El viernes pasado, antes de la sesión especial en la que se trató la Rendición de Cuentas 2025, La Opinión reveló que los concejales habían tomado vista de los denominados "decretos reservados" y que su contenido estaba lejos de ser "secreto de Estado": eran todos "acomodos" de familiares de funcionarios, concejales y punteros.

Nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, en su mayoría de personas con vínculos políticos, formaban parte de lo que el Gobierno municipal decidió ocultar de la publicación de los boletines oficiales, amparados en la "protección de datos sensibles".

Este lunes, luego de que en la sesión la concejala de Nuevos Aires Paola Basso expusiera diversos casos, desde el bloque Alianza La Libertad Avanza, que representa al presidente Javier Milei en San Pedro, los ediles Joaquín González y Melina Panatteri elevaron una propuesta para que rija una ordenanza que establezca la obligatoriedad de publicar ese tipo de medidas.

La iniciativa es para modificar la ordenanza vigente y establecer que "será obligatoria la publicación" de todo decreto que implique designación de personal, pases a planta permanente, contrataciones, nombramientos, recategorizaciones, bonificaciones y "toda otra medida que implique erogación de fondos públicos o alteración de la situación laboral de funcionarios o agentes municipales".

"No podrán ser clasificados como reservados, confidenciales o de acceso restringido por el solo hecho de referirse a cuestiones de personal, debiendo garantizarse en todos los casos la publicidad del contenido esencial del acto administrativo", dice el articulado.

En los considerandos, los concejales impulsores del proyecto señalaron que "la transparencia administrativa no puede aplicarse de manera selectiva ni quedar sujeta a criterios discrecionales que permitan conocer determinados actos mientras se impide el acceso a otros de idéntica naturaleza jurídica".

"Los vecinos del partido de San Pedro tienen derecho a conocer quiénes ingresan a la administración municipal, quiénes acceden a cargos políticos, quiénes son incorporados a planta permanente y qué beneficios salariales son otorgados con fondos provenientes de los contribuyentes", sostuvieron Panatteri y González.

El concejal Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal que completan Fernando Negrete y Mauro de Rosa, explicó ante La Opinión por qué votaron a favor de la Rendición de Cuentas 2025 tras haber sido críticos opositores al Gobierno de Cecilio Salazar, posición que modificaron desde las últimas elecciones a esta parte.

Rivas y sus compañeros de bloque no pidieron la palabra en sesión —a excepción de De Rosa, aunque sólo para apurar la votación—, lo que llamó la atención, sobre todo del presidente del bloque, que suele intervenir en todos y cada uno de los expedientes que se tratan en el recinto.

Rivas dijo que no tenía mucho sentido hablar "después de la campaña política de La Libertad Avanza, del bloque de Rey y del análisis inexacto de la doctora Basso".

Respecto de la exposición de la concejala radical, señaló: "Vamos a chequear y vamos a ver que los números que tiró estaban errados en su mayoría, como en otras oportunidades".

"Decidimos, como habíamos hecho en el Presupuesto y en las acciones que creemos tenemos que tener hoy, poner por delante los intereses de San Pedro, acompañar para dar herramientas, un marco de gobernabilidad, y exigir cuando vemos algo que está mal, con una propuesta superadora, no solamente con la crítica y el voto negativo", argumentó el concejal el acompañamiento.

En ese marco, analizó: "Cambió, muy claramente, el esquema de la política nacional y provincial. Estamos realmente en un momento de crisis, no en el Municipio de San Pedro, que no ha generado las herramientas necesarias para levantar la base imponible y recaudar más, pero vemos a los municipios vecinos y encontramos la misma problemática".

"Hay recesión en los comercios, la gastronomía, el turismo y si a eso le sumamos la desfinanciación del Gobierno nacional en áreas claves, el aumento de los impuestos nacionales que no vuelven, creo que el esquema es realmente diferente a lo que planteábamos en años anteriores", sostuvo.

También, al igual que el oficialismo, tuvo cuestionamientos para el Gobierno del presidente Javier Milei: "El cambio es ese, el esquema de la política nacional, que en lugar de traer cuestiones justas para los vecinos y quitar la casta del poder, se generó una nueva casta, una presión fuerte sobre las provincias y por ende sobre los municipios, que es el primer mostrador y está todo el tiempo a punto de estallar y en ajuste y crisis, porque no llegan las partidas que deberían llegar".

Durante la sesión especial en la que el oficialismo y sus aliados aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, la única que expuso un análisis del expediente desde la oposición fue la concejala de Nuevos Aires, Paola Basso.

Mientras Ariel Rey (San Pedro Puede) y Joaquín González (La Libertad Avanza) eligieron discursos cortos —cuatro minutos y medio el primero; dos minutos y cuarto el segundo—, Basso se tomó casi media hora para exponer una gran cantidad de detalles que encontró en las casi mil páginas del expediente y en la información complementaria que solicitó al Gobierno.

En relación al déficit, destacó que tanto el presupuesto aprobado como los gastos devengados superaron ampliamente lo del año 2024, incluso por encima de la inflación registrada.

Como advirtió La Opinión en su primer análisis de la Rendición de Cuentas apenas fue presentada, Basso puso de relieve que se gastó casi el 92 por ciento de los recursos de libre disponibilidad en pagar sueldos.

“El año pasado había insumido en el 70 por ciento”, dijo y señaló: "Jamás vi una cosa igual, un disparate". En ese sentido, cuestionó que hay una gran cantidad de áreas "superpobladas en un municipio quebrado".

Basso detectó que en 2025, año electoral, el Municipio registró el ingreso de 65 nuevos empleados, de los cuales 42 reemplazaron a jubilados y 26 fueron incorporaciones "puras".

En ese marco, cuestionó los "decretos reservados", entre los que figuran, justamente, los nombramientos de empleados: "Para que no nos enteremos o quiénes son o cuántos son".

Entre esos decretos que el Gobierno decidió no publicar en el Boletín Oficial como si fueran "secreto de Estado" aparecen bonificaciones a funcionarios políticos, lo que llamó la atención de la concejala opositora.

Puso como ejemplo que Pablo Vlaeminck, cuando terminó su mandato de concejal y fue acomodado para que no se quede sin trabajo en la Dirección de Centros de Salud fue beneficiado con una bonificación del 70 por ciento sobre el sueldo, cuando hasta el momento los funcionarios siempre cobraron el 50 %, con algunas excepciones muy puntales.

Otro que recibió el 70 por ciento de bonificación al ingresar como funcionario fue el nuevo director administrativo del Hospital, Andrés Filón, quien no reemplazó a nadie, porque los que se ocupaban de las tareas que él hace siguen como funcionarios, pero en otras áreas.

También recibieron el 70 por ciento de bonificación el entonces director de Presupuesto Marcelo Delbene, y el director de Rentas, Christian Rial, reveló Basso.

Además, cuestionó el hallazgo de un decreto reservado mediante el que se le otorgó un 35 por ciento en concepto de premio por conducción a un empleado municipal cuya tarea es la de ser "chofer del secretario de Seguridad", Eduardo Álvarez.

