El análisis del ejercicio económico financiero al final del primer semestre arrojó un déficit de alrededor de 2600 millones de pesos que en el Gobierno aseguran tiene explicación en las dificultades para hacer frente a los compromisos con los recursos con los que se dispone.

El repaso de los costos de las tasas contra la recaudación mes a mes da cuentas de que para cubrir la prestación el Municipio debe afectar recursos provenientes de otros fondos, porque no alcanza.

La tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es una de las más significativas en ese sentido, de acuerdo a la información a la que accedió La Opinión sobre su ejecución.

La recaudación de ABL alcanza para cubrir apenas el 21 por ciento del costo de la prestación.

En el desglose mensual promedio que la Secretaría de Economía expuso ante la consulta de La Opinión aparece que a junio, ABL tuvo una tasa de cobrabilidad del orden del 49 por ciento.

La emisión fue por más de 1142 millones de pesos y lo efectivamente percibido alcanzó los 560,5 millones. La cobrabilidad bajó respecto de 2024, cuando terminó en el 60 por ciento, un porcentaje ya muy bajo.

El promedio por cuenta tributaria de ABL es de poco más de 17 mil pesos por contribuyente. Algunos pagan más, otros menos, pero ese es el promedio.

Incluso si todos pagaran, no alcanzaría para cubrir el costo de la prestación: sólo se podría abonar el 53 por ciento del total.

En promedio, en el primer semestre, la emisión fue de 190,3 millones de pesos. La recaudación, $ 93,4 millones. El costo de la prestación alcanzó los 445 millones por mes, promedio.

Esos 93,4 millones de recaudación, que representan el 21 por ciento del costo total de la prestación del servicio, apenas alcanzaría para cubrir las facturas de Coopser por el servicio de alumbrado público.

Ese servicio implica el 20 por ciento del total de los costos (88,5 millones). La recolección de residuos insume el 35 por ciento (155,5 M); el barrido maunal,18 % (80,6 M); la recolección en localidades, 4 por ciento (18,7 M).

El resto se va en personal, 13 por ciento (56,3 M); Combustibles, 2 % (8,8 M); mantenimiento de alumbrado y reposición de lámparas, 2 % (8,3 millones por mes); mantenimiento del basural, 3 % (12,4 M); sistema de reciclado, 1 % (3,6 millones); bienes de uso, 2 % (8 millones); y servicios no personales, 1 por ciento (3,95 millones de pesos).

"Hace 10 años, el análisis arrojaba un resultado similar. Después de un tiempo considerable, no se pudo reconstituir la tasa", analizó el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante La Opinión.

Para el funcionario, la situación tiene un trasfondo político: "En algún momento las tasas tienen que seguir la evolución de la economía", señaló. 

Es decir, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo deberán sincerarse respecto de qué incrementos se van a proponer a la ciudadanía.

"En la medida en que se sigan moviendo las variables que influyen en la prestación y no las podamos cubrir con el valor mensual de la tasa, vamos a seguir discutiendo déficit", aseguró Borgo.

Este miércoles se procedió a la apertura de sobres de la licitación de dos unidades de traslado que la Municipalidad comprará con fondos del Programa Sumar.

La inversión supera los 84 millones de pesos, genuinos de la participación en un plan que tuvo su origen en otro similar que llevaba el nombre de Nacer en 2013, modelo que fue adoptado para lograr el acceso equitativo a la salud.

Para concretarlo era necesario fortalecer el sistema y, en consecuencia, ofrecer un mayor y mejor servicio, especialmente hacia un sector de la sociedad que carece de obra social.

Pertenecer tiene sus ventajas. Nación transfiere recursos a las provincias y éstas a los municipios, que en definitiva generan dineros que pueden ser reutilizados en la salud, entre otras cosas, equipamiento para los nosocomios. 

El método pasa por lo administrativo, fundamental para gestionar los reintegros. Cada centro de atención tiene una cuenta corriente, por lo que debe generar sus recursos y cargarse a un sistema, rindiendo bimestralmente, con cargas de 500 atenciones a pacientes.

Las prestaciones adjudican valores diferentes. Una consulta de cardiología paga más que una consulta pediátrica. Y también lo tienen las mediciones de talla y peso de niños, la presión arterial y otras atenciones básicas para lo que fueron creados estos entes descentralizados. Todo sirve para cotizar al final del camino y recuperar dinero.

