Un fallo judicial ordenó al Gobierno nacional a restituir el programa Volver al Trabajo y depositar en mayo los 78 mil pesos del salario complementario que el Ministerio de Capital Humano había decidido discontinuar.

La resolución del juez federal de Campana Adrián González Charvay fue dictada hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y el Gobierno de Javier Milei la cuestionó porque "tiene graves consecuencias sobre el presupuesto".

En San Pedro, según reveló en el Concejo Deliberante la concejala del Movimiento Evita Rita Leguizamón, son alrededor de mil las personas que perciben el programa Volver al Trabajo, que antes se denominada Potenciar Trabajo y que es conocido como "salario complementario".

La asignación mensual de ese programa, congelada hace tiempo, es de 78 mil pesos y según informó Anses será depositada este martes 5 de mayo, lo que cada beneficiario podrá consultar en las aplicaciones Mi Anses o Mi Argentina.

En San Pedro cobran el programa Volver al Trabajo trabajadores de la construcción, pescadores artesanales, emprendedores de agricultura familiar, recicladores de residuos, trabajadores de la economía popular y muchas mujeres que sostienen espacios comunitarios como el comedor de La Tosquera.

El recorte que el Gobierno nacional anunció sobre el programa Volver al Trabajo, mediante el que trabajadores de la economía popular perciben 78 mil pesos por mes, afecta de manera importante al comedor de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

Marina Pedernera, trabajadora del espacio La Colmenita, contó el sábado en Sin Galera que el ajuste en alimentos había reducido de seis a dos los días en los que cocinan para más de 200 personas y que ahora la situación se complicará aún más. 

Sin cobrar el programa Volver al Trabajo, las mujeres que trabajan allí deberán buscar otras tareas remuneradas, puesto que ese dinero era parte de su sustento diario.

La Colmenita deberá reestructurar sus tareas, teniendo en cuenta la reducción del salario complementario, que afectará a quienes cumplen tareas comunitarias en ese espacio de contención social.

Al igual que en el comedor, cuando dejen de percibir ese dinero seguirán trabajando de manera voluntaria, pero deberán buscar otra manera de obtener ingresos, lo que reducirá su participación.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de dar de baja el programa "Volver al trabajo" afectará en San Pedro a alrededor de mil beneficiarios que cobraban el denominado “salario complementario".

Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó una declaración de "preocupación" por el impacto que la medida tendrá en la economía local. El expediente fue aprobado con los votos en contra de Rey, Reynoso, Lafalce, Panatteri y Joaquín González.

La vocera fue la concejala del Movimiento Evita, Rita Leguizamón, cuya organización social está directamente relacionada con la gestión de esos programas desde la sanción de la ley de emergencia social sancionada en 2017.

Leguizamón advirtió que esos mil beneficiarios que en mayo dejarán de percibir los 78 mil pesos que paga el programa dejarán de volcar unos 78 millones de pesos al mercado local, lo que "profundizará la recesión" en los comercios sampedrinos.

"En la mayoría de los casos es su único ingreso. Se encargan del trabajo del reciclado, trabajan en la agricultura familiar, son trabajadores de la construcción, pecadores artesanales, mujeres inmensas que sostienen las infancias vulnerables en nuestros barrios", enumeró Leguizamón."

En su alocución, la concejala oficialista puso el ejemplo de Verónica, una trabajadora de la economía popular que percibe ese salario complementario y lo utiliza para "pagar el sepulcro de su hijo de 19 años que murió de una manera oscura en su lugar de trabajo, comprar medicación y ayudar a pagar la luz".

Además, contó que el esposo de la señora del ejemplo sufrió "una reducción del 40 por ciento de su sueldo" en su trabajo, por lo que la situación de esa familia se verá aún más complicada con la decisión de discontinuar el programa.

Aseguró que "esos 78 mil pesos ahora se van a transferir a empresas que van a dar capacitación y es mentira que eso va a dar empleo de calidad".

