Parece una burla pero no lo es. A un mes de la ocupación del barrio que despertó las esperanzas de 84 familias de trabajo y sin techo, conformarse con “un bidet y una ventana” se transformó en la moneda que compra sus silencios.

“Hoy empezaron nuevamente a entregar las ventanas para las personas que tienen marcos”, dijo el protagonista de una de las 84 historias. Es el mismo hombre que aquella tarde del último día de Carnaval estaba sentado en una ventana mate en mano, mientras el resto de los preadjudicatarios escuchaban al secretario de Gobierno en un capítulo más del calvario al que fueron sometidos por una continuidad de “desaciertos” a los que en otros casos la Justicia podría denominar “estafa”. Eso es: la estafa que obliga al estafado a transformarse en estafador.

Durísimo es decirlo en esos términos, pero para quienes seguimos la historia que se desató justamente en el territorio donde Eduardo Depietri soñó una estación de ferrocarril para llevar cereales desde el centro de la provincia a la costa es bastante difícil distraerse del archivo que da cuentas del fracaso de una ciudad que se gestó en medio de las oportunidades y la abundancia y hoy parece una villa del conurbano abandonada a su suerte.

“Como todo, en la obra hay complicaciones: hay ventanas de 1,50 por 1,50 pero las aberturas de la ventana tienen 1,45; o achican la ventana o rompen las paredes”, una definición exacta de la sinrazón.

Desde el día en que la Fiscalía de María del Valle Viviani abrió una causa por “averiguación de ilícito”, quienes entraron al lugar “con su llave y un número de vivienda adjudicada, Franco pelea contra sí mismo. Observa lo que sucede cada día, cuida la que considera ”su casa" y piensa como será el día siguiente.

Qué vecino estará contento, cuál dará pelea y qué otros agacharán la cabeza con una canilla o un cable para tratar de saciar esa condición de esclavo que depende del amo para cada pequeño disfrute. Un latigazo menos puede ser un juego de grifería, un balde de pintura o una promesa de entrega “hasta que la Nación mande los fondos para pagar a la empresa”. Mentira. Todos saben que es mentira pero quieren que sea verdad.

“Entregaron los inodoros, pileta, bidét pero no entregaron los flexibles y en las tres casas que conectaron el agua que son vecinos míos, vecinos directos,  las tres tuvieron que romper inclusive la mía que voy a tener que romper la pared porque hay pérdidas de agua”, esa es la simpleza con la que se comporta el súbdito, porque el amo por ahora no paga consecuencias.

El amo lleva el nombre de Alfa, intendente interino, intendente en ejercicio, concejal, diputado, senador, presidente, gobernador o secretario. Qué otra cosa es aquél que por impericia, impotencia, desconocimiento o complicidad olvida cumplir con la obligación que tiene con sus representados. “La obra está certificada en un 96 %”, dijeron en diciembre de 2023 cuando ya habían pasado seis meses más de los comprometidos para entregar las casas. Mentira.

“Con esta lluvia se potencian las goteras y el malestar de la gente es cada vez peor así están las cosas, por ahora”, concluye el hombre que ahora busca el modo de mantener dos hogares: el que alquila y este que es el único techo posible.

Esta es sólo una de las tantas historias que hoy queremos contar. Hay otras 83 que algún día romperán el silencio. Sucederá cuando dejen de ver fantasmas donde no los hay. 

Cuando estén preparados para releer un frondoso archivo de publicaciones de La Opinión o reportajes en Sin Galera, en los que se advierte paso a paso lo que sucedió con los terrenos, los anuncios electorales de 2015, las advertencias judiciales para suspender el sorteo, las sesiones del Concejo Deliberante, las mentiras de la Secretaría de Obras Públicas, el movimiento de suelos que dejó fuera de nivel las calles internas, las paredes torcidas, los techos rajados, las cerámicas mal pegadas, la pintura que se vendía en las redes sociales, los trabajadores en negro obligados a socios/monotributistas, las cuadrillas especiales para simular la tarea, la protesta de la Uocra en nombre “de la dignidad de los compañeros”. 

