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Un hombre con antecedentes fue retenido por vecinos hasta la llegada del personal policial este martes al atardecer en la zona de Alvear al 800. Había intentado robar la cartera a una señora.En cucit al 900 la policía realizó un allanamiento y trasladó a un joven de 24 años con antecedentes. Secuestró en su domicilio una réplica de arma de fuego, indumentaria policial y otros elementos. La causa inicial se relaciona con el robo en las puertas de una vivienda donde las imágenes de cámaras de seguridad domiciliarias registraron el momento y aportaron para determinar la identidad del delincuente.En Sarmiento 2300 la policía detuvo a un joven que había sustraído dos envases de jabón líquido para la ropa de un supermercado.En la dependencia policial se recibieron dos denuncias de intento de estafa.

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El Municipio atraviesa el último mes del primer semestre del año, antes de pagar el medio aguinaldo, con un delicado equilibrio en las cuentas, de acuerdo a la información que hizo pública desde mediados de abril en la web y  la que La Opinión relevó en la Secretaría de Economía y Hacienda.

Desde tiempos de Sánchez Negrete que no existía la posibilidad de revisar la ejecución de los recursos del año en curso, por lo que el área que conduce Roberto Borgo dio un paso adelante respecto de la transparencia en la administración al publicar la documentación.

San Pedro aparece todos los años en los últimos puestos del ranking de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiara Pública (Asap), una organización que analiza los índices de transparencia de los recursos públicos.

Los primeros cinco meses de gestión del ejercicio 2024 muestran un delicado equilibrio en las cuentas —La Opinión accedió al resultado financiero al 31 de mayo— sostenido en una premisa básica que el Gobierno tuvo que comenzar a cumplir a rajatablas para evitar un colapso financiero en tiempos de crisis: no se puede gastar en exceso por encima de lo que ingresa, para lo que tomó nota del mantra mileista que repite “no hay plata”.

Así, a pesar de una deuda interna de 400 millones de pesos que se tomaron de fondos afectados para pagar sueldos en enero, el retraso con la cancelación del total de las facturas de Ashira (que en abril se va a $ 157 millones) y el saldo de los aumentos que Provincia otorgó a los médicos, el Municipio surfea sobre la ola de la crisis.

El déficit financiero —recursos percibidos menos devengados— alcanza alrededor del 0,85 por ciento al 31 de mayo. Si bien es una foto del momento previo al pago del medio aguinaldo para entrar en el segundo semestre, ya muestra una diferencia importante respecto a diciembre, cuando el déficit de mil millones de pesos era de casi el 9 por ciento sobre los recursos percibidos. El objetivo para fin de año es bajar esa performance a la mitad.

El problema, acaso, esté a la vista en los propios números. Se los advirtió Borgo a los funcionarios en la reunión de gabinete ampliado en la que compartieron choripanes en la Secretaría de Producción a mediados de mayo: la ejecución de los recursos por área es mínima —con excepción de Salud, Obras Públicas y, en menor medida, Seguridad—, pero el total en pesos ya había superado el 50 por ciento del presupuesto en el primer cuatrimestre.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por ley para que Provincia inyecte recursos no reintegrables en los distritos permitirá al Gobierno pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma. Lo que sigue, saben en Palacio, está sujeto a muchas variables que involucran, también, asignación de recursos de Nación, pero no sólo: habrá debate por aumento de tasas.

En Economía entienden que la propuesta aprobada en diciembre que dejó abierta la posibilidad para un nuevo incremento de tasas a mitad de año deberá comenzar a debatirse más temprano que tarde, porque el 100 por ciento aprobado, aun si todos los contribuyentes pagaran, queda desfasado con el costo de los servicios, especialmente con el de Coopser —alumbrado público, bombas de agua, edificios municipales— y el de Ashira.

Para adentro, Borgo destaca como logro la disminución de la importante deuda flotante con la que terminó el ejercicio 2023 y la baja deuda generada en lo que va del período. Junto a Silvio Jaime en Compras de Salud, lograron corregir diferencias de precios con proveedores y unificar las compras.

Para lo que resta del año, una vez cruzado el umbral del pago de aguinaldos, saben que deberán enfrentar un nuevo debate salarial con los gremios municipales más lo que Provincia acuerde con los médicos y que la cobrabilidad de recursos propios podría disminuir aún más por el contexto económico, que además atenta contra los recursos coparticipables.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo logró aprobar las cuentas 2023 con los votos propios y la abstención de Cappelletti. En la oposición, volvieron a reclamar acceso permanente a Rafam y mayor transparencia. 

