En medio de un escenario cada vez más complejo, transportistas advirtieron que la actividad se volvió insostenible debido al fuerte aumento del combustible y la falta de actualización en las tarifas.

En Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombretch, Bruno b, representante local de Fatrac, explicó que el reclamo surgió tras una suba abrupta del gasoil, que llegó a incrementarse alrededor de un 20% en pocos días.

“El impacto fue inmediato y nos dejó con un desfasaje del 15 o 16 por ciento en los costos”, señaló.

El conflicto se profundizó luego de una reunión en el Ministerio de Transporte, donde no se logró un acuerdo entre transportistas, productores y acopiadores. Mientras el sector pedía una actualización acorde al aumento del combustible, la propuesta fue inferior y no alcanzó consenso.

“Estamos trabajando y perdiendo dinero. No estamos pidiendo otra cosa que cubrir el impacto del gasoil”, remarcó Correa, quien también señaló que la actividad implica múltiples costos, como mantenimiento de los camiones, sueldos, seguros e impuestos.

Además, advirtió sobre el riesgo que enfrentan en caso de conflictos en las rutas: “Si hay cortes o daños, los seguros no cubren. Es una situación muy delicada”.

En paralelo, distintas zonas productivas comenzaron a resentir la actividad, con localidades donde el servicio ya se encuentra parcialmente paralizado. En ese contexto, los transportistas evalúan los pasos a seguir mientras esperan una nueva convocatoria para retomar las negociaciones.

“Volvimos sin respuestas y con la incertidumbre de no saber cómo seguir. Es una situación crítica”, concluyó.

Las empresas transportistas de granos y los productores agrarios no alcanzaron acuerdo en la reunión que convocó la Comisión Asesora del Transporte del Agro y pasaron a un cuarto intermedio en el marco de un conflicto que empieza a escalar.

Los dueños de camiones consideraron que las tarifas deberían incrementarse entre el 15 y el 25 por ciento respecto de febrero, sobre todo tras los últimos aumentos de combustibles registrados en el país.

Sin embargo, en la reunión Carbap consideró que la tarifa está entre un 10 y un 15 por ciento por debajo de lo acordado en febrero y la Federación de Acopiadores ofreció un incremento del 10 por ciento.

"La instancia que estamos viviendo hoy es muy particular porque debido al tema de la guerra y todo, es que los combustibles han subido un montón", dijo  La Opinión Bruno Correa, representante local de Fatrac.

"Hoy por hoy estamos en estado de alerta", señaló y agregó: "Si los dadores de carga nos convocan para cargar para puerto, es una incertidumbre, porque sabemos que hay convocatoria de transportistas en las rutas".

"La intención nuestra no es cortar el servicio pero tampoco trabajar a pérdida"., dijo Bruno Correa, de Fatrac.

Fetra (Federación de Transportadores Argentinos), Fatrac (Federación Argentina de Transporte de Cargas) y Atcade (Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos) y Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) coincidieron en señalar un aumento de la estructura de costos de entre el 15 y el 17 por ciento, a lo que sumaron ajustes pendientes para alcanzar el 25 % solicitado.

La Federación de Acopiadores dijo que no está en condiciones de convalidar nuevos aumentos y Carbap planteó que debería absorberse las diferencias en el esquema de descuentos aplicados sobre la tarifa vigente.

Mientras tanto, transportistas autoconvocados ya habían iniciado acciones directas en algunos puntos de la provincia, por lo que es posible que haya protestas en las rutas camino a la nueva convocatoria por parte del Ministerio de Transporte bonaerense.

El Concejo Deliberante de Azul aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que habilita a los vecinos y productores rurales a contratar directamente con empresas constructoras para ejecutar obras de infraestructura vial rural como  alcantarillados y mejoras de caminos a lo largo de los 1.400 km de extensión.

Como contrapartida, el Departamento Ejecutivo podrá eximir hasta el 100 % de la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural a quienes financien los trabajos, en reconocimiento del aporte realizado.

La norma, impulsada por el gobierno del intendente Nelson Sombra, establece que las contrataciones podrán realizarse sin necesidad de licitación previa, siempre que las obras no estén en proceso de licitación por parte de la Dirección de Vialidad Rural.

Además, los frentistas y el Ejecutivo municipal deberán firmar un acuerdo de conformidad y distribución de los costos, mientras que las empresas constructoras estarán obligadas a publicar un edicto informando las condiciones de ejecución y pago.

Las obras solo podrán comenzar una vez abonado al menos el 50 % del costo total, y las empresas deberán ofrecer garantías bancarias o seguros de caución en caso de pagos anticipados.

También se creará un Registro de Contratistas de Obras bajo la modalidad Vecino–Empresa, donde deberán inscribirse las firmas interesadas en participar del sistema.

En diálogo con LaNoticia1.com, el presidente de la Sociedad Rural de Azul, Gabriel Palmisano, celebró la iniciativa, aunque advirtió que “no es la solución definitiva”.

“La ordenanza es una herramienta más para el productor. El que la quiere usar, la usa, y el que no, no. Hoy el partido de Azul está caótico en el tema caminos. Hay muchos productores que ya los están arreglando por sus propios medios, y esto al menos les permite recuperar algo mediante la tasa”, señaló.

Palmisano explicó que la herramienta será útil para pequeños tramos o caminos de bajo tránsito, donde los vecinos pueden organizarse y financiar las mejoras en conjunto.

