Personal de la Policía Federal San Nicolás allanó este miércoles por la noche un domicilio en el barrio Fonavi I en el marco de la investigación por el asesinato de Aquiles Castañarez, ocurrido el 10 de febrero pasado.

Los efectivos de la Federal fueron instruidos por la Fiscalía N° 7 que conduce María del Valle Viviani, quien lleva adelante la causa que investiga el homicidio del joven de 33 años que tuvo lugar en su casa de Frers al 300.

La orden de allanamiento tenía como objetivo el secuestro de dispositivos electrónicos, luego de que la investigación permitiera establecer sospechas respecto de su vinculación con el hasta ahora único detenido por el crimen, Nicolás Biló.

En el marco del procedimiento, la Policía Federal secuestró un teléfono celular y además encontró drogas.

Incautaron marihuana y cocaína fraccionadas en envoltorios de nylon, y elementos que suelen utilizarse para la preparación de esas dosis para su venta, así como una balanza de precisión.

También secuestraron un revólver con municiones, cuyo hallazgo implicó la imputación de tenencia ilegal de armas para el allanado, puesto que carecía de documentación que avalara su portación.

El allanamiento en ese domicilio del Fonavi I llegó luego de las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa, caratulada como homicidio criminis causa.

La Policía Federal detuvo este martes por la tarde a Oscar Leonardo "Brea" Fernández, reconocido por su trayectoria delictiva vinculada a intentos de homicidio y venta de drogas, delito por el que fue condenado en 2021 como miemro de la banda de “Bomba" Gallardo. 

Esta vez, la acusación es "femicidio en grado de tentativa". El episodio por el que la Justicia ordenó su detención ocurrió en enero de 2023, cuando tras varios días en la isla apareció en la casa de su expareja, en Ayacucho al 1400, y la prendió fuego tras rociarla con un bidón de nafta.

La víctima ya había sufrido amenazas, pero no lo denunció hasta ese día. "Si no corría, me mataba", contó en aquella oportunidad, cuando esperaba que la Justicia la protegiera.

Este martes, con la orden de detención, efectivos de la Policía Federal de San Nicolás esperaron que "Brea" Fernández saliera de su casa en avenida Juan B. Justo para detenerlo.

Cuando llegó a calle Salta, lo abordaron. Sin embargo, opuso resistencia e intentó darse a la fuga. Huyó hacia la zona de Los Aromos, trepó por los techos y se metió en una casa de vecinos del barrio, donde finalmente lo apresaron.

"Venía saltando los techos", contó una vecina del barrio a La Opinión. "Una locura. Fue con tiros, gritos, corridas", agregó".

Fernández fue trasladado a la sede San Nicolás de la Policía Federal, donde permanece alojado a la espera de la convocatoria de la Fiscalía N° 7 que conduce María del Valle Viviani, que deberá tomarle declaración indagatoria. 

El caso del falso allanamiento de la Policía Federal en la financiera Reuterfin, ocurrido el 31 de octubre pasado, se resolvió en juicio de trámite abreviado con penas de ejecución condicional, por lo que los dos condenados no irán a la cárcel.

El juicio abreviado se acordó para los dos detenidos ese día, Brian Alexander More, de 23 años, y Lucas Santiago Ruiz, de 24, ambos domiciliados en la provincia de Tucumán, aunque el primero trabajaba en Capital Federal, donde era agente de la Policía Federal. 

El tercer involucrado, el que conducía el Peugeot 408 con patente de un 308 robado nunca apareció tras huir de la escena cuando el golpe que pensaban dar fue desbaratado.

Ambos condenados recibieron una pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional, es decir que recuperaron la libertad tras la homologación del juicio abreviado.

La causa tramitó en la Fiscalía Federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello, aunque la primera parte de la investigación la llevó adelante la fiscala Viviani, quien tras la indagatoria a los acusados entendió que el caso era de competencia federal y lo derivó allí.

Braian Moré fue condenado por tentativa de extorsión, uso de documento público falso, todo agravado por su condición de policía, en abuso de sus funciones. 

Además de los 2 años y 8 meses de prisión condicional, recibió la pena de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años.

Lucas Ruiz, además de la pena de dos años y 8 meses de prisión condicional, recibió como pena una multa de 10 mil pesos. Tentativa de extorsión, uso de documento público falso, usurpación de título por haber utilizado públicamente insignias y distintivos de la Policía Federal fueron los delitos de los que lo hallaron culpable.

Moré y Ruiz llegaron a San Pedro ese día en horas del mediodía en el Peugeot 408 blanco.

En la zona de la plaza Belgrano, levantaron a una persona para que oficiara como testigo del presunto procedimiento que iban a llevar adelante.

Al llegar a Reuterfin, se bajaron del coche —donde los esperaba el tercer cómplice, que luego huyó sin que se lo haya identificado aún— con una caja plástica y una mochila en las que contenían computadora, impresora y diversos elementos que suelen utilizar los uniformados en sus procedimientos.

Moré sabía cómo hacer un allanamiento de este tipo puesto que era agente de al Federal en Buenos Aires. Además, había participado de los procedimientos que se desarrollaron en San Pedro por Rainbowex, cuya orden copió para falsificar la que presentó en Reuterfin.

