El proyecto para que el Concejo Deliberante publique cuánto gana cada uno de sus integrantes será debatido en comisión y si hay acuerdo podría ser tratado en la próxima sesión, en Vuelta de Obligado.

La iniciativa fue presentada por los bloques Consolidación Argentina (Rivas, Negrete, De Rosa) y Primero San Pedro (Lafalce) e iba a ser tratado sobre tablas en Pueblo Doyle, pero hubo planteos de modificaciones.

Paola Basso propuso agregar algunos aspectos que no estaban contemplados y Soledad Llull, de la bancada oficialista, mocionó para el pase a comisión, lo que finalmente fue aprobado para su análisis pormenorizado en ese ámbito.

La propuesta implica la publicación mensual de las dietas, con detalle de las remuneraciones brutas y netas de cada edil, lo que incluye bonificaciones, adicionales por antigüedad y todo otro concepto.

El plan es que, tal como hace el Ejecutivo desde la era Salazar, el Concejo publique en la web cuánto cuesta y cuánto gana cada integrante político del cuerpo.

Además, propone crear un registro público de antecedentes en la función pública de los ediles, de manera que todos tengan acceso a conocer de manera directa la trayectoria de cada uno en el Estado.

"Lo que queremos básicamente es que cualquier vecino pueda conocer quiénes son sus representantes, cuál fue su trayectoria en la función pública, qué otros cargos desempeñan o desempeñaron y cuánto cobran", dijo en sesión el concejal Martín Rivas, del bloque autor del proyecto.

Respecto de las dietas, señaló: "Cuando se vuelve algo recurrente en la sociedad, en los reclamos, tenemos la obligación de prestarle atención" y aseguró: "Nosotros no tenemos vergüenza de que se sepa cuánto cobra en bruto cada uno de los concejales de nuestro bloque".

Según el cálculo del anteproyecto del presupuesto 2027, el costo mensual promedio de las dietas es de 3,7 millones de pesos por todo concepto. Las 18 dietas más el 50 por ciento conforman el total de los recursos disponibles para el funcionamiento del cuerpo.

Durante la sesión, Paola Basso hizo una moción para "que se incorpore si tienen algún otro tipo de actividad por fuera del Concejo Deliberante para que toda la ciudadanía esté al tanto de las actividades que realizamos".

"Si estamos inscriptos ante el ARCA, qué condición tenemos frente al IVA, frente a ganancias, si trabajamos en relación de dependencia con quién, siempre respetando obviamente la privacidad y el secreto que debe primar sobre todo lo que es la actividad privada", señaló la concejala radical.

La próxima sesión será el 12 de noviembre en Vuelta de Obligado, última parada del tour por las localidades del Concejo y anteúltima sesión ordinaria del año. Si hay acuerdo en comisión para avanzar con el proyecto, podría ser tratado ese día.

Como adelantó La Opinión, el Gobierno municipal solicitó al Concejo Deliberante prórroga para entregar el cálculo de recursos y gastos para el ejercicio 2027, cuya confección contiene lo previsto en las ordenanzas fiscal e impositiva.

El Ejecutivo tiene la obligación de presentar el Presupuesto para el año siguiente al 31 de octubre, pero como ocurre cada año hay solicitud de extensión del plazo esperar los detalles de la coparticipación provincial.

El intendente informó al Concejo en su solicitud de prórroga que "el contexto de la economía nacional y el escenario de incertidumbre" obliga a esperar información de Nación y Provincia en relación a sus presupuestos para 2027.

Salazar anunció que recién lo entregará el 7 de diciembre, por lo que habrá cinco semanas menos para su análisis.

En ese marco, reconoció que la incendia de los fondos coparticipables "es actualmente cercana al 80 por ciento" del presupuesto local, es decir que apenas el 20 por ciento de los recursos son propios.

El Gobierno informó que Provincia remitirá la información relacionada con la proyección de la coparticipación en el transcurso de noviembre, por lo que recién estará en condiciones de elevar los expedientes una vez que ese detalle esté disponible.

El plan del Municipio es proponer un aumento de tasas que permita recomponer la diferencia que existe entre el costo de los servicios y los recursos que ingresan. La diferencia no solo aparece en materia de cobrabilidad, sino que aun si todos los contribuyentes estuvieran al día tampoco alcanzaría a cubrirse el gasto.

El complejo panorama económico y financiero que atraviesa la Municipalidad de San Pedro tiene por delante, para el intendente Cecilio Salazar, un camino pedregoso rumbo a la aprobación del Presupuesto 2027.

