El Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023, correspondiente al año electoral y en el que la economía se vio afectada por un proceso inflacionario que modificó todas las previsiones.

Los expedientes que conforman la Rendición de Cuentas no fueron escaneados o al menos todavía no están a disposición de los concejales para que comience su análisis, puesto que ingresaron a las 13.00 del miércoles, último día hábil de la semana y del mes.

El Gobierno cumplió con los plazos previstos por la Ley Orgánica para la entrega de la rendición del ejercicio anterior, pero el estudio por parte de los ediles no podrá comenzar hasta al menos una semana después, puesto que ya es feriado para la administración pública, por lo que tampoco tendrá lugar la sesión correspondiente al segundo jueves de cada mes.

El déficit del ejercicio 2023 se ubicó en alrededor de 750 millones, lo que en principio parece mucho pero también puede ser considerado poco en el marco de un año de inflación descontrolada y sobre un presupuesto nominal de 9500 millones representa menos del 8 por ciento.

Junto con la Rendición de Cuentas, el Gobierno elevó un proyecto de ordenanza para convalidar los "excesos presupuestarios" del ejercicio anterior, correspondiente al año electoral y con un cálculo de recursos y gastos confeccionado por el intendente interino Ramón Salazar y su secretario de Economía, Fabián Rodríguez, aunque ejecutado por Cecilio como jefe comunal y Alfredo Carrasco a cargo de Hacienda.

La solicitud de convalidación está prevista en la ley de emergencia prorrogada por la Legislatura bonaerense para que los gobiernos municipales vayan al Concejo Deliberante para solicitar que les convaliden aquellas partidas excedidas del presupuesto del año pasado porque no estaban previstas o porque fue necesario extralimitar el gasto.

Generalmente, esta solicitud de readecuación aparece en el propio expediente. Esta vez, el Gobierno elevó un proyecto de ordenanza por separado y, todo indica, el oficialismo pedirá votación nominal para que quede asentado cómo votó cada concejal, sobre todo para el Tribunal de Cuentas.

En el Ejecutivo sostienen que esos "excesos presupuestarios" están relacionados con el proceso inflacionario y la falta de previsión en el presupuesto confeccionado por Fabián Rodríguez y Ramón Salazar, que no contempló los aumentos de sueldos del personal municipal, los de los profesionales de la salud ni los incrementos que sufrieron servicios como el de recolección de residuos.

En el Concejo Deliberante, la oposición espera analizar con detenimiento la Rendición de Cuentas para abordar esas "extralimitaciones", puesto que parten de la premisa de que en años electorales los gobiernos suelen impulsar gastos extra que pueden ser parte de "campaña encubierta" o "cobertura de campaña".

Tras la reasunción de Cecilio Salazar y el desembarco de Alfredo Carrasco como secretario de Economía y “primer ministro” del gabinete, el Gobierno prepara una reducción de gastos área por área camino a lo que resta del año, que además es electoral.

Luego de entregar la Rendición de Cuentas 2022, que ya analiza el Concejo Deliberante, el Ejecutivo puso la lupa en algunas partidas, tal como hace la oposición por estos días, del ejercicio de Ramón Salazar junto a su secretario de Economía, Fabián Rodríguez.

La idea ahora, dijo Carrasco, es “que cada secretario, como lo estuvimos charlando en estos días, empiece a manejarse con un punto de equilibrio de lo que se va generando y lo que va haciendo, y que haga un uso eficiente de los recursos propios de su área”.

Aunque el nuevo secretario de Economía dijo el sábado en Sin Galera que no tuvo tiempo de “revisar estadísticas o cosas hacia atrás” pero que tienen “claro que es lo que vamos a hacer hacia adelante y cómo vamos a prioriza el dinero” porque, señaló, quieren “corregir estas pequeñas distracciones, estas pequeñas cosas que por ahí no se venían llevando bien”.

La reducción de gastos respecto a lo que e encontraron en la cotidianeidad de la ejecución del Presupuesto de 9.500 millones de pesos que tiene para 2023 pondrá el foco en dos aspectos que la mesa chica considera muy relevantes: las horas extras y el combustible.

Carrasco dijo el sábado que van a controlar la recaudación de algunos sectores que rendían los ingresos vía ticket y sin posibilidad de pago virtual. De la misma manera, anticipó que buscarán instaurar una modalidad con tarjetas para la carga de combustible en los vehículos municipales.

El problema de las horas extras es relevante y expone que, tras el incremento del 44 por ciento en dos tandas para los trabajadores no previsto en el presupuesto, el porcentaje de gasto en sueldos será muye elevado.

No lo dicen en voz alta, pero hay en análisis casos en los que habría dificultades para que empleados que percibieron horas extras las puedan haber cumplido en el mes en cuestión. Una situación que varios del gabinete recordaron se vivía en la era Guacone.

