La tasa por conservación de la red vial, que pagan los contribuyentes con propiedades en la zona rural por el mantenimento de los caminos, tuvo en 2025 una recaudación que apenas alcanzó para cubrir el 28 por ciento del costo que implicó la prestación del servicio.

Históricamente, red vial fue uno de los gravámenes con mayor cobrabilidad. En el último año, cayó al 66,5 por ciento, según se desprende de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 y del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía municipal. 

Entre 2019y 2023 se mantuvo entre el 88 y el 80 por ciento. La caída fue del orden del 32 por ciento en los últimos años. En febrero, La Opinión reveló que el Gobierno preparaba intimaciones para cobrar alrededor de 400 millones de pesos adeudados por propietarios de inmuebles rurales. 

La prestación del servicio de conservación de la red vial insumió, según informó el Gobierno, 164,8 millones de pesos, promedio mensual. La recaudación fue de 46,2 millones, promedio  mensual.

El resultado arroja un rojo de 118,5 millones promedio por mes, es decir un 72 % negativo.

El costo sobre la emisión también fue muy superior: de los 164,8 millones que insumió el servicio, el total emitido fue de 69,5 millones. Es decir que aún si todos pagaran habría un resultado negativo, ya que alcanzaría para cubrir el 42 por ciento.

En materia de costos, el Gobierno informó que el promedio mensual de 164,8 millones de pesos se distribuyó de la siguiente manera: 38 millones en personal; 109,8 millones en combustibles, reparaciones y materiales; 9,2 millones en servicios no personales; 3,5 millones en bienes de uso; 4 millones en gestión administrativa.

Los productores rurales, especialmente los nucleados en la Sociedad Rural de San Pedro, son muy críticos del Gobierno municipal en relación al mantenimiento de los caminos.

Derecho de Cementerio es uno de los tributos que peor registro de recaudación tuvo en 2025, según la Rendición de Cuentas que el Concejo aprobó a fines de mayo.

Del informe de costos elaborado por la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo se desprende que la recaudación alcanzó para cubrir poco más del 15 por ciento de lo que vale mantener el servicio.

El costo total fue de casi 209 millones. La recaudación, de apenas 32,6 millones. El déficit es del 84,39 por ciento,  176,3 millones de pesos que hay que pagar y que no ingresan.

La cobrabilidad quedó en el 43,3 por ciento, puesto que esos 32,6 millones representan ese porcentaje sobre los 75,3 millones de emisión anual del derecho de Cementerio. El valor promedio por cuenta, informó la Municipalidad, es de alrededor de  14.500 pesos anuales.

La diferencie entre costo y emisión implica que aun si pagaran todos los contribuyentes que corresponden, el déficit seguiría enorme y bajaría del 84,4 al 64 por ciento. Todavía faltarían 133,5 millones de pesos.

El costo mayor del mantenimiento de la necrópolis municipal es el personal: el gasto anual en sueldos fue en 2025 de 193,8 millones, más del 92 por ciento del total.

El resto de los gastos son 4,4 millones en bienes de consumo; 6 millones en servicios no personales; 452 mil pesos en bienes de uso; y 4,2 millones en administración tributaria.

El año pasado el Cementerio municipal se quedó sin servicio de seguridad privada tras el retiro de la empresa a cargo por falta de pago. Los reclamos por lo que ocurre en la necrópolis se incrementaron.

Tras aprobar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Gobierno del intendente Cecilio Salazar, el Concejo Deliberante trató este jueves, durante la sesión ordinaria, los excesos presupuestarios correspondientes a ese período.

La sesión tuvo la particularidad de que cuatro concejales pegaron el faltazo: los "garantes de la gobernabilidad", que le habían dado su voto al intendente para aprobar las cuentas, esta vez no fueron al recinto.

Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce no estuvieron presentes en el Salón Dorado. 

Consultado por La Opinión, Rivas dijo que estuvieron en el "Ceamse, por tema basural" y que luego se reunieron en Baradero con el concejal Juan Ramos y su agrupación 400 años.

Informó que el encuentro se dio en el marco de un armado vecinal en el que el bloque sampedrino trabaja desde el respaldo a la eventual  eventual candidatura presidencial de Dante Gebel.

El presidente, Martín Baraybar, aguardó los 15 minutos que establece el reglamento y comenzó la sesión con 14 ediles. Como también dice el reglamento, deberá iniciar el procedimiento para descontarles la dieta, puesto que no hubo, como en otras oportunidades, información relacionada con dificultades para llegar a la sesión.

El expediente contenía excesos presupuestarios, convenios, contratos, modificaciones presupuestarias y de planta de personal. En la comisión habían estado el secretario de Economía, Roberto Borgo, y la contadora municipal, Mariana Giosa.

A Soledad Llull le tocó defender el proyecto en sesión, aunque no informó ningún argumento respecto de por qué el Gobierno se excedió en las partidas asignadas el año pasado, algo que tampoco explicó demasiado el Ejecutivo cuando elevó el expediente.

Tras el debate, la votación resultó 7 a 7, por lo que tuvo que desempatar el presidente para aprobar los excesos presupuestarios de Salazar durante el año pasado.

Desde la oposición, Ariel Rey preguntó si acaso, teniendo en cuenta la normativa utilizada para justificar esos gastos de más, había ocurrido una "epidemia o inundación", porque es en esos casos en los que la ley autoriza los excesos.

