La marcha de intendentes bonaerenses al Ministerio de Capital Humano, en reclamo por el desfinanciamiento de programas alimentarios, tuvo una respuesta directa, y no de forma presencial. 

La jugada de la ministra Sandra Pettovello fue optar por un mensaje colgado en la entrada del edificio, marcando postura sin necesidad de recibirlos u optar por intermediarios. Y así fue. No los recibió y aclaró quiénes son los responsables.

La columna de jefes comunales -estuvo Cecilio Salazar- incluyó dirigentes cercanos al gobernador Axel Kicillof, pero también algunos referentes radicales, todos con un reclamo común: la caída de fondos destinados a la alimentación escolar.

Según denunciaron, desde la asunción del actual Gobierno nacional se “desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires”.

El planteo fue acompañado por cifras: aseguran que en 2024 el 34 % de los recursos fue desviado; en 2025, el 41 %; y que para este año se proyecta un 54 %, fondos que, según sostienen, deberían destinarse al Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA), pero que terminarían en circuitos de especulación financiera.

Sin embargo, la ministra ya tenía preparada su respuesta. El cartel, visible al arribo de los jefes comunales, decía: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”. Breve y contundente sin dejar margen para una explicación cara a cara.

Los comedores educativos son sostenidos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), bajo órbita provincial, un esquema históricamente cuestionado por los bajos montos asignados. 

En ese terreno, donde nunca sobró nada, la “creatividad e ingenio” para estirar recursos siempre ha sido una política aplicada en los Consejos Escolares, quienes deben conformarse con los montos que disponen desde la centralidad de la provincia.

Vecinos manifestaron su preocupación por la presencia de adolescentes que circulan en bicicleta realizando maniobras peligrosas en distintos puntos de la ciudad.

Señalaron que los jóvenes transitan "en contramano, se cruzan con el semáforo en rojo y pasan por delante de los autos colgando de las bicicletas", poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros.

Los episodios, aseguran, se repiten con frecuencia, sobre todo, en la intersección de Rómulo Naón y 3 de Febrero.

“No es la primera vez que andan así por la calle. Te gritan cosas y cruzan sin mirar. Después, si ocurre un accidente, aparecen los padres a reclamar. Mientras tanto, ¿dónde están?”, expresó una vecina.

Hace meses que los jóvenes ciclistas piden por un espacio cerrado, donde practicar BMX de forma segura. 

Laura reportó: "Se viene el Rally y los caminos rurales lo saben. La maquina pasa cada muerte de obispo o en éste caso por el bendito Rally. Lo increíble de todo es que los propietarios de los campos arreglan los caminos con su bolsillo y ahora que pasa la maquina les exigen que por estos días hasta que terminen las carreras no tiren escombros porque se pueden romper los autos. Yo me pregunto el municipio sabe como pueden salir de acá los vecinos en un caso de emergencia?. Este movimiento de maquinarias es un gasto innecesario si es solo para el Rally,  por qué no piensan en la gente que vive y produce acá en San Pedro.

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Un vecino de la zona reportó: "Hola, buenos días. Estoy muy indignado, todos los días en este bar de 25 de Mayo ponen las motos pegadas a los autos y se hace imposible sacarlos. No respetan el lugar de las motos y autos. Cuando ingresé a pedir que alguien las corra, responden de mala manera". 

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Un vecino reportó: “Ya está haciendo como 38, 39 grados de calor. Hace 30 minutos que estoy en la farmacia de turno acá, en Catalán, en Gobernador Castro y no te atiende nadie. Y te imaginás si es una persona grande que tiene que venir”. 

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La Municipalidad de San Pedro afronta una demanda en el fuero Civil por parte de la familia del nene sobre el que cayó una placa de mármol en la plaza Constitución, quienes reclaman una indemnización por casi 34 millones de pesos.

La familia del niño, que tenía 8 años cuando ocurrió el accidente, fue a la Justicia con una pretensión indemnizatoria por  incapacidad, daño moral, estético y psicológico, y por gastos médicos y de farmacia.

En la demanda, el abogado que los representa planteó que la placa se cayó como "consecuencia del deterioro de la estructura de hierro que la sostenía" y consideró que estaba "en evidente mal estado" por "falta de mantenimiento".

