Ángela mostró junto a su pareja un video que no es uno más: es la imagen del comienzo del final de una historia larga y dolorosa, que después de casi tres décadas empieza a ofrecerle a su familia algo parecido a una instancia de superación. 

Frente a ellos, los cimientos de su futura casa: son líneas de cemento dibujadas sobre la tierra, pero simbólicas como si fuese el premio a la persistencia ante las frustraciones vividas.

Durante 27 años, la ilusión de la casa propia fue creciendo al mismo tiempo que se acumulaban los golpes. Situaciones ajenas a su voluntad fueron marcando el camino con episodios de engaños, estafas, malversación de fondos y promesas incumplidas que terminaron erosionando no solo proyectos, sino también confianza.

Ángela logró obtener un terreno, apéndice de la manzana adquirida de por la Cooperativa de Viviendas y Consumo Nuestro Sueño, ubicada en los tramos finales de calle Independencia, que abonó con esfuerzo.

La Cooperativa planificó la construcción de un barrio de 89 viviendas, financiadas a través de un programa nacional. Los terrenos fueron adquiridos por los propios socios y cedidos al Estado para viabilizar la iniciativa. Incluso, una de las primeras casas llegó a construirse y entregada a uno de los matrimonios fundadores, gesto que buscó reforzar la credibilidad del proyecto.

Pero el impulso duró poco. Las obras se paralizaron y jamás volvieron a retomarse. La empresa adjudicataria, perteneciente al Grupo Alfa, estuvo vinculada a otros emprendimientos similares que también quedaron inconclusos. Según consta, habría facturado alrededor de 2.000 millones de pesos por trabajos en San Pedro que nunca se concretaron.

Con el paso del tiempo, en reuniones sucesivas, los socios resolvieron continuar por su cuenta, finalizando cada vivienda de manera individual, sin resignar del todo la esperanza de que la situación general pudiera ordenarse. Sin embargo, el proyecto colectivo nunca volvió a ponerse en marcha.

Quienes pudieron, siguieron adelante con lo que tenían a mano. En el caso de Ángela, eso implicó vender su camioneta para comprar materiales y dar un paso más hacia el sueño postergado.

Hoy, con esfuerzo propio y sin atajos, la construcción muestra sus primeros vestigios. Quedan atrás la frustración de la vivienda usurpada en el barrio San Francisco, y luego el calvario vivido en Nuestro Sueño, como ella misma relató en su momento a Lilí Berardi (a quien le agradeció haber evitado una segunda estafa) en el programa Sin Galera.

También quedaron en el camino las promesas de abogados que aseguraron poder recuperar el dinero, entre ellos uno que nunca devolvió siquiera el expediente que decía estar “en manos de la Justicia”.

Esta vez, a pulmón y sin falsas expectativas, el proyecto parece encaminarse. Y aunque los cimientos todavía son modestos, sostienen algo mucho más profundo: la dignidad de no haberse rendido.

Militantes del movimiento La Dignidad, espacio político que a nivel nacional conduce Christian Romo y a nivel local, Juancho Correa, pidieron al Concejo Deliberante que interceda ante la problemática habitacional de un grupo de familias.

En el expediente elevado este miércoles, informaron que se encuentran "en emergencia habitacional" y solicitaron "la visita de una asistente social para constatar" su "forma de vida actual".

La nota, firmada por unas 20 personas, pide además que el Municipio les otorgue "terrenos para poder armar un plan de viviendas de autoconstrucción". En ese marco, aparece la escuela técnica profesional proyectada en Lucio Mansilla.

"Sabemos que el Municipio posee terrenos detrás del Corralón municipal, ex Matadero municipal, en estado de abandono", señalaron en alusión a la suspendida obra que iba a financiar el Gobierno nacional pero que quedó sin efecto, como toda la obra pública, desde la asunción de Javier Milei en Presidencia.

"Tomando ustedes esta solicitud y actuando de forma urgente, estarían solucionando la situación de aproximadamente 100 familias de nuestra ciudad que hoy estamos pasando por un estado de crisis general", dice el texto elevado al Concejo.

La escuela técnica profesional a construirse en esos terrenos fue anunciada en 2022 por el ministro de Educación del Gobierno de Alberto Fernández, Jaime Perczyk, cuando inauguró el jardín de Banfield.

El Estado nacional había girado alrededor de 154 millones de pesos al Municipio, que pagó con ese dinero el anticipo financiero a la empresa Indhal SRL, de Berazategui, que ganó la licitación.