Por su parte, Paola Basso señaló que además la normativa indica que el Ejecutivo debería haber presentado un plan de saneamiento financiero, cosa que no hizo.

"¿Cuáles fueron los hechos tan imprevistos que han ocurrido para que tengamos que estar hablando de un exceso presupuestario?", se preguntó Basso.

"Se nos agrava la situación, lo vemos en los números: estamos peor que antes", disparó y recordó los planteos que hizo durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas respecto del “festival de bonificaciones y recategorizaciones” en un Municipio que insume el 91,7 % de los recursos de libre disponibilidad en sueldos.

Tras la sesión del Concejo Deliberante, donde aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, Diego Lafalce explicó los motivos de su voto positivo y dio detalles respecto de por qué su nombre aparece dentro de los denominados "decretos reservados".

El referente de Patricia Bullrich, que preside el monobloque La Libertad Avanza, explicó en Sin Galera que su decisión responde a una cuestión “estructural” y vinculada a la situación económica que atraviesan los municipios, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la coparticipación.

Argumentó que San Pedro depende en un 90 por ciento de los recursos coparticipables y enfrenta crecientes demandas en áreas sensibles como salud y seguridad.

“Hay cosas para corregir, hay que revisar estructuras y reducir el volumen de personal, pero no podemos romper todo ni empujar una crisis institucional mayor”, afirmó.

El edil sostuvo que durante el último año existieron intentos de debilitar al gobierno municipal con fines políticos y aseguró que no comparte esa estrategia.

Consultado sobre los decretos reservados que fueron analizados por los concejales y expuestos —solo— por la concejala de Nuevos Aires Paola Basso durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas, Lafalce se refirió particularmente al expediente que formalizó su incorporación a la carrera profesional hospitalaria.

Explicó que es técnico superior en Enfermería y que desde hace años reclamaba ser incorporado al régimen laboral que, según entiende, le correspondía por formación y funciones.

Relató que inició ese reclamo en 2016 y que, tras concursar, logró ingresar a la carrera profesional hospitalaria en 2019. Sin embargo, aseguró que una “discusión política” ocurrida durante la gestión interina de Ramón Salazar derivó en la anulación de ese trámite.

Indicó que fue notificado de una “desinteligencia administrativa” que dejó sin efecto el pase, por lo que inició un nuevo reclamo administrativo y posteriormente acciones legales para recuperar ese derecho.

“Tuve que volver a hacer todo el recorrido administrativo y finalmente logré el pase por medio de mis abogados”, señaló. También afirmó que el cambio de régimen no significó una mejora económica, sino una reducción cercana al 22 por ciento en sus ingresos.

Lafalce explicó además que continúa desempeñándose como inspector de instituciones geriátricas y aseguró que todas sus actividades laborales son compatibles desde el punto de vista legal.

Sostuvo que comprende los cuestionamientos que despierta la falta de información pública, aunque, aseguró que toda la documentación vinculada a su situación laboral se encuentra "respaldada y disponible" para quien desee revisarla.

Lafalce cuestionó el accionar político de Ariel Rey, al que tildó de "burro" y "corrupto", además de deslizar que "si un tipo del peso de Rivas" le hubiera pegado tendría "alguna marca".

"Rey acusó a todo el mundo de corrupto y el único que pagó coimas es él", disparó.

Finalmente rechazó las sospechas sobre un supuesto “acuerdo” con el intendente Cecilio Salazar y sostuvo que sus decisiones se basan en criterios de gestión y no en acuerdos políticos.

“No podemos complicarle más la vida a la gente. La política tiene que servir para arreglar las cosas, no para empeorarlas”, concluyó.

El concejal Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal que completan Fernando Negrete y Mauro de Rosa, explicó ante La Opinión por qué votaron a favor de la Rendición de Cuentas 2025 tras haber sido críticos opositores al Gobierno de Cecilio Salazar, posición que modificaron desde las últimas elecciones a esta parte.

Rivas y sus compañeros de bloque no pidieron la palabra en sesión —a excepción de De Rosa, aunque sólo para apurar la votación—, lo que llamó la atención, sobre todo del presidente del bloque, que suele intervenir en todos y cada uno de los expedientes que se tratan en el recinto.

Rivas dijo que no tenía mucho sentido hablar "después de la campaña política de La Libertad Avanza, del bloque de Rey y del análisis inexacto de la doctora Basso".

Respecto de la exposición de la concejala radical, señaló: "Vamos a chequear y vamos a ver que los números que tiró estaban errados en su mayoría, como en otras oportunidades".

"Decidimos, como habíamos hecho en el Presupuesto y en las acciones que creemos tenemos que tener hoy, poner por delante los intereses de San Pedro, acompañar para dar herramientas, un marco de gobernabilidad, y exigir cuando vemos algo que está mal, con una propuesta superadora, no solamente con la crítica y el voto negativo", argumentó el concejal el acompañamiento.

En ese marco, analizó: "Cambió, muy claramente, el esquema de la política nacional y provincial. Estamos realmente en un momento de crisis, no en el Municipio de San Pedro, que no ha generado las herramientas necesarias para levantar la base imponible y recaudar más, pero vemos a los municipios vecinos y encontramos la misma problemática".

"Hay recesión en los comercios, la gastronomía, el turismo y si a eso le sumamos la desfinanciación del Gobierno nacional en áreas claves, el aumento de los impuestos nacionales que no vuelven, creo que el esquema es realmente diferente a lo que planteábamos en años anteriores", sostuvo.