"Es escandaloso, el secretario de Seguridad tiene chofer y hace un mes dijo que no tenía decibelímetro, que no tenía alcoholímetro", señaló Basso y recordó que ese 35 % es el máximo de bonificación para conductores de vehículos, destinada a quienes "manejan grúas, máquinas viales, ambulancias".

De la misma manera, cuestionó la bonificación por "bloqueo de título" del arquitecto Mariano Brañas, secretario de Obras Públicas. "Jamás en la historia se pagó", aseguró. Brañas es uno de los funcionarios de mayor sueldo en el gabinete, lo que provocó resquemores entre algunos de sus compañeros.

También se refirió a la bonificación que percibieron el año pasado las titulares de la Secretaría de Salud, María Vargas hasta septiembre e Isabel Carrasco desde octubre, que alcanzó "el doble, prácticamente, un 200 por ciento", dijo.

Basso destacó que los sueldos de los jefes del área de Salud —secretaria, directores de hospitales y otros funcionarios— explican el promedio elevado de los salarios médicos.

"Los directivos, los jefes, los políticos: si nos preguntábamos dónde estaba la plata", disparó tras señalar que "la secretaria de Salud habló de lo que cobran los médicos".

"Qué barbaridad decirle a los médicos decir que los médicos cobran 4 millones y vos sola capaz que te llevás 10, se me caería la cara de vergüenza", enfatizó.

En Salud, a su vez, señaló que hay alrededor de 100 personas que trabajan vía contrato de locación de servicios, entre los que destacó el caso de un profesional que hace guardias y "firmó un contrato que 33,5 millones de pesos en el año".

Entre los detalles que reveló figura que el Hospital insumió el 95 por ciento de los alrededor de 70 millones de pesos que se gastaron en carne. "Cuando preguntamos dicen que es para los internados y los médicos de guardia, cuándo estamos cansados de escuchar las quejas", indicó.

Otro de los datos que reveló fue que se pagaron 32 millones de pesos para arreglar el desobstructor, pero desde Servicios Públicos le dijeron que todavía estaban en proceso de rectificación del motor por lo que el camión municipal sigue sin estar operativo.

Los gastos en concepto de "otros" que aparecen en las readecuaciones presupuestarias hay 71 millones de la Secretaría de Modernización que conducía Luciano Arias; 195 millones en el Hospital; 270 millones en Cultura; 29 millones en Jefatura de Gabinete; 316 millones para Servicios Públicos; 105 millones en Economía. "No sabemos qué serían, pero están ahí", dijo.

"Otra cosa que me llamó la atención es que en arcilla, arena, cal y cemento, Modernización tenía 45 millones; Economía, 79 millones; Hospital, 86 millones. Servicios Públicos, cero. Le podrían haber prestado algo al pobre Devito, que estaba tapando baches con tierra", ironizó Paola Basso.

Sobre la situación deficitaria, destacó que ante un contexto de baja cobrabilidad y "enorme gasto", el intendente "está atado de pies y manos" y se preguntó: "No sé qué vamos a hacer".

En ese marco, lanzó el cuestionamiento a los integrantes del gabinete: "Es lamentable, triste; me parece que están faltando funcionarios que en vez de pensar en aumentarse el sueldo y acomodar familiares que piensen en el desarrollo en la ciudad".

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 fue aprobada en el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo más los de Rivas, Negrete, De Rosa y Lafalce.

El resto de los ediles votaron en contra y los presidentes de bloque fueron voceros en el recinto para exponer lo que analizaron en estos dos meses que pasaron desde que el expediente fue remitido por el Gobierno.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Joaquín González tuvo una muy corta alocución para informar por qué su bloque votaba en contra. Con algunos aspectos políticos, no hubo ninguna alusión a detalles de la ejecución de recursos y gastos.

"Estuvimos analizándolo y a primera vista notamos un déficit exorbitante", dijo y agregó: "Creemos que los recursos no fueron utilizados oportunamente".

En ese sentido, cuestionó que "se va todo en personal y se sigue tomando gente" y sostuvo que su bloque no acompañaba "porque no son claros ni transparentes".

Además, cuestionó a los aliados políticos del oficialismo por haber sido elegidos en partidos opositores pero votan a favor del Gobierno. "Hay siete que somos verdaderos opositores", señaló.

El Concejo Deliberante aprobó este viernes la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, con los votos de los siete ediles oficialistas y los cuatro aliados de los bloques Acuerdo Vecinal y La Libertad Avanza línea Bullrich.

En la sesión, Soledad Llull defendió las cuentas de Salazar y los presidentes de los tres bloques opositores que votaron en contra tomaron, a su turno, la palabra para exponer en el b.

Uno de ellos fue Ariel Rey, que conduce el bloque San Pedro Puede que completa Mariana Reynoso. Fue una alocución corta, sin detalles específicos ni cuestiones puntuales del análisis de un expediente de casi mil páginas.

Rey eligió un discurso corto y netamente político, al punto de que dentro del Salón Dorado se escuchó decir que “empezó la campaña” a concejales que no se llevan bien con él.

“Admiro la audacia de presentar estos números, que muestran la catastrofe que fue la gestión de Salazar”, dijo Rey y pidió: “Explíquenle a la gente cómo hacen para gastar cada vez más y que los servicios sean cada vez peor”.

En ese marco, señaló que de acuerdo a lo que leyó en la rendición de cuentas “la plata se gastó y se vive cada vez peor”, por lo que se preguntó: “Cómo hacen para gastar más en salud cuando los médicos no tienen insumos para atender”.

Cuestionó que “se gasta todo en militancia no en servicios que resuelven las cosas a la gente” y que a pesar del aumento en el presupuesto de Seguridad los vecinos “no vive bien”.

“En producción gastan menos”, cuestionó y agregó: “Desfinancian el área que se ocupa de eso”. En ese marco, aseguró: “Gastan más y gastan mal”, porque “definen mal las prioridades y encima después todo este quilombo lo paga el vecino porque aumentan las tasas”.

“La gente ya no les cree nada, este gobierno dejó de pensar en lo que necesita el vecino”,  sostuvo Rey, que no dejó pasar la ocasión para exponer sus aspiraciones a gobernar la ciudad: “Vamos a recuperar San Pedro, claro que sí ”, dijo.

El Gobierno de Cecilio Salazar logró aprobar la Rendición de Cuentas 2025 gracias a que a los votos del bloque oficialista sumó los de sus aliados de Acuerdo Vecinal (Rivas, Negrete y De b) y de La Libertad Avanza línea Bullrich (Lafalce)

Durante la sesión especial, Soledad Llull, presidenta de la bancada de Fuerza Patria y titular de la comisión de Presupuesto fue la vocera del oficialismo.

"La situación financiera resulta crítica a corto plazo porque no se sustenta con lo recaudado", dijo Llull y repitió lo que el secretario de Economía Roberto Borgo había destacado ante La Opinión respecto de que la coparticipación que llega no alcanza para cubrir la masa salarial mensual.

Indicó que "la cobrabilidad se registra en sus cifras más bajas de la historia" y que está en el orden del 30 por ciento, lo que dificulta cumplir con los servicios básicos.

Destacó que la situación de déficit tiene como eje la decisión del Municipio de no desestimar la demanda que tiene el sistema de salud público, que asiste "al 70 por ciento" de la población local.

