El Municipio cobró el seguro de caución tras la rescisión del contrato con la empresa cooperativa Grupo Alfa por la primera etapa de las obras de urbanización de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

La compañía aseguradora Integrity S. A. firmó un convenio con la Municipalidad para el pago de 109.851.546,40 pesos correspondientes a la póliza de seguro de caución por la garantía del anticipo financiero para la obra denominada "desagües pluvial, red vial y peatonal", que Grupo Alfa abandonó sin terminar.

El Gobierno rescindió el contrato e intimó a la empresa para que retome la obra o reintegre el adelanto financiero. Cumplidos los plazos, el reclamo administrativo, a cargo de la Subsecretaría de Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, llegó al convenio para el pago de esos 110 millones, que la aseguradora ya hizo efectivo.

Como con todas las obras que tenía en marcha en 2023 —las 84 viviendas de Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, las más relevantes—, Grupo Alfa desapareció y abandonó las tareas tras las elecciones presidenciales. En medio de planteos por redeterminación de costos y con la decisión del nuevo Gobierno nacional de discontinuar la obra pública, el Municipio reclamó.

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos y formaba parte de un proyecto del programa de integración sociourbana de barrios populares del Renabap, que se financiaba con el denominado Fisu, que generó polémica al comienzo de la gestión Milei, quien apuntó al dirigente Juan Grabois por el destino de los recursos de ese fondo.

Grupo Alfa comenzó la obra y colocó adoquines en la bajada de la escuela 44, en una vereda que recorre la calle del bajo e instaló la red de agua, aunque no la conectaron porque nunca llegó el tanque.

El Municipio consideró "incompleta y abandonada la obra" por lo que requirió el reintegro del anticipo financiero, teniendo en cuenta que Grupo Alfa no justificó el parate ni retomó el plan de trabajos previsto. Al contrario: desarmó el obrador que tenía y se llevó todo.

Además de los desagües pluviales, el adoquinado de la bajada y la construcción de la vereda, el proyecto preveía pavimentar el camino que lleva a ruta 1001, la apertura de una calle de varias cuadras y la consolidación de 12 mil metros cuadrados de calzad acon ripio.

También estaba previsto construir un muro de contención en el límite de la escuela 44, que tiene serios riesgos de derrumbe porque está ubicada en la cresta de barranca, entre otras obras complementarias para las que el presupuesto original quedó corto a poco de ser aprobado.

Casi 750 millones de pesos había previsto el Gobierno nacional durante el mandato de Alberto Fernández para una obra de desarrollo urbano de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, tareas que quedaron sin terminar y cuya empresa a cargo, la cooperativa Grupo Alfa, desapareció como hizo con otras obras relevantes en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas de Villa Depietri.

El Gobierno municipal decretó la rescisión del contrato con Grupo Alfa y quedó habilitado para reclamar por las vías administrativas y judicial el adelanto financiero y el seguro de caución de garantía tras considerar que la cooperativa no cumplió lo acordado.

El convenio fue firmado el 6 de septiembre de 2023. Tres semanas después, hubo redeterminación de precios y acordaron la contratación de mano de obra local. 

El 2 de noviembre de ese año, el Municipio pagó el anticipo financiero en el marco del programa "integración sociourbana de barrios populares" del Renabap, financiado con recursos del denominado Fisu, que el Gobierno de Javier Milei puso en duda y por el que apuntó al dirigente Juan Grabois.

"El proyecto de integración socio urbana contempla la realización de la red de agua, conexiones domiciliarias, una perforación nueva con tanque elevado para reemplazar las instalaciones existentes, instalaciones intra-lotes de agua, electricidad y cloacas con sistema alternativo de biodigestor y la ejecución de núcleos húmedos", informó en ese momento la Federación de Cooperativas de Trabajo Fecootra.

"Desagües pluviales, red vial y peatonal — Etapa A", decía el convenio. Dispusieron adoquines en la bajada de la escuela 44, hicieron la "peatonal" que no es otra cosa que una vereda sobre la calle del bajo que va del basural al barrio, instalaron la red de agua pero no hay tanque ni conexión, por lo que todavía Los Cazadores, jerarquizada a localidad, tiene dificultades para el suministro.

