La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui dictó dos medida cautelares que establecen prohibición de acercamiento entre los concejales Tamara Vlaeminck y Mauro de Rosa.

Una surgió a pedido del abogado Maurio Gugger, defensor particular del edil acusado de delitos de índole sexual que esta semana retomó sus tareas tras levantar la licencia que había solicitado tras pedir "disculpas" por el escándalo protagonizado en el club Paraná y asegurar que estaba "avergonzado".

De Rosa denunció amenazas por parte de Vlaeminck tras un episodio que se registró en la zona del bloque Acuerdo Vecinal, en el marco de la tensa situación que implicó en el concejo el regreso a sus tarea del edil denunciado, reincorporación que valió críticas de la mayoría del arco político local.

Vlaeminck, por su parte, había solicitado lo mismo desde el día de la denuncia en sede penal y volvió a hacerlo tras hostigamiento en redes sociales luego de la reincorporación del edil a su banca.

Maiztegui firmó la medida pedida por Viviani como fiscal de la causa que denunció Vlaeminck a las 11.35 de la mañana. Luego, a las 12.52, firmó la otra, relacionada con la presentación de De Rosa.

Ambas medidas establecen lo mismo: una prohibición de acercamiento respecto del los domicilios de ambos, "los lugares de estudio y de esparcimiento", con un perímetro de 200 metros. 

Además, indica que no pueden  mantener ningún tipo de contacto ni "realizar actos de perturbación en el espacio institucional compartido" por 60 días.

El presidente del Concejo Deliberante deberá establecer de qué manera se garantiza el trabajo de los concejales mientras esté vigente la cautelar, sobre todo frente a lo que se viene en materia de funcionamiento del cuerpo, que la semana que viene sesionará.

En el Concejo, además, trabajan para la conformación de una comisión investigadora que evaluará las conductas públicas del concejal Mauro de Rosa, independientemente de la causa judicial, lo que podría derivar primero en su suspensión preventiva y luego en su destitución, de acuerdo a la distribución actual de votos en el HCD.

Un hombre de 67 años fue aprehendido este viernes luego de transgredir una medida cautelar vigente en favor de su expareja.

La policía fue alertada sobre la presencia de un hombre que se hallaba en cercanías de una mujer, existiendo una medida judicial que le impide acercarse a ella. 

El procedimiento se originó a partir de un llamado al servicio de emergencias 911, que alertó sobre la presencia del sujeto en inmediaciones de la víctima.

El hecho se registró en calle Mitre al 800, donde personal policial acudió tras la comunicación y constató la presencia del masculino, quien se encontraba incumpliendo la restricción de acercamiento dispuesta por la justicia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial a los fines de cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

Tomó intervención la fiscalía local de turno, que dispuso las actuaciones de rigor en el marco de la causa por desobediencia judicial.

La novela del Concejo Deliberante que involucra, una vez más, a Martín Rivas y a Ariel Rey continúa en el ámbito administrativo y judicial.

A la nota en la que comunicó al presidente del Concejo que los asesores de Rey Enzo Gravino y Andrés Ferrari lo agredieron verbalmente y lo empujaron, Rivas sumó otra nota en la que pide una reunión de Labor Legislativa para fijar "reglas claras sobre el ingreso y permanencia de personas".

En el Concejo, además de las notas de Rivas, entró una de Andrés Ferrari en la que lo acusa de haberle pegado un codazo en la mandíbula y a la que agregó una copia de la denuncia penal que radicó en la Comisaría tras pasar por una revisión médica en el Hospital.

Este miércoles, Rivas fue a la Justicia para denunciar que Gravino y Ferrari lo "hostigan" desde el acto de jura de los nuevos concejales y que el martes le dijeron "traidor, garca" y "sacaste el 4 % de los votos".

Además, dejó asentado que "el policía bonaerense y militante de Ariel Rey Jonatan de la Fuente" entró y salió del bloque que Rivas comparte con Mauro de Rosa y Fernando Negrete y que le dijo: "Te vamos a hacer cagar".

Señaló además que con De la Fuente ya tiene un conflicto previo, que motivo una denuncia por amenazas, radicada en 2023, año en el que Rey y Rivas compartieron lista pero se enemistaron en plena campaña.