Además de manifestar la "preocupación", el proyecto de resolución aprobado solicita al Ministerio de Capital Humano que informe la cantidad exacta de beneficiarios, las medidas previstas para mitigar el impacto del recorte  y los detalles sobre nuevos requisitos de acceso al programa.

Finalmente, los trabajadores rurales podrán continuar percibiendo su jornal y la asignación del Estado, a través de algún plan social. Así lo expresa el Decreto 777/2025.

La medida de caducidad había sido dispuesta por el Gobierno nacional, por lo que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), llevaron a cabo diferentes tratativas para darle continuidad a una disposición que surgió hace cuatro años.

El plazo fue prorrogado por un año para el empleo registrado, respondiendo a un pedido presentado el 22 de agosto ante el Ministerio de Capital Humano. La explicación fue sostener el beneficio para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales que dependen de la mano de obra registrada.

Desde la UATRE, que conduce José Voytenco, se destacó que el Decreto 514/2021, ha sido fundamental para combatir la informalidad en el sector, permitiendo a los trabajadores acceder a empleos formales sin perder sus prestaciones sociales. “La compatibilidad entre empleo registrado y planes sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que promueve el trabajo digno, amplía la cobertura de la seguridad social y sostiene la producción nacional”, indicaron desde el sector gremial.

Por entonces, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había respaldado el reclamo, sosteniendo que era necesario mantenerlo en un momento clave para las producciones regionales. La explicación es que trae alivio al sector, ya que varias cosechas están por comenzar y se necesita contar con disponibilidad de mano de obra.

CAME fue más allá de la prórroga del decreto. Manifestó el deseo de que esta política se convierta en ley, considerándola beneficiosa para productores, trabajadores y el Estado.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) manifestó su preocupación por la caducidad de del decreto que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales.

El decreto que permitía el cobro en simultáneo y que nada afecte a quienes perciben ambos beneficios dejó de regir en septiembre.

La medida, vigente durante cuatro años, “fue clave para garantizar la protección social de miles de familias, permitiéndoles acceder al empleo registrado sin perder el sustento que brindan las prestaciones sociales”, expresó el gremio en un comunicado.

“Desde Uatre  hemos solicitado formalmente el 22 de agosto de 2025, ante el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, la prórroga de este decreto", señalaron

 "Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural, rompiendo el círculo de la informalidad y ampliando la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y migrantes”, aseguraron desde la organización que conduce José Voytenco.

En su momento el decreto eliminó un impedimento que “desalentaba la registración laboral, al permitir que los trabajadores rurales no perdieran sus planes sociales al acceder a un empleo formal".

"Esta política benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local y registrada para sostener la productividad en cosechas, logística y ciclos productivos”, dijeron desde Uatre.

El sindicato sostuvo que la falta de certidumbre que podría “afectar la producción agropecuaria y representar un retroceso en la lucha por la formalización laboral”.

Voytenco insistió en la necesidad de que el Estado restablezca la compatibilidad y destacó que esto no constituye un privilegio sino “una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen la producción nacional”.

Asimismo, adelantó que tanto Uatre como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) seguirán insistiendo ante las autoridades para garantizar este derecho.

El Plan Potenciar Trabajo, cuya intermediación estuvo durante mucho tiempo a cargo de organizaciones sociales dividió en dos a sus beneficairios. Desde la llegada de Sandra Petovello al Gobierno los titulares de esos programas mayores de 50 años pasaron al otro que se denomina “Acompañamiento Social”. También quedaron dentro de este grupo las mamás con más de cuatro hijos a cargo que sean menores de 18 años.

Si bien ninguno dejó de percibir sus haberes, el organismo abrió desde el primer día de julio la posibilidad de reempadronamiento que consiste en completar un formulario de actualización que valida los datos de cada beneficiario.