Aunque mucho no dijeron sobre las finanzas del año pasado, tienen a disposición la ejecución de recursos y  gastos del primer trimestre para analizar el devenir del ejercicio en curso, cuyo segundo semestre, todo indica, será cuesta arriba para el Estado local.

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La concejala Paola Basso, de la Unión Cívica Radical, y el edil de Juntos por el Cambio Martín Rivas, fueron las únicas voces que en el Concejo Deliberante se escucharon contra la Rendición de Cuentas 2023 que el oficialismo que responde a Cecilio Salazar logró aprobar con los votos propios.

Cada uno a su turno, fueron los únicos que se expresaron contra las cuentas del ejercicio del año pasado en términos económicos y políticos, para argumentar en nombre de sus bloques el voto negativo.

Basso denunció en sesión que a principios de mayo su bloque requirió información al Ejecutivo y que nunca se les entregaron. Aseguró que “muchos funcionarios trabajaron” para darles lo que pedían pero que "hubo algún funcionario que evitó que esa información llegue", por lo que le  pidió a Salazar que "arbitre todos los medios para determinar quién es el responsable".

En su repaso de las cuentas, destacó el importante déficit, aunque señaló "algunas cosas buenas" como la cobrabilidad de tasas producto de la moratoria y la facturación de obras sociales del Hospital, cuya tarea estuvo a cargo del director administrativo y ahora secretario de Economía, Roberto Borgo.

"Los ingresos de Provincia y Nación aumentaron considerablemente", dijo y cuestionó el aumento de alrededor de 10 puntos del gasto en sueldos respecto del año anterior, que alcanzó el 83 por ciento de los recursos de libre disponibilidad.

Tuvo un aparte para cuestionar la inversión que hizo el Ejecutivo del denominado Fondo de Obras Públicas Comunitario municipal, que toma recursos del fondo que recauda Coopser, entre ellos 65 millones para la plaza Constitución. "Una vereda torcida nos costó 65 millones, con bancos viejos repintados", cuestionó.

"¿Este es el San Pedro 2025 que todos esperamos?", se preguntó la concejala del radicalismo. Consideró que "pudo haberse ejecutado un mejor trabajo" y que "todavía estamos a tiempo".

Además, puso en tela de juicio el gasto de 14 millones de pesos en alquiler de equipamiento de sonido durante el año y se preguntó: "¿Cuántos equipos de sonido podríamos haber comprado?" con ese dinero.

De la misma manera, cuestionó los 9 millones de pesos que insumieron los alquileres para oficinas descentralizadas y destacó la decisión gubernamental de dar de baja algunos de ellos para utilizar edificios propios.

Luego de poner de relieve el crecimiento de la vecina ciudad de San Nicolás, no sin señalar que "las comparaciones pueden ser odiosas", Basso sostuvo que "todos vemos que la ciudad decae, está fea, desorganizada, triste, no es la ciudad que atraía a tantos turistas y crecía año a año".

"No hay una idea rectora, falta un plan estratégico, todo es a tontas y locas", consideró y pidió "un poquito de buen gusto". "Los recursos municipales no han sido invertidos de la manera en que los contribuyentes se merecen", dijo para cerrar, anunciando el voto negativo de su bloque.

El concejal Martín Rivas, de Juntos por el Cambio, la de la Unión Cívica Radical Paola Basso fueron las únicas voces que en el Concejo Deliberante se escucharon contra la Rendición de Cuentas 2023 que el oficialismo que responde a Cecilio Salazar logró aprobar con los votos propios.

Cada uno a su turno, fueron los únicos que se expresaron contra las cuentas del ejercicio del año pasado en términos económicos y políticos, para argumentar en nombre de sus bloques el voto negativo.

Rivas, que al igual que el resto de los concejales —con excepción del oficialista González y un pedido de Basso que no fue respondido— no solicitó documentación alguna al Ejecutivo, como suele hacerse ante cada Rendición de Cuentas, se quejó por la falta de acceso permanente a Rafam que pidió apenas asumió.

