Este lunes tuvo lugar en el Salón Dorado de la Municipalidad la asamblea de Mayores Contribuyentes y concejales que trató la ordenanza impositiva 2026.

El expediente prevé aumento de tasas que, desglosado por áreas, comprende un incremento del 80 por ciento para ABL y Red Vial; 100 por ciento para Cementerio; 60 por ciento para Servicios Sanitarios: 35 por ciento para Seguridad e Higiene; y un promedio de 50 por ciento para el resto de los impuestos.

Tal y como había adelantado La Opinión, el Gobierno contaba con los votos necesarios para aprobar el expediente.

En una votación que no estuvo excelsa de cruces entre ediles y mayores contribuyentes, se aprobó el proyecto con un total de 21 votos a favor y 14 en contra. 

Por parte del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela sostuvo que “hay que mantener los servicios” prestados, que deben garantizarse a través de las ordenanzas y afirmó: “No vamos a poner en juego la atención en el Hospital, la recolección de basura y el agua corriente”. 

Desde Nuevos Aires (integrado por Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera) esbozaron  su disconformidad con lo planteado y expresaron que “se va a generar un impacto más grande del que se plantea” en los papeles. 

Basso, presidenta del bloque, aclaró públicamente su error respecto de las cifras que arrojó durante la sesión impositiva, aunque hizo hincapié su negativa a otorgar facultades al Gobierno que “extralimiten lo concebido en la Constitución”. 

“Aprobar cuestiones por decreto es avasallar las facultades del Honorable Concejo Deliberante”, explicó la abogada. 

Desde San Pedro Puede, Ariel Rey tomó la palabra y fue crítico respecto del aumento de las tasas, que consideró un “tarifazo” que implica replicar la “misma” fórmula del 2025 y esperar “otro resultado”.  

Joaquín González y Melina Panatteri, de Alianza La Libertad Avanza, también se pronunciaron en contra del aumento y aludieron que "discutir una tasa" no remite a “un ataque institucional o a querer voltear al intendente”. 

Rivas, por su parte, protagonizó un fuerte intercambio con Paola Basso, donde la invitó “a leer” correctamente e ironizó con su participación en un tramo de la gestión de Cecilio Salazar, durante la alianza Cambiemos / Juntos por el Cambio. 

La presidenta de Nuevos Aires, le respondió y nombró al edil como “opositor a la oposición” y manifestó: “Necesitan una conferencia de prensa para aclarar el voto”.  

Por parte de los mayores contribuyentes, el productor agropecuario y secretario de la Sociedad Rural Martín Palazón, la exconcejala Sandra Mari, el exfuncionario de Vidal y excandidato a concejal en la lista de Rivas, Bruno Sciarra y el comerciante y expresidente del Foro de Seguridad, Juan Gutiérrez, tomaron la palabra.

“Hay víctimas de esto, los empleadores y los empleados, que ven cómo su trabajo se va desvaneciendo. Estamos hartos de que todos los años, en la misma época, un grupo de iluminados venga y nos diga cuánto tenemos que pagar”, dijo Roberto Gómez, quien también expresó su descontento. 

Sandra Mari, tal y como había adelantado, votó por la negativa, no sin antes desglosar la impositiva y señalar ciertos errores de redacción.

Por su parte, Juan Gutiérrez, propinó su posición como comerciante y pidió que “tomen conciencia” de las consecuencias que tienen los aumentos. 

“En los comercios, nos ajustamos como podemos, pero esta manera nos ahorcan constantemente”, dijo.

Tras el acalorado intercambio entre contribuyentes y ediles, que en el caso de los concejales continuó  en la votación por el presupuesto 2026, la asamblea concluyó con un margen de siete votos a favor del aumento de las tasas. 

Los 11 concejales, siete oficialistas a los que se sumaron De Rosa, Negrete, Lafalce y Rivas, quien fue criticado por su excompañero de lista, Bruno Sciarra, votaron a favor del incremento.

Los ediles que votaron en contra fueron aquellos que componen el bloque de Nuevos Aires, Damián Mosquera, Belén Santos, Paola Basso; San Pedro Puede, Ariel Rey y Mariana Reynoso; Alianza La Libertad Avanza, de Joaquín González y Melina Panatteri.  

Este sábado, durante Sin Galera, el mayor contribuyente, Bruno Sciarra, cuestionó con dureza el incremento de tasas impulsado por el Gobierno municipal y anticipó que su postura será negativa en la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

El comerciante participó en las últimas elecciones como tercer candidato a concejal de la lista de Martín Rivas y fue crítico respecto de la postura del presidente del bloque Acuerdo Vecinal.

Sciarra señaló que el ajuste previsto “es desfasado de la realidad” y advirtió que golpea especialmente al sector comercial: “El que tiene un comercio la está peleando, pero la situación es difícil”.

“Votar en contra del aumento es lo lógico”, sostuvo.

Además, planteó que el incremento no se corresponde con la prestación actual de los servicios. “Los servicios no se están dando, no se ampliaron ni se mejoró nada”, afirmó, y agregó: “El Gobierno no está teniendo ningún gesto de bajar los gastos”.

Uno de los puntos más cuestionados fue el derecho de vuelco, sobre el que fue tajante: “Es totalmente descabellado”. En ese sentido, remarcó que hay deficiencias estructurales que ni siquiera se atienden: “No pueden arreglar ni las barandas de la barranca, la decadencia es total”.

Sciarra también se refirió al clima social que percibe en la ciudad. “Salimos y recorrimos la ciudad y vimos que es una villa miseria”, dijo, con evidente malestar. Y sintetizó su visión actual de la gestión: “El Gobierno le está errando”.

Sobre Rivas, con quien fue candidato, prefirió ser prudente: “Me reservo las sensaciones”, dijo aunque reconoció su decepción: “Íbamos con un proyecto y ahora lo cambió todo. Es raro. El proyecto era bueno, pero cambió todo. Lo de Rivas es triste porque el ciudadano se embronca”.

A pesar de afrontar un momento complejo a nivel personal, Sciarra confirmó que intentará llegar a la asamblea de Mayores Contribuyentes, que tendrá lugar el próximo lunes. 

“Estoy complicado a nivel personal, pero haré lo posible para asistir y votar en contra”, aseguró.

El Concejo Deliberante tratará en la próxima sesión una solicitud del Gobierno para ampliar su potestad de utilizar recursos de fondos afectados para gastos corrientes de manera transitoria, ante la situación económica que atraviesa y camino al pago de los aguinaldos.

Mientras intentan contener los conflictos con los sindicatos municipales y los médicos, en la Secretaría de Economía advirtieron que necesitarán, como ya hicieron durante el año en diversas oportunidades, echar mano a fondos que están afectados para un fin específico y utilizarlos para gastos corrientes, en especial para pagar sueldos.

El Gobierno puede utilizar fondos afectados siempre y cuando los devuelva en el plazo previsto por ley. Lo que le pide al Concejo Deliberante es que amplíe la capacidad que le otorgó cuando aprobó el Presupuesto 2025.

En esa ordenanza, el Ejecutivo quedó habilitado para disponer el uso transitorio de fondos para gastos corrientes ante "la falta de coincidencia" entre recaudación y gastos o por "retraso" de los ingresos ordinarios previstos.

En el expediente que ingresó fuera del orden del día en la última sesión solicitan modificar ese artículo, que autorizaba hasta 1200 millones de pesos, y ampliar la suma hasta un 15 por ciento del presupuesto aprobado, es decir hasta alrededor de 6215 millones, unas cinco veces más.

En los argumentos para pedir al Concejo que apruebe esa autorización, el Gobierno trazó un panorama desolador respecto de la situación económico financiera de la Municipalidad de San Pedro para el ejercicio en curso.

Allí refieren coparticipación anclada a enero con fluctuaciones intermensuales de -23 por ciento; una caída significativa de la cobrabilidad de tasas; y como reveló La Opinión hace unos meses, déficits mensuales respecto de la recaudación en relación a la contraprestación: lo que entra no alcanza para cubrir el servicio que debe prestarse.

