El Gobierno elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a endurecer las sanciones frente a una problemática cada vez más visible en la vía pública: la circulación de motos y vehículos con caños de escape adulterados y la realización de maniobras peligrosas.

La iniciativa pone el foco en dos ejes centrales: la contaminación sonora y los riesgos para la seguridad vial. 

En ese sentido, propone la prohibición de circular con vehículos que no cuenten con sistemas de escape originales o debidamente homologados, así como aquellos que hayan sido modificados, perforados o carezcan de silenciador. Además, prohíbe de manera expresa el uso de dispositivos conocidos como “cortes” o “explosivos”.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la facultad que se le otorgaría al Juzgado de Faltas para ordenar allanamientos con el objetivo de secuestrar los vehículos involucrados. Según se detalla en el articulado, la medida deberá ser dispuesta por escrito y contar con el auxilio de la fuerza pública.

En los casos en que intervengan agentes municipales, deberán estar acompañados por personal policial.

El texto establece que el ingreso a la propiedad privada estará permitido exclusivamente para proceder al secuestro o decomiso del vehículo identificado en la infracción. 

Asimismo, contempla situaciones de flagrancia, en las que los agentes municipales podrán disponer el allanamiento de manera excepcional, siempre con presencia policial y con la obligación de rendir cuentas ante la autoridad competente dentro de las 24 horas posteriores.

En cuanto al procedimiento, la ordenanza fija una serie de requisitos estrictos: el operativo deberá ser registrado mediante filmaciones o fotografías, se deberá dar lectura de la orden al propietario o morador del inmueble y se lo invitará previamente a entregar voluntariamente el vehículo.

Todo lo actuado deberá quedar asentado en un acta, cuya validez dependerá del cumplimiento de cada uno de estos pasos.

El proyecto también apunta a desalentar conductas temerarias al volante. Entre ellas, se mencionan circular en una sola rueda, realizar derrapes intencionales, acelerar bruscamente sin desplazarse o participar en picadas y exhibiciones no autorizadas.

La propuesta ya se encuentra en el Concejo Deliberante para su tratamiento y debate. De aprobarse, implicará un endurecimiento en los controles y sanciones vinculados a este tipo de infracciones, en un intento por reducir el impacto negativo que generan en la convivencia, siendo un fastidio para la población.

El Concejo Deliberante trabaja en las comisiones sobre un proyecto del Gobierno que apunta a frenar una problemática cada vez más visible: la circulación de motos y vehículos con caños de escape adulterados y la realización de maniobras peligrosas en la vía pública.

La iniciativa busca mejorar la convivencia urbana, poniendo el foco en la contaminación sonora y los riesgos para la seguridad vial. En ese sentido, se plantea la prohibición de circular con vehículos que no cuenten con sistemas de escape originales o homologados, así como aquellos que hayan sido modificados, perforados o carezcan de silenciador.

Si bien la medida se adecua a la realidad que impera desde hace muchos años, corre a la par de lo que ya está dispuesto en la ley nacional 24.449 e incluso en la ordenanza 5.818, que establecen pautas respecto a los caños de escapes y la emanación de otros sonidos provenientes de vehículos en la vía pública.

La iniciativa prohíbe expresamente la utilización de dispositivos conocidos como “cortes” o “explosivos”, diseñados para amplificar el ruido del motor, una práctica que genera constantes quejas entre vecinos.

El proyecto se apoya en normativa vigente como la ley nacional y la ley provincial 13.927, que ya establecen la obligación de contar con sistemas que eviten ruidos molestos y emisiones contaminantes.

Pero el alcance va más allá del ruido. La ordenanza también apunta a conductas consideradas temerarias, como circular en una sola rueda, realizar derrapes intencionales, acelerar bruscamente sin desplazarse o participar en picadas y exhibiciones no autorizadas (también figuran en la ley). Estas prácticas, advierten, representan un riesgo directo tanto para quienes las realizan como para terceros.

Las sanciones previstas son severas. Las infracciones podrían implicar multas de entre 300 y 2.500 unidades fijas, con posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia. También se contempla la retención del vehículo, la inhabilitación para conducir y el decomiso de los elementos antirreglamentarios, que serán destruidos.