En cuanto a la propuesta, dijo que “nosotros estamos de acuerdo porque es una herramienta que se va a dar al productor. Hay caminos puntuales donde se va a poder usar y otros que no se va a poder utilizar, que tienen mucha transitabilidad. Y ahí, lamentablemente, hay que esperar nuevamente al Municipio para que pasen las máquinas.

"En calles angostas o caminos de poco tránsito, que hoy no pueden pasar por la cantidad de agua que hay y donde la máquina pasa alguna vez cada tres años, entre dos o tres vecinos se pueden poner de acuerdo y poner la plata entre ellos”, dijo Palmisano.

Destacó que él y otros productores están de acuerdo: “Estamos a favor porque es una herramienta. No creemos que sea ni bueno ni malo ni para uno ni para otros. Permite salir del paso y dar tránsito a todos los caminos”.

Finalmente, el titular de la Sociedad Rural de Azul fue más ilustrativo con lo que implica carecer de caminos accesibles, no solo para la producción.

 “Nosotros vamos más allá, digamos, uno no lucha por lo que es vender o comprar una jaula de animales, estamos peleando por la educación de la gente. Este año hay tres escuelas que no arrancaron las clases", señaló.

"Eestamos hablando de lo que es educación, de lo que salud y de lo que es una emergencia policial. Hay ambulancias que no pueden pasar, policías que no pueden hacerlo si hay un llamado, porque en los caminos hoy en día se encajan hasta tractores y las vacas pasan nadando arriba del camino. Estamos complicados verdaderamente”, agregó.

Un caso particular sobre la problemática que enfrentan los productores con los caminos rurales fue el que expuso Rogelio Peter.

En Sin Galera, el conocido productor del paraje Ingeniero Moneta mantuvo una extensa charla con Rafael Flaiman en la que contó el tipo de tratamiento que recibe la red vial.

Para Peter, el estado “es deplorable porque no hay mantenimiento. Están terriblemente rotos”. 

Resaltó la falta de criterio para el trabajo al indicar que el jueves último apareció una máquina, justo antes de la tormenta anunciada.

“Le dije: ‘para qué la mandaron si va a llover’. Y llovió. Es joda”, cuestionó. A su vez, sostuvo que “una rastreadita” no resuelve nada.

“El camino está abandonado. No hay cuneta. Las malezas las invadieron. Cada vez que llueve el agua queda arriba del camino. Además, está angosto. Si viene otro auto de enfrente tenés que dar marcha atrás o meterte en la entrada a un campo”, ilustró.

“Así no se puede sacar la cosecha de soja. Trabajé dos días y por el estado del camino, el camión solo podía transportar cereal con el chasis, nada de un equipo completo”.

También señaló las pocas maquinarias existentes para cubrir los 1.600 kilómetros de la red vial, y algunas particularidades, como una máquina que está tirada hace varios meses en el camino que une Moneta con el paraje Beladrich.

Otro punto que Peter quiso resaltar fue el inconveniente que se le presenta desde mayo de 2024, cuando una lluvia se llevó un alcantarillado sobre un camino que le permitía acceder a su campo a orillas del río Arrecifes. 

“El problema es grave. La lluvia se llevó los puentes de las alcantarillas hace casi un año y no tengo acceso al campo. Para hacerlo tengo que pedir permiso en la estancia El Manantial", contó.

"Por donde lo hacía antes no puedo ni a pie ni a caballo porque cruza un canal y cuando llueve mucho pasa mucha agua. Y al no ser utilizado durante un año, ahora está invadido por las malezas”, detalló.

“La solución es colocar alcantarillas grandes”, consideró. “Estuve en contacto con la Municipalidad, vinieron empleados a verlo, dijeron que iban a colocarlas, pero nunca aparecieron. Me dijeron el lunes vamos, pero no me dijeron de qué año”, se quejó Peter.

“Estoy como aquella persona que le pide permiso al vecino para ingresar a su casa. Y los días lluvias no puedo ingresar porque le rompo el camino a la estancia”, acotó.

Peter también fue uno de los productores que ofreció colaborar para que le resuelvan el problema que padece. 

“Hasta el momento no pasó nada. He hablado con Sergio Barrios (delegado de Santa Lucía), Juan Bronce (director de la Red Vial), el secretario de Obras Públicas (Mariano Brañas)”, continuó y cuestionó la falta de respuesta del Municipio.

Además de ser, como tantos otros, un productor que abona regularmente la Tasa de Red Vial por una contraprestación de servicios que no se cumple, con un ejemplo trató de ser contundente sobre la realidad de la zona: “La escuela de Moneta habrá tenido 10 días de clases en lo que va del año”, por la lluvia caída y la falta de arreglo de los caminos.

“Esto es un reclamo desde hace mucho tiempo. Comienza a hacerse en enero y febrero para enfrentar la cosecha en otoño”, explicó Edgardo Salmoiraghi, productor y presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

“Están todos los caminos destruidos, y destruidos por pozos. Cuando hablan de “San Pedro Productivo”, es por “productivo de pozos”, ironizó sobre el estado de la red, queja unísona de toda la gente de campo en momentos en que están cosechando soja y recogiendo la batata.

Los productores rurales comenzaron a enviar documentos fílmicos y fotográficos a La Opinión sobre el estado en que está gran parte de la red de casi 1.500 kilómetros de extensión, después de los 30 milímetros caídos en las últimas horas.