También, al igual que el oficialismo, tuvo cuestionamientos para el Gobierno del presidente Javier Milei: "El cambio es ese, el esquema de la política nacional, que en lugar de traer cuestiones justas para los vecinos y quitar la casta del poder, se generó una nueva casta, una presión fuerte sobre las provincias y por ende sobre los municipios, que es el primer mostrador y está todo el tiempo a punto de estallar y en ajuste y crisis, porque no llegan las partidas que deberían llegar".

Durante la sesión especial en la que el oficialismo y sus aliados aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, la única que expuso un análisis del expediente desde la oposición fue la concejala de Nuevos Aires, Paola Basso.

Mientras Ariel Rey (San Pedro Puede) y Joaquín González (La Libertad Avanza) eligieron discursos cortos —cuatro minutos y medio el primero; dos minutos y cuarto el segundo—, Basso se tomó casi media hora para exponer una gran cantidad de detalles que encontró en las casi mil páginas del expediente y en la información complementaria que solicitó al Gobierno.

En relación al déficit, destacó que tanto el presupuesto aprobado como los gastos devengados superaron ampliamente lo del año 2024, incluso por encima de la inflación registrada.

Como advirtió La Opinión en su primer análisis de la Rendición de Cuentas apenas fue presentada, Basso puso de relieve que se gastó casi el 92 por ciento de los recursos de libre disponibilidad en pagar sueldos.

“El año pasado había insumido en el 70 por ciento”, dijo y señaló: "Jamás vi una cosa igual, un disparate". En ese sentido, cuestionó que hay una gran cantidad de áreas "superpobladas en un municipio quebrado".

Basso detectó que en 2025, año electoral, el Municipio registró el ingreso de 65 nuevos empleados, de los cuales 42 reemplazaron a jubilados y 26 fueron incorporaciones "puras".

En ese marco, cuestionó los "decretos reservados", entre los que figuran, justamente, los nombramientos de empleados: "Para que no nos enteremos o quiénes son o cuántos son".

Entre esos decretos que el Gobierno decidió no publicar en el Boletín Oficial como si fueran "secreto de Estado" aparecen bonificaciones a funcionarios políticos, lo que llamó la atención de la concejala opositora.

Puso como ejemplo que Pablo Vlaeminck, cuando terminó su mandato de concejal y fue acomodado para que no se quede sin trabajo en la Dirección de Centros de Salud fue beneficiado con una bonificación del 70 por ciento sobre el sueldo, cuando hasta el momento los funcionarios siempre cobraron el 50 %, con algunas excepciones muy puntales.

Otro que recibió el 70 por ciento de bonificación al ingresar como funcionario fue el nuevo director administrativo del Hospital, Andrés Filón, quien no reemplazó a nadie, porque los que se ocupaban de las tareas que él hace siguen como funcionarios, pero en otras áreas.

También recibieron el 70 por ciento de bonificación el entonces director de Presupuesto Marcelo Delbene, y el director de Rentas, Christian Rial, reveló Basso.

Además, cuestionó el hallazgo de un decreto reservado mediante el que se le otorgó un 35 por ciento en concepto de premio por conducción a un empleado municipal cuya tarea es la de ser "chofer del secretario de Seguridad", Eduardo Álvarez.

"Es escandaloso, el secretario de Seguridad tiene chofer y hace un mes dijo que no tenía decibelímetro, que no tenía alcoholímetro", señaló Basso y recordó que ese 35 % es el máximo de bonificación para conductores de vehículos, destinada a quienes "manejan grúas, máquinas viales, ambulancias".

De la misma manera, cuestionó la bonificación por "bloqueo de título" del arquitecto Mariano Brañas, secretario de Obras Públicas. "Jamás en la historia se pagó", aseguró. Brañas es uno de los funcionarios de mayor sueldo en el gabinete, lo que provocó resquemores entre algunos de sus compañeros.

También se refirió a la bonificación que percibieron el año pasado las titulares de la Secretaría de Salud, María Vargas hasta septiembre e Isabel Carrasco desde octubre, que alcanzó "el doble, prácticamente, un 200 por ciento", dijo.

Basso destacó que los sueldos de los jefes del área de Salud —secretaria, directores de hospitales y otros funcionarios— explican el promedio elevado de los salarios médicos.

"Los directivos, los jefes, los políticos: si nos preguntábamos dónde estaba la plata", disparó tras señalar que "la secretaria de Salud habló de lo que cobran los médicos".

"Qué barbaridad decirle a los médicos decir que los médicos cobran 4 millones y vos sola capaz que te llevás 10, se me caería la cara de vergüenza", enfatizó.

En Salud, a su vez, señaló que hay alrededor de 100 personas que trabajan vía contrato de locación de servicios, entre los que destacó el caso de un profesional que hace guardias y "firmó un contrato que 33,5 millones de pesos en el año".

Entre los detalles que reveló figura que el Hospital insumió el 95 por ciento de los alrededor de 70 millones de pesos que se gastaron en carne. "Cuando preguntamos dicen que es para los internados y los médicos de guardia, cuándo estamos cansados de escuchar las quejas", indicó.