Esos déficits mensuales ascienden al 75,24 por ciento en la tasa de Red Vial, con 198 millones de pesos en rojo; al 80 por ciento en ABL, 455 millones abajo; 64 por ciento en Servicios Sanitarios, 169 millones. La diferencia resulta de comparar ingresos percibidos efectivamente por cada tasa y los gastos directos de prestación.

En los considerandos, el intendente no dejó de señalar "las dificultades económicas generadas por las políticas del Gobierno nacional" y puso de relieve la particular situación que atraviesa el sistema de salud, que "verifica un colapso permanente".

Es "en ese contexto de flujo de fondos deficitarios" que el Ejecutivo le pide al Concejo que amplíe su capacidad de utilizar fondos afectados y herramientas financieras para "mantener las necesidades críticas de funcionamiento y masa salarial", sobre todo con el aguinaldo por delante.

Las revelaciones que hizo La Opinión sobre las problemáticas financieras del sistema de salud pública en San Pedro, que tiene un déficit de alrededor del 40 por ciento sobre sus ingresos, generaron polémica durante toda la semana.

Sobre todo luego de que en Sin Galera se diera a conocer que el promedio de los 268 agentes de carrera médica hospitalaria es de más de 4 millones de pesos por cada uno, puesto que al 31 de octubre los salarios insumieron en total unos $ 11 mil millones.

Un promedio es sólo un promedio de costo base para el sostén de esos 268 agentes registrados en el sistema sanitario. Por supuesto, hay diferencias.

Hay quienes cobran más y quienes perciben menos, así como hay quienes trabajan mucho y quienes lo hacen poco, poquito y nada.

Hay tres médicos que cobran más de 6 millones de pesos cada uno; 11 que perciben más de 5 millones; 28, entre 4 y 5 millones; 23, entre 3,5 y 4 millones; 25, entre 3 y 3,5 millones.

Hay otros 55 profesionales de la salud que cobran entre 2,5 y 3 millones; y 57 que perciben entre 2 y 2,5 millones. 37 están en la lista de los que cuestan entre 1,5 y 2 millones; 13, entre 1 y 1,5 millones; y solo 10 por debajo del millón, siendo el más bajo uno de guardias de reemplazo por 268 mil pesos liquidados durante el mes de octubre.

Las antigüedades inciden de manera dispar y sin asignaciones especiales a lugares donde el que más gana debería prestar mayores servicios. 

Quién mayor antigüedad tiene es una jefa de servicio con 40 años en la salud pública pero con una remuneración de 3.914.000.

Hay dos exsecretarios de Salud, uno por encima de los 4 millones y otro que llega a los 2,5 millones. También hay dos concejales en ejercicio, uno que gana 2,2 millones asignado a un centro de salud, y otro de 1.249.000, que tiene asignadas guardias de reemplazo.

La psiquiatra jefa se ubica en los 4 millones de costo para la población, mientras que otros agentes de Salud Mental apenas alcanzan el millón y medio. Hay trabajadoras sociales de 3,5 millones y otras de 1.5 millones.

Los sueldos se llevan el 74 por ciento del presupuesto en Salud.

La antigüedad no implica efectividad ni cumplimiento. El Estado garantiza estabilidad que tienen quienes en la actividad privada fundieron clínicas, sanatorios o tienen consultorios con empleados en negro y sobre quienes es muy raro encontrar inspecciones de la delegación local del Ministerio de Trabajo.

Estos números forman parte de la carpeta que el intendente Cecilio Salazar y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, le entregaron en mano al ministro Nicolás Kreplak en La Plata para que Provincia esté al tanto de que la problemática financiera de San Pedro tiene al sistema sanitario entre los principales puntos a abordar.

Esos números, también, son los que tiene sobre la mesa el Gobierno local cuando le plantea a Cicop que la deuda que mantiene por retroactivos y aplicación de aumentos de sueldos sólo es posible saldarla en cuotas y no se podrá pagar antes de fin de año, porque en el Municipio hay otros mil empleados que también esperan cobrar sus salarios y aguinaldo.

Durante la jornada de paro de médicos de Cicop que reclaman deudas salariales por retroactivos y aplicación de aumentos otorgados por provincia, el intendente Cecilio Salazar y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, se reunieron en La Plata con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El Gobierno le entregó al funcionario de Axel Kicillof una “carpeta con el detalle de la situación económica y financiera del sistema de salud local”, que incluye un recorrido histórico sobre cómo las falencias del sector privado sobrecargaron el público en los últimos años.

El cierre de las clínicas San Martín (reabierta por Coopser, pero con menor capacidad de respuesta) y San Pedro, y el crecimiento de la demanda en el Hospital por los costos extra que representa para los afiliados de obras sociales atenderse en el ámbito privado forman parte de un combo que desde hace unos años atraviesa al sistema público de salud local.

Uno de los aspectos fundamentales de la carpeta que Salazar y Carrasco entregaron a Kreplak está relacionado con la situación presupuestaria. En San Pedro, la incidencia del área de Salud creció exponencialmente, como este medio expuso en cada Rendición de Cuentas y análisis de Presupuesto, y pasó del 30 al cerca del 50 por ciento del total de los recursos y en pocos años.

Pero además, como reveló La Opinión el lunes, los fondos que le tocan a San Pedro por coparticipación de salud ya no alcanzan para cubrir la inversión necesaria en el distrito. 

El déficit supera el 40 por ciento y al 31 de octubre ascendía a 6200 millones de pesos, contando los recursos de plan Sumar y de recupero de obras sociales.

Ese recupero también forma parte de los problemas. Con los nomencladores atrasados, muchas de las prestaciones están a valores que no tienen sentido. Pero además, cuesta cobrar y hay deudas importantes por parte de las prestatarias.

Entre ellas, IOMA, la obra social de los empleados públicos bonaerenses, que tampoco actualizó nomencladores y también mantiene deudas con el Municipio.

Como no podía ser de otra manera, el conflicto con Cicop también fue parte de la conversación. Los médicos de San Pedro —más otros profesionales que no forman parte del sistema sanitario pero están incluidos en carrera médico hospitalaria— se llevan un alto porcentaje del gasto en sueldos.

Pero además, el Municipio tiene una deuda de más 350 millones de pesos que propuso pagar en siete cuotas, plan que los médicos rechazaron para hacer una contrapropuesta de pago en tres meses, que el Gobierno consideró inviable.

Una vez más, las paritarias provinciales pensadas para la realidad de La Plata y el conurbano fueron tema de exposición. 

Los municipios del interior sufren las dificultades de no poder negociar sus propias paritarias con los médicos y están obligados a pagar lo que se acuerda en Provincia.

El Gobierno se refirió a la "recomposición salarial diferencial otorgada a los profesionales en relación con otros trabajadores municipales" y también reconoció sus falencias al señalar "la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la carga horaria",.

Revela algo que es un secreto a voces: no todo el mundo cumple el horario por el que cobra en el sistema público de salud.

"El ministro Kreplak puso al Municipio en contacto con los directores provinciales de Infraestructura, Planificación, Educación y del Sistema de Administración Médica (SAMO), con el objetivo de coordinar líneas de acción conjuntas que permitan consolidar una Red Integrada de Salud entre San Pedro y la Provincia, optimizando los recursos y fortaleciendo la atención a la comunidad", informó el Gobierno.

Respecto de la posibildad de provincialización del Hospital, un planteo que viene desde hace años y que el concejal Rivas llevó al HCD, con visto bueno de concejales oficialistas que fueron funcionarios de Salud, como Daniel Creus, nada se dijo en el comunicado.

En medio del paro de médicos de Cicop, que reclaman el pago adeudado de retroactivos y aumentos, volvió a cobrar vigencia una iniciativa de la oposición para que el Gobierno local plantee al provincial la posibilidad de que el Hospital Emilio Ruffa pase a la órbita de la administración bonaerense.