La ambulancia que va a tener la Secretaría se financiará con los fondos logrados en todos los Centros de Salud.

En total existen más de 70 personas abocadas a esto y más de 50 técnicos que trazan y cobran por recolectar información, son empleados municipales que reciben un estímulo económico por cumplir esta tarea.

A partir de 2021 comenzaron a llegar los fondos. Ese año superó los 85 millones de pesos y a partir del año siguiente, se produjo un crecimiento importante que permitió ascender lo recaudado a 153 millones de pesos.

Por entonces, el Hospital facturaba el 75%, el resto de la estructura de salud el 25%. La ecuación no conformó y se pensó que la realidad podría ser otra. Por qué no pueden mejorar los centros que complementan al “Ruffa”, se pensó.

Tras un estudio de la realidad a través de los datos existentes, se trabajó de manera diferente, hubo una mayor actividad y hoy la composición es mitad Hospital, mitad Centros de Salud y los Hospitales de Santa Lucía y Gobernador Castro.

En el 2023 se aumentó a 223 millones de pesos. De estos, el 6% es retenido por la Provincia para un fondo de contingencia, por ejemplo, lo ocurrido con el Covid, donde San Pedro también recibió un plus. Y hasta octubre del 2024 se llevaban recaudado 271 millones de pesos.

Asimismo, de aquí surge el Fondo de Incentivo para el personal: de cada 100 pesos, 25 se destina a quienes se desempeñan en Salud. Solo lo cobran los administrativos y personal técnico, no así los médicos.

Los números son alentadores, pero existen gastos. El 75% se destina a los habilitados por el programa: rodados, equipamiento médico, etc. Y obras salientes como el Centro de Salud de Pueblo Doyle, levantado con el Programa Sumar.

La firma de un convenio entre el Gobierno municipal y la Universidad de la Plata para que esa casa de altos estudios asesore en la modificación integral de las ordenanzas fiscal e impositiva provocó un pedido de informes de la oposición, que quiere saber detalles.

Los ediles Martín Rivas, Diego Lafalce y Mauro de Rosa elevaron el proyecto, en el que piden al intendente que explique "por qué motivos ha contratado el asesoramiento" la UNLP, cuáles son los alcances del convenio y el costo final comprometido.

Además, quieren que el Gobierno responda por qué no convocaron al Concejo, a los Mayores Contribuyentes, empresarios, entidades representativas del quehacer  sampedrino "para recurrir a la genuina fuente de la generación de recursos".

No sin chicana, piden que el intendente responda si "considera inhábiles a los funcionarios" de las áreas municipales y “demás colaboradores rentados por el pueblo con sus tributos” y "qué modificaciones y cambios considera pertinentes a los efectos de ejercer un responsable mandato".

En los considerandos, los concejales opositores dicen que "elementales normas de respeto institucional democrático suponen el debido informe y comunicación" del Ejecutivo con el Concejo "con carácter previo", algo que no es obligatorio en tareas que le son propias a uno de los poderes del Estado.

Para Rivas, Lafalce y De Rosa, el convenio "evidencia incapacidad tanto para planificar como para el eficaz ejercicio del gobierno" y que "resultaría apropiado que se produzca el reemplazo de la totalidad de los funcionarios que, debiendo hacerlo, no funcionan".

El convenio firmado por el Gobierno con la UNLP es para "un análisis de la totalidad de la nómina de las tasas y derechos vigentes" con el objetivo de "evaluar la conveniencia" de modificar lo que sea necesario para "eficientizar la generación de los recursos municipales".

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesora al Gobierno de Cecilio Salazar para la planificación del Presupuesto 2025. Profesionales de esa casa de altos estudios tienen a su cargo el análisis de todos los tributos que se pagan en San Pedro.

A fin de mes, la UNLP elevará el informe final encomendado, para lo que la Municipalidad firmó un convenio, por 6 millones de pesos pagaderos en tres cuotas iguales, el 26 de julio pasado.

El acuerdo con la Universidad que tiene sede en la capital provincial es para el "asesoramiento para la modificación y redacción" de las ordenanzas fiscal e impositiva para el año que viene, normas que establecen qué se cobra, cómo y cuánto en materia tributaria local.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, había adelantado a La Opinión que el Presupuesto 2025 contendría modificaciones relevantes en esa materia. Por un lado, porque ya era hora de encararlas. Por el otro, porque la realidad económica del país obliga a afinar el lápiz.

