Un fallo judicial ordenó al Gobierno nacional a restituir el programa Volver al Trabajo y depositar en mayo los 78 mil pesos del salario complementario que el Ministerio de Capital Humano había decidido discontinuar.

La resolución del juez federal de Campana Adrián González Charvay fue dictada hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y el Gobierno de Javier Milei la cuestionó porque "tiene graves consecuencias sobre el presupuesto".

En San Pedro, según reveló en el Concejo Deliberante la concejala del Movimiento Evita Rita Leguizamón, son alrededor de mil las personas que perciben el programa Volver al Trabajo, que antes se denominada Potenciar Trabajo y que es conocido como "salario complementario".

La asignación mensual de ese programa, congelada hace tiempo, es de 78 mil pesos y según informó Anses será depositada este martes 5 de mayo, lo que cada beneficiario podrá consultar en las aplicaciones Mi Anses o Mi Argentina.

En San Pedro cobran el programa Volver al Trabajo trabajadores de la construcción, pescadores artesanales, emprendedores de agricultura familiar, recicladores de residuos, trabajadores de la economía popular y muchas mujeres que sostienen espacios comunitarios como el comedor de La Tosquera.

El recorte que el Gobierno nacional anunció sobre el programa Volver al Trabajo, mediante el que trabajadores de la economía popular perciben 78 mil pesos por mes, afecta de manera importante al comedor de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

Marina Pedernera, trabajadora del espacio La Colmenita, contó el sábado en Sin Galera que el ajuste en alimentos había reducido de seis a dos los días en los que cocinan para más de 200 personas y que ahora la situación se complicará aún más. 

Sin cobrar el programa Volver al Trabajo, las mujeres que trabajan allí deberán buscar otras tareas remuneradas, puesto que ese dinero era parte de su sustento diario.

La Colmenita deberá reestructurar sus tareas, teniendo en cuenta la reducción del salario complementario, que afectará a quienes cumplen tareas comunitarias en ese espacio de contención social.

Al igual que en el comedor, cuando dejen de percibir ese dinero seguirán trabajando de manera voluntaria, pero deberán buscar otra manera de obtener ingresos, lo que reducirá su participación.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de dar de baja el programa "Volver al trabajo" afectará en San Pedro a alrededor de mil beneficiarios que cobraban el denominado “salario complementario".

Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó una declaración de "preocupación" por el impacto que la medida tendrá en la economía local. El expediente fue aprobado con los votos en contra de Rey, Reynoso, Lafalce, Panatteri y Joaquín González.

La vocera fue la concejala del Movimiento Evita, Rita Leguizamón, cuya organización social está directamente relacionada con la gestión de esos programas desde la sanción de la ley de emergencia social sancionada en 2017.

Leguizamón advirtió que esos mil beneficiarios que en mayo dejarán de percibir los 78 mil pesos que paga el programa dejarán de volcar unos 78 millones de pesos al mercado local, lo que "profundizará la recesión" en los comercios sampedrinos.

"En la mayoría de los casos es su único ingreso. Se encargan del trabajo del reciclado, trabajan en la agricultura familiar, son trabajadores de la construcción, pecadores artesanales, mujeres inmensas que sostienen las infancias vulnerables en nuestros barrios", enumeró Leguizamón."

En su alocución, la concejala oficialista puso el ejemplo de Verónica, una trabajadora de la economía popular que percibe ese salario complementario y lo utiliza para "pagar el sepulcro de su hijo de 19 años que murió de una manera oscura en su lugar de trabajo, comprar medicación y ayudar a pagar la luz".

Además, contó que el esposo de la señora del ejemplo sufrió "una reducción del 40 por ciento de su sueldo" en su trabajo, por lo que la situación de esa familia se verá aún más complicada con la decisión de discontinuar el programa.

Aseguró que "esos 78 mil pesos ahora se van a transferir a empresas que van a dar capacitación y es mentira que eso va a dar empleo de calidad".

Además de manifestar la "preocupación", el proyecto de resolución aprobado solicita al Ministerio de Capital Humano que informe la cantidad exacta de beneficiarios, las medidas previstas para mitigar el impacto del recorte  y los detalles sobre nuevos requisitos de acceso al programa.

Con la renuncia de todos los funcionarios en la mano y tras la reunión con el gobernador Axel Kicillof en la que se habló de pago de sueldos y aguinaldos, el intendente Cecilio Salazar confirmó que terminó de definir cuántos miembros tendrá su equipo a partir del 10 de diciembre cuando asuma su tercer mandato.

El jefe Ccomunal no quiso adelantar por qué áreas pasarán los cambios que tiene previstos y quiere tener tiempo para anticipar a quienes serán desplazados antes de anunciar públicamente sus decisiones.

Con el “plan 24/7” que puso como requisito para imponer la premisa de ocupar cargos full time no es difícil imaginar que tendrá en cuenta algunas situaciones que no han sido de su agrado durante el último año.

Hay dos personas de su entorno que deben prestar primero juramento como concejales: Alfredo Carrasco y Mónica Otero. Ambos tendrían que pedir licencia si se confirma que Salazar los quiere en el Ejecutivo.

El hermetismo es total para el recorte que impone la nueva realidad económica y las prioridades que se plantearon en planificación y gestión de recursos.