El círculo de la investigación que impulsó la Dra. Viviana Ramos, comenzó a cerrarse. Tenía detenido a Lautaro Iobizzi como coautor del crimen de Agustún Pereyra y ahora, tras la entrega de Kevin Carlevaris cumplió con la audiencia de declaración indagatoria pero el joven decidió acogerse a su derecho de guardar silencio. 

La confesión pública del joven de 18 años que en compañía de sus padres y periodistas llamó a la policía para hacerse cargo del hecho, no se condice por ahora con morigerar la situación de quien en la jornada del asesinato lo acompañaba en la moto.

Mientras la familia de Iobizzi aguarda la decisión judicial que determinará si hace lugar a la prisión preventiva solicitada por la fiscal, solo saben que pueden visitarlo en la Comisaría Primera de San Nicolás, donde permanece privado de la libertad desde el día en que lo apresaron en un allanamiento. El plazo para esa decisión podría extenderse como máximo hasta el 25 de marzo. La medida se ejecuta cuando se entendie que existen riesgos procesales y pruebas suficientes que lo vinculan con la logística y el ataque ocurrido sobre calle Manuel Iglesias al 1100.

Por su parte, tras permanecer más de 30 días oculto, Kevin Carlevaris se puso a disposición de la Justicia el pasado martes. Lo hizo de una manera particular: su mamá se contactó con una periodista de La Opinión & Sin Galera para coordinar y testimoniar en imágenes su integridad en la puerta de su domicilio de donde se fue custodiado por efectivos policiales. Está señalado en el expediente como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida de Pereyra.

Marisel "Pili" Solís, única detenida imputada por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, seguirá presa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde fue trasladada semanas atrás para cumplir la prisión preventiva que pesa en su contra.

Así lo decidió el juez de Garantías Ricardo Prati, quien rechazó el pedido que hizo su abogado defensor, Gustavo Moreno, para que cese la medida que la mantiene en la cárcel mientras se sustancia el proceso.

Moreno había solicitado la libertad de Solís tras la pericia practicada sobre las fotografías del cuerpo de Marcel, luego de que un informe posterior a la autopsia indicara que hubo participación de terceros en su muerte.

Esa última pericia señaló que en los brazos y manos de la víctima no había indicios de defensa o de participación de terceros, pero tanto Fiscalía como la abogada Sofía Sanjurjo, que representa a la familia, se habían opuesto al planteo.

Es que la pericia sobre los brazos, consideraron desde la querella, no modifica la materialidad delictiva que reveló el informe sobre la muerte de Marcel, producida por lesiones en las arterias femoral y yugular, heridas que no podrían haberse hecho a sí mismo una tras otra.

Así lo entendió también el juez Prati, que denegó el cese de la medida de prisión preventiva y mantiene detenida a Solís, cuyo abogado, de todas maneras, intentará el recurso de apelación ante la Cámara, que ya se expidió dos veces contra la acusada.

La nueva pericia sobre la autopsia practicada a Marcel Xavier González Jorge tras el hallazgo del cuerpo en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 arrojó resultados que impulsaron a la defensa de la única imputada, Marisel “Pili” Solís, a pedir que se revise la prisión preventiva.

Solís está detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y este martes hubo audiencia ante el juez Ricardo Prati, quien tras escuchar a las partes se tomará los días que habilita la ley para resolver si le devuelve la libertad o la mantiene tras las rejas.

El abogado defensor Gustavo Moreno pidió que le revoquen la prisión preventiva tras el resultado de la nueva pericia, practicada sobre las imágenes de las lesiones de brazos y manos de la víctima.

La Fiscalía de María del Valle Viviani y la representante de la familia de Marcel, la abogada penalista Sofía Sanjurjo, se opusieron, puesto que consideran que las conclusiones de ese análisis no interfieren en la consideración respecto de que hubo un homicidio del que Solís es la princiapl sospechosa.

Fiscalía había solicitado un nuevo análisis a la Procuración, que estuvo a cargo de una perito oficial de la Suprema Corte más las de parte, tanto de la defensa como de la familia de la víctima.

La pericia tenía como objetivo "determinar si las heridas de los miembros superiores", los brazos de Marcel, “fueron realizadas por un tercero o por la víctima”. 