Otro de los datos que reveló fue que se pagaron 32 millones de pesos para arreglar el desobstructor, pero desde Servicios Públicos le dijeron que todavía estaban en proceso de rectificación del motor por lo que el camión municipal sigue sin estar operativo.

Los gastos en concepto de "otros" que aparecen en las readecuaciones presupuestarias hay 71 millones de la Secretaría de Modernización que conducía Luciano Arias; 195 millones en el Hospital; 270 millones en Cultura; 29 millones en Jefatura de Gabinete; 316 millones para Servicios Públicos; 105 millones en Economía. "No sabemos qué serían, pero están ahí", dijo.

"Otra cosa que me llamó la atención es que en arcilla, arena, cal y cemento, Modernización tenía 45 millones; Economía, 79 millones; Hospital, 86 millones. Servicios Públicos, cero. Le podrían haber prestado algo al pobre Devito, que estaba tapando baches con tierra", ironizó Paola Basso.

Sobre la situación deficitaria, destacó que ante un contexto de baja cobrabilidad y "enorme gasto", el intendente "está atado de pies y manos" y se preguntó: "No sé qué vamos a hacer".

En ese marco, lanzó el cuestionamiento a los integrantes del gabinete: "Es lamentable, triste; me parece que están faltando funcionarios que en vez de pensar en aumentarse el sueldo y acomodar familiares que piensen en el desarrollo en la ciudad".

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 fue aprobada en el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo más los de Rivas, Negrete, De Rosa y Lafalce.

El resto de los ediles votaron en contra y los presidentes de bloque fueron voceros en el recinto para exponer lo que analizaron en estos dos meses que pasaron desde que el expediente fue remitido por el Gobierno.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Joaquín González tuvo una muy corta alocución para informar por qué su bloque votaba en contra. Con algunos aspectos políticos, no hubo ninguna alusión a detalles de la ejecución de recursos y gastos.

"Estuvimos analizándolo y a primera vista notamos un déficit exorbitante", dijo y agregó: "Creemos que los recursos no fueron utilizados oportunamente".

En ese sentido, cuestionó que "se va todo en personal y se sigue tomando gente" y sostuvo que su bloque no acompañaba "porque no son claros ni transparentes".

Además, cuestionó a los aliados políticos del oficialismo por haber sido elegidos en partidos opositores pero votan a favor del Gobierno. "Hay siete que somos verdaderos opositores", señaló.

El Concejo Deliberante aprobó este viernes la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, con los votos de los siete ediles oficialistas y los cuatro aliados de los bloques Acuerdo Vecinal y La Libertad Avanza línea Bullrich.

En la sesión, Soledad Llull defendió las cuentas de Salazar y los presidentes de los tres bloques opositores que votaron en contra tomaron, a su turno, la palabra para exponer en el b.

Uno de ellos fue Ariel Rey, que conduce el bloque San Pedro Puede que completa Mariana Reynoso. Fue una alocución corta, sin detalles específicos ni cuestiones puntuales del análisis de un expediente de casi mil páginas.

Rey eligió un discurso corto y netamente político, al punto de que dentro del Salón Dorado se escuchó decir que “empezó la campaña” a concejales que no se llevan bien con él.

“Admiro la audacia de presentar estos números, que muestran la catastrofe que fue la gestión de Salazar”, dijo Rey y pidió: “Explíquenle a la gente cómo hacen para gastar cada vez más y que los servicios sean cada vez peor”.

En ese marco, señaló que de acuerdo a lo que leyó en la rendición de cuentas “la plata se gastó y se vive cada vez peor”, por lo que se preguntó: “Cómo hacen para gastar más en salud cuando los médicos no tienen insumos para atender”.

Cuestionó que “se gasta todo en militancia no en servicios que resuelven las cosas a la gente” y que a pesar del aumento en el presupuesto de Seguridad los vecinos “no vive bien”.

“En producción gastan menos”, cuestionó y agregó: “Desfinancian el área que se ocupa de eso”. En ese marco, aseguró: “Gastan más y gastan mal”, porque “definen mal las prioridades y encima después todo este quilombo lo paga el vecino porque aumentan las tasas”.

“La gente ya no les cree nada, este gobierno dejó de pensar en lo que necesita el vecino”,  sostuvo Rey, que no dejó pasar la ocasión para exponer sus aspiraciones a gobernar la ciudad: “Vamos a recuperar San Pedro, claro que sí ”, dijo.

El Gobierno de Cecilio Salazar logró aprobar la Rendición de Cuentas 2025 gracias a que a los votos del bloque oficialista sumó los de sus aliados de Acuerdo Vecinal (Rivas, Negrete y De b) y de La Libertad Avanza línea Bullrich (Lafalce)

Durante la sesión especial, Soledad Llull, presidenta de la bancada de Fuerza Patria y titular de la comisión de Presupuesto fue la vocera del oficialismo.

"La situación financiera resulta crítica a corto plazo porque no se sustenta con lo recaudado", dijo Llull y repitió lo que el secretario de Economía Roberto Borgo había destacado ante La Opinión respecto de que la coparticipación que llega no alcanza para cubrir la masa salarial mensual.

Indicó que "la cobrabilidad se registra en sus cifras más bajas de la historia" y que está en el orden del 30 por ciento, lo que dificulta cumplir con los servicios básicos.

Destacó que la situación de déficit tiene como eje la decisión del Municipio de no desestimar la demanda que tiene el sistema de salud público, que asiste "al 70 por ciento" de la población local.