En fin, aún hay muchos que especulan con la mansedumbre y la espera de algún favor que pueda llegar desde el cielo. ¿Por qué no creerlo? ¿Acaso no son merecedores? Hay docentes, enfermeras, comerciantes, empleados de fábrica, trabajadoras domésticas, discapacitados; todos con trabajo y pagando un alquiler o viviendo en un anexo de la casa de un familiar. ¿Quién podría reprocharles que no se han ganado el derecho al techo propio?.

“Lo único que hicieron fue, disculpándome por la expresión, se la midieron entre ellos a ver quién la tenía más larga, la oposición y el oficialismo. Pero en sí, para con nosotros, ninguno de los dos tuvo ni un acercamiento”, confiesa este vendedor ambulante que amasa cada jornada lo que vende a clientes que aprecian sus productos. 

En la jerga del poder, de esta y casi todas las gestiones, la situación se calcula con pericia electoral. Un acto de inauguración, fotito y video para el que tenga la suerte de que le agradezcan. 

Especulan, no van, no investigan ni denuncian. No hay abogado patrocinante ni investigación eficaz. Nunca demandaron a la empresa por la mala calidad del trabajo o la falta de materiales. Nunca.

“Cada vez más grande lo veo al negocio. Que los únicos que quedamos afuera fuimos nosotros. La primera casa, Lili, tiene siete manos de pintura de distintos colores. ¿Sabés por qué? Porque esas eran las fotos que mandaban a la Nación”, reflexiona con inteligencia el hombre que abre el camino al resto de las historias porque él no tiene nada que ocultar ni le debe favores a nadie. 

La historia que aquí se cuenta y por cierto, las conclusiones forman parte de aquello que la frialdad de la ley no puede palpar. ¿Cómo justificará este padre de familia que entró a una casa construida en un terreno que es de otro? Esa es una pregunta casi menor para alguien que leyó una convocatoria para un plan de viviendas, llenó su formulario, presentó los requisitos para demostrar que tiene capacidad de pago, adjuntó un contrato de alquiler, relató cómo está compuesto su núcleo familiar y además pasó por una selección que dejó en un listado a poco más de 700 personas sobre unas 2000 que se inscribieron. 

¿Cómo podrían decirle a los 84 que fueron sorteados ante los 700 que ese acto no tiene validez? Es más fácil ahora vociferar que el Gobierno nacional dejó de mandar plata o que Arcor los quiere echar. También es más fácil creer eso que buscar la verdad. Durísimo, injusto, cruel.

Claramente en la rosca política ahora también tienen a quien culpar. Puede ser un exsecretario, un arquitecto, un inspector, un funcionario que aún funciona, a Alfa, a Arcor e incluso al periodismo. “Si hablan va a ser mucho peor”, eso les dicen a los preadjudicatarios para cultivar la mansedumbre hasta que puedan entregarles un tramo de cañería de cloacas para mitigar la ansiedad. 

“Hace un año a mí me cambiaron la vida, me cumplieron un sueño. Estuvimos todo un año hablando con mi familia de lo que íbamos a hacer, con mis hijos, de cuánto íbamos a pagar, si iba a ser menor al alquiler o similar”, esa es la realidad de Franco.

De eso hablaron los 84 desde que fueron favorecidos por el sorteo. Tenían planificado mudarse en junio y algunos hasta compraron muebles. Hay un propietario que el día que supo cuál sería su casa plantó su primer árbol.

Una maestra relató cómo había diseñado una barra para usarla como mesa comedor y quería ir a tomar las medidas. Otra mujer que quería saber cómo haría con el gas porque quiere agregar un horno pizzero para poder seguir con su emprendimiento en el nuevo domicilio.