La UNLP fue contratada para "un análisis de la totalidad de la nómina de las tasas y derechos vigentes" con el objetivo de "evaluar la conveniencia" de modificar lo que sea necesario para "eficientizar la generación de los recursos municipales".

El informe incluye un diagnóstico de la estructura tributaria municipal para evaluar si hay que actualizarla, en relación a la prestación de los servicios, sobre la que ya hay algunas definiciones relevantes.

"Veíamos una desincronización de parte de la fiscal e impositiva. Si bien había algunos factores de corrección, seguimos viendo incongruencias en cuanto a la estructuración que tiene desde el ordenamiento y la definición de los tributos", explicó Borgo en diálogo con La Opinión respecto de la tarea que comenzaron con el director de Rentas, Christian Rial.

"Venimos trabajando en una reestructuración que creemos que es necesaria por cómo estamos para atrás", señaló el funcionario. El análisis es que "hay tasas que, si bien están definidas y parecen que forman parte de la idiosincrasia de aprobación de tributos, después nos damos cuenta, por ejemplo, que en realidad no tienen ningún efecto, porque no tienen recaudación y complican a los contribuyentes".

Un ejemplo, señaló, fue el decreto que modificó las modalidades de habilitación comercial para facilitar la inscripción de comercios. 

El primer informe, que ya obra en poder de Borgo, repasó cómo se desarrollaron las modificaciones tributarias en San Pedro en los últimos años para evaluar el abordaje.

"Estamos trabajando en ver cómo fueron las modificaciones, cómo se articulan", señaló el secretario de Economía. El foco, dijo, está puesto en "alcanzar a las  las actividades que más generan para no castigar a las que realmente están en crecimiento o propender a desarrollar actividades económicas"

El último informe publicado por La Opinión sobre la recaudación de tasas señala que la cobrabilidad bajó en el primer semestre del año y que Seguridad e Higiene se transformó en la tasa que más aporta al erario.

Una de las mayores preocupaciones que surgen de ese análisis es que la recaudación de las dos principales tasas, ABL y Servicios Sanitarios, está por debajo del 50 por ciento de la emisión, por lo que con lo percibido se hace difícil cumplir con los servicios como corresponde.

La situación de recesión económica que atraviesa el país, que según el presidente Javier Milei "tocó o tuvo su peor momento entre los meses de abril y mayo", afecta las cuentas municipales en la medida en que repercute en el cumplimiento del pago de las obligaciones de los contribuyentes.

La cobrabilidad de tasas tuvo una importante caída en lo que va del año en relación al ejercicio 2023, que terminó con un promedio, según la tasa y sin contar la moratoria, de entre el 50 y el 60 por ciento.

Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) se ubicó en el último bimestre percibido en el orden del 43,2 por ciento de cumplimiento, tres puntos menos que en el anterior.

Servicios Sanitarios, por su parte, tuvo una cobrabilidad del 46,41 por ciento, que casi no varió respecto del bimestre anterior.

Hasta la tasa por conservación de la Red Vial, que históricamente tuvo un cumplimiento de entre el 70 y el 75 por ciento, cayó de manera significativa: se ubicó en el 60,85 por ciento.

El cumplimiento de la tasa por seguridad e higiene, que pagan empresas y negocios, sigue al frente como la de mayor cobrabilidad, con porcentajes que oscilan entre el 75 y el 90 por ciento, según se calcule por ingresos brutos o por mínimos imponibles.

La novedad de la recaudación de los primeros siete meses es que Seguridad e Higiene se convirtió en la tasa que aporta la mayor parte de la recaudación.

Así surge de la información a la que tuvo acceso La Opinión tras solicitarla al secretario de Economía, Roberto Borgo, 

En julio, por ejemplo, ingresaron por ese concepto a las arcas municipales casi 105 millones de pesos, lo que representa alrededor de un 40 por ciento más que Servicios Sanitarios y 30 por ciento más que ABL.

La situación de la recaudación de las dos principales tasas por debajo del 50 por ciento de la emisión es preocupante para el Gobierno, que todavía no envió al Concejo Deliberante el segundo aumento del año, anunciado cuando se aprobaron las ordenanzas fiscal e impositiva.

