Un accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de las calles Oliveira Cézar y Pellegrini, una esquina que genera preocupación y por la que vecinos reclamaron en reiteradas ocasiones por la presencia de "aceites" y “líquidos resbalosos” en plena calle. 

El accidente tuvo lugar cuando una mujer que circulaba en una motocicleta perdió el control del vehículo debido al aceite y cayó sobre el pavimento. 

Tras el siniestro, la motociclista debió ser asistida por personal del Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada a la Guardia del Hospital, con diversas heridas, entre ellas, traumatismo de cráneo leve y heridas cortantes. 

El móvil de Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombrecht, estuvo en el lugar para ver cómo se encuentra la esquina.

Ubicada en pleno centro de la ciudad, coincide con una zona donde hay diversos comercios y locales gastronómicos, por lo que los vecinos llamaron la atención al respecto.

Carta de lectores 

"Al Sr. Intendente Municipal

Asunto: Reclamo por deficiencias en los servicios de cloacas y agua potable

Yo, Ángel, con domicilio en Liniers 2301, me dirijo a usted para expresar mi profundo malestar y preocupación por la deficiente gestión de los servicios públicos.

Desde hace tiempo sufrimos graves problemas con el sistema de cloacas, situación que genera malos olores, riesgos para la salud y serios inconvenientes para los vecinos.

A esta problemática se suma que, durante la temporada de verano, padecemos reiterados cortes y falta de agua potable, lo que dificulta el desarrollo normal de la vida cotidiana.

Como vecino y contribuyente, solicito que el Municipio adopte medidas urgentes para dar una solución definitiva a estos problemas e informe a los vecinos cuáles serán las acciones a realizar y los plazos previstos para su ejecución.

Espero una pronta respuesta y una solución concreta a estas situaciones que afectan nuestra calidad de vida.

Sin otro particular, saludo atentamente.

ÁngelDomicilio: Liniers 2301Fecha: 19 de agosto de 2026.

El conflicto por el corte del suministro eléctrico en el barrio Azahar, también conocido como Lagos de Obligado, sumó este lunes un nuevo testimonio. 

Tras el reclamo público realizado por Lorena, otro de los propietarios afectados aseguró que atraviesa la misma situación pese a encontrarse al día con todas sus obligaciones como usuario.

Se trata de Iván Datri, quien relató que desde hace un año y medio vive en San Pedro. "Soy otro damnificado de Coopser en el barrio Lagos de Obligado. Con mi esposa y mis hijas hemos pasado el peor fin de semana de nuestras vidas, sin luz y sin agua. Y esto parece que continúa por más tiempo", expresó.

El vecino explicó que adquirió su lote a través de una inmobiliaria y aseguró no tener ningún vínculo con el desarrollador del emprendimiento, Andrés Scazzariello, cuyo conflicto con la cooperativa es el argumento que, según denuncian los propietarios, motivó el corte del suministro.

"Compré el lote, hice el medidor para poder comenzar a edificar, pagué la conexión y la bajada en Coopser. Desde el medidor hasta mi casa, todo es mío", sostuvo, al remarcar que cumplió con todos los trámites y pagos exigidos para acceder al servicio.

Además, señaló que desde hace más de un mes el barrio también permanece sin alumbrado público. "Hemos tenido que comprar reflectores para dejarlos encendidos durante toda la noche", indicó.

Durante la mañana de este lunes, Datri se presentó en la sede de Coopser para solicitar explicaciones por la interrupción del suministro.

Según contó, la respuesta que recibió fue que el servicio no podía ser restablecido debido a un conflicto judicial entre la cooperativa y el desarrollador del loteo.

"Me dijeron que no nos daban la luz porque había un problema legal y que ya estaba en abogados. Pero ese problema no es con nosotros, es con Scazzariello", afirmó.

El vecino cuestionó que la cooperativa haya decidido cortar el suministro sin notificar formalmente a los usuarios afectados. 

"Les dije que si me cortaban la luz por un problema legal, el motivo del corte me lo tenían que comunicar a mí, como propietario del lote, mediante una carta documento. ¿Qué carta documento recibió algún propietario? Ninguna. Evidentemente el problema no es nuestro", manifestó.