Fue solicitada ante "la discordancia" entre el resultado de la autopsia y el análisis que posteriormente hicieron el forense Manuel Caro y la perito de parte Virginia  Creimer.

El informe que firmaron las tres peritos que participaron —la oficial, Carolina Pérez Mernes; la de la defensa, Alicia Cadierno; y la de la familia de Marcel, Teresa Sbatella— aportaron conclusiones que tanto Viviani como Sanjurjo consideraron irrelevantes respecto de la muerte de Marcel.

El joven uruguayo, según estableció la autopsia primero y luego el informe de Caro y Creimer, murió porque sufrió lesiones en arterias femoral y yugular, dos heridas mortales que no podría haberse autoinfligido puesto que cualquiera de ella es “incompatible con la vida sin asistencia profesional”.

"Surge de común acuerdo que las lesiones" de brazo y antebrazo son "de diferentes tiempos lesionales", dice el informe de la nueva pericia, que señala además que ess heridas son compatibles "por sus características, con las denominadas autoinfligidas".

Sobre las de las manos, consideraron que se trata de contusiones producidas "contra elemento resistente y romo", es decir no punzante, y concluyeron: "No se constatan lesiones de defensa típica en ninguno de los dos miembros superiores".

En el informe quedó asentado que hay "consideraciones especiales" de la perito de parte que representó a la familia de Marcel, que señaló que "algunas lesiones podrían interpretarse o tener alguna compatibilidad con defensa" y que permiten "inferir la posible intervención de terceros en el hecho".

En esa actuación complementaria, Sbatella señaló que "la pericia del elemento utilizado para infligir las lesiones es de importancia médico-legal" y que sus conclusiones deberán "tenerse en consideración junto al total".

La abogada Sofía Sanjurjo, que representa a la familia de Marcel en la causa, solicitó la nulidad de la pericia porque la perito de la defensa, la reconocida médica legista rosarina Alicia Cadierno, “no está habilitada para la jurisdicción”, porque “no está matriculada” en la provincia de Buenos Aires.

El juez Prati debe valorar el planteo de la defensa de Solís y la exposición que Viviani y Sanjurjo hicieron respecto de que la nueva pericia no modifica la materialidad delictiva, es decir que Marcel murió asesinado, y que ella es, por lo pronto, la única acusada.

Hoy es martes 31 de octubre. Estos son los títulos de “Lo que importa”, el resumen diario de noticias de La Opinión

A los tiros en pleno centro: le dispararon a un hombre en Pellegrini y 3 de Febrero, hay dos detenidos y una Saveiro y un Renault 11 secuestrados

Llegó nafta a la YPF del centro: larga cola para cargar combustible

Definen la prisión preventiva para el acusado de abusar de una adolescente tras una fiesta

Encontraron un auto de San Pedro volcado y abandonado en Pergamino

Violentaron una puerta para robar en la escuela 7

40 años de democracia: Homenaje a Bebe Farabollini con dos actos

Bono de $ 94 mil para trabajadores informales: cierra la inscripción

Sampedrinas modelaron en Villa María con vestidos de alta costura de Roberto Piazza (video)

Se recuperan en Santa Fe una mujer y un bebé sampedrinos que protagonizaron un accidente en ruta

La salud de Matías Franco: le colocaron dos stent y se recupera en San Nicolás

Auspician Lo Que Importa:Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Aberturas San Luis, Mecánica Agrícola, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, Boulevard Ahorro, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Ostoich Inmobiliaria y Construcción, Rapicuotas,Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos.

A cinco semanas del domingo de las elecciones, día en que desapareció Naiara Durán, la fiscala María del Valle Viviani presentó el pedido de prisión preventiva contra los tres acusados y detenidos que tiene, por ahora, la causa por el crimen de la joven de 25 años.

Viviani comsideró que Daiana Franco, Francisco Vlaeminck y Mario Franco deben continuar detenidos —el último tiene arreso domiciliario por su edad y estado de salud— porque podría correrse riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, que todavía tiene diversas medidas de prueba por delante para fortalecer la hipótesis que los dos primeros mataron a la joven y el tercero los ayudó a descartar el cuerpo.