"La gran demanda que hay responde a que la gente se quedó sin trabajo y sin obra social", dijo y sostuvo que "la salud depende del sistema público".

En ese marco, Llull tuvo críticas al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei, cuyas medidas, señaló, atentan contra las gestiones provincial y municipal.

Indicó que servicios básicos obligatorios del Estado local como agua corriente y recolección de residuos demandan cada mes una gran cantidad de recursos con los que no se cuenta no sólo por la caída en la cobrabilidad sino por la baja recaudación que impacta en la coparticipación.

En se marco, aseguró: "En este contexto y con estos números, los efectos de la macroeconomía profundiza la crisis en los municipios".

Destacó que aun en la situación complicada desde el punto de vista financiero, el Municipio mantiene la prestación de servicios así como "muchísimos programas" en barrios, que dependen de diversas áreas.

"El futuro no se ve muy prometedor si la situación a nivel nacional sigue igual", advirtió la vocera del Gobierno del intendente Cecilio Salazar en la sesión en la que fue aprobada la Rendición de Cuentas.

El intendente Cecilio Salazar logró una vez más aprobar la Rendición de Cuentas. Esta vez, tras la derrota en las últimas elecciones, necesitó de los votos de aliados políticos para lograrlo.

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 fue aprobada por 11 votos contra siete. Votaron a favor los bloques Fuerza Patria (Soledad Llull, Martín Baraybar, Valentín Bravo, Tamara Vlaeminck, Cristian Leguizamón, Juan Cruz González y Rita Leguizamón), Acuerdo Vecinal (Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete) y La Libertad Avanza (Diego Lafalce).

Lo hicieron en contra Nuevos Aires (Paola Basso, Damián Mosquera, Belén Santos), Alianza La Libertad Avanza (Joaquín González y Melina Panatteri) y San Pedro Puede (Ariel Rey y Mariana Reynoso).

Hubo pocas alocuciones en el recinto, a pesar de una previa cargada de matices que incluyeron hasta un altercado entre Rey y Rivas, con denuncia de trompadas incluida.

Desde la oposición fue Paola Basso la única que profundizó aspectos de la rendición de cuentas propiamente dicha, con datos y detalles que incluso sorprendieron al resto de los opositores.

Joaquín González (LLA) y Ariel Rey (San Pedro Puede) tomaron la palabra para hacer consideraciones políticas generales, sin detenerse en cuestiones puntuales, aunque habían solicitado información al respecto, lo que hacía prever que tendrían aspectos específicos a los que referirse.

Soledad Llull, por su parte, fue la vocera del oficialismo. En su alocución repasó el Mensaje Anual del intendente Cecilio Salazar, que fue incluido como “memoria descriptiva” en la Rendición de Cuentas, y se detuvo en algunos ejemplos relevantes que, al criterio del Gobierno, justifican la situación deficitaria del Municipio.

En ese marco, no faltaron las críticas al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei por la influencia que tienen las medidas tomadas por Nación en las gestiones provincial y municipal.

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados "decretos reservados", una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos "escondidos" por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de "secreto de Estado".

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debería estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de "disgustos" puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que "todos los de acá", por el Concejo Deliberante, "tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás".

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió "esconder" de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este viernes.

El Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 antes del 31 de mayo y lo hará este viernes, en una sesión extraordinaria convocada para tal fin para las 14.30.

Sin muchas posibilidades de revisar y con diversos pedidos que no fueron canalizados como corresponde, la oposición corre contrarreloj para analizar una serie de cuestiones vinculadas a lo que les toca: el análisis político de oportunidad, mérito y conveniencia de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos durante el año electoral.

Aunque hubo dificultades para acceder a los módulos de Rafam —sólo habilitaron acceso a dos de los nueve y en una computadora sola para todos los ediles, sin reclamos airados de Martín Rivas, como en la época en la que no era "garante de la gobernabilidad"—, los bloques opositores revisaron algunos ítems sobre los que quieren detalles.

En el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves figura una solicitud del bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, en la que piden que les remitan copia o les permitan tomar vista de órdenes de compra y órdenes de pago de 18 proveedores.

Entre ellos, llamó la atención al menos uno, del que piden ver el detalle de 60 facturas. Las vinculaciones de ese proveedor llamaron aún más la atención, puesto que tiene relaciones políticas, sindicales y hasta incompatibilidades administrativas previstas por la Ley Orgánica.

La empresa se llama Nexo de San Pedro SRL y su socio gerente, según obra en Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires desde 2021, es Mauricio Preiti, en cuyo domicilio tiene asiento legal.

Preiti es exconcejal, exsindicalista de Seda, expresidente del PJ local, habitual integrante de la asamblea de Mayores Contribuyentes —aunque tiene intereses en contratos con la Municiipalidad—y de fluida relación con Horacio Azzoni, el sindicalista de la Uocra.

Cada vez que se señala esa relación Azzoni dice que "Preiti no tiene nada que ver con el gremio" y que sólo son “amigos” y que tiene algún tipo de vínculo laboral con su hijo Santiago, con quien además comparte sociedad en otras empresas.

Nexo de San Pedro SRL tiene una amplia gama de actividades que abarca: servicios de comida; alojamiento y hospedaje; alquiler de maquinaria; transporte de cargas; construcción y reparación de edificios; servicios de protección civil; transporte automotor de pasajeros.