La situación resulta apremiante en momentos en que se está levantando la soja, cosecha que se inició hace algunos días y sobre la cual existe premura en el pequeño productor por comercializar el resultado.

Como si fuese poco las penurias que la mayoría refleja respecto a la soja de primera, por los escasos rindes, el pequeño chacarero está necesitado de dar fin a una etapa, que le posibilitará recibir los magros resultados para enfrentar los gastos.

Salmoiraghi habló en Sin Galera y mostró algunos caminos reales, elementales para la salida de lo producido. En La Buena Moza permitió ilustrar el deterioro. “El camino seca en dos días y las huellas quedan para la gente que va a trabajar. No tienen por donde andar, con o sin barro”, indicó.

El presidente de la Rural cuestionó que el Municipio no se haga cargo de la Red Vial, “que es una contraprestación de servicios”. Contó la anécdota de los frentistas de la Ruta 9, que tiene una colectora que también es un desastre, y pagan Red Vial. Y cuando pedís una solución te dicen que no lo harán porque pertenece a Servicios Viales”, agregó.

No solo llegan reportes a La Opinión sobre los caminos secundarios que unen los campos con las redes principales, sino también de las aquellas vías que conectan las rutas con los parajes, en consonancia con lo expuesto por Salmoiraghi.

En un momento explotó contra el otro sector del poder político. “¿Qué hacen los calienta sillas de los concejales? Habría que llamarlos y ver quién viene con su auto”, expresó, mientras contaba que en el momento de sancionar los valores de la Red Vial “nadie consultó sobre el valor. Solo levantaron la mano”.

También hizo referencia a una reunión que mantuvieron con el secretario general Alfredo Carrasco, por el mismo motivo, donde los productores se manifestaron a favor de colaborar para encontrar una solución.

“Estuvimos dispuestos a colaborar, pero nunca pasó una lista de las necesidades”, refrendó.

El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de economía Martín Lousteau, durante la presidencia Cristina Kirchner, anunció la mentada Resolución 125.

Esto provocó un cimbronazo histórico entre el sector ruralista y el Gobierno nacional, que duró algo más de cuatro meses, hasta que el vicepresidente Julio Cobos decidió que su voto era “no positivo” cuando la medida fue tratada en el Senado.

La decisión de Lousteau promovía una reforma sobre las retenciones agropecuarias. Su decisión era elevarlas conforme al nivel de producción de cada productor.

La Sociedad Rural de San Pedro, en su momento encumbrada como el principal piquete del país, situado en la Ruta 9, sobre el acceso a Río Tala, recordó aquel momento:

“En este nuevo aniversario reafirmamos nuestro compromiso con los productores y la defensa de sus derechos. Estuvimos en la primera línea desde el primer día, enfrentando medidas que amenazaban la producción y el desarrollo del sector agropecuario”, comenzó indicando.

“Lo hicimos con convicción, con esfuerzo y con el acompañamiento de toda una comunidad que entendió que lo que estaba en juego era mucho más que una medida económica”, agregó la Rural, que a su vez recordó a aquellos dirigentes “que incluso fueron detenidos por defender al campo y a quienes ya no están, pero dejaron su legado de lucha y compromiso”.

Para la entidad, “su valentía nos impulsa a seguir atentos en este momento trascendental, en el que no podemos permitir que se repitan los errores del pasado. Las lecciones que dejó aquel conflicto nos enseñaron que el país necesita políticas que promuevan la producción, el trabajo y la inversión, en lugar de medidas que asfixien a quienes todos los días apuestan a la tierra con esfuerzo y dedicación”.

Finalmente, la dirigencia sampedrina ratificó mantenerse “firmes en la defensa del campo, del interior productivo y del futuro de nuestro país”.

“Tendríamos que enviar una cuadrilla matriculada a realizar el cambio del envío eléctrico en la zona y verificar el medidor para ver dónde se encuentre la falla. ¿Tendría algún inconveniente con el horario del corte de 16.30 a 18.30? Serían aproximadamente dos horas”, fue el comienzo de una extensa charla entre un productor local y un delincuente que intentó estafarlo.

“Y… le tendría que dar agua a las vacas y a los chanchos un rato antes. No tendría problema. Lo que pasa es que tengo al bebedero de los chanchos directo de la bomba”, fue la respuesta del chacarero.

La conversación telefónica continuó por esta senda, donde supuestamente se intentaba no incomodar la actividad agropecuaria del hombre de campo durante el corte del suministro.

Al principio comenzó a aceptar ciertas condiciones, pero estuvo atento a un posible engaño por algunas señales que se apreciaban en la conversación.

Quien se hacía pasar por operario de la CoopSer, ofreció hasta un grupo electrógeno cargado con gasoil para evitar que la bomba de agua discontinúe su trabajo.

“Me vendría bárbaro, porque hoy va a hacer calor. Y el flotante en el bebedero baja y arranca automáticamente la bomba. A esa hora es donde más agua van a tomar”, le explicó el productor.

-Tengo que enviarle todos los datos del corte. ¿Te lo podría pasar a este número que estamos hablando?, continuó el estafador.

-¿A este número…?- le respondió el productor.

-Sí, le envío el número de gestión del llamado, los datos de los matriculados que se presentarán y el número de serie y verificación del medidor con toda la información del corte.