Rivas pidió medidas de restricción perimetral para con Gravino, Ferrari y De la Fuente, porque todo indica que teme por su integridad física, lo que implicaría que los asesores de Rey no puedan ejercer esa tarea dentro del espacio del Concejo Deliberante.

En el HCD hay un antecedente de solicitudes de medidas de restricción perimetral y también lo involucra a Rivas, pero como denunciado. Fue la exconcejala Rita Leguizamón quien la solicitó, aunque sólo consiguió una orden de “cese de hostigamiento”.

En la jornada del domingo, un hombre, de 40 años, fue aprehendido en la intersección de 25 de Mayo y Güemes, tras incumplir una restricción perimetral.

El aprehendido tenía vigente una medida cautelar que le impedía acercarse al domicilio de su expareja.

Personal policial llegó tras ser alertado y encontró al hombre en la vivienda de la mujer, de 37 años.

La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Por la causa interviene Fiscalía local.  

El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, podrá concurrir al mismo lugar de trabajo que la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral. Así lo dispuso el juez de Paz, José Ignacio Macchia.

El magistrado accedió a una solicitud que elevó el Gobierno a través del área de Legal y Técnica en la que sostuvo que la exclusión perimetral que disponía un límite de al menos 30 metros de distancia entre las partes comportaba problemas operativos.

Como la medida original implicaba disponer horarios laborales distintos para evitar que se crucen, el Gobierno consideró que esa resolución genera impacto negativo en la prestación de servicios a la que el Municipio está obligado.

La Municipalidad señaló que la medida, tal como estaba, implicaba una "fragmentación en la cadena de mando" y una "sobrecarga del personal" que derivaba en dificultades para el desarrollo de la tarea cotidiana.

El compromiso del Gobierno es que Álvarez y la denunciante trabajen en sectores separados, con rutas de circulación y lugares de uso común diferenciados,.

Además. ofreció monitoreo permanente de la Subsecretaría de Género con personal especializado, que tendrá la responsabilidad de documentar el cumplimiento de las medidas.

El Juzgado de Paz dictó una orden de exclusión perimetral para el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral tras una discusión que tuvo lugar en el ámbito de trabajo.

El magistrado José Macchia había ordenado, en primera instancia, una medida de "cese de hostigamiento", pero la representación legal de la denunciante solicitó la restricción de acercamiento, que también fue otorgada.

Eduardo Álvarez tiene prohibido acercarse a menos de 30 metros de la empleada que lo denunció mientras se encuentren en el espacio de trabajo y a 300 metros de su domicilio.

Álvarez y la empleada trabajan en el edificio donde funciona el Centro de Monitoreo, ubicado en Mitre al 1900, un lugar donde no hay posibilidades reales de distancia mayor a 30 metros, por lo que la situación es complicada.

Este martes, con la medida ya vigente, ambos fueron a la Secretaría de Seguridad a trabajar. La Municipalidad fue notificada el lunes al mediodía para que arbitre las medidas necesarias para su cumplimiento.

Así, la medida de exclusión perimetral entró en vigencia y es por dos meses. En la notificación, el juez le exige a la Municipalidad que disponga horarios de trabajo diferenciados de manera tal que no tengan que cruzarse.

La Opinión pudo saber que la notificación fue remitida al área de Personal para que disponga la posibilidad de reubicación de la empleada, puesto que Eduardo Álvarez es el secretario a cargo y la medida de exclusión perimetral le impediría conducir de manera presencial el grupo de trabajo.

Si el Gobierno decide el traslado de área de la empleada, todo indica que habrá reclamos por parte de su abogado y de los municipales, puesto que entenderán la decisión como una represalia por haber denunciado el maltrato al que dice haber sido sometida.

Tras la denuncia que una empleada de la Secretaría de Seguridad radicó en la Comisaría de la Mujer contra el titular del área, Eduardo Álvarez, el Juzgado de Paz tomó medidas para proteger la integridad física y emocional de la víctima.

El juez de Paz, José Macchia, ordenó el "cese de actos de perturbación y hostigamiento" a Álvarez, de manera tal que la empleada pueda "desarrollar su labor de forma correcta y libre de toda intimidación".