Considero "cifras realmente preocupantes para la economía de este Municipio" a las que figuraban en el expediente y cuestionó la defensa que el oficialismo hizo del ejercicio con un repaso sobre la gestión al estilo del Mensaje Anual del intendente.

"Creen que por tener una mayoría circunstancial pueden gobernar como quieren y no es así, hay normas que cumplir", dijo y señaló analizaron la Rendición de Cuentas "con herramientas limitadas, con una sola computadora en la sala de reuniones".

"Nos salió cara la campaña del intendente Salazar y los concejales que entraron, fue muy costoso ese triunfo electoral, basados en cifras la administración pública", disparó Rivas y agregó: "Hay un claro desequilibrio fiscal, un déficit económico grave y hay falta de ejecución de partidas hasta en obras".

Coincidió con Basso respecto del "deterioro que tiene la ciudad" y atacó al jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, aunque sin nombrarlo: dijo que la Rendición de Cuentas es un "gran dibujo redactado por genios de la política a los que ya los echaron de Hurlingham, que fracasaron en todos los distritos y que ahora se vanaglorian de que dibujan para poder financiar la campaña política una rendición de cuentas".

Criticó el "incremento del 1,5 por ciento" en la cantidad de empleados y, sin nombrarlo —"No es de mi devoción pero acá hay muchos seguidores", dijo—, citó a Perón: "Quien gasta más de lo que percibe es un insensato".

Cuestionó que "el Concejo Deliberante tuvo un crecimiento de 10 empleados" en 2023 respecto del año anterior. "No encontramos siquiera un guiño de austeridad en el ítem que más le lleva en la Rendición de Cuentas a este municipio, que son los salarios, transformándolo en el máximo empleador de San Pedro".

"Esto es estratégico en el kirchnerismo y las organizaciones que gerencian la pobreza en la Argentina: la dependencia de los asalariados de sus jefes, de quienes les dan trabajo", señaló.

En ese sentido, agregó: "No podemos entender cómo en 9 años no ha habido una política de radicación de empresas, cómo no hemos logrado levantar la base imponible, cómo pretenden hacernos festejar la cobrabilidad del 73 por ciento de las tasas".

"Vemos un rumbo sin escalas hacia el 2014, donde el intendente Salazar dejaría este Gobierno en la misma situación que lo tomó cuando asumió en el año 2015", cerró para anunciar su voto negativo. Sus planteos no tuvieron respuesta alguna desde la bancada oficialista.

El Concejo Deliberante tuvo este jueves uno de los momentos más importantes del año en la tarea legislativa: el tratamiento de la Rendición de Cuentas del ejercicio económico del año pasado.

El Gobierno de Cecilio Salazar logró que las cuentas 2023 sean aprobadas con los nueve votos positivos de la bancada oficialista contra ocho de la oposición y la abstención de Vanina Cappelletti.

Antes, con la oposición en contra, fue aprobada la ordenanza de convalidación de los "excesos presupuestarios" del año pasado, que el oficialismo justificó con la problemática inflacionaria y la falta de previsión en el presupuesto de los aumentos de salario otorgados.

A la hora de defender las cuentas del año pasado, el presidente del bloque que responde a Cecilio Salazar, Juan Cruz González, hizo un repaso —al estilo de los que se hacen en el Mensaje Anual— de la gestión, aunque sin detenerse específicamente en el impacto de todo ello en las cuentas propiamente dichas.

A diferencia de las sesiones de Rendición de Cuentas de otros años, esta tuvo pocos destellos de repaso en profundidad sobre lo que implica el ejercicio económico financiero del Ejecutivo.

Estuvieron a cargo de Paola Basso (UCR) y Martín Rivas (Juntos por el Cambio), quienes al menos dejaron constancia en las actas de la sesión que se habían dedicado a estudiar las cuentas.

En sus alocuciones —sobre las que La Opinión publicará por separado, puesto que ameritan tratamiento aparte— tanto Basso como Rivas hicieron hincapié en el crecimiento del gasto en sueldos respecto del ejercicio anterior, el importante déficit con el que cerró el año electoral y otros puntos específicos de la gestión, tanto en términos económicos como políticos.

Mauro de Rosa, en nombre de La Libertad Avanza, bloque que representa al presidente Javier Milei y que comparte con Viviana Riquelme, pidió la palabra sobre el final para decir que se notaba que el Gobierno el año pasado había contratado proveedores para llevar adelante tareas que quizás podría haber ejecutado con personal propio y para pedir que haya mayor transparencia de aquí en adelante.