Una vez dentro de la financiera, ordenaron bajar las persianas y desconectar las cámaras, aunque quedaron grabados cuando gritaron "allanamiento, policía". 

Luego leyeron la falsa orden, que tenía impresa la firma digital del fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa.

La orden de allanamiento decía que tenían que secuestrar todo, incluido el dinero que hubiera en el lugar, tanto en billetes de moneda nacional como extranjera.

La sospecha de comerciantes del centro alertó a la Policía local, que los siguió y se presentó en el local cuando estaban por comenzar el falso allanamiento. 

A su vez, el auxiliar de Fiscalía 11 Rodrigo Velázquez llegó de inmediato al lugar para detener el procedimiento hasta tanto se clarificara. Cuando confirmó que todo era apócrifo, ordenó detenerlos. 

Tenían una pistola Bersa 9 milímetros de la Policía Federal con 18 municiones, credenciales de esa fuerza —una verdadera y otra falsa—, camperas, chalecos y gorras de la PFA, esposas y otros elementos.

La tarea de investigación de la DDI local permitió reunir un pormenorizado relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas que contribuyeron a la acusación contra los ahora condenados.

La causa que investiga el accionar de los delincuentes que simularon un allanamiento en la oficina de la financiera Reuterfin en San Pedro fueron trasladados a una cárcel Federal, donde permanecerán alojados mientras se sustancia el proceso.

Lucas Santiago Ruiz, de 24 años, y Braian Alexander Moré, agente de la Policía Federal de 23, estaban uno en la Comisaría local y otro en la 5.ª de Avellaneda. Desde esas dependencias fueron llevados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Ruiz está imputado de los delitos de extorsión, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de guerra y usurpación de autoridad y títulos.

Moré, por su parte,  está acusado de extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Ambos son oriundos de San Miguel de Tucumán, pero tenían domicilio en Buenos Aires. El agente de la Policía Federal se desempeñaba en la División Antifraude con asiento en el barrio porteño de Monserrat.

Tras hacer uso de su derecho a no prestar declaración durante la indagatoria, Fiscalía consideró que los delitos de los que están acusados son de competencia federal y pidió derivar la causa a ese fuero.

El Juzgado interviniente hizo lugar, por lo que todas las actuaciones pasaron al juez Carlos Villafuerte Ruzo y al fiscal Matías di Lello.

Los delincuentes llegaron a San Pedro en un Peugeot 408 oscuro con un tercer cómplice como chofer quien todavía no fue identificado y permanece prófugo tras escapar de la escena cuando notó que el golpe que pretendían dar quedaría trunco.

El auto quedó registrado cuando ingresó a la ciudad por ruta 191, alrededor de las 12.45, pero las cámaras de seguridad públicas no lo captaron al salir, por lo que entienden que utilizó caminos alternativos.

Los dos delincuentes vestidos como agentes de la Policía Federal llegaron a Reuterfin alrededor de las 13.30 con una orden de allanamiento trucha que decía que tenían que llevarse todo lo que había en el local, incluido el dinero en pesos y moneda extranjera que hubiera.

Tenían una computadora, una impresora, una caja con diversos elementos de los que suelen utilizarse en ese tipo de procedimientos y el que efectivamente es agente de la Federal llevaba la voz cantante.

El vigilador privado que dio aviso a la central porque le resultó sospechoso, la policía que llegó porque los comerciantes del centro habían avisado ante la actitud extraña de estos presuntos agentes de la Federal y el arribo inmediato del instructor judicial permitieron impedir el ilícito.

Además, la Justicia sospecha que Braian Moré habría participado de los allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro en el marco de la causa Rainbowex y que habría utilizado esas órdenes como base para redactar la trucha que presentó en Reuterfin.

La Justicia resolvió la cuestión de competencia en el caso de los delincuentes que vestidos como agentes de la Policía Federal simularon un allanamiento en la financiera Reuterfin con el objetivo truncado de llevarse todo lo que había, por lo que la causa pasó al fuero Federal.

Además, rechazaron el pedido de excarcelación que Defensoría había interpuesto en favor de los dos detenidos, que seguirán alojados en la Comisaría quinta de Avellaneda mientras se sustancia el proceso en su contra.

Braian Alexander Moré tiene 23 años y es efectivamente agente de la Policía Federal, asignado a la División Antifraude en la ciudad de Buenos Aires.

Oriundo de San Miguel de Tucumán, donde reside su familia, está acusado de extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Su cómplice, Lucas Santiago Ruiz, tiene 24 años y también es tucumano. Está imputado por los delitos de extorsión, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de guerra y usurpación de autoridad y títulos.

La Justicia consideró que todos esos delitos son de competencia federal, por lo que la causa pasó de la Fiscalía 11 de San Pedro a la Fiscalía Federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello.

Los delincuentes "se han valido de un documento público apócrifo supuestamente emanado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, un arma de fuego reglamentaria, indumentaria, credenciales y otros elementos oficiales de la Policía Federal", señala la resolución judicial.

Es decir que hay "afectación del interés nacional en los hechos que se investigan".

