San Pedro, en lo que va del año las infracciones de tránsito superaron los 1.200 secuestros que, en algunos casos, como la alcoholemia, también llevan a la “retención de la licencia de conducir”.

Pasaron 16 años desde que la famosa Resolución 125 dictada a pocos meses del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, segundo del Kirchnerismo como fuerza política, para imponer retenciones móviles a la exportación de oleaginosas provocó más de 120 días de protesta en todo el país por parte de productores rurales.

Más de una década y media después, los dirigentes políticos, de las organizaciones ruralistas y productores que fueron acusados de "entorpecimiento de servicios públicos" por un piquete en la ruta 9 a la altura de San Pedro en pleno "conflicto con el campo" quedaron eximidos del accionar de la Justicia.

La Cámara Federal de Rosario que intervino tras el procesamiento dispuesto en 2019, tres años después del sobreseimiento que había dictado el juez Carlos Villafuerte Ruzo, declaró extinta la acción penal tras considerar que el paso del tiempo afectó la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

Fueron sobreseídos todos los acusados de un delito que preveía dos años de prisión como máximo. 

La expresidenta del Concejo Deliberante, Norma Atrip; el exintendente Mario Barbieri; el exsecretario de Gobierno, Juan Almada; el exsecretario de Coordinación, Facundo Vellón; el exdirigente de Federación Agraria, Silvio Corti; el expresidente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, entre los sampedrinos.

También los dirigentes de la Mesa de Enlace Hugo Biolcatti, Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Fernando Gioino y Mario Llambías; los referentes ruralistas  de la región René Ducret y Jorge Bozicovich; la exdiputada Margarita Stolbizer; y los dirigentes María del Carmen Alarcón, Horacio Ostán y Osvaldo Simiele.

Desde la Sociedad Rural celebraron el fallo y destacaron: "Volvemos a recordar con orgullo aquella reacción y reiteramos el compromiso de defender a los productores de todo el país que siguen siendo el motor de la producción y el desarrollo de nuestro país".

Sin ponderar cuestiones relativas al hecho en sí, la Cámara consideró que "hay afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable" y decidió no seguir adelante con la causa, de acuerdo a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citada en el fallo.

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que "para salvaguardar el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye el instrumento jurídico adecuado".

La doctrina, para este y todos los casos penales es clara: la administración de justicia no puede demorarse ad infinitum y la prescripción "debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo", tal como ocurrió en este caso.

Desde el 19 de marzo de 2008, cuando entre las 11.00 y las 15.00, se produjo un masivo acto en la ruta 9 a la altura de San Pedro con dirigentes ruralistas y productores de todo el país que se sumaron a la protesta, que contó con un escenario montado en el cantero central de la autopista, en el ámbito judicial pasó de todo, hasta este sobreseimiento.

El entonces fiscal federal Juan Patricio Murray ordenó liberar la ruta, que estuvo cortada, con largas filas de vehículos, y en ese marco hubo detenciones, empujones con escudos y una represión de las fuerzas de seguridad, con Gendarmería y Prefectura a la cabeza, que no fue muy distinta a las que hubo en otros momentos —y sigue habiendo— ante protestas contra un Gobierno.

En junio, los acusados fueron indagados. A fin de año, Villafuerte Ruzo declaró la falta de mérito. Murray apeló y le dieron la razón. La Cámara le devolvió el expediente al Juzgado para que resuelva, y en 2016 el juez federal de San Nicolás sobreseyó a los imputados. Sin embargo, una nueva apelación derivó en el procesamiento que ahora, 16 años después del hecho en cuestión, terminó con la extinción de la acción penal.

Entre 2020 y este fallo, la mayoría de los acusados hicieron su descargo. Incluso hubo un recurso extraordinario presentado en la Corte Suprema de la Nación, que fue rechazado.

Norma Atrip, por ejemplo, dijo que ella nunca incurrió en los delitos que se le imputaron y que jamás tuvo voluntad de impedir el normal funcionamiento del transporte en la ruta.

Los representantes de Biolcatti, Miguens y Simiele sostuvieron que sólo ejercieron el derecho constitucional a la libre expresión y que el supuesto entorpecimiento "se produjo como consecuencia de rodados y gente que pasaba por el lugar sin ser identificados".