En el Gobierno tienen claro que necesitan aprobar los aumentos de tasas tras otro año en el que los costos quedaron no sólo por debajo de la recaudación sino, en muchos casos, por debajo de la emisión, lo que implica que aun si todos los contribuyentes pagaran tampoco alcanzaría para hacer frete a los servicios.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, confirmó ante la consulta de La Opinión que el cálculo de recursos y gastos para el año que viene, que se confecciona a partir de los proyectos de ordenanza fiscal e impositiva, no serán elevados antes del 31 de octubre, como establece la Ley Orgánica.

Ello implica que en los próximos días el Ejecutivo remitirá al Concejo un pedido de prórroga para la presentación del presupuesto, con el argumento habitual de que falta la proyección de coparticipación provincial, situación que se complejizó desde que Nación y Provincia no son del mismo color político.

El presupuesto del año que viene será, además, el del último período económico de Salazar al frente de la Municipalidad. Este es su tercer mandato y ya no tiene posibilidad de rereelección, a menos que cambie la ley y decida volver a postularse.

Esa situación también pone en jaque a la actual administración respecto de cómo piensa abordar el último año de mandato, que coincide con el calendario electoral, y con la necesidad de generar consensos políticos que permitan contener la crisis.

Además, el oficialismo cuenta con apenas siete votos propios en el Concejo. Salazar puede sumar los cuatro del denominado "interbloque de la gobernabilidad", pero se sabe que cada votación es un debate interno en sí misma y que los votos sólo los puede conseguir el propio Cecilio.

Ni la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, ni la presidenta del bloque, Soledad Llull, están en condiciones de garantizar los votos en un escenario signado por los enfrentamientos personales que mellan la actividad legislativa.

Al menos así lo demostraron hasta el momento con el convenio de novación de deuda con Ashira para pagar los 3600 millones consolidados, que al final del plan de pago sumarían, si no se modificara sustancialmente la tasa de interés, alrededor de 8500 millones en total.

Sin que se puedan esperar aportes del Gobierno nacional y con una administración provincial que también sufre las consecuencias del mismo recorte, el panorama camino al Presupuesto 2027 es difícil.

Habrá que ver en los meses que quedan hasta fin de año, qué actores de la política local están dispuestos a debatir las necesidades del Municipio para hacer frente a la simple obligación de prestar servicios mínimos y esenciales, mientras los reclamos de la población son cada vez mayores y la única puerta para recibirlos es la de Pellegrini 150.

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, elevó el anteproyecto de presupuesto para 2027. Son poco más de 1308 millones de pesos, de los que el 95 por ciento se va en sueldos.

El total de gasto en personal es de más de 1251 millones. Incluye las 18 dietas, los sueldos políticos de secretario y prosecretario legislativo, y los salarios de los nueve empleados de planta permanente.

Para el resto del funcionamiento del cuerpo queda menos del 5 por ciento del total: casi 4 millones son para productos alimenticios; un millón y medio para "textiles y vestuarios"; 8 millones para pintura y librería; y otros 8 millones para artículos de limpieza, útiles de escritorio, materiales eléctricos, repuestos.

Hay 9,2 millones para gas, luz y otros servicios; 5 millones para mantenimiento, reparación y limpieza; 1,7 para servicios técnicos y profesionales; 7,5 millones para servicios comerciales y financieros; 500 mil pesos para publicidad; 3 millones para servicios de ceremonial y digitalización; y 8,2 millones para maquinarias y equipos.

La Ley Orgánica prevé dos maneras posibles de calcular el presupuesto del HCD. Dice que no podrá superar el 2 por ciento del general del Municipio y que si ese monto no alcanza se puede confeccionar con el total de las dietas más el 50 por ciento.

Habitualmente, en San Pedro se utiliza la segunda opción. El total de las dietas asciende a poco más de 872 millones de pesos, de acuerdo al monto actual de los salarios sobre los que se fijan.

Si las 18 dietas cuestan al año 872 millones en total, con contribuciones, antigüedad, etc., cada concejal cuesta alrededor de 48,5 millones por período legislativo.

Ese monto dividido por 13 —los concejales también cobran aguinaldo— da un promedio de 3.727.040 pesos por mes por edil.

Ese costo promedio tiene sus diferencias en cada caso, puesto que hay quienes tienen más antigüedad y quienes "renunciaron" a la dieta para cobrar dos tercios del total sin contribuciones.

El cálculo da cuenta del costo promedio de los concejales. Lo que cada uno percibe efectivamente como neto depende de diversas variables. 

Como en San Pedro no hay una política de transparencia que permita conocer cuánto gana de bolsillo cada edil, se calcula ese promedio para conocimiento de la ciudadanía.

Alguna vez, ante publicaciones similares de La Opinión —que hace este cálculo todos los años— habían anunciado que difundirían los recibos de sueldo a través de la web del Concejo. Todavía no ocurrió.