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la posibilidad de que el Juzgado de Faltas “ordene allanamientos para secuestrar vehículos involucrados en estas conductas, incluso con intervención de la fuerza pública, en casos debidamente justificados”.

El texto también incorpora un capítulo específico para regular la actividad comercial. “Se prohíbe la venta e instalación de escapes no homologados y se establecen sanciones para talleres y comercios que incumplan la normativa, que pueden llegar incluso a la pérdida de la habilitación”.

La intención asoma como contundente en la respuesta ante una demanda creciente de la comunidad, que ha llegado al hartazgo. Los ruidos excesivos, especialmente en horarios nocturnos, afectan la calidad de vida de los vecinos, con mayor impacto en adultos mayores, niños y personas con hipersensibilidad auditiva.

El proyecto también prevé campañas de concientización y la creación de un registro de infractores, en un intento de abordar el problema no solo desde la sanción, sino también desde la prevención.

Más allá del extenso alcance del proyecto, lo importante será darle aplicación a la normativa. Existen leyes y varias de estas propuestas podrían ser aplicables actualmente.

En un contexto económico complejo para muchas instituciones, el Concejo Deliberante avanza en la adhesión a una normativa que busca llevar alivio a clubes y entidades civiles: la Ley Provincial N.º 15.553.

La iniciativa establece que las prestadoras de servicios públicos no podrán interrumpir el suministro de electricidad, agua, cloacas y gas a asociaciones civiles sin fines de lucro, establecimientos educativos y sanitarios de gestión pública, incluso en casos de mora en el pago.

El objetivo central de la ley es garantizar el acceso a servicios esenciales, considerados derechos básicos para el funcionamiento cotidiano de instituciones que cumplen un rol social clave en cada comunidad.

En ciudades como San Pedro, donde los clubes de barrio, centros comunitarios y espacios educativos sostienen gran parte de la vida social y deportiva, la medida cobra especial relevancia. “Muchas de estas entidades enfrentan dificultades para afrontar los costos mensuales, que han aumentado significativamente en los últimos años”, indicaron desde el bloque oficialista que son los autores de la propuesta.

Además de impedir los cortes, la normativa contempla la creación de planes de pago accesibles para regularizar deudas y prevé beneficios fiscales destinados a aliviar la carga económica de estas organizaciones.

El proyecto de ordenanza local también faculta al Departamento Ejecutivo a reducir, de manera total o parcial y en forma transitoria, las tasas municipales vinculadas a estos servicios, reforzando así el acompañamiento a las instituciones.

La iniciativa es una herramienta para evitar situaciones que empeoren en las instituciones. La posibilidad de perder servicios básicos “no solo pone en riesgo la continuidad de actividades deportivas o educativas, sino también el rol de contención que cumplen muchos clubes, especialmente con niños y jóvenes”.

En este sentido, la adhesión a la ley provincial aparece como una respuesta concreta: “Sostener abiertas las puertas de instituciones que, más allá de lo recreativo, funcionan como espacios de inclusión y acompañamiento comunitario”.

El concejal Martín Rivas presentó un proyecto de ordenanza para la resolución de conflictos mediante la vía de la mediación, un sistema aplicado en otros municipios con resultados aceptables.

“Es un método alternativo para el abordaje preventivo, tratamiento de reclamos, denuncias y conflictos vecinales, y la resolución amigable de los mismos”, expresó en el expediente.

La idea es que la mediación comunitaria sea aplicable en "conflictos que exceden las relaciones interpersonales e involucran a personas vinculadas por relaciones de convivencia social o comunitaria (ruidos, vibraciones, mascotas, humo, olores, filtraciones, uso indebido de espacios comunes, etc.)”, señala la propuesta que presentó en el cuerpo deliberativo.

En ese marco, aclaró que quedan excluidos los casos “penales, cuestiones de familia, sucesiones, medidas cautelares, concursos, quiebras y toda cuestión vinculada al orden público”.