En ese sentido, señalaron que habría "negligencia de la Municipalidad de San Pedro en el cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de los espacios públicos", lo que implica una "omisión" de la responsabilidad de proteger"la indemnidad de los vecinos".

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta respondió la demanda y sostuvo que es llamativo que se hayan presentado a la Justicia un año después del episodio, al tiempo que consideró que el planteo "no tiene ningún tipo de asidero legal o sostén".

Por un lado, Porta pidió al juez interviniente la nulidad de la demanda porque considera que es "prematura e inadmisible" porque no se agotó la vía administrativa previa.

Pero además niega todos los hechos y, fundamentalmente, que la caída de la placa haya estado relacionada con el deterioro de la estructura. 

Sostuvo que el Municipio no es "reponsable directa o directamente" de lo ocurrido y hasta consideró que al no haber actuaciones administrativas o judiciales previas, el hecho sólo se sostiene por el relato de la familia.

El accidente ocurrió el 4 de julio de 2024 antes del ingreso de los estudiantes de la escuela primaria 1, alrededor de las 13.00. 

El niño fue asistido en el Polo de Salud ubicado frente a la plaza y luego una ambulancia del Same 107 lo trasladó a la Guardia de Pediatría.

Una vecina de la zona reportó: "Están desbloqueando las cloacas de 9 de julio y Chivilcoy. Estas cosas estaban dentro. Se tapan quizás también por las varias obras y conexiones sin numero de expediente ni control alguno del Municipio, sin respetar ninguna ordenanza de construcción. Al destapar las cloacas rebalsaron en las casas vecinas sobre 9 de Julio entre Chivilcoy y Socorro". 

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Una vecina de la zona reportó: "Buen día, quería hacer el reclamo de que en este domicilio en calle Gomendio todos los días del año, mañana, tarde y noche derriten grasa podrida. Es impresionante el olor, no te podés ni asomar afuera, ni tender la ropa en ningún horario porque él quema grasa a cualquier hora. Ya hablamos con él, ya hicimos denuncias en el área Bromatología lo cual nunca tuvimos respuesta y todo sigue igual que siempre. Ya estamos cansados. Lo terminamos haciendo público para que se tomen cartas en el asunto porque nadie hace nada al respecto y no se puede vivir así". 

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio, cuya reparación comenzó un año y medio más tarde, pero quedo trunca porque la empresa abandonó la obra. Ahora, el Municipio va a la Justicia.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que prepara la demanda por daños y perjuicios para accionar en la Justicia civil y comercial contra la firma Apco S. A., que cobró alrededor del 70 por ciento del contrato pero apenas cumplió con la mitad de lo acordado.

Apco, empresa con sede en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, asumió la obra a mediados de 2023, en plena campaña electoral, con un presupuesto de casi 70 millones de pesos provenientes de las reservas del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, y en el medio subcontrató a personal de la cooperatia Grupo Alfa.

El contrato era para el reemplazo de las tuberías metálicas por otras de poliéster reforzado con fibra vidrio (PRFV) y reparaciones edilicias menores. El plazo de ejecución era de tres meses, pero la obra quedó paralizada tras el retiro de los caños deteriorados.

En noviembre del año pasado, el Municipio intimó a la empresa a retomar la obra ante la constatación de que faltaba reemplazar la cañería principal, colocar los ventanales en la escalera, arreglar y pintar la puerta, y conectar la red de agua para que el tanque copa vuelva a operar.

La certificación de obra existente indicaba que sólo se había cumplido con el 54 por ciento del total, a pesar de que Apco cobró casi 48 millones de pesos del presupuesto, es decir alrededor del 70 por ciento.

Apco presentó una propuesta de readecuación que llevaba el monto de obra a 138 millones, lo que fue rechazado por el Gobierno municipal, puesto que el contrato establecía que no se podía modificar el monto de la obra.

En pleno proceso inflacionario del tramo final de la gestión de Alberto Fernández en Nación, la empresa nunca compró los caños y la devaluación posterior implicó mayores dificultades para hacer frente al compromiso.