Según su relato, los empleados no pudieron responder a ese planteo y le indicaron que no podían avanzar con la restitución del servicio.

Datri también reveló que durante la jornada del lunes los vecinos recibieron una comunicación desde la guardia de Coopser. Contó que, luego de que Lorena presentara una acción de amparo, les enviaron un mensaje de voz informando que ese mismo día sería restablecido el suministro.

Ante esa promesa, varios propietarios se reunieron en el acceso al barrio, junto al transformador que había sido desconectado, para esperar la llegada de la cuadrilla. "Estuvimos cuatro horas muertos de frío esperando que viniera el camión para reconectar la luz y nunca apareció", relató.

Más tarde, al volver a comunicarse con la guardia, recibió una respuesta diferente: "Nos dijeron que no esperáramos nada porque seguía el problema legal entre el dueño del loteo y Coopser".

Mientras continúan sin electricidad y sin agua, los vecinos evalúan nuevas acciones para exigir la restitución del servicio y esperan que el organismo provincial de control (Oceba) intervenga ante una situación que, sostienen, los perjudica siendo ajenos al conflicto con Scazzariello.

La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Sabrina Utreras Montes, confirmó que el Municipio logró el embargo de una cuenta de la empresa Open Sports como consecuencia del incumplimiento de una resolución dictada en un expediente iniciado por una consumidora de San Pedro.

El reclamo se originó en julio de 2023, cuando una vecina compró un par de zapatillas por $ 33.999 para regalar. Antes de concretar la compra consultó si podrían cambiarse en caso de que el talle no fuera el correcto y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando regresó al local para realizar el cambio, le informaron que el calzado había sido usado y rechazaron el pedido.

Ante esa situación, la consumidora recurrió a la OMIC, que inició el procedimiento previsto por la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó Utreras Montes, la empresa fue notificada en cuatro oportunidades mediante carta documento: primero para participar de una instancia conciliatoria, luego mediante una segunda intimación y, finalmente, durante el procedimiento sancionatorio. En ninguna de esas instancias presentó respuesta alguna.

Concluido el trámite administrativo, el Juzgado Municipal de Faltas impuso a la firma una multa de $ 10 millones, equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al momento de la resolución, además de ordenar el pago de $ 400.000 en concepto de daño directo para la denunciante, monto que representaba el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

Como la empresa tampoco abonó la multa, el Municipio inició su ejecución por vía de apremio a través de la Asesoría Letrada. Ese proceso derivó en el embargo de una de las cuentas bancarias de la firma, medida que se conoció en las últimas horas.

Durante la entrevista en el programa Sin Galera, Utreras Montes destacó que el caso constituye un ejemplo. Resaltó la importancia de sostener los reclamos hasta el final, que en definitiva es un consejo reiterado que se señala a todo cliente disconforme por una compra en comercios.

También remarcó que muchas veces las empresas no responden las notificaciones administrativas y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial.

La funcionaria recordó, además, que la resolución administrativa podía ser cuestionada únicamente mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la sanción impuesta por el Juzgado de Faltas.

Mientras continúa la polémica por el corte del suministro eléctrico a vecinos del barrio Azahar, una de las damnificadas contó en Sin Galera el difícil momento que atraviesa tras quedarse sin luz y sin agua pese a tener su medidor habilitado, ser titular del servicio y estar al día con los pagos.

Se trata de Lorena, quien relató su situación. Según explicó, compró el terreno hace un año con el objetivo de desarrollar un emprendimiento turístico, para lo cual construyó un quincho —ya habilitado— y recientemente instaló una cabaña que aún se encuentra en proceso de habilitación.

"En mayo me terminaron de colocar la cabaña y decidimos ir a vivir unos días para probar que todo funcionara bien antes de recibir turistas. Instalé cámaras y alarma porque necesito proteger el lugar y brindar seguridad a quienes vayan a alojarse", explicó.

El caso se enmarca en el conflicto que mantiene el desarrollador inmobiliario Andrés Scazzariello, denunció que la CoopSer dejó sin suministro eléctrico a estos al negarse a pagar reajustes que le impusieron desde la Cooperativa, pese a haber cumplido con los pagos.