La provincialización del Hospital está en debate en un proyecto que el concejal Martín Rivas presentó a fines de julio y que se trató en sesión a mediados de agosto. En ese momento, a pedido del concejal oficialista y exsecretario de Salud Daniel Creus el expediente pasó a comisión para ajustar detalles.

En el marco de la problemática a la que asiste San Pedro con el sistema de salud pública y el paro de médicos, el intendente Cecilio Salazar y la secretaria del área, Isabel Carrasco, se reunieron este lunes con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak

En el proyecto para pedir provincializar el Hospital Rivas hizo hincapié en las dificultades económicas para sostener el sistema de salud pública local, basado en los datos de la Rendición de Cuentas 2024 que este lunes La Opinión actualizó al 31 de octubre.

Esos datos señalan que la salud de San Pedro insume un 40 por ciento más de recursos de los que se obtienen por coparticipación, plan Sumar y recupero de obras sociales. El déficit actual es de más de 6200 millones de pesos.

"El déficit presupuestario está abarcado, en gran porcentaje, por los fondos que nos requiere el Hospital", dijo en sesión Rivas cuando votaron pasar el expediente a comisión.

 "Se ha hablado mucho de provincializar, me parece que llegó el momento", aseguró Rivas.

En ese marco, había hecho alusión a las problemáticas salariales de los afiliados a Cicop. "Cuando vemos el presupuesto y el 40 por ciento se va en el Hospital, y la atención sigue siendo deficiente porque no hay insumos o los médicos no cobran en tiempo y forma, empecemos a buscarle soluciones".

El que propuso ese día el pase a comisión fue el concejal oficialista Daniel Creus, que fue director del Hospital, secretario de Salud y es un médico pediatra especializado en neumonología infantil que pertenece a la planta permanente del sistema sanitario público local.

Recordó en ese momento una publicación de La Opinión en la que el entonces director del Hospital Carlos Gutiérrez señalaba que la coparticipación local se utilizaba para otros fines. Eran otros tiempos.

"Estoy de acuerdo en que en Salud, en las próximas gestiones municipales, de a poquito vamos hacia una ineficacia", consideró Creus y consideró que "el Hospital Ruffa es el corazón de la salud de San Pedro".

Salazar hizo de la Salud un pilar de su gestión desde el día uno de su mandato. Creus lo destacó: "Cuando entró con Cambiemos, hizo un vuelco total respecto de lo que veníamos teniendo".

En ese sentido, enumeró la municipalización de la terapia intensiva, la instalación del nuevo tomógrafo, la obra de internación en pediatría nueva y la inclusión de "muchísimas especializaciones" que no estaban.

"Se ha complejizado mucho la atención y el Hospital tiene las características de una ciudad más grande, municipios de 70 mil habitantes no tienen este hospital", sostuvo, pero advirtió: "Está llegando al límite".

Creus dijo en varias oportunidades que es necesario que haya discusiones paritarias locales para evitar el desfasaje que provocan los acuerdos en Provincia, que los municipios están obligados a cumplir y que generan, como ahora en San Pedro, deudas que complican el normal funcionamiento de los servicios.

"Algo se va a tener que hacer en los próximos años. Tenemos unas paritarias en La Plata y después se discute a nivel local sólo cuánto valen las guardias, porque si pagamos lo que se firma en La Plata no va a venir nadie a trabajar. Siempre algún mecanismo de elasticidad para negociar con los colegas que vienen de afuera hay que tener, dijo Creus.

Ese día, disparó: "Por ejemplo, y sin desmedro de ningún colega, los oncólogos de acá ganan más que los del Roffo, los pediatras ganan más que los del Garrahan, seguro; pero es lo que hay y lo que a veces hay que negociar para tener servicios".

El sábado en Sin Galera, mientras fue entrevistado por otros temas, se lo consultó acerca de la problemática actual con los médicos, el paro de este lunes y el debate sobre la provincialización del Hospital.

"Hasta 2023 se fueron provincializando algunos hospitales municipales, era un momento en que se podría haber hecho, hoy lo veo muy difícil", dijo y agregó: "La salud es un agujero negro en municipios chicos como este".

"Yo no estoy muy de acuerdo con los paros en salud, porque si bien es un derecho laboral, es superior el derecho a la salud, hay que encontrarle la vuelta al reclamo y no dañar el sector salud, estamos suspendiendo cirugías que están esperando hace meses", dijo sobre la medida de fuerza.

Consideró que en la actualidad, con un costo para mantener los servicios que es superior a los ingresos por coparticipación, “quizás la provincialización sería eficaz”.

Este lunes los médicos y otros profesionales incluidos en la carrera médico hospitalaria cumplirán con un paro por 24 horas tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno municipal respecto de cómo se saldará la deuda de retroactivos y aumentos de sueldo todavía no aplicados a la escala salarial.

El jueves, cuando La Opinión informó la situación, reveló la ejecución presupuestaria del sistema de salud que figura al cierre del primer semestre. Ahora, tuvo acceso a los números hasta el 31 de octubre.

La situación es compleja para el sostenimiento del sistema, incluso más allá del debate acerca del devenir de la gestión del Gobierno municipal. El déficit en Salud es superior al 40 por ciento del presupuesto disponible.

La inversión total en salud al 31 de octubre ascendió en San Pedro, para mantener todo el sistema sanitario, a casi 15 mil millones de pesos.

Los ingresos por coparticipación que el Municipio recibió de Provincia en concepto de salud pública, de acuerdo al coeficiente único de distribución (CUD) fueron de casi 6800 millones.

A eso deben sumarse 1400 millones de recupero de obras sociales y 483,5 millones que llegan a través del Plan Sumar. Los ingresos son, en total, casi 8700 millones.

El déficit es de poco más de 6200 millones de pesos.

El 74,27 por ciento de los recursos destinados a Salud en San Pedro se fueron en el gasto en los sueldos de personal: 11 mil millones de pesos para 268 agentes. Y eso sin contar la deuda por retroactivos y falta de aplicación de los incrementos otorgados por Provincia.

En la última reunión, los médicos y el Gobierno no alcanzaron acuerdo porque cada parte fue al Ministerio de Trabajo con una propuesta que la otra no aceptó.

El Municipio propuso pagar en siete cuotas, desde noviembre a mayo del año que viene, los casi 400 millones de pesos que debe a los médicos por retroactivos de febrero, marzo, mayo y julio, más la aplicación de los aumentos de agosto y octubre.

Cicop pidió que la deuda se pague en tres cuotas, en noviembre, diciembre y enero, pero los representantes del Gobierno les dijeron que no estaban en condiciones de afrontar un acuerdo de esas características.

Tras la Rendición de Cuentas parcial del primer semestre del ejercicio 2025, que cerró con un déficit de 2600 millones de pesos, tal como publicó La Opinión, este medio solicitó una serie de datos relacionados con las tasas municipales para ayudar a comprender el contexto en el que se desarrolla la economía municipal.

La primera revelación fue el porcentaje que la recaudación por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) repersenta sobre el costo total de los servicios que implica esa tasa: apenas el 21 por ciento.

Son 93,5 millones de pesos promedio por mes de recaudación contra 445 millones de costo para la prestación.

Ahora, La Opinión presenta el mapa de la cobrabilidad de ABL, que muestra el plano de la ciudad dividido en zonas con el porcentaje de contribuyentes que paga la tasa.

La cobrabilidad de ABL bajó respecto del año pasado, cuando terminó en un 65 por ciento, y es al cierre del primer semestre del 49 %. En el Gobierno señalan que siempre, ante contextos de crisis económicas, el pago de tasas sufre reducciones.

La zona de mayor cobrabilidad es la del centro: entre 11 de Septiembre y Mitre, y entre Mitre y Sarmiento, desde 3 de Febrero hasta la barranca, los porcentajes son del 72,17 y del 69,89 por ciento, respectivamente.

Le siguen la zona este que abarca desde Sarmiento a Rómulo Naón y desde 3 de Febrero a la costa, con 63,2 por ciento; y la que va de 3 de Febrero a Caseros y de Mitre a Sarmiento, con 62,19 %.