-Sí, mándamelo. No hay problema. Qué sé yo…

-Cualquier cosa que pase en el horario del corte usted tiene con qué reclamar.

En un momento, el productor lo descontroló cuando comenzó a nombrarle a determinadas personas relacionadas con la CoopSer.

-De todos modos, yo soy muy amigo de CH, CA, HE...

- ¿De quién señor?

-De los chicos de la Cooperativa.

-Ah ¿Del encargado usted dice?

-Claro, de CA. Pasó esta mañana por acá.

-Bueno, bueno… Entonces, ¿le puedo enviar todos los datos correspondientes? Así dejamos asentada la gestión…

Aquí se produjo un cambio en la charla. El productor simuló arriar vacas, intentó desviarla, hasta que en un momento se descolgó con el “¿cómo te llamabas me dijiste?”.

-Hernán Martínez. Este número no tiene que no cuenta de WhatsApp-, le contestó procurando encauzar nuevamente el hilo de la conversación.

-Sí, sí. Igualmente, ustedes son gente de confianza. No van a andar embromándome, a mí que soy un pobre gaucho…

En el tramo final, el supuesto Martínez le pasó el número de gestión por un mensaje de texto y pidió, una vez más, que el productor se lo reenvíe. Pero, ¿qué pasó?

-Cuando pasés y me traigas el grupo electrógeno te lo doy-, le dijo el productor.

-¿Me lo podés pasar ahora así lo cargo en el sistema?

-Cuando me traigas el grupo. Días pasados me pasó lo mismo y no me trajeron nada. Después te lo mando.

-Pero tengo que dejar todo terminado para terminar con la gestión. Compartímelo, por favor, así lo cargo del sistema.

-¿Qué querés, mi nombre?

-No, el número de gestión que te he enviado.

-Ah, bueno. 0-0-1983…, el Rojo (Independiente) salía campeón y Racing se iba a la B (risas). Yo soy del Rojo, ¿viste? (más risas del productor)

-¡El número de gestión que te pasé!.

-Vos te ibas al descenso y el Rojo era campeón… (nuevamente risas del productor que demostró que a esta altura era en vano seguir con la conversación porque ya sabía cuál era la intención de “Martínez”)

El estafador también se dio cuenta de que, quien podría haber sido su víctima, fue más astuto y terminó humillándolo por la gestión fallida.

El final es irreproducible. Los cruces de insultos y amenazas entre ambos fue feroz.

Pasaron 16 años desde que la famosa Resolución 125 dictada a pocos meses del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, segundo del Kirchnerismo como fuerza política, para imponer retenciones móviles a la exportación de oleaginosas provocó más de 120 días de protesta en todo el país por parte de productores rurales.

Más de una década y media después, los dirigentes políticos, de las organizaciones ruralistas y productores que fueron acusados de "entorpecimiento de servicios públicos" por un piquete en la ruta 9 a la altura de San Pedro en pleno "conflicto con el campo" quedaron eximidos del accionar de la Justicia.

La Cámara Federal de Rosario que intervino tras el procesamiento dispuesto en 2019, tres años después del sobreseimiento que había dictado el juez Carlos Villafuerte Ruzo, declaró extinta la acción penal tras considerar que el paso del tiempo afectó la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

Fueron sobreseídos todos los acusados de un delito que preveía dos años de prisión como máximo. 

La expresidenta del Concejo Deliberante, Norma Atrip; el exintendente Mario Barbieri; el exsecretario de Gobierno, Juan Almada; el exsecretario de Coordinación, Facundo Vellón; el exdirigente de Federación Agraria, Silvio Corti; el expresidente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, entre los sampedrinos.

También los dirigentes de la Mesa de Enlace Hugo Biolcatti, Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Fernando Gioino y Mario Llambías; los referentes ruralistas  de la región René Ducret y Jorge Bozicovich; la exdiputada Margarita Stolbizer; y los dirigentes María del Carmen Alarcón, Horacio Ostán y Osvaldo Simiele.

Desde la Sociedad Rural celebraron el fallo y destacaron: "Volvemos a recordar con orgullo aquella reacción y reiteramos el compromiso de defender a los productores de todo el país que siguen siendo el motor de la producción y el desarrollo de nuestro país".

Sin ponderar cuestiones relativas al hecho en sí, la Cámara consideró que "hay afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable" y decidió no seguir adelante con la causa, de acuerdo a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citada en el fallo.

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que "para salvaguardar el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye el instrumento jurídico adecuado".

La doctrina, para este y todos los casos penales es clara: la administración de justicia no puede demorarse ad infinitum y la prescripción "debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo", tal como ocurrió en este caso.

Desde el 19 de marzo de 2008, cuando entre las 11.00 y las 15.00, se produjo un masivo acto en la ruta 9 a la altura de San Pedro con dirigentes ruralistas y productores de todo el país que se sumaron a la protesta, que contó con un escenario montado en el cantero central de la autopista, en el ámbito judicial pasó de todo, hasta este sobreseimiento.

El entonces fiscal federal Juan Patricio Murray ordenó liberar la ruta, que estuvo cortada, con largas filas de vehículos, y en ese marco hubo detenciones, empujones con escudos y una represión de las fuerzas de seguridad, con Gendarmería y Prefectura a la cabeza, que no fue muy distinta a las que hubo en otros momentos —y sigue habiendo— ante protestas contra un Gobierno.

