El buque Scio Spirit estaba listo para zarpar este miércoles por la mañana luego de que quedara sin efecto el cese de actividades que habían dispuesto lo prácticos en todo el país a modo de protesta por el decreto del presidente Javier Milei que desregulaba la actividad.

El Scio Spirit había terminado de cargar unas 5180 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela,  pero no podía salir del puerto de San Pedro por el paro de  los prácticos, por lo que aguardaba novedades.

La resolución al conflicto, que paralizó más de 150 buques en puertos de todo el país, llegó tras un acuerdo que contempla una reducción de las tarifas y la suspensión del decreto de desregulación elaborado por el ministro Federico Sturzenegger.

Los prácticos habían resuelto no prestar servicio tras la publicación del decreto, lo que complicó la operatoria portuaria y paralizó el comercio exterior marítimo de la Argentina.

El acuerdo alcanzado implica una reducción del 20 por ciento en las tarifas del servicio de practicaje y la suspensión del decreto 690/2026 para "avanzar en la revisión de los puntos contemplados" en esa normativa.

El Gobierno nacional y los prácticos se comprometieron a poner en marcha una mesa de trabajo en busca de un "acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados", informaron desde Casa Rosada.

Por Martín Rivas*

La Argentina tiene una historia recurrente. Cada cierto tiempo reaparece la idea de que desregular equivale, casi automáticamente, a modernizar; que reducir controles necesariamente genera eficiencia; y que disminuir la intervención del Estado conduce, por sí solo, al desarrollo.

En algunas actividades esa discusión puede ser razonable. En otras, conviene preguntarse primero qué función cumple aquello que se pretende modificar.

El Decreto Presidencial 690/2026, que introduce una profunda reforma en el régimen de practicaje y pilotaje, vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa. No porque el practicaje deba permanecer inalterable.

No porque toda regulación sea buena por definición. Sino porque antes de modificar un sistema cuya función principal consiste en administrar riesgos, resulta indispensable responder una pregunta básica: ¿qué problema se intenta resolver y qué evidencia demuestra que el nuevo modelo será mejor que el anterior?

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir costos logísticos, ampliar la competencia y mejorar la competitividad del comercio exterior. Son objetivos legítimos. Cualquier sistema regulatorio puede y debe revisarse periódicamente. La discusión nunca debería ser entre cambio o inmovilismo.

La verdadera discusión es otra. No todos los costos representan una ineficiencia. Existen costos cuya razón de ser consiste precisamente en evitar daños mucho mayores.

Sucede con el mantenimiento de un avión. Con los sistemas de seguridad industrial. Con los controles sanitarios. Y también con la navegación.

El practicaje no nació para encarecer el comercio exterior. Nació para disminuir la probabilidad de accidentes en una actividad donde un único error puede comprometer vidas humanas, infraestructura estratégica, el ambiente y la continuidad de una parte sustancial de las exportaciones argentinas.

Por eso resulta llamativo que buena parte del debate se haya concentrado casi exclusivamente en cuánto cuesta el practicaje y mucho menos, o nada sobre cuánto costaría prescindir de un sistema diseñado para administrar ese riesgo.

La seguridad tiene una característica particular: cuando funciona, pasa inadvertida.

Cada vez que un buque ingresa a un puerto o atraviesa el río Paraná sin inconvenientes, nadie habla del práctico. Sin embargo, esa aparente normalidad es el resultado de un conocimiento construido durante años, de experiencia acumulada y de un sistema pensado para que los accidentes ocurran lo menos posible.

Las mejores políticas de prevención suelen compartir esa paradoja. Su éxito consiste, precisamente, en evitar que la noticia exista.

El debate que abrió el Decreto 690 ofrece, además, una oportunidad que la Argentina viene postergando desde hace décadas: discutir una verdadera política marítima y fluvial.

Porque el practicaje no constituye una actividad aislada. Forma parte de un sistema integrado por la Marina Mercante, la formación de profesionales, la industria naval, los puertos, la hidrovía y la infraestructura logística que sostiene buena parte de la economía nacional.

Las decisiones que afectan una de esas piezas inevitablemente repercuten sobre las demás. Por eso cuesta encontrar, detrás de una reforma de esta magnitud, estudios técnicos públicos que permitan responder preguntas elementales: 

¿Cuál es la incidencia real del practicaje dentro del costo logístico total? ¿Qué experiencias internacionales respaldan este modelo? ¿Qué indicadores permitirán evaluar si la reforma efectivamente mejoró la seguridad y la competitividad?

Estas preguntas no apuntan a impedir los cambios. Buscan que los cambios estén respaldados por evidencia. La Argentina necesita modernizar su logística. Necesita ser más competitiva. Necesita reducir costos donde existan ineficiencias reales.

Pero también necesita dejar atrás otra costumbre profundamente argentina: creer que toda desregulación constituye, por sí misma, una política de desarrollo. Nuestra historia demuestra que ambas cosas no siempre fueron  sinónimos.

Desregular puede ser una herramienta. Construir capacidades, en cambio, requiere una estrategia de desarrollo. Y cuando esas capacidades son determinantes para el desarrollo de un país —como ocurre con la navegación, la formación profesional o la infraestructura logística— resulta mucho más fácil perderlas que reconstruirlas.

