El Gobierno municipal busca acordar un plan de pago para saldar la deuda de 114 millones de pesos que mantiene con el abogado Hugo Lima y que provocó una decisión judicial de embargo.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que hay un diálogo fluido y “avanzado” con el estudio jurídico del reconocido penalista nicoleño para alcanzar, cuando termine la feria judicial, un acuerdo que ponga fin al entuerto.

El abogado interpuso la demanda de cobro ejecutivo ante la falta de pago de los honorarios regulados en el juicio por desalojo que la Municipalidad perdió con Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos al pie de la barranca frente al club de Pescadores.

Los honorarios se fijaron en 64 millones de pesos por la representación legal que Lima ejerció del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón.

En la causa interpuesta para cobrar la deuda, se calcularon los intereses y otros ítems en 50 millones de pesos más, por eso la suma de la deuda alcanza los $ 114 millones, un monto que el Municipio no tiene disponible y que no podría abonar de otra manera que no sea a través de un plan de pago.

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la Municipalidad para cubrir los más de 114 millones de pesos que el Estado local le debe al abogado Hugo Lima (h) en concepto de honorarios por la denominada causa Calonge.

Lima fue representante legal del concejal Juan Cruz González y otros litigantes en el juicio por usurpación de terrenos al pie de la barranca que el Municipio perdió y en cuyo marco, además, el Juzgado ordenó escriturar a favor de Raúl Calonge las tierras que ocupa frente al club de Pescadores.

El juez Hernán Prat, titular del juzgado Civil n.° 1 ordenó el embargo hasta cubrir la suma de 114 millones, que surge de sumar los 64 millones establecidos como honorarios más 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente. El embargo opera sobre el "superávit efectivo" establecido al cierre de cada ejercicio y tiene fecha de  noviembre de 2025.

Hugo Lima (h) fue abogado del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió.

El Municipio ya había tenido cuentas embargadas cuando el abogado Adrián Bengolea representante legal de Raúl Calonge en el juicio, fue a la Justicia para cobrar sus honorarios, que eran de 18 millones. El Estado local tuvo que pagarle en total casi 30 millones por el caso.

El revés judicial del Municipio de San Pedro en la causa por desalojo contra Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos del Estado al pie de barranca frente al club de Pescadores salió muy caro a los sampedrinos: además de perder los derechos sobre la tierra y pagarle 30 millones de pesos al abogado de Calonge, ahora hay que abonarle 64 millones de pesos al representate legal de los otros litigantes.

El juez interviniente fijó los honorarios para el abogado Hugo Lima (h), que asistió en la causa al concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; a Amelia María Suárez; Natalia Andrea Morán; a Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió en el fuero Civil y Comercial.

"Regulo los honorarios profesionales del Dr. Hugo Enrique Lima (patrocinante) en la suma de pesos sesenta y cuatro millones, sesenta mil novecientos ($ 64.060.900)", dice el fallo del juez Hernán Prats.

Además, la Municipalidad, como actora derrotada en el litigio, deberá abonar 4.313.865 pesos al martillero designado para intervenir en el caso y tasar los inmuebles objeto del juicio,  Daniel Benjamín Menéndez.

Así, además de perder la tierra, en total a los sampedrinos el juicio en el que el Municipio resultó vencido implica casi 100 millones de pesos en honorarios de los profesionales intervinientes, puesto que las costas corren por cuenta de la parte derrotada.

El litigio comenzó en 2004, cuando Raúl Calonge pidió el reconocimiento de su derecho de usucapión. La Municipalidad lo rechazó y comenzó un juicio por desalojo contra él y el resto de los ocupantes ubicados entre la ahora sede de Agrupación Mallorca y el ex Tiro Federal.

La Justicia consideró que la pretensión restitutiva del Estado local no corresponde y falló contra el desalojo.

 Además, Calonge ganó un juicio por usucapión para escriturar a su nombre, lo que abrió la puerta para que el resto de los litigantes haga lo mismo.

Uno de los puntos fundamentales para  la derrota del Municipio es la consideración de esa tierra como un bien de "dominio privado del Estado". 

Aunque los sucesivos asesores letrados oficiales desde el principio plantearon que esos eran terrenos aluvionales de "dominio público", inalienables e imprescriptibles. cuando en 2017 el Gobierno de Cecilio Salazar inscribió toda esa zona a nombre de la Municipalidad lo hizo como "dominio privado".

