Los ciberdelincuentes insisten con el envío de correos electrónicos que simulan tener origen en el Poder Judicial.

La misma persona que dio a conocer a La Opinión lo ocurrido días pasados, sobre supuestos procesos de ejecución o reclamos salariales inexistentes, ahora fue intimada por una situación en el Fuero de Familia.

El mail fraudulento simula provenir de un supuesto “Sistema de Gestión Judicial” y que buscan engañar a las personas mediante intimidaciones legales falsas.

Los mensajes llegan bajo asuntos como “Cédula de citación en proceso. Vencimiento improrrogable” y contienen referencias a expedientes judiciales, medidas cautelares y presuntas resoluciones de jueces. Además, advierten sobre posibles consecuencias penales si el destinatario no cumple con lo indicado.

En el cuerpo del correo se informa sobre una supuesta “notificación electrónica obligatoria” y se invita a hacer click en enlaces para “consultar la resolución del juez” o descargar documentación judicial. Sin embargo, se trata de una maniobra de ciberestafa destinada a obtener datos personales, instalar software malicioso o acceder a cuentas digitales.

Uno de los elementos que evidencia el fraude es que los mensajes provienen de direcciones de correo extrañas y sin relación con organismos oficiales. En varios casos se han detectado cuentas con dominios internacionales y nombres aleatorios, totalmente ajenos al Poder Judicial argentino.

Además, especialistas remarcan que la Justicia no suele enviar intimaciones de este tipo desde correos genéricos ni solicita información sensible mediante enlaces enviados por mail.

Ante estas situaciones, se recomienda no abrir los vínculos adjuntos, no descargar archivos y eliminar inmediatamente el mensaje. También aconsejan verificar cualquier comunicación judicial únicamente a través de canales oficiales.

En caso de haber ingresado datos personales o bancarios tras recibir uno de estos correos, se sugiere cambiar contraseñas de inmediato, realizar la denuncia ante organismos especializados en ciberdelitos y dar conocer lo ocurrido en el banco.

Una de las recomendaciones sugeridas, frente a mensajes sospechosos, es desconfiar de comunicaciones alarmistas que exigen respuestas urgentes o amenazan con consecuencias legales inmediatas.

La Opinión Semanario fue autorizado a publicar edictos del Departamento Judicial San Nicolás luego de completar el proceso de registro correspondiente ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció el máximo organismo mediante resolución del 19 de febrero de 2026, donde se dispone “la inscripción en el Registro de diarios autorizados para publicar edictos que lleva esta Suprema Corte, del periódico denominado ‘La Opinión Semanario S.R.L.’, con domicilio en calle Liniers 71 de la localidad de San Pedro, en el Departamento Judicial de San Nicolás”, que lleva la firma de la presidente Hilda Kogan.

A partir de esta disposición, los profesionales del derecho, martilleros y particulares de la región cuentan con una herramienta ágil y eficiente para la publicación de:

*Edictos judiciales (sucesorios, remates, posesiones veinteañales).

*Convocatorias de asambleas y licitaciones.

*Publicaciones legales y societarias de carácter oficial.

Los edictos son avisos legales cuya publicación es ordenada por los jueces cuando alguna de las partes involucradas en una causa no puede ser notificada de manera directa o cuando se busca dar a conocer públicamente el contenido de una resolución judicial.

Habitualmente, la autoridad judicial dispone que estos avisos se difundan tanto en el Boletín Oficial como en un medio de comunicación de la jurisdicción correspondiente. 

Son publicaciones que suelen utilizarse en casos de citaciones, emplazamientos, juicios sucesorios y remates, especialmente cuando se desconoce el domicilio de alguna de las personas involucradas.

A partir de esta habilitación, La Opinión deja establecida la sección “Edictos Judiciales”.

Este miércoles al mediodía, en San Nicolás, prestó juramento ante los camaristas penales el nuevo juez del Tribunal en lo Criminal n.° 2, Alejandro Ares.

Así, el ex defensor oficial titular de la Defensoría n.° 1 de San Pedro asumió formalmente para el cargo para el que concursó y fue designado.

El Senado bonaerense había aprobado su pliego en junio pasado y luego el gobernador Axel Kicillof lo refrendó vía decreto.

Ares iba a jurar como juez del Tribunal cuando Sandra Bicetti hizo lo propio como titular de la Fiscalía General tras ocupar varios años el cargo de manera interina, pero una demora relacionada con su declaración jurada lo impidió.

Salvados los inconvenientes, desde ahora el exdefensor integra el TOC 2 junto a los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, por lo que se completa la terna.

La Defensoría Oficial n.° 1 de San Pedro quedó vacante y, hasta que se designe el reemplazo de Ares, las causas serán subsumidas por el titular de la 2, Joaquín Castro.

Tras el visto bueno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el Senado bonaerense aprobó 93 cargos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, entre ellos tres para la región San Nicolás, a la que pertenece San Pedro.