Para la titular de la UFI 7 está probado en esta etapa que Daiana Franco y Francisco Vlaeminck atacaron a Naiara Durán con dos armas blancas, una que podría ser un cuchillo y la otra un punzón, en el departamento ubicado a la izquierda de la casa principal de Bottaro y Primera Junta, donde residían como pareja.

Fueron siete puñaladas: una detrás de la oreja; dos en el cuello, de las que una dañó la vena yugular; tres en la región entre el cuello y el hombro, que afectaron el lóbulo superior del pulmón; y una en el tórax, a la altura de las costillas.

Luego, envolvieron el cuerpo en un mantel negro con arabescos blancos y una lona azul y gris, y lo ataron con cables para introducirlo en un tambor de 200 litros cortado un poco más arriba de la mitad que después fue cosido con cables y sogas para ser arrojado al riacho.

La participación de Mario Franco —de carácter “necesaria”, es decir tan culpable del asesinato como los otros dos—, par Fiscalía comienza cuando llega en su Renault Sandero proveniente de la casa de Güemes al 1800, alrededor de las 19.00, para colaborar en la desaparición del cadáver de la víctima.

Las pericias de Luminol que determinaron que en esa casa había manchas de sangre recientemente lavadas y en las paredes pintadas; las de Hemcheck que hallaron restos de sangre en una pileta que va al desagüe; y las de iodo y vapores de cianocrilato, también con resultado positivo, permiten sostener que en esa casa fue asesinada Naiara.

La autopsia determinó que la hora de muerte corresponde a entre 72 y 96 horas del día del hallazgo, el jueves por la tarde, en el riacho. Para Viviani, Naiara Durán fue asesinada el domingo 13 de agosto en la casa de Bottaro y Primera Junta, por eso las cámaras de la zona nunca registraron su salida.

Fiscalía tiene reconstruido lo que ocurrió ese domingo. Naiara Durán salió de su casa en calle Dávila y fue a visitar a una tía en la moto de su prima Antonella. A esa tía le dijo que iba a comprar unas cervezas y volvería a pasar la noche con ella. Las cámaras de seguridad públicas y privadas aportadas a la causa permiten establecer que fue dos veces a la casa de Primera Junta y Bottaro. La segunda vez no salió.

Francisco Vlaeminck llamó a la Comisaría de la Mujer alrededor de las 15.00 para denunciar que Naiara se había presentado en su casa. Entre ambos, que habían sido pareja y tenían en común un hijo de 5 años, regía una medida de exclusión perimetral porque tenían un vínculo conflictivo que se había exacerbado la semana anterior. Pasadas las 16.00 volvió a llamar para desestimar el aviso inicial.

Alrededor de las 19.00, Mario Franco aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad llegando a la casa del crimen en su Renault Sandero azul. Estaciona de culata y carga algo en el baúl. Todo indica que el cuerpo de Naiara, acaso el tambor, para conducir hacia una zona descampada que no es otra que la próxima a su rancho en la zona de Cantando en el Río, donde luego apareció el tacho con el cadáver de la joven asesinada.

Viviani pidió al Juzgado de Garantías que mantenga detenidos a los tres, a Daiana Franco y Francisco Vlaeminck tras las rejas y a Mario Franco en arresto domiciliario. La defensa de los imputados tiene tiempo ahora para preparar su planteo en busca de que se deniegue la preventiva. Ello se definirá en una audiencia en la que las partes alegarán por su posición para que el juez defina.

La expectativa de la pena, la gravedad del caso y la relevancia de los delitos imputados —homicidio doblemente agravado para todos más femicidio para ambos varones— permite considerar que son altas las probabilidades de que en esta etapa los acusados sigan en condición de detenidos.

Lucas Matías “Bolillón” Medina, detenido con prisión preventiva por el caso Andreani, comenzó este sábado una huelga de hambre en la Unidad Penal 3, donde permanece alojado acusado de haber participado en el robo ocurrido a fines de enero en la casa de campo del empresario postal, en ruta 9.

Medina estaba alojado en la celda número 15 del pabellón 4 en la UP 3 de San Nicolás y tras anunciar la medida fue derivado al área de Sanidad, donde lo revisaron y pesaron, para luego trasladarlo a una celda individual de seguridad, conocida en el universo carcelario como “buzón”.