Con el propósito de evitar la intermediación, solicitan los datos de contacto, la situación respecto al empleo -no es incompatible hasta que se obtiene un trabajo registrado- y la situación socioeconómica de quien recibe el dinero en su cuenta bancaria.

Hay un tutorial para acceder a esa inscripción que puede ayudar a quienes no cuentan con asesoramiento.

El monto a percibir en el mes de septiembre es de 78 mil pesos y quienes no cumplan con los requisitos solicitados serán dados de baja sin posibilidad de reactivarlos hasta que vuelvan a solicitarlo. El importe es el mismo que estaba vigente en diciembre de 2023.

Elecciones en Pescadores: ganó Javier "Cacha" Arévalo y es el nuevo presidente

Donación de órganos: el Hospital Sadiv activó el protocolo y practicaron una ablación en su quirófano

Planes sociales: cómo es el traspaso del programa Potenciar al Volver al Trabajo

Pérgolas y "bérgolas": quién decide y cuál es el criterio de un Gobierno al que nadie interpela

Mundo Mascota: el regalo para Tino y Agustina Noat fue una orden de compra de $ 10 mil en Forrajería El Gringo

Río Tala: camioneta chocó contra el tren en el paso a nivel

Ruta 191: una empresa taló árboles para liberar el acceso al galpón que construye

Tarjeta Alimentar: de cuánto es el aumento y cuánto se cobra por hijo

Alcoholemia positiva: un camión, una camioneta y un auto secuestrados. También una moto con documentación adulterada.

-Sumate a nuestro canal de Youtube sin galera lili berardi, suscribite y formá parte de nuestra comunidad, estás informado y podés participar de nuestros sorteos.-El próximo sábado Sin Galera continuará premiando a las historias de mascotas más originales.-Para publicar tu reclamo o pedido enviá mensajes de audio, texto o fotos al 3329 47 99 58. -En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes-también en Tik Tok y Facebook-Siempre atentos en el 4-20-100 -En nuestro sitio web podés suscribirte y ayudarnos a continuar nuestra tarea como periodismo independiente.-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno. Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion—------------------------------------------------

Los beneficiarios del plan social nacional “Potenciar Trabajo” que tengan entre 18 y 49 años de edad pasarán de manera automática a pertenecer al  “Volver al Trabajo”, una ayuda del Estado con idénticas características a la que percibían hasta el momento y pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación dispusieron algunas modificaciones, entre ellas el desdoblamiento del tradicional “Potenciar Trabajo” al que se anexó el “Acompañamiento Social”, destinado a otra franja etaria. 

Durante los últimos años, en San Pedro hubo reclamos por falta de pago pero escasa información sobre las tareas de las organizaciones sociales. 

En el caso del “Potenciar Trabajo”, se dispuso una fecha de vencimiento del pago de este beneficio, que regirá hasta dentro de un año. No están previstos nuevos ingresos y ya no habrá intermediarios como hasta el momento, papel que cumplían las organizaciones sociales. 

Tal como se adelantó desde el Ministerio, el traspaso será de manera directa, de acuerdo a los registros con los que cuenta el Estado. 

El monto asignado a cada titular del plan social continuará en $ 78.000 mensuales, con un plazo de un año para que cada uno de ellos ingrese al ámbito laboral.

Quienes cuentan con este beneficio mantenían el cobro mensual cumpliendo con la asistencia a cursos de formación profesional con asistencia periódica, pero este sistema aún no ha sido confirmado por las actuales autoridades del área social.

Indicaron que no será incompatible el programa con el ingreso a un trabajo formal en el que el empleador pueda adherir a una baja en las cargas sociales durante un período determinado.

En cuanto a la modalidad “Acompañamiento Social”, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia está destinada a quienes tengan entre 50 y 65 años, con prioridad para mujeres, que no deben cumplir tarea alguna, y aún más a aquellas que sean madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.

“Los objetivos del área social del Estado son mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”, informaron desde el Gobierno nacional.