En enero hubo una coinspección n escribano público, tras lo que el Municipio rescindió el contrato. Apco interpuso un recurso de reconsideración, que el Gobierno rechazó por extemporáneo y ratificó la decisión de dar por terminado el convenio.

Así, ahora el Estado local está en condiciones de ir a la Justicia para reclamar daños y perjuicios devenidos del incumplimiento de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

Mientras tanto, el 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que San Pedro tiene fuera de servicio el tanque copa, lo que implicará que, una vez más, el abastecimiento se vea complicado en el verano por falta de presión.

Durante la jornada de este martes, una mujer se encadenó en las puertas del Palacio municipal en señal de protesta por la situación habitacional que atraviesa.

Mariana Chirino dijo que desde principios de semana está "en la calle" sin resguardo y sin tener un lugar para habitar con sus hijos, dos de ellos discapacitados.

"A mi casa la alquilé, pero la persona que estaba adentro me la vendió", expresó.

"Quiero una solución para poder vivir en algún lado. No tenemos dónde estar, por eso tomé esta decisión. Una de mis hijas está trasplantada y no puede vivir así", concluyó Chirino. 

La mujer había denunciado en Fiscalía que adquirió una casa a una persona, aunque el inmueble es propiedad de la madre de quien se la vendió.

Luego la alquiló y tras percibir el primer mes, dejaron de pagarle. Además, comenzó a ver en redes sociales que su inquilino ofrecía la casa a la venta.

Esta semana, una vecina reportó la situación que viven a diario las personas que viajan desde la localidad de Santa Lucía a San Pedro.

Esto es debido a que el colectivo de la línea 520 B, que ofrece la empresa de transporte de corta distancia Evhsa, no tiene paradas en la Terminal de Ómnibus, de Lucio Mansilla y 11 de Septiembre. 

Susana López es oriunda de Santa Lucía y aunque hace un tiempo reside en San Pedro, decidió grabar un video para contar la problemática que padecen sus allegados que llegan por distintos motivos a la ciudad, y pedir ayuda al resto de los ciudadanos. 

En la grabación que difundió en sus redes sociales, comentó: 

"¿A dónde van al baño?, ¿a dónde se quedan a resguardo del frío, del sol o el viento? Hay gente que viene con chicos, hay gente mayor. La Terminal que hay es la plaza Belgrano y en la plaza Belgrano es una garita muy chiquita”. 

La propuesta de Susana es juntar firmas de vecinos y llevar un petitorio a las autoridades municipales para que se construya una nueva Terminal de Ómnibus en la zona céntrica de la ciudad, o que se reestablezca el edificio de la vieja Terminal, ubicada en Oliveira Cézar y Gomendio. 

“Yo les propongo que en cada localidad haya una persona responsable que levante firmas y se las llevemos todos juntos al señor intendente” y agregó:

“Digamos al intendente que tiene que tener un lugar. Si no es en esta terminal, que sea en otro lugar cerca del centro, como estaba la vieja Terminal, para que la gente vaya al baño y esté resguardada del frío y el viento”.  

Susana dejó sus datos y número de teléfono para que aquellos que estén de acuerdo con su propuesta se comuniquen con ella al 3329 629163 . 

“Llámeme, mándeme un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para hacer el petitorio al señor intendente Cecilio Salazar”. 

Por otro lado, sobre la actual Terminal de calle Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, comentó: “La nueva Terminal no sirve para nada porque el colectivo ahí no levanta gente y está lejos del pueblo, aunque anduviera la Terminal nueva, tenemos que tomar un remís para ir al centro”. 

Vecinos de la zona de Sarmiento y Doctor Rojas denuncian la presencia de una importante cantidad de ramas de árboles que llevan más de dos semanas sobre la calzada, obstaculizando el tránsito y generando un riesgo para conductores y peatones.

Según relataron, personal de una empresa de telefonia realizó una poda para evitar interferencias con el cableado, pero dejó las ramas en el lugar sin retirarlas. 

‘’Pasan casi todos los días por acá y no hacen nada para juntarlas… si no las juntan ellos, ¿quien las junta?'' dice una de las personas que residen en la zona sobre el reclamo a los trabajadores municipales.