“Yo no entré ahí para que pase esto y, como se está diciendo por ahí, no pagar la casa. Yo quería pagar mi casa porque les quería mostrar a mis hijos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que el Estado presente está y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir de la misma forma que cumplieron ellos”, casi una confesión de alquien que soñaba con ese estado que garantiza derechos y oportunidades.

La injusticia suele hacer temblar las convicciones y el sentirse al margen de la ley no era costumbre para estas familias. Engancharse de la luz, apurar la fila para ser el primero en recibir un inodoro, especular con la primera conexión de agua, pretender prioridad en la entrega de materiales. 

“No puedo, no me puedo acostumbrar a estar acá”, indicó la preadjudicataria de una de las casas que menos avances registra. No tuvo la suerte ni de tener los marcos de las ventanas. Está detrás de unas chapas y se turna con sus hijos para cuidarla.

"Fuimos un número, solamente un número. Un número fácil de acomodar y de arreglar. Cumplimos un mes, un mes, y no tuvimos una visita real, ni de las autoridades competentes, ni de la oposición. Nos visitaron más veces ustedes y tus movileros que en la comuna. Las veces que fueron asistentes sociales y yo les pregunté para qué viniste, me dijo ‘la verdad que no sé, me vine porque me mandaron’. Fue a tomar asistencia con un papel". 

Este último párrafo merece una explicación que se intentó disfrazar de censo. Aquí la Justicia pidió saber cómo identificar a las personas que ocuparon las viviendas. Si es cierto que son las mismas que salieron sorteadas por si acaso pueden revertir el fallo que declaró inválido el acto que encabezó el intendente interino Ramón Salazar en compañía de sus funcionarios y en presencia de su padre, el actual intendente Cecilio Salazar. 

Las asistentes estaban colaborando con una tarea que se le había encomendado a la policía cuando en aquella tarde de Carnaval se abrieron las puertas del obrador “para charlar como lo hicimos tantas veces que nos reunimos”, dijo Martín Baraybar. 

Esa era la única oportunidad que tenía el Estado municipal de contarle la verdad a los vecinos. De decirles que el Municipio obligaría a la empresa a contar con seguridad para resguardar las casas y que no era conveniente ocuparlas porque las obras no estaban terminadas. 

Era el momento de ponerse del lado de las familias y contarles que el dinero no estaba, la empresa no había cumplido y que no podían condenarlos a vivir sin luz, sin cloacas y sin agua. Mintieron y prometieron otra vez. 

A menos que toda la maniobra haya sido orquestada desde el poder, nadie podrá comprender jamás por qué quien representa los intereses de la población la estimula a violar las normas y la expone a acusaciones que sobrevendrán irremediablemente. 

Cuando la empresa termine de entregar migajas en materiales que también se llevó de otro barrio, la culpa y la responsabilidad será de los preadjudicatarios. Salvo que también logren convencerlos sobre la posibilidad de encontrar atajos políticos para terminar el barrio y entregarles las escrituras. ¿Lo creen posible?. Tal vez.

“Hay desidia, hay abandono de parte del municipio. Eso es lo que hay. Y de parte mía hay un enojo particular, pero lo tengo que saber manejar nada más. Seguimos sin luz, seguimos con la luz de que nos pase el vecino, y no sé qué más contarte. Estoy un poco saturado”, dijo Franco. No es para menos.

La Opinión le había propuesto relatar en primera persona lo que vivió en estos 30 días tras aquel mate que compartió desde una de las únicas casas en las que no se insultó a los periodistas que tomaron las imágenes que mostraron que los vecinos no cometieron ningún delito. Es la única prueba que hoy tiene la Justicia para no acusarlos de usurpadores. Sí, la única prueba.

A quienes están allí 30 días después, también se los invita a contar su historia. Ninguno quiere ser señalado por los demás. A nadie le gusta que su honestidad sea puesta en duda y mucho menos cuando obedece a la necesidad de contar con el respaldo que hasta hoy no les han brindado. 