"La gran demanda que hay responde a que la gente se quedó sin trabajo y sin obra social", dijo y sostuvo que "la salud depende del sistema público".

En ese marco, Llull tuvo críticas al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei, cuyas medidas, señaló, atentan contra las gestiones provincial y municipal.

Indicó que servicios básicos obligatorios del Estado local como agua corriente y recolección de residuos demandan cada mes una gran cantidad de recursos con los que no se cuenta no sólo por la caída en la cobrabilidad sino por la baja recaudación que impacta en la coparticipación.

En se marco, aseguró: "En este contexto y con estos números, los efectos de la macroeconomía profundiza la crisis en los municipios".

Destacó que aun en la situación complicada desde el punto de vista financiero, el Municipio mantiene la prestación de servicios así como "muchísimos programas" en barrios, que dependen de diversas áreas.

"El futuro no se ve muy prometedor si la situación a nivel nacional sigue igual", advirtió la vocera del Gobierno del intendente Cecilio Salazar en la sesión en la que fue aprobada la Rendición de Cuentas.

El intendente Cecilio Salazar logró una vez más aprobar la Rendición de Cuentas. Esta vez, tras la derrota en las últimas elecciones, necesitó de los votos de aliados políticos para lograrlo.

La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 fue aprobada por 11 votos contra siete. Votaron a favor los bloques Fuerza Patria (Soledad Llull, Martín Baraybar, Valentín Bravo, Tamara Vlaeminck, Cristian Leguizamón, Juan Cruz González y Rita Leguizamón), Acuerdo Vecinal (Martín Rivas, Mauro de Rosa y Fernando Negrete) y La Libertad Avanza (Diego Lafalce).

Lo hicieron en contra Nuevos Aires (Paola Basso, Damián Mosquera, Belén Santos), Alianza La Libertad Avanza (Joaquín González y Melina Panatteri) y San Pedro Puede (Ariel Rey y Mariana Reynoso).

Hubo pocas alocuciones en el recinto, a pesar de una previa cargada de matices que incluyeron hasta un altercado entre Rey y Rivas, con denuncia de trompadas incluida.

Desde la oposición fue Paola Basso la única que profundizó aspectos de la rendición de cuentas propiamente dicha, con datos y detalles que incluso sorprendieron al resto de los opositores.

Joaquín González (LLA) y Ariel Rey (San Pedro Puede) tomaron la palabra para hacer consideraciones políticas generales, sin detenerse en cuestiones puntuales, aunque habían solicitado información al respecto, lo que hacía prever que tendrían aspectos específicos a los que referirse.

Soledad Llull, por su parte, fue la vocera del oficialismo. En su alocución repasó el Mensaje Anual del intendente Cecilio Salazar, que fue incluido como “memoria descriptiva” en la Rendición de Cuentas, y se detuvo en algunos ejemplos relevantes que, al criterio del Gobierno, justifican la situación deficitaria del Municipio.

En ese marco, no faltaron las críticas al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei por la influencia que tienen las medidas tomadas por Nación en las gestiones provincial y municipal.

Este viernes el Concejo Deliberante tratará la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2025 en una sesión especial convocada para las 14.30, luego de la sexta ordinaria, que tuvo lugar este jueves.

En un clima caldeado por el altercado que protagonizaron los ediles Ariel Rey y Martín Rivas, con acusaciones de golpes de puño incluidas, el Gobierno confía en que obtendrá los votos necesarios para aprobar las cuentas del ejercicio 2025, año electoral.

La situación entre Rivas y Rey ocurrió mientras varios concejales estaban en la Secretaría de Economía para tomar vista de los denominados "decretos reservados", una serie de documentos que figuran así en el Boletín Oficial, es decir sin detalle público.

Gran sorpresa se llevaron los concejales presentes en esa revisión al detectar que los casi 130 decretos "escondidos" por el Gobierno de la visibilidad pública del Boletín Oficial no tienen una relevancia de "secreto de Estado".

Muy por el contrario, son un secreto a voces: nombramientos, pases a planta, bonificaciones y recategorizaciones, la gran mayoría de personas con vínculos políticos.

Un clásico: acomodos a troche y moche. Hay familiares directos de funcionarios y concejales y hasta miembros del Concejo Deliberante, más los clásicos hijos o parientes de punteros políticos, lo que no hace otra cosa que alimentar sospechas en un año electoral.

Al interior del gabinete no faltaron las voces que consideraron que la modalidad podría traer problemas. Habían visto lo obvio: todos juntos iban a llamar la atención, sobre todo a la hora de la Rendición de Cuentas.

Entre los más llamativos a los que tuvo acceso La Opinión aparecen por ejemplo el pase a planta permanente de la pareja de la concejala presidenta del bloque oficialista Soledad Llull.

El ingreso a la Municipalidad de la hermana del exdirector de Deportes y actual concejal Valentín Bravo, lo que ocurrió en plena campaña electoral en la que él encabezaba la lista de Salazar.

La incorporación a carrera médico hospitalaria del concejal Diego Lafalce, empleado municipal a quien le correspondería ese régimen porque es licenciado en Enfermería, aunque se la consignaron mientras no está desempeñando tareas, puesto que como edil debería estar de licencia en su rol de  trabajador del Estado local.

El traslado a comisión a Fiscalía de la hija del secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, quien ya había sido designada como empleada municipal y trabajaba en el Juzgado de Faltas.

Además, entre los decretos reservados el Gobierno puso la lista de renovación de cargos temporarios, algo que habitualmente publicaba La Opinión y que solía ser, en todos los gobiernos, motivo de "disgustos" puertas adentro de Palacio.

Allí, como siempre, aparecen apellidos vinculados a punteros políticos, empleados municipales de aceitada relación con el Gobierno, funcionarios del gabinete y a concejales.

Durante la sesión del jueves, el concejal Joaquín González, de La Libertad Avanza, dijo que habían visto los decretos reservados y que "todos los de acá", por el Concejo Deliberante, "tienen familiares, los acomodan con bonificaciones y demás".

Algo similar dijo Ariel Rey en diversas notas periodísticas que dio después de que La Opinión lo entrevistara en relación a lo ocurrido con Martín Rivas cuando miraban esos decretos.

Todo indica que la oposición, que tuvo la posibilidad de revisar esos casi 130 decretos reservados que el Gobierno decidió "esconder" de los boletines oficiales, expondrá al respecto en la sesión especial de este viernes.

El Concejo Deliberante debe tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 antes del 31 de mayo y lo hará este viernes, en una sesión extraordinaria convocada para tal fin para las 14.30.

Sin muchas posibilidades de revisar y con diversos pedidos que no fueron canalizados como corresponde, la oposición corre contrarreloj para analizar una serie de cuestiones vinculadas a lo que les toca: el análisis político de oportunidad, mérito y conveniencia de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos durante el año electoral.

Aunque hubo dificultades para acceder a los módulos de Rafam —sólo habilitaron acceso a dos de los nueve y en una computadora sola para todos los ediles, sin reclamos airados de Martín Rivas, como en la época en la que no era "garante de la gobernabilidad"—, los bloques opositores revisaron algunos ítems sobre los que quieren detalles.

