El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos e higiene urbana que presta la empresa Ashira con contrato precario.

Ahora, el Ejecutivo tiene la ordenanza sancionada y debe confeccionar el decreto de promulgación y publicarlo en el Boletín Oficial. Luego, hará la convocatoria para que las empresas interesadas presenten ofertas.

El servicio que deberá prestar la firma adjudicataria será el de recolección de residuos y barrido de calles pavimentadas en San Pedro, puesto que en las localidades lo asumirá el Municipio.

Para las delegaciones municipales el Gobierno dispondrá el personal propio que ya colaboraba en esa tarea y sumará equipamiento, que es lo que aportaba Ashira, más el chofer.

Para ello, el Concejo y Mayores Contribuyentes aprobaron el endeudamiento vía leasing para la compra de un camión compactador que se utilizará en ese servicio.

El proceso para la adquisición de ese vehículo ya está en marcha. El expediente fue al Ministerio de Economía y de ahí irá a Provincia Leasing. También pasará por el Tribunal de Cuentas.

El endeudamiento es por 329 millones de pesos y el trámite, aseguraron desde el Ejecutivo "es rápido", por lo que podrían comenzar a prestar el servicio en breve.

Ashira tiene a su cargo la tarea mientras se desarrolla el proceso de llamado a licitación gracias a sucesivas prórrogas aprobadas en el Concejo.

Ingresará formalmente este jueves al Concejo Deliberante para su tratamiento el llamado a licitación pública para el servicio de recolección de residuos y de higiene urbana.

El pliego contempla los servicios de recolección domiciliaria y disposición final de los residuos sólidos urbanos y el barrido manual de calles pavimentadas, con mapa de recorridos incluido, pero sólo para San Pedro.

También prevé la colocación de “40 cestos papeleros" en "los sitios que indique la Municipalidad”, según señala el documento con el que se convocará a las empresas a elevar propuestas.

El pliego prevé la posibilidad de sumar servicios adicionales cuando haga falta —en urbanizaciones nuevas y previo paso por el Concejo— y abre la puerta a que el Municipio utilice “equipos y personal propio” allí donde lo considere necesario.

Es que el Gobierno contratará una empresa para prestar el servicio sólo en la ciudad cabecera: el pliego no contempla a las localidades.

Para ello, también enviaron al Concejo Deliberante un proyecto para que autoricen un contrato con Provincia Leasing por casi 329 millones de pesos para comprar "un equipo compactador destinado al tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios de la Delegaciones municipales".

Así, la Municipalidad se hará cargo del servicio en las localidades con equipamiento y personal propio, toda una novedad para el distrito desde que tercerizó la prestación.

Hasta ahora, Ashira pasa dos veces por semana por cada localidad con camión propio y su chofer, más dos empleados municipales. El pliego contempla que lo que hacía la empresa lo hará el Municipio.

La última licitación fue en 2015 y quedó desierta. 

En esa oportunidad, no se presentó ni siquiera Ashira, empresa que tiene a su cargo esa tarea en San Pedro desde hace décadas.

Desde ese momento y hasta ahora se firmaron sucesivas prórrogas. La última corresponde al período marzo-septiembre, es decir que venció al comienzo del mes en curso, y también debe ser convalidada por el Concejo.

Es decir que, una vez más, el Ejecutivo enviará a convalidar una prórroga que está vencida por lo que se verán obligados a firmar otra hasta tanto haya adjudicación del nuevo llamado a licitación.

En abril pasado, cuando aprobaron la prórroga que venció en marzo, el entonces presidente del bloque oficialista, Juan Cruz González, había anunciado que estaban confeccionando el pliego que ahora enviaron al Concejo para su convalidación.

En septiembre, la redeterminación de precios con Ashira hizo que el servicio que presta en San Pedro tuviera un costo de más de 166 millones de pesos.

La última prórroga del contrato con la empresa Ashira, vencido hace más de 10 años, había quedado sin efecto el 31 de diciembre. Por eso, el 4 de enero el intendente Cecilio Salazar firmó un convenio para una nueva extensión por tres meses que, como establece la ley, debía ser convalidado por el Concejo. Sin embargo, ese acuerdo fue enviado para su tratamiento el 12 de marzo pasado y recién fue aprobado este viernes, a cinco días de que haya quedado perimido.