Al mediodía del viernes Lorena advirtió que las cámaras de seguridad habían dejado de transmitir. Tras consultar con otro propietario de la zona, comprobó que tampoco tenía electricidad.

"Me comuniqué con la Cooperativa, di mi número de socio y me dijeron: 'A ustedes les cortaron la luz'. Les respondí que tenía todas las facturas pagas y me contestaron que existía un conflicto con el dueño original de los lotes y que, mientras esa situación no se resolviera, el servicio no sería restablecido", relató.

La vecina aseguró que la respuesta la dejó completamente desconcertada. "Yo ya tengo la escritura, soy dueña de mi terreno, el medidor está a mi nombre, pago todos los meses y nunca tuve una deuda. No tengo absolutamente nada que ver con esa diferencia", sostuvo.

Además del perjuicio económico por la pérdida de alimentos almacenados en el freezer y la heladera, Lorena manifestó su preocupación por la falta de seguridad en la propiedad.

"Me quedé sin cámaras, sin alarma, sin agua y sin luz. No puedo quedarme a dormir ahí porque estoy completamente a oscuras y cualquiera puede entrar a robar. Tuve que venir al pueblo y dejar a otra persona cuidando el lugar", contó.

La damnificada señaló que realizó una denuncia policial y presentó un reclamo ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

"Lo único que quiero es que me devuelvan la luz. No estoy pidiendo nada extraordinario. Si sabían que existía este conflicto, al menos tendrían que haber avisado con anticipación para que pudiéramos tomar las medidas necesarias", lamentó.

Finalmente, manifestó que trató de “hacer todo por derecha, cumplir con cada requisito que exige la Municipalidad para habilitar mi emprendimiento y hoy me encuentro perjudicada por un problema que no me corresponde. Lo único que pido es que me reconecten el servicio", concluyó.

El desarrollador inmobiliario Andrés Scazzariello denunció que la CoopSer dejó sin suministro eléctrico a vecinos de un loteo del barrio Azar, en el camino a Vuelta de Obligado, en medio de un conflicto por la ejecución de la obra eléctrica del emprendimiento.

Durante una entrevista en Sin Galera, explicó que desarrollar un loteo en San Pedro implica atravesar numerosos trámites y afrontar importantes inversiones en infraestructura. "Para hacerlo tenés que pagar absolutamente toda la infraestructura de la cooperativa", afirmó, al detallar que los desarrolladores deben financiar transformadores, líneas de media y baja tensión, postes y mano de obra.

Scazzariello sostuvo que el conflicto comenzó luego de haber abonado el presupuesto original de la obra y posteriores actualizaciones de costos. Según relató, más tarde la Cooperativa le reclamó una nueva diferencia por la mano de obra, monto que cuestiona y que actualmente es motivo de discusión.

"Yo ya pagué lo que correspondía al contrato. Después me dijeron que debía un 50 por ciento más", aseguró. Para respaldar su postura, indicó que solicitó presupuestos a empresas especializadas de Córdoba y La Plata, cuyos valores —según afirmó— eran similares entre sí y muy inferiores a los reclamados por CoopSer.

El desarrollador afirmó que, en medio de ese conflicto, la Cooperativa decidió cortar el suministro eléctrico, una medida que —aseguró— terminó perjudicando a vecinos que ya son usuarios independientes. "¿Qué culpa tiene el que compró ahí? Ya tiene su medidor, la factura llega a su nombre y paga el servicio", cuestionó.

Sostuvo que esos propietarios ya escrituraron sus viviendas y cuentan con partidas municipales e inmobiliarias propias, por lo que consideró que "no tiene lógica" vincularlos con una disputa contractual entre el desarrollador y la cooperativa.

También aseguró que el caso se encuentra bajo intervención del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) y afirmó que existía una resolución ordenando restablecer el servicio.

"No solo es una locura; es ilegal", expresó al referirse al corte de energía.

Durante la entrevista con Lili Berardi también cuestionó las dificultades que, a su entender, enfrentan quienes intentan desarrollar emprendimientos inmobiliarios en San Pedro. "Te dan ganas de bajar los brazos", reconoció. Y agregó: "A cada emprendedor alguien debería llamarlo para preguntarle en qué lo pueden ayudar, no para provocarle problemas".