La Oficina de Mediación pasaría a ser un apéndice del Municipio, que podría operar en las localidades. Para ello el Departamento Ejecutivo quedaría habilitado para dotar de los recursos necesarios y celebrar convenios con universidades, ministerios, colegios profesionales y entidades educativas para formar y capacitar al mediador, que será designado por concurso.

El procedimiento sería el siguiente:

*Los vecinos deberán completar un formulario con datos personales y detalles del conflicto para iniciar la mediación.

*El mediador notificará a la otra parte y establecerá la fecha de audiencia tras recibir la solicitud.

*Las audiencias son personales, confidenciales y se pueden repetir a juicio del mediador.

*El procedimiento finalizará con la firma de un acuerdo o un acta si no se llega a un entendimiento.

*Se llevará un legajo para cada mediación que incluirá formularios, actas, acuerdos y constancias de cumplimiento.

“Estoy proponiendo un espacio voluntario y confidencial para que los conflictos de convivencia –ruidos, vibraciones, mascotas, filtraciones, medianeras o uso de espacios comunes– se resuelvan con diálogo, evitando juicios y sin burocracia”, explicó Rivas.

El sistema de mediación es una herramienta de décadas, que muchos municipios han instrumentado con éxito, que aliviaría otras instancias, como la judicial, además de acelerar el fin de cada proceso. 

“San Pedro necesita herramientas nuevas, serias y posibles. Y esta es una de ellas”, sostuvo el edil.

Un proyecto de ordenanza busca generar cambios trascendentales sobre la utilización del cementerio municipal, basados en la reglamentación y metodologías de uso.

Entre las propuestas relevantes está la de facilitar velatorios para familias sin recursos en la capilla de la necrópolis, costos que estarían a cargo del Municipio. Si bien esto en parte sucede, se dejaría de depender de las salas velatorias.

La idea es reglamentar un poco más la utilización del cementerio. En la ordenanza actual no figuran las cremaciones, de las cuales no existen registro sobre las que ingresan. Con este proyecto, más allá de ser tarifado el ingreso, se puede tener un control exigiendo la documentación adecuada.

Entre los temas principales surgen:

*La división el cementerio en panteones, nichos comunes, nichos para restos reducidos, sepulturas en tierra y fosa común.

*Establece los requisitos y documentación para introducir restos, así como los procedimientos y horarios para exhumaciones e inhumaciones.

*Especifica los plazos para arrendamientos de sepulturas, nichos y terrenos, aclarando que la Municipalidad conserva el dominio de las tierras.

*Define las condiciones para la adjudicación de terrenos, las obligaciones de los concesionarios, el vencimiento de plazos y la disposición de restos.

*Multas por incumplir la ordenanza.

*Regula el ingreso de restos y cenizas en los panteones, el número de acumulaciones permitidas y los movimientos dentro de los panteones.

*Autoriza velatorios en la capilla del cementerio en casos de gratuidad, como así también las reglas sobre sepulturas de indigentes, nichos, ataúdes, reparaciones, presentación de títulos y construcciones sobre sepulturas.

*Obliga a empresas, asociaciones y agrupaciones sindicales con nichos o panteones a abonar las acumulaciones (tumulación).

El trabajo realizado por Antonella Márquez, de Cementerio; Camila Orso, de Rentas; y Adrián Devito, actual subsecretario de Obras y exdirector del Cementerio, refiere a los seis panteones privados: Sociedad Española, Sociedad Italiana, Policía, Mutual de Agricultura y Ganadería, la Mutual y el Sindicato de Trabajadores Municipales. La Municipalidad hace los servicios en esos lugares y el mantenimiento. “Y el Municipio no cobra un peso, absolutamente nada. Algunos de ellos cambian de lugar, hacen reducciones y nosotros no tenemos acceso. Entonces con la nueva ordenanza pretendemos reglamentar lo que no está escrito”, le dijo a La Opinión el subsecretario Adrián Devito.

“Algunos le abonan a estos panteones, pero nada al Municipio pese a que la tarea la realiza el personal municipal, como abrir nichos, limpiarlos, colocar los féretros y cerrar el servicio”, explicó.