En el orden del día de la sesión ordinaria de este jueves figura una solicitud del bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, en la que piden que les remitan copia o les permitan tomar vista de órdenes de compra y órdenes de pago de 18 proveedores.

Entre ellos, llamó la atención al menos uno, del que piden ver el detalle de 60 facturas. Las vinculaciones de ese proveedor llamaron aún más la atención, puesto que tiene relaciones políticas, sindicales y hasta incompatibilidades administrativas previstas por la Ley Orgánica.

La empresa se llama Nexo de San Pedro SRL y su socio gerente, según obra en Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires desde 2021, es Mauricio Preiti, en cuyo domicilio tiene asiento legal.

Preiti es exconcejal, exsindicalista de Seda, expresidente del PJ local, habitual integrante de la asamblea de Mayores Contribuyentes —aunque tiene intereses en contratos con la Municiipalidad—y de fluida relación con Horacio Azzoni, el sindicalista de la Uocra.

Cada vez que se señala esa relación Azzoni dice que "Preiti no tiene nada que ver con el gremio" y que sólo son “amigos” y que tiene algún tipo de vínculo laboral con su hijo Santiago, con quien además comparte sociedad en otras empresas.

Nexo de San Pedro SRL tiene una amplia gama de actividades que abarca: servicios de comida; alojamiento y hospedaje; alquiler de maquinaria; transporte de cargas; construcción y reparación de edificios; servicios de protección civil; transporte automotor de pasajeros.

En Rafam figuran esas 60 órdenes de pago, muchas de ellas, la mayoría canceladas y algunas sin cobrar al cierre del ejercicio, por montos que van de los 80 mil pesos a los 8 millones.

Además de esas múltiples facturas por servicios cuyo detalle no aparece en sistema y forma parte de lo que pidió la oposición al Gobierno, Nexo de San Pedro aparece como adjudicataria de la contratación directa para la construcción de la platea de hormigón para los consultorios modulares externos del Hospital.

El detalle que pide la oposición más ese contrato de obra,  de 35,6 millones de pesos, suman en total alrededor de 164,5 millones de pesos.

Las facturas serían por tareas de “mantenimiento” en diversos sectores y por servicios de transporte de pasajeros como los que el Gobierno ofreció para eventos en localidades, como la Fiesta del Durazno.

Nexo de San Pedro aparece en los boletines oficiales del año 2024 como adjudicataria de refacciones del SUM de La Tosquera y porque en ese mismo año solicitó habilitación del shop de la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero, que fue denegada porque no cumplió con los requisitos relacionados con seguridad antisiniestral ante Bomberos de San Nicolás.

En ese momento, 11 de enero de 2024, la resolución establecía que la empresa tenía "siete días para que se proceda al retiro de las mercaderías, elementos, mobiliario y útiles existentes" en el lugar, que todavía funciona sin que haya aparecido en el Boletín Oficial la autorización correspondiente.

De la misma manera, la empresa Nexo de San Pedro fue hasta marzo locataria de un inmueble ubicado en Rivadavia y Perón, donde funciona la denominada Posada Los Robles, que históricamente careció de habilitación  y cuyos propietarios litigaron por ello con la Municipalidad.

En ese hospedaje, del que tampoco hay registro público de que haya sido habilitado como corresponde, solían parar funcionarios del Gobierno que no tenían domicilio en San Pedro, como el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, aunque se desconoce si por cuenta del Municipio o propia.

La solicitud para conocer detalles acerca de lo facturado por esta empresa tiene como eje la sospecha de que habría sido favorecida por sus vínculos políticos en una gran cantidad de contrataciones.

Esta semana, el secretario de Economía, Roberto Borgo, estuvo presente en el Concejo Deliberante para responder preguntas de los ediles en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

El funcionario fue a la comisión de Presupuesto, donde tramita al expediente, que debe ser tratado en sesión antes del 31 de mayo, por lo que queda la mitad del plazo disponible para su análisis.

"Fue más que nada para fijar el marco del resultado del ejercicio", dijo Borgo a La Opinión. El secretario de Economía señaló que fue "la primera reunión" y que acordaron que "vamos a volver a ir todas las veces que sea necesaria".

Borgo entiende que la próxima reunión podría estar más focalizada en detalles, tras este primer encuentro más general. "Habíamos acordado que el acceso a Rafam estaría disponible apenas entraba el expediente a tratamiento y eso se cumplió", señaló.

Concejales de la oposición hicieron consultas sobre algunos puntos y quedaron en analizar aspectos más finos para evacuar en diálogo con Borgo en otra reunión, aunque también lo pueden hacer en la Secretaría de Economía.

"Nosotros tenemos dos problemas complicados en la gestión: el costo de la salud pública, que tiene una sobreejecución respecto de los recursos que vienen de coparticipación; y que estamos muy atrasados en materia de recursos propios", dijo el funcionario a La Opinión.

Las reuniones con el secretario de Economía y los funcionarios municipales en el ámbito de la comisión de Presupuesto tienen un alcance técnico. La dimensión política del análisis de la Rendición de Cuentas, los concejales la abordarán en sesión cuando se trate el expediente.

"Hay cuestiones relacionadas con el planteo de eficiencia del gasto que hay que analizar que lo que ingresa no alcanza para cubrir los servicios, como el de recolección de residuos", señaló el funcionario.

En ese marco, Borgo consideró: "Si no hay actividad económica, los comercios no facturan, no tenemos posibilidad de obras de infraestructura de otras jurisdicciones vamos a seguir acumulando déficit".

El Gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, año electoral en el que la lista del intendente perdió las elecciones, lo que derivó en que ya no tiene mayoría propia en el cuerpo que debe tratar los expedientes.

El ejercicio económico financiero del año pasado fue, como se esperaba, deficitario: los 46 046 millones percibidos en total no alcanzaron para solventar los más de 56 500 millones de gastos devengados.

La diferencia, de alrededor de 10 500 millones, representa un déficit del orden del 18,5 por ciento.

Una vez más, el gasto en personal tuvo un alto porcentaje sobre los recursos percibidos y alcanzó el 73 por ciento. 

El monto del año en sueldos fue de 24 025 millones y los recursos de libre disponibilidad llegaron a 31 559 millones.

El resultado financiero del ejercicio 2025 según el artículo 44 de Rafam, que compara recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda, alcanzó un déficit formal de  casi 7274 millones de pesos.

El déficit entre recaudación y costo de la prestación de los servicios obligó al Gobierno a pedir al Concejo que autorice quintuplicar el monto máximo de utilización de recursos afectados para gastos corrientes previsto en el Presupuesto 2025.

Los déficit mensuales de la comparativa entre recaudación de tasas y costo de los servicios iban del 64 al 80 por ciento en la principales tasas.

En ese cuyo contexto el 18,5 por ciento de déficit del ejercicio fue tomado en el Ejecutivo como un porcentaje bajo respecto de lo esperable en el contexto de crisis actual.

