“Hace pocos días estuve con Axel (Kicillof) y me dio la estadística de los homicidios en la provincia. Le dije esos no son los que tenés, hay muchos más. Te los están escondiendo”, contó Guillermo Britos, actual intendente de Chivilcoy y exmiembro de la Policía de la Provincia, en Sin Galera con Lili Berardi.

Cuando se lo consultó sobre la situación de inseguridad que se padece, sostuvo que “las herramientas están. Falta la voluntad política de hacerlo”.

La muerte Kim, la niña de 7 años brutalmente asesinada en La Plata, fue el detonante de un enfrentamiento político entre el presidente Milei y el gobernador Kicillof. “En lugar de pelearse tienen que trabajar juntos. Las fuerzas federales deben operar en la provincia. Tiene que haber gendarmes y prefectos. Esto está mucho más allá de lo electoral y lo político. A la gente le interesa que no le maten un familiar, y si lo hicieron que lo resuelvan. Hoy esto no existe”.

“Lo hablábamos hace 25 años, mientras no exista un límite para quienes delinquen, no habrá solución. La Provincia tiene una puerta giratoria no solo para los menores, sino para todos. Mientras ocurra no hay manera de solucionarlo. No se puede liberar a un chico de 17 años como lo que sucedió con el caso Kim. Si seguimos así no hay solución”, expresó el excomisario en referencia a los tiempos en los que desempeñaba en la ciudad de San Pedro y cuando quisieron removerlo de su cargo por “tener a un menor reincidente tres horas demorado en la Comisaría”. La población se movilizó para defenderlo e impedirlo y obligó al Ministerio a dar marcha..

“El delito debe resolverse con manos firmes. Si un juez de Garantías libera a quien que comete un delito grave, hay que hacerle un jury”, sostuvo Britos. De igual manera mantuvo el criterio para la fiscal que días antes había liberado a uno de los autores del hecho: “No sé quién es, pero ojalá la echen”. 

El jefe comunal pidió “deszaffaronizar la Justicia. Muchos tienen esta teoría, que hizo que se defienda más al delincuente que a la víctima. Dejó de ser garantismo, pasó a ser abolicionismo”.

“Si en otros lugares se pudo resolver, por qué no en la provincia de Buenos Aires. Hay modelos para copiar”, indicó. También reclamó otra actitud del Procurador de la Provincia, quien “debe bajarle línea clara a los fiscales. La gente pide mano dura”.

Al ser consultado por el índice de homicidios en Chivilcoy reveló que hubo tres en nueve años y medio de gestión y “ninguno en ocasión der robo”, una cifra que San Pedro ya equiparó en dos meses de 2025.

En cuanto al rol de la policía, comentó que los comisarios “siguen el lineamiento que le bajan desde el Ministerio de la Seguridad. Tienen prohibido hablar con los medios y la gente quiere sabe qué sucede y qué hacen”. De hecho, el ex Jefe Regional José Ferrari fue sometido a juicio por haber utilizado imágenes de un camarógrafo privado para esclarecer el caso del secuestro de Diego Bernardotti en la que fue considerada una clara maniobra política, en tiempos de campaña y ascenso de Francisco De Narváez.

Funcionarios del Gobierno municipal fueron recibidos este martes en San Nicolás por los jueces de Garantías del Departamento Judicial al que pertenece San Pedro.

Las autoridades locales habían solicitado una audiencia con los magistrados tras las marchas por inseguridad y para "expresar la profunda inquietud por la reiterada liberación de delincuentes que son detenidos y rápidamente puestos en libertad".

El Gobierno informó a través de un escueto comunicado —en el que no dio detalles sobre las respuestas que recibieron por parte de los magistrados— que "se expuso la situación actual del Municipio, se plantearon las principales problemáticas y se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en conjunto con los fiscales y el procurador".

En los pasillos judiciales se sabe que los jueces Ricardo Prati, Román Parodi y María Eugenia Maiztegui suelen repetir ante los funcionarios de los Ejecutivos municipales que los Juzgados de Garantías intervienen una vez consumados los delitos y que deben apegarse a lo que establece la ley.