Así, como los ocupantes pudieron acreditar "seria y real posesión", la Justicia no hizo lugar al pedido de restitución vía desalojo y falló contra los intereses de los sampedrinos, que perdieron la tierra y son obligados a pagar las costas.

La Justicia ordenó transferir más de 30 millones de pesos al abogado Adrián Bengolea, con quien la Municipalidad de San Pedro tenía una deuda por la regulación de honorarios por su rol como representante legal de Raúl Calonge en el juicio que ese particular le ganó al Estado local para escriturar a su nombre una propiedad al pie de barranca.

El juez había regulado honorarios por 18 millones de pesos para Bengolea, pero la Municipalidad no le pagó. Eso provocó que el abogado pidiera la ejecución de honorarios, lo que derivó en el embargo de cuentas municipales.

Confirmado el embargo por 28,7 millones, la Justicia dispuso que se deposite esa suma embargada en una cuenta judicial y ahora, vencido el plazo fijo y a solicitud de Bengolea para que no lo renueven, ordenó que esa suma sea transferida al abogado para saldar la deuda.

Son, en total, $ 30.146.104,54, en concepto de honorarios ejecutados, adicional de ley, intereses, IVA y honorarios convenidos en la ejecución, con las deducciones correspondientes por aportes e ingresos brutos, señala la resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 1.

El Gobierno fue notificado este lunes sobre la confirmación del embargo de cuentas bancarias del Estado local para cubrir los 28,7 millones de pesos que no se le pagaron al abogado Adrián Bengolea por los juicios que Raúl Calonge le ganó a la Municipalidad.

"En autos se trabó embargo sobre las sumas que la demandada tenía depositada en el Banco de la Nación Argentina por la sumas de pesos $ 28.700.000", dice la cédula de notificación electrónica, firmada este lunes al mediodía.

El 5 de junio pasado, el juez en lo Civil y Comercial N° 1 Hernán Prat informó el número de cuenta judicial en el que debía hacerse efectivo el depósito de las sumas embargadas, cuenta abierta en la sucursal Tribunales de San Nicolás del Banco Provincia, que confirmó su apertura una semana antes.

La Municipalidad le debe al abogado nicoleño Adrián Bengolea los honorarios regulados en el fallo mediante el que el Estado de San Pedro perdió el juicio por desalojo contra Raúl Calonge, quien además ganó su planteo de usucapión por los terrenos costeros que ocupa al pie de barranca frente al club de Pescadores.

Los 28,7 millones surgen de sumar los 18,7 millones de honorarios más 10 millones de intereses, aportes, IVA y otras costas del proceso que consideró el juez Prat cuando Bengolea pidió el embargo ante la falta de pago.

La semana pasada, los votos del oficialismo obturaron la posibilidad de aprobar un pedido de informe presentado por el opositor Martín Rivas para que el intendente explicara a los ediles la situación de esa derrota judicial.

El juez en lo Civil y Comercial Hernán Prat ordenó embargar las cuentas bancarias del Municipio de San Pedro tras la presentación del abogado de Raúl Calonge para cobrar sus honorarios en el juicio que le ganaron al Estado local por las tierras ubicadas en pie de barranca frente al club Pescadores.

El representante legal de Calonge, el abogado nicoleño Adrián Bengolea, solicitó el embargo ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno local tras la regulación de honorarios que dispuso la Justicia.

El embargo es hasta cubrir la suma de 28.700.000 pesos, que surge de los 18,7 millones de la regulación de honorarios más de 10 millones de intereses, aportes, IVA y otras costas del proceso que debe afrontar la Municipalidad, como parte derrotada en el litigio.

Bengolea solicitó el embargo de las cuentas que el Municipio posea en el Banco Nación, por lo que el juez libró la orden para esa entidad y citó al Estado municipal para que "oponga y pruebe excepciones que se considere con derecho", aunque no hubo movimiento, todavía, en el Juzgado correspondiente al respecto.

El juez libró oficio electrónico al banco "a fin de que proceda a la apertura de una cuenta a nombre de autos y orden del proveyente", es decir del abogado Adrián Bengolea, puesto que la suma debe ser depositada en la sucursal Tribunales del Banco Provincia en San Nicolás, a su nombre.

Raúl Calonge ganó dos juicios a la Municipalidad, con el patrocinio de Bengolea, relacionados con los terrenos que ocupa en la costanera. El primero lo inicio el Estado y era para desalojarlo; el segundo fue su solicitud para usucapir la tierra y escriturarla a su nombre.

