La Libertad Avanza, alianza que tiene como primer candidato a concejal a Ariel Rey, difundió un spot de campaña en el que anuncian que si son electos van a impulsar la eliminación de tasas y derechos, pero nombran gravámenes que en la actualidad ya no se cobran.

El video fue difundido en redes sociales. Allí aparecen los candidatos Melina Panatteri y Joaquín González, segunda y tercero de la lista de Rey, y emulan la campaña de Milei, cuando decía que iba a eliminar ministerios y arrancaba cartelitos con el grito "afuera, afuera" como mensaje.

En el video nombran cuatro gravámenes, de los cuales uno es tasa y tres son derechos. 

De los cuatro, sólo está vigente uno: el derecho de construcción, que se paga para el visado de planos y otros trámites a la hora de declarar una obra.

Como publicó La Opinión en cada caso, los otros tres ya no se pagan:

Habilitación de comercios: rige sólo para quienes iniciaron actividad sin declararla, por lo que ante presentación espontánea la Municipalidad no cobra el tributo.

Colocación de mesas y sillas en las veredas: la última ordenanza fiscal eliminó la obligatoriedad de pago a comerciantes que instalen muebles o exhiban mercadería en la vía pública, por lo que no se cobra.

Colocación de carteles publicitarios: desde la última Fiscal/Impositiva los sampedrinos están exentos y  no se cobra por aquellos que no excedan la línea municipal.

"Hoy te traemos algunas de las propuestas que vamos a impulsar en el Concejo Deliberante para aliviar tu bolsillo", dice Joaquín González como introducción en el video.

"Que te cobren por habilitar tu comercio, afuera. Que te cobren por poner las mesitas afuera de tu bar, afuera. Que te cobren por poner un cartel adentro de tu negocio, derecho de Propaganda y Publicada, propiedad privada, afuera; derecho de construcción, ir a la Muni a habilitar un plano, también, afuera", describe Melina Panatteri. 

"La eliminación de estas cuatro tasas municipales implican menos del 1 por ciento del presupuesto municipal", cierra, convencido, el tercer candidato a concejal de la lista de La Libertad Avanza que encabeza Ariel Rey y representa a Javier Milei.

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Con la mala costumbre de enviar los expedientes extemporáneos, el Gobierno pidió al Concejo Deliberante que apruebe una nueva prórroga con la empresa Tipsa, que tiene a su cargo el cobro el derecho de publicidad y propaganda y el canon de antenas.

El expediente ingresó formalmente el lunes y ese mismo día, en reunión de comisión, el secretario de Economía, Roberto Borgo, les dijo a los concejales que esta extensión es la última.

El intendente y el representantes de Tercerización de Ingresos Públicos S. A. firmaron en noviembre una prórroga del contrato vencido en diciembre del año pasado con plazo hasta el 31 de este mes. Las fechas fueron objeto de quejas, una vez más, de la oposición.

En comisión, Borgo les dijo que el retraso obedecía a gestiones relacionadas con el canon por soporte de antenas ante las empresas telefónicas, que tienen un retraso  de ejercicios anteriores.

El funcionario confirmó a La Opinión que esta prórroga será la última con Tipsa: "A partir del año que viene nosotros no vamos a hacer ningún convenio, así que seguramente vamos a determinar nosotros y la empresa habrá agotado su instancia".

Conocida como "tasa de cartelería", la tarea de Tipsa consiste en medir los carteles de publicidad que se exponen en la ciudad para cobrarles a las marcas por metro. Del total percibido, su comisión es del 22 por ciento.

Para 2025, el Gobierno decidió dejar de cobrarles ese derecho a los comerciantes locales, que podrán instalar los carteles con sus negocios y marcas sin necesidad de tener que abonar este gravamen.

Además, la ordenanza impositiva para el año que viene establece que se eliminarán diversos tipos de carteles de la nómina de alcanzados por el tributo, de manera tal que sólo paguen cuando excedan la línea municipal y ocupen espacio público.

El incremento de este derecho será del 100 por ciento para el ejercicio que viene, pero el Gobierno reconoce en los proyectos del Presupuesto 2025 las dificultades que comportó este sistema, que llegó a la ciudad en el año 2010.