La defensa de Victores, Bozicovich y Ducret manifestó en el expediente que "el acontecer histórico que rodeó" a la Resolución 125 debe "aportar razonabilidad a la hora de pretender criminalizar la conducta imputada" y que "el derecho a manifestarse se encuentra expresamente previsto en la Constitución nacional y en los tratados internacionales".

Buzzi dijo algo similar: "Hubo un proceso social histórico de resistencia ante el pretendido avance del Gobierno de turno sobre las rentas agrarias" y que "en ese contexto la ciudadanía los convocó a una manifestación popular, pública, pacífica y preanunciada a la vera de la autopista".

Este domingo, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir de ahora se aplicará un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja, tras un acuerdo con los complejos agroexportadores que se comprometieron a liquidar granos y productos derivados por alrededor de US$ 5 mil millones.

Desde las organizaciones ruralistas de la región norte de la provincia de Buenos Aires, un sector duro con con el Gobierno nacional en el que está incluida la Sociedad Rural de San Pedro, inmediatamente expresaron su rechazo.

Lo hicieron a través de un comunicado titulado “Todos bajo una misma moneda”, firmado por Sociedad Rural San Pedro; sus pares de Baradero, Rojas, Pergamino y Colón; y las asociaciones de productores de Areco, Capitán Sarmiento y Salto.

“El campo debe rechazar un tipo de cambio diferenciado. Nada bueno sucederá de andar consiguiendo beneficios temporales de las migajas de un burócrata de turno”, dijeron en relación al anuncio de Massa.

“Tampoco sería feliz desear ser beneficiario de esta práctica. Sólo sirve pada dividir posturas entre actores productivos”, analizaron desde las organizaciones ruralistas que firman el comunicado.

Desde la Mesa de Enlace que nuclea a Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas reconocieron que la medida “genera tensión” en el sector ruralista.

“Esto no es parejo porque la gente que vendió la semana pasada o la que vendió allá por la cosecha en marzo o abril, no tiene este beneficio temporal de este mes”, dijo el presidente de SRA, Nicolás Pino.

Aunque reconoció que “este mes va a haber un percio más interesante para el productor”, señaló que “los dueños de lo producido son los productores y la decisión de vender va a correr por decisión propia y particular de cada productor”.

Desde Federación Agraria advirtieron que “no es una mala medida para quien tiene soja” pero “es una mala medida para quien no tiene la soja o tiene otro tipo de producción”.

Desde el Gobierno aseguraron que esta medida provisoria tiene como objetivo aumentar los ingresos de los productores para que estén en mejores condiciones de afrontaron la campaña de la cosecha gruesa.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert participó este miércoles de la asamblea de ruralistas en ruta 191 que reunió a productores agropecuarios de toda la región en el marco del paro nacional del campo dispuesto para la jornada por parte de la Mesa de Enlace.

Espert es productor rural en Pergamino y su participación, además de su rol como legislador, también tuvo el carácter de integrante del sector que impulsa una serie de reclamos al Gobierno nacional.

En ese marco, el diputado expuso algunas consideraciones que forman parte de su programa legislativo y que estuvieron presentes durante su campaña el año pasado, relacionadas con la eliminación de impuestos y tasas municipales y con las retenciones.

“La Constitución Nacional dispone que la primera atribución del Congreso es que fije derechos de exportación e importación, hoy los fija un secretariucho de Comercio, en el mejor de los casos el Ministerio de Agricultura, sin participación del Congreso, son totalmente inconstitucionales”, dijo respecto de las retenciones a la exportación de granos.

“Creo que en la proclama hay que insistir con que sea el Congreso el que fije los derechos de exportación e importación”, seáló y agregó: “Después qué nivel, es otra cosa. Yo creo que tienen que ser cero, que no tiene sentido poner un impuesto a vender productos afuera, es una cosa ridícula”.

Además, repasó sus propuestas sobre las tasas municipales, que incluyen la “eliminación de la tasa de Red Vial” para que “la Provincia, que cobra el inmobiliario rural, coparticipe con los municipios y que esa coparticipación, con asignación específica, los municipios lo utilicen para mantener los caminos rurales, que son un desastre absoluto”.