En junio, los acusados fueron indagados. A fin de año, Villafuerte Ruzo declaró la falta de mérito. Murray apeló y le dieron la razón. La Cámara le devolvió el expediente al Juzgado para que resuelva, y en 2016 el juez federal de San Nicolás sobreseyó a los imputados. Sin embargo, una nueva apelación derivó en el procesamiento que ahora, 16 años después del hecho en cuestión, terminó con la extinción de la acción penal.

Entre 2020 y este fallo, la mayoría de los acusados hicieron su descargo. Incluso hubo un recurso extraordinario presentado en la Corte Suprema de la Nación, que fue rechazado.

Norma Atrip, por ejemplo, dijo que ella nunca incurrió en los delitos que se le imputaron y que jamás tuvo voluntad de impedir el normal funcionamiento del transporte en la ruta.

Los representantes de Biolcatti, Miguens y Simiele sostuvieron que sólo ejercieron el derecho constitucional a la libre expresión y que el supuesto entorpecimiento "se produjo como consecuencia de rodados y gente que pasaba por el lugar sin ser identificados".

La defensa de Victores, Bozicovich y Ducret manifestó en el expediente que "el acontecer histórico que rodeó" a la Resolución 125 debe "aportar razonabilidad a la hora de pretender criminalizar la conducta imputada" y que "el derecho a manifestarse se encuentra expresamente previsto en la Constitución nacional y en los tratados internacionales".

Buzzi dijo algo similar: "Hubo un proceso social histórico de resistencia ante el pretendido avance del Gobierno de turno sobre las rentas agrarias" y que "en ese contexto la ciudadanía los convocó a una manifestación popular, pública, pacífica y preanunciada a la vera de la autopista".

Productores autoconvocados por la inseguridad rural mantuvieron este jueves una reunión pactada con los concejales de la oposición Mauro de Rosa (La Libertad Avanza) y Martín Rivas (Juntos por el Cambio).

Allí acordaron solicitar formalmente a la Comisión de Seguridad que preside el oficialista Juan Cruz González, que además conduce el bloque que responde a Cecilio Salazar, exponer en ese ámbito las problemáticas del sector.

Rivas y De Rosa elevaron la solicitud, además, al presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck, para que los autoconvocados sean citados a participar del encuentro de comisión del lunes próximo, a las 19.00.

De la reunión de este jueves participaron los productores de la zona rural Gerardo Tagliatori, Raúl Ferragut, Juan Carlos Capó, Mabel Carro, Paulino Acosta, Mabel Carro, Daniel Biscia y Daniel Salgado.

"Coincidieron en las reiteradas faltas de respuestas desde el Departamento Ejecutivo, además de manifestar que esperan acciones de parte del cuerpo Legislativo como tal", señalaron Rivas y De Rosa.

Durante el encuentro también dialogaron sobre la necesidad de reactivar el Foro de Seguridad ciudadana que prevé la ley de seguridad pública vigente en la provincia de Buenos Aires y que impulsa la participación comunitaria para aportar a los planes de abordaje de la problemática en cada distrito.

De la reunión no participaron otros concejales, puesto que el resto de los bloques no recibió invitación formal más que un mensaje de WhatsApp mediante el que los ediles de la oposición que convocaron avisaron del encuentro.

El Gobierno provincial lanzó un programa de financiamiento destinado a la recomposición de la infraestructura productiva dañada y adquisición de insumos productivos, para reiniciar el ciclo de producción con un monto máximo de un millón quinientos mil pesos.

Al plan del Fondo Fiduciario Provincia en Marcha podrán acceder productores frutihortícolas de la Provincia de Buenos Aires, el monto a otorgar es de hasta $1. 500 000. En este caso, los créditos son de un plazo de 24 cuotas con 6 meses de gracia, y una tasa de interés fija en pesos del 24% anual.

Para acceder al financiamiento se deberá completar un formulario con la información institucional, una breve reseña de la empresa y la presentación de un proyecto. El documento se deberá enviar a fondo.desarrolloagrario.PEM@mda.gba.gob.ar

Ante dudas o consultas, comunicarse al whatsapp del 3329 648530 de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 14.00.

Provincia puso a disposición los formularios de declaración jurada para que los productores rurales afectados por la sequía puedan completar los requisitos para acceder a los beneficios que implica la emergencia agropecuaria para el distrito.

Además, los damnificados por la situación pueden asesorarse en la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en Mitre 275, o consultar por WhatsApp al 3329 64 8530, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.

El Gobierno local difundió la documentación requerida para presentar ante el Municipio: documentación respaldatoria del uso del predio (contrato de arrendamiento, título de propiedad, otros); constancia de inscripción en AFIP (CUIT) con identificación de actividad agropecuaria; y formulario completo según actividad productiva.

La declaración de emergencia agropecuaria implica que los productores afectados en el 50 por ciento de su producción por las condiciones de emergencia o el 80 por ciento para el caso de desastre deberán completar los formularios, de manera individual, para su consideración.

Los productores rurales que cuenten con el certificado de declaración de emergencia provicnial y municipal podrán acceder a beneficios como ayudas del Banco de la Provincia tales como extensión de plazos en las obligaciones, créditos especiales, descuentos sobre las bases de intereses, unificación de deudas, siempre de acuerdo a las condiciones de cada caso.