La huelga de hambre del detenido es en reclamo al Juzgado de Garantías interviniente en su causa, puesto que entiende que “no resuelve” su situación y no tiene “ninguna respuesta concreta” al respecto.

“Me quiero hacer escuchar”, le dijo Medina a las autoridades de la Unidad Penal 3 con las que se entrevistó antes de que el médico lo revise y de que resuelvan trasladarlo a la celda individual de seguridad por “carecer de espacio físico en el pabellón de separación del área de convivencia”.

Lucas Medina es uno de los detenidos del caso Andreani a los que la Justicia les dictó prisión preventiva el pasado 9 de marzo, ocasión en la que ordenó liberar a cinco de los acusados y mantener tras las rejas a otros dos, entre ellos él.

Su situación procesal es la de un detenido con prisión preventiva que sólo podrá recurrir la medida si pasados los ocho meses desde la decisión judicial que lo mantiene preso no se elevó a juicio la causa en la que está imputado.

En Facebook, Medina dijo que está pasando por “una situación muy delicada”, acusó a la policía de “plantar” en su casa una “bolsa negra donde había una franela” con un “cargador de pistola, balas y un handy con frecuencia de la policía” que, aseguró, no eran de su pertenencia.

Dijo que el día del robo a Andreani “estaba comiendo un asado” en su casa junto con otros amigos que prestaron declaración en su favor. “La rueda de reconocimiento dio negativa”, recordó, “tanto como las huellas dactilares y prueba de saliva”.

“Vivo un calvario desde ese momento. Llevo cuatro meses sin ver a mis hijos”, dijo y agregó: “Ncesito un cambio de fiscal, de juez. es todo arreglo. Yo no robé nada”.

Este martes la Justicia se expidió respecto del pedido de prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

El abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Una vez que quede firme la resolución, lo que podría ocurrir para el lunes próximo recién, Cabaleyro será trasladado en condición de detenido a su casa de San Nicolás, de la que no podrá salir, y Espíndola hará lo propio en la suya en San Pedro, con comunicación y a disposición del Juzgado de Garantías, bajo control del Patronado de Liberados.

El juez dispuso para ambos la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

Desde la parte querellante, todo indica que la abogada Florencia Arietto apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario aunque celebraron que se les haya dictado la prisión preventiva.

En la audiencia, el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, que fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio otorgado. Argumentó “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.

Cabaleyro dijo en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas con la que tenía dependencia ante de esa fecha. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

Este jueves se desarrolló en San Nicolás la audiencia para resolver si los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” que denunciaron desde la empresa sampedrina Rey Distribución.

La audiencia la encabezó el juez de Garantías Román Parodi, que subroga a María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia tras un “pico de estrés” y en medio de “presiones” relacionadas con esta causa. El magistrado tendrá cinco días para resolver si los mantiene detenidos por los próximos ocho meses o los excarcela para que sigan el proceso en su contra, camino al juicio, en libertad.

Desde San Nicolás, el periodista Guillermo Puliti, del diario El Norte, brindó en Radio Cuarentena detalles acerca de cómo se desarrollaba en la vecina ciudad la jornada clave para el destino de los sindicalistas detenidos.

Pasadas las 9.30 de la mañana, ambos sindicalistas fueron trasladados desde la sede de la DDI, donde permanecen detenidos ante la falta de cupo en las unidades penales, hacia el Juzgado para participar de la audiencia.

En el recinto, la fiscala María del Valle Viviani expuso sus argumentos para considerar necesario que ambos permanezcan detenidos mientras se sustancia la investigación y el abogado defensor Mauricio Gugger hizo lo propio para sostener la necesidad de que sean liberados.

Viviani imputó a ambos detenidos por un delito más grave que el inicial, por lo que ahora la causa tiene una expectativa de pena que va entre los 5 y los 10 años de prisión. Gugger, por su parte, recusó tanto a la fiscala como a la jueza de Garantías.

Afuera había presencia de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos el secretario General y coconductor de la CGT, Pablo Moyano, quien en el parque San Martín, lindero al Juzgado, dijo que estaban para acompañar a “los compañeros Cabaleyro y Espíndola para que de una vez por todas se haga justicia verdadera”, reportó el diario El Norte de San Nicolás.