Quizás el verdadero debate que plantea el Decreto 690 no sea cuánto cuesta el practicaje. Quizás la pregunta de fondo sea otra. ¿Qué capacidades estratégicas está dispuesta a preservar la Argentina para construir su futuro, y cuáles está dispuesta a poner en riesgo en nombre de un ahorro cuyo verdadero impacto todavía no ha sido demostrado?

*El autor es Oficial Fluvial egresado de la Escuela Nacional Fluvial (Promoción 1995) y concejal municipal de San Pedro. Este artículo fue publicado por el medio especializado TradeNews.

 El decreto 690/2026 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el marco de los procesos de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, flexibilizó el trabajo de los prácticos navales, lo que provocó una suspensión de actividades a modo protesta que  mantiene una gran cantidad de barcos sin zarpar, entre ellos uno en San Pedro.

El buque Scio Spirit, de bandera liberiana, terminó de cargar unas 5180 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela, pero el paro de los prácticos lo mantiene en el muelle local a la espera de novedades.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, Carlos Casini, explicó que ese buque "necesita sí o sí el servicio de los prácticos" para salir de la terminal portuaria local.

"El nuestro es un puerto complicado para el ingreso y la salida, y sin práctico es prácticamente imposible", señaló el funcionario a cargo del Consorcio.

"Difícilmente un capitán se anime y Prefectura lo deje salir sin el servicio de prácticos", analizó Casini ante la consulta de La Opinión.

"Es complicado. Supongo que van a encontrar una solución inmediata, si no es un caos total, porque quedaría todo paralizado", advirtió.

El decreto firmado por el presidente de la Nación exime a las empresas navieras de la obligación de contratar el servicio de prácticos, al tiempo que dispuso que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas para el servicio y publique los precios para favorecer la competencia.

Además, establece un registro abierto, permite la libre contratación y elimina restricciones para el ingreso de profesionales. También deja sin efecto la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido y amplía los casos de excepción para contratar el servicio obligatorio.

DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE. Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos “costo argentino”. Si mirás los gráficos adjuntos vas a… pic.twitter.com/4TGKaE3HwY

Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país dejaron de prestar el servicio a modo de protesta ante el decreto, que fue anunciado como una manera de "reducir los costos portuarios" y "aumentar la competencia".

La medida de fuerza se mantiene a pesar de que el Gobierno, a través de Prefectura, cursó intimaciones a los profesionales habilitados para que retomen la prestación, puesto que se trata de un "servicio público" que está regulado por la ley de Navegación.

Desde el Centro de Navegación Argentina, organización que nuclea a las empresas relacionadas con el transporte y la logística portuaria advirtieron que hay alrededor de 160 buques parados en todo el país.

El presidente de esa cámara, Jorge Tiravassi, dijo en AM 750 que el práctico "es un garante de seguridad" y recordó que la ley establece que los capitanes de ultramar son los responsables de la vida de la tripulación, de la carga y del buque.

"Mire si yo voy a reemplazar a ese hombre y poner en riesgo mi vida y la de mis tripulantes. Es en contra de mi profesión", sostuvo Tiravassi y calificó al rol de los prácticos como "un trabajo muy riesgoso que requiere de una especialización permanente, no puede hacerlo cualquiera".

Sturzenegger sostuvo que el decreto  busca terminar con una regulación que había encarecido la operatoria. "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", dijo el ministro.

El presidente de la Liga Naval, Fernando Morales, dijo en Radio con Vos que "Sturzenegger explica falsamente que hay una academia de prácticos que regula el grifo. No existe. Tenés que hacer la carrera como marino mercante y el Estado argentino es el que te evalúa".

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la agrupación Barrios Unidos por el Ambiente y el Progreso Barrial difundió un mensaje de concientización destinado a promover el cuidado de los espacios comunes y la preservación de los recursos naturales. También llevó a cabo una acción en la zona portuaria.

La fecha de la celebración, el 5 de junio, la entidad destacó que el medio ambiente constituye "nuestro hogar común" y remarcaron la necesidad de que toda la comunidad participe activamente en su cuidado. 

En ese sentido, convocaron a los vecinos a mantener limpias las calles, plazas, costaneras y demás espacios públicos, evitando arrojar residuos en la vía pública, humedales y áreas naturales.

Mientras tanto, un grupo salió a recorrer el barrio con la finalidad de recoger residuos. Concretamente lo hicieron en la zona de la dársena de ultramar del puerto y sobre la ribera del riacho Baradero.

En el mensaje pusieron el foco en la preservación de recursos esenciales como el agua y el suelo, además de la biodiversidad que forma parte de los ecosistemas locales.

Desde Barrios Unidos por el Ambiente y el Progreso Barrial recordaron que las acciones cotidianas pueden generar un impacto positivo significativo. Entre ellas mencionaron recoger residuos, reciclar materiales, plantar árboles y transmitir a los más jóvenes valores vinculados al respeto por la naturaleza.

"Tenemos una sola Tierra y una sola vida para vivir en ella. El futuro del planeta depende de las acciones que realicemos hoy", señalaron desde la organización, al tiempo que destacaron que el compromiso colectivo resulta clave para construir comunidades más limpias, verdes y saludables.