“También se han pagado traslados y nunca recupera el dinero, que podría darle utilidad para una mejora del sector. Otro punto serán los horarios para diferentes tareas, para lo cual se reglamentarán, como el cierre de portones para ejercer un mejor control”, agregó.

No menos destacable es que se permitirá realizar velatorios en la capilla de la necrópolis. “Existe gente que no puede pagarlo. Entonces con esta propuesta podrían hacerlo durante 4 horas, en el horario a convenir”, indicó.

La normativa actual es consideraba “muy básica” porque no contemplaba muchas situaciones que, a diario, se suceden y generan confusiones. “Sucede con los indigentes, que no puede pagar nada, y no tienen todo a su favor”, manifestó el funcionario.

De aprobarse la propuesta, el Municipio contemplará una sepultura y un féretro. No así el velatorio, que podrá optarse por la capilla situada en la entrada del cementerio. “En el caso de la sepultura, después de los 6 años si la situación continúa siendo la indigencia, continúa existiendo la gratuidad, previo informe de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad”, dijo Devito. 

El Concejo Deliberante analizará la posibilidad de que las dos cuadras frente a plaza Constitución por calle Pellegrini tengan, como en Hipólito Yrigoyen, estacionamiento a 45 grados para ordenar el tránsito en los horarios de entrada y salida de la escuela.

Los concejales de la Unión Cívica Radical elevaron el proyecto de ordenanza, que este jueves ingresó formalmente y será debatido en las comisiones correspondientes.

El caos vehicular que se produce en cada ingreso y egreso al Instituto Nuestra Señora del Socorro, donde concurren unos 1.200 alumnos, divididos en dos turnos, es una constante.

"Se observa allí una alta demanda de estacionamiento", dice el proyecto de los radicales, que advirtieron "estacionamiento paralelo e irregular en diversos momentos del día".

En ese sentido, los ediles de la UCR señalaron que "además de las cuestiones atinentes a las infracciones de tránsito, implican un riesgo para peatones y vehículos".

El concejal Martín Rivas presentó un proyecto de ordenanza proponiendo un “Programa de Incentivos Fiscales e Impositivos”, que faciliten la radicación y ampliación de PyMEs en nuestro distrito.

“Toda empresa que decida invertir en San Pedro es más trabajo, menos desarraigo y más desarrollo”, sostiene Rivas, quien a su vez señaló que “es fundamental promover la creación de empleo privado, lograr que se instalen industrias en San Pedro y que el municipio recupere todo su esplendor”.

Pese a que el espíritu de la iniciativa es destacable, no tuvo presente que la Municipalidad ya cuenta con una norma que adhiere al Régimen de la Ley Provincial N° 13.656 de promoción industrial.

La Ordenanza 5834/09 establece “la instrumentación de un programa de ‘Política de Promoción y Fomento Industrial del Municipio de San Pedro’ teniendo como meta la promoción y el desarrollo de la actividad industrial en el partido, tendiendo a la radicación de nuevas industrias, su habilitación, su funcionamiento, la ampliación y crecimiento de las existentes, fomentando la cultura de la industrialización, la manufactura y la producción”.

Tanto para instalación o remodelación, las empresas pueden acceder al beneficio de hasta ocho años de exención en las tasas y los derechos municipales.

Con esta ordenanza se facilitó la llegada de Coplac, la autopartista brasileña, que durante varios años funcionó en San Pedro.

Después de la reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA), llevada a cabo en Escobar, el concejal Martín Rivas presentó un pedido de informes pretendiendo saber los alcances del encuentro, y como correlato, un proyecto de ordenanza para crear la Dirección de Producción Minera en el organgrama municipal.

Rivas tomó conocimiento de la participación del intendente Cecilio Salazar y, quizás, de la existencia del CONINDELTA, organismo que conforman los distritos del noreste de la provincia de Buenos Aires, ubicados a la vera del río Paraná, entre San Nicolás y San Fernando.

