Los abogados defensores de los tres detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, conocida como "La China", confirmaron a La Opinión el pedido de arresto domiciliario para sus defendidos.

Mauricio Gugger, que representa a Braga, y Paulo Cordara, abogado de Pardo (Pan tiene desde principios de año a Lima como partrocinante) solicitan la medida camino a cumplirse los ocho meses desde que les dictaron la prisión preventiva, plazo previsto por ley.

Gugger informó que solicitó una "morigeración de las condiciones de detención". Cordara, por su parte, indicó que hará la presentación el miércoles. Aguardarán la decisión del juez de Garantías Román Parodi respecto del planteo.

A su vez, los abogados analizan la alternativa de cuestionar la permanencia de la figura de prisión preventiva, puesto que es una posibilidad que da el Código de Procedimiento Penal bonaerense a los ocho meses de dictada la resolución.

El Código prevé que durante esos ocho meses en los que un procesado está detenido preventivamente Fiscalía debe reunir los elementos necesarios para solicitar la elevación a juicio de la causa. Si no sucede, pueden hacer un planteo de excarcelación.

En el caso Rainbowex, la complejidad de la causa, la cantidad de denunciantes y la extensión en páginas del expediente hace prever que las demoras para llegar al juicio serán mayores que en otras investigaciones penales preparatorias.

Por eso, acaso, los abogados defensores comenzaron sus planteos con pedidos de morigeración de las condiciones de detención, para que la Justicia analice la posibilidad de que los acusados continúen detenidos mientras avanza el proceso hacia el juicio, pero en sus casas.

A Pardo, Braga y Pan les confirmaron la prisión preventiva a fines de enero, por lo que esos ocho meses se cumplirán a fines de septiembre, oportunidad en la que los defensores podrán avanzar, si así lo deciden, en planteos de excarcelación. 

Mientras tanto, adelantaron los pasos con la solicitud de arresto domiciliario que el Juzgado deberá resolver atento a las consideraciones que pueda hacer respecto de la situación de cada uno de los detenidos.

A fines de febrero, la Justicia había rechazado un pedidio de prisión domiciliaria para ellos.

Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados en la causa. Del total, 14 son sampedrinos, entre ellos Gerardo Gelabert, Rodolfo Desanzo y Maximiliano Diez, quienes habían sido detenidos a mediados de diciembre y liberados a fines de enero, tras la audiencia de prisión preventiva.

Además, están imputadas dos personas de San Antonio de Areco relacionadas a una casa de cambios y dos ciudadanos malayos que tenían pedido de captura internacional y que fueron identificados como los que contrataron los servicios para la cena de gala en el hotel Emperador de Buenos Aires que le dio gran visibilidad a la plataforma.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, con colaboración de la fiscala de San Nicolás Verónica Marcantonio y el equipo de la Secretaría de Cibercrimen y Evidencia Digital que coordina Julio Pérez Carreto.

Aunque en la plataforma había en total alrededor de 20 mil "inversores", de los cuales entre 12 mil y 15 mil serían sampedrinos, las denuncias sobre las que trabaja la Justicia apenas llegan a las 60.

Esos denunciantes son los que, eventualmente, recibirán la devolución del dinero que depositaron en la plataforma tras considerar que iban a "invertir en criptomonedas".

La causa logró congelar 3,5 millones de USDT, moneda virtual de cotización similar al dólar, a lo que accedió la empresa Theter, un congelamiento de activos virtuales inédito en una causa de estas características.

Al final de la causa, ese dinero podría ser el que la Justicia devuelva a los inversores que se consideraron estafados y radicaron la denuncia penal que permitió la investigación por estafas reiteradas.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó el rechazo del cese de prisión preventiva que la defensa particular de Marisel "Pili" Solís había interpuesto en el marco de la causa que investiga el homicidio de Marcel Xavie González Jorge, el joven uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

El abogado Gustavo Moreno había pedido a la Justicia que le ponga fin a la detención de Solís tras el análisis que la Asesoría Pericial de La Plata hizo sobre las fotografías de las manos y brazos de Marcel.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías no se hizo eco de la solicitud y la denegó, por lo que Moreno apeló y ahora la Cámara se expidió en el mismo sentido, es decir que rechazó el cese de la medida y Pili Solís seguirá detenida.