El relevamiento formal de Obras Públicas municipal constató que "la obra se encuentra incompleta y abandonada", con "demora en exceso e injustificada en la ejecución del plan de obras, con el consecuente abandono" sin "presentación de documentación obligatoria".

"Transcurrido holgadamente el plazo total de ejecución de obra (ocho meses) sin que se haya dado cumplimiento en modo alguno al avance de obra conforme Plan de Trabajos", la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta dictaminó la rescisión, cuyo decreto firmó el intendente.

Grupo Alfa dejó la obra por la mitad y no dio señal alguna. Incluso desarmó el obrador que tenía en la zona y se llevó todo.

La ejecución de obras con el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) quedaron detenidas antes de que asumiera Javier Milei, que ordenó una auditoría. 

Sus resultados generaron una polémica al interior del propio Gobierno nacional: mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que era "lapidaria", el nuevo Subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación y armadador político provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, aseguró que su antecesora, Fernanda Miño, tuvo una "gestión ejemplar" sin "desvío de fondos ni sobreprecios ni nada".

El concejal Mauro de Rosa había consultado en varias oportunidades respecto de la posibilidad de reactivación de la obra de La Tosquera, sin respuestas concretas. 

Aunque Pareja tenía intenciones de que tras la auditoria se retomaran las tareas en todo el país, el Ministerio de Economía redujo del 30 al 1 por ciento del impuesto País la inyección de recursos al Fisu, por lo que no avanzaron.

El proyecto en Los Cazadores incluía red pluvial con más de 6100 metros de cordón cuneta; más de 100 metros cuadrados de badén de hormigón; la instalación de 29 sumideros y 28 cámaras de inspección; la construcción de casi de 6300 metros lineales de cordón cuneta; 99 metros cuadrados de badén; cuatro sumideros y cuatro cámaras de inspección.

También la consolidación de más de 12.000 metros cuadrados de calzada con ripio, 678 metros cuadrados de pavimento articulado, la apertura de una calle de 2300 metros lineales; la pavimentación de 19030 metros cuadrados de calzada con asfalto para facilitar la accesibilidad del barrio a la ruta 1001, cuyo camino en la actualidad es de mejorado con tosca.

A su vez, incluía la construcción de 1250 metros cuadrados de vereda para complementar la red peatonal existente, junto con la instalación de 54 metros cuadrados de rampas de accesibilidad; y un nexo de 4207,5 metros cuadrados de vereda de bloques intertrabados para conectar la manzana 10, al igual que 265 metros cuadrados de rampas de accesibilidad.

Por último, preveía la construcción de un muro de contención en el límite de la escuela 44 y rejas metálicas para cerrar el acceso, con el objetivo de "fortalecer y garantizar una mayor seguridad de las instituciones educativas".

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos, pero antes de que las obras comiencen hubo redeterminación porque lo previsto, producto de la inflación, no alcanzaba para todas las obras planificadas.

Desde hace dos semanas La Opinión y Sin Galera consultan a los referentes del Movimiento Evita. Ni la concejal Rita Leguizamón ni su hijo, a quien todos mencionan como uno de los responsables de la administración, responden a los llamados de este medio.

La obra está parada y según refieren los vecinos del barrio, hace tiempo que los trabajadores que prestaban servicios por el plan Potenciar Trabajo no están en el lugar. Por las noches, tratan de garantizar la seguridad. El sábado 23 de marzo volvieron al predio y la propia líder del movimiento le negó a un cronista la posibilidad de referirse a la situación que atraviesan y como ha hecho en otras oportunidades se altera ante preguntas simples o curiosidades lógicas que le competen a cualquier ciudadano. 