Nadie explicó en el Concejo los motivos de semejante demora. Tampoco, más allá de la queja, la oposición lo exigió. La prórroga de tres meses, que ya venció, fue aprobada, y ahora, ya abril, Ashira sigue operando, una vez más, sin marco legal vigente. Como dijo Sergio Rosa, "esto no es una verdulería", pero sí.

En sesión, el presidente del bloque de concejales que responde al intendente Cecilio Salazar, Juan Cruz González, anunció que "el Ejecutivo está trabajando en un nuevo pliego para que se llame a licitación para el servicio" de recolección de residuos e higiene urbana.

No es la primera vez que el oficialismo hace un anuncio similar. Incluso, desde aquella licitación que quedó desierta en 2015, cuando el concejal Fabio Giovanettoni estaba al frente del Ejecutivo por la renuncia de Guacone, cada vez que mandan una prórroga para convalidar repiten que están "trabajando" para un nuevo pliego. Pasaron nueve años.

Ashira cuesta 117 millones de pesos al mes, desde enero. El oficialismo les dijo al resto de los ediles en la reunión de comisión en la que rápidamente trataron el expediente, que si no aprobaban la prórroga la empresa no podía cobrar. Por eso, por ejemplo, los radicales consideraron que había que acompañar el convenio y así lo hicieron.

En la sesión, González dijo que el expediente ingresó "pasada la última sesión ordinaria del año 2023, y se trabajó en la comisión que corresponde, con el tiempo que corresponde, participaron los integrantes de la comisión que querían participar del tratamiento de los expedientes". 

No es cierto: el expediente fue elevado el 12 de marzo, a pesar de que el Gobierno firmó el convenio el 4 de enero, e ingresó formalmente para su tratamiento en comisión en la sesión del 14 de marzo, la primera ordinaria del año. Tuvo lo que se conoce como "tratamiento exprés" y hasta se apuraron a incluir el dictamen en una sesión extraordinaria que en realidad tenía otra premura: darle ingreso a la Rendición de Cuentas 2023.

Ni los concejales del oficialismo ni los de la oposición ni los integrantes del Ejecutivo  municipal dicen públicamente lo que es un secreto a voces en los despachos del Municipio: hace casi 10 años que no llaman a licitación porque, dicen en off, saben que va a pasar lo mismo que en 2015.

Ese año intentaron reformular los términos del servicio y no se presentó nadie, ni la propia Ashira, que se quedó esperando que el vacío generara emergencia para ofrecer una prórroga a través de un contrato precario que ya no es el del pliego original que Basso quiere ahora fiscalizar con la comisión que nunca funcionó.

Acaso la empresa prefiera esta precariedad contractual. El Gobierno, en la cotidinaeidad, entiende que no tiene la espalda suficiente para hacer frente a una batalla que ya perdió en una situación de crisis en 2015, que intentó remontar con Sánchez Negrete y el descuento de los intereses de la deuda de aquel entonces.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo, el filooficialismo y los "aliados de la gobernabilidad" se encogen de hombros mientras la oposición instagramera —la que va al Concejo, porque algunos ni eso— vocifera. ¿Soluciones? No muchas. Parche sobre parche y a seguir.

Basso cumplió con aquello que repite Guillermo Moreno acerca de que los peronistas trabajan apurados sobre la marcha mientras los radicales miran y controlan pero no mucho más, y antes de que su bloque levantara la mano para convalidar la prórroga pidió por "el tema de los atrasos y las irregularidades en el tratamiento de estas cuestiones" porque "el expediente entró tarde".

En ese marco, la abogada que fue subsecretaria Legal y Técnica del Gobierno de Cecilio Salazar que cumplió en diciembre ocho años de gestión sin confeccionar nuevo pliego para llamar a licitación para el servicio que presta Ashira pidió la "conformación urgente de la comisión de seguimiento y fiscalización para el cumplimiento del pliego licitatorio". ¿Qué pliego? En 2016 todo cambió con el contrato de emergencia que incluso redujo los servicios.

El Gobierno de Cecilio Salazar, que tiene a Alfredo Carrasco como intendente interino por estos días, ya firmó, confirmaron a La Opinión, una nueva prórroga mientras, como anunció Juan Cruz González, confecciona el pliego para llamar a licitación, que deberá convalidar el Concejo Deliberante, que la semana que viene tiene sesión ordinaria. ¿Llegará con tiempo esta vez?