Entre sus argumentos, el abogado de la imputada había planteado, una vez más, la sospecha relacionada con la presunción de que las heridas de Marcel habrían sido "autoinfligidas", algo que descartó la pericia sobre la autopsia.

Pero además, había señalado que Marcel no habría sentido dolor porque estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, puesto que Solís sostuvo en su declaración que ambos habían consumido hongos del tipo cucumelo.

La Cámara se apoyó en los resultados de la pericia toxicológica, que estableció que ni Marcel ni Pili Solís habían consumido drogas alucinógenas, lo que echó por tierra la coartada de la acusada.

Marisel "Pili" Solís seguirá detenida en el anexo femenino de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, imputada del delito de homicidio agravado por el vínculo, que contempla como única posibilidad de pena la prisión perpetua.

Los detenidos acusados de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas bajo el mando del dueño del restobar El Clan, Miguel Ángel Briceño, seguirán presos ahora con prisión preventiva, con excepción de dos, que fueron desvinculados de la organización.

Así, Briceño, sindicado como cabecilla; Daniel Mitacek; Nancy Lescano y su hija,  Alejandra Pereyra; seguirán tras las rejas, mientras que Jeremías Zacarías y Jeremías Garay también continuarán detenidos bajo la modalidad arresto domiciliario con la que fueron beneficiados por cuestiones de salud.

Por su parte, Sebastián Mando y Alejo La Horca recuperaron la libertad y además fueron desvinculados de la banda puesto que la Justicia consideró que no hay elementos suficientes para establecer la sospecha de que vendieran drogas, aunque quedaron imputados por "tenencia de estupefacientes" para consumo personal.

El Juzgado de Garantías desechó los planteos de la defensa particular de Briceño, a cargo del estudio jurídico de Hugo Lima (h), y de la Defensoría Oficial que asiste al resto de los imputados a los que dictó la prisión preventiva.

Por su parte, la abogada penalista Sofía Sanjurjo logró la libertad de Mando tras aportar elementos de prueba que permitieron considerar que la droga secuestrada en su casa era para consumo personal y que los movimientos de dinero hacia la cuenta de Briceño estaban relacionados con su trabajo como mecánico.

Por su parte, el defensor particular de La Horca, Jorge Ingrata, puso de relieve que su asistido tenía drogas en su casa que en realidad pertenecían a un vecino que tiene problemas de adicciones y que el vínculo con Briceño estaba relacionado con la venta de celulares.

Además, como en la investigación había quedado establecido que utilizó en varias oportunidades el BMW X6 de Briceño —vehículo de alta gama valuado en alrededor de 40 mil dólares—, La Horca dijo que se lo pidió prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

Tuvo lugar este lunes en San Nicolás la audiencia para definir si siguen detenidos los acusados por venta de drogas en el marco de la causa conocida como "El Clan", por el titular de ese restobar del centro de San Pedro, Miguel Ángel Briceño, sindicado como cabecilla de la banda.

El juez de Garantías tiene cinco días para resolver si los mantiene en la cárcel mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio o si los deja en libertad hasta tanto llegue esa instancia definitoria.

La Fiscalía que conduce Verónica Marcantonio pidió que los seis detenidos continúen tras las rejas porque consideró que hay elementos de prueba suficientes como para establecer que podrían fugarse o entorpecer el buen desarrollo de la causa, en la que todavía queda prueba por producir.

Los abogados defensores de los acusados solicitaron que se deniegue el pedido de la fiscala y expusieron sus argumentos a favor de la libertad de los imputados para que dejen las celdas en las que están alojados mientras avanza la investigación.

Todos, tanto los abogados particulares —al menos Briceño tiene a Hugo Lima (h) como defensor y Mando, a Sofía Sanjurjo— como el oficial se opusieron a la prisión preventiva y el juez se va a tomar los cinco días que tiene para decidir.

El caso de Briceño es el más complicado, porque fue sindicado como cabecilla de una banda dedicada al narcomenudeo, con el restobar El Clan como pantalla.

Entre el resto de los detenidos, Sebastián Mando y Alejo La Horca son los que, por los planteos de sus abogados y por los resultados de los allanamientos, son los que, acaso, tendrían mayor posibilidad de evitar la prisión preventiva.

En el caso de Mando, por ejemplo, atribuyó las plantas de marihuana que le hallaron a "consumo personal" y las transferencias de dinero a la cuenta de Briceño a la compra de autopartes relacionada con su rol como mecánico. 