La Justicia consideró probada la ocupación pacífica y sostenida de Calonge en ese terreno. La escrituración por parte del Gobierno de Cecilio Salazar, con Javier Silva como jefe de la Oficina de Escrituraciones a cargo de la tarea, de esa tierra como "dominio privado del Estado" favoreció al privado.

El Juzgado interviniente en la causa por los terrenos de avenida España que la Municipalidad perdió a manos del particular Raúl Calonge, autorizado a escriturar a su nombre el predio que ocupa al pie de barranca, dejó sin efecto la regulación de honorarios para los abogados que participaron del litigio en representación del Estado local.

La Justicia había ordenado abonar casi 18 millones de pesos al abogado de Calonge, el nicoleño Adrián Bengolea, y casi 30 millones más distribuidos entre los exdirectores de Asesoría Letrada municipal Paola Basso, Juan Benseny, José Macchia y Ricardo Uguet, más la fiscala de Estado, María Hiraldo.

Benseny, Macchia, Uguet e Hiraldo, a su turno, manifestaron expresamente ante la Justicia que no correspondía que se les regularan honorarios puesto que habían actuado como funcionarios públicos. La Municipalidad, a través de la actual directora de Asesoría Letrada, Viviana Costa, pidió que se revoque esa regulación.

"Se han desempeñado como agentes estables y que, en ejercicio de tal calidad, representaron a la Municipalidad de San Pedro, es decir que no actuaron en virtud de mandato, sino desempeñando una función pública", explicó la asesora letrada municipal.

El juez dejó sin efecto los honorarios regulados, puesto que "le asiste razón" a la Municipalidad respecto de los exdirectores de Asesoría Letrada, aunque el fallo dejó una perlita sobre la actuación de la actual responsable de legales del Estado local.

La abogada Viviana Costa interpuso un "recurso de revocatoria con apelación en subsidio" que el juez rechazó por considerarlo no pertinente. "La providencia atacada no es susceptible del recurso intentado", explicó el magistrado, Hernán Víctor Prats, aunque sin perjuicio de ello dejó sin efecto la regulación de honorarios para los abogados que actuaron como funcionarios públicos.

Tras la regulación de honorarios por parte de la Justicia para los abogados actuantes en la causa mediante la que el Municipio perdió terrenos de la costa a manos del particular Raúl Calonge, que logró usucapir para escriturar esa tierra a su nombre, aquellos letrados que actuaron en nombre del Estado informan que no corresponde que se les pague.

Así lo hicieron el exdirector de Asesoría Letrada del principio del Gobierno de Guacone, Juan Benseny; el último en ocupar ese cargo en esa gestión y actual juez de Paz, José Macchia; y la propia Fiscala de Estado, María Hiraldo.

También informó que no corresponde el pago de honorarios el exdirector de Asesoría Letrada del Gobierno de Cecilio Salazar, Ricardo Uguet, quien dejó ese cargo el 30 de abril, cuando Ramón Salazar fue desplazado del interinato a cargo del Poder Ejecutivo.

Uguet elevó el escrito de forma al Juzgado para informar que "en función de lo dispuesto por el artículo 203 del Decreto ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades)" no le corresponde "percibir honorarios de la Municipalidad de San Pedro".

Ello puesto que su trabajo "fue retribuido mediante un sueldo como director de Asesoría Letrada". Según la regulación de honorarios dispuesta por el Juzgado interviniente, le correspondían unos 881.915,52 pesos (45,12 jus).

Además de ellos y el abogado particular de Calonge, aparece con honorarios regulados la exdirectora de Asesoría Letrada y actual concejala de la UCR, Paola Basso, con 4.365.900 pesos, quien deberá, al igual que el resto, elevar manifestación aclaratoria para informar que no le corresponde percibir ese monto en tanto su actuación fue en calidad de funcionaria pública municipal.

Luego de que La Opinión develara en una nota las sumas millonarias que debían pagarse a los abogados que defendieron los intereses de la Municipalidad en la causa que se inició en pos de recuperar la propiedad de los terrenos sobre Avenida España, el Dr. Juan Benseny aclaró su posición respecto a los montos que la justicia asignó a quienes actuaron en representación de los intereses sampedrinos.

"Mi actuación se limitó allá por el año 2010, yo fui durante 4 meses más o menos director de Asesoría Letrada", explicó Benseny que además aseguró que no tiene "derecho a cobrar" por la labor prestada, ya que durante ese tiempo percibía el sueldo que le correspondía por intervenir en "todos los juicios" en los que estuviera "involucrada la Municipalidad".