La situación se ha vuelto peligrosa, ya que las ramas ocupan casi la mitad de la calle, obligando a los vehículos y motos a esquivarlas. De hecho, ya se registró un choque entre dos motociclistas debido a esta obstrucción.

Los vecinos expresan su malestar ante la falta de respuesta por parte del Municipio, cuyos trabajadores pasan a diario por la zona sin recoger los restos de poda. 

Además, cuestionan el cumplimiento de los servicios por los que pagan impuestos, como barrido y alumbrado, y exigen una solución inmediata para evitar nuevos accidentes.

Andrea es una de las personas que aún mantiene la ilusión de llegar a la casa propia, aquella que jamás imaginó que se le presentaría ante los diversos factores que padecen muchos: las escasas oportunidades de convertir un sueño en realidad.

Está cerca de lograrlo si se respeta el listado. La de ella es una historia más dentro del plan de 84 Viviendas, las que a medio construir quedaron abandonadas hace dos años en los terrenos que Arcor cedió al Municipio, con la finalidad de emplazar un complejo destinado a gente que residía en las barrancas del Bajo Cementerio y el Bajo Puerto.

De la totalidad de las unidades, ocho estaban destinadas a discapacitados. “Yo quedé en la lista de espera, porque tengo una hija con invalidez. Las restantes 76 serían destinadas a gente que alquilaba”, comenzó contando Andrea en Sin Galera.

La construcción comenzó, pero jamás concluyó. En el medio surgió un conflicto con Arcor -ahora judicializado- y otro con la constructora Alfa, una de las pertenecientes a un grupo de empresarios quilmeños que, bajo la denominación de cooperativa de trabajo, cobraron certificaciones por trabajos que nunca concretaron.

El barrio quedó abandonado y no hay luz, agua ni cloacas. La mayor parte de adjudicatarios tomaro las viviendas que ya estaban sorteadas a su nombre. “La gente se metió porque decía que iban a usurpar. Además, dejaron de alquilar. Entonces las ocuparon como estaban, sin terminar”. 

En su caso, al no ocuparse las ocho para discapacitados, porque algunos no las quisieron y otros las vendieron, comenzó a preguntar cuál era la situación. Desde entonces inició la recorrida por Desarrollo Humano, Secretaría de Gobierno y hasta en el mismo barrio.

Para ella la necesidad no se discute: “Yo alquilo, vivo sola con mi hija, trabajo por hora, tengo una operación de columna con prótesis por lo que mi trabajo es limitado, pero debo trabajar, no me queda otra. Y el padre de mi hija, que era el que me ayudaba, quedó ciego”. Pero esto no es todo: “Ahora a mi hija le surgió un tumor en el ovario que debe ser extirpado”.

A Andrea le pasan cosas, las mismas que la llevaron a la desesperación por hablar y saber qué posibilidades tiene de acceder a una vivienda.

Por el momento, no obtuvo la respuesta deseada, pese a que le ofrecieron una ayuda para pagar el alquiler. “Muchas han cambiado de dueño o han sido ocupadas por otras personas. Muchas han sido usurpadas y no te puedo decir si quedaron en manos de gente que estaba en la lista de espera”, indicó.

También se enteró que a la ley la ponen los vecinos, “si aceptan que vos estés ahí. Tenés que ir a las casas de discapacidad y hablar para que te den una. Hay un grupo de WhatsApp que cuida del barrio, que no quieren que llegue gente de otros lugares que no sean los que están sorteados”.

Pese a todo, y a dos años de la deserción de la constructora, Andrea no pierde la esperanza de alcanzar su objetivo. “Entiendo la condición por el momento que todos pasamos. Pero es necesario que controlen el tema y llamen a la gente que está en la lista de espera, evitando conflictos con quienes están en el barrio. Porque con ellos debemos convivir en el futuro”. 

El intendente Cecilio Salazar convocó a todo su gabinete a una reunión, con amplio temario y epicentro en la preocupación por la inseguridad y el perfil que intenta rearmar en una de las áreas más sensibles para la población.

Si bien esta era una semana clave para conocer cuántas y cuáles renuncias aceptaba, decidió postergar algunas decisiones e instruyó al Jefe de Gabinete y al Secretario de Gobierno para establecer el diálogo con quienes estar tarde marcharán desde la esquina del Bar Butti hasta Pellegrini 150. 