Los tres detenidos por el caso conocido como “Pizza y drogas” permanecerán en esa condición mientras se desarrolla el proceso en su contra, luego de que el Juzgado de Garantías interviniente considerara necesario en esta etapa que no recuperen la libertad.

Norberto Raúl Paz, de 66 años, y su hijo Leonardo, de 44, continuarán alojados en una celda de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, mientras que la esposa del más joven, Sandra Mabel Berón, fue beneficiada con arresto domiciliario que cumple en la ciudad de Campana.

El juez interviniente consideró que los imputados pueden entorpecer el devenir de la causa, por lo que resolvió en contra del pedido de libertad y de falta de mérito presentado por los abogados particulares que los representan en la causa.

Lo más relevante del caso es que el Juzgado no consideró probada la venta de drogas, por lo que sólo los imputó por “tenencia con fines de comercialización”. Los acusados hablaron este lunes en Radio Cuarentena —testimonios que serán difundido por este medio— para destacar que en la causa “lo único que hay es la droga que encontraron” y que “la puso la policía”.

La investigación de alrededor de un año permitió llegar con órdenes de allanamiento y detención a una finca ubicada en la zona de Lima, en la ruta 9, a domicilios de Campana y a una casa ubicada en Nieto de Torres 420 en San Pedro, donde funcionaba una pizzería que sería “pantalla” para la actividad ilícita.

Durante el procedimiento secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas, consideradas “listas para la venta”, lo que sostiene la acusación relacionada con que tenían drogas para su comercialización.

Sin embargo, el Juzgado consideró que “no ha logrado verificarse” que los acusados “hayan intervenido en algunas de las transacciones de enta de droga al menudeo constatadas” ni que hayan tenido “movimienso compatibles con el comercio ilícito” de sustancias.

Para el juez, no quedó comprobada en la investigación la “habitualidad de la venta”, porque “no surge de las tareas previas de seguimiento ni del resultado de las intervenciones telefónicas ordenadas durante la investigación”.

Por ello, el magistrado resolvió calificar el delito del que están acusados como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y no venta de drogas propiamente dicha, al menos por ahora.

Luego de que se conociera la decisión del juzgado de excarcelar a cinco de los siete acusados de participar en el robo acontecido en el establecimiento La Santina, propiedad del empresario Oscar Andreani, como era de esperar la fiscala María del Valle Viviani presentó la apelación correspondiente y ahora habrá que aguardar si logra revertir la medida.

El reclamo incluye a tres de los acusados, Gastón Bedetti, Willam Sánchez y Leandro Molina, ya que la letrada sostiene que hay pruebas para que estos tres permanezcan detenidos y se les dicte la prisión preventiva como a Nicolás Rivero y Lucas Medina.

En su presentación, Viviani, hizo hincapié en los elementos reunidos durante la investigación. En el caso de Bedetti la fiscalía destacó la presencia de una picana similar a la utilizada en el asalto, las escuchas donde lo nombran al imputado y la presencia en su domicilio de unas zapatillas embarradas.

En el caso de Sánchez la fiscalía entiende que no se valoró que la víctima reconociera una prenda de vestir, y en el caso de Molina la fiscala Viviani sostuvo que no se valoró la declaración testimonial del personal policial del gabinete criminológico de la Comisaría local.

En cambio no se solicitó ninguna apelación sobre Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez y Amilcar David Palacios quienes no aparecen en el expediente que elevó la titular de la UFI 7, por lo que se infiere que en sus casos tiene menos elementos probatorios para hacer el planteo.

La semana anterior el juez de Garantías Román Parodi dictó la prisión preventiva de Nicolás Rivero y Lucas Medina al entender que había elementos que los comprometían, y consideró que a podían entorpecer la investigación si recuperaban la libertad. Para el resto de los acusados no hubo medidas y determinó que recuperaran la libertad.

La semana que viene también será clave en el caso Andreani, luego de que el Juzgado de Garantías dictara la prisión preventiva para dos de los siete detenidos. Es que Fiscalía apelará porque quiere que tres de los liberados vuelvan a prisión.