En reuniones de este tipo, los jueces suelen evitar tecnicismos para exponer su mirada sobre una problemática que tiene diversas aristas y en las que los niveles nacional, provincial y municipal de Gobierno tienen responsabilidades que no pueden eludir, sobre todo en materia preventiva y de intervención social.

Una de esas responsabilidades es la que está relacionada con los lugares de detención. En el Poder Judicial saben que, incluso con la Ley de Reiterancia aprobada, para detener personas con prisión preventiva hay que tener dónde.

El pabellón 8 de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, por poner apenas un ejemplo, tiene 102 personas donde debería haber 40 y dos duchas para toda la población. Esa cárcel tiene en total alrededor de 900 presos con lugar para 358.

El Ministerio de Justicia bonaerense es el responsable de las cárceles provinciales y el de la Nación, de las nacionales. El Ministerio de Seguridad, por su parte, es el que debe resolver el problema de las comisarías, la mayoría de la zona con calabozos clausurados por malas condiciones para albergar presos.

Ello provoca, por ejemplo, que detenidos sampedrinos sean trasladados a sitios alejados como Luis Pardo en su momento a Suipacha o los cómplices del ex Uatre Kiko Cáceres a La Madrid y Laprida.

Ello implica móviles de la Comisaría o de la DDI que deben gastar combustible y disponer personal para llevarlos al sitio de alojamiento, traerlos en caso de declaración y volver a trasladarlos cuando haya cupo en una cárcel. "Son más baratas las obras", aseguran quienes conocen los números de cerca.

Los jueces fueron receptivos a los planteos de los funcionarios, pero también expusieron con claridad cuál es su rol y cuál es el que le corresponde a los gobiernos.

Además, pondrán a disposición del Municipio una serie de datos que permitirán planificar la intervención preventiva que el Gobierno local puede llevar adelante en conjunto con la Policía de Seguridad.

"Desde el gobierno municipal continúan las gestiones y el trabajo conjunto con las autoridades judiciales para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante las necesidades de la comunidad", difundió el área de prensa municipal.

Personal policial detuvo este sábado a un joven de 21 años que momentos antes de ser apresado había robado elementos del interior de un automóvil estacionado.

El hecho ocurrió en Boulevard Moreno y Ansaloni, donde los efectivos atraparon al ladrón, que escapaba tras cometer el ilícito momentos antes.

Había sustraído del interior de un coche una cartera con efectos personales propiedad de una joven de 25 años. Tras las dilgencias de rigor, el delincuente recuperó la libertad.

La Justicia ordenó liberar a un joven de 21 años que había sido detenido por la Policía tras intentar arrebatar la cartera a una mujer en la zona de plaza Belgrano.

El episodio se registró este miércoles, alrededor de las 14.30, cuando la mujer caminaba por Balcarce y 25 de Mayo y fue sorprendida por un bicichorro.

La víctima había salido del cajero automático del banco para dirigirse a un supermercado y se dio cuenta que dos jóvenes que estaban en bicicleta la observaban. Cuando notó que la seguían, ingresó a una verdulería y compró unos chicles, para hacer tiempo.

Al salir, cruzó la plaza y fue sorprendida por uno de los delincuentes que la habían seguido, quien la abordó con intenciones de robo y la amenazó con un arma blanca. Comenzaron a forcejear y la gente que estaba alrededor notó la situación y fue a socorrerla, por lo que el ladrón huyó sin lograr su cometido.

La policía llegó al lugar y comunicó de la situación al móvil más cercano, que logró dar con el delincuente en la zona de Chacabuco al 400, donde lo aprehendieron en plena fuga.

Trasladado a la Comisaría local, permaneció alojado allí durante algunas horas mientras se desarrollaban las diligencias de rigor. Imputado por intento de robo, recuperó la libertad por orden de la Justicia.