Diego Lafalce (Juntos por el Cambio) se enmarañó en cuestiones de forma y hasta hizo una moción para que se levante la sesión porque consideró que el dictamen de comisión estaba "mal hecho". Su planteo fue votado: perdió 17 a 1.

Antes había asegurado que los plazos para el tratamiento estaban excedidos de los 60 días. Basso, primero, y González, después, le explicaron que la doctrina del Tribunal de Cuentas contempla esos dos meses entre el 31 de marzo y el 31 de mayo.

Nadie se lo dijo en sesión, pero al menos los que conocen de derecho en el recinto pensaron en la doctrina del "exceso ritual manifiesto" de la Corte Suprema, que impone evitar que la aplicación literal e indiscriminada de las normas impida tratar la cuestión de fondo.

Lafalce también tuvo un cruce con Cappelletti. La concejala que, al igual que él pretende un monobloque que no contempla el reglamento vigente, pidió abstenerse. 

Luego de una alocución en la que mezcló frases textuales —que no citó— de la memoria descriptiva de la Rendición de Cuentas, es decir lo que el Gobierno escribió, y un repaso de sus proyectos de resolución del año pasado, pidió abstenerse.

Al insólito pedido de Cappelletti —resulta extraño que alguien pida abstenerse nada menos que en la Rendición de Cuentas, uno de los momentos más relevantes del año en el Concejo— le respondió un airado Lafalce, aunque ya se había votado, puesto que el presidente Pablo Vlaeminck pasó a la votación de la abstención antes de darle la palabra.

A la hora de la votación, los nueve oficialistas lo hicieron a favor y lograron la aprobación de las cuentas de un ejercicio que tuvo durante el primer trimestre a Ramón Salazar como intendente interino, con Fabián Rodríguez en Economía, a quienes reemplazaron Cecilio Salazar y Alfredo Carrasco, respectivamente, el resto del año.

Del Ejecutivo, el único funcionario presente durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas fue el secretario de Gobierno, Martín Baraybar.

La comisión de Presupuesto dictaminó los expedientes para el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2023 y la sesión será este jueves 30, un día antes de la fecha límite que prevé la Ley Orgánica, a las 14.30.

Media hora antes de que se trate el ejercicio económico propiamente dicho en la sesión especial convocada para tal fin, habrá una extraordinaria para convalidar los denominados "excesos presupuestarios" del ejercicio.

El último año del segundo mandato de Cecilio Salazar, que tuvo tres meses de gestión de Ramón como intendente interino, fue además el de la campaña electoral que le permitió acceder a un tercer y último ciclo de Gobierno, ya que la ley impide que haya una nueva reelección.

El ejercicio 2023, con Alfredo Carrasco al frente de Economía, sufrió los embates de la crisis económica y la escalada inflacionaria, por lo que los incrementos en sueldos del personal y especialmente en el costo de los servicios implicaron esos "excesos presupuestarios" que se busca convalidar.

El año terminó con 740 millones de pesos de déficit y 1400 millones de deuda flotante. Más del 80 por ciento de los recursos de libre disponibilidad se fueron en el pago de sueldos.  La cobrabilidad de tasas y derechos tuvo un promedio del 70 por ciento.

El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar las cuentas de Salazar y habrá que ver si tiene acompañamiento en la oposición, que tiene nueve votos.

Se descarta que los ediles de Juntos por el Cambio Martín Rivas y Diego Lafalce votarán en contra, puesto que han sido muy críticos respecto de la administración de los recursos por parte del Gobierno.

De Rosa y Riquelme se encuentran ante una posición un tanto extraña: si votan en contra, rechazarán los tres meses de gestión de Ramón Salazar, su candidato a intendente que además fue el que confeccionó el presupuesto del año pasado. Si lo hacen a favor, convalidarán lo que criticaron en campaña.

La UCR, por su parte, desde que se separó formalmente de las filas del salazarismo vota en contra y cuestiona en las sesiones de Rendición de Cuentas aquello que sus ediles solían defender a capa y espada cuando eran aliados.

Vanina Cappelletti, por su parte, votó en contra el año pasado y habrá que ver qué hace esta vez, puesto que desde comienzos de año tuvo una actitud cercana al oficialismo, aunque en la última sesión votó en consonancia con el oficialismo.