La zona con menor porcentaje de cobrabilidad es la del oeste de la ciudad, que abarca los barrios sociales San Francisco, San Miguel, 291 Viviendas, Arco Iris, entre otros.

El porcentaje es de apenas el 19,81 por ciento y no contempla la cantidad de viviendas que están emplazadas en asentamientos precarios, puesto que no figuran como contribuyentes por lo que no sólo no pagan sino que no les llegan las facturas.

En segundo lugar, la zona de menor cobrabilidad es el norte, desde 11 de septiembre hacia Mateo Sbert y desde 3 de Febrero a la costa, con 33,52 por ciento.

Uno de los debates que se da cada vez que hay que aprobar aumentos de tasas está relacionado con que la carga tributaria “siempre recae sobre los mismos” porque “hay sectores que no pagan” y deberían generarse mecanismos para “recudar más y mejor”. 

El análisis del ejercicio económico financiero al final del primer semestre arrojó un déficit de alrededor de 2600 millones de pesos que en el Gobierno aseguran tiene explicación en las dificultades para hacer frente a los compromisos con los recursos con los que se dispone.

El repaso de los costos de las tasas contra la recaudación mes a mes da cuentas de que para cubrir la prestación el Municipio debe afectar recursos provenientes de otros fondos, porque no alcanza.

La tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es una de las más significativas en ese sentido, de acuerdo a la información a la que accedió La Opinión sobre su ejecución.

La recaudación de ABL alcanza para cubrir apenas el 21 por ciento del costo de la prestación.

En el desglose mensual promedio que la Secretaría de Economía expuso ante la consulta de La Opinión aparece que a junio, ABL tuvo una tasa de cobrabilidad del orden del 49 por ciento.

La emisión fue por más de 1142 millones de pesos y lo efectivamente percibido alcanzó los 560,5 millones. La cobrabilidad bajó respecto de 2024, cuando terminó en el 60 por ciento, un porcentaje ya muy bajo.

El promedio por cuenta tributaria de ABL es de poco más de 17 mil pesos por contribuyente. Algunos pagan más, otros menos, pero ese es el promedio.

Incluso si todos pagaran, no alcanzaría para cubrir el costo de la prestación: sólo se podría abonar el 53 por ciento del total.

En promedio, en el primer semestre, la emisión fue de 190,3 millones de pesos. La recaudación, $ 93,4 millones. El costo de la prestación alcanzó los 445 millones por mes, promedio.

Esos 93,4 millones de recaudación, que representan el 21 por ciento del costo total de la prestación del servicio, apenas alcanzaría para cubrir las facturas de Coopser por el servicio de alumbrado público.

Ese servicio implica el 20 por ciento del total de los costos (88,5 millones). La recolección de residuos insume el 35 por ciento (155,5 M); el barrido maunal,18 % (80,6 M); la recolección en localidades, 4 por ciento (18,7 M).

El resto se va en personal, 13 por ciento (56,3 M); Combustibles, 2 % (8,8 M); mantenimiento de alumbrado y reposición de lámparas, 2 % (8,3 millones por mes); mantenimiento del basural, 3 % (12,4 M); sistema de reciclado, 1 % (3,6 millones); bienes de uso, 2 % (8 millones); y servicios no personales, 1 por ciento (3,95 millones de pesos).

"Hace 10 años, el análisis arrojaba un resultado similar. Después de un tiempo considerable, no se pudo reconstituir la tasa", analizó el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante La Opinión.

Para el funcionario, la situación tiene un trasfondo político: "En algún momento las tasas tienen que seguir la evolución de la economía", señaló. 

Es decir, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo deberán sincerarse respecto de qué incrementos se van a proponer a la ciudadanía.

"En la medida en que se sigan moviendo las variables que influyen en la prestación y no las podamos cubrir con el valor mensual de la tasa, vamos a seguir discutiendo déficit", aseguró Borgo.

La primera mitad del año del ejercicio económico financiero de la Municipalidad terminó con un déficit de alrededor de 2600 millones que representa aproximadamente un 12 por ciento más de gasto sobre los recursos percibidos.

Que un Gobierno gaste poco más del 10 por ciento por encima de lo que cobró por tasas y recibió por coparticipación a mitad del año no pareciera motivo de preocupación, a juzgar por las dificultades económicas generales.

Pero a la vista de la evolución de los ingresos y de los gastos, con un importante porcentaje que se llevan los sueldos, lo que queda del ejercicio será delicado. En un año electoral, campaña mediante, aún más.

De los 41.500 millones de pesos que tiene previsto el presupuesto, el Gobierno ya gastó casi 23 mil millones, alrededor del 55 por ciento, bastante menos que en 2024, cuando para la fecha ya llevaba el 70. En materia de recursos, percibió poco más de 20.300 millones, lo que representa menos del 50 por ciento.

Como siempre, los sueldos se llevan el porcentaje mayor: alrededor del 75 por ciento sobre los recursos de libre disponibilidad, mismo nivel que al final 2024, pero por encima que al cierre del primer semestre, que era del 60. Son 10.613 millones sobre casi 14.130 millones.

Así, los salarios del personal municipal, médicos y profesionales de la salud, funcionarios del gabinete y concejales insumen casi 1769 millones por mes. 

Todo antes de pagar el aguinaldo, para el que esta vez hubo que recurrir a Provincia, que inyectó un adelanto de copartipación que habrá que devolver hacia fin de año. Además, ya empezaron los debates para la paritaria.

El 25 por ciento restante más casi 3500 millones de fondos afectados —echaron mano de esta cuenta para pagar aguinaldos y también hay que devolverlos— y poco más de 2700 millones de recursos extrapresupuestarios suman los 12.300 millones con los que la Municipalidad tuvo que hacer todo lo demás.

Los tres hospitales y los centros de salud implicaron más de 7 mil millones de pesos en total para cubrir las prestaciones necesarias. Salud es el área de mayor inyección de recursos en lo que va del ejercicio.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, apunta a profundizar en el segundo semestre lo que denomina su "plan de contención del gasto" para hacer más eficiente el proceso de compras.

Se sabe que las demoras en pago a proveedores implican que quien le vende a la Municipalidad lo hace más caro. En Palacio también entienden que muchos de esos proveedores no le podrían vender a ese volumen a ningún otro cliente.

Borgo reconce que la segunda mitad del año, tras el pago de los aguinaldos y con el necesario cumplimiento de las demandas de los médicos, que vienen atrasadas, será cuesta arriba.

Una vez más, el funcionario llegó a fin del primer semestre con un delicado equilibrio en las cuentas. El resto del ejercicio será muy complejo y llegar a diciembre con los recursos garantizados para hacer frente a los aguinaldos es la meta. 

La creación de un Fondo de Medidores por ordenanza municipal, que destinará el 3 por ciento de la recaudación municipal a la compra de medidores de agua, tiene como horizonte que, en algunos años, todos los domicilios paguen lo que consuman.

El Gobierno va a financiar la colocación de medidores en inmuebles de uso comercial, que ya son desde hace tiempo objeto del servicio medido de agua potable. El paso siguiente serán las viviendas con pileta.

La Dirección de Servicios Sanitarios ya tiene relevado que la mayoría de los domicilios no tienen dificultades mayores para la adaptación de medidores, que se colocarán en la vereda.

Como se dijo, en principio, comerciantes, luego las casas con pileta y en uno o dos años más, toda la ciudad. Antes, acaso, deberán resolver la problemática del tanque copa, al menos.

El plan es que todo el servicio pase a ser medido antes del fin del tercer mandato de Salazar.

Cada vecino deberá pagar, cuando le toque, el medidor y su instalación. Habrá, adelantaron desde el Gobierno, planes de pago. Unos días antes de la aprobación de la ordenanza de Fondos Especiales, que incluye el de medidores, el secretario de Economía, Roberto Borgo, explicó los alcances a los ediles, en reunión de comisión.