La Rendición de Cuentas 2025 fue presentada por el Gobierno ante el Concejo Deliberante el martes 31 de marzo, plazo límite de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Se presentó a las 11.00 de la mañana. La contadora Mariana Giosa lo entregó al presidente del Concejo, Martín Baraybar", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

El Gobierno cumplió además con la publicación obligatoria de la situación económico financiera al cierre del ejercicio, cuyo documento obra en La Opinión, autorizada formalmente por la Corte Suprema para publicaciones oficiales.

En el Concejo Deliberante escaneaban toda la documentación presentada por el Gobierno, tras lo que estará disponible para que la analicen los concejales, que deberán darle tratamiento en comisión y votar antes del 31 de mayo.

Cuando esté disponible, como todos los años, La Opinión analizará aspectos vinculados a la ejecución de los recursos, la evolución del gasto, los índices de cobrabilidad de tasas y derechos, entre otros puntos relevantes de la Rendición de Cuentas.

La Libertad Avanza no demoró en responder el comunicado del intendente municipal, Cecilio Salazar, quien cuestionó la habilitación del portal nacional Transparencia Tributaria Municipal.

La decisión del gobierno de Javier Milei tiene como finalidad denunciar las alícuotas que los contribuyentes consideren abusivas en las tasas y contribuciones o fondos especiales municipales, en los distritos del interior del país.

Salazar había difundido su postura bajo el título “La autonomía municipal no se negocia”. Desde la representación local de La Libertad Avanza replicaron con el documento “Autonomía con responsabilidad y transparencia”.

“Creemos firmemente que la autonomía municipal es un principio que debe ser defendido. Los municipios deben tener herramientas para financiar los servicios que prestan y sostener el funcionamiento de la ciudad. Pero la autonomía no puede desligarse de la responsabilidad”, señalaron en el inicio.

El espacio sostuvo que “cuando el Estado local le pide esfuerzo al vecino, ese esfuerzo debe estar acompañado por transparencia absoluta, eficiencia en el gasto y rendición permanente de cuentas. La verdadera discusión no es si se pueden o no cobrar tasas. La discusión de fondo es si el Estado municipal está utilizando cada peso de manera eficiente, si administra con criterios modernos y si demuestra que los recursos llegan efectivamente a los servicios que se prometen”.

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Para La Libertad Avanza San Pedro, “San Pedro necesita abrir una nueva etapa institucional basada en tres principios fundamentales:

1. Transparencia total

Publicación online y mensual de la ejecución presupuestaria, detalle de proveedores, licitaciones abiertas y nómina completa de cargos y funciones. La información no debe ser un privilegio, sino un derecho del contribuyente.

2. Control moderno y auditoría de gestión

Al margen de la tarea específica que realiza el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, creemos que un municipio moderno debe avanzar hacia mecanismos adicionales de auditoría de gestión, evaluación de resultados y control cruzado interno, que permitan detectar desvíos antes de que se consoliden y asegurar que cada peso se traduzca en mejores servicios para los vecinos.

3. Eficiencia y modernización del Estado

Revisión integral de estructuras administrativas, contratos y programas para eliminar superposiciones, gastos innecesarios y prácticas obsoletas. El Estado no puede pedir más recursos si antes no demuestra que utiliza bien los que ya tiene”.

Finalmente, y tras marcar una postura respecto la administración municipal, desde La Libertad Avanza dijeron saber que “en la Argentina gran parte de las crisis fiscales tienen origen en ineficiencias estructurales, falta de planificación y prácticas poco transparentes. San Pedro debe ser ejemplo de lo contrario”, y que “la autonomía municipal se defiende con resultados, no con consignas. Se defiende mostrando cuentas claras, servicios de calidad y un Estado que funciona”.

En el cierre, La Libertad Avanza afirmó: “San Pedro merece un Estado que administre mejor”.

El análisis del ejercicio económico financiero al final del primer semestre arrojó un déficit de alrededor de 2600 millones de pesos que en el Gobierno aseguran tiene explicación en las dificultades para hacer frente a los compromisos con los recursos con los que se dispone.

El repaso de los costos de las tasas contra la recaudación mes a mes da cuentas de que para cubrir la prestación el Municipio debe afectar recursos provenientes de otros fondos, porque no alcanza.

La tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es una de las más significativas en ese sentido, de acuerdo a la información a la que accedió La Opinión sobre su ejecución.

La recaudación de ABL alcanza para cubrir apenas el 21 por ciento del costo de la prestación.

En el desglose mensual promedio que la Secretaría de Economía expuso ante la consulta de La Opinión aparece que a junio, ABL tuvo una tasa de cobrabilidad del orden del 49 por ciento.

La emisión fue por más de 1142 millones de pesos y lo efectivamente percibido alcanzó los 560,5 millones. La cobrabilidad bajó respecto de 2024, cuando terminó en el 60 por ciento, un porcentaje ya muy bajo.

El promedio por cuenta tributaria de ABL es de poco más de 17 mil pesos por contribuyente. Algunos pagan más, otros menos, pero ese es el promedio.

Incluso si todos pagaran, no alcanzaría para cubrir el costo de la prestación: sólo se podría abonar el 53 por ciento del total.

En promedio, en el primer semestre, la emisión fue de 190,3 millones de pesos. La recaudación, $ 93,4 millones. El costo de la prestación alcanzó los 445 millones por mes, promedio.

Esos 93,4 millones de recaudación, que representan el 21 por ciento del costo total de la prestación del servicio, apenas alcanzaría para cubrir las facturas de Coopser por el servicio de alumbrado público.

Ese servicio implica el 20 por ciento del total de los costos (88,5 millones). La recolección de residuos insume el 35 por ciento (155,5 M); el barrido maunal,18 % (80,6 M); la recolección en localidades, 4 por ciento (18,7 M).

El resto se va en personal, 13 por ciento (56,3 M); Combustibles, 2 % (8,8 M); mantenimiento de alumbrado y reposición de lámparas, 2 % (8,3 millones por mes); mantenimiento del basural, 3 % (12,4 M); sistema de reciclado, 1 % (3,6 millones); bienes de uso, 2 % (8 millones); y servicios no personales, 1 por ciento (3,95 millones de pesos).

"Hace 10 años, el análisis arrojaba un resultado similar. Después de un tiempo considerable, no se pudo reconstituir la tasa", analizó el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante La Opinión.

Para el funcionario, la situación tiene un trasfondo político: "En algún momento las tasas tienen que seguir la evolución de la economía", señaló. 

Es decir, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo deberán sincerarse respecto de qué incrementos se van a proponer a la ciudadanía.

"En la medida en que se sigan moviendo las variables que influyen en la prestación y no las podamos cubrir con el valor mensual de la tasa, vamos a seguir discutiendo déficit", aseguró Borgo.

La primera mitad del año del ejercicio económico financiero de la Municipalidad terminó con un déficit de alrededor de 2600 millones que representa aproximadamente un 12 por ciento más de gasto sobre los recursos percibidos.

Que un Gobierno gaste poco más del 10 por ciento por encima de lo que cobró por tasas y recibió por coparticipación a mitad del año no pareciera motivo de preocupación, a juzgar por las dificultades económicas generales.

Pero a la vista de la evolución de los ingresos y de los gastos, con un importante porcentaje que se llevan los sueldos, lo que queda del ejercicio será delicado. En un año electoral, campaña mediante, aún más.