La jornada concluyó con una consigna que sintetiza el espíritu de la celebración: "Cuidar el ambiente es cuidar la vida", acompañada por el recordatorio de que "no hay un planeta B".

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro procedió a la apertura de sobres para el dragado de mantenimiento del vaso portuario.

Dos empresas presentaron sus propuestas, que serán analizadas desde el punto de vista técnico y financiero para luego adjudicar la obra a una de ellas.

Son Dragados Argentinos y Compañía Sudamericana de Dragados, dos firmas con experiencia en este tipo de tareas.

"Ambas propuestas  incluyeron el soporte magnético requerido y las garantías correspondientes según lo establecido en el pliego", informaron desde el Consorcio.

La tarea de la empresa que gane la licitación será dragar el vaso portuario para garantizar la navegabilidad para el normal ingreso y egreso de los buques.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Carlos Casini, se refirió este sábado en Sin Galera a la convocatoria a privados para permisos de uso en espacios portuarios que lanzaron la semana pasada.

Casini destacó que la convocatoria cuenta ahora con el recuperado predio del exclub Pesca y Casting, pero aclaró que los espacios están disponibles exclusivamente para propuestas destinadas a "logística portuaria".

"La expectativa es que algún inversor privado decida desembarcar en San Pedro", dijo el titular del Consorcio y agregó: "Va a necesitar espacio y ahí lo tiene".

Los interesados deben presentar sus proyectos al Directorio. Si se trata de un permiso de uso hasta 10 años, lo puede aprobar directamente; si no, puede hacer un llamado a licitación para hasta 30 años de concesión.

"Lo que se busca es que los distintos operadores de este gran mundo de la logística portuaria se interesen en hacer una apuesta en San Pedro, sea chica, mediana o grande, porque hay distintas actividades que se podrían hacer", explicó Casini.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto dijo que "es difícil" lograr que inversores se interesen en la terminal portuaria local y que si bien hay algunos proyectos en danza, todo depende de las decisiones empresariales.

Vecinos de la zona portuaria, nucleados en el espacio Barrios Unidos, continúan impulsando distintas acciones para mejorar el entorno y sostener el mantenimiento de los espacios comunes.

En los últimos meses, uno de los avances más visibles fue la construcción y puesta en valor de un mirador sobre la dársena de ultramar, que se convirtió en un punto destacado del sector. A esto se suma la limpieza periódica del lugar, una tarea que los propios vecinos emprenden.

A través de una publicación en redes sociales, el grupo compartió los trabajos recientes bajo la consigna de que se trata de “pequeños cambios que hacen la diferencia”.

“Hoy colocamos una luz solar, avanzamos con la pintura del mirador y salimos a juntar basura con los chicos”, detallaron, destacando también la participación comunitaria en cada una de las actividades.

Desde la organización señalaron que las mejoras se dan de manera paulatina y con el compromiso de los propios habitantes del barrio. “Seguimos mejorando nuestro lugar entre todos. Y aún falta mucho más”, expresaron.

Finalmente, agradecieron a los vecinos que colaboran de forma constante y al programa provincial Decisión Niñez por el acompañamiento en las iniciativas que llevan adelante.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que se encuentran disponibles diversos sectores pertenecientes a la entidad para su ocupación mediante permisos de uso, en el marco de lo establecido por la Resolución CGPSP N° 139/12.

A partir de esta normativa —que aprueba el Reglamento de Concesiones y Permisos de Uso de los Espacios Portuarios—, el organismo formalizó un llamado a interesados para la presentación de propuestas destinadas a la utilización de espacios que actualmente se encuentran libres dentro de su jurisdicción.

Desde el Consorcio aclararon que la convocatoria no reviste carácter de licitación, sino que tiene como objetivo dar a conocer los predios disponibles que podrían resultar de interés para operadores o proyectos vinculados a la actividad portuaria.

Entre los sectores incluidos se encuentra el predio donde funcionó el Club Pesca y Casting, así como el espacio lindante al edificio central donde operaba la firma Arenera del Litoral. También se contempla un área donde actualmente funciona una guardería náutica, que atraviesa un proceso judicial por desalojo y que en años anteriores estuvo concesionada al Sindicato de Luz y Fuerza.

Asimismo, se suma un predio ubicado en cercanías del segundo muelle, completando el conjunto de espacios que el Consorcio pone a disposición para su eventual ocupación.

La nueva licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VTN) de la Hidrovía del río Paraná, tuvo a las empresas dragadoras más importantes del mundo como oferentes: las belgas Jan De Nul NV (concesionaria hasta 2021), DEME y la brasileña DTA Engenharia.

El ganador tendrá la concesión por 25 años y se espera que invierta unos US$ 10.000 millones, obligado a diseñar un esquema de obra pública por peaje, con exigentes requisitos técnicos.

Lo que se ha denominado como “la privatización más importante de la historia argentina”, permitirá un mayor calado para los buques, y por ende una reducción de costos logísticos y mejoras en la competitividad del comercio exterior argentino.