"Primero vamos por lo que está pendiente, que son las habilitaciones comerciales. Lamentablemente, el año pasado no tuvimos capacidad", dijo Borgo a La Opinión. 

"Hubo muchos de los comerciantes que vinieron a solicitar lo que ordenaba la ordenanza, precisamente, y no se había podido hacer. El primer tramo va a ser ese", señalò.

Durante el primer semestre del año, el plan del Gobierno es relevar toda la ciudad para registrar las propiedades que tienen pileta. Las herramientas satelitales serán fundamental para ello.

"Nos parece ilógico que paguen igual que el resto, así que una de las prioridades seguramente va a ser esa", dijo el funcionario. 

Durante el tratamiento del aumento de tasas previo a fin de año, hubo mayores contribuyentes que lo plantearon en reuniones previas a la votación, sobre todo desde Vuelta de Obligado.

"Iremos viendo algunas otras cuestiones de consumo que ya tenemos más o menos chequeada con Servicios Sanitarios por sector. Conocemos cuadrantes que alimentan bombas que están muy por debajo del nivel de presión que tienen que tener cuando tienen una provisión adecuada", reconoció Borgo.

En el Gobierno tienen claro y lo repiten desde los días del relevamiento de Jorge Ponzio y Hugo Días al comienzo de la gestión que San Pedro tiene "un consumo desmedido" de agua que es necesario contener.

La última factura de Coopser por bombas de agua fue de 64 millones de pesos.

"Hay que buscar la forma de tener el control y tener la posibilidad de darle al contribuyente el pago del medidor y hacerlo en cuotas", señaló Borgo respecto de los planes que tienen por delante para ir al servicio medido.

En los análisis, los funcionarios ponen sobre la mesa el hecho de que se trata de un servicio de contraprestación directa. La cobrabilidad baja por la recesión, pero el servicio hay que prestarlo y para ello hay que pagar las facturas.

En las localidades, donde ya existe el servicio medido, y en ciudades que lo aplicaron hace tiempo, la modalidad ante la falta de pago es la de colocación de un "cepo" que permite un paso ínfimo de agua, puesto que no se puede cortar del todo.

"Todos sabemos que hay problemas de calidad de prestación, pero bueno: si no están los recursos, imposible mejorar", repite Borgo ante cada análisis relacionados con los aumentos de tasas.

El funcionario considera que sin los medidores "nunca vamos a controlar el consumo". En la década del 80 ya se planteaba el tema. Barbieri dio pasos importantes, pero tampoco avanzó

El último intento serio de planificar la instalación de medidores de agua fue durante la era Guacone.  Las dificultades financieras del Estado municipal en ese momento y la debilidad política del Gobierno lo impidieron. 

A Salazar, que a pocos meses de asumir anunció la instalación de 2 mil medidores, le quedan tres años por delante y habrá que ver qué influencia tiene en la toma de decisiones la campaña 2025. 

El intendente Cecilio Salazar decidió jerarquizar nuevamente el área de Seguridad municipal y convertirla en Secretaría dentro del gabinete, tras un año en el que funcionó como Subsecretaría.

Así quedó establecido en el organigrama que el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2025, aprobado el lunes en el Concejo Deliberante, luego del tratamiento de la ordenanza Impositiva con los mayores contribuyentes.

Para 2025, la Secretaría de Seguridad tiene asignado un presupuesto total de casi 2600 millones de pesos, entre lo que se destina del presupuesto general y el nuevo fondo afectado.

Son 2.143.780.347,27 pesos asignados de los 41.500 totales, de los cuales casi 1500 millones se van en sueldos, más 444 millones del Fondo de Seguridad que ahora ya no es sobretasa sino que se nutre del 5 por ciento del total de la recaudación propia.

El organigrama prevé la creación de una Secretaría de Seguridad y el mantenimiento de la Subsecretaría, sin que aparezca la denominada Dirección de Coordinación de Policías.

En el presupuesto, llamativamente, no aparece imputación alguna a la Dirección de Tránsito y Nocturnidad, acaso junto con Centro de Monitoreo el área que mayor cantidad de personal insume en Seguridad.

Hasta ahora, el área dependía de la Secretaría de Gobierno que conduce Martín Baraybar y tiene a Mario Méndez como subsecretario, con José Luis Salas como director de Coordinación de Policías.

Las primeras versiones indican que Méndez y Salas ascenderían, aunque también hay quienes dicen que en la mesa chica del Gobierno piensan en un civil para asumir el cargo, algo que no ocurre desde el breve paso del abogado Diego Solana.

Se desconoce, puesto que el presupuesto no lo prevé, cómo será la continuidad de la Dirección de Tránsito que conduce Armando Caballero, que después de todo es un empleado de planta permanente que ocupa ese cargo que al menos hasta el año pasado figuraba como político.

La primera quincena de enero es de ajuste obligatorio para el Gobierno municipal de Cecilio Salazar: Provincia redujo el porcentaje de coparticipación y empezó a cobrar el Fondo Covid que el Estado local adeudaba.

Datos del Ministerio de Economía bonaerense a los que tuvo acceso La Opinión indican que el coeficiente único de distribución (CUD) tuvo una variación negativa respecto de 2024, lo que impacta en las finanzas locales.

EL CUD pasó de 0,63729 a 0,62797, lo que implica una reducción general del 1,46. El impacto mayor lo tuvo Salud, donde la caída es del 3,2 por ciento.

Consultado por La Opinión, el secretario de Economía Roberto Borgo informó que la reducción en Salud tendrá consecuencias relevantes, puesto que representa "mínimo 150 millones de pesos por mes".

El monto es altísimo no sólo por su valor nominal sino por lo que implica para un sistema de salud que tiene en el Hospital local al efector fundamental para la demanda, con un porcentaje muy importante de la población a la que asiste.

Borgo confirmó además que Provincia retuvo 8 millones de pesos de la coparticipación como parte de la primera cuota de devolución del denominado Fondo Covid.

En 2020, el Gobierno provincial inyectó recursos extraordinarios a los municipios para afrontar la pandemia, pero con dinero que había que devolver.

El Gobierno provincial autorizó desde 2021 que Mayores Contribuyentes votaran el pago para el ejercicio siguiente, pero este año comenzó a cobrarlo. Son 12 cuotas de 8 millones de pesos para cumplir con los 96,5 millones de la deuda.

El intendente Cecilio Salazar tiene en su escritorio las renuncias de 50 funcionarios, que según la última liquidación cuestan casi 110 millones de pesos por mes, sin contar aguinaldo y en bruto.

En el organigrama hay 10 secretarías; cinco subsecretarías; 36 direcciones (de ellas, cinco vacantes); dos subdirecciones; y dos coordinaciones. La definición la anunciará el mandatario comunal cuando el jefe de Gabinete vuelva de sus vacaciones.

La decisión será acerca de quién se queda y quién se va para el décimo año de gestión, segundo del tercer mandato.

Todos los nombres que figuran a continuación están sujetos a la consideración del intendente. Hasta el momento, todo indica que no habrá modificaciones en cuanto a los secretarios que están en funciones. Las direcciones, dicen en Palacio, pasarán por el cedazo de Salazar.

Del jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, según el nuevo organigrama, dependen la Subsecretaría Legal y Técnica, con Daniel "Canito" Porta al frente, que tiene Dirección debajo, con Viviana Costa; la Dirección General Administrativa que conduce María Luz García Dell'Acqua; y la Dirección de Personal que coordina Sofía Fucci.

El Secretario de Economía Roberto Borgo ahora tiene subsecretario: es Ignacio "Nachito" Coronel, que llegó a la ciudad con Carrasco; además dependen de él la Dirección de Rentas, con Christian Rial; la de Presupuesto, a la que vuelve Marcelo Delbene; y también están bajo su órbita las de Contaduría (Mariana Giosa) y Tesorería (Nadia Rodríguez), que no son políticas, y sumó la de Fiscalización, vacante desde la renuncia de Agüero.