Desde su implementación, tuvo dificultades. Sobre todo porque las grandes marcas tienden a interponer recursos administrativos y judiciales que dilatan el cobro del canon, lo que reduce significativamente el porcentaje de cumplimiento cada año.

El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces se firmaron sucesivas prórrogas que luego fueron convalidadas por el Concejo Deliberante, generalmente por las mayorías oficialistas y con cuestionamientos de la oposición, que plasmó en proyectos propios lo que ahora el Gobierno lleva a votación en las Fiscal e Impositiva 2025.

En el caso de los comercios locales, muchos sacaron los carteles para evitar que les cobren este gravamen. Ponerle fin al tributo puede contribuir, entonces, a mejorar el aspecto de la ciudad, que en muchos casos quedó desprolijo al tener las estructuras vacías.

La Unión Cívica Radical elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que el Gobierno local deje de cobrar el derecho de publicidad y propaganda que tiene a su cargo, al menos hasta fin de año, la empresa Tercerización de Ingresos Públicos (Tipsa), a la que el oficialismo le aprobó una nueva prórroga en la última sesión extraordinaria.

El bloque que ahora preside Paola Basso se opuso, junto a Florencia Sánchez, a la convalidación de la última prórroga, que el intendente Cecilio Salazar firmó con la empresa en noviembre para el período que va desde diciembre 2022 hasta fin de año.

Basso se quejó en esa sesión de la demora de 11 meses en enviar el expediente e hizo notar que el mes que viene esa prórroga estará vencida. Tipsa firmó contrato con el Gobierno de Guacone en 2010, hasta 2014. Desde entonces, la continuidad es precaria y se vota cada año.

Ahora, la UCR elevó un proyecto para derogar el cobro de ese gravamen y que se deje de incluir en las ordenanzas fiscal e impositiva. Destacaron que la cobrabilidad de la tasa en 2022 fue de apenas el 9 por ciento y que la empresa se lleva el 22 por ciento de lo recaudado.

“Se ha desnaturalizado la verdadera esencia y finalidad de los derechos de publicidad y propaganda”, consideraron desde la UCR, que ya habían propuesto que se dejara de cobrar por los carteles que no superaran la línea municipal, sin que el oficialismo acompañe la iniacitiva en comisión.

Un proyecto para modificar la ordenanza impositiva vigente propone revisar los términos de la tasa de publicidad y propaganda, que grava los carteles que se pueden ver desde la calle, de manera tal que ya no paguen aquellos que estén en vidrieras o paredes de comercios sino sólo los que excedan la línea municipal.

El expediente elevado por el bloque Juntos que integran los ediles de la UCR Alejandro Donatti, Paola Basso, Lucas Pisani y Yanina Batalla, ingresó a comisión y será analizado por el conjunto del cuerpo. Se trata de una propuesta que los radicales ya habían planteado cuando formaban parte del Gobierno de Salazar en Cambiemos, aunque recién ahora se formalizó.

La concejala Paola Basso explicó en Radio Cuarentena que la iniciativa surgió porque en su bloque entienden que “una tasa debe tener una contraprestación del Estado” que se cumple con los carteles que usan el espacio público y ameritan una inspección municipal en los soportes, pero que no está en aquellos que están dispuestos en vidrieras, paredes o incluso vehículos, que también se cobran.

“Desde nuestra óptica esto no implica un servicio del Estado”, señaló la abogada y agregó: “Las medianeras de un edificio colocan una publicidad pintada también les cobran, pero si el inmueble es privado y no hay ninguna cuestión que pueda perjudicar a terceros o necesite una inspección, no tiene razón de ser”.

De la misma manera, proponen eliminar el cobro para los folletos que se entregan en mano en la vía pública o en sitios como los cines, que deben pagar, y mantenerlo en aquellos casos en los que los volantes son arrojados por un avión, puesto que eso implica la limpieza por parte del servicio de barrido municipal.

“Mantuvimos lo de la publicidad sonora, porque nos parece que debe tener algún tipo de control”, señaló la concejala respecto del cobro de la tasa para quienes emiten mensajes publicitarios en la vía pública a través de sistemas de amplificación móviles.

