El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno evalúe, previa consulta a los organismos de contralor y a la Asesoría General de Gobierno, “la viabilidad de la contratación con la empresa Cecaitra y las posibles irregularidades en su funcionamiento”.

Los ediles radicales propusieron analizar la rescisión contractual del convenio suscripto con la firma. El expediente será tratado sobre tablas en sesión y, como ante cada cosa que se presenta relacionada con el tema, habrá que ver si el oficialismo está dispuesto a acompañar.

En la sesión también será tratado el pedido de informe que elevó el concejal Mauro de Rosa, presentado en abril de este año. Ese expediente, sin embargo, será enviado a archivo porque el edil consideró que sus inquietudes ya fueron respondidas en las reuniones que hubo con funcionarios del gabinete.

Así, una de las grandes tareas que tienen los concejales como representantes de la sociedad quedó vacía de contenido: hicieron un pedido de informe, lo mandaron a comisión y ahora lo archivan porque ya obtuvieron respuestas.

Todo ello sin que la comunidad pueda tener conocimiento de los pormenores, más allá de la tarea periodística de este medio, que publicó notas sobre las reuniones con los miembros del Ejecutivo.

La iniciativa radical también se origina en la adjudicación para la prestación del “Servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial”. Es decir las fotomultas.

La ordenanza fue sancionada en agosto de 2024, pero en los meses posteriores surgieron diversos cuestionamientos a la empresa. El bloque detalló el allanamiento la sede de Cecaitra, en el marco de una “causa por presuntas irregularidades en facturación sin la debida autorización legal”.

También las derivaciones políticas que tuvo el caso, que motivó la renuncia del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por la presunta implicancia de su pareja, la concejal y presidenta del HCD de Pilar, Claudia Pombo, señalada por “el direccionamiento de fotomultas a un grupo de gestores que ofrecían descuentos indebidos cuyos fondos no ingresaban a las arcas públicas”.

Otros argumentos refieren a las actuaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia contra el intendente de Tigre, “por haber concedido el servicio de fotomultas a Cecaitra”.

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina está liderada por Bernardino García y su hijo Mariano García, quienes se alternan en la presidencia. 

Figura como asociación civil sin fines de lucro, Cecaitra no tributa IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, y opera como prestadora de servicios de fotomultas en diversos municipios, incluso sin licitaciones o mediante contratos directos, según advirtió el Tribunal de Cuentas. 

“Es una cámara empresarial que actúa de hecho como concesionaria del servicio de fotomultas, operando radares, procesando infracciones y cobrando multas, pero legalmente no lo es”, fundamentaron desde la UCR.

El concejal Martín Rivas solicitó la “suspensión preventiva inmediata” del contrato celebrado con Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), adjudicataria del sistema de fotomultas para el distrito de San Pedro.

Los diferentes acontecimientos de los últimos meses, relacionados con un escándalo que fue judicializado, tienen como protagonista a esta empresa. A su vez, derivaron en la renuncia a su cargo del exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio.

Cecaitra ganó la Licitación Pública Nº 01/2024, que contó con la aprobación del Concejo Deliberante por ser único oferente. 

Rivas ahora reclama la suspensión por los hechos acaecidos, “hasta tanto se esclarezca completamente la situación legal de la empresa y se garantice la total idoneidad y transparencia en la prestación del servicio”.

El proyecto suma al que en su momento presentó el concejal Mauro de Rosa, que aceptó en esa ocasión la propuesta del oficialismo de enviar el expediente a comisión, donde el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, fue a dar las explicaciones que bien podría haber enviado por escrito si el expediente se trataba sobre tablas.

En la comisión nunca dictaminaron, por lo que el proyecto sigue a la espera. Incluso el oficialismo se había comprometido a que comparezca el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, pero hasta el momento no pudieron concretar su visita.

La Justicia ha caído sobre Cecaitra, investigada por decenas de miles de infracciones de tránsito, registradas con sus cámaras diseminadas en varios municipios bonaerenses, que no estarían homologadas.

“La continuidad de la ejecución de un contrato con una empresa bajo investigación por presuntas irregularidades genera un alto riesgo legal y reputacional para el Municipio de San Pedro, pudiendo viciar de nulidad o irregularidad los actos administrativos derivados de dicho convenio”, sostuvo el concejal.

En el pedido de informe, apunta a diversos aspectos que alcanzan a las fotomultas. Pretende que el Departamento Ejecutivo responda en tres días, en caso de prosperar el proyecto en el cuerpo deliberativo.

Dentro de la batería de peticiones se incluye saber si el Municipio solicitó explicaciones sobre el allanamiento a Cecaitra y los alcances sobre el convenio; las evaluaciones y decisiones tomadas o a tomar por el Departamento Ejecutivo en relación con la continuidad o rescisión del contrato; si existe una fiscalización respecto a la ejecución del contrato por parte de Cecaitra en San Pedro, y si esta fue suficiente para detectar posibles irregularidades.

El proyecto tiene otras aristas sobre el convenio de un sistema que aún no está en funcionamiento. Rivas quiere saber el estado actual de las rutas de acceso, un relevamiento de la señalización y seguridad, y hasta un detalle sobre el mantenimiento y reparación durante los últimos 12 meses.

De acuerdo a su criterio, “el deterioro extremo de las rutas de acceso y las principales arterias de San Pedro constituye una problemática vial de suma gravedad, que incide directamente en la seguridad de los ciudadanos”. Y para la ciudadanía, no es posible sancionar si las rutas y arterias están en pésimo estado.

Se trata de habitantes de la zona de la Bajada de Chaves y el Callejón de Coronato que se quejan por los pozos. “Nunca le dieron el tratamiento que se debe y queremos una solución”, dijo Alejandra a La Opinión.

La oyente, que cuenta con una discapacidad y tiene como único medio de transporte el servicio de remises, envió videos de los baches que hay camino a su casa. En muchos casos, la urgencia es que los conductores ya no quieren entrar al lugar por miedo a los daños del vehículo.

Así se suman más denuncias de parte de los ciudadanos que piden poder circular libremente por la vía pública y evitar accidentes. Este pedido, en particular, data de el 2021 con un proyecto de resolución de por medio, pero aún quienes viven en esa zona sufren el mal estado de la calle.

“Son dos cuadras y hace años que venimos pidiendo. Con los vecinos lo pavimentamos hace años, pero se va poceando”, reclamaron.

En marzo del 2021, los vecinos junto a taxistas que frecuentaban la zona presentaron 102 firmas en la mesa de entrada del Municipio, que llevaron a un proyecto de resolución. Sin embargo, no prosperó: “Nos echaron tierra solamente”.

El proyecto firmado por el bloque de Frente de Todos consideraba: “Al encontrarse en ese estado, genera que remises y motos se nieguen a transitar por el lugar, perjudicando a adultos mayores, personas con discapacidad y al resto de los ciudadanos que allí habitan. Que en el caso de necesitar una ambulancia, móvil policial o la ayuda de Bomberos Voluntarios ante una necesidad urgente, los mismos se verían imposibilitados de transitar por el lugar”.

A todo esto, Alejandra concluyó: “Parece que es la luna llena de cráteres. Ya hemos hecho notas, los denunciamos, etcétera, y no pasa nada”.