El derecho a la información pública que en varias ocasiones reclamó La Opinión con distintas gestiones de gobierno, requirió muchas veces del sustento de organizaciones de medios de comunicación y aún así fue denegado. Durante dos años consecutivos y frente a un Concejo Deliberante que desconoce el derecho de la población a recibir explicaciones, este medio elevó pedidos respecto a temas sensibles. Jamás respondiero, ni Ramón ni Cecilio Salazar pero tampoco el cuerpo deliberativo o los secretarios a los que se les cursaron las mismas preguntas.

Lo que hasta ahora parecía olvidado es que un edil hiciera valer su cargo y representación pública para recordarle al poder ejecutivo que debe cumplir con su obligación e incluso prestar atención a fallos que sentaron ya jurisprudencia respecto del derecho que tienen los concejales de acceder al sistema RAFAM. 

Hay una resolución del Tribunal de cuentas que data de 2016 que indica que se debe abrir el acceso a consultas a los concejales en ejercicio. Con ese argumento en mano, el hoy Secretario de Gobierno Martín Baraybar y ex presidente del bloque del Frente para la Victoria, le exigió a Cecilio Salazar lo mismo que hoy pide Martín Rivas. 

Tal como publicó La Opinión tras la sesión en la que se denegó utulizando el “doble voto” del presidente del cuerpo, la aprobación de una ordenanza presentada por la oposición en la que se dispone otorgar usuario y clave a los concejales -en Morón, 25 de Mayo, General Madariaga, Olavarría y Coronel Rosales entre otras comunas ya tienen resuelto el tema por esa vía-, aquí en San Pedro, la pertistente negativa parece obedecer a un capricho o tal vez, algo más grave: el ocultamiento o la impunidad.

Ahora Martín Rivas fue con un petitorio directo a mesa de entradas. Dirigido al propio Cecilio Salazar solicita que “se asigne a los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de San Pedro usuarios y claves respectivas, que permitan el  acceso al sistema informático RAFAM en cumplimiento  de la Resolución AG Nº 15/2016, de fecha 25 de agosto de 2016, del Honorable Tribunal de Cuentas” y  luego le recuerda que la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal su #proyecto fue remitido a la Comisión de Peticiones, Asuntos Legales y Técnicos, obteniendo dictamen favorable de comisión, firmado por la Cjal. Paola Basso, el Cjal. Hugo Binimellis" y aún así el oficialismo la votó en contra.

…"el rechazo manifestado por los Señores Concejales, Pablo Osvaldo Vlaeminck; Candelaria Cuscuela; Cristian Leguizamon; Daniel Walter Creus; Juan Cruz Gonzalez; Rita Karina Leguizamon; Maria Soledad Llul; Tamara Vlaeminck; Lucia Rosa Celie, se ha requerido mediante nota al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Don Pablo Osvaldo Vlaeminck, una copia certificada del acta correspondiente, generando el Expediente HCD Nº 5259/24", dice la carta en su texto con todo de advertencia sobre las responsabilidades que se ciernen sobre los ediles mencionados.

Luego indica que lo sucedido “es un claro ejemplo de la preocupante tendencia de algunos integrantes de cuerpo deliberativo, ávidos de ignorar la Ley Orgánica de los Municipios 6769/58 y las resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas”.

Por último concluye en que “Es evidente que el respeto por las normas que nos rigen está siendo relegado en favor de intereses particulares, lo cual no solo debilita la institucionalidad, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Este tipo de comportamientos no pueden ser tolerados en una democracia que se precie de ser transparente y comprometida con el bienestar colectivo” y por ende le pide directamente al Intedente que cumpla con su obligación. 

Si es esta la antesala de una interpelación se sabrá con el tiempo, sobre todo si se buscan los archivos y antecedentes de lo acontecido durante la gestión del intendente Pablo Guacone que se vio obligado a renunciar tras el embate de ediles de la bancada oficialista en acuerdo con el bloque de la Unión Cívica Radical.                          

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El oficialismo bloqueó la iniciativa para regular el acceso permanente a Rafam

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El proyecto de ordenanza para reglamentar la manera en la que el Ejcutivo podría disponer el acceso permanente al Rafam para los concejales que prevé una resolución vigente del Tribunal de Cuentas fue rechazado por el bloque oficialista que responde al intendente Cecilio Salazar, que gracias al voto doble del presidente, Pablo Vlaeminck, bloqueó esa posibilidad.