La denuncia implica actos  que son pasibles de ser considerados violencia contra la mujer, por lo que hay "riesgo" de "repetición de los hechos" y necesidad de "preservar" la "integridad psicofísica" de la denunciante.

La orden obliga al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez a que "se abstenga y/o cese con los actos de perturbación o intimidatorios y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psciológica/emocional" contra la empleada que lo denunció.

De la misma manera, el funcionario tiene prohibido comunicaciones con ella a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, contacto por redes sociales o de mensajería instantánea, etc. "que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos que generen violencia psicológica".

La medida impuesta no implica exclusión perimetral, por lo que podrán compartir el espacio de trabajo, aunque cualquier situación podría desencadenar otro tipo de resoluciones para con Álvarez.

La vigencia de la orden de cese de actos de perturbación y hostigamiento es por tres meses y podría se prorrogable a pedido de parte. Por lo pronto, rige al menos hasta el 29 de enero del año que viene.

La policía aprehendió este miércoles por la tarde a un hombre de 24 años que merodeaba la zona del domicilio de su expareja, ubicado en calle Liniers al 1700. 

El sujeto había desobedecido la orden judicial de restricción perimetral que le impide acercarse a la casa de su ex, una mujer de 29 años. 

Tras el llamado a la policía, la mujer recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras el hombre quedó alojado en Comisaría a disposición de la Justicia.

Una mujer de 29 años radicó una denuncia penal contra su pareja y padre de sus tres hijos, a quien acusó de violencia de género y abuso sexual.

El hecho fue denunciado el 12 de marzo pasado, cuando la joven se presentó en la Comisaría de la Mujer para relatar lo sucedido y requerir asistencia, tras lo que fue alojada con sus hijos en el refugio municipal.

El imputado y la víctima tienen una relación de convivencia de alrededor de 10 años y hay antecedentes de agresiones: el año pasado, él fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de lesiones leves y amenazas, todo agravado por ser cometido en contexto de violencia de género.

Aunque la sentencia estableció la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y con los hijos, el condenado y la denunciante volvieron a convivir. Ahora, ella volvió a denunciarlo por actos violentos que incluyen el abuso sexual.

En la denuncia radicada el miércoles, la víctima relató que eran alrededor de las 16.00 cuando él llegó a la casa en la que convivían y le reprochó que no quería compartir tiempo en pareja. 

Se tornó agresivo y destrozó una silla contra la pared para luego amenazarla de muerte con un pedazo de madera, con el que le pegó y la lesionó en la zona de la cintura.

Luego la tomó del cuello y, tras proferirle una serie de amenazas, se fue de la casa. Ya de noche, mientras dormían juntos y con uno de los hijos en la cama, denunció la mujer, él la "forzó a tener relaciones sexuales".

La joven solicitó una medida de restricción perimetral y la exclusión del hogar para su pareja. El día de la denuncia estuvo algunas horas junto a sus hijos en la Comisaría de la Mujer y fue alojada en el refugio municipal para víctimas de violencia de género.

"La Fiscalía sólo ordenó la perimetral y exclusión de hogar, siendo que esta persona tiene condena por lesiones agravadas y amenazas", se quejó la denunciante. La condena fue por un hecho denunciado en 2021. En 2024, cuando salió la sentencia, ella volvió a denunciarlo.

Cuatro hechos en distintos lugares terminaron con personas aprehendidas y puestas a disposicón de la Unidad Fiscal N° 7.

En la localidad de Río Tala,  sobre calle Rivadavia al 300, un joven de 25 años violó la restricción perimetal que se había dictado a pedido de su progenitora de 42 años. 

El caso que comprende un hecho de violancia familiar que está en pleno proceso, terminó con el infractor en el calabozo a la espera de la audiencia en sede judicial.

En Gobernador Castro, en la intersección de las calles Liniers y San Luis, la policía apresó a un joven de 20 años que circulaba en una moto sin patente visible. Cuando divisó la presencia policial, esgrimió una cuchilla con la que amenazó a los agentes. 

El rodado, quedó secuestrado y a disposición del Juzgado de Faltas para evaluar su restitución mientras el agresor fue notificado de la causa que ahora se tramita en la Fiscalía de María del Valle Viviani.