En Rafam figuran esas 60 órdenes de pago, muchas de ellas, la mayoría canceladas y algunas sin cobrar al cierre del ejercicio, por montos que van de los 80 mil pesos a los 8 millones.

Además de esas múltiples facturas por servicios cuyo detalle no aparece en sistema y forma parte de lo que pidió la oposición al Gobierno, Nexo de San Pedro aparece como adjudicataria de la contratación directa para la construcción de la platea de hormigón para los consultorios modulares externos del Hospital.

El detalle que pide la oposición más ese contrato de obra,  de 35,6 millones de pesos, suman en total alrededor de 164,5 millones de pesos.

Las facturas serían por tareas de “mantenimiento” en diversos sectores y por servicios de transporte de pasajeros como los que el Gobierno ofreció para eventos en localidades, como la Fiesta del Durazno.

Nexo de San Pedro aparece en los boletines oficiales del año 2024 como adjudicataria de refacciones del SUM de La Tosquera y porque en ese mismo año solicitó habilitación del shop de la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero, que fue denegada porque no cumplió con los requisitos relacionados con seguridad antisiniestral ante Bomberos de San Nicolás.

En ese momento, 11 de enero de 2024, la resolución establecía que la empresa tenía "siete días para que se proceda al retiro de las mercaderías, elementos, mobiliario y útiles existentes" en el lugar, que todavía funciona sin que haya aparecido en el Boletín Oficial la autorización correspondiente.

De la misma manera, la empresa Nexo de San Pedro fue hasta marzo locataria de un inmueble ubicado en Rivadavia y Perón, donde funciona la denominada Posada Los Robles, que históricamente careció de habilitación  y cuyos propietarios litigaron por ello con la Municipalidad.

En ese hospedaje, del que tampoco hay registro público de que haya sido habilitado como corresponde, solían parar funcionarios del Gobierno que no tenían domicilio en San Pedro, como el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, aunque se desconoce si por cuenta del Municipio o propia.

La solicitud para conocer detalles acerca de lo facturado por esta empresa tiene como eje la sospecha de que habría sido favorecida por sus vínculos políticos en una gran cantidad de contrataciones.

Esta semana, el secretario de Economía, Roberto Borgo, estuvo presente en el Concejo Deliberante para responder preguntas de los ediles en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

El funcionario fue a la comisión de Presupuesto, donde tramita al expediente, que debe ser tratado en sesión antes del 31 de mayo, por lo que queda la mitad del plazo disponible para su análisis.

"Fue más que nada para fijar el marco del resultado del ejercicio", dijo Borgo a La Opinión. El secretario de Economía señaló que fue "la primera reunión" y que acordaron que "vamos a volver a ir todas las veces que sea necesaria".

Borgo entiende que la próxima reunión podría estar más focalizada en detalles, tras este primer encuentro más general. "Habíamos acordado que el acceso a Rafam estaría disponible apenas entraba el expediente a tratamiento y eso se cumplió", señaló.

Concejales de la oposición hicieron consultas sobre algunos puntos y quedaron en analizar aspectos más finos para evacuar en diálogo con Borgo en otra reunión, aunque también lo pueden hacer en la Secretaría de Economía.

"Nosotros tenemos dos problemas complicados en la gestión: el costo de la salud pública, que tiene una sobreejecución respecto de los recursos que vienen de coparticipación; y que estamos muy atrasados en materia de recursos propios", dijo el funcionario a La Opinión.

Las reuniones con el secretario de Economía y los funcionarios municipales en el ámbito de la comisión de Presupuesto tienen un alcance técnico. La dimensión política del análisis de la Rendición de Cuentas, los concejales la abordarán en sesión cuando se trate el expediente.

"Hay cuestiones relacionadas con el planteo de eficiencia del gasto que hay que analizar que lo que ingresa no alcanza para cubrir los servicios, como el de recolección de residuos", señaló el funcionario.

En ese marco, Borgo consideró: "Si no hay actividad económica, los comercios no facturan, no tenemos posibilidad de obras de infraestructura de otras jurisdicciones vamos a seguir acumulando déficit".

Los concejales analizan la Rendición de Cuentas 2025, que deberán tratar antes del 31 de mayo. Mientras celebra que no le impusieron ninguna multa por el ejercicio 2024, el Gobierno mira con atención cómo los gráficos muestran el deterioro financiero del Estado local frente al resto de los municipios.

Uno de los puntos relevantes para el análisis es, desde hace mucho tiempo, el de la comparación entre los ingresos propios contra los ingresos totales de San Pedro, puesto que refleja la alta dependencia que el Municipio tiene de la coparticipación provincial.

Aun así, advirtió Roberto Borgo en Sin Galera el sábado pasado que lo que llega mensualmente de Provincia ya no alcanza para cubrir la masa salarial, es decir para pagar los sueldos.

El año pasado, San Pedro volvió a ubicarse muy por debajo del promedio del resto de los municipios bonaerenses, con alrededor del 22,2 por ciento de recursos propios sobre el total de ingresos.

El promedio consolidado del resto de los municipios es de 45,9 por ciento, más de la mitad que el porcentaje sampedrino. La curva es descendente en todos lados, pero San Pedro no para de caer desde que en 2019 había alcanzado un porcentaje aceptable.

El recuerdo de "el peor municipio de la provincia" del año 2014, el que le costó la renuncia al intendente Pablo Guacone, regresa: ese año, los ingresos propios fueron del 21,3 por ciento.

