El hallazgo de restos humanos en una zona de basural de San Nicolás desató una investigación que conduce el fiscal Martín Mariezcurrena y que tiene como hipótesis principal la disposición final irregular de residuos patogénicos que vincula lo ocurrido con un sampedrino, José Luis Silva, a quien le amputaron las piernas en una clínica de esa ciudad.

Un perro halló los restos humanos, que resultaron ser dos piernas, junto a otros residuos patogénicos como “ampollas de remedios, jeringas, zondas, mangueritas y algunos papeles”, confirmó Mariezcurrena este sábado en Sin Galera.

De inmediato, el fiscal dispuso medidas para la investigación, que descartó en principio que se tratara de “un hecho de sangre” y se centró en la disposición inadecuada de residuos patogénicos, regulada por normativa vigente en el Ministerio de Salud.

La vinculación con el caso Silva fue inmediata. A José Luis lo operaron en la clínica San Nicolás, de la familia Fernández Viñas. Allí le amputaron ambas piernas luego de una peregrinación de la familia con PAMI para que les autorizaran una cirugía que, de otra manera, les costaría 200 mil pesos. Fueron 16 días de espera.

“A esta altura hay serias sospechas de esa vinculación”, dijo, con la prudencia del caso, el fiscal Mariezcurrena en Sin Galera, e informó que ya mantuvo contacto con una de las hijas de Silva para comunicarle lo ocurrido. “Vamos a tomar muestras de la familia para determinar la identidad de esos restos”, anticipó.

Resultó llamativa la presentación en la Comisaría primera de San Nicolás de un empleado de la clínica de los Fernández Viñas para “denunciar que habían sustraído de la clínica algunas cosas, entre las que se encontraban estos restos”, confirmó el fiscal. Eso ocurrió luego de conocido el macabro hallazgo.

José Luis Silva y su familia comenzaron a peregrinar con PAMI en diciembre, cuando su médico de cabecera se jubilaba y les dijeron que sólo hacía recetas pero ya no atendía. “No aguantaba el dolor y todavía caminaba”, relataron sus hijas. El 24 de enero tuvieron la primera consulta, sin turnos para especialistas. El viernes previo a canaval, lo internaron.

El sábado le dieron el alta. El jueves siguiente, 23 de febrero, le hicieron el estudio que le habían solicitado un mes antes. Sin lugar disponible para una derivación, tuvieron que esperar hasta el otro día para el traslado a la clínica San Nicolás, de la familia de médicos Fernández Viñas.

Allí les dijeron que si hubiese llegado antes, quizás le podían salvar las piernas. Pero había que amputar. El 6 de marzo, Liliana Silva dijo en Radio Cuarentena que en la clínica les explicaron que si PAMI no autorizaba, deberían pagar 200 mil pesos para la intervención quirúrgica.

El 13 de marzo lo operaron. Algunos días después, tras amputarle las piernas en la clínica San Nicolás, José Luis Silva fue internado en el Hospital de San Pedro. En ese marco, desde el sanatorio de los Fernández Viñas les dijeron que tenían que retirar por sus propios medios las piernas que le habían amputado al paciente, porque no contaban con servicio de disposición final de residuos patogénicos.

José Luis falleció el domingo pasado, a los 74 años. Lo cremaron porque no habían pasado los tres meses desde que contrataron los servicios sociales de Coopser. En medio del duelo de la familia, una pareja de policías llamó a Fiscalía en San Nicolás porque su perro apareció desde un basural con restos humanos. La sospecha es que son las piernas que le amputaron. Las mismas que la clínica San Nicolás, tras el hallazgo, denunció como “robadas”.

Tras varios días en Terapia Intensiva y una operación que le costó la amputación de sus dos piernas, José Luis Silva permanece internado San Pedro pero su cuadro no hubiera llegado a tal extremo si hubiera sido atendido y diagnosticado a tiempo. Desde que La Opinión conoció su historia y la familia recibió varias “sugerencias de silencio” porque los medios se hicieron eco de una situación que se repite a diario con pacientes de Pami, la calidad de vida del paciente se deterioró y la contención para él y su familia fue profundizando una tristeza que quita energías para ponerle voluntad a la recuperación.