Fue el primer expediente tratado en la sesión de este jueves, con la presencia de estudiantes de la secundaria 17, que asistieron a un debate relacionado con la transparencia de la gestión pública y la administración de los recursos, cuya votación terminó 9 a 9.

El argumento del oficialismo para no acompañar la iniciativa tanto en el dictamen de comisión, que salió en minoría, como en el recinto, expuesto por la concejala Candelaria Cuscuela, fue que la resolución es provincial, puesto que es del Tribunal de Cuentas, y que los concejos deliberantes "no tienen facultades" para reglamentar este tipo de temas.

Aunque dijo que quería ser didáctico y "bajar al llano" por la presencia de los estudiantes, el concejal Creus se enmarañó en explicaciones sobre la pirámide de Kelsen y la categorización de las normas, a lo que Rivas le respondió que "hay municipios que lo tiene regulado por ordenanza, no hay contraposición".

El edil opositor recordó que el actual secretario de Gobierno, Martín Baraybar, hizo un reclamo similar cuando era concejal del bloque que estaba enfrentado con el intendente Cecilio Salazar y del que formaba parte la ahora oficialista Soledad Llull, que votó en contra del proyecto.

"Creo que les juega en contra que retaceen el acceso a la información pública", señaló Rivas.

La concejala de la UCR, Paola Basso, destacó que la iniciativa era una propuesta intermedia que permitiría avanza en el cumplimiento de la resolución del Tribunal de Cuentas sin llegar a, como hicieron en otros municipios, instancias judiciales para que sea la Justicia la que obligue al Ejecutivo a permitir el acceso, tal como establece la normativa.

El tema, como bien lo dijo Creus en sesión, se debate en muchos municipios, desde que, como advirtió Lafalce, la resolución está vigente, es decir desde agosto de 2016. 

Desde entonces, a pesar de que el texto dice que los concejales de todos los municipios deben tener asignado usuario y clave para el acceso a Rafam "de forma permanente para que, con carácter exclusivo de consulta, pueda disponer de toda la información contenida en él", hay debate alrededor del asunto.

Son varios los distritos que ya reglamentaron elacceso a Rafam con ordenanzas.

En Coronel Rosales, por ejemplo, la ordenanza vigente desde 2023 asigna a cada concejal al momento de asumir un usuario y clave de acceso a Rafam para "que consulten toda la información contenida" en el sistema.

En Morón, una ordenanza similar rige desde 2018, y su redacción dejaba específicamente asentado que se aprobaba para reglamentar en el ámbito municipal de ese distrito la normativa del Tribunal de Cuentas.

En Olavarría, un decreto votado por los concejales estableció la habilitación de acceso a Rafam "de manera irrestricta en todos sus módulos y aplicaciones" para los 20 ediles de esa ciudad.

En 25 de Mayo rige desde 2017, y con arreglo a la resolución del Tribunal de Cuentas, una ordenanza que establece la reglamentación para el acceso al sistema por parte de los concejales.

Son algunos ejemplos. En ninguno de esos casos hubo nada similar a la "nulidad absoluta" sobre la que hizo énfasis el concejal Creus ni hubo disputa por la "competencia" o  las "facultades" para que los cuerpos deliberativos locales dictaran normativa específica.

Otra cosa es, como en diversos casos, la negativa de los gobiernos municipales a cumplir la normativa y la búsqueda de obturar el derecho de los concejales a acceder a esa información, que no es otro que el derecho de la comunidad, en ellos representados.

También es cierto que a pesar de este reclamo, hasta el momento no hubo alusión alguna en la oposición acerca de la información económico financiera que está disponible en la web municipal, donde el Gobierno comenzó a publicar, a mediados de mayo, una gran cantidad de datos.

Además, tampoco hubo hasta ahora ningún análisis o planteo relacionado con el cierre del primer semestre del ejercicio 2024, publicado por La Opinión y, también, disponible en la página oficial del Estado local.

En la sesión de este jueves, primera ordinaria del año, el concejal opositor Martín Rivas le recordó al presidente, Pablo Vlaeminck, su reclamo por el acceso permanente al sistema Rafam.

Aunque el tema no estaba en el temario del orden del día —se lo recordaron desde el oficialismo y lo acusaron de no respetar el reglamento—, Rivas aprovechó el tratamiento de otro expediente para recordarlo.