El programa considera la asistencia a talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos, capacitaciones para impulsar emprendimientos socioproductivos, asesoramiento para jubilarse y la ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada, que siempre dependerá directamente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, sin la intervención de ningún tipo de gestores, ni la participación de agrupaciones sociales o políticas.

El trabajo de búsqueda será intenso para cualquier ciudadano que quiera detectar a beneficiarios de este plan que hayan percibido el subsidio del gobierno mientras se desempeñaban como funcionarios públicos en el ámbito nacional o provincial.

Los cruces que la Unidad Fiscal solicitó a Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), lograron listar documentos, nombres, apellidos y dependencia que informó el registro. 

Hay 2245 en territorio bonaerense y los informes proceden de muy distintos ámbitos que van desde el Ministerio de Seguridad a la Dirección General de Cultura y Educación. 

Buscando un ejemplo al azar utilizando el CUIL, hay un docente de literatura que impartía clases los martes y los jueves de 9.40 a 10.40 en una escuela de La Matanza durante el año 2023. No se sabe si es provisional o suplente porque el portal ABC no lo detalla, pero estaba designado.

El ejercicio implica encontrar en que jurisdicción de la provincia hay más casos. Uno es el de una mujer a la que apodan “Chinita” y también depende de la Dirección de Cultura y Educación Provincial. Vive en Ituzaingó, se desempeña como acompañante terapéutica en un Jardín de Infantes. 

Créase o no, el ámbito de docentes y auxiliares es uno de los más numerosos en el listado. Lo que no está documentado es durante cuánto tiempo cada uno de los casi 10.000 detectados en todo el país estuvieron percibiendo este beneficio.

Una gran curiosidad despierta una beneficiaria cuyas iniciales son VMN y cuyo DNI termina en 793. En una búsqueda rápida aparece en un largo listado confeccionado en el año 2017 por el Banco Central de la República Argentina, comunicación “C” 73192 “Levantamiento suspensión de operaciones de cambio”. 

Es decir que fue habilitada a operar con moneda extranjera. Ahorrar en dólares trabajando en una institución educativa pudo haberla salvado de depender de un plan social.

En el ámbito de la educación muchos podrían justificar el cobro porque pueden haber sido nombrados como suplentes o temporarios. 

La lista marca la fecha en la que se hizo la consulta y el cruce a los organismos y todas datan de noviembre y diciembre de 2023 cuando el Fiscal Marijuan inició la investigación. Se aclara esta situación por si existe algún caso en que los identificados en esta nómina estén percibiendo su plan sin transgredir los requisitos, pero…

También hay bajas entre los empleados -valga la contradicción- de la Subsecretaria de Empleo Público y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Gabinete

Por ejemplo; una designación en el escalafón de suboficiales de la policía en la localidad de Avellaneda, encuentra al agente cuyas iniciales GVI en la nómina de designados en octubre de 2023 como calificado para poder desempeñarse como “motorista” de vehículos de la fuerza.  

Otro caso es el del efectivo ANE, designado en agosto de 2023 en Florencio Varela, también tras haber cumplimentado el curso de chofer de móvil identificable. 

El caso de quien lleva las iniciales de CJN, es el de un ingresante a estudiar como policía en la Escuela Juan Vucetich en junio del año 2022. 

El caso de la agente LPA figura registrado como una prestadora de servicios de belleza ante AFIP y nombrada también como chofer de vehículo en el Boletín N° 65 del Ministerio de Seguridad. 

Si bien tres casos no son suficientes como para conclusiones, se trata de personas que o han seguido cobrando sin declararlo o fueron incorporadas erróneamente al listado del Potenciar. En este caso, corresponde al municipio de Ituzaingó. 

Una última que va en línea con los egresados de la escuela de policía es el caso de la suboficial GBMS, que quedó asignada el 23 de septiembre de 2022 al Municipio de la Costa.