El adjudicatario será responsable de las tareas de dragado, mantenimiento, señalización y control del tránsito fluvial desde el Km 1.238 del Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior, en el Km 239,1 del canal Punta Indio. Son unos 1.400 kilómetros de la principal vía de exportación del país.

Por la Vía Navegable Troncal se exporta el 80 % de los productos argentinos y conecta las terminales del Gran Rosario con los puertos del Paraná Inferior (San Pedro) y el Río de la Plata.

Existen dos puntos salientes sobre el futuro de la Hidrovía: el calado y las vías alternativas.

Desde Timbúes hasta el Océano la profundidad será de 34 pies. Y entre Timbúes y Santa Fe de 15 pies.

Pero después de quinto año, se proyecta un calado de 42 pies, que a su vez llevaría al ensanche del canal.

Esto haría que los grandes buques, superiores a los Panamax de hasta 225 metros de eslora, lleguen hasta el mar con la carga completa, sin necesidad de complementarla en otros puertos de agua profunda, situados sobre el Atlántico.

Además, el Paraná Bravo y el Paraná Guazú, que se recuestan sobre la provincia de Entre Ríos, se incorporarán a la traza principal con un calado de 34 pies, muy por encima de los 25 pies existentes. Esto abre otras expectativas para estaciones como Ibicuy, que actualmente produce embarques de troncos.

Si bien la inclusión del Paraná Guazú no implica una ejecución automática, dependerá de diferentes evaluaciones. En cambio, para muchos operadores es una valorada alternativa para la región.

Técnicamente se presenta como un aliviador del tránsito en el Paraná de las Palmas, que traería una mayor seguridad para la navegación.

¿Cómo se ubica el puerto de San Pedro dentro de este esquema? Después del quinto año, entre el calado y las vías alternativas, posiblemente se acentúe un panorama al actual, donde los puertos privados del Gran Rosario sean los mayores emprendedores con buques de gran calado. Para el resto tal vez se determinen embarques donde la profundidad no sería una exigencia. Y en esto se incluyen determinadas toneladas de cereales y otras cargas como la fruta.

Operadores locales indican que por el momento nada debe preocupar, porque para lo inmediato no habrá grandes modificaciones. Dependerá de la altura del río y de la profundidad conque se mantenga el canal de acceso, que sostienen como fundamental para darle operatividad a la dársena de ultramar.

El bulk Carrier Tac Imola llegó a San Pedro proveniente de la zona común de rada La Plata para operar en el muelle elevador.

Tras aguardar en rada, ingresó a las 16.12 de este domingo para la carga de 33 mil toneladas de trigo con destino a Brasil.

El Tac Imola, de bandera panamañena, tiene 179,9 metros de eslora, informó el Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro.

Una camioneta Ford F-100 que transitaba por el camino que recorre la zona portuaria y llega hasta el Bajo Cementerio cayó en una zanja por esquivar los baches en la tarde de este miércoles.

El lugar, intransitable, está en cercanías a la dársena de ultramar de la estación fluvial. Atravesarlo requiere de la paciencia del conductor y buenos amortiguadores para enfrentar una travesía de algunos metros, pero suficientes para destruir todo vehículo.

Un vecino de la zona envió un video en el que expresó la queja por los pozos. “Así están las calles de San Pedro”, señaló.

También existieron reclamos en idéntico sentido. Después del hormigón de la bajada Néstor Kirchner, que desemboca directamente en el puerto, entre este punto y la restante bajada Vapor Nacional Correo, el asfalto que tiene una treintena de años se presenta intransitable.

En algunas ocasiones se procuró solucionarlo con tosca, pero fue tan sólo un paliativo de pocos días.

Durante la mañana de este sábado, el móvil de Sin Galera documentó la tala indiscriminada de árboles que tuvo lugar en el predio de Pesca y Casting. 

El terreno, que había sido objeto de una prolongada disputa judicial entre el Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro y la institución que lo ocupaba, fue finalmente despojado de su uso recreativo. 

Tras la obtención del predio, conocido por su denso arbolado y su papel crucial dentro del ecosistema local, las autoridades comenzaron con las tareas de “limpieza y mantenimiento” dentro del lugar. 

El Consorcio había anticipado que esta acción era necesaria para "limpiar" el terreno, integrándolo al puerto y así atraer inversiones.

Las imágenes son contundentes  y reveladoras del daño irreversible al medio ambiente. La periodista Agustina García refirió a la desolación del lugar, donde sólo quedan restos de la infraestructura anterior, como la casilla de entrada y las parrillas, mientras que los troncos talados quedaron para el recordatorio.

Las imágenes son incontrastables. La contundencia también hace que se convierta en un “contenido peligroso para gente sensible”, como definió Lili Berardi, mientras ilustraba con un “no queda nada”.

Hace dos meses, por orden de la Justicia, el predio fue desalojado y quedó en manos del Consorcio de Gestión del Puerto, que se hizo cargo y dispuso nuevas medidas para el lugar. 

Se desconoce si la medida contó con autorización del Ministerio de Ambiente provincial, permiso que requiere, para otorgarse, la presentación de un estudio de impacto ambiental, que es de carácter obligatorio. 

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Carlos Casini, concurrió este lunes a la comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante tras una convocatoria impulsada por el concejal opositor Martín Rivas para que responda consultas respecto de la situación desatada tras la varadura del buque Yasa Tokyo.