En la última emisión de ABL se cobraron 70,7 millones de 163,3. Son más de 92 millones de pesos que no ingresaron a las arcas municipales. El monto de emisión dividido la cantidad de cuentas da un promedio de poco más de 8.300 pesos. Lo cobrado, $ 3600.

Está claro que con lo percibido se hace difícil cumplir con los servicios como corresponde. Si se ponen sobre la mesa los fríos números, es peor: Ashira cuesta más de 166,4 millones de pesos y la última factura de alumbrado público fue de $ 62,5 millones.

Es decir que con la recauadación de 70,7 millones hay que cubrir servicios que cuestan 229 millones. 

En el caso de Servicios Sanitarios, la última emisión fue por 127,4 millones. Lo percibido alcanzó los 59 millones, por lo que quedaron más de 68 millones de pesos sin cobrar.

El monto de emisión dividido la cantidad de cuentas da un promedio de poco más de 7.800 pesos. Lo cobrado, $ 3600.

Respecto de la tasa de Red Vial, la última emisión fue de casi 66 millones de pesos. Lo percibido, poco más de 40 millones. La deuda, 25,6 millones de pesos. El promedio emitido por cuenta es de casi 11.500 pesos; lo cobrado, 7 mil pesos.

Hace unas semanas el intendente Cecilio Salazar emitió un comunicado en el que se refirió a la situación de las tasas municipales en el contexto nacional, en cuyo marco apuntó al presidente Javier Milei y sus políticas económicas.

Allí advirtió que  "el Municipio de San Pedro verifica la misma realidad económica de sus contribuyentes: el desmedido incremento de los servicios básicos y la caída de la actividad económica pulverizan la capacidad de pago de los sectores productivos".

Informó que la cobrabilidad de tasas cayó "un 18 por ciento promedio" desde enero y que mantener la prestación de los servicios implica "un déficit cercano a los 300 millones de pesos mensuales debido al impacto de la liberación de tarifas, que afecta a la economía en su conjunto".

El primer trimestre de 2024, tras la devaluación que disparó la inflación, mostró una importante caída en la cobrabilidad de tasas, lo que afectó la recaudación del Municipio.

Alumbrado, barrio y limpieza (ABL) y Servicios Sanitarios, principales prestaciones del Estado local a los contribuyentes, tuvieron una baja en su cobrabilidad respecto del cierre del ejercicio 2023.

El problema no es sólo de cobrabilidad: la relación recaudación/costo del servicio en ambas tasas del último mes despertó alarmas en el Gobierno.

Por eso, ya comenzaron a evaluar cómo será el impacto de un nuevo porcentaje de aumento de tasas, tal como quedó previsto en la aprobación de la última ordenanza impositiva, confirmó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

La diferencia entre el costo del servicio y la recaudación fue de más de $ 243 millones

Durante el primer trimestre, la tasa de ABL tuvo un porcentaje de cobrabilidad del 55,76 por ciento, mientras que el cálculo de la Rendición de Cuentas 2023 —empujado por la moratoria— alcanzó el 65 por ciento.

El porcentaje quizás no dice mucho, pero los números en pesos son elocuentes: en marzo, prestar el servicio costó 230,4 millones de pesos. La recaudación fue de casi 59 millones. Son alrededor de 171,4 millones menos.

Pero incluso si todos los contribuyentes hubiesen pagado, es decir si ABL tuviera una cobrabilidad del 100 por ciento, tampoco habría alcanzado: la emisión mensual promedio fue de 105,7 millones, un 54 por ciento por debajo del costo.

Entre estas prestaciones se encuentra el servicio de recolección de residuos e higiene urbana que presta Ashira, que pasó a más de 140 millones de pesos tras los aumentos de combustible y la paritaria de Camioneros.

En la tasa de Servicios Sanitarios la situación es peor en términos porcentuales. La cobrabilidad bajó del 68 por ciento (Rendición de Cuentas 2023) al 59 %. 

La relación recaudación/costo es de 58,7 por ciento por debajo: prestar el servicio en marzo costó poco más de 122 millones de pesos y la recaudación fue de 50,4 millones, es decir 71,7 millones de pesos menos.