“No hay plata”, dijo el presidente cuando asumió aunque aclaró que el dinero para asistencia social llegará de manera directa a los beneficiarios. Sin embargo, el jueves 15, un referente de uno de los movimientos sociales que hasta la semana pasada reclamaba alimentos para comedores barriales se vio sorprendido por las instrucciones que recibió.

“Ahí llegaron algunas planillas que mandó Milei para dar mercadería y bolsones”, dijo la misma persona que una semana atrás publicó la situación que se vivía en un comedor cuyo funcionamiento siempre estuvo en dudas.

“También mandaron para pedirle una tarjeta, una tarjeta que vos vayas y comprás. Pero bueno, todavía no lo hicimos nosotros”, indicó respecto a las instrucciones para que el dinero vaya directo a manos de quienes necesitan los alimentos sin tener que pasar por un intermediario.

Las planillas, que bajo el título "Alimentar Comunidad" deben llenar las organizaciones, solicitan datos básicos como el registro de la organización, el CUIT, la personería jurídica, el domicilio, los responsables, los números de contacto y en otro sector piden los datos de los delegados a cargo de cada ciudad o barrio. 

En las últimas columnas de la planilla preguntan cantidad de personas que asisten por semana, la cantidad de días de la semana que se ofrecen las prestaciones, la inscripción en el Renacom (Registro Nacional de Comedores y Merenderos) y si reciben algún otro subsidio o el PNUD (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo). 

También se debe detallar la cantidad y variedad de comidas por jornada: si es desayuno, almuerzo, merienda o cena, según la modalidad de funcionamiento.

Aunque es imposible de precisar, por ahora queda claro que son los referentes los que envían las comunicaciones a sus bases y entonces las dudas crecen respecto a cuál será el mecanismo que utilizará el Gobierno nacional, que dijo en campaña que se terminaban “los planeros” y “los gerentes de la pobreza”.

“Es todo complicado, porque te dicen lo que vos escuchás por los medios y después te mandan los mismos referentes del movimiento que les manda el Gobierno, así que no sabés; qué sé yo, es así todo”, le dijo este delegado a La Opinión y La Noticia 1.

Es como una tarjeta de crédito que viene a nombre de una persona, el responsable, y bueno, ese hace las compras en un comercio, pero el tema es que tiene que ser con factura", explicó respecto al mecanismo que se asemeja al que ya implementa la provincia de Buenos Aires con un monto mensual de 100 mil pesos.

En cuanto a “los bolsones”, hay que registrar a todos los beneficiarios en otra planilla. La misma organización recibió la documentación que el Ministerio de Capital Humano exige con los detalles de las personas que los recibirán y los menores que tienen a su cargo.

“Es que hay ciertos requisitos para que no puedas ir a comprar cualquier cosa. Eso tiene que tener una factura, vos cada vez que vas a comprar tenés que hacerlo con la factura. Bueno, tiene que ir el encargado, el titular de la tarjeta y pedir en un supermercado una boleta y entonces ahí está todo registrado y bueno, siempre, cada dos o tres meses lo vas rindiendo", explicó. 

"Nosotros tenemos una que es de la Provincia de Buenos Aires y es casi igual a esta pero bueno, en la Provincia de Buenos Aires ahora están entregando 100.000 pesos”, señaló sin poder especificar si hay casos en los que se piden facturas prestadas y la comida no llega a sus destinatarios.

El programa provincial al que refiere es el de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios, más conocido como la “tarjeta FAEC” y que está destinado también a los merenderos desde el Ministerio de Desarrollo con la Comunidad del gobierno de Axel Kicillof.

Organizaciones sociales reclaman en todo el país por la liquidación correspondiente a noviembre del programa Potenciar Trabajo y en San Pedro también hubo movilización en protesta por la falta de pago, que el Gobierno se comprometió a solucionar a partir de este miércoles.