La Horca, por su parte, dijo en su declaración que la droga que encontraron en su domicilio no era de él si no de su vecino. 

Jeremías Garay, por su parte, fue beneficiado con arresto domiciliario. Además, aguardan detenidas la resolución sobre su futuro procesal Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra. Además, hay otros involucrados que no fueron apresados.

Además de la resolución que tomará el juez en los próximos días, habrá que esperar, para el devenir de la causa, las pericias sobre el material estupefaciente secuestrado en los allanamientos de la noche del 27 de marzo y la madrugada del 28, algo que sucederá recién en septiembre.

Maricel "Pili" Solís, única imputada por el asesinato del joven uruguayo Marcel Xavier González Jorge, seguirá detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde fue trasladada semanas atrás desde la Comisaría de la Mujer de Rojas, puesto que la Cámara de Apelaciones revocó el beneficio de arresto domiciliario.

Su abogado defensor particular había solicitado la morigeración y el Juzgado de Garantías falló a favor. Sin embargo, la Fiscalía de Viviani y la familia de Marcel Xavier González, representada por la abogada Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Este martes, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás revocó el fallo inicial y consideró que no están dadas las condiciones para que Solís cumpla la prisión preventiva impuesta en su casa, la misma donde Marcel fue asesinado.

Así, Marisel "Pili" Solís, rosarina de 47 años, deberá continuar alojada en una celda del anexo para mujeres de la Unidad Penal 3 de San Nicolás bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense mientras se sustancia el proceso penal en su contra.

La causa atraviesa momentos relevantes tras la apertura de los teléfonos celulares secuestrados. Semanas atrás, la abogada Sofía Sanjurjo reveló en Sin Galera que de esa pericia "se desprende un montón de información y pruebas que comprometen no sólo a la imputada sino también a más personas".

Además, aguardan por una nueva pericia que se practicará sobre el resultado de la autopsia del cuerpo de Marcel Xavier González, a cargo del Instituto de Criminología de la Procuración.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria para los tres acusados por estafas reiteradas en el caso Rainbowex, por lo que Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan permanecerán tras las rejas.

Sus abogados particulares habían presentado el pedido de morigeración de la prisión preventiva que se les dictó en enero, para que transiten el proceso camino al juicio en sus domicilio.

Sin embargo, la Justicia entendió que no estaban dadas las condiciones para otorgarle el beneficio, por lo que rechazó la solicitud y mantuvo la decisión de que permanezcan presos.

Pardo, Braga y Pan son tres de los 18 imputados de la causa. Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos involucrados, de los cuales tres fueron detenidos en diciembre y liberados en enero, cuando la Justicia consideró que no había mérito suficiente para mantenerlos en prisión mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Todos aguardan el devenir de la causa que llevan adelante las fiscalas María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes con los elementos probatorios reunidos buscarán llevarlos a juicio por el delito de estafa.

Los imputados están acusados de captar inversores con la promesa de ganancias extraordinarias para "operar con criptomonedas" dentro de la plataforma Rainbowex, conocida como "la China", que resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi.

La investigación permitió, por primera vez en Latinoamérica, congelar criptoactivos en el marco de una causa penal por estafas. Retuvieron 3,5 millones de dólares en USDT y alrededor de 30 millones de pesos argentinos, que están resguardados bajo la órbita judicial.

Los denunciantes ya suman más de 100 y siguen apareciendo. Son personas que confiaron en la invitación que les hicieron para participar de la plataforma y que depositaron su dinero pensando que obtendrían ganancias que finalmente no pudieron retirar.

“No hacer lugar a las solicitudes de libertad por falta de mérito y excarcelación formuladas por los defensores particulares respecto de Eduardo Maximiliano Braga, Luis Alberto Pardo y Alexis Pan”, indica la resolución firmada por el Juez de Garantías que escuchó todos los argumentos en la audiencia celebrada en la Oficina General de Audiencias el 20 de Enero en presencia de la Fiscal Verónica Marcantonio y de los especialistas en ciberdelitos asignados por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

El plazo de cinco días vencía esta mañana y por ende  los tres transcurrirán en prisión los días que restan hasta que sus abogados tramiten y argumenten el pedido para una morigeración para que se acceda a concederles el arresto domiciliario.