Si todos los contribuyentes hubiesen pagado, la tasa todavía sería deficitaria un 30 por ciento: representa 85,3 millones sobre esos 122 de costo.

Antes del Día de la Madre, desde el Refugio San Pedro lanzaron la denominada “rifa del refu” con 20 premios para mamá y 13 comercios adheridos como punto de venta. Son dos series de números que se sortearán el 13 de octubre por la lotería nacional nocturna, y tienen el valor de 500 pesos cada una.

Con esta colaboración, el grupo de proteccionistas podrá seguir invirtiendo en el mantenimiento de las instalaciones ubicadas en Lucio Mansilla al 2500 y garantizar el cuidado de los animales que tienen a su cuidado.

Los números se pueden pedir a través de un mensaje privado en las redes del refugio para que los integrantes de la organización lo entreguen a domicilio, o se pueden brindar todos los datos con una foto a modo de comprobante y transferencia a la cuenta DATIL.REMERA.PISADA, de la cual figura como titular Cecilia Tarsetti.

Otra opción, para comodidad de los vecinos, es acercarse a los siguientes comercios adheridos e identificados con un cartel:

El Secretario de Economía confirmó el sábado por la mañana que en pocas semanas comenzarán a corregir el sistema de recaudación en efectivo que rige para varios sectores. Así museos, camping municipal y estacionamiento, entre otros serán fiscalizados electrónicamente.

“La idea es firmar un convenio con Banco Galicia que ya estamos en eso, de hecho esta semana ya estuvimos en conversaciones con ellos y es básicamente digitalizar los puntos de cajas que sean papeles que estén por fuera de la municipalidad, tanto el Tiro como Balanza, como estacionamiento de Vuelta de Obligado y algún lugar más donde estaba este sistema, poder empezar a cobrar y empezar a manejar todo eso con un sistema digital, con QR”, dijo en el programa Sin Galera tras ser consultado por los montos consignados en la rendición de cuantas anual por su antecesor. El complejo municipal de camping y bungalows sólo figura con poco más de seis millones de pesos durante todo el 2022. Una cifra que dista y mucho de la realidad que se ve cada fin de semana en el lugar. Hace algunos meses, empleados de ese lugar que fueron derivados a otros sectores habían relatado que todo se registraba a mano en un libro de actas y luego pasaban a buscar la bolsa con el dinero sin intercambiar recibo alguno.

Respecto a esa modalidad para con los empleados que administran las cajas señaló “también es una responsabilidad enorme para ellos. La idea de esto es que tengamos cuentas independientes, que es lo que queremos lograr, una cuenta independiente por cada uno de esos ingresos y que automáticamente mientras se vaya cobrando con el QR vaya ingresando ese dinero a una cuenta del municipio y después ese sistema de control cruzado ellos van a tener que llevar un registro de lo que van cobrando y después lo cruzaremos con el ingreso a las cuentas”.

Al ser consultado sobre el sistema de tickets que se utiliza en el estacionamiento de Vuelta de Obligado, respondió que a su entender son cuentas de fondos afectados y que todo lo que se recaude debe ser destinado a mejorar y mantener cada uno de esos lugares. La balanza de pesaje es otro tema, pero al menos en materia de rendiciones no exhibe cifras tan escasas o llamativas como las que declaró Turismo. 

“En 2019, mi familia decide que no querían estar más allá, que queríamos otro lugar para vivir. De hecho, San Pedro fue el lugar que elegimos para comprar nuestra casa para toda la vida”.

Para combustibles ya tramitaron un acuerdo con YPF Ruta, con un descuento del dos por ciento para todos los consumos y plazo de pago que permite al municipio evitar la licitación semanal al ritmo de la inflación y los aumentos.

“El concepto básico es que cada vehículo tenga asignado una tarjeta específica y que solamente se pueda cargar el combustible a ese vehículo con esa tarjeta y después en algunos casos, tarjetas a nombre de la persona con un cupo específico; puede ser un secretario o alguien que por ahí no esté siempre en el mismo vehículo. Lo que nos va a permitir tener un control muchísimo mayor sobre el consumo”, explicó respecto a los números que podrán ajustar porque con ese presupuesto también circulan los patrulleros de la policía, los de inspección, ambuancias y otros rodados que además requieren mantenimiento. El monto supera los seis millones de pesos semanales y creen que con esta modalidad podrán administrar mejor el recurso.

