Desde el domingo por la noche en San Pedro y desde días antes en las localidades, el servicio de recolección de residuos está paralizado porque los trabajadores de Ashira no cobraron sus salarios.

La basura se acumula en diversos puntos de la ciudad porque muchos vecinos no tomaron conocimiento o aun sabiendo decidieron sacar las bolsas de sus viviendas a las veredas y canastos.

En algunos lugares, tanto en zona céntrica como en los barrios, los perros hicieron de las suyas y hay residuos desparramados luego de que rompieran las bolsas.

Los trabajadores ratificaron la medida de fuerza luego de la audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que la empresa ofreció abonar el 50 por ciento de los haberes.

Este miércoles, el Gobierno y Ashira mantenían una reunión con el objetivo de avanzar en un convenio que permita previsibilidad para los meses futuros, de manera tal de evitar la situación que ocurrió tanto en mayo como en junio.

El servicio que Ashira brinda a la Municipalidad de San Pedro cuesta 362 millones de pesos (27 millones en las localidades y 335 millones en la ciudad cabecera) y la recaudación mensual de la tasa no alcanza a la mitad.

La audiencia convocada en el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto que paralizó la actividad de los recolectores de residuos de la empresa Ashira resultó con acuerdo entre las partes y el servicio comenzaba a normalizarse.

Desde el mediodía de este lunes, los camiones de la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos volvían a la actividad y estimaban que para la noche el cronograma ya estaría en sus carriles habituales.

El Gobierno se comprometió a depositar 80 millones de pesos, con lo que la empresa abonará los salarios adeudados y retomará el servicio.

Los trabajadores comenzaron un paro el jueves al mediodía luego de que la empresa les abonara un porcentaje del sueldo de alrededor del 50 por ciento de sus haberes.

La empresa adujo ante su personal que no estaba en condiciones de pagar la totalidad de los salarios porque la Municipalidad no había abonado el monto correspondiente al servicio contratado.

Ashira cuesta alrededor de 300 millones de pesos por mes y el Gobierno no paga desde hace meses el total. En la audiencia dialogaron sobre la programación de un convenio de pago para esa deuda acumulada.

La semana pasada habían abonado un porcentaje que la empresa consideró insuficiente y provocó la situación.

Durante cuatro días San Pedro no tuvo recolección de residuos lo que se notó en diversas zonas de la ciudad, donde los vecinos sacaron la basura de todas maneras, lo que en muchos casos provocó suciedad y olores.

En algunos barrios, incluso, los frentistas se pusieron de acuerdo para contratar un acoplado particular que recolectara sus residuos y los llevara al basural.

Los trabajadores de la empresa Ashira, concesionaria del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en San Pedro, mantienen desde el jueves una medida de fuerza que implica que no hay tareas de retiro de la basura en las calles de la ciudad.

El paro fue convocado ante la falta de pago de los salarios de los trabajadores, que recibieron un porcentaje del total de sus haberes y aguardan que les depositen la suma correspondiente en sus cuentas.

El lunes a las 10.00 de la mañana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las partes, a la que también fue convocada la Municipalidad, como concedente del servicio que no se está prestando.

El Gobierno hizo un pago en el transcurso de esta semana, bastante lejos de los alrededor de 300 millones que cuesta mensualmente el servicio.

Ese es un monto que desde hace tiempo la empresa no cobra en su totalidad, lo que implica el arrastre de una deuda que en algún momento habrá que pagar.

El servicio de recolección de residuos e higiene urbana seguirá a cargo de la empresa Ashira de manera precaria, luego de que el Concejo Deliberante apruebe la prórroga que hasta diciembre firmó el intendente Cecilio Salazar con el presidente de la compañía.

La continuidad es una nueva extensión del contrato de 2008, puesto que desde su vencimiento la única licitación a la que se llamó tuvo lugar en 2015, durante el interregno del entonces concejal Fabio Giovanettoni en el Ejecutivo, que quedó desierta porque nadie se presentó a la convocatoria, ni la propia Ashira.

El servicio en la actualidad cuesta alrededor de 42 millones de pesos y su actualización está atada a importes de insumos que incrementan constantemente. Además, la tasa de es deficitaria en su emisión: es decir que aunque todos los contribuyentes pagaran no alcanzaría para cubrir el costo operativo.

El 30 de junio pasado venció la prórroga de hecho prevista en la última ordenanza, la que la oposición aprobó no sin reparos y con la exigencia de que se resuelva “la cuestión de fondo”. Ello no ocurrió y Cecilio Salazar terminará su segundo mandato sin haber llamado a una nueva licitación para darle un marco de mayor previsibilidad al asunto.

La última extensión del contrato fue por dos años. En esa oportunidad, el reciemente devenido oficialista concejal Juan Cruz González dijo que era necesario aprobarlo porque la licitación había quedado “desierta”. En realidad, el Ejecutivo nunca la había convocado por “la incertidumbre marcada por la pandemia”.

Aunque la problemática del coronavirus COVID-19 cejó, en estos dos años que pasaron desde que el Concejo aprobó la última prórroga no hubo diseño de un pliego de bases y condiciones para la licitación. Se sabe que no es fácil: las empresas que operan en el país son pocas y, dicen por lo bajo en todos los municipios, tienen “repartido” el mapa.

Ahora, para pedir una nueva extensión del contrato, en esta oportunidad hasta fin de año, el Gobierno reconoce, una vez más, que “resultar necesario efectar un nuevo llamdo a licitación” y asegura que está “trabajando en la confección de un pliego licitatorio” que viene demorado porque “resulta imperioso realizar un análisis pormenorizado del servicio” por “la expansión y ocupación de nuevos sectores en la ciudad”.

“A fin de darle un marco de previsibilidad tanto a la población como a la empresa para garantizar la contínua y efectiva prestación del servicio, cuya suspensión ocasionaría un severo trastorno a los ciudadanos, se propone la extensión a mediano plazo”, señala el expediente.

Esa prórroga —que el oficialismo aprobará, porque tiene los votos suficiente aun si la oposición votara en contra— vencera 21 días después de que comience el mandato gubernamental 2023-2027, cuyo responsable se definirá en las elecciones del 22 de octubre próximo.

Gane el oficialismo o la oposición, todo indica el Concejo deberá volver a tratar una prórroga para el ejercicio económico 2024, puesto que los tiempos para una licitación están prácticamente agotados para lo que resta del año.

En 2017, el Gobierno acordó con la empresa el pago de una deuda que había quedado de los ejercicios 2014 y 2015, una negociación que incluyó una quita significativa pero también la eliminación del servicio de barrido mecánico.