“Necesitamos rápidamente hacer lo más eficiente el uso del recurso que tengamos, que es escaso”, dijo Carrasco y agregó que charlaron con los secretarios que “no se trata de ser policía ni de cara de perro, si no sincerarlo y entender la realidad de cómo estamos funcionando. La caja del municipio no puede estar distorsionada de la gestión”.

El Gobierno elevó el paquete de ordenanzas correspondientes al Presupuesto 2023, que el Concejo Deliberante ya analiza desde que el jueves pasado, en la última sesión ordinaria del año, ingresaron los proyectos remitidos por el intendente interino Ramón Salazar y su secretario de Hacienda, Fabián Rodríguez.

Con una propuesta de aumento de tasas del 60 por ciento, el cálculo de recursos y gastos preveé 9.500 millones de pesos para la admnistración Salazar para el año que viene, que en el expediente el Gobierno distribuyó de acuerdo a cómo piensa invertir esos recursos.

De esos 9.500 millones de pesos, 5.600 son de libre disponibilidad. El resto, alrededor del 40 por ciento, son recursos afectados, es decir dinero que ingresa a las arcas municipales con un fin predeterminado. Casi la mitad son fondos que el Gobierno nacional enviará para obras a ejecutar en el distrito.

Como todos los años, el área de Salud es la que se lleva el monto mayor en la distribución, con casi 3.150 millones de pesos. Le sigue la Secretaría de Obras, Infraestructura y Planeamiento, con 2.890 millones. En tercer lugar se ubica Servicios Públicos, con casi 1.200 millones.

La Secretaría de Desarrollo Humano tiene 705 millones de pesos de presupusto; Seguridad, 293 millones (casi 50 son del Fondo de Seguridad local); Turismo y Cultura, 193 millones; Desarrollo Económico, 70 millones; Género, 67 millones.

Entre las direcciones, la de Ambiente tiene 6,4 millones de pesos y la Parque Automotor, 5,3 millones, por ejemplo. Defensa Civil no tiene monto asignado en el presupuesto, pero el secretario de Economía explicó que está subsumido en el de la Secretaría de Gobierno.

Para el Fomento del Deporte hay 21 millones, de los cuales 19 millones son del Fondo Deportivo; y para el fomento de actividades culturales, 15 millones, de los cuales 9,7 millones corresponden al Fondo de Promoción Cultural. Ambos fondos se nutren de porcentajes de la recaudación de tasas.

Como ya difundió La Opinión la semana pasada, el sueldo del intendente —entre los 14 sueldos básicos de empleado ingresante con 40 horas más el 10 % de gastos de representación— ascenderá a más de $ 1.350 mil.

Ese sueldo mínimo de ingresante de 40 horas con el que se calculan el sueldo del intendente y las dietas de los concejales es de $ 87.472,50. El mínimo, el de 30 horas, es de $ 50.694.

La confección del presupuesto 2023 para el Concejo Deliberante contempla el máximo de dieta posible, tres veces y medio el sueldo mínimo de 40 horas. Esa dieta “pura” —sin refrigerio y bonificaciones inherentes ni antigüedad, que en algunos casos es muy importante— asciende a poco más de 306 mil pesos.

El presupuesto total del Concejo será para el año que viene de $ 117,6 millones y surge del total del costo de las dietas más el 50 por ciento, puesto que la otra posibilidad es calcularlo con hasta el 3 por ciento del Presupuesto general, en cuyo caso hubiese implicado unos 285 millones.

La cantidad de empleados prevista en el Presupuesto 2023 es de 1228 empleados, de los cuales 985 son permanentes del Ejecutivo y 28 del Concejo Deliberante; 186 son temporarios y 35, médicos que cumplen guardias.

No aparecen en esa cuenta los denominados “decretos”, quienes cobran un monto como ayuda social por contraprestación de tareas que se paga con recursos provinciales asignados a tal fin.

El Gobierno elevó al Concejo Deliberante el paquete de proyectos del Presupuesto 2023, que incluye las ordenanzas fiscal e impositiva y el cálculo de recursos y gastos para el año que viene.

Una de las áreas sensibles que tiene a su cargo el Ejecutivo es la Secretaría de Seguridad que conduce Juan Carlos Agüero, que tiene bajo su órbita la Dirección de Tránsito, el Centro de Monitoreo y todo el andamiaje de respaldo a la labor de la Policía Comunal, lo que implica importantes erogaciones.

El Presupuesto general para 2023 asciende a 9.500 millones de pesos. De ellos, a la Secretaría de Seguridad le corresponde, en total, alrededor del 3 por ciento, unos 293 millones, a los que se llega sumando los 243 millones destnados al área y los poco más de 49 millones que estiman percibir a través de la sobretasa que nutre el Fondo de Seguridad Municipal.

De esos 293 millones que el área que conduce Agüero tiene asignados por presupuesto para su funcionamiento, el 79 por ciento se va en sueldos. El porcentaje es exactamente igual al del año pasado.