Para el resto de los detenidos, llegó la posibilidad de transitar en libertad el resto del proceso. Así, Pablo Mariano Diez, Gerardo Rubén Gelabert y Rodolfo Andrés Desanzo volverán hoy a sus domicilios.

La resolución judicial indica que está probado que “se impulsaba a los inversores a comprar un nuevo criptoactivo, que en realidad no existía. De esta manera, lograban el desprendimiento patrimonial de las personas, las cuales invertían pesos argentinos, dólares o activos digitales. Mediante grupos de Telegram agrupaban a las personas que querían invertir o que habían invertido. Siendo administradores de estos Luis Alberto Pardo y Eduardo Maximiliano Braga”

Los imputados de San Pedro son hasta el momento, catorce; hay otros dos domiciliados en San Antonio de Areco y dos ciudadanos malayos con pedido de captura internacional. El dinero incautado en los allanamientos constituye el primer antecedente de congelamiento de criptoactivos aunque hay un plazo para que la justicia remita la justificación a las billeteras virtuales para que mantengan a resguardo el dinero.

Del expediente, surgen con claridad las maniobras entre las cuentas encriptadas en la red Telegram y la modalidad que describieron las víctimas en sus declaraciones. 

Pasado el mediodía, el abogado Paulo Cordara quien representa a dos de los tres liberados informó a las familias la decisión y se aprestaba a ofrecerles las instrucciones respecto a las pautas que deben respetar. En tanto a Pan que también cuenta con su representación,  a cargo de la Dra. Rivet será informado en las próximas horas sobre los pasos a seguir.

Por su parte, el Dr. Mauricio Gugger, prepara su escrito para demostrar que Maximiliano Braga y Luis Pardo, no obstaculizarán la investigación ni se fugarán si se los deja transcurrir el resto del proceso en sus respectivos domicilios. Hay otros abogados defensores, en particular quienes representan a Desanzo que arguyen que su distancia con el manejo de la plataforma es ostensible y fácilmente comprobable.

Hay que recordar que las fiscales Viviani y Marcantonio advirtieron que aún resta peritar gran parte de la prueba recolectada y que en la apertura de los teléfonos y la detección de otras cuentas a las que se derivaron las ganancias, están pendientes.

El último informe de la Comisión por la Memoria revela que las cárceles de la provincia de Buenos Aires están sobrepobladas con un exceso de internos que en promedio es del 102 por ciento.

El reporte del organismo contiene datos provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, cartera gubernamental de la que depende el Servicio Penitenciario.

En la cárcel de San Nicolás, donde por lo general son alojados los detenidos de San Pedro, hay una sobrepoblación que supera ampliamente el promedio provincial y asciende al 146 por ciento.

La Unidad Penitenciaria N° 3 tiene un cupo para 358 personas y a agosto de este año hay un total de 880 internos alojados, es decir 522 presos más de lo que podría contener en su infraestructura.

El SPB tiene 54 cárceles, cuatro alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y una unidad de tránsito, lo que suma un total de 74 establecimientos carcelarios en 12 complejos.

En total hay 58.682 personas privadas de su libertad, de las cuales el 94,2 por ciento (52.266 personas) son varones; el 5,6 % (3.300) son mujeres; y el 0,2 % (116) son personas trans.

El 50 por ciento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires está con prisión preventiva o sin condena firme. Es decir que del total de presos, sólo la mitad está cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.

La problemática de la sobrepoblación también se registra en comisarías bonaerenses, con un 107 por ciento de exceso respecto de su capacidad de alojamiento de detenidos, según datos del Ministerio de Seguridad que forman parte del relevamiento de la Comisión por la Memoria.

Tuvo lugar este jueves en San Nicolás la audiencia para que el Juzgado de Garantías defina el futuro procesal de Franco "el Rosarino" Neyra y Maximiliano "Pillo" Troche, detenidos por el crimen de Sandra Nouet.

Tras las exposiciones, la jueza María Eugenia Maiztegui se tomará los cinco días de plazo que tiene por ley para tomar una decisión respecto de si los mantiene detenidos con prisión preventiva o los excarcela.

Ambos llegaron a esta instancia acusados de coautores del asesinato de Sandra Nouet, ocurrido el 29 de abril pasado, alrededor de las 20.00, en Sargento Selada al 2500.