Los delincuentes llegaron a San Pedro en un Peugeot 408 oscuro con un tercer cómplice como chofer quien todavía no fue identificado y permanece prófugo tras escapar de la escena cuando notó que el golpe que pretendían dar quedaría trunco.

El auto quedó registrado cuando ingresó a la ciudad por ruta 191, alrededor de las 12.45, pero las cámaras de seguridad públicas no lo captaron al salir, por lo que entienden que utilizó caminos alternativos.

Los dos delincuentes vestidos como agentes de la Policía Federal llegaron a Reuterfin alrededor de las 13.30 con una orden de allanamiento trucha que decía que tenían que llevarse todo lo que había en el local, incluido el dinero en pesos y moneda extranjera que hubiera.

Tenían una computadora, una impresora, una caja con diversos elementos de los que suelen utilizarse en ese tipo de procedimientos y el que efectivamente es agente de la Federal llevaba la voz cantante.

El vigilador privado que dio aviso a la central porque le resultó sospechoso, la policía que llegó porque los comerciantes del centro habían avisado ante la actitud extraña de estos presuntos agentes de la Federal y el arribo inmediato del instructor judicial permitieron impedir el ilícito.

Además, la Justicia sospecha que Braian Moré habría participado de los allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro en el marco de la causa Rainbowex y que habría utilizado esas órdenes como base para redactar la trucha que presentó en Reuterfin.

Mientras se espera la resolución respecto de la competencia para saber si el caso del falso allanamiento en la financiera Reuterfin pasa al fuero Federal o no, la Fiscalía solicitó información ante la sospecha de que uno de los participantes habría estado en los procedimientos por Rainbowex.

Hay testigos que aseguran que el agente de la Policía Federal que lideraba la banda que intentó llevarse todo lo que había en Reuterfin con una orden trucha habría estado en San Pedro cuando la fuerza a la que pertenecía encabezó los procedimientos ordenados por el juez Villafuerte Ruzo.

Eso fue el 9 de octubre, cuando la Policía Federal irrumpió en la financiera Overcash y en un domicilio del Apart Club San Pedro, al que llegaron por error, con órdenes firmadas por la Fiscalía de Di Lello, cuyo fiscal coadyuvante es el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa.

La firma de Hernando Insúa es la que aparece en la orden de allanamiento trucha, puesto que el documento falsificado es una copia de la que usaron en Overcash pero a nombre de Reuterfin, con un código de causa distinto y con la particularidad de que dice que iban a llevarse el dinero que hubiera en el lugar.

La orden trucha consigna a la División Unidad Operativa Federal Rosario de la Policía Federal para que proceda al "allanamiento contra el inmueble de la calle Pellegrini nro. 529 de la localidad de San Pedro, Buenos Aires -Reuter Group-, a fin de realizar una amplia inspección de dicho lugar y el registro de todas sus dependencias".

Llamativamente, la orden, que resultó trucha, decía que el procedimiento tenía por objetivo secuestrar "toda documentación, libros, anotaciones, máquinas de contar billetes" y también "divisas nacionales y extranjeras", es decir el dinero disponible en pesos, dólares y otras monedas.

Así como teléfonos y "cualquier otro documento o dispositivo de almacenamiento informático y demás objetos que se relacionen con operaciones de cambio, en infracción al régimen de cambios" de la normativa vigente.

El código de causa no era, como los habituales de la Justicia Federal, del sistema Coirón —desde 2022, aparecen como "causa Coirón número tal"—, sino que estaba consignada como "CPE" y el número, es decir proveniente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El efectivo policial detenido fue identificado como Brian Moré, de 23 años, agente de la división antifraudes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal, asignado a la sede del barrio porteño de Monserrat.

Su cómplice fue identificado como Lucas Ruiz, de 24 años. Ambos son oriundos de la provincia de Tucumán, pero con domicilio en Capital Federal. Este martes llegaron a San Pedro sus familiares, desde la capital tucumana, para ponerse al tanto de la causa.

Aunque los dos detenidos ya no están en la ciudad, puesto que fueron trasladados a la Comisaría 5.ª de Avellaneda, donde esperan la resolución de la Justicia respecto de la competencia federal que planteó la Fiscalía local.

La pareja de Moré se mostró sorprendida por el hecho de su detención, puesto que lo único que sabía es que se había ido a trabajar y desconocía que el allanamiento al que se dirigió al salir de su casa era en San Pedro y falso.

En el caso hubo un tercer involucrado, que escapó de la escena cuando la policía llegó para impedir el falso allanamiento y al que están buscando.

Manejaba un Peugeot 408 oscuro que quedó registrado cuando llegaba a San Pedro ese jueves, alrededor de las 12.45, pero no fue divisado por las cámaras de seguridad cuando salía de la ciudad.

Ese coche está radicado en Junín y ahora tiene pedido de secuestro, junto la orden de captura que pesa sobre su chofer, que no está identificado en la causa, por lo pronto.

Mientras se define el paso a la Justicia Federal del caso de los delincuentes que simularon un allanamiento en la financiera Reuterfin, la policía en función judicial continúan recabando datos para dar con el cómplice que se fugó de la escena.