También planteó la “eliminación del impuesto rural, el complementario” y que se dejen de cobrar las guias de ganado, porque “es un impuesto del siglo pasado, cuando había que transportar ganado por entre los campos, hoy tenemos los caminos”, indicó.

“En términos de coparticipación de impuestos, debería ser eliminado el ABL en los municipios”, planteó. En ese sentido, dijo que “la Provincia, que cobra el inmobiliario” debería coparticipar con los municipios para que “con eso se barran, alumbren y limpien”.

El diputado nacional José Luis Espert estuvo en la asamblea acompañado por los referentes locales de Avanza Libertad, con Martín Rivas a la cabeza, quienes el fin de semana pasado mantuvieron una reunión con él y su equipo de trabajo en el marco de lo que denominaron una instancia de preparación “para gobernar”.

Productores rurales de todo el país marcharon este sábado hacia Plaza de Mayo, en Capital Federal y frente a Casa Rosada, para protestar contra el Gobierno nacional y las políticas del presidente Alberto Fernández para el sector, en lo que se denominó un “tractorazo del campo” a Buenos Aires.

Los productores llegaban desde distintos puntos del interior del país, incluido San Pedro, desde donde partieron varias delegaciones, para concentrar en el cruce de las rutas 8 y 9 con la 193, donde ambas autopistas nacionales confluyen en la Panamericana, para desde allí ingresar a la capital.

Respaldados por la oposición al Gobierno nacional y cuestionados por funcionarios del gabinete, los productores representan al movimiento de autoconvocados y a organizaciones de base sin la adhesión formal de la Mesa de Enlace en la que confluyen las cuatro grandes organizaciones representantivas nacionales del sector.

“Esta es una marcha que no fue convocada por la Mesa de Enlace, como han sido otras. Creo que después de la 125 el sector entró en un período en el que no hay una dirigencia que esté a la altura de encabezar los reclamos”, analizó este sábado en Sin Galera el productor e integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, Lisandro Gordó.

“Eso posibilitó un movimiento de autoconvocados que no responden a ninguna de las cuatro gremiales, que son los que organizaron la marcha de julio del año pasado en San Nicolás, que para mí fue la más grande desde Rosario 2008, y tampoco estuvo conducida por la Mesa de Enlace. Hay toda una ebullición, ir a Buenos Aires fue una jugada que se charló bastante, la Mesa de Enlace no supo o no quiso conducir”, precisó el sampedrino.

Los productores de San Pedro habían decidido marchar en caravana, con el cruce de las rutas 9 y 191 como punto de encuentro este sábado por la mañana, pero para “evitar demoras” prefirieron no concentrar y viajar hacia la zona de concentración general por separado.

El referente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, explicó que muchos partieron el viernes por la tarde, otros por la noche, y que el sábado por la mañana salieron en tandas para no conformar caravana ante lo que ocurría en diversos puntos donde había controles de tránsito, lo que implicaría que quizás llegaran tarde a la concentración en Capital Federal, prevista para pasado el mediodía.

Lisandro Gordó señaló que “los reclamos son los mismos de siempre: una presión tributaria tremenda, la brecha cambiaria, retenciones, cierre de exportaciones, el tema del combustible, y todo lo que tiene que ver con que no dejamos de ser actores de esta sociedad, con todo esto que pasó en el Senado, son muchas cosas que confluyen. Hay problemas de siempre y otros que son nuevos”.

El productor analizó que mientras “el mundo va camino a una campaña récord de trigo” a raíz de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, “la Argentina tiene altas chances de que baje un 10 por ciento”, una situción que, advirtió, “”ya lo hemos vivido”, por lo que “empieza a sumar mal humor y termina en lo que es hoy, que luego provoca que la gente de la ciudad se empiece a sumar”.

Antes de la concentración, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un hombre del interior bonaerense históricamente vinculado con el sector agropecuario y agroindustrial al punto de que dentro del propio Gobierno hay quienes lo tildan despectivamente de “procampo”, dijo que “si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar”.