Allí, según testigos dos personas a bordo de una moto descerrajaron varios disparos contra la casa, lo que derivó en la muerte de la mujer de 41 años.

Los abogados defensores de los detenidos —en el caso de Neyra, oficial; en el de Troche, particular— plantearon en la audiencia que no hay elementos suficientes para considerarlos como responsables del delito y solicitaron la falta de mérito.

El abogado particular de Pillo Troche se apoyó en el resultado negativo de la pericia sobre el arma secuestrada en el allanamiento en la casa del acusado, que si bien tenía características similares a la utilizada en el hecho, no coincide con los proyectiles hallados en la escena.

El defensor oficial de Neyra, por su parte, destacó que la acusación sobre él está cimentada en testigos de oídas, es decir en personas que dijeron que alguien les dijo que el imputado sería "el Rosarino" que disparó.

La semana que viene el Juzgado de Garantías definirá si mantiene a Neyra y a Troche detenidos con prisión preventiva o los excarcela. 

Si como sostienen los defensores, los elementos son insuficientes para mantener la acusación, la investigación deberá profundizar otras hipótesis.

Entre ellas hay una que señala a otra persona apodada "el Rosarino" como el responsable del asesinato y lo vinculan con otros episodios armados relacionados con la venta de drogas.  

La Justicia resolverá este jueves la situación procesal de Franco "el Rosarino" Neyra y Maximiliano "Pillo" Troche, acusados de ser coautores del asesinato de Sandra Nouet, ocurrido el 29 de abril en Sargento Selada al 2500.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui deberá decidir si mantiene a Neyra y Troche como detenidos con prisión preventiva o resuelve su excarcelación, de acuerdo a los elementos probatorios reunidos en la causa.

Las defensas, oficial y particular, respectivamente, de ambos detenidos llegan a la audiencia, que será a las 9.00 de la mañana en San Nicolás, con la firme convicción de que sus pupilos no están relacionados al asesinato.

Por el lado de "Pillo" Troche, la defensa, a cargo de Paulo Cordara, tiene un elemento relevante con el que espera contar formalmente en la audiencia: se sabe extraoficialmente que la pericia sobre el arma secuestrada en la casa del detenido dio negativo respecto de los proyectiles hallados en la escena del crimen.

En cuanto a "el Rosarino" Neyra, él también sostuvo en su indagatoria que nada tiene que ver y que sólo está acusado porque su apodo coincide con el de otra persona que sería la responsable del asesinato. 

A su favor, la defensoría oficial que lo asiste planteará que en la causa sólo hay "testigos de oídas" en su contra, es decir personas que aseguran que alguien les contó que él tiene algo que ver, pero que no son presenciales. Además, la rueda de reconocimiento del viernes pasado dio negativo para con él.

Por otro lado, hay testimonios que ratificaron lo que Neyra y Troche dijeron en sus declaraciones respecto del vínculo entre sí: que están enemistados hace tiempo, desde que el segundo baleó la casa del primero cuando salió de la cárcel tras cumplir condena. 

Es decir que mal podrían haberse puesto de acuerdo para ir juntos en moto a disparar contra la casa de Sandra Nouet, hecho por el que llegan acusados a esta instancia judicial.

Si los elementos probatorios no son suficientes para mantenerlos detenidos con prisión preventiva y el Juzgado de Garantías resuelve excarcelarlos, podrían seguir imputados aunque con falta de mérito. Todo ello obligaría a la investigación a profundizar otras hipótesis que vinculan a otra persona apodada "el Rosarino".

La Justicia dispuso prisión preventiva y traslado desde la Comisaría a una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense para Daniel Martín Aragón, de 58 años, esposo de la mujer que estuvo desaparecida durante 36 horas a fines de febrero pasado.

Está imputado por lesiones, coacción, amenazas y por privar a su pareja de la libertad en los términos de "sustraer, retener u ocultar a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer o no hacer o tolerar algo contra su voluntad", que se agrava por el vínculo conviviente.

El Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar a la solicitud de la fiscala Viviana Ramos para que permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso en su contra, por lo que seguirá alojado en una celda al menos por los próximos ocho meses, cuando la Defensa pueda hacer algún planteo a su favor.

Aragón fue aprehendido cuando todavía su pareja estaba desaparecida. Él había ido a radicar la denuncia para que la busquen, pero familiares y allegados revelaron los actos de violencia a los que la sometía. Cuando la encontraron, ella contó todo en Fiscalía.