Ahora, resta que el gobernador Axel Kicillof refrende los decretos de designación para que queden oficializadas esas designaciones, que incluyen Fiscalía general, un juez en lo Criminal y una Defensoría en lo Civil y Comercial y en Familia.

La aprobación de la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense, cuya extensa sesión cubrió LaNoticia1.com, implica la ratificación de Sandra Bicetti al frente de la Fiscalía general del Departamento Judicial San Nicolás, cargo que ocupa de manera interina desde que se jubiló Héctor Tanús.

Además, Alejandro Ares fue designado como juez del Tribunal Oral Criminal 2, lo que implica que dejará su cargo al frente de la Defensoría 1 de San Pedro, que quedará vacante y deberá ser subrogada por el titular de la 2, Joaquín Castro.

Para el departamento judicial al que pertenece San Pedro también fue aprobada la designación de Leonardo Bluhn como defensor para los fueros Civil y Comercial y de Familia.

El Gobierno provincial remitió a la Legislatura una serie de pliegos para la designación de autoridades en la Justicia bonaerense, que incluye tres nombres vinculados al Departamento Judicial San Nicolás y a San Pedro.

Tras 131 designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales, elevaron otras 12 iniciativas entre las que aparecen la Fiscalía General, un juez para completar el Tribunal en lo Criminal n.° 2  y un defensor para los fueros Civil y Comercial y de Familia.

Una de las propuestas más relevantes es la de Sandra Bicetti para quedar oficialmente al frente de la Fiscalía General, cargo que ocupa de manera interina desde que se jubiló Héctor Tanús.

Para San Pedro, la más importante es la designación del actual titular de la Defensoría Oficial n° 1, Alejandro Ares, como juez del Tribunal Criminal 2 que integran Alejandro López y María Elena Baquedano.

Ello implica que, tras la designación, la Defensoría 1 quedará vacante y deberá subrogarla el titular de la 2, Joaquín Castro, mientras las tareas operativas las llevan adelante la secretaria, Catalina Mersé, y la auxiliar letrada, Nadia Obaid Codó.

Para el Departamento Judicial San Nicolás también fue elevado el pliego de Leonardo Bluhn para la Defensoría en los fueros Civil y Comercial y de Familia. En la actualidad, Bluhn es auxiliar letrado en el Juzgado Civil n.° 5.

En total son 12 los pliegos elevados por el Gobernador Axel Kicillof al Senado bonaerense y el Ministerio de Justicia espera que sean aprobados en sesión la semana que viene.

Además de las designaciones para el Departamento Judicial San Nicolás hay cargos a cubrir en La Plata, Zárate-Campana, Azul, Morón, San Isidro, Mercedes, La Matanza, San Martín y Merlo.

La fiscala nicoleña Verónica Marcantonio, titular de la UFI 1, coordinadora de la Unidad de Estupefacientes y a cargo de la Fiscalía General por licencia de Sandra Bicetti, estuvo en San Pedro para mantener una serie de reuniones de trabajo.

Junto a la titular de Fiscalía 7, María del Valle Viviani, a quien le corresponden las investigaciones relacionadas con delitos en el campo, Marcantonio visitó la sede de la Sociedad Rural para dialogar con los productores.

Desde la entidad informaron que “el encuentro tuvo como objetivo actualizar y debatir temas relacionados con el seguimiento y control de la seguridad en la zona”.

Además, agregaron, intercambiaron información sobre “el trabajo que se está realizando en la seguridad rural, especialmente en la zona de islas”.

En el Municipio se reunió con el intendente Salazar, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y el subsecretario de Seguridad, Mario Méndez para dialogar sobre la coordinación de la tarea judicial con las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones de vecinos que desde hace tiempo vienen haciendo planteos relacionados con el abordaje de la problemática de inseguridad pidieron reunirse con los jueces de Garantías que intervienen en la causas de San Pedro.

Par ello, elevaron una nota al intendente interino Ramón Salazar en el que solicitan que gestione el encuentro con los tres magistrados que actúan en la órbita del Departamento Judicial de San Nicolás, de la que depende el distrito.

La idea es reunirse con Ramón Salazar y con los jueces Román Parodi, Ricardo Prati y María Eugenia Maiztegui para “expresarles las realidades que impactan en nuestra sociedad”, señalaron en la nota que ingresó este viernes por Mesa de Entradas de la Municipalidad.

“Entendemos que el trabajo mancomunado y comprometido del Municipio, las fuerzas de seguridad, la Justicia, los organismos encargados de atender y conetner las problemáticas sociales y las insituciones sampedrinas es fundamental revertir esta problemática que transversaliza a toda nuestra ciudadanía en su conjunto”, señañaron en el texto.

La nota está firmada por vecinos autoconvocados, el Centro de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de Viveristas, Caproem y el Foro de Seguridad local, todas organizaciones que tienen representantes en las reuniones convocados por el Gobierno por la ola de inseguridad desde enero.