El tercer delincuente —los otros dos están detenidos y fueron trasladados a Avellaneda— es el que manejaba el Peugeot 408 oscuro en el que llegaron a San Pedro.

El automóvil está radicado en la ciudad de Junín y no pesa sobre él ningún tipo de impedimento legal, certificaron los investigadores del caso.

Las cámaras de seguridad locales lo registraron al ingresar a la ciudad el jueves a las 12.45, unos 45 minutos antes de que llegaran a Reuterfin.

El coche estacionó en Arnaldo, entre Mitre y Pellegrini. Su conductor se quedó a bordo, mientras los otros dos, el verdadero policía Federal y el falso, se dirigían a la financiera.

Cuando todos sospecharon del presunto allanamiento y arribaron al lugar la policía y personal de Fiscalía, el conductor del Peugeot 408 se fue del lugar.

No hay registros fílmicos, hasta el momento, que den cuenta de que haya salido de la ciudad, por lo que se sospecha que tendrían planificada la huida por algún camino alternativo.

Los dos detenidos se negaron a declarar y permanecen alojados en la Comisaría 5.ª de Avellaneda, a disposición de la Justicia, que interviene a través de la UFI 11, desde donde solicitaron el cambio de competencia para que la causa pase al fuero Federal.

Los delincuentes que llegaron con una orden de allanamiento falsa a la financiera Reuterfin fueron trasladados a una comisaría de Avellaneda en calidad de detenidos tras negarse a declarar en Fiscalía.

Ambos están acusados de falsificación de instrumento público y extorsión. De los dos, el que efectivamente es agente de la Policía Federal, afronta además una causa por abuso de autoridad y el civil, otra por tenencia ilegal de arma de guerra.

Este sábado, el móvil de Sin Galera reconstruyó el recorrido que hicieron los delincuentes a bordo del Peugeot 408 oscuro que todavía es buscado por las autoridades judiciales y policiales, puesto que cuando se desbarataron los planes delictivos de sus cómplices, el conductor huyó de la escena.

Las cámaras de seguridad públicas y privadas relevadas establecieron que arribaron a la ciudad el jueves a las 12.45. Ingresaron por ruta 191 y condujeron por calle Mitre hasta Liniers, pasaron por el frente de La Opinión y doblaron en 25 de Mayo.

De allí, los dos delincuentes vestidos con ropas y gorras de la Policía Federal se bajaron en la esquina de Saavedra y fueron vistos en algunos comercios donde pidieron documentos.

En la plaza Belgrano, algunas cuadras más adelante, abordaron a un mensajero que suele hacer base en la zona para que oficiara de testigo del allanamiento trucho que pretendían hacer en Reuterfin.

Así, se dirigieron por calle Belgrano, doblaron en Quiroga y estacionaron, ya en Arnaldo, entre Mitre y Pellegrini, a la vuelta de Reuterfin. El conductor se quedó en el auto y escapó apenas vio que un patrullero llegaba al lugar.

En la puerta de la financiera, el aviso del vigilador privado de Riesgo Cero, el arribo de la Policía local que había sido alertada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez, que llegó de inmediato, más las sospechas que despertó el pedido al personal de la financiera para que desconecten las cámaras fueron determinantes.

Con el presunto procedimiento judicial detenido, las autoridades lograron establecer que la orden de allanamiento era trucha y detuvieron a los dos jóvenes, de 23 y 24 años, que estaban vestidos como agentes de la Policía Federal.

Este viernes, ambos fueron llevados desde Comisaría a Fiscalía para prestar declaración indagatoria hicieron uso de su derecho de permanecer en silencio.

Teras ser alojados en la Comisaría local, finalmente fueron trasladados a Avellaneda, donde aguardan las resoluciones de la Justicia, que debe decidir ahora las cuestiones de competencia, puesto que Fiscalía local consideró que el caso debería ser investigado por el fuero Federal y solicitó el traspaso de las actuaciones.

Los dos detenidos por el intento de robo a la financiera Reuterfin decidieron no prestar declaración en la indagatoria a la que fueron convocados este viernes en Fiscalía.

Ambos fueron trasladados desde la Comisaría, donde están alojados en condición de detenidos, y fueron a la audiencia asistidos por la Defensoría Oficial local.

Tanto el agente de la Policía Federal como su cómplice civil eligieron no declarar respecto de los hechos y sólo respondieron preguntas de Fiscalía de índole personal.

Ambos detenidos son oriundos de la provincia de Tucumán , tienen  23 y 24 años y residen en Capital Federal.

El efectivo de la Federal quedó imputado por falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y extorsión. Su cómplice civil, además, por portación ilegal de arma de guerra.

Fiscalía considera que los delitos por los que están imputados corresponden que sean investigados por el fuero Federal, puesto que los intereses afectados corresponden a esa órbita.

Es que los delincuentes estaban vestidos como Policía Federal, uno verdadero y el otro falso, y esgrimieron una orden de allanamiento trucha, copia fiel de una real de la Justicia Federal.

Así, la UFI 11 solicitará la declinación de su competencia para que la causa pase al Juzgado de Carlos Villafuerte Ruzo y a la Fiscalía de Matías di Lello. 