Casini respondió preguntas de los concejales al otro día que el barco zarpara hacia su destino, el puerto de Luanda, en Angola, con 33 mil toneladas de trigo que había cargado entre el 18 y el 23 de mayo, fecha en la que intentó salir del puerto pero quedó varado en el canal de acceso.

Acompañado del ingeniero Dante Ambrogi, Casini dio explicaciones relacionadas con el fenómeno natural al que el informe oficial del Consorcio atribuyó la sedimentación excesiva que provocó la varadura y dio detalles acerca de las gestiones para el dragado practicado en la última semana y que permitió que el buque, finalmente, zarpara.

"Los estudios dirán qué es lo que pasó y si puede volver a pasar. Si esto vuelve a suceder, es una tragedia para el puerto", sostuvo el presidente del Consorcio. Aun así, aseguró:

"A pesar de la desgracia, hemos salvado la temporada".

El concejal Rivas dijo que el objetivo de la convocatoria, "las preguntas y el cuestionamiento" respecto del informe oficial tiene que ver con que "sería trágico para los intereses de la comunidad que vuelva a suceder".

Rivas pidió copia de los informes técnicos y acceso a las batimetrías previas al dragado de mantenimiento de mayo y posteriores al fenómeno de la varadura. "Esa información que usted solicita ya es pública", le dijo Casini, quien además le confirmó que una muestra de los sedimentos refulados serán enviados a analizar a un laboratorio.

Rivas pidió que quede registrada en el acta su inquietud y el concejal Matías Franco, que además es representantes de los sindicatos portuarios en el directorio del Consorcio, se molestó: "No busques cosas que no tienen sentido", le dijo.

Casini informó que el último dragado, el que hizo el Grupo Jan de Nul tras la varadura del Yasa Tokyo, refuló alrededor de 109 mil metros cúbicos para alcanzar los 9,80 metros de profundidad que necesita el canal para quedar operativo.

Ante la consulta de la concejala Paola Basso sobre la situación económica del Consorcio, el presidente informó que quedó una deuda de alrededor de mil millones de pesos con la Compañía Sudamericana de Dragados y que esperan un subsidio de Provincia para saldarla.

En ese marco, les dijo a los concejales de San Pedro que responden a Javier Milei que le hubiese gustado que se comunicaran con él "para dar una mano", puesto que "tienen llegada" al Gobierno nacional, que durante otras gestiones intervino para inyectar recursos ante situaciones relativamente similares.

Respecto de eventuales reclamos de las empresas involucradas en la operatoria del Yasa Tokyo, Casini sostuvo que la situación ocurrida tiene todos los elementos para ser considerado "un hecho de fuerza mayor" por lo que, entiende, "el Puerto no puede ni debe responder".

"Un hecho extraordinario de esta naturaleza debe ser soportado por todos", dijo y aseguró que así como el Consorcio tuvo pérdidas por no operar este mes, también las tuvieron el armador y el dueño de la carga. "Cada uno deberá soportarlo, porque todos deben contribuir ante este hecho de fuerza mayor", agregó.

Tras señalar que el Consorcio hizo "lo que tenía que hacer" tras la varadura, destacó: "No había plan B. Había que dragar o dragar. Hacerlo 15 días más tarde o el mes que viene, era la muerte del puerto. Se caía la operatoria, los buques se iban a otros puertos y quizás no volverían el año que viene".

“Estás parado al lado de 7.656.000 de dólares, que es el valor de la carga del barco ‘Yasa Tokyo”, le dijo Lilí Berardi a Rafael Flaiman durante el programa Sin Galera, cuando el móvil recorrió el muelle principal del puerto, donde aún permanece el buque con 33 mil toneladas de trigo.

Esta carga es de la empresa importadora angoleña desde el momento en que se soltaron los cabos de las vitas del puerto local el viernes 23 de mayo.

Ese día, a los pocos metros el buque quedó varado, tuvo que ser rescatado por remolcadores y luego amarrado nuevamente en el muelle elevador.

El Yasa Tokyo es un barco moderno con bandera de Islas Marshall. Fue botado en febrero de 2023 y desde entonces hizo recalada en 28 puertos durante ese año y 26 en 2024. 

Se trata de un Bulk Carrier, cuyas dimensiones son 179,90 metros de eslora, 30 de manga y 10,10 de calado, preparado para transporte de cereales.

Antes de arribar a San Pedro pasó por Maceió y Recife, dos ciudades del noreste brasileño. Además, tenía programadas otras recorridas en lo inmediato, una vez que descargara el trigo en el puerto de Luanda, en Angola.

“Alguien invirtió unos 150 millones de dólares en la compra de esta embarcación para llevar y traer cargas de todo el mundo. O sea, que mientras más operativa esté, más se amortiza la compra. Con lo cual estar tantos días parados a un costo diario de entre 25 y 30 mil dólares, simplemente para estar abasteciendo a su tripulación con agua potable y comida, no es negocio”, se señaló en el informe.

Tampoco es negocio que el puerto esté inoperable porque el calado del canal de acceso haya perdido casi un tercio de profundidad, tras un dragado, a principios de mayo, cuyo costo fue de 1.020 millones de pesos.