Solo familiares y amigos saben los verdaderos motivos por los que usan un baño químico estando acostumbrados a un baño propio o por qué el agua no sube a los tanques. El resto de la población presume que se trata de “otra usurpación que seguro van a vender las casas”. ¿A cuántos minutos estamos de que esa sea una buena idea?. ¿Cuánto falta para que un preadjudicatario se dé por vencido?. 

El último párrafo se lo dejamos a Franco, el vendedor de sabrosos churros que sostienen la vida de toda su familia: “Historia de vida, yo hoy lamentablemente soy un propietario de dos casas ¿Y por qué lamentablemente? Porque yo tengo que seguir alquilando hasta que mi condición económica me deje construir un garaje Y eso en esta economía puede pasar no sé cuándo".

"Porque yo soy el albañil, el electricista, yo soy el plomero, todo eso pero fui a averiguar precios para construir mi garaje, para ir a llevar mi fábrica de churros que es con lo que le doy de sustento a mi familia. Y guau, qué pobre que soy, me di cuenta que soy más pobre de lo que creía. ¿Una historia de vida?, una persona que tiene una casa propia y que tiene que seguir alquilando. Qué los ‘reputaparios’, perdón. Ese es mi nombre y sí, contar lo que estamos pasando, por lo menos una historia que represente a muchos. En este caso por lo menos a 84”.

Los preadjudicatarios del plan de viviendas siguen a la espera de las gestiones que el Municipio de San Pedro emprendió con la empresa Arcor. La última reunión de la que participó el Intendente Cecilio Salazar junto al Dr. Daniel Spirópulos giró en torno a dos cuestiones: el reconocimiento de los terrenos de propiedad de Indalar y la adjudicación de unidades habitacionales a las familias que habitan en el predio que habían quedado a la espera de una segunda etapa de construcciones.

Los vecinos de Bajo Puerto también participaron de una audiencia con el Jefe Comunal en el que entregaron un petitorio para que todo el sector costero sea destinado a un paseo público aún si fuese necesario expropiarlo. Se fueron con el compromiso de que no habrá “muros altos” para rodear la propiedad y que la posible instalación de una arenera requiere de permisos de la Provincia de Buenos Aires para prosperar.

En el obrador se observan avances con la instalación de pilares de electricidad, conexión de cloacas y otras terminaciones; hay sectores de barrio más avanzados que otros. La entrega que había sido prometida para le mes de junio sigue postergada y Desarrollo Humano continúa relevando si los sorteados cumplen con los requisitos. Hasta el momento se sabe que habrían sido cinco los destinatarios de viviendas que debían justificar su situación o de lo contrario será un suplente quien reciba la casa.

Judicialmente nada ha cambiado. La resolución firme indica que el sorteo fue inválido y a menos que la empresa retire la medida cautelar no se puede ejecutar la entrega de las unidades habitacionales.

El fallo judicial que declaró “invalido” el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri movilizó a las familias preadjudicadas, que comenzaron a organizarse en procura de recibir explicaciones sobre lo que ocurrirá a partir de esta resolución judicial tomada como medida cautelar en el marco del litigio que la empresa Arcor inició a la Municipalidad porque considera que esas casas deberían ser destinadas a cumplir con el cargo de la donación original, es decir para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto.

Antes de la conferencia de prensa que brindaron funcionarios del gabinete de Cecilio Salazar para anunciar que apelarán el fallo, mantendrán reuniones con la empresa y convocarán a quienes resultaron sorteados, los preadjudicatarios se congregaron en un grupo de WhatsApp donde intercambian información.

Allí habían decidido concurrir a Desarrollo Humano a exigir explicaciones, pero tras la rueda de prensa resolvieron esperar. Luego, desde la cartera que conduce Walter Sánchez, les comunicaron que el lunes a las 10.30 habrá un encuentro en el club Independencia para “brindarles información directa y responder todas las inquietudes”.