Scazzariello sostuvo, además, que otros desarrolladores atraviesan situaciones similares, aunque muchas veces prefieren no hacer públicas sus diferencias con la cooperativa. "Todo San Pedro tiene problemas; lo que pasa es que nadie habla", afirmó visiblemente indignado sobre lo vivido.

Inclusive, llegó a narrar que fue expulsado a empujones de la CoopSer por los reclamos que realizó la última vez, que terminó denunciando.

Una vecina reportó: “Hola, hace meses venimos reclamando que en Fonavi 1, monoblock 13 no tenemos luz afuera y de noche es peligroso. Varios vecinos venimos desde el verano haciendo llamadas de atención vía WhatsApp y hasta personalmente en oficina de cooperativa y nadie viene. Tememos por nuestra seguridad ya hace unas noches escuchamos ruidos rarísimos y no sabemos si nos están queriendo abrir la puerta. Cansados de reclamar y solo nos dicen: ´ya pasamos tu reclamo´. A dónde lo pasan, no sé porque nunca vienen. Te dejo una foto. Gracias”. 

La problemática del sistema cloacal, que durante varios meses ocupó un lugar central entre los reclamos de los vecinos de San Pedro, vuelve a manifestarse con fuerza en algunos barrios de la ciudad.

En esta oportunidad, desde la zona de Rafael Obligado al 2200 denunciaron que desde hace más de dos semanas conviven con el desborde de aguas servidas en el interior de su vivienda, sin obtener una solución pese a los reiterados reclamos realizados ante Servicios Sanitarios.

"Hace más de dos semanas que vengo llamando. Las cloacas están tapadas, tengo todo el baño inundado de aguas servidas, es un asco", expresó el vecino a La Opinión sobre la situación que atraviesa junto a su familia.

Según explicó, el colapso de la red les impide desarrollar las actividades cotidianas. "No nos podemos bañar, no podemos lavar ropa ni los platos porque si tiramos agua se nos rebalsa aún peor", afirmó, describiendo el impacto que el problema tiene sobre la salubridad del hogar.

El vecino sostuvo que realizó numerosos reclamos durante los últimos días, aunque asegura que la respuesta siempre fue la misma. "Cada vez que hacemos el reclamo nos dicen que lo pasan, pero hace más de dos semanas que nos vienen diciendo lo mismo. Ya no aguantamos más vivir así", lamentó.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que presenta el sistema cloacal en distintos sectores de San Pedro, una problemática que generó numerosos reclamos vecinales y que, en algunos barrios, continúa afectando con desbordes de líquidos cloacales, malos olores y el consiguiente riesgo sanitario.

La nieta de un hombre de 86 años que fue atendido este domingo en la Guardia tras descompensarse en su domicilio expresó quejas por la actuación del personal que atiende las llamadas del 107, ante reclamos por el tiempo en que demoró la ambulancia.

Todo comenzó alrededor de las 16.50 de este domingo, cuando celebraban el cumpleaños número 80 de la abuela, en familia. Su marido sufrió un síncope en la mesa y rápidamente llamaron al Same.

Su nieta contó a La Opinión que como el octogenario tiene "antecedentes cardíacos y problemas de presión arterial", requirieron de manera urgente el servicio de emergencias.

Aguardaban la ambulancia, pero no llegaba. "A pesar de que el domicilio donde ocurrió la emergencia se encuentra a apenas tres cuadras del hospital, pasaron varios minutos sin que llegara ningún móvil, mientras mi abuelo permanecía inconsciente y descompensado", relató.

Cuando volvió a llamar para pedir que por favor la ambulancia se dirigiera al domicilio, la telefonista le contestó: "Es una ambulancia, no un avión". Luego, contó la nieta del paciente, "cortó la comunicación".

"Mientras seguíamos esperando asistencia, un familiar decidió dirigirse en motocicleta hasta el hospital. Según nos informaron, recién entonces la ambulancia salió del establecimiento", indicó.

Más tarde, la mujer se presentó en la Guardia para pedir el libro de quejas, con la intención de dejar constancia formal de lo ocurrido. "Me informaron que no existía tal libro y que la única forma de realizar un reclamo era a través de mesa de entrada, la cual se encontraba cerrada por ser domingo", selaló.