Mientras se dirime esa cuestión, las medidas judiciales del fuero ordinario se mantienen firmes y serán válidos si hay cambio de competencia.

La DDI está al frente de las diligencias ordenadas por Fiscalía en procura de dar con el tercer delincuente que participó del delito, quien esperaba a sus cómplices en un Peugeot 408 oscuro y escapó apenas notó que el plan se había truncado.

Los delincuentes arribaron a San Pedro alrededor de las 12.45 en ese coche. Se bajaron en plaza Belgrano y recorrieron algunos comercios, hasta pidieron documentos.

Levantaron a un testigo al que le requirieron que debía acompañarlos para el operativo y se dirigieron a Reuterfin. Allí, esgrimieron la orden de allanamiento falsa y mostraron credenciales, una de ellas verdadera.

El aviso del vigilador de la empresa de seguridad privada Riesgo Cero a la central, el arribo inmediato de la Policía tras la sospecha denunciada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez permitieron evitar el acto delictivo.

Los detenidos por el intento de robo en la financiera Reuterfin que llegaron al local vestidos como agentes de la Policía Federal con el cuento de que iban a hacer un allanamiento, que resultó falso, prestaban declaración en Fiscalía este viernes.

Ambos estaban alojados en la Comisaría y fueron trasladados por personal policial primero a Defensoría, puesto que son asistidos por defensores oficiales, y luego a la sede de Fiscalía 11, donde les tomaban declaración indagatoria.

Mientras tanto, la investigación continuaba para dar con el Peugeot 408 oscuro en el que se movilizaban los delincuentes y en el que escapó el cómplice que los esperaba, quien huyó de la escena cuando notó que el golpe planificado se truncó.

Los detenidos están imputados por el delito de  falsificación de documento público tras presentarse en la financiera ubicada en Pellegrini al 500 con una orden de allanamiento trucha.

Además, uno de ellos es efectivamente agente de la Policía Federal por lo que fue imputado por el delito de abuso de autoridad. El otro, que es civil, está acusado de usurpación de títulos y honores.

Ambos, junto al conductor del Peugeot 408, arribaron a San Pedro alrededor de las 12.45 en ese coche. Se bajaron en plaza Belgrano y recorrieron algunos comercios, hasta pidieron documentos.

Levantaron a un testigo al que le requirieron que debía acompañarlos para el operativo y se dirigieron a Reuterfin. Allí, esgrimieron la orden de allanamiento falsa y mostraron credenciales, una de ellas verdadera.

El aviso del vigilador de la empresa de seguridad privada Riesgo Cero a la central, el arribo inmediato de la Policía tras la sospecha denunciada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez permitieron evitar el acto delictivo.

El insólito intento de robo del que fue víctima la financiera Reuterfin, ubicada en Pellegrini al 500, ocurrió bajo una modalidad que nunca se había visto en la historia policial local: dos delincuentes llegaron con una orden de allanamiento trucha para intentar llevarse todo lo que había en el local.

El vigilador privado de la empresa Riesgo Cero fue el primero que sospechó y dio aviso a la central porque algo extraño ocurría. Mientras tanto, la policía llegaba al lugar porque ya tenían aviso de movimientos sospechosos de dos personas vestidas con ropas de la Policía Federal en el centro de la ciudad.

De no haberse puesto en marcha los protocolos, con el rápido accionar del vigilador, la policía y el personal de Fiscalía que de inmediato arribó y procuró establecer la veracidad de lo que decían los delincuentes, la ciudad habría asistido a un robo de película.

"En un momento piden desconectar las cámaras y ahí se empieza a poner rara la situación", contaron fuentes del caso.

Es que los delincuentes estaban vestidos con ropas de la Federal: ambos con gorras, uno con chaleco y otro con una campera rompeviento que, por cierto, ya estaba bastante deteriorada y tenía las siglas PFA de la espalda despegadas.

A Reuterfin llegaron con un testigo que levantaron en el centro y la orden de allanamiento impresa. Trucha, pero verosímil: era una copia fiel de las que emite la Justicia y hasta tenía un Juzgado Federal como presunto emisor, con código de barras y firma digital incluida.

Apenas arribaro, los delincuentes informaron, con amabilidad, que tenían orden de cumplir con ese procedimiento y que esperaban la colaboración, que los responsables de Reuterfin estaban dispuestos a prestar, aunque informaron que querían la presencia de un asesor legal de la firma, por las dudas. 

Eso también contribuyó, pues generó algunas demoras que permitieron el rápido accionar de la policía y Fiscalía.

Los delincuentes llegaron con una mochila en al que tenían una computadora y una impresora. Contaban con credenciales —una de ellas verdadera, pues uno de los dos era efectivamente agente de la Policía Federal en Buenos Aires— una caja plástica, tijeras, bolsas de consorcio, etc.

El que luego se comprobó que es agente de la Federal llevaba la voz cantante. Leyó la orden de allanamiento y explicó el procedimiento que presuntamente tenían que llevar a cabo.

Aunque todo parecía real, el llamado del vigilador a la central de la empresa de seguridad, la alerta que ya tenía la policía y el arribo inmediato del instructor de Fiscalía Rodrigo Velázquez impidió la comisión del delito.