“Vamos a esperar la reunión. Hay quienes proponen buscar abogados y actuar judicialmente”, dijo una persona que forma parte del grupo y que, al igual que otros integrantes, prefirió no hacer declaraciones públicas hasta tanto escuchen de primera mano a los funcionarios del Gobierno.

“Estamos convencidos de que la razón nos asiste, que las cuestiones que la empresa plantea están equivocadas y que nosotros tenemos la razón”, dijo el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, durante la conferencia de prensa, y sostuvo que tras la apelación y el diálogo con Arcor “esas viviendas van a ser entregadas aquellas personas que han sido preadjudicadas y cumplan con todos los requisitos”.

Eran 881 familias las preseleccionadas para participar del sorteo de 84 unidades habitacionales que pondrían fin a la espera de un techo propio. El último sábado de febrero terminó la incógnita y los preadjudicatarios de las casas que construye la Cooperativa Alfa entregaron toda su documentación para ser verificados y adjudicados cuando concluyan las obras.

La primera mala noticia para los más de 1100 inscriptos llegó el 24 de febrero cuando La Opinión confirmó que la escribana Cecilia Dubini había sido notificada por la empresa Arcor para que “se abstenga” de verificar el acto notarial.

No era la primera vez que se le recordaba a la gestión municipal la disposición que mediante Ordenanza número 5422 cedía con condiciones precisas los terrenos destinados a reubicar a todas las familias censadas que ocupaban los terrenos de propiedad de la empresa Indalar Sociedad Anónima S.A.

Corría el año 2004 cuando un proyecto para la explotación del puerto público facilitó la cesión de los lotes que hoy ocupan las 80 casas del barrio Arcor frente al barrio Futuro y que en otra etapa obligaban a la construcción de otras 80 unidades en el sector lindero al caserío de Depietri. Estos últimos son hoy motivo de una puja entre la empresa y la Municipalidad de San Pedro.

Ni Ramón Salazar, por entonces intendente, ni su secretario de Obras Públicas, el abogado Javier Silva, ni el asesor letrado Ricardo Uguet quisieron formular declaraciones ni ofrecer explicaciones previas a la jornada que por primera vez en décadas contemplaba la situación de familias que nunca pudieron llegar al sueño de la casa propia.

También el Concejo Deliberante, en particular su presidenta interina Rita Leguizamón, negó haber recibido notificación fehaciente respecto al reclamo para que los funcionarios se abstengan o prorroguen una decisión que, tal como era de imaginar, terminó en la Justicia.

Se sabe que existió al menos una reunión entre el gerente de la planta local de la firma y al menos dos funcionarios municipales. De ese encuentro la única conclusión fue intimar a la Escribanía y entregar a un estudio jurídico local la orden de llevar al fuero Contencioso Administrativo el pedido de nulidad del sorteo ya que el listado nunca fue publicado en el boletín oficial.

Desde la tarde del miércoles los preadjudicatarios decidieron comenzar a organizarse en grupos de WhatssApp. también hubo debate en los chats que intercambiaron los funcionarios por temor a que quienes no fueron beneficiados en el sorteo pretendan participar nuevamente o que los que figuraban en el listado de familias censadas entre 2004 y 2012 reclamen el lugar que por derecho les corresponden porque Arcor había cedido su propiedad para ese fin.

El lunes en el Concejo Deliberante hubo consultas de concejales a secretario de Obras, Javier Silva, y la secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa. Ambos coincidieron en señalar que no existía preocupación por el trámite judicial del que aún no habían sido notificados.

Los preadjudicatarios analizaban si marchan hacia el Palacio municipal para solicitar explicaciones mientras buscan asesoramiento para resguardar la condición de preferencia que les otorga haber sido seleccionados y avalados por una representante de la Escribanía General de Gobierno que fue convocada de emergencia para el acto que tuvo lugar en el club Independencia, donde el lunes los sorteados se encontrarán con funcionarios para ser informados sobre la situación.