Que presente una situación crítica ha llevado a que se haya perdido otro barco, que tenía que haber amarrado el viernes 6, y se duda de que el previsto para mediados de este mes pueda operar en el puerto San Pedro, una proyección que tenía la firma Grobocopatel Hermanos, dueña de la mercadería.

Durante el fin de semana una draga trabajó para refular unos 65 mil metros cúbicos de sedimentación en procura de que el “Yasa Tokio” pueda zarpar, algo que todavía no es posible.

“No se descarta que se evalúe la posibilidad de que el buque sea aligerado, alivianado, sacando parte de la carga de las bodegas y pasarla a barcazas”, comentó Flaiman durante el móvil.

Este lunes, cuando la draga ya se había retirado, desde el Consorcio consideraron que la posibilidad de que aligeren el peso es complicada por los costos y los trastornos que ello implicaría, por lo que los armadores prefieren aguardar.

Ahora, el Consorcio de Gestión aguarda las batimetrías para saber cuánto resta refular para que el canal de acceso permita devolver la operatividad al puerto, lo que  implica que el Yasa Tokyo salga hacia la Hidrovía con destino a Angola, donde están los dueños de esos 7.656.000 dólares que hay en su bodega.

Mientras el Consorcio de Gestión del Puerto aguarda novedades desde el Gobierno provincial respecto de la necesidad de un dragado extraordinario en el canal de acceso tras la varadura del buque Yasa Tokyo, que sigue en el muelle, en el Concejo Deliberante tratarán un pedido de informe sobre el tema.

El proyecto fue elevado por el concejal del bloque Juntos por el Cambio Martín Rivas, quien además de solicitar al intendente, como miembro del directorio del Consorcio, documentación relacionada con el dragado previo, desconfía de la versión oficial respecto de lo ocurrido.

En el expediente, consideró que el informe oficial emitido por el Consorcio respecto de una sedimentación extraordinaria arrastrada contracorriente por el riacho Baradero producto de excesivas lluvias en la región es "a las claras muy improbable".

Rivas, que en el proyecto dejó constancia de su "experiencia como marino mercante, egresado de la Escuela Nacional Fluvial", expresó sus "dudas respecto a la corrección del dragado, el cual podría no haber repasado los veriles respetando el talud adecuado, de manera que no se produjeran desmoronamientos del canal".

Para el concejal opositor, las lluvias excesivas y la contracorriente no podrían "nunca, en tan poco tiempo, sedimentar casi tres metros dentro del canal de acceso". El informe oficial refirió que el canal pasó de 9,80 a 6,50 m, es decir 3,30 m por debajo.

El pedido de informe al intendente, en su condición de integrante del directorio del Consorcio, será tratado en la sesión del 12 de junio próximo, primera del mes en curso.

Rivas pide "constancias documentadas" del trabajo que hizo la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S. A., del grupo Jan de Nul, y nombres de los "responsables designados" para el seguimiento de la tarea.

Además, solicita que incluyan "informe de batimetría previa, supervisión del trabajo y batimetría final con el que se recibió la obra".

También quiere una copia del contrato en la que figuren condiciones, ubicación, medidas, metros cúbicos a dragar y montos acordados, así como información sobre "la implementación de acciones contundentes para mitigar las consecuencias de este incidente y asegurar la operatividad futura del puerto".

Por otro lado, Rivas solicitó al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Concejo, el oficialista Cristian Leguizamón, que convoque al presidente del Consorcio, Carlos Casini, y al propio intendente "a comparecer" a esa comisión.

El objetivo, señala, es "ampliar el informe de prensa emanado por el Consorcio" en el que, dice Rivas, "sólo se leen supuestas razones meteorológicas y nula información técnica sobre el dragado anterior".

El juez José Ricardo Eseverri ordenó el desalojo compulsivo del club Pesca y Casting para la devolución del predio al Consorcio de Gestión del Puerto y la comisión directiva comenzó a retirar los elementos que había dentro del camping.

La medida dictada por el magistrado a solicitud del Consorcio luego de que se venciera el plazo otorgado para sacar las cosas implicaba el uso de la fuerza pública, que no fue necesario porque finalmente las autoridades del club accedieron a retirarse.

El movimiento en Pesca y Casting implica quitar las casillas que fueron montadas por los socios del club, las casas rodantes que estaban ubicadas en el predio y otros objetos que pertenecen a la comisión directiva.

Lorena Milesi, presidenta de la entidad, estaba presente y atendió este viernes al responsable de las notificaciones del Juzgado, mientras continuaban las tareas para sacar todo lo que había en el predio.

Vecinos de la zona informaron que el movimiento comenzó el jueves al mediodía y que desde entonces se ve gente que entra y sale, sacando cosas de adentro del club, que dejaban en la calle.

Las casas rodantes que quedaron estacionadas en avenida España en la zona de Bajada al Puerto será retiradas por sus propietarios, informaron desde el club. Un camión y una camioneta se ocupaban, por su parte, de llevarse las cosas que serían propiedad de la comisión directiva.

Así, tras más de 15 años de litigio, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro recupera el predio de Pesca y Casting que ese club utilizó desde los años 70 y cuyo último contrato de uso precario se formalizó en el año 2000 y venció en 2005.