Cuando confirmaron que efectivamente la orden de allanamiento que esgrimían era apócrifa, dispusieron la detención de ambos. Mientras tanto, un cómplice que los esperaba en un Peugeot 408 huyó de la escena y era buscado intensamente en toda la región.

El intento de robo en la financiera Reuterfin que fue desbaratado tras establecer que los presuntos agentes de la Policía Federal que llegaron al local para "un allanamiento" mentían, tiene un tercer cómplice al que están buscando.

Se trata del conductor de un Peugeot 408, que tendría patente adulterada, en el que circulaban los delincuentes y que huyó de la escena cuando un patrullero de la policía bonaerense llegó al lugar ante la sospecha.

La DDI estaba a cargo de la solicitud de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan haber captado la trayectoria del vehículo y dieron aviso a las dependencias policiales de toda la región para intentar atrapar al prófugo.

Los otros dos fueron detenidos y la investigación penal confirmó que uno de los dos era, efectivamente, un agente de la Policía Federal.

Es decir que que conocía a la perfección la modalidad del tipo de procedimiento que pretendían simular, todo indica con fines de robo.

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El episodio ocurrió pasadas las 13.00, cuando dos personas vestidas con chalecos, camperas y gorras de la Policía Federal llegaron a Reuterfin, financiera ubicada en Pellegrini al 500, casi en la intersección con Arnaldo.

Al ingresar, le dijeron al personal que trabaja en el local que tenían que cumplir con una orden de allanamiento y exhibieron un documento con la presunta autorización de un juzgado.

Antes habían estado en el centro y había entrado a otro comercio a "pedir documentos", lo que llamó la atención y fue difundido entre el grupo de WhatsApp del comerciante, además de dar aviso a la Comisaría.

Apenas habían bajado la persiana cuando un patrullero de la Policía local entró a Reuterfin e impidió el asalto que se avecinaba. El instructor de la Fiscalía 11 Rodrigo Velázquez arribó de inmediato y los retuvieron para hacer las consultas.

En el Juzgado Federal de San Nicolás no sabían nada. La Policía Federal de la región, tampoco. La confirmación de la falsedad llegó desde el mismísimo juzgado que figuraba en la orden de allanamiento apócrifa.

La Policía Comunal y la DDI San Pedro - Baradero palparon a los delincuentes y encontraron en su poder una pistola 9 mm con varios proyectiles en el cargador.

Confirmada la falsedad del procedimiento invocado, los esposaron. Les quitaron todas las pertenencias y los trasladaron para prestar declaración indagatoria.

La inmediatez con la que la Justicia Federal intenta actuar en el caso Rainbowex llevó a la División Antifraude de la Policía Federal a allanar una vivienda por error tras revisar "fotos de Instagram".

Este miércoles, personal de la Federal irrumpió en la financiera Overcash, ubicada en Mitre al 800, en el marco de la investigación que sospecha que la plataforma de captación de inversión en criptomonedas del denominado Knight Consortium está vinculada a delitos como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada.

En ese marco, las órdenes de allanamiento fue libradas a nombre de quien, dice el documento oficial, "sería el responsable de la financiera Overcash". Además del local, tenían que allanar un domicilio en el barrio cerrado Apart Club San Pedro, con coordenadas precisas que llevaban a una vivienda.

Allí los resultados fueron negativos. No sólo porque no hallaron nada relacionado con Rainbowex, el Knight Consortium o la financiera Overcash sino porque la persona que fueron a allanar no tiene nada que ver con la casa en cuestión.

En la vivienda reside el excomisario general Sergio Pérez, uno de los sampedrinos que más alto llegó en la Policía Bonaerense, de la que fue segundo a cargo durante el Gobierno de María Eugenia Vidal tras ser superintendente de Seguridad Vial.

Pérez se sorprendió no sólo de la situación sino también de la difusión que se hizo del procedimiento, puesto que, a pesar de que resultó negativo porque se equivocaron de casa, difundieron fotografías de personal de la Policía Federal en la puerta.

Lo más extraño es que en la premura por allanar al responsable de la financiera, la Policía Federal habría considerado que ese era su presunto domicilio extraordinario "por fotos de Instagram".

Es que en su perfil, el titular de Overcash tiene imágenes de una fiesta de año nuevo, del 1 de enero de 2021, a la que fue invitado por la entonces pareja de Pérez, lo que hizo suponer a la Federal que podría ser la casa del responsable de la financiera.

 “Llegaron por las coordenadas de la fotografía sin haber hecho un chequeo previo", señaló Pérez.

“Al llegar acá y constatar que yo era el propietario simplemente realizaron un acta con la realidad de lo acontecido”, relató el excomisario a La Opinión.

"Me retiré por la puerta grande en la Policía, me conoce todo el mundo y realmente bien, y me encuentro de la nada por una foto de una persona en mi casa en medio de una situación que nada que ver y que realmente afecta mi honor", agregó Pérez.

La Policía Federal tenía orden de secuestrar teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, cámaras de seguridad y su almacenamiento.