En su breve intervención, interrumpida por Pablo Vlaeminck y Juan Cruz González, Rivas intentó informar acerca de un fallo judicial que en Pehuajó obliga al intendente Pablo Zurro a entregar las claves de Rafam a los concejales opositores.

El pedido que Rivas, Lafalce y el bloque La Libertad Avanza elevaron es el mismo que en 2018 presentó el por entonces bloque opositor Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana ―del que formaban parte el ahora secretario de Gobierno Martín Baraybar y la nuevamente concejala Soledad Llull, que ahora responde a Salazar― y que nunca tuvo respuesta.

Se ampara en una modificación que el Tribunal de Cuentas hizo en 2016 a la normativa que establece la modalidad de presentación de Rendición de Cuentas y que estableció que los ediles deben tener asignado usuario y clave para el acceso a Rafam "de forma permanente para que, con carácter exclusivo de consulta, pueda disponer de toda la información contenida en él".

En Pehuajó, cuando se judicializó el tema, el intendente Zurro requirió al Concejo Deliberante que regule la utilización de las claves de acceso a Rafam a través de un instrumento administrativo que permita establecer quiénes son las personas que van a acceder al sistema.

En San Pedro, para el cumplimiento del reclamo de Rivas y compañía debería ocurrir algo similar.  Como advirtió La Opinión cuando elevaron el proyecto y recordó el concejal González en sesión, para que tenga tratamiento legislativo debe haber un proyecto y no una simple nota.

En el Ejecutivo consideran que el "acceso permanente" podría ser viable para el ejercicio anterior, que son las que deberá estudiar el Concejo cuando se entregue la Rendición de Cuentas. En la oposición quieren acceder a todo.

El Concejo Deliberante recibió el expediente de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021 del Gobierno de Cecilio Salazar, año signado por la segunda ola de la pandemia de coronavirus y por las elecciones legislativas en las que el intendente hizo efectivo su traspaso al Frente de Todos tras ser electo por Juntos por el Cambio en 2015 y 2019.

La consideración del Gobierno es de “equilibrio”: el resultado financiero (diferencia entre los recursos corrientes y de capital percibidos y los gastos corrientes y de capital devengados) fue de 28 millones de déficit y el económico, de 8 millones de superávit. El concepto de “equilibrio” se sostiene en el ínfimo monto del déficit sobre volumen total del Presupuesto ejecutado, que fue de más de 3 mil millones de pesos.

Provincia hizo un aporte muy importante en aportes del tesoro provincial para solventar las cuentas: además de reprogramar el pago de la deuda de 96,5 millones generada durante la primera ola de la pandemia, que comenzará a pagarse recién en diciembre de 2022, hubo ATP por 70 millones de pesos.

La deuda flotante terminó en casi 280 millones, de los cuales alrededor 180 corresponden a “cuentas comerciales”, es decir deudas con proveedores. Con las deudas sobre cuentas de terceros y los 96,5 millones de Provincia, el total de deuda del ejercicio asciende a 421,6 millones de pesos.

El secretario de Economía, Fabián Rodríguez, señaló en la memoria descriptiva que buscaron “plasmar el tránsito hacia un equilibrio financiero sin resignar la inversión en asistencia y servcios para la comunidad” y destacó la inversión en obras con fondos nacionales y provinciales.

En un año que cerró con una inflación del 50,9 por ciento, el Gobierno destacó el aumento del 51,35 % para los 1171 trabajadores municipales, que representan el 70,7 por ciento de los recursos de libre disponibilidad, un porcentaje que aumentó tres puntos porcentuales respecto de 2020, año en no hubo incremento de salarios hasta diciembre, pero que es más bajo que el registrado en 2018 (78 %) y en 2019 (83 %).

El aumento de tasas para 2021 fue del 35 por ciento, es decir alrededor de 16 puntos por debajo de la inflación del año. El intendente interino Ramón Salazar destacó en la Rendición de Cuentas las “medidas de control presupuestario” y la ayuda provincial que “puso alivio sobre la economía local”.

En el marco de la pandemia, hubo bonificaciones para tasas y derechos que ascendieron a casi 9 millones de pesos, correspondientes a Seguridad e Higiene, Uso y Ocupación del Suelo, y Publicidad y Propaganda para contribuyentes locales.