Cuando le preguntó a la telefonista por su respuesta ante el llamado, "negó haber actuado de manera inapropiada". Para la nieta del paciente, la empleada "mantuvo una actitud que consideré poco profesional y alejada de la sensibilidad que requiere la atención de situaciones de emergencia médica".

"Incluso llegó a manifestar que preferiría que la despidieran 'para no tener que atender gente como vos', comentario que reiteró cuando le pedí que lo repitiera", aseguró la mujer.

"Quienes trabajan en un hospital público cumplen una función fundamental y tienen la responsabilidad de brindar atención con profesionalismo, respeto y empatía, especialmente cuando se trata de personas que atraviesan momentos de angustia y emergencia", cuestionó.

La marcha de intendentes bonaerenses al Ministerio de Capital Humano, en reclamo por el desfinanciamiento de programas alimentarios, tuvo una respuesta directa, y no de forma presencial. 

La jugada de la ministra Sandra Pettovello fue optar por un mensaje colgado en la entrada del edificio, marcando postura sin necesidad de recibirlos u optar por intermediarios. Y así fue. No los recibió y aclaró quiénes son los responsables.

La columna de jefes comunales -estuvo Cecilio Salazar- incluyó dirigentes cercanos al gobernador Axel Kicillof, pero también algunos referentes radicales, todos con un reclamo común: la caída de fondos destinados a la alimentación escolar.

Según denunciaron, desde la asunción del actual Gobierno nacional se “desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires”.

El planteo fue acompañado por cifras: aseguran que en 2024 el 34 % de los recursos fue desviado; en 2025, el 41 %; y que para este año se proyecta un 54 %, fondos que, según sostienen, deberían destinarse al Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA), pero que terminarían en circuitos de especulación financiera.

Sin embargo, la ministra ya tenía preparada su respuesta. El cartel, visible al arribo de los jefes comunales, decía: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”. Breve y contundente sin dejar margen para una explicación cara a cara.

Los comedores educativos son sostenidos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), bajo órbita provincial, un esquema históricamente cuestionado por los bajos montos asignados. 

En ese terreno, donde nunca sobró nada, la “creatividad e ingenio” para estirar recursos siempre ha sido una política aplicada en los Consejos Escolares, quienes deben conformarse con los montos que disponen desde la centralidad de la provincia.

Vecinos manifestaron su preocupación por la presencia de adolescentes que circulan en bicicleta realizando maniobras peligrosas en distintos puntos de la ciudad.

Señalaron que los jóvenes transitan "en contramano, se cruzan con el semáforo en rojo y pasan por delante de los autos colgando de las bicicletas", poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros.

Los episodios, aseguran, se repiten con frecuencia, sobre todo, en la intersección de Rómulo Naón y 3 de Febrero.

“No es la primera vez que andan así por la calle. Te gritan cosas y cruzan sin mirar. Después, si ocurre un accidente, aparecen los padres a reclamar. Mientras tanto, ¿dónde están?”, expresó una vecina.

Hace meses que los jóvenes ciclistas piden por un espacio cerrado, donde practicar BMX de forma segura. 

Laura reportó: "Se viene el Rally y los caminos rurales lo saben. La maquina pasa cada muerte de obispo o en éste caso por el bendito Rally. Lo increíble de todo es que los propietarios de los campos arreglan los caminos con su bolsillo y ahora que pasa la maquina les exigen que por estos días hasta que terminen las carreras no tiren escombros porque se pueden romper los autos. Yo me pregunto el municipio sabe como pueden salir de acá los vecinos en un caso de emergencia?. Este movimiento de maquinarias es un gasto innecesario si es solo para el Rally,  por qué no piensan en la gente que vive y produce acá en San Pedro.

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Un vecino de la zona reportó: "Hola, buenos días. Estoy muy indignado, todos los días en este bar de 25 de Mayo ponen las motos pegadas a los autos y se hace imposible sacarlos. No respetan el lugar de las motos y autos. Cuando ingresé a pedir que alguien las corra, responden de mala manera". 