La inquietud del edil pasa por querer saber los temas que se abordaron junto al ministro de Gobierno, Carlos Alberto Bianco, porque a su entender “han transcurrido 52 años desde la creación, sin que a ojos vista se evidencien los beneficios del mismo y el resultado de su acción, cuando ha sido investido de la administración del importantísimo recurso arenero adjudicado a la Provincia, del cual podrían ser beneficiarios todos los bonaerenses y no solamente los municipios ribereños”.

Además solicita saber cuál es el motivo por el cual no se cumple el mandato legal, y la presidencia se halla desde septiembre de 2012 en poder del Municipio de San Nicolás, las frecuencias de reunión, y la presentación de las actas y los balances de los últimos cuatro años, especialmente donde se consigne el canon arenero, principal recurso de los municipios que deben volcarse exclusivamente en obras relacionadas con la ribera.

Específicamente sobre San Pedro, Rivas quiere saber los metros cúbicos extraídos por las areneras locales y los controles realizados.

Desde su nacimiento, el CONINDELTA tuvo controles, que fueron los policías mineros. Y lo recaudado por el canon, en el caso de San Pedro se emprendieron varias obras, siendo una de las más salientes el Vía Crucis en la zona de la Aduana. Claro, eso fue durante la gestión de Mario Barbieri, cuando la ciudad contaba con recursos propios para algunas obras.

Es evidente que el tema repercutió en el concejal, que considera que esto debe ser un importante ingreso para el erario, distante de lo declarado en el presupuesto oficial del Municipio, que para este año figura con un estimado de 3 millones de pesos, una cifra muy modesta si se toma en cuenta el potencial de explotación local.

Por lo tanto, para darle una mayor importancia, considera que “debe agrandarse el Estado Municipal”: propone la creación de la “Dirección de Producción Minera”, dentro de la estructura de la Secretaría de Producción, cuya denominación pasaría a ser de “Producción, Industria, Comercio y Minería”.

La concejala Vanina Cappelletti, que pretende un monobloque denominado Juntos Pro aunque lo impide el reglamento, presentó un proyecto de ordenanza que deberá ser modificado, reformulado o desechado por completo puesto que pretende regular una actividad que ya está reglamentada en San Pedro.

La edila elevó una propuesta para adherir a la ley provincial que regula las salas de teatro independiente y otros espacios culturales de esa índole, algo que el Concejo Deliberante hizo en el año 2012, tras una iniciativa del exedil Abel González que se enriqueció en las comisiones, sobre todo por el trabajo del exedil Martín Pando, de fluida relación con el ambiente artístico local.

En su proyecto, Cappelletti sólo propone adherir a la ley provincial. Es decir que no contempla ninguna particularidad local. Ni siquiera hay un artículo que derogue la ordenanza vigente o alguna consideración que argumente que esta adhesión es superadora.

Todo ello ya es indicio de que la concejala Cappelletti pareciera desconocer la existencia de la ordenanza

Pero además, lo dice en los considerandos, donde no sólo no hace alusión alguna a esa normativa local sino que además señala que "adherir a esta ley Provincial 15302 permitirá al Municipio de San Pedro la regulación de las Salas de Teatro, Centros Culturales y Espacios Culturales Alternativos, brindando a la ciudad de San Pedro espacios culturales habilitados como corresponde".

Ello implica que la concejala Vanina Cappelleti, electa en la lista de Juntos Por el Cambio en 2021 —es decir transita su tercer año de mandato— no sabe que en San Pedro esa actividad ya está regulada y que existe una normativa vigente para "habilitar como corresponde" ese tipo de emprendimientos culturales.

Incluso la normativa local es más restrictiva, puesto que, por ejemplo, limita en un máximo de 150 el factor ocupacional de estos espacios, en lugar de los 300 que dispone la ley provincial.

Quizás esta fallida iniciativa de la concejala Cappelletti permita devolver el necesario debate sobre el tema.

La ordenanza vigente necesita reformulaciones, adecuaciones y hasta ampliaciones en su contenido para que contemple la realidad de los espacios culturales alternativos que funcionan en la ciudad.