De los 41.500 millones de pesos que tiene previsto el presupuesto, el Gobierno ya gastó casi 23 mil millones, alrededor del 55 por ciento, bastante menos que en 2024, cuando para la fecha ya llevaba el 70. En materia de recursos, percibió poco más de 20.300 millones, lo que representa menos del 50 por ciento.

Como siempre, los sueldos se llevan el porcentaje mayor: alrededor del 75 por ciento sobre los recursos de libre disponibilidad, mismo nivel que al final 2024, pero por encima que al cierre del primer semestre, que era del 60. Son 10.613 millones sobre casi 14.130 millones.

Así, los salarios del personal municipal, médicos y profesionales de la salud, funcionarios del gabinete y concejales insumen casi 1769 millones por mes. 

Todo antes de pagar el aguinaldo, para el que esta vez hubo que recurrir a Provincia, que inyectó un adelanto de copartipación que habrá que devolver hacia fin de año. Además, ya empezaron los debates para la paritaria.

El 25 por ciento restante más casi 3500 millones de fondos afectados —echaron mano de esta cuenta para pagar aguinaldos y también hay que devolverlos— y poco más de 2700 millones de recursos extrapresupuestarios suman los 12.300 millones con los que la Municipalidad tuvo que hacer todo lo demás.

Los tres hospitales y los centros de salud implicaron más de 7 mil millones de pesos en total para cubrir las prestaciones necesarias. Salud es el área de mayor inyección de recursos en lo que va del ejercicio.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, apunta a profundizar en el segundo semestre lo que denomina su "plan de contención del gasto" para hacer más eficiente el proceso de compras.

Se sabe que las demoras en pago a proveedores implican que quien le vende a la Municipalidad lo hace más caro. En Palacio también entienden que muchos de esos proveedores no le podrían vender a ese volumen a ningún otro cliente.

Borgo reconce que la segunda mitad del año, tras el pago de los aguinaldos y con el necesario cumplimiento de las demandas de los médicos, que vienen atrasadas, será cuesta arriba.

Una vez más, el funcionario llegó a fin del primer semestre con un delicado equilibrio en las cuentas. El resto del ejercicio será muy complejo y llegar a diciembre con los recursos garantizados para hacer frente a los aguinaldos es la meta. 

Este jueves el Concejo Deliberante votará la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 del Gobierno de Cecilio Salazar, el primero de su tercer mandato y el primero desde que Roberto Borgo volvió a la Secretaría de Economía.

La comisión de Presupuesto dictaminó en la reunión de este martes. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el expediente, incluso si los ediles que no forman parte de su bancada —algunos opositores y otros no tanto— votaran en contra, puesto que cuenta con nueve más el desempate del presidente, Pablo Vlaeminck.

La Rendición de Cuentas entró en tiempo y forma, antes del 31 de marzo, y debe ser tratada antes del 31 de mayo, por lo que los ediles tuvieron casi dos meses para analizar el expediente y, además, hacer las consultas pertinentes, tal como prevé la normativa.

Borgo fue citado a la comisión de Presupuesto el 23 de abril. Ese día, tras casi un mes de revisión de la gran cantidad de páginas que conforman uno de los expedientes más importantes del año en el Concejo, algunos ediles de la oposición plantearon consultas.

Ese día, Borgo fue acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, que además oficia como "articulador" con el HCD. Dieron un pantallazo general de la ejecución presupuestaria y respondieron preguntas de Paola Basso, Matías Pisani y Diego Lafalce, presentes en la reunión.

Llamó la atención la ausencia del concejal opositor Martín Rivas, una de las voces más críticas del Gobierno en cada sesión y en redes sociales. Ese martes por la mañana se lo vio en los pasillos del Concejo y en su oficina, pero no participó de la comisión, de la que si bien no forma parte puede participar como oyente con voz pero sin voto para dictaminar.

Además, era la primera reunión con Borgo, de manera tal que todos los concejales podrían plantear dudas, consultas y acordar modalidades de trabajo para que en el mes que restaba pudieran observar, como les asiste el derecho, facturas, comprobantes de pago, decretos reservados y otra documentación que no tiene carácter público.

En ese encuentro, Basso fue la que mayor cantidad de consultas hizo. Tenía sentido: recién empezaban a mirar el expediente y es la concejala más experimentada. 

Acaso por eso también llamará la atención su ausencia el jueves, ya que no estará porque pidió licencia desde el 19 de mayo y hasta el 3 de junio, por lo que su banca la ocupará la suplente Victoria Romairone, quien tendrá pocos días para abordar el asunto y votar a favor o en contra.

Además. gran parte de la reunión se la llevó el análisis de la cobrabilidad de tasas, sobre todo por la situación de Seguridad e Higiene, la de mayor cobrabilidad, y la de Red Vial, que cayó respecto de sus números históricos.

Como ese día habían acordado mecanismos de consultas puntuales al secretario de Economía, con anticipación para que el secretario del área requerida pudiera acompañar cada requerimiento, en el Ejecutivo quedaron a la espera.

Hasta el dictamen, no hubo ningún pedido de documentación. La única excepción es un expediente que el lunes a las 13.40 remitió al presidente de la comisión el concejal Martín Rivas y que contiene, en su mayoría, consultas acerca de cosas que están publicados en los boletines oficiales, disponibles en la web, como establece la  normativa.

El proceso para ese expediente implica que el presidente de la comisión lo eleve al titular del HCD para que remita al Ejecutivo la solicitud y desde Economía envíen la información requerida. Por eso, acaso, Rivas se quejó de que se haya dictaminado para este jueves, aunque quedaba una semana más para la fecha límite.

En la Secretaría de Economía estuvieron, tras pedir reunión, los concejales De Rosa, Cappelletti y Lafalce, de manera individual, para solicitar datos de saldos y de algunas ejecuciones presupuestarias, consultar por algunos proveedores y por otros detalles acerca de las tasas.

Además, Borgo mantuvo varias reuniones con los concejales oficialistas para explicarles detalles que querían consultarle respecto de la ejecución presupuestaria que, después de todo, deberán defender en el recinto para votar a favor.

El ejercicio 2024 terminó con un déficit de 872 millones, de acuerdo al resultado del artículo 44 de Rafam o de 1661 millones si se calcula recursos percibidos totales menos gastos devengados.

En el primer cálculo, representa menos del 3 por ciento del presupuesto total y en el segundo, alrededor del 5 por ciento, lo que para el Gobierno, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y la falta de recursos comprometidos por el Gobierno nacional que nunca llegaron, implica un número más que aceptable.

Por primera vez en mucho tiempo, San Pedro no contó con recursos extraordinarios de Nación o Provincia vía "aportes del tesoro", los conocidos ATN y ATP, aunque el Gobierno provincial dispuso un Fondo de Fortalecimiento que el Municipio "ahorró" para hacer frente a, por ejemplo, el pago de aguinaldos en tiempo y forma.

En materia de personal, el ejercicio 2024 bajó del 83 al 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad el gasto en salarios, lo que implica una importante reducción respecto del año anterior aunque mantiene un número elevado incluso por encima de otros años de la gestión Salazar.