Habían discutido porque él le encontró un celular y le tenía prohibido usar ese tipo de dispositivos. Ella se escapó de la casa y se escondió entre matorrales a la vera de un camino rural cercano al campo en el que eran cuidadores, en inmediaciones de Maxiconsumo, por ruta 1001.

Allí la encontraron los perros de Bomberos que asistieron a la policía en la búsqueda. Estaba en estado de shock y deshidratada, con signos de violencia. Habían pasado alrededor de 36 horas desde que se escapó de la casa tras discutir con el marido.

Familiares de la víctima contaron a La Opinión que Aragón no la dejaba salir si no lo hacía con él, que la maltrataba, le impedía hablar con la gente y hasta la torturaba. Incluso, revelaron, le ponía energía eléctrica a las puertas cuando él se iba para que ella no saliera.

Daniel Aragón era conocido por su rol como conductor de programas de radio de música tropical. Vendía leña y era cuidador del campo donde convivía con la víctima y sus hijos. Uno de ellos fue la única persona que lo visitó mientras estuvo alojado en la Comisaría.

Alojados en undades penales de San Nicolás y Junín, los cinco imputados por el asesinato del abogado y comerciante de Ramallo César Butara, todos oriundos de San Pedro, seguirán detenidos con prisión preventiva.

La Justicia hizo lugar a la solicitud de la fiscala Verónica Marcantonio, que instruye la causa, y ordenó que permanezcan tras las rejas mientras se sustancia el proceso judicial en su contra, procesados por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Así, deberán pasar al menos ocho meses en prisión, lapso en el que Fiscalía deberá cerrar la instrucción para elevar la causa a juicio. En caso de que necesite más tiempo, los abogados defensores podrán plantear en diciembre la posibilidad de que se ponga fin a la medida.

Mientras tanto, Walter Rubén Díaz, de 32 años; Miguel Ángel Pereyra Retamal, de 22 (ambos en Junín); José Antonio “Toti” Pereyra Retamal, de 23; Facundo Agustín Gómez, de 26; y Ramiro Nicolás Cáceres, de 18 y sindicado como el autor del disparo que mató a Butara, (los tres en San Nicolás) seguirán presos.

Los imputados fueron informados de la decisión judicial este miércoles, primer día hábil de la semana, por el personal de la Defensoría Oficial que los asiste, y aguardaban la notificación formal que ya había llegado a las unidades penales donde están alojados.

Allegados a tres de los cinco detenidos expresaron su disconformidad con la prisión preventiva y consideraron que "no hay pruebas" para mantenerlos presos, aunque la Justicia consideró lo contrario.

"Se está llevando por declaraciónes que no les sirven", sostuvieron sobre la tarea de la fiscala Marcantonio. La decisión de la prisión preventiva la tomó el Juzgado de Garantías.

Los allegados de los detenidos cuestionaron las declaraciones de los testigos y consideraron que "están arruinando a tres pibes inocentes. Sus hijos dependen de ellos, sus familias quedaron en la calle".

"Queremos que la Fiscalía haga su trabajo bien", señalaron en diálogo con La Opinión y agregaron: "Es algo indignante, entendemos que hay una muerte de por medio, pero ella sabe muy bien que fueron dos y quiénes fueron".

Destacaron que, en su declaración, la esposa de Butara, que estaba en el momento en que los delincuentes llegaron con fines de robo y ante la resistencia de él le dispararon, "declaró que eran dos" y se preguntaron: "¿Por qué tiene cinco detenidos?".

"Los tienen presos porque quieren,  porque no hay nada", se quejaron y adelantaron que analizan la posibilidad de "hacer una marcha para que larguen a los tres inocentes que están presos por algo que no tienen nada que ver".

César Butara fue asesinado el 20 de febrero por la mañana, en su casa ubicada en la zona de quintas de Ramallo. La policía allanó domicilios en el asentamiento precario "La Laguna", de Villa Ramallo, tras seguir el rastro de uno de los celulares robados.

Allí detuvieron a cuatro de los imputados. Más tarde dieron con el quinto. En el medio, hallaron la moto propiedad de uno de los hijos de Butara, en la que habían huido de la casa tras el crimen, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos pesonales de la familia.