En la primera nota que brindó tras el regreso de Cecilio Salazar, Carrasco intentó resumir los lineamientos de sus primeras dos semanas: “necesitamos rápidamente hacer lo más eficiente el uso del recurso que tengamos que es escaso y una de las cosas que charlábamos los secretarios esta semana es que acá no se trata de ser policía ni “cara de perro” sino sincerar y entender la realidad de cómo estamos funcionando. La caja del municipio no puede estar distorsionada de la gestión. Tiene que ser algo que vaya paralelamente, totalmente aceitado y todos tienen que entender nuestra realidad”.

Sobre el cierre fue preguntado sobre su llegada a San Pedro y el vínculo que trabó con el Intendente de San Pedro. Confirmó que efectivamente está de licencia como Concejal en Hurlingham y que fue una decisión familiar mudarse a San Pedro. “Cuando falleció mi papá pude comprar cuatro hectáreas y media en Gobernador Castro” donde tiene un emprendimiento productivo de nueces pecan. Carrasco se desempeñó en Ministerio del Interior durante la gestión de Rogelio Frigerio y allí conoció a Cecilio.

Tras reclamar de manera presencial, en entrevistas que fueron públicas y recorrer despachos de los funcionarios responsables La Opinión remitió el 17 de Marzo una nota dirigida a las autoridades municipales y al Concejo Deliberante para reclamar sencillos mecanismos de acceso a la información pública.

Los datos solicitados apuntan a varias áreas. El más sensible y preocupante apunta a los análisis del agua que consumen los sampedrinos y que es obligatorio publicar periódicamente sobre todo ante el riesgo sanitario que implica la escasa presión en la red que se registró durante todo el verano.

El 11 de Mayo de 2020 fue el último análisis que lleva la firma del ya fallecido bioquímico Horacio Varela. Desde entonces los ciudadanos no saben nada sobre la calidad del aguar que consumen y no evaluarla constituye una grave violación a las normas. Una oyente de Sin Galera fue la que alertó sobre esa situación cuando observó que en su zona la presencia de nitritos era más elevada que la permitida.

El resto de la información requerida por este medio, apunta a varias de las dudas que surgieron en torno a la administración de dineros públicos, sobre todo en los lugares donde los pagos se hacen en efectivo y se guardan en una bolsa para luego ser trasladados a la tesorería municipal porque no se cuenta con sistemas electrónicos.

Otros llevan por objeto conocer las condiciones en las que se contratan obras y se verifica su cumplimiento e incluso la preservación del valor de fondos que pertenecen a todos los ciudadanos como el que la comuna administra con Coopser. La última vez que se pudo observar en un balance el Fondo de Obras Públicas Comunitarias tenías más de 170 millones de pesos y 50 mil dólares. Eso fue a mediados de 2022 y tampoco hubo respuestas sobre su devaluación.

A continuación, el texto completo al que invitamos a lectores y oyentes que quieran formular otros requerimientos utilizando nuestro botón de whapp:

La presente tiene por objeto plasmar por escrito la petición que oportunamente formuláramos pública y personalmente tanto a Usted como a miembros del Gobierno en distintas oportunidades.

Hoy venimos a requerir información oficial sobre los siguientes ítems:

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta reiteramos como desde hace más de tres décadas nuestra vocación de continuar con la labor periodística de informar, investigar y publicar toda cuestión que comprenda el interés público.

El 27 de diciembre de 2019, la empleada municipal Carolina Moré, responsable de trasladar la recaudación de la balanza de pesaje de camiones areneros ubicada en el predio de Coplac en camino Crucero General Belgrano, denunció que esa madrugada un motochorro le había robado un bolsín donde llevaba parte de la recaudación de varios días de la tasa que se cobra a cada transporte de cargas que sale de San Pedro.

El episodio, conocido como “el escándalo de la balanza”, provocó intensos debates porque reveló una manejo que el Gobierno reconoció al menos “desprolijo” en la modalidad de cobro de una tasa creada a medida de los camiones areneros luego de que se repavimentaran la ruta 1001 y el camino Crucero General Belgrano.

En materia judicial, dos novedades relevantes ocurrieron en las últimas semanas, de acuerdo a lo informado por la fiscala Viviana Ramos a La Opinión.