En el Gobierno, con el que Cappelletti ha mostrado buena relación pues generalmente vota a favor las iniciativas del oficialismo, hay quienes analizan alternativas para el tema —como las que repasó La Opinión en 2016 ante un debate al respecto— pero no fueron consultados por la concejala para este proyecto de ordenanza.

Si, como dicen para señalar que hay que dejar todo asentado, “gobernar es escribir”, en el caso de los concejales la normativa local que regule la vida en común de la ciudad, también lo es leer.

El Concejo Deliberante tiene un digesto que se puede consultar en la web y también tenía un archivo interno que la empleada jubilada Adriana Brokman se ocupó durante años de llevar prolijamente. 

Como ya se escribió en estas páginas cuando ocurrieron situaciones similares, no es la primera vez que concejales pretenden legislar sobre lo ya normado y es difícil saber todo dentro de la legislación vigente, pero hay un camino previo para evitar la repetición y el vano esfuerzo.

Por lo general, cuando un concejal quiere abordar un tema lo primero que hace es verificar lo que existe al respecto para establecer si es necesario proponer reformas, adecuaciones, derogaciones o simplemente exigir el cumplimiento al Ejecutivo de la normativa vigente. Todo indica que en este caso, no sucedió.

Hoy 6 de Enero el decano de los periódicos cumple un siglo de impresiones, noticias y sociales. Desde la vieja imprenta con tipografías a elección a la era digital, El Imparcial sobrevivió a todas las tempestades incluída la pandemia.

En honor a los fundadores del periódico sampedrino, José Montero y José Mórtola, el bloque Juntos UCR presentó un proyecto de ordenanza que ya ingresó al Concejo Deliberante.

El proyecto firmado por Alejandro Donatti, Lucas Pisani y Paola Basso alude “a uno de los acontecimientos trascendentes del año, por tratarse del primer medio gráfico vigente en llegar a los 100 años ininterrumpidos de actividad”.

Los concejales proponen declarar al año 2023 como “Año del Centenario del Periódico El Imparcial” y considerar de “Interés Municipal” todos los eventos celebratorios programados.

En sus imperdibles recuerdos en redes sociales, Jorge Bolla escribió un sentido mensaje para el medio gráfico que acompañó el latido de la ciudad:

“El decano del periodismo sampedrino cumple un siglo. El 6 de enero de 1923, El Imparcial apareció por primera vez en San Pedro. La ciudad tenía sólo 16 años cuando José Montero y José Mórtola idearon el semanario que muy pronto contó con la aprobación de las familias por su información seria, variada y amplia, abarcando no sólo el sector urbano, sino la pobladísima zona rural. Para los hogares fue una compañía los sábados, día de aparición hasta 1968, cuando se lo adelantó un día, hasta que en 1993 se convirtió en bisemanario con salidas de lunes y jueves. Notas sociales, deportivas, comunitarias y una opinión política clara y bien intencionada, motivaron la credibilidad de El Imparcial. Por sus páginas desfilaron plumas talentosas, articulistas e editorialistas que brindaron al semanario la seriedad que lo caracteriza hasta el presente. Actualmente, el único que se mantiene vivo en el papel, y eso también lo simboliza como el medio con mayor trayectoria ininterrumpida en San Pedro; en el país, El Imparcial también ocupa un lugar de privilegio entre las publicaciones con mayor cantidad de permanencia sin pausas.

Demasiado breve esta semblanza para tanta historia y sin mención de quienes más sobresalieron en sus páginas, por el temor al olvido y porque todos fueron valiosos en el momento de acercar sus colaboraciones. Seguro gente más destacada y que tienen mejor visión cronológica del siglo, podrán brindar un panorama más amplio de la prolífica vida de El Imparcial, que resultó clave en el crecimiento de la ciudad, no sólo informando sino mencionando necesidades y apuntalando el progreso exaltando lo correcto o criticando lo que merecía mejorarse o corregirse.

¡Un siglo! ¡Centenario! ¡100 años! Sampedrinos que siempre lo miraron con orgullo, saben de qué se trata.

¡Feliz cumpleaños, El Imparcial!”