El año pasado, cuando se trataron las cuentas de la gestión interina de Ramón Salazar, el oficialismo, que ya se había separado del hijo del intendente para el día de la sesión, no respondió los embates de la oposición.

Acordaron escuchar los cuestionamientos sin responder y el único que habló fue el presidente, Juan Cruz González, como vocero de la comisión para señalar por qué iban a votar a favor, pero nada más.

Mientras fue presidenta del Concejo, Mónica Otero logró que las cuentas del cuerpo deliberativo se votaran por separado y se aprobaran por unanimidad. El año pasado, buena parte del año estuvo a cargo de Rita Leguizamón como interina. Habrá que ver si el oficialismo obtiene lo mismo.

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La Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 del Gobierno de Cecilio Salazar será tratada en sesión extraordinaria el jueves 30 de mayo, confirmó a La Opinión el presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Cruz González.

El también titular de la bancada que responde al jefe comunal informó que este martes no hubo dictamen para el expediente y que el plan es firmarlo la semana que viene, antes de la extraordinaria.

Así, este jueves, en la sesión ordinaria, podrán tratar los temas que quedaron pendientes de la primera sesión del mes, cuando el oficialismo pegó el faltazo por el paro general de la CGT.

De ese día quedaron diversos expedientes que aguardaban tratamiento, por lo que se les dará curso esta semana para recién la próximo abordar las cuentas del año pasado.

La oposición volvió a pedirle al presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck, que convoque a una reunión de Labor Legislativa para dar inicio al expediente solicitado para evaluar sanciones a los concejales que faltaron a la sesión pasada.

El reglamento establece que quienes falten a sesión son pasibles de multa de hasta el 50 por ciento de la dieta, aunque para ello deberían aprobar la sanción con mayoría calificada, es decir con 12 votos.

La necesidad de esa cantidad de manos levantadas implicaría que los ediles que sí estuvieron presentes no puedan aprobar solos la sanción, puesto que no alcanzan el número.

Así, los ocho oficialistas ausentes se verían impelidos a votar a favor o en contra de sí mismos, por lo que bien podrían abstenerse, lo que también dejaría a la sanción sin votos suficientes, porque no alcanzarían los 12.

La única opción para tratar una sanción y votarla sin caer en esa problemática es viable pero de difícil ocurrencia: si decidieran tratar una eventual multa, podrían en lugar de abstenerse pedir licencia los ocho y que sean sus suplentes los que voten.

El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, recibió una nota del concejal de Juntos por el Cambio Martín Rivas mediante la que solicita reemplazar a su par Diego Lafalce como integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El motivo es "la baja asistencia que ha podido tener" Lafalce a las reuniones de la comisión que preside Juan Cruz González y que por estos días tiene a su cargo el análisis de la Rendición de Cuentas 2023.

La nota ingresó por Mesa de Entradas y rápidamente hubo versiones sobre lo ocurrido, puesto que en los pasillos del Concejo se escuchó en más de una oportunidad a Rivas señalar las ausencias de Lafalce.

"Reordenamiento de bloque", dijo Rivas al respecto. 

Es que como todavía el Concejo no se expidió sobre el pedido de Lafalce para conformar un monobloque, ambos forman parte de una misma bancada, Juntos por el Cambio, pero separados de hecho.

Rivas y Lafalce fueron electos, junto con Paola Basso, en la lista de Juntos por el Cambio que encabezó Ariel Rey como candidato a intendente. Cuando juraron, ambos anunciaron bloque unipersonal, algo que está expresamente prohibido por el reglamento.

Hasta tanto no se expida la comisión de Peticiones sobre la situación de Lafalce —y de Cappelletti, porque tampoco su situación es la de una concejal electa sola como para conformar monobloque—, él y Rivas aparecen como parte del bloque Juntos por el Cambio.

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Del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023, que ya tienen para su revisión los concejales, se desprende que la cobrabilidad de tasas y derechos del año pasado fue del 70,9 por ciento, lo que implica 8,5 puntos más que durante 2022.

A pesar del contexto inflacionario, la performance de Cecilio Salazar y Alfredo Carrasco como intendente y secretario de Economía fue mejor que la de Ramón Salazar y Fabián Rodríguez en el mismo cargo el año anterior, moratoria de por  medio.