“Es importante que se sepa que tenemos una relación con las entidades del sector de trabajo permanente, donde estamos trabajando con una agenda de diferentes temas”, señaló el funcionario del gabinete de Alberto Fernández desde Israel antes de la masiva movilización a Casa Rosada.

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Domínguez advirtió que el proyecto que gravará la llamda “renta inesperada” no afectaría a los productores argentinos porque “vendieron su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un costo del 60 por ciento de los feritilzantes, que han tenido un incremento absolutamente inesperado”.

Al contrario de la portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, quien consideró que la protesta tiene “motivaciones políticas”, Domínguez dijo que no le corresponde analizar esa cuestión sino “trabajar para resolver” si hay “algún problema” o demanda específica del sector. “Si hay algún reclamo que valga la pena y una necesidad urgente, la resolveremos”, apuntó.

Desde San Pedro, el productor e integrante de la Sociedad Rural Lisandro Gordó señaló que el tema de la denominada renta inesperada forma parte de un proceso que descrbió como “gota tras gota que se va sumando”, lo que provocó “todo un movimiento muy del interior, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, el interior de la provincia de Buenos Aires, que no se ven representados por las gremiales”.

“La Mesa de Enlace no ha querido conducir esto y pareciera que es como el dicho, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”, advirtió Gordó y aseguró que lo que ocurres este sábado “también al sector tranqueras adentro, sobre qué va a hacer este movimiento de autoconvocados que no responde a la Mesa de Enlace”.

“Creo que es un llamado de atención a las cuatro gremiales que condujeron el sector en 2008, que hoy no están viendo el mismo partido y creo que es un replanteo puertas adentro”, analizó joven dirigente ruralista sampedrino.

Sin adhesión formal de la Mesa de Enlace y con los autoconvocados como punta de lanza, productores rurales de todo el país marcharán a Capital Federal en un “tractorazo” que arribará pasado el mediodía a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde habrá un acto de protesta por las medidas del Gobierno nacional que consideran afecta al sector.

Productores sampedrinos participarán de la manifestación, convocada a nivel local por la Sociedad Rural de San Pedro, activa en los reclamos que los ruralistas mantienen contra el Gobierno, sobre todo tras el anuncio del denominado “impuesto a la renta inesperada”.

El plan era concentrar a las 9.00 en la zona del Automvil Club Argentino, ubicado en 1001 y ruta 9, a la altura del puente de acceso por Río Tala, aunque evaluaban cambiar de lugar “por las trabas que hay desde ayer en la autopista”, que “generan demoras” y, entienden los ruralistas, pueden ser parte de un intento de “obstaculizar el tránsito” a quienes participan de la protesta.

“Muchos productores de San Pedro ya salieron y otros saldrán por la tarde y la madrugada de mañana”, informaron a La Opinión desde la Sociedad Rural local este viernes, ante la consulta sobre cómo será la modalidad de participación.

La protestar ruralista ya generó conflicto político cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández dijo que “ni lo sueñen” en alusión al ingreso de tractores a Buenos Aires, aunque luego aclaró que como la movilización fue autorizada por el Gobierno porteño, las fuerzas federales se limitarán a proteger el patrimonio que depende de ellos.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que la movilización “tiene una intencionalidad política” porque “acá no hubo suba de retenciones a los productores”, por lo que consideró que “están marchando por las dudas, contra un proyecto que no conocen o que imaginan”.

Referentes de la oposición al Gobierno nacional respaldaron la movilización de los productores rurales, que tendrá como puntos de encuentro el cruce de Solís, en rutas 8 y 193, y la planta logística Furlón en el cruce de ruta 9 y 193, tras lo que continuarán por Panamericana, General Paz, Udaondo y Libertador hasta Plaza de Mayo.

En San Pedro, el bloque Juntos Pro, que integran los concejales Gerardo Pelletier y Vanina Cappelletti, expresaron su “total apoyo a la marcha” que consderaron “en repudio a las medidas arbitrarias e inconsultas tomadas por el Gobierno nacional”.

