Prefectura Naval Argentina allanó domicilios de efectivos de la Policía Vial San Pedro involucrados en un hecho relacionado con el robo de más de 20 millones de pesos a una persona a la que habían retenido en un procedimiento en la ruta 9.

Las diligencias tuvieron lugar en las viviendas de un teniente sindicado como el principal responsable, una sargenta de la misma fuerza y la jefa del destacamento, por su condición de máxima autoridad al momento del hecho. También habrían requerido a su superior en el mando.

El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada en un control de rutina de la ruta 9 a la altura de Río Tala, en inmediaciones del destacamento de la Policía Vial San Pedro y fue denunciado esa misma noche en la sede de Prefectura.

En la denuncia, un comerciante oriundo de la ciudad de Orán, provincia de Salta, dejó asentado que fue interceptado por agentes de la Policía Vial para un control y que le revisaron el vehículo.

El comerciante, del rubo venta de indumentaria, indicó que dentro del auto llevaba una bolsa con más de 20 millones de pesos producto de su actividad comercial, que le fue robada por los policías bajo intimidación.

En la denuncia señaló que el teniente involucrado le dijo que tenía que elegir entre "la plata o la libertad", por lo que optó por dejarles la bolsa con dinero. En el automóvil iban tres personas y el conductor carecía de licencia.

Tras retirarse, decidió radicar la denuncia. La causa recayó inicialmente en la UFI 7 de Viviani pero tramitará en la UFI 8 de Baradero, que conduce Hernán Granda.

En los allanamientos secuestraron diversos elementos de interés para el trámite del expediente, entre ellos los teléfonos celulares de los involucrados, que serán sometidos a pericias.

El juicio por jurados por la muerte del albañil Germán Lópes García llega a su fin. Este sábado, tras la ronda de testigos del viernes, el jurado ciudadano emitirá su veredicto.

La jornada comenzará con los alegatos de los fiscales Hernán Granda y Rubén Darío Giagnorio, y de la defensa, a cargo del estudio jurídico del reconocido penalista Hugo Lima (h).

Luego, el jurado se retirará a deliberar y definirá si Rodrigo Velázquez y Emanuel González, los efectivos policiales acusados de propinar una golpiza que provocó la muerte de Germán Lópes García, son culpables o no.

Además de Granda y Giagnorio, participa del juicio personal de la Dirección de política contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, que acompaña a la familia de Lópes García.

El domingo 2 de mayo, alrededor de las 20.00, un móvil policial llegó a su vivienda para acompañar a una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 que había sido requerida porque Elisa Lencina, su esposa, se había descompensado.

La mujer estaba en un primer piso y hubo que requerir presencia de Bomberos para bajarla. En la puerta de su casa, Germán Lópes García discutió con médicos y policías. Un efectivo resultó herido con una tijera de podar. Él fue trasladado al Hospital en un patrullero, con un “traumatismo abdominal”.

Su familia acusó a la policía de propinarle “una golpiza” que “le rompió todo por dentro”. Tras siete intervenciones quirúrgicas y 25 días de internación, el albañil falleció.

Tras dos largas audiencias, este viernes se desarrollaba en San Nicolás la última ronda de testimonios en el juicio por jurados contra los policías Rodrigo Velázquez y Emanuel González por la muerte de Germán López García.

El jueves pasaron por la sala, ante el Tribunal y el jurado ciudadano, testigos de la parte acusadora, con los fiscales Hernán Granda y Rubén Darío Giagnorio al frente, cuyos relatos fueron relevantes respecto de cómo sucedieron los hechos.

Además de Granda y Giagnorio, participa del juicio personal de la Dirección de política contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, que acompaña a la familia de Lópes García.

Durante la audiencia hubo que requerir que retiraran a familiares de los policías imputados porque se escuchaban voces mientras los testigos prestaban declaración. Además, al menos dos personas que ofrecieron testimonio señalaron haber sido llamados por terceras personas, vinculadas con la defensa de los acusados, para decirles que “no era necesario” que fueran a testificar.

Además, prestaron testimonios los médicos que lo atendieron, quienes ratificaron que las lesiones que le provocaron la muerte fueron causadas por golpes contundentes que no podrían haber sido accidentales.

Este viernes, durante la tercera jornada del debate, declararán efectivos policiales y otros testigos propuestos por la defensa para, una vez terminada la ronda de testimonios, las partes expongan sus alegatos finales.

Luego, el jurado ciudadano deberá deliberar para establecer su veredicto respecto de la culpabilidad o no de los dos policías acusados de haber propinado una golpiza a Germán López García que le provocó la muerte 25 días después del hecho, internado en el Hospital.

El domingo 2 de mayo, alrededor de las 20.00, un móvil policial llegó a su vivienda para acompañar a una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 que había sido requerida porque Elisa Lencina, su esposa, se había descompensado.

La mujer estaba en un primer piso y hubo que requerir presencia de Bomberos para bajarla. En la puerta de su casa, Germán Lópes García discutió con médicos y policías. Un efectivo resultó herido con una tijera de podar. Él fue trasladado al Hospital en un patrullero, con un “traumatismo abdominal”.

Su familia acusó a la policía de propinarle “una golpiza” que “le rompió todo por dentro”. Tras siete intervenciones quirúrgicas y 25 días de internación, el albañil falleció.