Funcionarios del Gobierno municipal fueron recibidos este martes en San Nicolás por los jueces de Garantías del Departamento Judicial al que pertenece San Pedro.

Las autoridades locales habían solicitado una audiencia con los magistrados tras las marchas por inseguridad y para "expresar la profunda inquietud por la reiterada liberación de delincuentes que son detenidos y rápidamente puestos en libertad".

El Gobierno informó a través de un escueto comunicado —en el que no dio detalles sobre las respuestas que recibieron por parte de los magistrados— que "se expuso la situación actual del Municipio, se plantearon las principales problemáticas y se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en conjunto con los fiscales y el procurador".

En los pasillos judiciales se sabe que los jueces Ricardo Prati, Román Parodi y María Eugenia Maiztegui suelen repetir ante los funcionarios de los Ejecutivos municipales que los Juzgados de Garantías intervienen una vez consumados los delitos y que deben apegarse a lo que establece la ley.

En reuniones de este tipo, los jueces suelen evitar tecnicismos para exponer su mirada sobre una problemática que tiene diversas aristas y en las que los niveles nacional, provincial y municipal de Gobierno tienen responsabilidades que no pueden eludir, sobre todo en materia preventiva y de intervención social.

Una de esas responsabilidades es la que está relacionada con los lugares de detención. En el Poder Judicial saben que, incluso con la Ley de Reiterancia aprobada, para detener personas con prisión preventiva hay que tener dónde.

El pabellón 8 de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, por poner apenas un ejemplo, tiene 102 personas donde debería haber 40 y dos duchas para toda la población. Esa cárcel tiene en total alrededor de 900 presos con lugar para 358.

El Ministerio de Justicia bonaerense es el responsable de las cárceles provinciales y el de la Nación, de las nacionales. El Ministerio de Seguridad, por su parte, es el que debe resolver el problema de las comisarías, la mayoría de la zona con calabozos clausurados por malas condiciones para albergar presos.

Ello provoca, por ejemplo, que detenidos sampedrinos sean trasladados a sitios alejados como Luis Pardo en su momento a Suipacha o los cómplices del ex Uatre Kiko Cáceres a La Madrid y Laprida.

Ello implica móviles de la Comisaría o de la DDI que deben gastar combustible y disponer personal para llevarlos al sitio de alojamiento, traerlos en caso de declaración y volver a trasladarlos cuando haya cupo en una cárcel. "Son más baratas las obras", aseguran quienes conocen los números de cerca.

Los jueces fueron receptivos a los planteos de los funcionarios, pero también expusieron con claridad cuál es su rol y cuál es el que le corresponde a los gobiernos.

Además, pondrán a disposición del Municipio una serie de datos que permitirán planificar la intervención preventiva que el Gobierno local puede llevar adelante en conjunto con la Policía de Seguridad.

"Desde el gobierno municipal continúan las gestiones y el trabajo conjunto con las autoridades judiciales para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante las necesidades de la comunidad", difundió el área de prensa municipal.

El sábado en Sin Galera, Lucrecia, una vecina que recibió un llamado sospechoso, se comunicó para alertar lo sucedido.

“Recibo un llamado a mi celular, me dice que es un comisario de no sé qué comisaría. Me dice que era por una causa de abuso sexual, que tenía a la madre y a una piba ahí, y que supuestamente le habían pasado mi número por Facebook. Pensaron que el número era de un hombre”, explicó y agregó que el objetivo del llamado era conseguir dinero mediante transferencia.

Inmediatamente su marido, que estaba al lado de ella, advirtió que estaban intentando estafarla y tomó el celular. “Me agarró el teléfono y empezó a hablar, empezó a decirle de todo, ahí le dijeron que eran presos de la Unidad 3 de San Nicolás”, aseguró la damnificada.

No es la primera vez que la mujer sufre llamados de ese tipo. “Tuve que cambiar de número dos veces. La misma modalidad. Te ponen ruidos de handy de la policía, como si fuera policía y todo. Les avisé para que la gente sepa, y no sigan estafando a nadie, hay gente que cae y les paga”, advirtió la mujer.

Luego del hábeas corpus que ordenó trasladar a los detenidos que tenía en una oficina con rejas la dependencia Departamental de la Policía de Drogas en San Nicolás, otro fallo similar emanado desde el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 dispuso que los presos alojados en varias comisarías de la región, entre ellas la de San Pedro, sean enviados a unidades carcelarias, como corresponde, porque en esas dependencias policiales no hay lugar suficiente.