Ello fue gracias al cumplimiento de los contribuyentes en materia de tasas, que pasó del 68,7 al 74 por ciento, lo que incluye el pago al día de la moratoria.

Respecto de los derechos, sin embargo, hubo una caída importante: pasó del 62,4 de 2022 a 46 por ciento en 2023, aunque la cobrabilidad creció en algunos derechos en particular.

Alumbrado, barrido y limpieza (ABL) tuvo un cumplimiento del 65 por ciento, 10,5 puntos más que el año anterior. Es una de las que mayor costo tiene en materia de servicios. Lo devengado fue 450.314.593,94; lo percibido, 293.336,940,06.

Servicios Sanitarios también creció más de 10 puntos: la cobrabilidad pasó del 57 al 68 por ciento. Devengaron 360.599.290,15 y percibieron 245.385.643,50.

La tasa por conservación de la Red Vial mantuvo, como es habitual, su porcentaje. 

Los contribuyentes rurales que pagan parecen ser siempre los mismo y se mantienen invariantes: la cobrabilidad fue del 74 por ciento y la recaudación de 89.630.477,70 pesos sobre 120.821.009,81 devengados.

De la misma manera, Seguridad e Higiene mantuvo el porcentaje de empadronados que cumplieron con sus obligaciones y fue, una vez más, la tasa de mayor cobrabilidad, con 84,67 por ciento. La recaudación fue de 380.454.555,14 sobre 449.295.981,47 por cobrar.

Las tasas sumaron un 74 por ciento en total, con una recaudación de 1.060.862.035,26 pesos sobre $ 1.433.086.294,23 devengados, según la Rendición de Cuentas.

En materia de derechos, Cementerio se mantuvo en los porcentajes habituales de cobrabilidad, con el 51,2 % y una recaudación de $ 10.851.122,67 sobre un total devengado de 21.192.954,29.

Una vez más, el derecho de Publicidad y Propaganda fue el tributo con peor cumplimiento, aunque creció del 10 % de 2022 al 33,5 por ciento. Se recaudaron 8.596.769,71 de 25.660.062,96 por cobrar.

Patente de motos comparte el podio del derecho con menor cumplimiento por parte de los contribuyentes, con el 34 por ciento de cobrabilidad, aunque fue 10 puntos mayor que el año anterior, y una recaudación de 13.066.831,35 sobre 38.017.602,46 devengados.

Por derechos de construcción devengaron 24.617.646,75 pesos y cobraron efectivamente $ 18.947.600,15, por lo que la cobrabilidad fue del 77 por ciento.

En total, de 178.458.211,44 pesos devengados en concepto de derechos del ejercicio 2023, el Gobierno recaudó 82.060.978,10, lo que representa, como se dijo, una cobrabilidad de apenas el 46 por ciento, más de 15 puntos menos que en 2022.

En la memoria descriptiva del ejercicio 2023, el Gobierno advirtió que hubo incrementos en los servicios que afectaron de manera notable, sobre todo el último trimestre, las finanzas municipales. 

Ashira, por ejemplo, aumentó en el año un 400 por ciento, lo que provocó deudas con la empresa y hasta un reclamo por la vía judicial que luego no avanzó. 

El servicio que brinda esa compañía tiene una tasa deficitaria desde su emisión, es decir que aun con el 100 % de cumplimiento no alcanzaría para pagarlo.

En el último trimestre, señalaron, "la economía de los contribuyentes resintió el cumplimiento de las obligaciones fiscales", lo que redundó en una caída de la cobrabilidad respecto del resto del año. 

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Una vez más, el gasto en sueldos se llevó un alto porcentaje de los fondos municipales. Según la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023, fue más del 80 por ciento de los recursos de libre dsponibilidad.

El Municipio percibió en conceptro de ingresos de libre disponibilidad unos 7.826.843.167,66 pesos y el gasto en personal fue de 6.501.950.102,74, lo que representa un 83 por ciento del total.

El cálculo es aproximado, puesto que hay algunos salarios que se pagan con fondos afectados, lo que modifica, punto más, punto  menos, el porcentaje final.

Los recursos de libre disponibilidad son justamente los que el Municipio tiene para erogar sin orden epecífica, algo que sí tienen las cuentas afectadas, que son ingresos que tienen destino previo.