Además, comporta beneficios impositivos relacionados con prórrogas de vencimientos, exenciones totales o parciales, suspensión de ejecuciones fiscales, entre otros puntos que, también, dependen de cada caso en particular.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert participó este miércoles de la asamblea de ruralistas en ruta 191 que reunió a productores agropecuarios de toda la región en el marco del paro nacional del campo dispuesto para la jornada por parte de la Mesa de Enlace.

Espert es productor rural en Pergamino y su participación, además de su rol como legislador, también tuvo el carácter de integrante del sector que impulsa una serie de reclamos al Gobierno nacional.

En ese marco, el diputado expuso algunas consideraciones que forman parte de su programa legislativo y que estuvieron presentes durante su campaña el año pasado, relacionadas con la eliminación de impuestos y tasas municipales y con las retenciones.

“La Constitución Nacional dispone que la primera atribución del Congreso es que fije derechos de exportación e importación, hoy los fija un secretariucho de Comercio, en el mejor de los casos el Ministerio de Agricultura, sin participación del Congreso, son totalmente inconstitucionales”, dijo respecto de las retenciones a la exportación de granos.

“Creo que en la proclama hay que insistir con que sea el Congreso el que fije los derechos de exportación e importación”, seáló y agregó: “Después qué nivel, es otra cosa. Yo creo que tienen que ser cero, que no tiene sentido poner un impuesto a vender productos afuera, es una cosa ridícula”.

Además, repasó sus propuestas sobre las tasas municipales, que incluyen la “eliminación de la tasa de Red Vial” para que “la Provincia, que cobra el inmobiliario rural, coparticipe con los municipios y que esa coparticipación, con asignación específica, los municipios lo utilicen para mantener los caminos rurales, que son un desastre absoluto”.

También planteó la “eliminación del impuesto rural, el complementario” y que se dejen de cobrar las guias de ganado, porque “es un impuesto del siglo pasado, cuando había que transportar ganado por entre los campos, hoy tenemos los caminos”, indicó.

“En términos de coparticipación de impuestos, debería ser eliminado el ABL en los municipios”, planteó. En ese sentido, dijo que “la Provincia, que cobra el inmobiliario” debería coparticipar con los municipios para que “con eso se barran, alumbren y limpien”.

El diputado nacional José Luis Espert estuvo en la asamblea acompañado por los referentes locales de Avanza Libertad, con Martín Rivas a la cabeza, quienes el fin de semana pasado mantuvieron una reunión con él y su equipo de trabajo en el marco de lo que denominaron una instancia de preparación “para gobernar”.

Este miércoles, productores rurales de todo el país llevan adelante una medida de fuerza que consiste en un cese de comercialización en el marco de los reclamos que el sector tiene para con el Gobierno nacional, con las dificultades para el acceso a insumos importados y el abastecimiento de gasoil como puntos principales.

En diversos puntos del territorio argentino había movilizaciones y el acto central, con participación de la cúpula de la Mesa de Enlace agropecuaria era en Gualeguaychú. En la zona, un predio ubicado en el km 6 de la ruta 191, en San Pedro, fue escenario de la asamblea regional.

“Veo muchas caras conocidas, estoy muy agradecido”, dijo el referente de la Sociedad Rural local Raúl Victores durante la apertura del acto en el salón de eventos Clove, primero en hacer uso de la palabra, como anfitrión de la actividad

“Qué fácil es destruir una producción”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego, al comparar la situación con la de Venezuela y señaló: “La diferencia es que la riqueza la estamos produciendo todos nosotros, los particulares. No nos pueden sacar nuestra riqueza, eso es lo que está manteniendo al país”.

En su discurso, Del Solar Dorrego aseguró que “el meollo de la cuestión” no es “el gasoil, que es probable que se supere” ni “las retenciones, que veremos cómo sigue la política y qué se puede hacer” sino “libertad, libertad, libertad: la libertad de producir”.

En ese marco, analizó: “El sector es importante, pero no somos el ombligo del mundo ni lo más importante de la Argentina. El país va a salir adelante cuando todos tomen conciencia de que hay que empezar a producir. Las pymes, el trabajador, el pequeño taller.

La asamblea contó con la presencia de productores de toda la región, entre ellos el diputado nacional y productor agropecuario de Pergamino José Luis Espert, referente liberal que llegó a la actividad acompañado por los integrantes de la alianza Avanza Libertad en San Pedro y también tomó la palabra para recordar, entre otras cosas, su propuesta de que los municipios dejen de cobrar tasa de red vial.

La secretaria de la Sociedad Rural de Baradero, Felicitas Willi, dijo en Radio Cuarentena que el reclamo está centrado en la necesidad del sector de tener “medidas claras” para la producción y precisó: “Estamos sembrando un cultivo y no sabemos qué reglas vamos a tener cuando cosechemos”.

Productores rurales de todo el país marcharon este sábado hacia Plaza de Mayo, en Capital Federal y frente a Casa Rosada, para protestar contra el Gobierno nacional y las políticas del presidente Alberto Fernández para el sector, en lo que se denominó un “tractorazo del campo” a Buenos Aires.

Los productores llegaban desde distintos puntos del interior del país, incluido San Pedro, desde donde partieron varias delegaciones, para concentrar en el cruce de las rutas 8 y 9 con la 193, donde ambas autopistas nacionales confluyen en la Panamericana, para desde allí ingresar a la capital.