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Un vecino reportó: “Ya está haciendo como 38, 39 grados de calor. Hace 30 minutos que estoy en la farmacia de turno acá, en Catalán, en Gobernador Castro y no te atiende nadie. Y te imaginás si es una persona grande que tiene que venir”. 

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La Municipalidad de San Pedro afronta una demanda en el fuero Civil por parte de la familia del nene sobre el que cayó una placa de mármol en la plaza Constitución, quienes reclaman una indemnización por casi 34 millones de pesos.

La familia del niño, que tenía 8 años cuando ocurrió el accidente, fue a la Justicia con una pretensión indemnizatoria por  incapacidad, daño moral, estético y psicológico, y por gastos médicos y de farmacia.

En la demanda, el abogado que los representa planteó que la placa se cayó como "consecuencia del deterioro de la estructura de hierro que la sostenía" y consideró que estaba "en evidente mal estado" por "falta de mantenimiento".

En ese sentido, señalaron que habría "negligencia de la Municipalidad de San Pedro en el cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de los espacios públicos", lo que implica una "omisión" de la responsabilidad de proteger"la indemnidad de los vecinos".

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta respondió la demanda y sostuvo que es llamativo que se hayan presentado a la Justicia un año después del episodio, al tiempo que consideró que el planteo "no tiene ningún tipo de asidero legal o sostén".

Por un lado, Porta pidió al juez interviniente la nulidad de la demanda porque considera que es "prematura e inadmisible" porque no se agotó la vía administrativa previa.

Pero además niega todos los hechos y, fundamentalmente, que la caída de la placa haya estado relacionada con el deterioro de la estructura. 

Sostuvo que el Municipio no es "reponsable directa o directamente" de lo ocurrido y hasta consideró que al no haber actuaciones administrativas o judiciales previas, el hecho sólo se sostiene por el relato de la familia.

El accidente ocurrió el 4 de julio de 2024 antes del ingreso de los estudiantes de la escuela primaria 1, alrededor de las 13.00. 

El niño fue asistido en el Polo de Salud ubicado frente a la plaza y luego una ambulancia del Same 107 lo trasladó a la Guardia de Pediatría.

Una vecina de la zona reportó: "Están desbloqueando las cloacas de 9 de julio y Chivilcoy. Estas cosas estaban dentro. Se tapan quizás también por las varias obras y conexiones sin numero de expediente ni control alguno del Municipio, sin respetar ninguna ordenanza de construcción. Al destapar las cloacas rebalsaron en las casas vecinas sobre 9 de Julio entre Chivilcoy y Socorro". 

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Una vecina de la zona reportó: "Buen día, quería hacer el reclamo de que en este domicilio en calle Gomendio todos los días del año, mañana, tarde y noche derriten grasa podrida. Es impresionante el olor, no te podés ni asomar afuera, ni tender la ropa en ningún horario porque él quema grasa a cualquier hora. Ya hablamos con él, ya hicimos denuncias en el área Bromatología lo cual nunca tuvimos respuesta y todo sigue igual que siempre. Ya estamos cansados. Lo terminamos haciendo público para que se tomen cartas en el asunto porque nadie hace nada al respecto y no se puede vivir así". 

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio, cuya reparación comenzó un año y medio más tarde, pero quedo trunca porque la empresa abandonó la obra. Ahora, el Municipio va a la Justicia.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que prepara la demanda por daños y perjuicios para accionar en la Justicia civil y comercial contra la firma Apco S. A., que cobró alrededor del 70 por ciento del contrato pero apenas cumplió con la mitad de lo acordado.

Apco, empresa con sede en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, asumió la obra a mediados de 2023, en plena campaña electoral, con un presupuesto de casi 70 millones de pesos provenientes de las reservas del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, y en el medio subcontrató a personal de la cooperatia Grupo Alfa.

El contrato era para el reemplazo de las tuberías metálicas por otras de poliéster reforzado con fibra vidrio (PRFV) y reparaciones edilicias menores. El plazo de ejecución era de tres meses, pero la obra quedó paralizada tras el retiro de los caños deteriorados.

En noviembre del año pasado, el Municipio intimó a la empresa a retomar la obra ante la constatación de que faltaba reemplazar la cañería principal, colocar los ventanales en la escalera, arreglar y pintar la puerta, y conectar la red de agua para que el tanque copa vuelva a operar.