Tal es la obligación de los funcionarios de esa área, defender, vigilar y proteger la legalidad de los actos de gobierno y velar por el patrimonio público.

Consultado por su situación y los de los abogados Paola Basso, Ricardo Uguet y José Macchia, el letrado indicó que la Municipalidad puede notificarle al juez a qué abogado "no le corresponde el pago de honorarios". Esa es una obligación que no debe ser postergada a fin de que no se concreten los pagos o en el futuro puedan reclamarse. 

Benseny recordó además que tras su gestión, continuó en representación del municipio en juicios que tramitaban en Capital Federal por contar con una matrícula para desempeñarse en esa jurisdicción. Aclaró que cuando asumió el Dr. Ramón Salazar le informó sobre una decena de juicios que quedaron pendientes y que debían contar con seguimiento, ya que también él estaba radicado en CABA para poder ejercer como abogado.

Finalmente, explicó que él no pretende percibir lo estipulado y que considera que "la Municipalidad no va a pagar" las sumas dispuestas por la justicia. En su caso la justicia le reguló un importe de 1.746.360 pesos  como pago por la labor desempeñado. 

La disputa legal entre el Gobierno local y los habitantes de los terrenos comenzó en 2004 y la sentencia definitiva del juez Hernán Prats favoreció a quienes ocupan más de 100 metros desde la sede de Agrupación Mallorca hacia la zona del Tiro Federal.

El Dr. Juan Benseny no es el único, también la Fiscal de Estado, cuyos honorarios resultaron superiores a los 12 millones de pesos, desestimó la percepción por su actuación pública. 

Los terrenos que las familias del ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge, su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y que el resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez reclamaron como propios tras haber edificado varias viviendas y aducir derechos posesorios, nunca más serán de los sampedrinos. 

El litigio que comenzó en el año 2004 y sobre el que la concejal y ex Asesora Letrada Paola Basso advirtió en mayo de 2023, había quedado sin seguimiento, escribió su capítulo final en la justicia tras la determinación de los honorarios que le corresponden a cada letrado. Los inmuebles fueron tasados en 72.000.000 de pesos y sobre esa base que fue estimada en noviembre de 2023 ahora hay que liquidar lo que le toca a cada uno. En junio de 2023, el municipio había anunciado una apelación.

 La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad.

Están los que cobrarán por perder y el que cobra por ganar, más los beneficiados con los sucesivos fallos y ventajas que no todos los que usurpan tienen la dicha de concretar. Efectivamente, la usurpación mayor y emblemática quedó plasmada a la vista de toda la ciudadanía. La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad. Cuando se ven estos resultados, sobrevienen las dudas del verdadero afán que anima al funcionario público a la hora de defender los intereses de la población. 

Para el abogado de las familias que lograron pasar de la usurpación a ser propietarios, la justicia dispuso el pago de 13.365.000 pesos más 230,22 jus (unidad de medida que sirve como guía para los distintos trabajos que realiza un abogado) a un valor de 19.546 que totalizan otros 4.484.692 pesos. 

Si el letrado es responsable inscripto habrá que adicionarle el 21% de IVA. En total: 17.849.692 pesos. Corresponde porque es quien ganó el litigio y logró probar que los ocupantes podían hacer valer sus derechos.

La concejal y abogada Paola Basso al igual que todos los que desempeñaron durante las gestiones de Barbieri, Guacone, Giovanettoni y Salazar como asesores letrados será compensada de acuerdo a los tiempos en los que le tocó actuar. La justicia reguló para ella 4.365.900 pesos como compensación a su desempeño. Claro que este y todos los montos de funcionarios que cobraron su sueldo para resguardar los intereses de la comuna podrían ser apelados, algo que aún este medio no ha podido confirmar.

Le sigue el Dr. Juan Benseny, quien se desempeñó en esa asesoría durante el gobierno de Pablo Guacone. Para él fue regulado el importe de 1.746.360 pesos. Durante el siguiente mandato ese cargo quedó en manos del Dr. José Macchia que ahora es Juez de Paz de la ciudad. A él le corresponden 873.180 pesos más 42,15 jus que equivalen a 823.863. Para Ricardo Uguet, el monto fue fijado en 42.12 jus, por un total de 881.915 pesos. 

A la Fiscal de Estado, María Hiraldo le corresponden 9.355.500 pesos más 161.15 jus que equivalen a otros 3.149.837 pesos.