“No creo que mueva demasiado la aguja en el Presupuesto del Estado pero sí se siente en los comercios”, dijo Basso.

Durante la pandemia, el Gobierno eximió a los contribuyentes sampedrinos del pago de la tasa de Publicidad y Propaganda. En 2021, según la Rendición de Cuentas, ese monto no cobrado ascendió a 1.250.000 pesos, un 0,04 del presupuesto vigente este año.

La propuesta de Juntos implicaría no sólo no cobrarle a los sampedrinos sino tampoco a las empresas cuyas marcas se exhiben desde las vidrieras o hacia la calle, como las calcomanías de tarjetas de crédito, los exhibidores de heladeras, etc., cuyas firmas deben abonar la tasa en la medida en que el cartel es percibido desde la vía pública.

Para la aprobación de la iniciativa hace falta que el oficialismo se sume a la propuesta, ya que Juntos (UCR) tiene cuatro votos propios y el otro bloque opositor, Juntos PRO, posee dos. Para modificar la ordenanza hacen falta al menos 10 votos.

“Tengo esperanza de que se puedan tratar los distintos proyectos, consensuarlos”, dijo la concejala de Juntos.

La tasa de Publicidad y Propaganda fue creada en 2010, durante el Gobierno de Pablo Guacone, que contrató a la empresa Tipsa, que desde entonces está a cargo de la gestión de la cobranza, aunque de los litigios que interponen quienes recurren administrativa o judicialmente debe ocuparse el Municipio a través de la Dirección de Rentas.

El contrato original con Tipsa venció en 2014 y desde entonces lo prorrogaron varias veces, la última en diciembre del año pasado. Incluso hubo momentos en los que sin aprobación del Concejo respecto de la continuidad del contrato, esa firma siguió ocupándose del relevamiento y posterior cobro de la tasa.

Por el servicio que presta, la empresa Tipsa se lleva el 22 por ciento del total de la recaudación. A fin de año suele verse el personal contratado para el relevamiento que sirve de base para el cobro posterior. Además de publicidad y propaganda, la empresa cobra el canon por estructuras de soportes de antenas.

El Concejo Deliberante aprobó la semana pasada que la empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (TIPSA) continúe al frente del servicio de cobro de la tasa de cartelería en la vía pública.

Los concejales se tomaron su tiempo para tratar el expediente: el convenio de prórroga fue firmado en marzo de 2020; con un año de demora, el Gobierno envió el expediente para su tratamiento en abril; y recién lo aprobaron n la última sesión ordinaria del año.

Fue por unanimidad. En silencio. Sin miembro informante de la comisión de Presupuesto que preside Martín Pando —que alguna vez esbozó un plan para modificar el gravamen— que diera explicaciones respecto de por qué votaban una nueva prórroga con siete meses de demora en el tratamiento del expediente y a punto de que venza.

Tipsa llegó a San Pedro en 2010. Ese año entró en vigencia la ordenanza que establece que todos y cada uno de los carteles publicitarios deben pagar tributo si están expuestos en la vía pública. Desde multinacionales a empresas nacionales de renombre pasando por las locales, todo el que esté exhibido debe pagar. En 2020, las firmas radicadas en el distrito no pagaron, por la pandemia.

El contrato original venció en 2014 y desde entonces lo prorrogaron varias veces. Cada vez, con la excusa de que llamarían a licitación para evitar la precariedad de una prórroga como esta, aprobada en noviembre de 2021 para convalidar la firma de un convenio establecido en marzo del año pasado por 22 meses y que vence ya, en diciembre.

La prórroga anterior había sido aprobada en 2019 y venció a fines de febrero del año pasado. Así, en 2020, Tipsa hizo el relevamiento para el cobro de la tasa sin tener situación formal regular. Este año casi pasa lo mismo, pero el Concejo se acordó antes de terminar su tarea ordinaria anual y convalidó el acuerdo.

En el proyecto de ordenanza, el Gobierno reconoció que el Tribunal de Cuentas le llamó la atención por el tema, porque observó que los ingresos por este tributo no estaban siendo registrados en la cuenta de Recursos Ordinarios, como corresponde, en lugar de ir a la cuenta “de Terceros”, como hasta ahora.