La fiscala María del Valle Viviani confirmó a La Opinión que el lunes presentará la apelación correspondiente para que la Cámara resuelva el pedido de prisión preventivo para tres de los cinco imputados a los que el juez Parodi les otorgó la excarcelación.

Viviani apelará en los casos de Willam Sánchez, Gastón Bedetti y Leandro Molina, porque considera que hay elementos suficientes para que permanezcan detenidos en esta etapa de la investigación.

Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez y Amilcar David Palacios no estarán presentes en el expediente de apelación que elevará la titular de la UFI 7, por lo que se infiere que en sus casos tiene menos elementos probatorios para hace el planteo.

El miércoles pasado, el juez de Garantías consideró que Rivero y Medina pueden “frustrar la finalidad perseguida a través del proceso” si salen en libertad, es decir que entendió que podrían entorpecer el curso de la causa y por ello los mantendrá detenidos mientas continúa el devenir del expediente camino al juicio.

Para el resto, dictó la excarcelación. Ahora Viviani apelará en el casod e tres de los cinco liberados, mientras que el abogado defensor particular que los asiste, Adolfo Suárez Erdaire, procurará que la Justicia les dicte la falta de méritos a sus asistidos.

Este lunes, familiares de una joven de 19 años que denunció a su primo de 26 por abuso sexual con acceso carnal se presentaron en Fiscalía para exigir explicaciones respecto de la liberación del imputado, situación que ocurrió el viernes pasado tras la audiencia por la solicitud de prisión preventiva.

El acusado había sido denunciado a fines de enero y detenido días después, cuando el Juzgado consideró necesario que fuera aprehendido y la policía allanó su casa en el barrio Banfield para relevar elementos de interés para la causa.

Cumplido el período para la solicitu de prisión preventiva, la fiscala María del Valle Viviani solicitó que el imputado permanezca detenido pero el juez de Garantías hizo lugar a la solicitud del abogado defensor particular y decidió excarcelarlo para que continúe el proceso en su contra en libertad.

La madre, dos hermanas y un hermano de la víctima se presentaron en Fiscalía porque querían saber qué había ocurrido para que el imputado recupere la libertad, sobre todo luego de que familiares del acusado celebraran su presunta inocencia, algo que no está establecido todavía, puesto que el proceso sigue su curso.

Viviani recibió a la familia y les explicó que el juez le otorgó la libertad porque consideró que “no hay riesgo de fuga”. Les leyó la resolución completa y les precisó punto por punto qué significa cada cosa, lo que de alguna manera tranquilizó a los familiares y la victima, que esperan que la causa avance hasta lograr condena para el acusado.

“En realidad, tiene condicional. Esto va a juicio, están esperando pruebas toxicológicas, entre otras. Nos leyó toda la resolución y en ningún momento nos dice que es inocente ni nada, solo lo largaron porque tiene un abogado defensor y no hay peligro de fuga, pero no se puede acercar a la víctima ni a la familia, van a investigar todas las causas que le salieron a él”, señalaron los famlilares a La Opinión tras dialogar con Viviani.

Antes de ingresar a Fiscalía, revelaron que hay al menos otros dos casos en los que el mismo denunciado está acusado. Uno involucra a otra prima de él y el otro a un adolescente con discapacidad cuya madre denunció el abuso en el año 2012.

La familia de la víctima advirtió que recibió amenazas anónimas vía Facebook y entiende que podrían ser el entorno del imputado, puesto que mientras estaban afuera de la UFI 7 familiares de él pasaron por la esquina, lo que sintieron como un amedrentamiento.

“Él no puede romper la perimetral porque inmediatamente puede ir detenido”, advirtieron los familiares, que se sorprendieron porque no fueron informados por la Justicia respecto de la resolución judicial que lo dejó en libertad en esta etapa del proceso.

La joven de 19 años denunció que había compartido una salida con su primo y que bebieron alcohol. Desconoce si acaso podría haber sido intoxicada con otro tipo de estupefacientes. En la casa de él, aprovechó la situación de indefensión de ella y la sometió a prácticas sexuales con acceso carnal sin su consentimiento.

El juez de Garantías interviniente en el caso Andreani define este viernes el futuro procesal de los siete acusados. Resolverá si los deja detenidos o si les otorga la libertad.