Luego, en 2015, subió cinco puntos. Cuando asumió Salazar, logró incrementar de a poquito hasta alcanzar en 2019 el máximo de los últimos años, con 30,5 por ciento.

La pandemia provocó una caída al 27,8 por ciento y desde entonces la curva es descendente: 25,1 % en 2021; 22,2 por ciento en 2022; 21,9 % en 2023; y el récord del porcentaje más bajo, incluso por debajo del de Guacone, en 2024, con 20,2 por ciento. En 2025 aumentaron dos puntos, lo que en dinero contante y sonante es importante.

El promedio provincial tuvo un 50,9 por ciento máximo en 2019 y luego, pandemia de por medio comenzó a descender algunos puntos, aunque la curva de la autonomía municipal en materia de ingresos tuvo su mayor caída en los años 2024 y 2025, coincidente con el ajuste impuesto por el Gobierno nacional, que repercute en Provincia y en los municipios. 

Este sábado, en Sin Galera, el secretario de Economía, Roberto Borgo, trazó un panorama detallado de la situación financiera del Municipio y desglosó los principales problemas que enfrenta el Gobierno.

El funcionario advirtió sobre las dificultades para sostener el pago de sueldos y reconoció que “la Municipalidad tiene que pedir asistencia financiera todos los meses” para poder cumplir con los salarios.

En ese marco, alertó que el margen es cada vez más reducido y que nuevos gastos impactan de forma directa sobre la masa salarial.

Borgo explicó que el Municipio destina casi el doble de lo que recibe por coparticipación para sostener el área y que la salida del programa Remediar agrava aún más la situación.

“Estamos atendiendo al 60% de la población” y “necesitamos entre 300 y 800 millones de pesos por mes para cubrir medicamentos”, sostuvo. Además, remarcó: “Ese costo es casi la mitad de la masa salarial”.

“El único plan que podemos tener hoy es contener la situación”, afirmó. En ese sentido, planteó que las prioridades estarán centradas en salud, servicios esenciales y obra pública básica, mientras que el resto de las áreas deberá ajustarse.

En relación a la rendición de cuentas, sostuvo que el déficit responde principalmente al peso del gasto sanitario.

“No considero que gastar en salud sea un déficit”, señaló, y lo vinculó a una decisión política de sostener la atención en un contexto adverso.

Borgo también cuestionó los recortes impulsados por el Gobierno nacional y su impacto en los municipios.

“Es muy fácil decir que no hay plata y dejar de mandar medicamentos”, apuntó, y agregó que esa decisión “termina trasladando el problema al municipio, que es el que tiene que dar la cara”.

Ante los planteos sobre la cantidad de personal, rechazó la idea de un sobredimensionamiento y fue tajante: “Si hay que ajustar, hay que decir qué servicio dejamos de prestar”.

En esa línea, defendió la estructura actual al considerar que responde a la demanda, especialmente en el sistema de salud.

“Cobramos el 50% de las tasas que emitimos”, indicó, y advirtió que eso condiciona toda la gestión.

A esto se suman dificultades para cumplir con proveedores, que “terminan recargando los precios porque saben que cobran tarde”, y tensiones en servicios como la recolección de residuos, que también podrían ser revisados en función de los costos.  

El análisis de la situación económico financiera publicada por el Gobierno municipal revela que en 2025 el Estado local apenas pudo cumplir con las obligaciones salariales.

La Rendición de Cuentas 2025 que ingresó al Concejo permitirá profundizar área por área para alcanzar a comprender cómo se llegó a la situación actual: el gasto en sueldos fue récord para el Municipio.

Los números hablan, pero también lo hacen en el contexto de crisis que afecta la recaudación provincial y municipal. 

Hay una queja constante respecto de la prestación de los servicios. Acaso estos números permitan abordar las razones del déficit de 10.500 millones del ejercicio, el 18,5 % de gasto por encima de los recursos percibidos.

El gasto en personal efectivamente pagado ascendió a poco más de 26 225 millones de pesos. Es el 83 por ciento de los recursos de libre disponibilidad, es decir aquellos ingresos que son para gastos corrientes, que alcanzaron poco más de 31 559 millones.

Si se compara el gasto en personal devengado —que es lo que se hace habitualmente para estos análisis—, que fue de 28 952 millones de pesos, representa el 91,7 % sobre esos recursos de libre disponibilidad.

Si se cuentan los más de 8 mil millones de recursos afectados —hay algunos sueldos que se pagan con esos fondos—, el porcentaje baja al 73 por ciento. No es casualidad que el Gobierno haya pedido al Concejo autorización para quintuplicar el uso de fondos afectados para gastos corrientes.

Sobre el total de los recursos efectivamente percibidos por el Municipio el año pasado,  que incluye recursos extrapresupuestarios y alcanzan poco más de 46 046 millones, el gasto en personal representa el 62 %, lo que implica un incremento respecto de años anteriores, en los que el porcentaje se ubicaba entre el 53 y el 56 por ciento.

Esos números dan cuenta de lo que el Gobierno advirtió durante todo el año pasado y que en 2026 tiende a profundizarse: la caída en la recaudación propia y el descenso de la coparticipación implican menos recursos de libre disponibilidad para gastos corrientes

La coparticipación se mueve por múltiples variables que involucran a los 135 municipios y a la recaudación provincial, también a la baja. Provincia declaró la emergencia económica y reclama al Gobierno nacional, al que acusa de ahogar financieramente su gestión, lo que repercute en los municpios.