La contratación de Tipsa fue polémica desde el primer día. Por un lado, porque el propio gravamen es polémico y provocó desde reclamos administrativos y judiciales a que muchos decidieran sacar los carteles de sus negocios.

Mario Sánchez Negrete y Sergio Rosa, aliados de Salazar en su primer mandato, fueron críticos. El fallecido secretario de Economía quería municipalizar el servicio pero luego reconocieron que no podían hacer frente con recursos propios a la tarea.

Cuando los concejales de la UCR, PRO y Fe que respondían a Salazar aprobaron su primera prórroga, en 2019, Rosa cuestionó la tarea de Tipsa y pidió “discutir si los valores que cobra son aceptables”. La empresa se lleva el 22 por ciento de la recaudación.

Ahora, el Gobierno de Salazar, recostado en el Frente de Todos, consiguió una nueva prórroga para el contrato de Tipsa, que a esta altura del año suele desarrollar su relevamiento para cobrar la tasa de publicidad y propaganda y el canon por estructura de soportes de antenas.

La empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (TIPSA) seguirá al frente del cobro del derecho de publicidad y propaganda, como desde el año 2010, gracias a una nueva prórroga, que implica el séptimo año de continuidad en la actividad desde que venció el contrato original de la licitación.

La firma, que llegó a comienzos del interregno de Pablo Guacone como reemplazo de Mario Barbieri cuando fue electo diputado nacional, fue contratada para poner en vigencia la ordenanza que establece que todos los carteles publicitarios, sean de marcas multinacionales, nacionales o locales, deben pagar tributo por exponerse al espacio público.

Ese contrato venció en 2014 y desde entonces fue prorrogado sucesivas veces. La última fue el pasado 9 de marzo, con firma del intendente Cecilio Salazar, que prorrogó hasta el 31 de diciembre el vencimiento que había operado el 20 de febrero del año pasado.

En 2020, por la pandemia, el Gobierno dispuso que los comercios y empresa radicadas en San Pedro no paguen este tributo.

TIPSA cobra, además, el derecho de ocupaciòn y uso de espacio público y canon por estructura de soportes de antenas. Por la tarea, se lleva el 22 por ciento del total recaudado.

En 2017, cuando venció la prórroga que Guacone le había dado por casi tres años a la empresa, el Gobierno de Cecilio Salazar decidió firmar una nueva, hasta febrero de 2018, con el objetivo de revisar el contrato y llamar a una nueva licitación.

Mario Sánchez Negrete como secretario de Economía y Sergio Rosa como concejal habían planteado la posibilidad de que la Municipalidad se hiciera cargo de la tarea con personal propio. En 2018, el Gobierno reconoció que no podía con sus propios recursos implementar el servicio.

Rosa, como edil oficialista, había pedido “evaluar la tarea” de TIPSA para establecer “qué hizo y qué deho de hacer” pero sobre todo para “discutis si los valores que cobra son aceptables”.

En 2019 hubo una nueva prórroga, la cuarta, que venció el 28 de febrero de 2020. Desde entonces, la empresa estaba operando sin contrato vigente, aunque sólo para cobrarles a los contribuyentes sin asiento en San Pedro.

La nueva prórroga, la quinta que se firma con esta empresa, cuya situación “provisoria” ya duplica en años el contrato original, es por 22 meses: desde el 1 de marzo del año pasado hasta el 31 de diciembre del actual.

En el proyecto de ordenanza, el Gobierno reconoció que el Tribunal de Cuentas le llamó la atención por el tema, porque observó que los ingresos por este tributo no estaban siendo registrados en la cuenta de Recursos Ordinarios, como corresponde, en lugar de ir a la cuenta “de Terceros”, como hasta ahora.

En el oficialismo siempre estuvo la idea de cambiar la modalidad de este canon. Al menos entre quienes provenían del PRO que representaban Sergio Rosa y Sánchez Negrete o en la UCR de Pando, Donatti y Ferraro.

El año pasado, de hecho, habían planificado modificar el gravamen de manera tal que los comercios sampedrinos puedan poner sus marcas en vidrieras, carteles y paredes, siempre y cuando no crucen la línea municipal.