Respaldados por la oposición al Gobierno nacional y cuestionados por funcionarios del gabinete, los productores representan al movimiento de autoconvocados y a organizaciones de base sin la adhesión formal de la Mesa de Enlace en la que confluyen las cuatro grandes organizaciones representantivas nacionales del sector.

“Esta es una marcha que no fue convocada por la Mesa de Enlace, como han sido otras. Creo que después de la 125 el sector entró en un período en el que no hay una dirigencia que esté a la altura de encabezar los reclamos”, analizó este sábado en Sin Galera el productor e integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, Lisandro Gordó.

“Eso posibilitó un movimiento de autoconvocados que no responden a ninguna de las cuatro gremiales, que son los que organizaron la marcha de julio del año pasado en San Nicolás, que para mí fue la más grande desde Rosario 2008, y tampoco estuvo conducida por la Mesa de Enlace. Hay toda una ebullición, ir a Buenos Aires fue una jugada que se charló bastante, la Mesa de Enlace no supo o no quiso conducir”, precisó el sampedrino.

Los productores de San Pedro habían decidido marchar en caravana, con el cruce de las rutas 9 y 191 como punto de encuentro este sábado por la mañana, pero para “evitar demoras” prefirieron no concentrar y viajar hacia la zona de concentración general por separado.

El referente de la Sociedad Rural, Raúl Victores, explicó que muchos partieron el viernes por la tarde, otros por la noche, y que el sábado por la mañana salieron en tandas para no conformar caravana ante lo que ocurría en diversos puntos donde había controles de tránsito, lo que implicaría que quizás llegaran tarde a la concentración en Capital Federal, prevista para pasado el mediodía.

Lisandro Gordó señaló que “los reclamos son los mismos de siempre: una presión tributaria tremenda, la brecha cambiaria, retenciones, cierre de exportaciones, el tema del combustible, y todo lo que tiene que ver con que no dejamos de ser actores de esta sociedad, con todo esto que pasó en el Senado, son muchas cosas que confluyen. Hay problemas de siempre y otros que son nuevos”.

El productor analizó que mientras “el mundo va camino a una campaña récord de trigo” a raíz de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, “la Argentina tiene altas chances de que baje un 10 por ciento”, una situción que, advirtió, “”ya lo hemos vivido”, por lo que “empieza a sumar mal humor y termina en lo que es hoy, que luego provoca que la gente de la ciudad se empiece a sumar”.

Antes de la concentración, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un hombre del interior bonaerense históricamente vinculado con el sector agropecuario y agroindustrial al punto de que dentro del propio Gobierno hay quienes lo tildan despectivamente de “procampo”, dijo que “si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar”.

“Es importante que se sepa que tenemos una relación con las entidades del sector de trabajo permanente, donde estamos trabajando con una agenda de diferentes temas”, señaló el funcionario del gabinete de Alberto Fernández desde Israel antes de la masiva movilización a Casa Rosada.

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Domínguez advirtió que el proyecto que gravará la llamda “renta inesperada” no afectaría a los productores argentinos porque “vendieron su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un costo del 60 por ciento de los feritilzantes, que han tenido un incremento absolutamente inesperado”.

Al contrario de la portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, quien consideró que la protesta tiene “motivaciones políticas”, Domínguez dijo que no le corresponde analizar esa cuestión sino “trabajar para resolver” si hay “algún problema” o demanda específica del sector. “Si hay algún reclamo que valga la pena y una necesidad urgente, la resolveremos”, apuntó.

Desde San Pedro, el productor e integrante de la Sociedad Rural Lisandro Gordó señaló que el tema de la denominada renta inesperada forma parte de un proceso que descrbió como “gota tras gota que se va sumando”, lo que provocó “todo un movimiento muy del interior, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, el interior de la provincia de Buenos Aires, que no se ven representados por las gremiales”.

“La Mesa de Enlace no ha querido conducir esto y pareciera que es como el dicho, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”, advirtió Gordó y aseguró que lo que ocurres este sábado “también al sector tranqueras adentro, sobre qué va a hacer este movimiento de autoconvocados que no responde a la Mesa de Enlace”.

“Creo que es un llamado de atención a las cuatro gremiales que condujeron el sector en 2008, que hoy no están viendo el mismo partido y creo que es un replanteo puertas adentro”, analizó joven dirigente ruralista sampedrino.

Sin adhesión formal de la Mesa de Enlace y con los autoconvocados como punta de lanza, productores rurales de todo el país marcharán a Capital Federal en un “tractorazo” que arribará pasado el mediodía a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde habrá un acto de protesta por las medidas del Gobierno nacional que consideran afecta al sector.

Productores sampedrinos participarán de la manifestación, convocada a nivel local por la Sociedad Rural de San Pedro, activa en los reclamos que los ruralistas mantienen contra el Gobierno, sobre todo tras el anuncio del denominado “impuesto a la renta inesperada”.

El plan era concentrar a las 9.00 en la zona del Automvil Club Argentino, ubicado en 1001 y ruta 9, a la altura del puente de acceso por Río Tala, aunque evaluaban cambiar de lugar “por las trabas que hay desde ayer en la autopista”, que “generan demoras” y, entienden los ruralistas, pueden ser parte de un intento de “obstaculizar el tránsito” a quienes participan de la protesta.

“Muchos productores de San Pedro ya salieron y otros saldrán por la tarde y la madrugada de mañana”, informaron a La Opinión desde la Sociedad Rural local este viernes, ante la consulta sobre cómo será la modalidad de participación.