La secretaria de Salud, María Vargas, tiene en su seno una dirección de Atención Primaria que está vacante; la Dirección de Personal de Salud, con Augusto Ramos; la Dirección de Salud Mental que dejó Sandra Sorbara; y la Dirección General Administrativa y Compras, con Silvio Jaime a la cabeza.

También están las direcciones médicas de los hospitales: Isabel Carrasco en San Pedro; Daniela Alves en Gobernador Castro; y Graciela Camerano en Santa Lucía. La Oficina de Bromatología tiene a Saverio Gutiérrez al frente, pero no como funcionario político.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, vio recortadas sus competencias. Ahora, según el nuevo organigrama, sólo dependen de él la Subsecretaría de Género, con Laura Monfasani a la cabeza, y la Dirección de Defensa Civil que coordina Fabio Giovanettoni.

Seguridad pasó a ser Secretaría y todavía no hubo nombramiento, por lo que Baraybar la coordina de manera interina. Tiene una Subsecretaría, con Mario Méndez. En el nuevo organigrama no figuran la Dirección de Coordinación Policial que conduce José Luis Salas ni la Dirección de Tránsito de Armando Caballero, aunque ambos siguen en funciones.

La Secretaría de Coordinación de Luciano Arias perdió algunas direcciones pero ganó otras. Ahora tiene las cuatro delegaciones y sus subdelegaciones bajo su órbita: Santa Lucía (Mariano Barrios) y Pueblo Doyle (Hugo Obaid); Gobernador Castro (Ernesto Luchessi) y Vuelta de Obligado (Hugo Borda); Río Tala (Walter Díaz); y Los Cazadores o La Tosquera (Carlos García). Además tiene la Dirección de Modernización, con Diego Iturri al frente.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos tiene a Mariano Brañas como secretario y a Adrián Devito como subsecretario. Las direcciones y sus funcionarios a cargo son: Cementerio (vacante, a cargo de Devito); Corralón, Juan Bronce; Red Vial, Juan Cabrera (coordinador); Mantenimiento, Héctor "Pocho" Giuliani; Dirección Administrativa, Natalia Rimasa; Planeamiento y Catastro (vacante); Servicios Sanitarios (vacante).

Walter Sánchez sigue al frente de Desarrollo de la Comunidad y de él dependen la dirección de Comisiones de Fomento que coordina Celina Bronce; Asistencia Directa, con José Franchini; y Adultos Mayores, con Silvia Triñanes como directora.

La Secretaría de Producción, Industria y Comercio que conduce Ariel Álvarez tiene bajo su órbita la dirección de Producción (vacante), la Dirección de Ambiente que conduce Gustavo Solá y la coordinación de Producción que tiene a su cargo Hugo Ramírez.

Mariano Arnal conduce la Secretaría de Deportes, Turismo, Cultura y Educación, con un director por cada área: Vicky Villalba en Turismo; David "Kukino" Kurlat en Cultura; Alan Ocampo en Educación; y Valentín Bravo en Deportes.

Comenzó este lunes la primera semana completa de 2025 y en el Gobierno hay funcionarios que entraron de vacaciones, mientras el intendente Cecilio Salazar define la continuidad del equipo.

Como hace todos los años, Salazar pidió las renuncias de todos los integrantes del gabinete para decidir con quiénes va a seguir para el nuevo año, que además es electoral.

Mientras en los pasillos de la Municipalidad todos sacan cuentas acerca de su propia performance y esperan que la moneda al aire caiga a su favor, las vacaciones comenzaron en dos áreas estratégicas.

El jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, máxima autoridad del equipo de Salazar, primero en la línea sucesoria por haber encabezado la lista de concejales 2023 y verdadera "mano del Rey" —sí, como en Game of Thrones— en el Gobierno entró de licencia, antes de que le toque ser intendente interino por vacaciones Cecilio.

Su firma y las tareas de conducción propias de su cargo quedaron, al igual que ocurrió en noviembre cuando también se tomó vacaciones, bajo la órbita del secretario de Economía, Roberto Borgo, el otro gran líder del Gobierno, algo que quedó muy claro todas las reuniones de gabinete, como la de la foto que ilustra esta nota.

Además, Borgo quedó al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que conduce Mariano Brañas, quien también entró de licencia por vacaciones, por lo que se convirtió, al menos por el tiempo que duren las licencias, en un verdadero "supersecretario".

Todo indica que en la grilla de vacaciones a Borgo también le tocarán las firmas y funciones de al menos dos secretarios más en lo que queda del verano: Salud, que coordina María Vargas, y Gobierno, de Martín Baraybar.

Mientras tanto el intendente afina el lápiz y analiza qué funcionarios continuarán durante este año en sus secretarias y direcciones. En principio, no hay señales de que haya modificaciones en las secretarías, aunque al menos una sí tendrá anuncios.

Es la de Seguridad, que con el nuevo organigrama, aprobado en el Presupuesto 2025, volvió a tener jerarquía de Secretaría y se espera que el intendente anuncie si ascenderá al subsecretario Mario Méndez o designará a "un civil", como se sabe que analizan en la mesa chica. Mientras definen, Martín Baraybar sigue coordinando.

El nuevo organigrama implicó varios movimientos. Baraybar perdió, además de Seguridad, varias de las áreas que estaban bajo su influencia y ahora dependerán de él sólo la Subsecretaría de Género y Defensa Civil.

Eso sí: continuará con una tarea que el funcionario se puso sobre los hombros durante el año pasado: la articulación con el Concejo Deliberante, donde la Presidencia carece de ascendencia en el diálogo con la oposición.

Las delegaciones municipales, que dependían de Gobierno, ahora están bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación y Modernización de Luciano Arias, quien también tuvo movimientos en las áreas que estaban bajo su tutela.

La Jefatura de Gabinete de Alfredo Carrasco concentró algunas dependencias más: se llevó a su órbita la Subsecretaría Legal y Técnica, con Daniel Porta al frente, y la Dirección General Administrativa que coordina María Luz García Dell'Acqua.

Borgo tendrá en Economía y Hacienda a Ignacio "Nachito" Coronel, un hombre que vino con Carrasco a la gestión, como subsecretario, y en la Dirección de Presupuesto designarán a un empleado de carrera que supo coordinar el área. 

Además, quedó bajo su órbita la Dirección de Fiscalización General que condujo hasta su renuncia Juan Carlos Agüero.

Los cargos políticos aprobados por el Concejo Deliberante en el organigrama presentado con el Presupuesto superan los 50. No todos están cubiertos, pero existen y bien podrían ser ocupados por funcionarios. En muchos casos hay empleados municipales de carrera al frente de las áreas, con reserva de cargo.

El Gobierno municipal decidió dejar de cobrar el derecho de Estacionamiento Medido en radio céntrico, algo que por cierto no hace desde 2020, pero esta vez lo dejó asentado en las ordenanzas fiscal e impositiva.

Desde pandemia, el Estado local dejó sin efecto el cobro de ese tributo, que fue creado con el objetivo de ordenar el tránsito en la zona comercial y bancaria en los horarios de mayor movimiento.

Ya en 2023 el cálculo de recursos y gastos no preveía ingreso alguno por ese gravamen, algo que también ocurrió en 2024. Sin embrago, en cada uno de esos ejercicios, el Gobierno establecía aumentos.

Esos incrementos, que para los últimos dos períodos fueron del 120 y el 100 por ciento, respectivamente, ya no aparecen en la ordenanza impositiva. En la fiscal, en tanto, no figura el tributo como uno de los que se vayan a cobrar.

En la reformulación de la ordenanza de Estacionamiento Medido de 2019 el Concejo Deliberante facultó al Gobierno a "desafectar en forma total o parcial" las calles en las que regía el servicio.

El estacionamiento medido estaba dispuesto de lunes a viernes, de 8.30 a 11.30 y de 17.00 a 20.00, y los sábados por la mañana, horarios que también podía modificar.

En la Impositiva 2025, que el lunes 30 aprobaron los Mayores Contribuyentes, sólo aparece gravado el estacionamiento exclusivo frente a garage, que tiene un costo de 58010 pesos por año.