“Desde nuestro espacio sabemos que el campo es el motor de la economía nacional, no sólo por su producción sino también lo que significa la generación de empleos genuinos por parte de la agroindustria”, agregaron en el comunicado de respaldo.

“Por un Argentina en la que el recurso generado por nuestros pueblos quede en ellos, nos están dejando sin nada, seguir así nos llevará a más precariedad”, es uno de los lemas con los que fue convocada la movilización.

En medio de las críticas y las claras diferencias que mantienen el Gobierno nacional y el campo, que se trasladan también al ámbito local, un reclamo por el estado de los caminos rurales sirvió para que aparecieran las quejas y una marcada posición ante la gestión municipal.

El miércoles, dirigentes de la Sociedad Rural San Pedro se reunieron con el secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, para dialogar sobre el estado de los caminos rurales, que según la entidad “están destruidos”.

Sobre el encuentro habló Raúl Victores, quien señaló a “alguien de más arriba” que toma decisiones por encima de quien debería hacerlo y perjudica al sector.

“Subestiman mucho al sector productivo”, dijo Victores en el aire de E Reporte de la Tarde y agregó: “Eso es lo que se pude ver por la falta de atención y la falta de importancia que les dan a los caminos rurales”.

“Hemos tenido un trabajo semana a semana con Ariel Álvarez, pero hay veces que Ariel queda cortado porque hacia arriba no hay resultados, las máquinas están rotas y se destinan los fonos para otra cosa”, afirmó el dirigente rural.

“Estamos preocupados porque está para salir la cosecha y no hay caminos, hoy hay sendas”, advirtió y agregó: “En la reunión le pedimos al secretario que contraten máquinas y se comprometió a solucionar el problema cuanto antes”.

“El campo en el partido de San Pedro produce un valor similar a dos presupuestos municipales y eso no les preocupa mucho, vemos la predisposición de sólo algunos funcionarios, pero para arriba no pasa nada”, aseguró Victores.

“Los camino están destruidos, sumado al clima, los caminos se usan, no se los han mantenido y se dañaron, se han priorizados otras cosas, hace rato que los caminos rurales esta olvidados en las distintas administraciones municipales, pero la red vial la cobran y es una de las tasas con mayor recaudación, estamos preocupados y molestos”, señaló.

“Esto no lo podemos permitir”, aseguró y sostuvo que “Ariel Álvarez queda bloqueado, hay otra voces que le ganan la partida y por más esfuerzo que ponga no puede, y si las autoridades no se ponen los pantalones, esto va a salir mal”.

“Creo que ha llegado el momento de asumir las responsabilidades”, finalizo el referente de la Sociedad Rural en El Reporte de la Tarde tras la reunión.

“El sector rural debe unirse para lograr estos objetivos dejando personalismos y divisiones”, advirtieron las organizaciones ruralistas que el viernes pasado se reunieron en San Pedro a la espera de las novedades relacionadas con el incremento de retenciones a las exportaciones que finalmente el Gobierno nacional anunció para la harina y el aceite de soja.

Mientras en Entre Ríos las organizaciones planificaron una movilización para este lunes bajo la consigna “por Argentina y el campo, decimos basta”, en la región los productores le piden a la Mesa de Enlace nacional “acciones directas e inmediatas a consensuar” para protestar porque, consideraron “se terminaron los tiempos de diálogos infructuosos con el Gobierno”.

Del encuentro en San Pedro surgió un planteo que propone “una movilización a un centro urbano” como Capital Federal, Rosario o Córdoba, “cese de comercialización por tiempo indeterminado” y “acciones en los puertos para impedir embarques de granos, etc.”.

Las organizaciones de la región establecieron como prioridad “trabajar intensamente para sacar de la indiferencia a los productores rurales que se conforman simplemente con las migajas que ofrece el Gobierno, que atenta directamente a las inversiones para la campaña 2022/23”.

Asumidos como “el responsable de las divisas con las que el Gobierno mantiene esta fiesta descontrolada de déficit permanente gastando más de los recaudado produciendo una inflación que conlleva a la pobreza de los más necesitados”, pronunciaron su desctontento con el presidente de Carbap, que pidió “esperar el momento justo” para actuar.