El video y las fotos fueron registrados durante la primer semana de marzo y muestran un galpón de grandes dimensiones que se construye sobre terrenos ubicados en Mateo Sbert y Aulí, una propiedad que está catastrada a nombre de un particular y que Leguizamón dice haber adquirido con fondos propios.  El movimiento que a nivel nacional lidera Emilio Pérsico, quien también era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y fue denunciado por malversación de fondos públicos, tiene una gran cantidad de afiliados en San Pedro. 

Según se supo, todos los miembros deben tributar al sostén de la organización y los reclamos por los importes adeudados a los intermediarios se reclaman como “cuotas para pagar la computadora”. Quienes refieren esa modalidad son integrantes de una organización social que se identifica con e logo del Movimiento Nuestra América. Esos son los mensajes que cruzan y que se suman a los nombres de dos coordinadoras que ya fueron denunciadas para que el gobierno nacional las de de baja del beneficio que perciben. Todo confuso y preocupante, porque este medio sólo busca saber cuál será el destino del proyecto emplazado en el corazón de un barrio en el que el trabajo no abunda. También es cierto que parte de la organización de Leguizamón no solo milita sino que ha logrado montar emprendimientos genuinos y desplegar una labor que ayuda a muchas mujeres a poder planificar su sustento.

El container de obra montado en un trailer muestra la leyenda “Salud Comunitaria Barrio x Barrio”, Movimiento Evita, Segunda Sección. En el otro lateral lleva la sigla de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que es el sindicato que nuclea a todos los excluídos de la contratación registrada y el mercado laboral formal. Las publicaciones del movimiento recorren textos y lineamientos en procura de tierra, techo y trabajo con la estrategia que para los barrios populares plantea Juan Grabois. 

En este último intento de contacto que se produjo el sábado entre el cronista que llegó al lugar, Leguizamón le respondió que nada de lo que le contaba podía ser utilizado para una nota y que tampoco podía tomar imágenes. También le dijo que “no tiene por qué” dar explicaciones. Tras varias semanas de ser noticia, por la utilización de fondos públicos que se derivaron desde el Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos años, Rita señaló que dona la mitad de su dieta de concejal al movimiento.

La Opinión aguarda que en algún momento se remita algún comunicado oficial porque no son pocas las integrantes que preguntan si deben seguir aportando o no; tampoco son pocos los que no sienten miedo o angustia porque no saben si lo que están haciendo seguirá siendo un proyecto de vida o sólo militancia.

Con este galpón sucede algo que también pasa en otras obras. No hay carteles de obra, no hay permiso municipal de construcción exhibido ni el expediente que habilita la construcción en la Circunscripción I, Sección G, Quinta 15 que en ARBA figura como baldío.

El gobierno lanzó una nueva edición del programa dirigido a ciudadanas mayores edad, los montos que se entregarán van desde los 250.000 a los 600.000 pesos, y los requisitos son:

Por otro lado, en caso de ya haberse inscripto en la primera edición y haber pasado la etapa de las validaciones pero no salir seleccionada, la persona en cuestión ya se encuentra participando de la nueva edición automáticamente y no necesita volver a inscribirse.

Las obras que se pueden llevar adelante van desde mejoras en techos, paredes, pisos, aberturas, divisiones de interiores, refacciones menores de plomería y electricidad, y ampliación de la vivienda.

Las beneficiarias serán elegidas a través de un sorteo, y de esta manera cobrarán en primera instancia el 50 por ciento del dinero, que deberá ser utilizado mediante tarjeta de débito, y la suma restante se entregará luego de que se valide el avance de la obra mediante la aplicación “Mi Pieza Argentina”.

El formulario de inscripción se encuentra disponible hasta el 10 de septiembre en: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza y en caso de que no se constaten los avances de las refacciones, las personas quedarán inhabilitadas para solicitar nuevamente este tipo de asistencia económica por el periodo de un año.

Obras en la red pluvial, accesibilidad vial y peatonal forman parte del proyecto aprobado para invertir 743 millones de pesos en el desarrollo urbano del barrio Los Cazadores, también conocido como La Tosquera, uno de los primeros asentamientos precarios de San Pedro y el más poblado.