En su Memoria Descriptiva sobre el ejercicio 2023, el Gobierno señaló que "se realizó una gran inversión en recursos humanos y se generaron nuevos puestos de trabajo y nuedos dispositivos en Salud Mental".

El cálculo de la Memoria Descriptiva dice que "el Municipio destinó el 51 % a gastos de personal; 12 % a bienes de consumo; 16 % a servicios no personales; 13 % a bienes de uso y capital; 3 $ a transferencias a instituciones y personas; y un 5 % a otras erogaciones".

Claro que esa cuenta es sobre el total de los recursos, lo que incluye todo el desembolso relacionado a obras y otras cuentas afectadas que al no ser de libre disponibilidad no se deben tener en cuenta a la hora del análisis de la asignación de fondos a salarios y a cuestiones operativas propiamente dichas.

"La realidad económica del país ha generado una pérdida del valor de los salarios. En el ámbito municipal se priorizó el cumplimiento de los plazos de la obligaciones laborales y preservar los términos relativos de sus salarios", señalaron desde el Ejecutivo.

En ese marco, destacaron haber "cumplido en tiempo y forma con las obligaciones mensuales y aguinaldo sin ayuda por parte de Provincia, aunque se utilizaran fondos afectados para su devolución según la reglamentación vigente", algo que volvieron a hacer en enero, cuando tomaron $ 400 millones de recursos afectados para pagar a los trabajadores.

El Presupuesto 2023, confeccionado por el intendente interino Ramón Salazar y su secretario de Economía y "primer ministro" Fabián Rodríguez no contempló pauta de aumento salarial para el año pasado, a pesar del contexto inflacionario.

Las negociaciones paritarias terminaron el año con un 109 por ciento de aumento, a pesar del reclamo de los sindicatos para un aumento para fin de año que no llegó sino hasta el primer trimestre de 2024.

A ello hay que sumar la paritaria del personal de carrera médico hospitalaria, que incluye a médicos y personal de salud pero también a otros profesionales que no necesariamente tienen injerencia en cuestiones sanitarias, pero están incluidos en ese régimen.

Por supuesto, en el costo de salarios deben incluirse los de integrantes del gabinete político, y los del intendente y los concejales. 

En 2022, el porcentaje de sueldos sobre ingresos de libre disponibilidad había sido de casi el 74 por ciento, lo que revela un incremento para el año pasado de casi 10 puntos.

El 83 por ciento en sueldos se había registrado en 2019, también año electoral en el que Cecilio Salazar se jugaba la continuidad de su Gobierno. En 2018, el gasto en personal fue del 78 %; en 2020, sin aumento por la pandemia, del 68 %; y en 2021, del 71 por ciento.

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El Concejo Deliberante ya tiene en su poder los expedientes para analizar la Rendición de Cuentas 2023, la del ejercicio cuyo presupuesto confeccionaron el intendente interino Ramón Salazar y su secretario de Economía Fabián Rodríguez, que gobernaron tres meses de ese año, pero que ejecutó Cecilio Salazar con Alfredo Carrasco en Hacienda, campaña electoral incluida.

El presupuesto aprobado era de 9500 millones de pesos, pero el contexto inflacionario del año pasado implicó un importante incremento del gasto, aunque también de los recursos que llegaron al Municipio. 

En ese marco, el Gobierno envió por separado un proyecto de ordenanza para convalidar los "excesos presupuestarios" del ejercicio, que también tiene en tratamiento el HCD.

Los recursos percibidos totales ascendieron a 13.187.304.827,51 pesos y los recursos devengados totales a $ 14.226.292.251,80, lo que arroja un déficit de alrededor de poco más de mil millones.

El resultado del artículo 44 de Rafam (reecursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda) arroja el déficit formal de 740.849.253,53 pesos que había adelantado La Opinión.

La deuda flotante al cierre del ejercicio fue de 1700 millones de pesos.

La suma es elevada aun si se restan los casi 700 millones que implican sueldos y contribuciones patronales que quedaron sin pagar al 31 de diciembre y que se saldaron a principios de año.

Lo más relevante de la deuda son las cuentas comerciales, que suman 721,5 millones y los contratistas, por casi 150 millones, que son los que peregrinan a diario para intentar cobrar facturas atrasadas. 

En ese entuerto hay que anotar a Ashira, que en diciembre fue a la Justicia, aunque no impulsó luego la demanda, para reclamar boletas sin abonar. Mes a mes, la empresa cobra bastante menos de los 117 millones que cuesta su servicio, lo que genera deuda.