La ordenanza impositiva que Mayores Contribuyentes aprobó el 30 de diciembre tiene modificaciones en el capítulo dedicado a los derechos de construcción.

Con el objetivo de fomentar la presentación voluntaria de quienes tengan construcciones sin declarar, el Gobierno redujo el recargo para esa declaración del 200 al 50 por ciento.

Es decir que a partir del año que viene, quien se presente por sus propios medios ante Obras Públicas para asentar construcciones que no hayan sido declaradas desde 1998 a la fecha, pagarán el monto establecido más la mitad como penalización.

El bloque de la UCR destacó la medida en la última sesión, puesto que consideraron que de esta manera se tiende a favorecer la voluntad de regularización, que hasta ahora tenía un recargo del 200 por ciento, lo que, indicaron, atentaban contra la posibilidad.

En el caso de que haya intimación por parte de la Municipalidad, el contribuyente deberá abonar un 100 por ciento de recargo sobre el monto de derecho de construcción. Si tras ser intimado no se presenta en el  plazo establecido, la penalización será del 200 por ciento.

La inspección de obra obligatoria será trimestral, según la ordenanza impositiva. Cada visita implicará el pago de un 4 por ciento del valor correspondiente a los derechos de construcción.

Desde el año que viene "no se aprobará ningún plano o se emitirá final de obra hasta tanto no exista constancia emitida por al Dirección de Servicios Sanitarios que certifique que la propiedad cuenta con medidor de consumo de agua", advierte el expediente.

Por Martín Rivas*

Verdaderamente, la Política es una madre prolífica pues cuenta entre sus hijos desde los Vivos y Vivillos hasta los Bobos.

Aunque los Vivos no cesan en su avance, todo tiene un límite aun cuando presuponen la disponibilidad estratégica de Bobos capaces de levantar la mano sin objetar ni siquiera lo ilegal.

Estas reflexiones tienen su correlato en el reciente Presupuesto de la Administración del Municipio de San Pedro. Si bien la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº6769/58 y sus modificatorias indican:

ARTÍCULO 31: (Texto según Ley 12396) La formulación y aprobación del Presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la previa fijación de los recursos para su financiamiento. Todo desvío en la ejecución del presupuesto requerirá la justificación pertinente ante el Organismo Competente del Poder Ejecutivo Provincial el que deberá expedirse de conformidad al procedimiento que establezca la reglamentación. La justificación a que se refiere este artículo, recaerá sobre el Funcionario que haya tenido a su cargo la responsabilidad de la ejecución presupuestaria de que se trate.

ARTÍCULO 36: (Texto según Ley 10260) No habiendo el Departamento Ejecutivo remitido el proyecto de Presupuesto antes del 31 de octubre, el Concejo podrá autorizar una prórroga para su remisión a solicitud del Departamento Ejecutivo, o proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exceder el total de la recaudación habida en el año inmediato anterior.

Después de dos solicitudes de prórroga para la presentación del Presupuesto, Cálculo de Recursos, Ordenanza Impositiva para 2025, con la presunta colaboración de la Universidad Nacional de La Plata, finalmente, la documentación fue presentada a último momento, por lo cual resultó escaso el tiempo disponible para su estudio, más aún cuando la información se halla englobada en rubros incomprensibles, dificultado el análisis pormenorizado que facilite la decisión del Concejo y de los Mayores Contribuyentes. Para que un Presupuesto pueda interpretarse y analizar, debe presentarse debidamente pues no se puede ni debe depender de la pretendida sapiencia de un funcionario municipal.

En primer lugar, el Presupuesto Anual y Cálculo de Recursos se ha realizado en base a estimaciones inciertas, por cuanto no fueron aprobados los Presupuestos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para 2025, motivo por el cual dichas jurisdicciones han prorrogado el presupuesto del año 2023, con más la Ley Impositiva de 2024, para la Provincia. Quizás hubiese resultado prudente la prórroga del anterior presupuesto, con la aprobación de la Ordenanza Impositiva.

Resulta ilógico el presupuesto formulado por la Municipalidad de San Pedro, toda vez que el 78.05 % de sus recursos provienen de la Coparticipación de Impuestos.

Con respecto al contenido del Presupuesto en cuestión, cabe el siguiente análisis:

Total del Presupuesto…………………….$ 41.432.441.057,83

Gastos totales anuales en personal ……$ 26.563.740.697,05

Relación de los haberes con el total presupuestado… 64,11 %

O sea que por cada $ 100.000 que entran al Municipio, $ 64.110 se emplean para pagar sueldos: es un Municipio gremial cuya principal finalidad es pagar sueldos.

A continuación, pasamos al análisis de lo previsto para cada Sector de la Administración:

Conducción Superior $ 306.854.075,84

Secretaría de Economía y Hacienda $ 1.948.123.342,94

Secretaría de Salud, incluyendo los

Tres Hospitales y Centros de Salud $ 18.986.831.936.56

Tribunal de Faltas $ 169.776.097,14

Servicio de la Deuda $ 980.816.914,15

Jefatura de Gabinete $ 890.809.588,13

Secretaría de Gobierno $ 689.382.351,40

Subsecretaria de Políticas de Género $ 279.388.492,23

Secretaria de Obras y Serv. Públicos $ 5.860.397.511,30

Secretaria Desarrollo de la Comunidad $ 2.292.231.886,20

Secretaria Producción Industria y Turismo $ 595.707.627,79

Secretaría de Modernización $ 2.387.651.069,88

Secretaria Turismo, Cult, Deport y Educ $ 2.970.136.964,66

Secretaría de Seguridad $ 2.143.780.347,27

Honorable Concejo Deliberante $ 930.552.942,38

Llaman poderosamente la atención los importantes recursos asignados aún a dependencias cuyas funciones no lo justificarían. 

Si bien el Sistema Informático RAFAM prevé un detallado destino para facilitar tanto la comprensión como el control posterior de la ejecución de los recursos, se observa un englobamiento para los gastos, de manera que resulte imposible todo análisis.

Como ejemplo, podemos mencionar que en el rubro “Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes para Salud, se han presupuestado $ 1.215.053.068,48

¿Cuánto se invertirá en Remedios, teniendo en cuenta que el Municipio administra tres Hospitales más los Centros de Salud? En el caso del Hospital Santa Lucía, Gobernador Castro y Centros de Salud, sólo se indica el rubro haberes.

Se manifiesta la realización compras centralizadas para sectores: se trata de una estrategia plausible; pero en el presupuesto, cada sector debe tener asignado los recursos rubros por rubros.

Con respecto a la actualización de las Tasas, Derechos y Otros Gravámenes Municipales, en primer lugar, cabe objetar el porcentaje de la actualización (100%), vista la baja en los índices económicos y la normalización gradual de la economía en el orden nacional.

La cobrabilidad de las tasas es cada vez más baja: no obstante, se aumentan desmedidamente sobrecargando a los contribuyentes cumplidores. Para su determinación se emplea el valor fiscal de las propiedades, en lugar de la determinación fehaciente del costo del servicio.

La Tasa de Seguridad e Higiene: es abusiva pues no se determina con base fehaciente para el cobro recurriendo a replicar en parte el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia.

En cuando la Tasa de la Red Vial del Partido, motivo de la reacción de los productores, cabe destacar su liquidación injusta y onerosa, además de la irregularidad en la prestación del servicio, puesto que hay caminos en los cuales jamás pasó una máquina en todo el año.

Los Servicios Sanitarios merecen similares consideraciones: son servicios de mala calidad por cuanto el agua potable escasea en diversos barrios y se desconoce su potabilización mediante el agregado de químicos aptos.

En Datos Abiertos la Web del Municipio informa que el análisis más reciente se realizó en Mayo de 2020. Se invirtieron $65.000.000,00 en la reparación del Tanque Copa en 2023 y la obra quedó abandonada, por lo cual no se dispone de una reserva de agua y las bombas trabajan en forma constante para el abastecimiento de la red.