Los acusados permanecen detenidos desde los allanamientos del 28 de enero pasado, cinco días después del asalto al empresario Oscar Andreani ocurrido en su casa de campo en el km 152 de la ruta 9.

La fiscala María del Valle Viviani elevó la solicitud de prisión preventiva para todos los acusados, tras considerar los elementos probatorios reunidos durante el mes que tuvo para la instrucción de la causa tras la detención.

Por su parte la defensa particular y el defensor oficial van a plantear la excarcelación y hasta la posibilidad de que se les dicte falta de mérito, sobre todo luego de que no los identificaran en la rueda de reconocimiento, así como tampoco a las armas y ropa secuestrada en los procedimientos de la madrugada del 28 de enero.

Familiares y amigos de los siete acusados movilizan en Fiscalía para pedir la liberación y reclamar su inocencia, como hicieron desde el primer día.

El lunes se cumple un mes desde que fueron detenidos los siete jóvenes acusados del asalto al empresario Oscar Andreani, cometido en su casa de campo ubicada en la ruta 9, y la semana que viene habrá novedades en el caso.

La fiscala María del Valle Viviani se tomará los 30 días que tiene para elevar el pedido de prisión preventiva para todos los acusados, tras lo que se celebrará la audicneia correspondiente ante el juez de Garantías interviniente.

“La audiencia tenía que ser hoy, pero ayer a la tarde nos avisaron que la tenían que pasar para la semana que viene porque es fin de semana largo y que no se sabía si sería miércoles o jueves”, contó en Radio Cuarentena Sara, madre de uno de los detenidos.

La mujer aseguró que la fiscala Viviani “no tiene pruebas, no tiene nada contra los chicos” y recordó que “la rueda de reconocimiento dio negaivo, la ropa, las armas, los celulares están abiertos desde el 4 de febrero, no tienen pruebas para presentar”.

“No tienen nada, son inocentes, no sé qué es lo que quieren hacer con los chicos”, se quejó la mujer y agregó: “Ellos saben muy bien quiénes fueron, desde el momento que plantan cosas no van a saber quiénes son”, señaló.

La Defensa, tanto particular como oficial, de los detenidos solicitará la excarcelación de los siete detenidos y sostienen que tras las pericias negativas no hay motivos para que continúen detenidos.

El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa, exfiscal regional de Rosario, afronta una causa con graves cargos en su contra y permanece detenido desde el 11 de agosto pasado en una penitenciaría de la localidad santafesina.

De todos modos, el miércoles, luego de más de cuatro horas de debate, su defensa, a cargo del estudio Lima, logró exponer un descargo contundente que terminó provocando la primera señal favorable desde que el abogado fue imputado.

El fiscal Luis Schiappa Pietra había presentado una ampliación de acusación contra Serjal pretendiendo imputarlo en una causa por un presunto hecho de asociación ilícita, por el cual presentó semanas atrás el pedido de prisión preventiva.

La defensa del exfiscal regional, que también estuvo presente en la audiencia imputativa, argumentó su posición y logró convencer a la jueza Eleonora Verón para que no hiciera lugar al pedido de la Fiscalía y deje al margen al acusado.

Lo acontecido en los tribunales rosarinos no es menor para la causa original y podría marcar un precedente para lo que viene, ya que el próximo 2 de febrero se cumplen los 90 días de prisión preventiva que Serjal está transitando por una denuncia por asociación ilícita radicada en su contra a mitad de año, donde se lo relaciona con el juego clandestino y supuestos “guiños” que le hacía a quienes lo practican.

Serjal siempre se declaró inocente y habló de una cuestión política en el medio de todo esto. Coincidentemente, el otro imputado, el exfiscal de instrucción Ponce Asad, al declarar involucró al marco político cercano al actual gobernador Perotti y originó un verdadero escándalo en la provincia, que incluyó el rechazo del senado santafesino al pedido de desafuero del senador Armando Traferri.

A la vez, este último miércoles se suspendió la audiencia en donde se pretendía imputar a Patricio Serjal en otra causa donde se lo acusaba de frenar un expediente sobre contaminación ambiental acontecida en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez. Allí, el juez a cargo de la causa entendió que el caso ya estaba cerrado y no hizo lugar a lo presentado.