Todavía no hay precisiones sobre el modo en que los organizadores de la marcha harán llegar su mensaje, pero se sabe que intentan evitar la participación de referentes partidarios que capitalicen el reclamo que se generó entre un grupo de comerciantes y vecinos, que se sumaron a través de las redes sociales.

La marcha se iniciará a las 20, cuyo lugar de concentración será la esquina de Mitre y Obligado. 

A esa hora, algunos comercios bajarán las persianas para sumarse a la convocatoria.

“Uno dice basta. Es una marcha de ciudadanos cansados de vivir como estamos, no es solo de comerciantes”, señaló un vecino. 

En las últimas semanas el Jefe Comunal se encontró con muchos funcionarios de licencia, problemas de falta de recursos para seguridad, al que se le sumaron los reclamos de obras públicas, turismo y el desenlace de una joven mujer fallecida en el Hospital donde estaban de vacaciones en simultáneo la Secretaria de Salud, la directora del Hospital, el Jefe del Servicio de Ginecología y hasta la médica que operó a Yael Rodríguez Molina. Todos temas que ya están en agenda para el encuentro que tendrá lugar esta tarde.

Cecilio Salazar encaró varias gestiones para dar respuesta a las demandas. La primera de ellas fue para contar con el trabajo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), tal como anunció el viernes de la semana pasada; el lunes viajó a una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien se comprometió a nuevas acciones y al envío de refuerzos.

Ahora, evalúa nombres para renovar el área que por el momento sigue a cargo de Mario Méndez y José Luis Salas, los integrantes del equipo que parecen tener los días contados. 

Durante la mañana del sábado, el móvil de Sin Galera recorrió un barrio en el que, en la última semana, se registraron seis hechos de inseguridad en diversas casas de la zona.

Debido a esto, durante la semana, los vecinos organizaron una reunión en la esquina de Patrona Simonini y Las Provincias, en la cual participó el Director de Coordinación de Policías de la Secretaría de Seguridad, José Luis Salas.

Tras recorrer la manzana, el movilero se encontró con pocos testimonios y muchos pedidos de "no grabar" las casas "sin consentimiento".

También, este medio intentó comunicarse previamente con el representante del barrio afectado, pero respondió que "no podía" por cuestiones laborales, y que, al consultar en el grupo vecinal si alguien quería dar su testimonio, "nadie contestó".

Uno de los pocos vecinos que se animó a hablar explicó en el programa que participó de la reunión con Salas en la que "dijeron que iban a revisar muchas cosas", una de ellas la falta de funcionamiento de la alarma vecinal. De aquel encuento se viralizó un audio en el que el funcionario decía “Hasta acá llegué”, molesto porque había vecinos presentes que despues “ventilan todo”. 

Respecto al sistema de alarma callejera, dijo: "La empezaron a activar y no andaba", y  confirmó que luego del reclamo, fue "arreglada" y puesta en funcionamiento.

"A mi me robaron la rueda de auxilio del auto y la batería. Son siempre los mismos", expresó con pesar el vecino que concluyó afirmando que pretende "ir a la marcha", que tendrá lugar el próximo miércoles 29 y partirá de la intersección de calle Mitre y Obligado.

Otros declararon que también sufren a diario de robos, y que, por ende tuvieron que "enrejar ventanas, puertas" y todos los accesos a su vivienda.

"Yo voy a ir a la marcha, pero si alguien me cuida la casa a esa hora porque no puede quedar sola", indicó otra vecina que afirmó que los ladrones "están al acecho", esperando que "alguien salga" para robarle.

El viernes, alrededor de las 15.30, el intendente Salazar se reunió con personal del Ministerio de Seguridad de la provincia para pedir refuerzos y la intervención de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en la ciudad.   Tres patrullas de la fuerza arribaron el sábado para reforzar la tarea de los escasos patrulleros que tiene la policía. Aún así, estos efectivos se retiran tras la medianoche y retornan al día siguiente. 

Al mismo barrio al que fue José Luis Salas, llegó el viernes el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar y anunció que se ocupará personalmente de atender los reclamos. 