La cobrabilidad de tasas bajó de manera importante respecto del año anterior y el Municipio se lo atribuyó a las políticas nacionales que impactaron en el bolsillo de los contribuyentes.

Uno de los logros que Borgo mostró a tirios y troyanos es el 93,38  por ciento de cobrabilidad de la tasa de seguridad e higiene, la que pagan comercios y empresas en San Pedro, que además es la que mayor recaudación aporta al erario.

El Gobierno de Cecilio Salazar responsabilizó a las políticas económicas del presidente Javier Milei por el resultado económico financiero del ejercicio 2024, que fue deficitario en el Municipio de San Pedro, tal como señala la Rendición de Cuentas que analiza el Concejo Deliberante.

En la Memoria Descriptiva entregada junto a los números, el Ejecutivo señaló que "la incertidumbre económica" y las "dificultades" que todos los municipios enfrentan a raíz de los recortes de Nación a las provincias marcaron "el ritmo" de las decisiones locales.

El Municipio cuestionó a Nación por cobrar impuestos a los sectores productivos pero no reintegrarlos a la comunidad "en términos de coparticipación y financiamiento de obras".

Como dijo en su mensaje anual, Salazar repitió que las únicas obras que podrá continuar son aquellas que cuentan con "apoyo y financiación" del Gobierno provincial más lo que se pueda "solventar con recursos propios".

"El único déficit inexplicables es no estar al lado de las necesidades de nuestra comunidad", sostuvo el intendente.

El Gobierno destacó haber llevado adelante "medidas de contención del gasto" que se vieron complicadas por el "déficit entre emisión de tasas y lo necesario para su prestación".

En ese marco, señalaron que "la liberalización de las tarifas de servicios impulsada por el Gobierno nacional influyó en gran medida a la situación deficitaria", puesto que los incrementos fueron superiores a lo previsto.

Además, indicaron, los contribuyentes también se vieron "afectados por las variables económicas" y la cobrabilidad de tasas bajó "en un 20 por ciento" en la totalidad de los tributos que cobra el Estado local.

"Salud, seguridad, educación y búsqueda de nuevas oportunidades laborales", dijo Salazar, son sus "prioridades" y los temas que le "preocupan".

El Gobierno local señaló que "a pesar los problemas financieros y las dificultades para la cobrabilidad de tasas" mantiene "los servicios esenciales".

Los concejales comenzaron el análisis de la Rendición de Cuentas 2024 y tienen hasta el 31 de mayo, como fecha límite, para tratar el expediente en sesión. La oposición adelantó que está “trabajando” en el análisis.

Este lunes, sobre la fecha límite para su presentación, el Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 y los concejales podrán, una vez digitalizados los archivos, comenzar con el análisis, para el que tendrán un máximo de dos meses.

Además, el Municipio cumplió con la obligación de difundir públicamente la situación económico financiera del Estado local, cosa que hizo a través de una solicitad en La Opinión, que está disponible desde pasadas las 13.00, una hora después del ingreso formal en el Concejo.

La Rendición de Cuentas 2024 es la primera del tercer mandato de Cecilio Salazar y también es la primera de Roberto Borgo como secretario de Economía tras su regreso al área luego de conducirla durante los años 2014 y 2015, dos de los más complejos para las finanzas públicas locales.

El presupuesto aprobado para el año pasado ascendía a 17 mil millones, pero en el marco del contexto inflacionario hubo gastos e ingresos de casi el doble para un año signado por el ajuste nacional y las dificultades económicas provinciales, que se sumaron a las debilidades propias del Municipio.

Los recursos percibidos totales ascendieron a 31.460.182.466,89 pesos y los gastos devengados totales, a $ 33.121.664.499,50, lo que arroja un déficit de 1.661.482.032,61 pesos, alrededor del 5,2 por ciento de los ingresos.

El resultado del artículo 44 de Rafam (recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda) arroja un déficit formal de 871.980.310,70 pesos.

Así calculado, representa menos del 3 por ciento del presupuesto, es decir unos dos puntos por debajo del déficit formal del año pasado, que ascendía a alrededor del 5 por ciento.

De los primeros números disponibles tras la publicación de la situación económico financiera al 31 de diciembre puede desglosarse uno de los puntos relevantes a la hora de analizar la performance: el gasto en sueldos.

Para 2024, San Pedro no contó con recursos extraordinarios tanto en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ni del provincial (ATP), por lo que tuvo que hacer frente a los aguinaldos con recursos propios,  para los que utilizó el dinero del Fondo de Fortalecimiento que envió Provincia.

En gasto de personal devengaron 17.641.946.537,94 pesos, lo que representa el 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad, es decir sin contar recursos afectados, que sumó $ 23.517.221.208,46. 

Esto implica una importante reducción respecto del año anterior, aunque aun así es un número elevado.

En 2023, el gasto en sueldos sobre los recursos de libre disponibilidad había representado el 83 %. En 2022 había sido del 74 % y en 2021, del 71 por ciento.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, y el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, reunieron el jueves, tras la sesión ordinaria del Concejo, a los ediles del bloque oficialista para dialogar sobre la presentación de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024.

Tras la aprobación de las finanzas de 2023 por parte del Tribunal de Cuentas, el Gobierno respiró por unos instantes —hubo amonsteaciones y multas que no superan los 250 mil pesos por temas muy menores— y volvió a meter la cabeza en el Rafam.

Allí, al sistema de gestión financiera de los Municipios, fueron para desglosar el año pasado y entregar al Concejo, para su análisis, el resultado económico de un período signado por las complicaciones económicas derivadas del ajuste nacional, las dificultades provinciales y las problemáticas propias del distrito.

Borgo adelantó a los concejales de la bancada que preside Candelaria Cuscuela que el resultado, como se estimaba, es déficitario. Al secretario de Economía le hubiera gustado que el número sea menor, dicen en los pasillos de la Municipalidad, pero las correcciones que planificó en algunos aspectos, aseguran, tuvieron algunas demoras operativas.

Hermético, Borgo sólo respondió a La Opinión que el detalle de la Rendición de Cuentas estará disponible en el Concejo Deliberante en horas del mediodía de este lunes y que una vez que el expediente esté elevado estará en condiciones de responder consultas tanto de la prensa como de los ediles.

El análisis de La Opinión, como todos los años, buscará contarles a los sampedrinos cuál fue el resultado económico y, en este caso, qué porcentaje representa el déficit sobre el total de los recursos.

Además, habrá que observar la deuda flotante con la que el Gobierno cerró en diciembre, el impacto que tiene ello en proveedores comerciales locales y, eventualmente, en la prestación de servicios.

También será relevante establecer qué porcentaje de los recursos disponibles se destinaron a sueldos y comparar con años anteriores. En 2023, por ejemplo, se disparó al 83 por ciento, un incremento de 9 puntos respecto del año anterior.

La cobrabilidad de las tasas y derechos es otro de los ítems que La Opinión suele analizar para contribuir a la lectura de la población de los números del Municipio ante el cierre de cada ejercicio.

Por supuesto, el repaso por cada área para establecer cómo se invirtió el presupuesto disponible también será relevante para el análisis.