También biblioratos y cualquier otro documento relativo a contabilidad, cheques, pagarés, títulos de valor, máquinas contabilizadoras de dinero y cualquier otra documentación que pudiera estar relacionadas con operaciones vinculadas a Rainbowex y al Knight Consortium, tal como hicieron en la financiera de Mitre 860.

La tranquilidad de la tarde-noche del martes en el centro de la ciudad se vio súbitamente alterada por el estruendo del ariete de la Policía Federal golpeando la puerta de la financiera Overcash, ubicada en calle Mitre al 860.

Mientras en San Pedro se viralizaba el video de las fuerzas federales "reventando" la entrada, un grupo de más de ocho policías ingresaba en las oficinas en busca de cualquier elemento vinculado con Rainbowex, Knight Consortium y "la China".

La Justicia Federal ordenó al menos dos allanamientos en el marco de la causa que investiga la presunta comisión de delitos financieros como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada.

Además de la financiera ubicada en el centro, allanaron una vivienda en el Apart Club San Pedro, donde los resultados fueron negativos, según indicaron fuentes de la investigación.

El fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la causa, había adelantado que el caso Rainbowex motivó la intervención de la Procelac, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA). 

Estos organismos están investigando un esquema que captaba inversiones y que podría estar vinculado a un fraude financiero similar al caso Intense Live, operando bajo un esquema Ponzi.

La investigación del presunto fraude financiero vinculado a Rainbowex comenzó así, ruidosamente, con allanamientos en las financieras donde los primeros damnificados señalaron haber realizado transacciones de conversión de pesos a Tether (conocido popularmente como USDT). 

La compra-venta de estos USDT, a través de billeteras virtuales como Lemon, entre otras, era el primer paso para la captación de inversiones en Rainbowex, y desde allí el fiscal Di Lello ha iniciado sus pesquisas.

as autoridades buscan desentrañar el complejo entramado de roles vinculados a estas operaciones de captación de inversiones, sospechadas de intermediación financiera sin autorización o posible lavado de dinero.

Durante el allanamiento en Overcash, se procuraba obtener documentación, registros financieros y otras pruebas vinculadas a la captación de fondos.

Estos fueron los primeros procedimientos relevantes en la causa y se espera que haya otros en el corto plazo.

Dos allanamientos ordenados por la Justicia Federal tuvieron lugar este jueves en el marco de la investigación por las amenazas de bomba en la escuela Normal.

Personal de la Policía Federal llegó a la ciudad para cumplir con la orden emitida por el Juzgado en un domicilio ubicado en Rómulo Naón al 2400 tras los datos obtenidos en la investigación de la Unidad Operativa San Nicolás junto a los peritos de ciberdelitos.

Allí secuestraron celulares, notebooks, tablets y "escritos realizados por la investigada", informaron desde la Policía Federal, que actuó bajo las órdenes de la Fiscalía que conduce Matías di Lello con intervención del fiscal coadyuvante Wenceslao Hernando Insúa.  

Cuando terminaron la tarea en ese domicilio, producto de los elementos obtenidos, decidieron allanar nuevamente la vivienda de Uruguay al 2000 donde ya habían encabezado un procedimiento similar el 20 de mayo pasado.

Allí también secuestraron dispositivos electrónicos y manuscritos que sumarán a la investigación por el delito de "intimidación pública" cuya causa tramita en la Justicia Federal de San Nicolás.

En las últimas semanas hubo varios episodios de amenazas de bomba que llegaron vía e-mail y que obligaron a la evacuación de los establecimientos educativos y a su revisión por parte de la Brigada Antiexplosivos.

En el marco de la investigación del asesinato de Felipe Frías, la Justicia dispuso este viernes un nuevo rastrillaje en la zona donde fue hallado el cuerpo y en el barrio donde residían la víctima y los tres detenidos que tiene la causa.

La tarea está a cargo de Policía Científica junto a personal de la división Canes de la Policía Federal, más efectivos de la Comisaría y la Sub DDI San Pedro - Baradero.

El rastrillaje procura reunir elementos de prueba para la investigación que lleva adelante la fiscala María del Valle Viviani tras la confirmación de la autopsia acerca del homicidio.

Felipe Frías desapareció el martes 6 de febrero y su familia denunció la situación el sábado 10. El martes 13 al mediodía hallaron el cuerpo en inmediaciones de las vías del Ferrocarril, a metros de su casa, sin vida.

La autopsia reveló que murió degollado y se sospecha que los autores habrían intentado hacer pasar lo ocurrido como un suicidio. 

Los más de 20 allanamientos que la Policía Federal llevó adelante en San Nicolás, Campo Salles, Ramallo y Santa Lucía para desbaratar una banda integrada por policías que se dedicaba a la organización de robos y a la defraudación a la administración pública tiene un grupo de efectivos vinculados a la venta de drogas.

Además de los uniformados detenidos acusados de asociación ilícita, hay un grupo que fue imputado por comercialización de estupefacientes y que tiene vinculación directa con una mujer que era “representante” de Los Monos de Rosario en San Nicolás.