La certificación de obra existente indicaba que sólo se había cumplido con el 54 por ciento del total, a pesar de que Apco cobró casi 48 millones de pesos del presupuesto, es decir alrededor del 70 por ciento.

Apco presentó una propuesta de readecuación que llevaba el monto de obra a 138 millones, lo que fue rechazado por el Gobierno municipal, puesto que el contrato establecía que no se podía modificar el monto de la obra.

En pleno proceso inflacionario del tramo final de la gestión de Alberto Fernández en Nación, la empresa nunca compró los caños y la devaluación posterior implicó mayores dificultades para hacer frente al compromiso.

En enero hubo una coinspección n escribano público, tras lo que el Municipio rescindió el contrato. Apco interpuso un recurso de reconsideración, que el Gobierno rechazó por extemporáneo y ratificó la decisión de dar por terminado el convenio.

Así, ahora el Estado local está en condiciones de ir a la Justicia para reclamar daños y perjuicios devenidos del incumplimiento de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

Mientras tanto, el 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que San Pedro tiene fuera de servicio el tanque copa, lo que implicará que, una vez más, el abastecimiento se vea complicado en el verano por falta de presión.

Durante la jornada de este martes, una mujer se encadenó en las puertas del Palacio municipal en señal de protesta por la situación habitacional que atraviesa.

Mariana Chirino dijo que desde principios de semana está "en la calle" sin resguardo y sin tener un lugar para habitar con sus hijos, dos de ellos discapacitados.

"A mi casa la alquilé, pero la persona que estaba adentro me la vendió", expresó.

"Quiero una solución para poder vivir en algún lado. No tenemos dónde estar, por eso tomé esta decisión. Una de mis hijas está trasplantada y no puede vivir así", concluyó Chirino. 

La mujer había denunciado en Fiscalía que adquirió una casa a una persona, aunque el inmueble es propiedad de la madre de quien se la vendió.

Luego la alquiló y tras percibir el primer mes, dejaron de pagarle. Además, comenzó a ver en redes sociales que su inquilino ofrecía la casa a la venta.

Esta semana, una vecina reportó la situación que viven a diario las personas que viajan desde la localidad de Santa Lucía a San Pedro.

Esto es debido a que el colectivo de la línea 520 B, que ofrece la empresa de transporte de corta distancia Evhsa, no tiene paradas en la Terminal de Ómnibus, de Lucio Mansilla y 11 de Septiembre. 

Susana López es oriunda de Santa Lucía y aunque hace un tiempo reside en San Pedro, decidió grabar un video para contar la problemática que padecen sus allegados que llegan por distintos motivos a la ciudad, y pedir ayuda al resto de los ciudadanos. 

En la grabación que difundió en sus redes sociales, comentó: 

"¿A dónde van al baño?, ¿a dónde se quedan a resguardo del frío, del sol o el viento? Hay gente que viene con chicos, hay gente mayor. La Terminal que hay es la plaza Belgrano y en la plaza Belgrano es una garita muy chiquita”. 

La propuesta de Susana es juntar firmas de vecinos y llevar un petitorio a las autoridades municipales para que se construya una nueva Terminal de Ómnibus en la zona céntrica de la ciudad, o que se reestablezca el edificio de la vieja Terminal, ubicada en Oliveira Cézar y Gomendio. 

“Yo les propongo que en cada localidad haya una persona responsable que levante firmas y se las llevemos todos juntos al señor intendente” y agregó:

“Digamos al intendente que tiene que tener un lugar. Si no es en esta terminal, que sea en otro lugar cerca del centro, como estaba la vieja Terminal, para que la gente vaya al baño y esté resguardada del frío y el viento”.  

Susana dejó sus datos y número de teléfono para que aquellos que estén de acuerdo con su propuesta se comuniquen con ella al 3329 629163 . 

“Llámeme, mándeme un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para hacer el petitorio al señor intendente Cecilio Salazar”. 

Por otro lado, sobre la actual Terminal de calle Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, comentó: “La nueva Terminal no sirve para nada porque el colectivo ahí no levanta gente y está lejos del pueblo, aunque anduviera la Terminal nueva, tenemos que tomar un remís para ir al centro”.