“Son de distintas casas, en Simonini al 900 se robaron la bomba de la pileta. En la esquina de Simonini y Las Provincias entraron y tenían listo para llevarse moto y elctrodomésticos”, reportó en la tarde del martes una de las mujeres que llegó a la reunión convocata por los vecinos y a la que asistió el Director de Coordinacion de Policías de la Secretaría de Seguridad, José Luis Salas. 

“Ahí les mando los videos”, dijo un joven que remitió una gran cantidad de imágenes que muestran a los ladrones “lo más panchos” dentro de las viviendas de una de las manzanas del barrio UPCN. “Del lugar ese que te dijo la mujer se fueron con un celular porque saltó la alarma del patio por donde pretendian salir. Dejaron todo en el patio en calle Ansaloni al 2500”, agregó. 

“Desde el jueves pasado a hoy han entrado a 6seis casas; minimo, una por noche. Anoche robaron una bicicleta de una casa que esta detras de vivero Liliana”, refirió otra vecina.

El clima entre Salas y los referentes barriales fue tenso porque lo que se pretende es una reunión con el Intendente y en cambio llegó uno de los integrantes de su gabinete. Hay varios audios que se filtraron que denotan la impotencia que sienten las familias que viven rodeadas de rejas, con alarmas y sistemas de alerta en grupos de whatsapp que resultan insuficientes.

Lo peor fue un mensaje que se viralizó con posterioridad al encuentro. Allí el propio Salas dice: “Y eso de la comunicación con el intendente ya está tirado. Yo hasta acá llegué, le doy toda la mano que puedo. Y es más, cuando yo te dije que a las reuniones a veces va gente que no debería estar porque después ventila todo lo que se habla, es una realidad. Y algunas cosas ya se ventilaron, que uno se entera. pero bueno, es lo que yo siempre digo la reunión tiene que ser concisa y no todo el barrio te vuelvo a repetir eso”. Aunque no se conoce el destinatario al que le cargó el reproche, está claro que la ola de inseguridad creciente que vive la población está alterando la paciencia colectiva. De hecho hay una marcha convocada para el 29 de enero que se anunca en redes sociales y medios de comunicación con punto de partida en Mitre y Obligado.

Julio Alberto Olivera recordó que, pese a la solicitud presentada ocho años atrás, la zona comercial en proximidades de las avenidas 11 de Septiembre y Juan de Garay sigue desprovista de mecanismos tecnológicos que contribuyan a la prevención o disuasión del delito.

Olivera, en su momento, reclamó por “las necesidades primordiales del lugar en beneficios del futuro turístico, única fuente de trabajo que nos queda sin explotar, y en los tiempos que vivimos a diario por la inseguridad".

"Solicito a usted, señor intendente, tenga bien, desde la Secretaría de Seguridad, incluirnos en la colocación de una cámara domo de monitoreo de 24 horas que nos proteja de los robos a nuestro barrio”, había requerido.

Durante aquellos días en que la presencia de turistas o transeúntes se multiplica en esta zona, los hechos recrudecen. Y para esta persona, propietario de un comercio, nada ha cambiado.

Todo indica que, en el 2016, en el barrio había inseguridad, y en aquellos días este sector de la costanera era utilizado como vía de escape por ilícitos que cometen en Boulevard Almirante Brown, tomando avenida Juan de Garay, 11 de Septiembre, Juan Ismael Giménez, La Laguna y Rinaldo Ansaloni (ex Los Andes). 

"Aprovechan el sano esparcimiento de ciudadanos, deportistas y turistas que visitan el exbalneario para arrebatarles celulares y bienes personales”, señaló el vecino de la zona.

Ahora el panorama es el mismo y por ello Olivera vuelve a la carga. “Esta nota la presenté, nunca se concretó nada”, le dijo Lili Berardi. 

“Hoy pasan cosas en el lugar que no son correctas. Y con la colocación un domo se podría visualizar”, sostuvo quien aún sigue esperando una respuesta para al menos saber si lo que reclama es posible o no.

“¿Porque siempre se arreglan los caminos de Gobernador Castro y nunca los de La Buena Moza, con semejante tránsito que tenemos?, se preguntó Sergio, residente paraje homónimo, quien luego se comunicó con el programa Sin Galera.

