En el marco del conflicto que mantienen el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno de Cecilio Salazar por deudas que el Municipio tiene con el gremio en concepto de retenciones sindicales, el sindicalista Juan Cruz Acosta lanzó una sugestiva advertencia a horas del acto de apertura de sesiones del Concejo, donde el intendente brindará su mensaje anual.

"Adivinen cuántos micros vienen para las 19.00. Hoy está para alquilar balcones", dijo "el Mono" en un posteo en redes sociales que rápidamente se viralizó entre los trabajadores municipales. 

Esa es la hora en la que hablará Salazar en el Salón Dorado y el posteo no puede hacer referencia a otra cosa que a una movilización hacia la Municipalidad.

Además, en un posteo previo, también referido al mensaje anual del intendente, Acosta señaló: "¿Se hablará hoy de la plata que se están robando?", en clara alusión a los más de 180 millones de pesos que el Municipio no transfirió a su sindicato.

"Esperemos que sí", se respondió el gremialista y agregó: "Ahí vamos a estar para hacerle recordar" al mandatario comunal respecto de esa deuda, que provocó el corte de servicios y beneficios que tenían los afiliados.

"Es una práctica desleal, reteniendo la plata del recibo de sueldo de los trabajadores y no depositando lo que corresponde al sindicato", había dicho Acosta en el programa Lo Que Importa, que Sandra Dombrecht conduce de lunes a viernes a las 9.30 por el canal de YouTube Sin Galera TV.

Luego de sus declaraciones, el Gobierno envió una carta documento al Sindicato que conduce Acosta para intimarlo a que restituya al Municipio el inmueble donde funcionó históricamente el gremio, en San Martín 580, propiedad del Estado local.

La Justicia ordenó el embargo de las cuentas del Municipio de San Pedro por más de 114 millones de pesos, a raíz de una deuda judicial con el abogado Hugo Lima.

Aunque la medida no tiene efecto inmediato porque el embargo opera sobre el “superavit efectivo”, que no existe porque el Municipio cerró el ejercicio con un importante déficit, el embargo está dictado y el Gobierno procura alcanzar un acuerdo con Lima para levantarlo.

La deuda con el abogado fue originada en un juicio perdido en la denominada causa Calonge. La resolución judicial de embargo generó un fuerte impacto en los sampedrinos y desató una ola de reacciones entre vecinos en redes sociales.

"La plata que se utiliza proviene del pueblo, no del intendente. La situación en San Pedro es insostenible: todo está mal y cada día queda menos. San Pedro merece respeto y un futuro digno, no el abandono que nos empuja a convertirnos en una villa", planteó Claudia.

Ana concluyó: "Y ahora señores/as se nos viene un golpazo. Debemos contribuir para tapar este agujero, porque la gente tiene que salvarle las papas al municipio". Nancy coincidió y resumió: "Naaaaaaa, pobre de nosotros".

"Yo creí que el municipio tenía sus abogados. ¡Qué mal todo!", lamentó Margarita.

"Pobre gente de San Pedro que ahora tienen que pagar las consecuencias de otros. Más de lo mismo, los ñoquis se enriquecen y el trabajador tiene que pagarlo con sus impuestos", agregó Verónica.

Mariana escribió: "Quiero creer que el municipio sabe que existe una figura legal llamada acción de repetición, con la cual pueden demandar a los funcionarios responsables y hacerlos cargos de semejante deuda, porque sino terminamos pagando nosotros por errores de los funcionarios que no funcionan".

Queriéndole poner onda a la situación, Moira comentó: "Entra una gota y sale un océano", Diego le respondió: "Mamita querida, así estamos". Car agregó: "No sé cual de las dos partes es más ladrón, si Lima o el municipio".

Osvaldo preguntó: "¿Y ahora, quién garpa esto?"

Por otro lado, hubo reclamos de explicaciones y responsabilidades. Fernando expresó: “Este caso merece una explicación, esos terrenos tenían sentencia de desalojo”. Mariana sumó: “Quiero creer que existe una acción legal para que paguen los funcionarios responsables y no nosotros”.

Para finalizar, la bronca se mezcló con ironía y resignación. “Lo único que faltaba en el horno a fuego lento”, escribió Bernardo, mientras Mirta comentó con sarcasmo: “Ahora sí hay que recaudar, aumento de tasas y listo”. Clímaco solo comentó: “San Pedro está fundido y arruinado por donde lo mires”. 

Los médicos y otros profesionales incluidos en la carrera médica hospitalaria, nucleados en el gremio Cicop, rechazaron una propuesta de pago de la deuda que el Gobierno mantiene con ellos y se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.

Los afiliados se reunieron este jueves para poner en consideración la propuesta del Ejecutivo para hacer frente a retroactivos adeudados que corresponden a los meses de febrero, marzo, mayo y julio, así como los aumentos otorgados por Provincia para agosto y octubre, que el Municipio aún no abonó.

La asamblea rechazó la propuesta del Gobierno y Cicop elevó una contrapropuesta que será analizada. Las partes volverán a encontrarse este miércoles en el Ministerio de Trabajo, tras lo que habrá una nueva asamblea.

La deuda con los profesionales de la salud asciende a alrededor de 344 millones de pesos. 

En medio de complicaciones económicas, el Gobierno busca alcanzar un acuerdo con Cicop que permita hacer frente a los compromisos adeudados en la situación de escasez que atraviesa.

La propuesta del Ejecutivo fue abonar la deduda en cuotas a partir de noviembre y hasta mayo del año que viene, pagando pagando entre 30 y 35 millones los primeros meses y entre 60 y 65 los siguientes para saldar la totalidad.

Cicop y los sindicatos municipales ya fueron informados por el Municipio respecto de la fecha de pago de los sueldos de octubre, que operarán el viernes próximo, quinto día hábil del mes, es decir 24 horas después del plazo previsto por ley.

La pandemia de coronavirus COVID-19 implicó que muchos socios de la cooperativa eléctrica adhirieran a la posibilidad de diferir pagos de facturas, lo que generó deudas que ahora se están regularizando. En ese marco, aparecieron los intentos de estafa.

Tal como sucedió hace dos semanas, desde Coopser advirtieron que hay delincuentes que se hacen pasar por personal de su staff para hacer presuntos reclamos de deudas con el objetivo de obtener datos de las eventuales víctimas.

“No existe ningún tipo de gestión de cobro de facturas atrasadas a través de mensajes de whatsapp, e-mail ni ninguna otra vía”, señalaron desde la cooperagiva.

Informaron a la comunidad que no debe brindar datos personales ni acceder a páginas web que ofrezcan algún tipo de financiación relacionado con la cooperativa, porque “son intentos de estafa”.