Como último eslabón de esta historia, Liliana, su hija, recibió el pasado lunes el insólito pedido de retirar las extremidades amputadas a su padre en un centro asistencial de San Nicolás porque la clínica no cuenta con el servicio de deposición de residuos patogénicos.

“En diciembre comenzó la peor historia de la vida de papá“, contó su la hija de Silva quien padecía una trombosis aguda de la aorta. En diciembre se jubiló su médico de cabecera y tuvo que esperar mucho tiempo para que le asignaran uno nuevo en pleno verano. “Tuvimos que esperar a enero, hasta que PAMI central designara un nuevo profesional. Mientras tanto, no aguantaba más el dolor y todavía caminaba. El 24 de enero comenzamos con la primera consulta. Pedimos turnos a distintos especialistas y no hubo uno que lo atendiera en menos de 15/20 días, por falta de turnos o vacaciones”, relató por entonces la mujer que sentía la presión de la urgencia a la que Pami no le respondía.

Luego necesitó un Eco-Doppler pero los turnos eran para marzo. Finalmente el diagnóstico llegó con muy malas noticias y la necesidad de un traslado urgente que demandó hacer público el caso.

“Después de casi un día esperando para el traslado, mientras las horas pasaban y el dolor era insostenible, llegué con el a la clínica San Nicolás, donde el cuadro cada vez fue peor. “Si lo hubiese traído antes, le salvaban las piernas, incluso la vida”. Textuales palabras del médico de guardia y otros médicos. Nadie entendía por qué lo dejaron pasar tanto”, lamentó.

En la clínica de San Nicolás les explicaron que debían abonar 200 mil pesos para pagar el anestesista y materiales descartables, por lo que iniciaron una colecta. Las hijas de José Luis fueron a PAMI San Nicolás para consultar por el pago extra, puesto que les sorprendió que la obra social no cubriera la operación. En la dependencia del organismo nacional le informaron que “no deberían cobrarles nada” y les pidieron que hagan “una queja” formal. Lo operaron, pero nadie se privó de recriminarle que el caso haya llegado a los medios: “vos sos Silva”, les decían en cada ocasión que necesitaban asistencia.

De regreso en San Pedro, donde el Pami no tiene convenios de internación más que con el Hospital Público donde se atiende toda la población, Luis empezó su recuperación con un trance que cuesta mucho superar para alguien que “nunca había tenido nada”.

“Parece chiste, pero hace dos tardes atrás estaba en el hospital y recibo una llamada de la clínica de San Nicolás, atiendo y me dicen: “mire yo le tengo que contar que el doctor parece que se olvidó de informarle que ustedes tienen que venir a retirar los miembros que le amputaron a su papá” y tiene que venir a retirar las piernas. Además le informaron que el trámite se hace una casa de sepelio o que el familiar debe ir en persona para trasladarlos.

Según argumentaron, “aparentemente ellos no tienen los residuos patológicos para desechar esto”. Allí averiguó que el trámite costaba 20 mil pesos. “Una empleada de la clínica me dijo: Eso se crema y se pone en una urna, entonces cuando su papá termina de morirse usted junta todo en una urna. O se ponen las piernas en un ataúd chiquito y cuando su papá termina de morirse lo ponemos todo junto. Yo le dije: “¿Usted me está diciendo en serio?””, agregó, en una conversación que parece salida de una tragicomedia.

Hasta hoy, poco se sabía del drama que puede afrontar cualquier persona que sea sometida a una amputación. Las consultas de este medio lograron establecer que si no existen medidas judiciales que hagan necesaria la preservación de los miembros amputados, cada establecimiento sanitario debe encargarse de su eliminación. “Muchas veces el problema es con los neonatos”, advirtieron desde el Hospital porque “muchas veces los papás quieren sepultarlos y no los podemos entregar sin una orden judicial”.