En 2023, la Secretería de Seguridad contará con la Patrulla Urbana, cuyo proyecto está en tratamiento en el Concejo Deliberante, que implicará el pago de horas adicionales a efectivos policiales que estarán en los móviles destinados para ese recorrido junto a un chofer empleado municpal.

Además de los gastos inherentes a su funcionamiento, el área hace frente al costo de reparación de patrulleros y aporta combustible para los móviles de la Policía del distrito.

En 2022, esta Secretaría contó con un presupuesto de 160 millones y con 40 millones de pesos extra que llegaron a través del Fondo de Seguridad remitido por el Gobierno provincial, utilizado para la compra de móviles policiales, refaccionar el Centro de Monitoreo y contratar el servicio de alarmas comunitarias y aplicación para celulares de la empresa Basapp.

Esta mañana ingresó el presupuesto 2023 con las dietas de los concejales en su máxima posibilidad de multiplicación incluida y poco más de un millón doscientos mil pesos de sueldo para el jefe comunal Ramón Salazar, más el 10 por ciento por gastos de representación. Sin recortes pero con un incremento en tasas y contribuciones del sesenta por ciento, la administración de Ramón Salazar intentará imponer su mayoría en el Concejo Deliberante.

Si se aprueban estos números, luego serán los Mayores Contribuyentes los encargados de refrendar el aumento del sesenta por ciento que, según el área de Hacienda, “va por debajo del índice anual inflacionario”, aunque evita explicar el motivo por el cual tanto vale para facturas de alumbrado público, donde aún no hubo cambio tarifario, como el servicio de obras sanitarias, cuya capacidad no se ha ampliado. Vale también para Seguridad e Higiene que es una tasa que pagan los comercios y empresas sin contraprestación alguna, como suministro de agua corriente que necesita de importantes inversiones.

Al igual que en todos los ejercicios, el cálculo anual parece una nueva copia del año anterior incluyendo la situación de Salud, que se vio modificada por los recursos que demandó la pandemia.

Respecto a los recursos también se está pendiente de la aprobación de una moratoria que aún los ediles no han aprobado, pero que tiene la pretensión de recaudar una suma extra de dinero que permita recomponer algunas áreas de cara a un año electoral.

Se reitera la situación de dependencia con la provincia para el pago de los aumentos salariales acordados en las paritarias que se firmaron la semana pasada y los aguinaldos. Esa demanda recayó nuevamente en el gobernador de la provincia, quien recibió hace pocos días a Ramón Salazar acompañado de la Diputada Sánchez Jáureguy. Sin esos aportes sería imposible afrontar los próximos compromisos.

El número fino indica:

$ 9.525.217.802,39 el monto total para distribuir durante los doce meses de 2023. Así de larga es la cifra que además servirá para remunerar a 1013 empleados directos, 186 contratados y 35 que ofician de guardias o reemplazos. El salario mínimo para este cálculo quedó establecido en 50.694,06 pesos.

En el caso del Concejo Deliberante que distribuye en total 28 sueldos, de los cuales 18 son elegidos por el pueblo para representarlos.

Cada edil tendrá como base de cálculo 87.472 por lo que su remuneración mensual mínima será de 306.152 pesos a los que se le suman antigüedad, vacaciones, aguinaldo, bonificación por título y los descuentos correspondientes de obra social y jubilación. A todo ello siempre este medio le agrega el costo laboral que cada uno representa a la hora del pago de las cargas sociales; en el sector privado implican un 50 % más por cada empleado en relación de dependencia.

El intendente interino Ramón Salazar y el secretario de Hacienda municipal, Fabián Rodríguez, pidieron al Concejo Deliberante que aprueben extender el plazo de ley para la entrega del Presupuesto 2023.

El proyecto de cálculo de recursos y gastos debe ser entregado, según establece la Ley Orgánica, antes del 31 de octubre. Sin embargo, desde que gobierna Cecilio Salazar, todos los años se pide prórroga a los concejales, que tienen la potestad para otorgarla.

El pedido es para que el plazo de entrega del expediente se extienda hasta el 1 de diciembre, lo que implica un mes menos de lo previsto para su análisis, teniendo en cuenta que se trata antes del 31 de diciembre, con las correspondientes ordenanzas fiscal e impositiva para el año que viene.

Como desde el primer año de la gestión Salazar, el motivo para solicitar la prórroga es “la demora que lleva actualmente el Ministerio de Economía para elaborar las pautas fiscales” para el ejercicio 2023, que “se estima estarán disponibles para la última semana de noviembre”.

La solicitud de prórroga ingresará formalmente este jueves en la última sesión de octubre y será tratada sobre tablas para garantizar su aprobación antes de la fecha de ley. El oficialismo tiene los votos suficientes para aprobarlo, aunque todo indica que la oposición acompañará el pedido.