Los recursos provienen del programa de integración sociourbana de barrio populares del Renabap, el registro que el Gobierno nacional lanzó hace unos años para relevar asentamientos y villas con el objetivo de financiar obras que permitan su urbanización. La Tosquera tiene relevadas 462 familias.

La Municipalidad informó que el proyecto incluye red pluvial con más de 6100 metros de cordón cuneta; más de 100 metros cuadrados de badén de hormigón; la instalación de 29 sumideros y 28 cámaras de inspección. Además construirán casi de 6300 metros lineales de cordón cuneta; 99 metros cuadrados de badén; cuatro sumideros y cuato cámaras de inspección.

Con respecto a la red vial, consolidarán más de 12.000 metros cuadrados de calzada con ripio, dispondrán 678 metros cuadrados de pavimento articulado abrirán una calle de 2300 metros lineales. También pavimentarán 19030 metros cuadrados de calzada con asfalto para facilitar la accesibilidad del barrio a la ruta 1001, cuyo camino en la actualidad es de mejorado con tosca.

El proyecto, informado por la Municipalidad en la última semana, incluye la construcción de 1250 metros cuadrados de vereda para complementar la red peatonal existente, junto con la instalación de 54 metros cuadrados de rampas de accesibilidad. Construirán también un nexo de 4207,5 metros cuadrados de vereda de bloques intertrabados para conectar la manzana 10, al igual que 265 metros cuadrados de rampas de accesibilidad.

El Gobierno informó que el proyecto incluye también la construcción de un muro de contención en el límite de la escuela 44 y rejas metálicas para cerrar el acceso, con el objetivo de “fortalecer y garantizar una mayor seguridad de las instituciones educativas”.

En ese marco anunciaron que procurarán las gestiones necesarias para un proyecto de infraestructura escolar que permita albergar, en un lugar seguro, las instituciones educativas del barrio, una iniciativa que el Municipio consideró cuando adquirió terrenos próximos al barrio.

Los 743 millones para el barrio La Tosquera llegan en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que permite registrar los terrenos donde están ubicados asentamientos caracterizados como barrios populares.

Se denomina así a aquellos barrios vulnerables en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de su población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos como red de agua, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y cloacas.

Según los datos del Renabap, en San Pedro se registran un total de 19 barrios denominados populares en los que residen casi 3 mil familias. Los barrios que figuran en la lista son “La Barranca”, “Las Cañitas”, “Banfield”, “Banfield II”, “Don Juan”, “Estación San Pedro”, “Cementerio”, “El Argentino”.

También “Defensores Unidos”, “San Francisco”, “Las Cañitas”, “Riobamba y Rivero”, “Bajo Campodónico”, “Bajo Puerto” y “Bajada al puerto”. En la zona de Rio Tala aparecen “9 de Julio y Rivadavia”, “Sargento Cabral” y “El Piojillo”. En Santa Lucia podemos encontrar uno registrado como “Sin Nombre”.

Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, representads por la Comisión de Fomento Barrios Unidos, en la que se nucleraron luego de comenzar su reclamos ante el anuncio de la instalación de una arenera de la empresa Arcor en la zona, solicitaron Banca Abierta en el Concejo Deliberante.

Con la firma de Karina Cariaga, que preside la comisión de fomento y fue vocera de los reclamos del barrio, el pedido para exponer la problemática ante los concejales en sesión fue elevada este martes, primer día hábil de la semana.

En la descripción señalaron que expondrán sobre la “arenera ya instalada”, ubicada al final del camino Vapor Correo Argentino, en relación a cuestiones de salud vinculadas a la actividad de acopio de ese mineral que se desarrolla allí.

También hablarán sobre la oposición de los vecinos a la instalación de una nueva arenera, anunciada por el empresario Santiago Lawson, en los terrenos de la empresa Arcor, ubicados frente al barrio.

Además, hacen mención a la inclusión de la zona en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y a las mejoras a las que podrían acceder por estar dentro de ese listado de asentamientos.