Desde entonces, el Consorcio pidió la restitución de ese espacio público a la órbita de la provincia de Buenos Aires, adonde pertenece, pero la comisión directiva hizo caso omiso y resistió.

Ello obligó a recurrir a la Justicia. La causa tramitó en el Juzgado Civil y Comercial n.° 2 de San Nicolás, que el año pasado dictó una sentencia que fue ratificada por la Cámara. 

En marzo venció el plazo de 90 días que tenía el club para desalojar sin intervención de la fuerza pública.

Desde entonces, el Consorcio pidió al juez que dictara la orden urgente de desalojo, ante el temor de que la situación derivara en una nueva intrusión, lo que finalmente el juez hizo con fecha 16 de mayo, notificada esta semana a las partes.

En 2017, el Gobierno municipal ordenó la clausura del camping por carecer de habilitación comercial y dispuso cortar el servicio de agua medida que pagaba el club.

En ese marco, la Dirección de Turismo anunció los planes del Municipio de abrir una playa pública en ese espacio cuando el Puerto lo recuperara.

La comisión directiva resistió, una vez más, y no cedió. Decidieron quedarse, siguieron cobrando la cuota social y el alquiler a quienes tenían casillas de fin de semana o casas rodantes. 

En junio del año pasado, un hombre sindicado como presunto cuidador del predio falleció y sfue hallado por turistas dentro de una camioneta. La autopsia reveló “muerte natural”.

Ahora, tras el desalojo, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro queda librado a decidir qué hacer con ese predio donde alguna vez funcionó una playa que disfrutaban sampedrinos y turistas.

La empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. concluyó con su tarea en la zona portuaria, garantizando de esta manera la operatividad en la terminal con la profundidad de 9,80 metros al cero, 32 pies aproximadamente.

El dragado estuvo a cargo de “Afonso de Albuquerque” y “Pancho”, dos embarcaciones que se distinguen por sus características dentro de la flota existente en el país.

Jan De Nul es la empresa que opera en la Hidrovía Paraná-Paraguay desde la década del 90, cuando se decidió privatizar el mantenimiento del Paraná Inferior, desde la zona de Puerto San Lorenzo hasta el Canal Emilio Mitre, en el Delta y parte del Río de la Plata.

Con los años la compañía belga, una de las principales en el mundo y líder en obras portuarias, elevó su nivel con la draga “Afonso de Albuquerque”, la primera del mundo en cumplir con las normas medioambientales más estrictas, las Euro V.

Este buque desplegó su potencia en el puerto local en los últimos días, después que la subsidiaria de Jan de Nul en la Argentina, la Compañía Sudamericana de Dragados S.A., ganara la licitación para los retoques del calado en la zona del espigón principal y el canal de acceso.

Además, cumple con la imposición de que la tripulación está compuesta por argentinos, capacitados en Bélgica, y que constituyen el grupo de 7 mil empleados que posee en todo el mundo.

“Afonso de Albuquerque” se terminó de construir en los astilleros Keppel Singmarine, de Nantong, China, bajo una inversión cercana a los 40 millones de dólares. Es la primera que cuenta con un sistema de filtrado de gases que logra una reducción certificada del 99% de las partículas residuales de la combustión.

Su tarea es de arrastre, es decir que remueve el lecho del río, para luego succionarlo, depositarlo en la batea que posee en la cubierta, hasta finalmente ubicar un espacio en el río Paraná, lejos del canal principal, para desechar los sedimentos.

En cuanto a “Pancho”, también perteneciente a la Compañía Sudamericana, opera con la novedad de inyectar agua con gran potencia para remover el piso en los sitios donde las dragas de gran tamaño no pueden llegar, como las bases de los muelles. También, se utiliza para trasladar arena fina en distancias cortas.

Es una pequeña embarcación, que a su vez sorprende por su nombre criollo. Lo de “Pancho” alude a Frans (Francisco), uno de los hijos de Pieter Jan De Nul, gerente de la filial en la Argentina.

El dinero que el Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro recibió para lo que iba a ser la “gran obra”, continúa perdiendo frente a la inflación.

El presidente del organismo que hace algo más de 20 años administra los muelles de la estación fluvial, Carlos Casini, reconoció que existe un plazo fijo por 1.600 millones de pesos que originalmente fueron 450 milllones de pesos, correspondiente al primer envío para el comienzo de los trabajos.

“A partir del día de hoy queda abierto el llamado a licitación para esta obra que, sin dudas, va a marcar un antes y un después en la actividad portuaria en San Pedro”, dijo quien era el titular del Consorcio por entonces, Eliseo Almada.

Además, le otorgó una importancia inusitada: “Marcará hacia dónde queremos dirigir los destinos del puerto”.

Con esto refería a la construcción de un muelle nuevo sobre el espigón principal, que iba a tener 20 metros de ampliación hacia el río y una extensión mayor del muelle de amarre en 14 metros.

Para ello, la estructura consistiría en la colocación de pilotes unidos por un cabezal de hormigón, que soportarían las vigas y la loza a colocarse, con el debido sustento para las grúas que pensaban ubicarse allí para la carga de contenedores. Indudablemente, esto iba a poner al puerto en competencia respecto a otros muelles del Paraná Inferior.