El arquitecto que tuvo a su cargo mensurar los terrenos y darles el valor acorde a su valuación primaria fue designado por sorteo y se llama Aníbal Julio Velasco. Por su tarea le corresponde cobrar 3.600.000 pesos a los que habrá que adicionarles el IVA.

Sin el impuesto al valor agregado, los sampedrinos tendrán que abonar como mínimo lo que corresponde a Bengolera, Hiraldo y Velasco que suman: 33.957.029 pesos. Si no se apelan los honorarios regulados a los abogados de la municipalidad, habrá que sumar 7.862.355 pesos. 

Ya no hay otras instancias para cursar y el privilegio de ocupar o simular derechos posesorios en la costanera acaba de sentar otro antecedente que derivará en una serie de actuaciones que esperan el mismo desenlace. Por solo pensar en los más recientes, ¿quién podrá ahora decirle a un intruso en un terreno fiscal o de la costa o de las islas sin catastrar que debe desalojarlos?

Como si fuese poco, hay concesiones que se hicieron a la iglesia y terminaron en manos privadas como “la casita de las monjas” que fue vendida con toda su documentación pero que estaba destinada a otros fines.

 Después el Tiro Federal, cuyos permisos se extendieron en otro siglo y hoy exhiben moles de cemento en pleno paseo costanera. 

Mansa Lyfe, también perdido a manos de Luz y Fuerza, Pesca y Casting, en manos de un grupo de “asociados” a los que el puerto nunca termina de desalojar y hasta el Paseo Público donde quien lo desea edifica una guardería de botes sólo porque se siente con derecho a apropiarse de un cuerpo de sanitarios que pertenecía a todos los sampedrinos. 

Pues bien, después de este resumen y catarsis por “todo lo que no volverá al igual que nuestra bella laguna” sobrevienen las deudas que todos y cada uno de los contribuyentes habremos de pagar de acuerdo a los honorarios que reguló la justicia sin que que en el Concejo Deliberante al menos dos de sus integrantes se disculpen por ser parte de esta vergonzosa situación.

Juan Cruz González es concejal de Unión por la Patria y ahora es dueño de una de las propiedades por las que litigó contra la comuna. Paola Basso, la concejal afiliada a la Unión Cívica Radical que cumple doble mandato porque aún no renunció al anterior, percibirá sus honorarios por haber “defendido” al Municipio al igual que otros funcionarios que por lo visto, fracasaron.

En mayo de 2023, durante el programa Sin Galera, se anunció el fallo favorable en el juicio Municipalidad de San Pedro C/Calonge Raúl y otros S/acción de restitución.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revisará el fallo del juez de primera instancia que favoreció a habitantes del pie de barranca en la zona que va desde la sede de Agrupación Mallorca hacia el Tiro Federal, quienes lograron en la Justicia que se validen sus derechos a permanecer en esos terrenos públicos.

La secretaria Legal y Técnica del Gobierno local, Viviana Costa, presentó la formal apelación y, tras la interposición por parte de los abogados particulares de recursos para que no sea cursada, el juez confirmó la elevación al Tribunal de alzada para que resuelva.

El Municipio consideró que la sentencia dictada por Pratz “causa un gravamen irreparable” al Estado local. Ese fallo rechazó las pretensiones de restitución de los terrenos y además autorizó la usucapión a nombre de uno de los involucrados.

Así, Raúl Calonge quedó en condiciones de escriturar el espacio que ocupa en avenida España 605 y el fallo habilita a Maria Marta Hidalgo y Juan Cruz Gonzalez (España 601), Norma Di Napoli y Natalia Andrea Morán (España 705), Maria Graciela Calonge y Lucia Vellón (España 615) y Amelia María Suárez (España 707) a que puedan tramitar lo propio.

La apelación busca revertir esa sentencia, aunque quienes conocen el devenir del expediente, incluso dentro de la propia Municipalidad, consideran que será difícil que la Cámara se expida de manera contraria al fallo de primera instancia, teniedo en cuenta los antecedentes.

La sentencia rechazó la demanda interpuesta por la Municipalidad para lograr la restitución vía desalojo de esos terrenos y además, en el caso de Calonge, hace lugar a su solicitud de usucapión al declarar prescripto a su favor del dominio del lote que ocupa, lo que le permite inscribirlo a su nombre en el Registro de la Propiedad y habilita las acciones del resto de los ocupantes.