Comenzó la etapa de ofrecimiento de pruebas camino al juicio oral y público por la causa Rainbowex, la plataforma de inversiones en criptomonedas que resultó una estafa piramidal tipo esquema ponzi, en la que las partes involucradas propondrán testigos, pericias, etc.

En ese marco, la defensa de uno de los imputados por el delito de estafas reiteradas hizo un planteo de recusación para apartar de la causa a la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien instruye la causa desde que decidió iniciarla de oficio ante las publicaciones de La Opinión sobre el caso.

La abogada Sofía Sanjurjo, defensora particular de Andrés Desanzo, planteó al juez en lo Correccional Sebastián Zubirí que hay una "situación de antagonismo e incompatibilidad que hace imposible la actuación imparcial" de Viviani "en cualquier causa en la que intervenga" ella como abogada.

En primer lugar, Sanjurjo señaló que en el marco de la causa por el caso Marcel ella denunció formalmente a Viviani ante la Procuración, lo que le valió un llamado de atención a la titular de la Fiscalía n.° 7 “por falta de diligencia y adecuado control en el manejo de efectos”, tras lo que se excusó de continuar.

"La existencia de este sumario administrativo, su tramitación y la sanción disciplinaria resultante, constituyen por sí solos un antecedente objetivo e incontrovertible", sostuvo la abogada.

Además, indicó que Viviani "ha adoptado una conducta sistemática y reiterada de excusarse en todas y cada una de las causas" en las que Sanjurjo interviene como defensora, lo que, consideró, constituye "un patrón de comportamiento" que "evidencia la existencia de un vínculo de hostilidad personal".

Por otra parte, en el escrito presentado ante el juez las abogadas Sanjurjo y Croizet, que representan a Desanzo, adhirieron a la prueba ofrecida por Fiscalía y ofrecieron testigos para que declaren en el juicio.

Desanzo había sido detenido en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia para el 19 de diciembre de 2024. En ese momento fueron apresados siete de los 14 sampedrinos imputados en la causa.

Estuvo alojado en la cárcel de San Nicolás hasta que a fines de enero de 2025 el juez de Garantías dictó la falta de mérito para él y otros acusados, por lo que sólo quedaron tras las rejas Maximilano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan.

Desanzo es empleado de Papel Prensa y miembro del sindicato que conduce Gerardo Gelabert, quien forma parte del grupo de acusados que irá a juicio por el caso Rainbowex. En su defensa sostuvo que él también fue estafado al participar de la plataforma de "la China".

El Juzgado de Garantías que interviene en el caso Camioneros – Rey rechazó el pedido de recusación a la fiscala Viviani que hizo el abogado de los imputados sampedrinos que estén en libertad y ratificó su condición de involucrados en la causa.

Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres y Enzo Ivo Ojeda siguen imputados por “turbación de la posesión y coacción”, puesto que la jueza María Eugenia Maiztegui rechazó también el pedido de sobreseimiento que había elevado su defensa.

Los cuatro están involucrados en la causa que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, ambos alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás con prisión preventiva y procesados, además del bloqueo y el pedido de coimas, por el delito de “extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos”.

Esta es la tercera recusación de Viviani que la Justicia rechaza. El abogado de los imputados sampedrinos, Gabriel Rogelio Ruiz, lo había solicitado por considerar que la fiscala tenía “parcialidad manifiesta” en el caso, algo que la jueza no respaldó.

Maiztegui no sólo rechazó la recusación, sino que además mantuvo la imputación que pesa sobre los cuatro defendidos de Ruiz y además no hizo lugar al pedido de “nulidad del procedimiento” que había interpuesto el abogado.

“Todas las acusaciones respecto de mi actuación no tienen argumentos legales que produzcan mi apartamiento en esta investigación”, se había defendido Viviani ante la jueza tras el planteo de Ruiz.

La primera recusación la habían planteado Cabaleyro y Espíndola, cuyo abogado, Mauricio Gugger, había pedido que se declare la incompetencia de Viviani porque consideraban que no le correspondía intervenir a la UFI 7 por la fecha en la que ocurrieron los hechos. El Juzgado la rechazó.

La segunda fue en mayo del año pasado, cuando plantearon que habría un ocultamiento malicioso del legajo y que se habían transcripto conversaciones entre cliente y abogado en el marco de las escuchas telefónicas, todo rechazado por el juez Román Parodi, que subrogó a Maiztegui en ese momento.

Viviani sostuvo que su actuación fue “conforme a la ley” y que no se excedió en sus facultades. Incluso señaló que los planteos de Ruiz eran “conjeturas” que desconocen “la normativa procesal y los elementos típicos que configuran los delitos que menciona”. La Justicia le dio la razón.