El servicio cloacal es desastroso: se ha extendido en la Planta Urbana sin una adecuada planificación que asegure la disponibilidad de Plantas o Estaciones purificadoras, por cuyo motivo se vierten los efluentes crudos en el Riacho San Pedro, frente a la popa del ARA Yrigoyen contaminando con materia fecal el riacho San Pedro, hasta confluir con la salida mayor, frente al Puerto local contaminando el Río Baradero por lo cual las aguas llegan en ese estado hasta la vecina Ciudad. Cabe preguntarse ¿cómo pretendemos la condición de Ciudad de Turismo, cuando las aguas del río ofrecidas están contaminadas con heces humanas y deshechos? ¿En más de cuarenta (40) años, no se pudo hacer nada? En 2023 hubo una posibilidad de un préstamo BID con planificación del ENHOSA: mientras otros municipios están construyendo, aquí ni siquiera lo anunciaron.

Con respecto a los denominados “Fondos” adicionados a los tributos municipales cabe destacar que no corresponde su liquidación, pues la Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 6769/58 y sus modificatorias, no los prevé. Se llega a la exageración de liquidar el 31,5% por este concepto y para significar el resultado, sobre un total presupuestado para Tasas de $ 3.407.270.981,41, los “Fondos” suman $ 4.099.312.532,37, suma que el Ejecutivo municipal gasta a discreción.

Además, se ha presentado y aprobado un expediente creando nuevos fondos, los cuales serían formados sobre el total de lo cobrado por el municipio. Cuando se pasa vista a la definición de lo cobrado al contribuyente por “Fondos”, ¡aparecen como parte de los tributos municipales, a cargo del Contribuyente!

Fondo para Medidores 3%

Fondo especial de Seguridad 5%

Fondo de Reparación Histórica del Palacio Municipal 2%

Fondo de Promoción de Fortalecimiento Productivo 5%

Fondo Especial para Obras y Servicios Públicos 16 %

Cabe destacar, además, el “Fondo Especial de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del 1,5%: es parte de la tasa ABL y no corresponde su cobro duplicado. El Municipio recibe en la Coparticipación una asignación para este destino el cual, para 2024 y hasta octubre, totalizó $ 39.485.968.00.

En el orden Municipal, se deben definir los servicios prestados y su costo, para establecer las Tasas y gravámenes de su potestad. La innovación en la creación de “Fondos”, disfraza la creación de impuestos, facilitando el gasto indiscriminado sin controles.

Estamos ante un Presupuesto y Ordenanza Impositiva completamente oscuros en los cuales se llega hasta el atrevimiento de autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal para incrementar bimestralmente tasas, derechos, patentes, cánones y/o contribuciones por el Índice de Precios al Consumidor (Art. 32 de la Ordenanza Impositiva Anual), pretensión ilegal por cuanto la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone el llamado a la Asamblea de Mayores Contribuyentes a los efectos de producir aumentos en los tributos.

Asimismo, es inconstitucional lo dispuesto en el CAPÍTULO XX, Art. 28 por el cobro de un servicio de mantenimiento, conservación y reconstrucción de los accesos de ingreso y egreso de la ciudad y localidades del partido, definiendo como sujeto impositivo a Transportes de carga con bienes o servicios, por cada ingreso y egreso en el día, como asimismo a los Micros de Larga distancia por cada ingreso y egreso con pasajeros en el día. En primer lugar, porque el mantenimiento invocado corresponde a Vialidad provincial y en segundo lugar, para la atención de ese mantenimiento, se creó el Impuesto a los Automotores.

Contraviene lo dispuesto por la Constitución Nacional, en su artículo Nº10, cuando dispone la libre circulación por el país. El cobro por la entrada y salida de transportes con bienes o servicios y micros de pasajeros configura el establecimiento de una verdadera Aduana interna, contraviniendo además el Art. Nº 75 Inciso 13 de la Constitución Nacional.

Como ha manifestado el señor secretario de Hacienda, la Política tiene hijos Bobos… Pero no tan Bobos como para no darse cuenta de las tropelías de un gobierno municipal pésimo.

*el autor es concejal de Juntos por el Cambio

El Gobierno bonaerense no logró aprobar su ley impositiva y el Presupuesto 2025, por lo que cada municipio de la provincia deberá analizar el impacto que ello tendrá en las propias finanzas, si es que Kicillof no logra los consensos necesarios para darle curso en los próximos meses.

Para San Pedro, el impacto inicial lo reveló el secretario de Economía, Roberto Borgo, tras la sesión extraordinaria en la que Salazar logró aprobar su cálculo de recursos y gastos.

La estimación de Provincia incluía para San Pedro un 25 por ciento de incidencia producto del incremento de impuestos provinciales. En sesión, Rivas planteó que el presupuesto local quedaba desdibujado o "dibujado" ante ello y tiene sentido, aunque no implica, como sostuvo el edil, una “contrariedad a la norma”.

El impacto en dinero contante y sonante es de alrededor de 8 mil millones de pesos. Hoy, ese monto significa casi seis meses de masa salarial. A la ya endeble situación económico financiera local, la falta de esos recursos implicará un problema extra.

"Es prácticamente todo el presupuesto operativo del Hospital", dijo Borgo —8.400 millones es la previsión de gasto en personal para el nosocomio— y aseguró: "La maniobra viene del Gobierno nacional, que es precisamente el mismo que trata que todos los municipios vayamos de rodillas a pedir los recursos que no tenemos".

Además, la falta de Presupuesto para Kicillof provoca poner en duda las obras públicas que estaban anunciadas en el Plan de Obras 2025, que estimaba inversión de 2,6 billones de pesos, de los que a San Pedro le tocaban 19 mil millones.

Eran 15 mil millones para la nueva Estación Transformadora San Pedro Industrial; 2 mil millones para la continuidad de la repavimentación de ruta 1001.

Había también 740 millones para las 55 viviendas que Fecoovima construye en el denominado barrio Güemes; y 10 millones para el desarrollo de un estudio para los efluentes cloacales.

Tras la aprobación del Presupuesto 2025, el secretario de Economía, Roberto Borgo, dialogó con La Opinión sobre lo que dejó la sesión, la importancia que tiene para el Gobierno contar con la ordenanza y los cuestionamientos de la oposición, que estuvieron en las voces de Martín Rivas (Juntos por el Cambio) y Paola Basso (UCR).

"El concejal Rivas no tuvo una sola consulta sobre la ejecución", se quejó el funcionario, que se había puesto a disposición de la oposición en la reunión de comisión que tuvieron sobre el proyecto.

En ese marco, focalizó sus críticas en Rivas. "Le llaman la atención los materiales minerales, son conceptos que definen Rafam y no podemos cambiar", dijo y agregó: "Dice que el presupuesto no es claro y tuvo todo el año acceso a la ejecución presupuestaria".

Aseguró que la falta de presupuesto de Provincia no afecta al local, puesto que se trata de "una estimación, un pronóstico" y aprovechó para chicanear a Rivas, que fue quien hizo el planteo en sesión: "Bien lo señaló el concejal Lafalce, que por ahí se ve que lee un poquito más: gran parte de la coparticipación tiene origen nacional".

"Si nos preguntan, les podemos explicar, así no salen a decir barbaridades", disparó Borgo.

Como Rivas dijo que él era “el padre de la criatura”, por el Presupuesto y la Impositiva, Borgo recogió el guante y chicaneó: “Hay hijos bobos en política, escuchar las barbaridades que dijo Rivas en sesión nos hace ver la calidad institucional que tenemos”.

"No se pueden hacer planteos que están contra el espíritu de las leyes. No hay forma de tener una discusión política con alguien que no sabe", cuestionó el secretario de Economía.

Aseguró que otros concejales fueron a hacer consultas sobre Rafam, imputación de gastos y proyección de tasas, algo que Rivas no hace. 

En ese marco, dijo: "La política es otra cosa, le tenemos que pedir por favor que estudie, porque es imposible tener una discusión que llegue a buen puerto con este nivel de no entender las cosas".