Tras el feriado extralargo de Semana Santa que impidió el desarrollo de la sesión ordinaria del jueves pasado, el Concejo Deliberante tendrá una extraordinaria este viernes a las 8.00 de la mañana para dar curso a algunas urgencias que tiene el Gobierno de Cecilio Salazar, que está de licencia por vacaciones.

Además de la urgencia que se entiende puede tener el ingreso de la Rendición de Cuentas elevada a última hora administrativa del miércoles pasado, íultimo día hábil antes del feriado, incluyeron dictámenes de comisión, que bien podrían ser tratados la semana que viene en sesión ordinaria.

Las comisiones dictaminaron tres expedientes que vienen atrasados en su tratamiento, sobre todo porque el Ejecutivo los envió muy tarde, y tienen que ver con convalidar convenios relacionados con servicios públicos y con una obra que no se va a hacer como estaba prevista.

Además, ingresarán formalmente los expedientes de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 —este martes por la mañana todavía no habían terminado de escanear los anexos para que comience el análisis— y el pedidio de convalidación de los "excesos presupuestarios" del año pasado.

El oficialismo tiene los votos necesarios para aprobar los tres expedientes dictaminados en comisión, de los cuales hay acuerdo con la oposición en uno, el de la rescisión de la obra del Laboratorio del Hospital, que la semana pasada explicó ante los ediles el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas.

Los otros dos son más "vidriosos" a los ojos de los ediles opositores: la nueva prórroga con Ashira y la extensión del contrato con Vercelli por el servicio de transporte público de pasajeros.

El contrato con Ashira tiene más de 10 años vencido y desde entonces se prorroga constantemente, tras la fracasada licitación de 2015 en la que no se presentó nadie, ni siquiera la empresa que presta el servicio.

La oposición se queja desde siempre sobre el asunto. Incluso quienes ahora celebran al intendente Cecilio Salazar tras haber sido acérrimos opositores supieron estar en contra de las sucesivas prórrogas.

Tiene esta nueva extensión del contrato la particularidad de que ya está vencida: era por tres meses, hasta el 31 de marzo. Lo peor es que el Gobierno firmó ese convenio el 4 de enero, ad referéndum del Concejo, pero recién lo mandó para su convalidación el 28 de marzo, tres días antes de que quede perimido.

Con la prórroga de Vercelli ocurre algo similar. El contrato venció el 9 de diciembre y el Gobierno decidió no llamar a licitación. Para ello, hará uso de la cláusula de extensión que aparece en el pliego original, que permite prorrogar por un tercio del total del contrato, es decir por tres años y cuatro meses.

En este caso, la decisión de demorar el tratamiento fue de los concejales del oficialismo, que dominan las comisiones. El expediente ingresó a fines de noviembre, cuando todavía no había asumido la actual composición del cuerpo. Sin embargo, ni siquiera le dieron ingreso formal.

Ello ocurrió recién en la primera sesión ordinaria del año, es decir hace tres semanas. Ese fue el tiempo, con feriado extralargo de por medio, para que los ediles lo analicen en la comisión de Servicios Públicos, que preside el concejal que conduce la bancada que responde al intendente Cecilio Salazar, Juan Cruz González.

Para aprobar ambas prórrogas, el oficialismo necesita mayoría absoluta, es decir 10 votos y los tiene, porque a los nueve propios se le suma siempre a favor la concejala del monobloque no autorizado Juntos-Pro, Vanina Cappelletti.

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En otro insólito caso de demora para enviar expedientes al Concejo Deliberante, el Gobierno remitió para su tratamiento un pedido de convalidación para prorrogar una vez más el contrato con la empresa de recolección de residuos Ashira, cuyo vencimiento operará a fin de mes.

Ashira, cuya concesión venció hace más de 10 años y ante la licitación desierta —se convocó en 2015 y no se presentó ni siquiera esta empresa— prorroga constantemente el contrato, firmó con el Gobierno una nueva extensión, puesto que el 31 de diciembre operó el vencimiento de la que el Concejo aprobó el año pasado.