Hay un dato clave que grafica la situación: los recursos que llegan mensualmente de coparticipación están al límite respecto de lo que se necesita sólo para pagar los sueldos. Sin cargas sociales. Sin guardar para cuando llegue el pago de los aguinaldos en poco más de dos meses.

En la situación económico financiera publicada hay una diferencia de alrededor de 2725 millones entre gasto en personal devengado y efectivamente pagado. Al cierre del ejercicio, en esa diferencia suelen estar aguinaldos y cargas sociales del último mes del año.  Deuda.

Pero en este caso también están las escalas salariales de la paritaria del personal de carrera médico hospitalaria que todavía no se aplicaron y los retroactivos adeudados.

La planta de personal aprobada para el Presupuesto 2026 asciende a 1236 agentes: 1006 permanentes, 164 temporarios, 58 guardias de reemplazo y 8 guardavidas.

En 2025, la planilla tenía 1225 agentes: 1002 permanentes, 142 temporarios y 81 guardias de reemplazo. No aparecían los guardavidas.

Entre el personal de carrera municipal, los ingresos de empleados que pueden observarse rápidamente son esos 22 de diferencia en los temporarios. 

El promedio de los 1236 empleados sobre los 28 952 millones de gasto en personal da alrededor de 23,5 millones al año. Contando aguinaldo, son 13 sueldos de poco más de 1.800.000 pesos por agente, promedio.

Está claro que unos ganan más y otros menos entre los trabajadores de carrera municipal, los de carrera médico hospitalaria, funcionarios y concejales, que también cobran y aparecen en el gasto en personal devengado.

No se tienen en cuenta para este análisis los incontables “decretos de ayuda social con contraprestación de tareas ”, cuyos magros haberes se pagan con recursos de programas sociales que llegan de Provincia y no van a los gastos en sueldos. Tampoco los contratos de locación de servicios, monotributistas que facturan al Municipio.

El déficit del sistema de salud tiene una incidencia muy importante en las cuentas municipales en general y en el gasto en sueldos en particular.

La paritaria municipal 2025 cerró el año con un aumento del 31,6 por ciento, apenas por encima de la inflación informada por el Indec y con reclamos de los sindicatos, que consideran escaso el porcentaje en relación a la economía "del supermercado".

En noviembre, el Municipio informó que hasta ese momento, "los agentes comprendidos en carrera médico hospitalaria han obtenido mejoras en el año en curso del 96 % sobre los salarios básicos en las negociaciones con el Gobierno provincial".

De los 1236 empleados municipales que tiene la planilla de personal, alrededor de 270 pertenecen a carrera médico hospitalaria. 

Antes de fin de año, el déficit operativo de Salud era del orden del 40 por ciento y delos 15 mil millones de pesos que había insumido el sistema de salud, más de 11 mil millones eran para sueldos.

El Gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, año electoral en el que la lista del intendente perdió las elecciones, lo que derivó en que ya no tiene mayoría propia en el cuerpo que debe tratar los expedientes.

El ejercicio económico financiero del año pasado fue, como se esperaba, deficitario: los 46 046 millones percibidos en total no alcanzaron para solventar los más de 56 500 millones de gastos devengados.

La diferencia, de alrededor de 10 500 millones, representa un déficit del orden del 18,5 por ciento.

Una vez más, el gasto en personal tuvo un alto porcentaje sobre los recursos percibidos y alcanzó el 73 por ciento. 

El monto del año en sueldos fue de 24 025 millones y los recursos de libre disponibilidad llegaron a 31 559 millones.

El resultado financiero del ejercicio 2025 según el artículo 44 de Rafam, que compara recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda, alcanzó un déficit formal de  casi 7274 millones de pesos.

El déficit entre recaudación y costo de la prestación de los servicios obligó al Gobierno a pedir al Concejo que autorice quintuplicar el monto máximo de utilización de recursos afectados para gastos corrientes previsto en el Presupuesto 2025.

Los déficit mensuales de la comparativa entre recaudación de tasas y costo de los servicios iban del 64 al 80 por ciento en la principales tasas.

En ese cuyo contexto el 18,5 por ciento de déficit del ejercicio fue tomado en el Ejecutivo como un porcentaje bajo respecto de lo esperable en el contexto de crisis actual.

La Rendición de Cuentas 2025 fue presentada por el Gobierno ante el Concejo Deliberante el martes 31 de marzo, plazo límite de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Se presentó a las 11.00 de la mañana. La contadora Mariana Giosa lo entregó al presidente del Concejo, Martín Baraybar", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

El Gobierno cumplió además con la publicación obligatoria de la situación económico financiera al cierre del ejercicio, cuyo documento obra en La Opinión, autorizada formalmente por la Corte Suprema para publicaciones oficiales.

En el Concejo Deliberante escaneaban toda la documentación presentada por el Gobierno, tras lo que estará disponible para que la analicen los concejales, que deberán darle tratamiento en comisión y votar antes del 31 de mayo.

Cuando esté disponible, como todos los años, La Opinión analizará aspectos vinculados a la ejecución de los recursos, la evolución del gasto, los índices de cobrabilidad de tasas y derechos, entre otros puntos relevantes de la Rendición de Cuentas.