En el caso de San Pedro, la resolución exige a los juzgados de Garantías, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axeil Kicillof, que tomen cartas en el asunto porque la situación detectada por los defensores oficiales que interpusieron el hábeas corpus dan cuentas de una situación que se repite:

Los presos quedan en las Comisarías porque nadie les asigna el cupo correspondiente en los sitios donde deberían permanecer detenidos.

En la Comisaría de San Pedro, al momento de la constatación, había 19 detenidos, todos con causas penales de la Justicia ordinaria. En su descargo, el titular de la dependencia, el comisario Andrés Galiano, explicó que a diario pide reubicación de los encausados que están en sus calabozos, pero los traslados no son ordenados.

Además de tener más presos de lo permitido, hay faltante de colchones ignífugos, a pesar de haberlos solicitado oportunamente. Como no puede permitir el ingreso de colchones comunes por cuestiones de seguridad, “los detenidos se van turnando y colocan frazadas”.

Respecto de los sectores destinados al alojamiento de detenidos, San Pedro cuanta con uno habilitado y dos clausurados. Ello comporta dificultades en la medida en que ante problemas de convivencia, que muchas veces vienen de afuera, hay que apartar a algunos.

En las últimas semanas, por ejemplo, detuvieron a 11 personas relacionadas con episodios de violencia de género. Todos esos aprehendidos quedaron en la Comisaría, a la espera de una orden que no llegaba.

En cada caso solicitaron la reubicación a las autoridades pertinentes, sin que lo hayan ordenado hasta ahora, que el fallo del Tribunal lo torna imperativo.

El Tribunal ya había exigido en otra oportunidad que los arquitectos del Ministerio de Seguridad tomaran internveción en la dependencia local. De hecho, hay un informe en el que están explicitadas las mejoras edilicias que se necesitan y que implican ampliar espacio físico, reformar estructuras de ventilación e instalar correctamente el baño en los sectores complicados.

Los informes técnicos del arquitecto Fabricio Sorrentino fueron elevados a la Dirección de Planificación de Obras del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni, pero ante la falta de ejecuión de esas obras el Tribunal vuelve a llamar la atención al Gobierno provincial sobre la situación de la Comisaría de San Pedro en relación a los calabozos.

Cada uno de los dos sectores para alojar detenidos cuenta con tres celdas, dos grupales y una individual, con capacidad para cinco detenidos. Hay dos baños y un patio cubierto y, separada por el sector de imaginaria, hay otra celda grupal con baño en la que no se puede alojar detenidos por su cercanía con la antena y equipos de comunicación.

En el interior de las celdas hay una “instalación eléctrica precaria, con tendidos aéreos y sin artefactos”, de 12v., tiene un pico de gas con una pantalla infrarrojo, en el pasillo de circulación, a modo de calefacción, y no posee sistema contra incendio, más allá de los dos matafuegos con que cuenta.

En el fallo que ordenó trasladar a los detenidos a unidades carcelarias, los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, advirtieron que es el Ministerio de Seguridad, como máximo responsables de las dependencias policiales, quien debe ocuparse del tema

Berni “debe ser intimado para que en un breve plazo ordene la ejecución de las obras en las Comisarías de la Región”, entre ellas la local.

La resolución ordena el urgente alojamiento de los detenidos en la Unidad Penal 3 de San Nicolás u otra de la región, y dispone notificar al Servicio Penitenciario Bonaerense “bajo apercibimiento de la imposición de astreintes por dia de incumplimiento en este caso, al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario, Dr. Xavier Areses”, que depende del Ministerio de Justicia del Gobierno provincial.

Los jueces recordaron que el cupo otrogado para la Comisaría de San Pedro en la actualidad es para apenas cuatro detenidos, por lo que hicieron un llamado de atención al ministro Berni para que disponga con “urgencia” el “comienzo de las obras para rehabilitar el calabozo de la Comisaría de San Pedro” y hasta le impone “el plazo de quince días” para ello.

Según consta en el fallo, el estado de los calabozos y la necesidad de las refacciones ya fue informado al Ministerio de Seguridad “pero a la fecha no se ha recibido ninguna partida para comenzar”.

El problema es generalizado. “La capacidad de alojamiento de detenidos está colapsada en toda la provincia de Buenos Aires y no solamente en el partido de San Nicolás”, reconoce el jefe distrital de esa ciudad, que en el fallo al que tuvo acceso La Opinión también tuvo requerimientos por las comisarías primera, segunda y tercera.

En cada caso, incluida la comisaría de Arrecifes, que directamente no puede tener a nadie alojado en sus instalaciones, aparecen en los descargos los constantes pedidos al Poder Judicial y a los ministerios de Seguridad y Justicia por la situación. La Unidad Penal 3, donde se ordena en principio que sean trasladados los detenidos, también está sobrepoblada.