Libres del Sur, Mumala y Barrios de Pie, todas organizaciones que tienen una raíz político social que las nuclea, protestaron frente a la sede del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y advirtieron que si no había soluciones acamparían en el lugar.

Osvaldo Morinigo, referente territorial de Libres del Sur, señaló que si bien hubo un anuncio oficial de que esta noche comenzarían a depositar para que el miércoles cobren, están en alerta a la espera del impacto de los depósitos en las cuentas de los beneficiarios.

“Lamentablemente esto es lo cotidiano que vivimos en la ciudad y lo que está pasando en el país”, dijo Murinigo, referente de una de las pocas organizaciones que manejan este tipo de planes en San Pedro que se sumaron al reclamo a nivel local.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció que la Justicia autorizó el pago del programa Potenciar Trabajo, en el marco del análisis caso por caso que comenzaron a hacer para detectar incompatiblidades y que implica una revalidación de datos por parte de quienes perciben ese beneficio.

“Mañana comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa”, informaron en un comunicado desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz, desde donde aseguraron que trabajaban para “acelera los tiempos administrativos”.

A la espera de la reunión entre el Gobierno nacional y los movimiento sociales que en los últimos días volvieron a acampar en la 9 de Julio, en San Pedro hubo movilización este jueves por parte del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), al igual que en todo el país, como réplica a la que encabezó Raúl Castells en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Los militantes del MIJD local concentraron en Mitre y 3 de Febrero y desde allí marcharon hasta la sede del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que funciona en el edificio municipal de Salta y Arnaldo.

Hasta allí llevaron sus demandas relacionadas con la reapertura de programas como salario social complementario y Potenciar Trabajo, entre otros, y fueron atendidos por el titular del CDR, Nicolás Macchia, con quien dialogaron en la escalinata del edificio.

Además, concentraron frente a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, en Oliveira Cézar 80, donde también expusieron los reclamos que están planteando a nivel nacional.

Tras el acampe de 48 horas en Capital Federal, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, recibía este jueves a referentes de Unidad Piquetera, tras ratificar que no habrá nuevas altas para Potenicar Trabajo y con la intención de “redirigir la inversión social”.

El Gobierno nacional anunció antes de la reunión un aumento del 50 por ciento en el monto que se deposita en las tarjetas AlimentAR, que pasaron a 9 mil pesos para las familias con un hijo, 13.500 con dos, y 18 mil pesos con tres o más hijos, incremento que se hará efectivo en mayo.

Esta semana, María, una vecina del barrio 291 Viviendas recibió una visita de dos personas que le hicieron un cuestionario que le llamó la atención. La mujer sospechó, evitó dar datos personales y luego se comunicó con La Opinión, que confirmó con la Secretaría de Desarrollo Humano que no hay ningún relevamiento de ese tipo en marcha.

“Me preguntaron si yo tengo alguna clase de asignación familiar, o si tengo una pensión o si en la casa alguien trabaja en blanco, porque ellos venían a asesorarme sobre qué ingreso puedo tener a parte de eso y que me correspondía cobrar a parte de lo que ya tenía. Me pareció rarísimo que me vengan a preguntar algo así”, explicó.

María identificó a las personas como un hombre y una mujer, “muy simpáticos”, que llegaron con una carpeta en la mano. Además, pudo establecer que circulaban en un automóvil blanco, “de esos de los nuevos”, dijo.

La mujer, precavida, evitó dar datos certeros. Les dijo que no cobraba ni pensión ni asignación y que todos en la casa trabajaban “en negro”. Las personas que la encuestaron advirtieron un problema de salud y le preguntaron por qué no tramitaba un beneficio por ello.

“Les dije que no cobraba nada y se fueron. Me pareció rarísimo porque querían datos sobre personas que tuvieran algún plan. No me quisieron decir para qué. Me llamo mucho la atención que vinieran a preguntar esas cosas. Anduvieron recorriendo el barrio”, precisó María en Radio Cuarentena este viernes.