Consideraron que “el ‘desacople’ de precios para el consumo interno de la población lo debe realizar el Gobierno con la baja de impuestos que gravan los alimentos (IVA, Ganancias, Ingreso Brutos, impuesto al cheque / transferencias bancarias, etc.”.

El encuentro del viernes contó con la participación de organizaciones rurales de San Pedro, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Vedia, Colón, Salto, Pergamino, Arrecifes y autoconvocados de diversos puntos del país.

Durante la asamblea tomaron la palabra los referentes ruralistas Alberto del Solar, de Rojas; Rodrigo Esponda, de Junín; Montoya, de La Pampa; Patricia Vázquez (movimiento independiente) los autoconvocados Daniel Arabetta Daniel y Ariel Bianchi; Alberto Pafundi de autoconvoados de Totoras, Santa Fe; Martín Sturla y Varese, de Capitán Sarmiento; el presidente de Carbap, Horacio Salaverri; Hugo Biga, de Marcos Juárez; y el diputado nacional por Capital Federal javier Milei, entre otros.

Productores rurales de toda la región participaban este jueves de una asamblea convocada por la Sociedad Rural en alerta ante la posibilidad de que el Gobierno nacional anuncie aumento en las retenciones a la exportación de granos.

Uno de los dirigentes políticos de la oposición que estuvo presente fue el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, quien ofició un discurso ante los presentes, relacionado con la situación en debate.

“En Expoagro adelanté que iban a ir sobre el campo y le iban a cobrar retenciones” dijo Milei y les señaló a los productores: “Se están bancando una presión fiscal del 60 por ciento, quiere decir que el Estado se lleva la mayoría”.

“No es cierto que el ajuste lo tenga que pagar el sector privado, el laburante, la gente de bien. La deuda hay que pagarla, al Fondo hay que pagarle, pero el ajuste no tiene que caer sobre los honestos, sobre los que generan riqueza, tiene que caer sobre la casta política, los parásitos, los inútiles de los políticos”, sostuvo Milei.

El diputado nacional aseguró que el Gobierno “se está aprovechando de una situación, con distintas mentiras, diciendo que les van a cobrar retenciones porque subieron los precios en el mundo” y advirtió: “Quieren hasta restringir las exportaciones de carne, ponerle impuestos a la harina de soja, al aceite de soja”.

Productores rurales de todo el país están de asamblea en distintos puntos del territorio nacional a la espera del anuncio de medidas por parte del Gobierno nacional que podrían incluir aumento en las retenciones a la exportación de granos.

Bajo la consigna “Libres, no mendigos”, la Sociedad Rural reunió a referentes de toda la región norte de la provincia de Bueno Aires y a productores de otras organizaciones y autoconvocados para analizar la coyuntura.

“Es para estar en contacto, todos juntos, esperar las medidas que va a largar el Gobierno hoy a la tarde. Vamos a ver qué es lo que va a pasar y de ahí saldrá la decisión que haya que tomar”, dijo en Radio Cuarentena el productor Fabio Morreres.

“Ahora viene la siembra de trigo, primeros días de mayo. Todos los años nos sentamos a ver los costos de producción, a ver si conviene o no sembrar. El año pasado estaba a 180 dólares a diciembre, teníamos un costo de 35 quintales de trigo y de ahí en más ganábamos plata, hoy está a 300 dólares y el costo de producción son 42 quintales”, señaló.

Durante la asamblea hubo debate respecto de las medidas a tomar en el caso de que se anuncien incrementos en las retenciones. Se planteó la posibilidad de un paro de comercialización por tiempo indeterminado y hasta salieron al cruce de dirigentes que responden a la Mesa de Enlace que intentaron apaciguar los ánimos.

En ese marco, hubo quienes plantearon que quizás no estén dadas las condiciones para cortar rutas y que la estrategia debería estar centrada en “hacer sentir” en Buenos Aires, donde se toman las decisiones.

En la asamblea había presencia de dirigentes políticos de la oposición, entre ellos el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, quien ofició un discurso en el que señaló que había advertido que el Gobierno “iba a ir sobre el campo”, y esperaban, entre otros, a la presidenta de PRO, Patricia Bullrich.