Por un lado, ante la falta de elementos probatorios para avanzar en la causa por el robo, decidió archivarla. Por el otro, las “desprolijidades” del manejo de esos recursos provocaron que la titular de la UFI 11 ordenara la conformación de una nueva causa para investigar si el Gobierno cometió algún tipo de delito respecto de esos fondos.

El robo es imposible esclarecerlo, al menos con los elementos obrantes hasta el momento.

Carolina Moré dijo que el 26 de diciembre de 2019, alrededor de las 22.00, fue a retirar el dinero con la recaudación de los últimos días, que eran varios porque hubo feriados de Navidad en el medio. Colocó los billetes en una mochila y se fue.

Pero no se fue a hacer el depósito, porque ya había pasado el horario bancario. Fue a un cumpleaños y luego a su casa, donde, relató, fue sorprendida por una pareja de motochorros armados que la apuntaron y le arrebataron el bolso. Habían pasado alrededor de tres horas desde que se fue de la balanza.

No hay pruebas que permitan imputar a nadie. Nada alcanzó para establecer sospechas respecto de quiénes le robarn el dinero a la empleada a la que la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri le confió el retiro de los billetes para su posterior depósito.

Ese aspecto del famoso “escándalo de la balanza” pasó a archivo en la Justicia y sólo volverá a abrirse el expediente si aparece algo o alguien que pueda aportar elementos contundentes para sostener una acusación.

La otra causa, la que Ramos ordenó abrir y que deberá tramitarse en una Fiscalía de Baradero porque allí van los expedientes en los que hay funcionarios públicos locales involucrados, trasciende el asalto a Moré y pone el ojo en otros puntos.

La modalidad de recuadación, los procesos para depositar el dinero en el banco y la rendición de los tickets, cuyo talonario desordenado fue reconocido como “desprolijo” por el Gobierno en más de una oportunidad tras el hecho están ahora en la mira de la Justicia.

Para Ramos, esa forma de manejar esos recursos públicos podría ser pasible de calificar como delito.

Por ello lo que ordenó que se abra una investigación en procura de establecer si caben responsabilidades penales al intendente Cecilio Salazar, al secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y a quienes ellos hayan delegado tareas relacionadas con la recaudación de la tasa por pesaje de camiones.

Lo que Ramos sospecha es lo que los concejales del Frente de Todos expusieron en la sesión extraordinaria de febrero de 2020 en la que discutieron con el oficialismo por el tema. Gastón Casco dijo que hubo en el tema “una tremendo irregularidad” y una “improvisación” que provocó “un hecho demasiado grave”.

Sin cortapisas, acusó: “Estamos hablando del manejo imprudente y delictivo de los fondos municipales”.

Para el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz, las palabras de Casco habían sido “imprudentes”. En ese momento, el concejal opositor reveló que la fiscala Ramos había informado acerca de una “demora posiblemente deliberada en presentar la denuncia”. En efecto, la Fiscalía tardó seis días en tomar conocimiento de uno de los hechos delictivos más graves que involucran el Estado municipal.

Tras el episodio, la Municipalidad aseguró que dispondía modalidades distintas para la recaudación y posterior depósito del dinero, aunque el mecanismo vigente que implicaba que cada empleado tuviera un talonario y que los números entre turno y turno no sean correaltivos persistió.

En noviembre del año pasado, La Opinión reveló en exclusiva que el Gobierno de Cecilio Salazar había tomado la decisión de privatizar el servicio de pesaje de camiones.

Así, en lugar de alquilar la balanza a un privado y poner personal propio para la cobranza, recaudación y depósito del dinero, habrá una empresa administradora que se ocupará de todo el proceso. Buscan, aseguraron en ese momento a este medio, “veri si un privado puede hacerlo mejor, más eficiente, más seguro”.

El jueves pasado ingresó formalmente al Concejo Deliberante el pedido del Ejecutivo para ser autorizado a llamar a la licitación. El plan es que la empresa transfiera todo lo recaudado —en 2019, último dato disponible, fueron casi 9 millones de pesos— y a cambio reciba una remuneración mensual.

La firma adjudicataria también deberá ocuparse de la custodia de vehículos incautados, compactación y disposición final una vez vencidos los plazos vigentes para el reclamo por parte de los propietarios.