Desde este lunes habrá dos meses para que los concejales analicen la Rendición de Cuentas. Para ello pueden solicitar información específica al Gobierno y citar a los funcionarios que consideren necesario a la comisión de Presupuesto, encargada del dictamen previo al tratamiento en sesión.

El presupuesto 2024 de la Municipalidad de San Pedro preveía el arribo a la ciudad de más de 1600 millones de pesos correspondientes a transferencias del Gobierno nacional, la mayoría por obra pública en ejecución o con licitación adjudicada.

Sin embargo, según la rendición de cuentas del primer semestre del año, Javier Milei remitió a San Pedro apenas 443 mil pesos. La Opinión confirmó que al 5 de septiembre, el monto es exactamente el mismo.

Esos 443 mil pesos corresponden al programa de Salud Comunitaria y son los últimos recursos que llegarán por ese concepto, puesto que el Gobierno nacional lo dio de baja el 23 de agosto pasado.

En enero, La Opinión había advertido la preocupación del Municipio puesto que esos recursos presupuestados estaban relacionados con la ejecución de la obra pública que Nación paralizó para evaluar y nunca reactivó.

En San Pedro son siete las obras para las que se esperaban recursos nacionales que no llegaron: viviendas en construcción, una escuela y un jardín con licitación adjudicada, y un Centro de Desarrollo Infantil.

Además del dinero para esas obras, el Gobierno nacional transfiere dos fondos a los municipios, que se inscriben en la ejecución de recursos como "de origen provincial" porque tienen intermediación de Provincia.

Uno es el Fondo Educativo, del que Provincia transfirió más de 500 millones, que llegaron con demoras, puesto que Nación no habilitaba la transferencia a las provincias para que envíen los recursos a los distritos.

El otro es el fondo del Plan Sumar, que envía recursos a las provincias para que los transfiera a los municipios, de acuerdo a las prestaciones médicas para la población sin obra social, que remitió al 30 de junio casi $ 114 millones.

La obra pública sin ejecución en San Pedro corresponden a la escuela Técnica Profesional a construirse en el paraje Mataderos, detrás del Corralón municipal, por más de 870 millones de pesos.

El año pasado, Nación giró 153 millones que se pagaron a la empresa Indahl, que sólo hizo un movimiento de suelo en medio de la campaña electoral.

La misma empresa ―que está en proceso de concurso preventivo y quiebra pero puede licitar con autorización del síndico― ganó la licitación para construir el nuevo edificio del jardín del Normal, para el que se esperaba una transferencia de casi 98 millones de pesos.

Respecto de las obras de viviendas en marcha, estaba previsto en el presupuesto 2024 que Nación gire casi 192 millones de pesos para las 84 viviendas de Villa Depietri, que se supone que estaba en el último tramo antes del cambio de Gobierno.

Esa obra se detuvo, lo que provocó un conflicto que derivó en litigio con la empresa Arcor y la toma de las viviendas por parte de las familias preadjudicatarias sorteadas, quienes viven en el lugar sin los servicios adecuados y a la espera de una resolución.

Había 302,7 millones de pesos para finalizar las 89 viviendas del barrio de la cooperativa Nuestro Sueño, que al igual que las de Villa Depietri tiene a la empresa cooperativa Grupo Alfa como responsable, aunque figura la 8 de Diciembre.

La secuencia de pagos totaliza casi 563 millones de pesos y las certificaciones fueron confeccionadas por un total de 571 millones, informó el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante la consulta de La Opinión.

A las 25 viviendas de Río Tala, que la empresa Apco S. A. dejó por la mitad y se retiró sin dar mayores explicaciones ni responder las intimaciones municipales, les restaban, según el cálculo de recursos y gastos 2024, una transferencia de 101,7 millones de pesos.

Los más de 1602 millones de pesos del Gobierno nacional que dispuso en su presupuesto para este año el Municipio se completan con 37,3 millones para una obra denominada Centro de Desarrollo Infantil San Pedro.

El cierre del primer semestre del ejercicio económico financiero de la Municipalidad de San Pedro terminó, como adelantó el análisis de La Opinión de los primeros cuatro meses, con un delicado equilibrio en las cuentas, pero con una expectativa para la segunda parte del año de turbulencias.

Al 30 de junio, los gastos devengados sumaron poco más de 11.800 millones de pesos, lo que representa el 68 por ciento de los casi $ 17.426 millones presupuestados según el cálculo de recursos y gastos aprobado en diciembre por el Concejo Deliberante.

Es normal que a mitad de año el presupuesto supere el 50 por ciento de lo previsto para todo el ejercicio, sobre todo en contextos inflacionarios y volátiles como el que atraviesa el país. También hay una lógica política histórica que dice que gestiona mejor quien sabe comprometer su presupuesto a tiempo.

Pero en la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo el 30 por ciento restante para todo el año encendió alarmas. Se lo dijo al resto de los funcionarios en aquella reunión de gabinete ampliado a mediados de mayo.

Uno de los indicadores que más preocupan, como siempre, es el del gasto en sueldos. Aun habiendo bajado el porcentaje final del año pasado, que fue del orden del 83 por ciento, el monto es elevado.

Tiene al  menos dos situaciones que deben contemplarse: hubo que usar fondos afectados, 400 millones a principio de año, y se otorgaron dos aumentos no remunerativos, de 15 por ciento cada uno, que pasan al básico en los sueldos de julio y agosto.

Según el estado de situación económico financiera que el Gobierno cumplió en hacer público tras el cierre del primer semestre, el gasto en personal superó los 5.532 millones de pesos. Representa el 60 por ciento de los más de 9.194 millones de recursos de libre disponibilidad percibidos.

El objetivo del primer semestre era pagar aguinaldo en tiempo y forma. Lo lograron. Para ello, Borgo retaceó el uso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal enviado por Provincia. Fueron más de 420 millones que se depositaron al 19 de junio.

En Palacio consideran el cierre equilibrado del primer semestre como un logro de gestión, sobre todo porque no hubo que mendigar para pagar aguinaldos y porque en el contexto de ajuste la situación es complicada pero llevadera.

El asunto es lo que viene. Como ya se dijo en varias oportunidades en estas páginas, el panorama está sujeto a variables que involucran la asignación o no de recursos por parte de Nación, las posibilidades de Provincia, que tiene sus propias complicaciones presupuestarias, y la recaudación genuina.

Tras la primera semana de julio, el Gobierno todavía no anunció si finalmente hará uso de la autorización aprobada por el Concejo Deliberante para proponer para el segundo semestre un nuevo incremento de tasas.

A partir de la semana que viene volverá a reunirse la Mesa de Relaciones Laborales para debatir paritaria, que en septiembre, cuando pasen la última cuota de 15 % no remunerativo al básico habrá alcanzado un 97,7 por ciento.

Entre los proveedores hay quienes esperan cobrar, quienes reciben llamados de varios actores del Gobierno para "ir conversando" las deudas existentes. Hay quienes escuchan, quienes tienen espalda para esperar y quienes responden que la única manera de resolver es "pagando lo que deben".

El camino a diciembre será cuesta arriba. En el Gobierno lo saben. Serán seis meses duros. Al cierre del ejercicio 2024 se sabrá el resultado.