“Por este camino circula mucha gente, que lo utiliza para no acceder a San Pedro por la Ruta 191. Pero ya no sé puede circular, ni por el mejorado que nos conduce hasta la autopista, que son apenas 1.500 metros, ni por el de tierra que nos lleva a Villa Jardín”, explicó.

“Tenemos escuela, jardín de infantes, salita de primeros auxilios, negocios, galpón de empaque y un grupo de pobladores que merecen mejor trato”, agregó.

Finalmente se preguntó: “¿Será porque a las máquinas la manejan los empleados municipales que son de Gobernador Castro? Ellos digitan hacia dónde tienen que ir. Mientras tanto, los colectivos no quieren entrar más”.

Sergio recalcó la necesidad de que La Buena Moza necesita ser atendida. En días de lluvia quedan incomunicados, porque “ni siquiera por el camino mejorado se puede circular por estar destrozado, con grandes pozos, y por la banquina es imposible por el barro. Un poco menos para por los caminos de Gobernador Castro y hagan algo más por La Buena Moza”, reclamó.

Los vecinos de la calle Brenan están cansados por la falta de interés del Estado en ayudarlos a solucionar sus problemas con las cloacas. Hace ya un mes están tapadas y rebalsadas, y no tienen respuesta de parte de Servicios Sanitarios, a los cuales vienen llamando reiteradas veces sin solución alguna.

Una de las vecinas habló con el equipo de La Opinión & Sin Galera y nos comentó lo indignante que es esta situación para los vecinos. 

“Nunca vino nadie a solucionarnos nada, hay un olor insoportable, es inhumano vivir así necesitamos respuestas ya. Vinieron, se les rompió la manguera, supuestamente, y nunca más volvieron”. Nos cuenta la vecina que habló con Servicios Sanitarios. 

Fueron más de seis veces a la oficina de Servicios Sanitarios y no obtuvieron solución alguna.

“Me dijo que los mandaba sin falta ayer. Nunca vinieron. Hoy llamo para reclamar, la persona que me atiende me dice que por su parte no está la solución que él solo se encarga de recibir las llamadas”, Escribió la vecina a La Opinión & Sin Galera.

Larga data tienen los reclamos de los vecinos sobre el pésimo funcionamiento del sistema cloacal, que evidencia, indudablemente, la precariedad de la red. Cada día La Opinión recibe decenas de reclamos.

Podemos tomar como ejemplo la zona de Martín Fierro y Benefactoras Sampedrinas. “Ya no se sabe qué hacer con las cloacas tapadas. Los vecinos estamos cansados de reclamar y no hay manera que lleguen a darnos una solución”, expresaron con enojo. Lo mismo sucede en barrios donde los niveles no fueron tenidos en cuenta y ante una lluvia no muy copiosa, las casas comienzan a rebalsar.

Una situación emblemática se dio en el Barrio Futuro, donde se ejecutó una mega obra y a los pocos meses de concluida los vecinos comenzaron a sufrir la inundación dentro de sus viviendas. 

 “Está todo rebalsado, tenemos el agua adentro de la casa”, hartazgo que se sentencia con un “así no se puede vivir", demandan desde el Barrio El Argentino.

El temor por la proliferación de enfermedades que afecten especialmente a niños, obedece de manera directa al contacto con los deshechos cloacales.

En el caso puntual mencionado,  sorprende más aún porque en esta zona nace la tercera colectora madre de cloacas que tiene la ciudad, que debería facilitar el desagote. Así se pensó en su momento ante el crecimiento demográfico notorio que tuvo el noroeste de la ciudad. 

Si bien puede argumentarse que las cañerías están abarrotadas de elementos impropios, como pañales descartables, existen medios como el desobstructor que rápidamente normalizan la situación.

Y si no existe la eficiencia para contrarrestar estas falencias, que pueden tener una pronta resolución, paradójico sería pensar una planificación estratégica que mejore la red y evite estos males. Y menos aún “soñar” que después de casi 40 años los sampedrinos tengamos una planta depuradora que para dejar de contaminar ante la falta de tratamiento de los efluentes.