En la misma localidad, cerca del atardecer, quedó demorada una mujer de 38 años a quien secuestraron una moto 110 CC que tenía pedido de secuestro activo desde el día de Navidad de 2023 cuando fue robada. La conductora fue notificada y su vehículo quedó en el depósito municipal para ser restituído a su dueño.

El cuarto traslado a sede policial fue el de un hombre de 29 años. Ocurrió durante la tarde del lunes cuando en un recorrido preventivo, los efectivos interceptaron en calle Sargento Selada al 2000 a quien portaba un arma blanca. Fue notificado de la causa y en su caso interviene el Juzgado de Paz.

Cerca del mediodía del sábado, la policía recibió un pedido de auxilio desde calle Saavedra y callejón Coronato. Allí los efectivos lograron aprehender a un hombre de 46 años que minutos antes había violado una restricción perimetral que le había impuesto el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás.

El sujeto había violentado una puerta y profirió amenazas a su ex pareja. La víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer para su asistencia y su agresor trasladado a la Comisaría para prestar declaración en Fiscalía.

El otro episodio se desató en inmediaciones del Hospital. Allí los efectivos se vieron obligados a reducir a un varón de 39 años que alteraba el orden público profiriendo amenazas de muerte al personal de salud del servicio 107. 

Habían pasado cuatro años de constantes abusos cuando la niña logró llegar a la justicia para denunciar los vejámenes de los que fue víctima por parte de la pareja de su madre. Desde 2015 sufría en silencio.

En octubre de 2019, rompió el silencio, llegó a sede judicial, fue sometida a pruebas, pericias, cámara Gesell y pese a que las evidencias fueron contundentes nunca pudo saber en que estado quedó la causa que tramitaba en la Fiscalía del Dr. Marcelo Manso quien ahora se desempeña como Juez en Avellaneda. La causa está caratulada como “Abuso Sexual Agravado” y pasó por varias instancias hasta que por algún motivo no volvió a activarse.

"Quiero que pague lo que tenga que pagar, lo que a mí me hizo y tampoco es suficiente", dijo la víctima.

AB, así la llamaremos, grabó en la mañana del 18 de enero a su abusador cuando la perseguía mientras tripulaba el changuito en el que trasladaba a su pequeño hijo. Angustiada una vez más por una situación que se repite muy a menudo cuando sale a la calle, llegó a la Comisaría de la Mujer para radicar una nueva denuncia y pedir una exclusión perimetral y protección. En febrero de 2021 se dictó una medida restrictiva para el sujeto que intimidaba tanto a su víctima como a su madre. Tenían entonces una abogada defensora oficial.

No es eso lo que pretende que se repita una mera “infracción” pero al menos, mientras en sede judicial no hay nadie que impulse su expediente, podrá estar más tranquila.

“Yo hice la denuncia el 10 de octubre de 2019, me llevaron a San Nicolás, me hicieron las pruebas psicológicas, las pruebas que me revisaron los médicos, todo y dio todo que era verdad. Después me hicieron un montón de análisis y todo, estuve en un refugio, él nos amenazaba y después cuando yo quedé embarazada de mi hijo tuvimos que ir de vuelta a declarar. Supuestamente están esperando que el juez agarre el caso”, dijo AB tras pedir que se de a conocer el video en el que pudo probar que el sujeto la acosa e intimida. 

“Yo le tengo que seguir viendo la cara, tengo que aguantar que me moleste, tengo que aguantar que me tire la moto encima con mi hijo, yo ya no puedo seguir más así, yo ya no lo quiero ver en la calle porque es una persona desagradable, porque es una persona que le hizo mal a mucha gente”, relató la víctima que le recuerda a las autoridades que ahora su victimario esta en pareja y que tiene una criatura y yo ya no quiero que siga", agregó respecto a que pueda haber otras víctimas. 

La última noticia que tuvo sobre su caso se produjo en 2021 cuando recibió una citación para presentarse en la Fiscalía. Desde entonces, lo único que sabe es que todos los días puede encontrarse con quien la ultrajó sin saber si habrá algún día una sentencia.