Ese convenio, que prorroga por tres meses, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el contrato vigente, fue firmado el 4 de enero pasado. Sin embargo, el Ejecutivo recién ahora envió el expediente al Concejo, que debe ingresarlo formalmente, enviarlo a comisión, dictaminarlo y tratarlo en el recinto en la siguiente sesión, es decir el jueves 28 de marzo, tres días antes de que quede perimido.

A la firma del convenio, en enero, el costo operativo de Ashira para el Municipio ascendió a 117 millones de pesos, informó en ese momento a La Opinión el secretario de Economía Roberto Borgo. 

Como desde hace más de una década, la tasa del servicio es deficitaria en la emisión, es decir que aun si pagaran todos los contribuyentes —en 2023 el porcentaje de cumplimiento en ABL fue del 63 por ciento— no alcanzaría para cubrir el total de lo que vale el servicio.

La última prórroga fue aprobada a fines de noviembre, a un mes de que venciera, con severas críticas de la oposición, que expresó en el recinto su descontento por el desmanejo del Gobierno respecto de las responsabilidades que tiene el Concejo en este tipo de expedientes, al tiempo que exigieron “que se pongan a trabajar” en un nuevo pliego para llamar a licitación.

El servicio de recolección de residuos e higiene urbana seguirá a cargo de la empresa Ashira de manera precaria, luego de que el Concejo Deliberante apruebe la prórroga que hasta diciembre firmó el intendente Cecilio Salazar con el presidente de la compañía.

La continuidad es una nueva extensión del contrato de 2008, puesto que desde su vencimiento la única licitación a la que se llamó tuvo lugar en 2015, durante el interregno del entonces concejal Fabio Giovanettoni en el Ejecutivo, que quedó desierta porque nadie se presentó a la convocatoria, ni la propia Ashira.

El servicio en la actualidad cuesta alrededor de 42 millones de pesos y su actualización está atada a importes de insumos que incrementan constantemente. Además, la tasa de es deficitaria en su emisión: es decir que aunque todos los contribuyentes pagaran no alcanzaría para cubrir el costo operativo.

El 30 de junio pasado venció la prórroga de hecho prevista en la última ordenanza, la que la oposición aprobó no sin reparos y con la exigencia de que se resuelva “la cuestión de fondo”. Ello no ocurrió y Cecilio Salazar terminará su segundo mandato sin haber llamado a una nueva licitación para darle un marco de mayor previsibilidad al asunto.

La última extensión del contrato fue por dos años. En esa oportunidad, el reciemente devenido oficialista concejal Juan Cruz González dijo que era necesario aprobarlo porque la licitación había quedado “desierta”. En realidad, el Ejecutivo nunca la había convocado por “la incertidumbre marcada por la pandemia”.

Aunque la problemática del coronavirus COVID-19 cejó, en estos dos años que pasaron desde que el Concejo aprobó la última prórroga no hubo diseño de un pliego de bases y condiciones para la licitación. Se sabe que no es fácil: las empresas que operan en el país son pocas y, dicen por lo bajo en todos los municipios, tienen “repartido” el mapa.

Ahora, para pedir una nueva extensión del contrato, en esta oportunidad hasta fin de año, el Gobierno reconoce, una vez más, que “resultar necesario efectar un nuevo llamdo a licitación” y asegura que está “trabajando en la confección de un pliego licitatorio” que viene demorado porque “resulta imperioso realizar un análisis pormenorizado del servicio” por “la expansión y ocupación de nuevos sectores en la ciudad”.

“A fin de darle un marco de previsibilidad tanto a la población como a la empresa para garantizar la contínua y efectiva prestación del servicio, cuya suspensión ocasionaría un severo trastorno a los ciudadanos, se propone la extensión a mediano plazo”, señala el expediente.

Esa prórroga —que el oficialismo aprobará, porque tiene los votos suficiente aun si la oposición votara en contra— vencera 21 días después de que comience el mandato gubernamental 2023-2027, cuyo responsable se definirá en las elecciones del 22 de octubre próximo.

Gane el oficialismo o la oposición, todo indica el Concejo deberá volver a tratar una prórroga para el ejercicio económico 2024, puesto que los tiempos para una licitación están prácticamente agotados para lo que resta del año.

En 2017, el Gobierno acordó con la empresa el pago de una deuda que había quedado de los ejercicios 2014 y 2015, una negociación que incluyó una quita significativa pero también la eliminación del servicio de barrido mecánico.