Jonathan Reche, Elías Pare Fisicaro, Ángel Rajoy y Nicolás Leyes son los cuatro policías que aparecen acusados de integrar una banda que vendía drogas. En sus domicilios hallaron dosis de éxtasis, cocaína y marihuana listas para la venta.

La causa por drogas tramita en la Fiscalía de Verónica Marcantonio, mientras que la otra, por la que fue detenido el sampedrino Juan Reinoso, está en la de Patricio Múgica Díaz. En ambos casos, los allanamientos con orden de detención tuvieron lugar este jueves.

La investigación comenzó cuando descubrieron que personal policial de San Nicolás se había quedado con varios kilos de marihuana que secuestraron en un procedimiento. Identificados los efectivos policiales y los civiles que integraban la banda, pudieron llegar a las detenciones.

En el operativo secuestraron gran cantidad de drogas de diseño, 50 dosis de marihuana, 40 dosis de cocaína, una escopeta carabina calibre 32, dos pistolas, un arma tipo “tumbera”, varias municiones de distintos calibres, tres balanzas de precisión, dos notebooks, tres teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa, informó la Policía Federal.

Una comisión de la División San Nicolás de la Policía Federal se presentó este lunes en la Municipalidad para requerir documentación relacionada con la ex planta depuradora. El procedimiento —técnicamente una “orden de presentación”, una especie de allanamiento— se dio en el marco de una causa penal por la contaminación del río Paraná.

Desde el Gobierno habían informado a La Opinión que los efectivos de la Federal llegaron porque había “un oficio del año pasado que no se contestó”, relacionado con planos de la planta depuradora, aunque desconocían en relación a qué causa.

La Opinión confirmó que se trata de una denuncia radicada por organizaciones ambientalistas ante la Justicia Federal por la contaminación del río a través de efluentes cloacales que tramita en la Fiscalía Federal de Matías Di Lello y que abarca a toda la región.

Por eso la documentación requerida estaba vinculada a la ex planta depuradora, en procura de que la Justicia pueda establecer si este Municipio y los vecinos tienen tratamiento de los desechos cloacales domiciliarios o no.

En el caso de San Pedro, es de público conocimiento que los efluentes cloacales pasan de la cañería al riacho sin tratamiento alguno, con salida en la zona próxima al puerto local.

Este lunes por la mañana llegó a la Municipalidad personal de la División San Nicolás de la Policía Federal con una orden de presentación —una especie de “allanamiento”— en busca de documentación requerida por el Juzgado Federal que conduce Carlos Villafuerte Ruzo.

La documentación solicitada está relacionada con la ex planta depuradora y un oficio que el Juzgado envió el año pasado al Estado local pero que no se había respondido en tiempo y forma.

“Hay un oficio del año pasado que no se contestó, por eso vinieron”, informaron desde el Gobierno y agregaron que la solicitud, según les indicó el personal de la Federal, era por los planos de la planta depuradora, aunque desconocían qué tipo de causa tramita y por qué.

Unos seis agentes de la Policía Federal llegaron para cumplir con la diligencia. Funcionarios del gabinete se pusieron a disposición para el requerimiento, de manera que se pueda responder el oficio en cuestión.

Desde el Gobierno informaron que es probable que el oficio original del año pasado se haya traspapelado en la cantidad de documentación de ese tipo que ingresa por Mesa de Entrada.

El joven de 22 años detenido el miércoles por la Policía Federal en el marco de una investigación que comenzó cuando el FBI informó una alarma relacionada con presuntos atentados fue liberado el jueves, regresó a San Pedro y dialogó con La Opinión para aclarar lo sucedido. “Yo no tengo nadda que ver”, sostuvo.

Desde su domicilio en Gomendio 2200, donde fue objeto del allanamiento ordenado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, el sampedrino relató que todo comnzó por unos chats en los que intercambió mensajes con un joven de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, que fue detenido en el marco de la misma causa en octubre del año pasado.

“No tengo absolutamente nada que ver con eso, es cualquier cosa que me acusen a mí. Me rebotó por una tontería”, dijo el joven, que señaló que le gusta leer sobre Historia y que compartía con el otro muchacho conversaciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial.

“Empezamos a hablar y resulta que él era de la ideología del nazismo y bueno, me empezó a contar esas cosas”, agregó. En algún momento de esas conversaciones, le dijo lo de los atentados. “Empieza a mandar cosas como si yo quería estar con él para hacer toda esta porquería que dijo que quería hacer querer hacer, como una especie de tiroteo, algo así”, reveló.

“Yo soy totalmente humanista, estoy totalmente en contra de la deshumanización de quien sea”, sostuvo el joven y agregó: “Yo quiero mucho a mi país, jamás le haría algo así a la gente. Yo me negué totalmente”.

Sobre el allanamiento, dijo que la Federal lo fue a buscar para obtener informacón respecto del otro imputado, cuyo nombre aparece en la carátula de la causa. El operativo fue en la casa en la que el joven convive con su familia. “Somos gente que trabaja y nada que ver con estas cosas”, aseguró.

“Estuve leyendo las noticias que dieron origen a todo esto y realmente son insólitas las cosas que dicen”, se quejó el joven, cuyo caso apareció en medios nacionales como el de una “planificación para un atentado terrorista”.