La protestar ruralista ya generó conflicto político cuando el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández dijo que “ni lo sueñen” en alusión al ingreso de tractores a Buenos Aires, aunque luego aclaró que como la movilización fue autorizada por el Gobierno porteño, las fuerzas federales se limitarán a proteger el patrimonio que depende de ellos.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que la movilización “tiene una intencionalidad política” porque “acá no hubo suba de retenciones a los productores”, por lo que consideró que “están marchando por las dudas, contra un proyecto que no conocen o que imaginan”.

Referentes de la oposición al Gobierno nacional respaldaron la movilización de los productores rurales, que tendrá como puntos de encuentro el cruce de Solís, en rutas 8 y 193, y la planta logística Furlón en el cruce de ruta 9 y 193, tras lo que continuarán por Panamericana, General Paz, Udaondo y Libertador hasta Plaza de Mayo.

En San Pedro, el bloque Juntos Pro, que integran los concejales Gerardo Pelletier y Vanina Cappelletti, expresaron su “total apoyo a la marcha” que consderaron “en repudio a las medidas arbitrarias e inconsultas tomadas por el Gobierno nacional”.

“Desde nuestro espacio sabemos que el campo es el motor de la economía nacional, no sólo por su producción sino también lo que significa la generación de empleos genuinos por parte de la agroindustria”, agregaron en el comunicado de respaldo.

“Por un Argentina en la que el recurso generado por nuestros pueblos quede en ellos, nos están dejando sin nada, seguir así nos llevará a más precariedad”, es uno de los lemas con los que fue convocada la movilización.

“El sector rural debe unirse para lograr estos objetivos dejando personalismos y divisiones”, advirtieron las organizaciones ruralistas que el viernes pasado se reunieron en San Pedro a la espera de las novedades relacionadas con el incremento de retenciones a las exportaciones que finalmente el Gobierno nacional anunció para la harina y el aceite de soja.

Mientras en Entre Ríos las organizaciones planificaron una movilización para este lunes bajo la consigna “por Argentina y el campo, decimos basta”, en la región los productores le piden a la Mesa de Enlace nacional “acciones directas e inmediatas a consensuar” para protestar porque, consideraron “se terminaron los tiempos de diálogos infructuosos con el Gobierno”.

Del encuentro en San Pedro surgió un planteo que propone “una movilización a un centro urbano” como Capital Federal, Rosario o Córdoba, “cese de comercialización por tiempo indeterminado” y “acciones en los puertos para impedir embarques de granos, etc.”.

Las organizaciones de la región establecieron como prioridad “trabajar intensamente para sacar de la indiferencia a los productores rurales que se conforman simplemente con las migajas que ofrece el Gobierno, que atenta directamente a las inversiones para la campaña 2022/23”.

Asumidos como “el responsable de las divisas con las que el Gobierno mantiene esta fiesta descontrolada de déficit permanente gastando más de los recaudado produciendo una inflación que conlleva a la pobreza de los más necesitados”, pronunciaron su desctontento con el presidente de Carbap, que pidió “esperar el momento justo” para actuar.

Consideraron que “el ‘desacople’ de precios para el consumo interno de la población lo debe realizar el Gobierno con la baja de impuestos que gravan los alimentos (IVA, Ganancias, Ingreso Brutos, impuesto al cheque / transferencias bancarias, etc.”.

El encuentro del viernes contó con la participación de organizaciones rurales de San Pedro, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Vedia, Colón, Salto, Pergamino, Arrecifes y autoconvocados de diversos puntos del país.

Durante la asamblea tomaron la palabra los referentes ruralistas Alberto del Solar, de Rojas; Rodrigo Esponda, de Junín; Montoya, de La Pampa; Patricia Vázquez (movimiento independiente) los autoconvocados Daniel Arabetta Daniel y Ariel Bianchi; Alberto Pafundi de autoconvoados de Totoras, Santa Fe; Martín Sturla y Varese, de Capitán Sarmiento; el presidente de Carbap, Horacio Salaverri; Hugo Biga, de Marcos Juárez; y el diputado nacional por Capital Federal javier Milei, entre otros.

Productores rurales de toda la región participaban este jueves de una asamblea convocada por la Sociedad Rural en alerta ante la posibilidad de que el Gobierno nacional anuncie aumento en las retenciones a la exportación de granos.

Uno de los dirigentes políticos de la oposición que estuvo presente fue el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, quien ofició un discurso ante los presentes, relacionado con la situación en debate.

“En Expoagro adelanté que iban a ir sobre el campo y le iban a cobrar retenciones” dijo Milei y les señaló a los productores: “Se están bancando una presión fiscal del 60 por ciento, quiere decir que el Estado se lleva la mayoría”.

“No es cierto que el ajuste lo tenga que pagar el sector privado, el laburante, la gente de bien. La deuda hay que pagarla, al Fondo hay que pagarle, pero el ajuste no tiene que caer sobre los honestos, sobre los que generan riqueza, tiene que caer sobre la casta política, los parásitos, los inútiles de los políticos”, sostuvo Milei.

El diputado nacional aseguró que el Gobierno “se está aprovechando de una situación, con distintas mentiras, diciendo que les van a cobrar retenciones porque subieron los precios en el mundo” y advirtió: “Quieren hasta restringir las exportaciones de carne, ponerle impuestos a la harina de soja, al aceite de soja”.