El análisis de la Rendición de Cuentas recién comienza. No sólo en el Concejo Deliberante sino también en La Opinión, que como cada año irá entregando capítulos de lo que periodísticamente resulte más relevante para la comunidad respecto de cómo se utilizaron los recursos disponibles en el ejercicio 2023 de acuerdo a lo que figura en los expedientes oficiales.

Los concejales pasaron otro fin de semana sin la posibilidad de comenzar a analizar la Rendición de Cuentas 2023 puesto que el Concejo Deliberante, que preside el oficialista Pablo Vlaeminck, no entregó los archivos hasta este lunes.

El Gobierno elevó el expediente el 27 de marzo, una hora antes del cierre de la última jornada administrativa previa a los feriados de Semana Santa, que implicaban seis días con las oficinas cerradas.

Aunque hubo tres días en esta semana corta, el viernes terminó sin que los ediles reciban los anexos con el detalle de la ejecución de los recursos, el balance general, la situación económico financiera del Municipio, etc.

"No terminaron de escanearlos", fue la respuesta que recibieron los concejales que a última hora administrativa del viernes consultaron sobre los expedientes de la Rendición de Cuentas.

Así, hubo que esperar a que el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, instruya al personal para que termine de digitalizar los expedientes y que queden a disposición de los concejales para el análisis.

Los archivos llegaron a los concejales este lunes, cuando ya pasaron  10 días desde que el Gobierno elevó las cuentas del ejercicio 2023, que deben ser tratadas en recinto, para aprobarlas o no, antes del 31 de mayo.

El Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023, correspondiente al año electoral y en el que la economía se vio afectada por un proceso inflacionario que modificó todas las previsiones.

Los expedientes que conforman la Rendición de Cuentas no fueron escaneados o al menos todavía no están a disposición de los concejales para que comience su análisis, puesto que ingresaron a las 13.00 del miércoles, último día hábil de la semana y del mes.

El Gobierno cumplió con los plazos previstos por la Ley Orgánica para la entrega de la rendición del ejercicio anterior, pero el estudio por parte de los ediles no podrá comenzar hasta al menos una semana después, puesto que ya es feriado para la administración pública, por lo que tampoco tendrá lugar la sesión correspondiente al segundo jueves de cada mes.

El déficit del ejercicio 2023 se ubicó en alrededor de 750 millones, lo que en principio parece mucho pero también puede ser considerado poco en el marco de un año de inflación descontrolada y sobre un presupuesto nominal de 9500 millones representa menos del 8 por ciento.

Junto con la Rendición de Cuentas, el Gobierno elevó un proyecto de ordenanza para convalidar los "excesos presupuestarios" del ejercicio anterior, correspondiente al año electoral y con un cálculo de recursos y gastos confeccionado por el intendente interino Ramón Salazar y su secretario de Economía, Fabián Rodríguez, aunque ejecutado por Cecilio como jefe comunal y Alfredo Carrasco a cargo de Hacienda.

La solicitud de convalidación está prevista en la ley de emergencia prorrogada por la Legislatura bonaerense para que los gobiernos municipales vayan al Concejo Deliberante para solicitar que les convaliden aquellas partidas excedidas del presupuesto del año pasado porque no estaban previstas o porque fue necesario extralimitar el gasto.

Generalmente, esta solicitud de readecuación aparece en el propio expediente. Esta vez, el Gobierno elevó un proyecto de ordenanza por separado y, todo indica, el oficialismo pedirá votación nominal para que quede asentado cómo votó cada concejal, sobre todo para el Tribunal de Cuentas.

En el Ejecutivo sostienen que esos "excesos presupuestarios" están relacionados con el proceso inflacionario y la falta de previsión en el presupuesto confeccionado por Fabián Rodríguez y Ramón Salazar, que no contempló los aumentos de sueldos del personal municipal, los de los profesionales de la salud ni los incrementos que sufrieron servicios como el de recolección de residuos.

En el Concejo Deliberante, la oposición espera analizar con detenimiento la Rendición de Cuentas para abordar esas "extralimitaciones", puesto que parten de la premisa de que en años electorales los gobiernos suelen impulsar gastos extra que pueden ser parte de "campaña encubierta" o "cobertura de campaña".