Para el Consorcio, la remodelación del muelle principal, en su cabecera, posibilitaría recuperar la capacidad operativa de cargas, limitada por falta de espacio. Esto llevaba a la movilidad de los buques amarrados (algo que no le gusta a los operadores) de acuerdo a las bodegas a utilizarse.

Desde el 2022, año de la licitación donde se presentaron tres oferentes, el tiempo pasó y el dinero remitido por el Ministerio de Transporte de la Nación fue cada vez menos redituable. La inflación hizo estragos sobre un monto que financiaría la obra.

Se intentó una alternativa menor a los 1.100 millones de pesos originales que demandaba la totalidad de los trabajos, para poder alcanzar parte del objetivo al menos, pero tampoco esto se pudo concretar.

Mientras tanto, con un plazo fijo esperan la autorización para destinar ese dinero a otra obra. 

Prefectura intesificó su rastrillaje con ganchos el lunes y en la mañana de hoy halló el cuerpo de un hombre oriundo de la ciudad de Arrecifes, titular de una vivienda en la zona de Las Pirañas, que estaba desaparecido hace varios días. El representante de la fiscalía tuvo a su cargo informar a la familia que aguardaba novedades.

“El jueves fue el último día que cruzó con el perrito, el jueves el último día que lo vieron, y como veíamos que la canoa estaba del otro lado y la soga dentro de la lancha”, dijo uno de los vecinos que estaba al tanto de la presencia del arrecifeño, sorprendido porque no se veían movimientos en el lugar donde había amarrado. 

Identificado como Juan Manuel Rodríguez, según trascendió “se estaba mudando porque había vendido el rancho”.

Esa versión, que aún no ha podido ser confirmada, desató varias conjeturas y ahora que apareció el cuerpo, serán las pericias las que determinen el motivo del deceso.

En el mapa que utiliza Defensa Civil para registrar a las personas que viven en territorio insular, el Kilómetro 258, Costa Norte sobre Las Pirañas, indica la presencia de una casa a lal que periódicamente llegaba su dueño para pescar y descansar. 

Este martes, personal de Defensa Civil cargo de Fabio Giovanettoni recorría la zona y allí advitieron la presencia y el trabajo de los prefecturianos. 

Sin novedades, cerca de las 11.00 de la mañana regresaron a las oficinas y allí constataron quién podía ser la persona a la que se consideraba desaparecida desd el jueves.

El presidente del Consorcio de Gestión, Eliseo Almada, presentó su renuncia al cargo tras más de cinco años al frente del organismo provincial al que llegó como parte del núcleo político del intendente Cecilio Salazar.

Sindicalista portuario del Supa, Almada era subsecretario legislativo en el Concejo Deliberante y concejal suplente cuando en 2018 el gobierno de María Eugenia Vidal lo designó al frente del Consorcio, con acuerdo del jefe comunal.

Luego, con la asunción de Kicillof en Provincia, lo mantuvieron en el cargo y siguió como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto hasta ahora, cuando presentó la renuncia.

"Ciclo cumplido", dijo Almada a La Opinión consultado sobre los motivos que lo llevaron a renunciar y destacó logros de su gestión: "Desendeudamiento del puerto por más de 1.950.000 dólares de gestiones anteriores, desbaratmiento de una pequeña banda de delincuentes dentro del puerto y un superávit hoy por más de 1.500.000 dólares".

Ante versiones que indicaban que hubo presiones de algunos sectores para que renunciara, aseguró que "para nada" ocurrió algo relacionado con ello y que no pasó "nada" ni está al tanto de la eventual "rosca" desatada para su reemplazo, puesto que la designación en el cargo es política.

A poco de asumir, Eliseo Almada encabezó una delegación sampedrina que viajó a Rusia para intentar revertir la decisión de la Baltic Shipping de discontinuar su operatoria de exportación de frutas desde el puerto de San Pedro para llevarla a otra terminal portuaria.

Las gestiones fueron infructuosas y el puerto local se quedó sin una de las principales actividades. Esa operatoria fue reemplazada por la de Grobocopatel Hermanos, que empezó a operar en abril de 2018, y la de Multimodal Port, que debutó con la exportación de porotos negros a Cuba.

En diciembre de 2021, cuando Cecilio Salazar fue designado como director en la empresa pública Trenes Argentinos Cargas en la órbita del Ministerio de Trabajo, fue propuesto para la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, aunque finalmente se quedó en San Pedro.

En agosto de 2022, Almada se retiró de una reunión de Consorcio tras discutir con otros integrantes del directorio y anunciar que presentaba la renuncia. 

Un mes después, retomó la actividad para la aprobación de la obra de más de mil millones de pesos para la remodelación integral del muelle cabecera, para la que el Gobierno nacional depositó 600 millones que no se utilizaron porque la inflación provocó que el monto fuera insuficiente para la obra prevista.

En octubre radicó una denuncia penal contra la contadora del Puerto, que fue separada de su cargo, tras una auditoría externa que estableció que hubo irregularidades en el manejo de las cuentas, tras detectar que habría transferido dinero público hacia una cuenta bancaria personal.