En septiembre de 2023, en plena campaña electoral, hubo un "simulacro de inicio de obra". Tras ello, no hubo ningún otro movimiento en el terreno, que como bien señalan desde La Dignidad, está abandonado.

La empresa suspendió la ejecución de la obra, que nunca comenzó, "como consecuencia de la inestabilidad de precios y la provisión de materiales" tres días después de que asumiera Milei.

Un año y medio después de la firma del contrato, el Gobierno decidió rescindirlo por "incumplimientos graves" y "demora en exceso injustificada" por parte de la empresa, a la que le piden que reintegre el anticipo financiero y pague los seguros de caución correspondientes.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor interviene ante casos de sampedrinos que firmaron contrato con una empresa que les vendió un plan de ahorro “para una vivienda” o su equivalente en pesos, pero desapareció de San Pedro.

Las oficinas de la firma Plan Zero S. A., que estaban ubicadas en 25 de Mayo 554, están cerradas, en los teléfonos que figuraban no atiende nadie, la página web de la empresa está caída y sus redes sociales no se actualizan hace un año y medio.

La casa central, que estaría en Godoy Cruz, Mendoza, tampoco aparece operativa y el 0800 que figura en los contratos "no corresponde a un abonado en servicio". En esa provincia, figura una concesionaria de motos, pero tampoco presenta actividad en el último año.

Patricia José es una de las que firmó contrato. Fue en octubre de 2020. Dijo que tenía que pagar “21 cuotas de 3580 pesos” en un Rapipago. Cada mes hacía efectivo el depósito y esperaba novedades del sorteo.

Su plan de ahorro implicaba la posibilidad de acceder a una “vivienda prefabricada”, "la más chica", contó. Si salía sorteada, dejaba de pagar. Como no tuvo esa suerte, llegó al final del plan sin salir sorteada. Una vez que terminó de pagar las 21 cuotas, tenía que esperar 18 meses más, sin abonar, que el azar la beneficiara.

Nunca ocurrió. Lo que seguía era que, pasados los 39 meses desde que firmó el contrato, entendió, accedería a un millón de pesos, por lo que decía su contrato: vivienda o el dinero capitalizado. Cuando se cumplió el plazo, empezó el drama.

"La oficina desapareció, las personas desaparecieron. Conseguí un número y el que me atendió me dijo que no trabajaba más, me dio otro número y ese también me dijo que no trabajaba más, pero que me iba a averiguar", contó Patricia a La Opinión.

El último con el que se comunicó le dijo que sólo podían devolverle 30 mil pesos, que no le correspondía más que eso. "Le dije que me diera los 30 mil, me dijo que marzo, que abril y no me contestó más las llamadas", relató.

Hasta ahora, Patricia no sabe si hay otras personas con la misma problemática que ella, que iba a llevar el caso a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde La Opinión consultó para confirmar que en efecto hay expedientes iniciados por la misma modalidad.

Esa dependencia municipal intentó notificar a la empresa, pero se encontró con el problema de que ya no hay oficinas. Tras obtener un domicilio particular, tampoco logró hallar a alguien cada vez que el oficial notificador se presentó.

"Yo me enganché como una cosa de ahorro, pero pasó el tiempo y nada. Yo tengo todo, el contrato, los comprobantes de pago en Rapipago, todos los tickets que pagué todos los meses", dijo Patricia. En marzo fue la última vez que mantuvo comunicación con el promotor. Desde entonces, no se sabe nada.

En 2021, una denuncia similar radicada en la Justicia para que se investigue el presunto delito de estafa provocó que un referente local de la empresa se presentara en La Opinión para informar cómo funcionaban los contratos que firmaban.

Ese promotor, Rafael González Ferro, es uno de los que le dijo a Patricia que ya no tiene relación alguna con Plan Zero, puesto que dejó de trabajar para la compañía.

En agosto de 2021 accedió a una entrevista en vivo tras la denuncia penal de una clienta. Dijo que tenían "diferentes tipos de planes" y que asesoraban "a domicilio" para "despejar todo tipo de dudas".

"No es que se entrega el lote o la vivienda, lo que se sortea es un valor nominal, en este caso un monto de un millón de pesos, que si bien no le alcanza es un gran apoyo", reconoció el promotor en ese momento.

"Si sale sorteado el número del cliente, por Lotería Nacional, se le entrega el dinero y automáticamente no paga más", informó ese día. "Todo esto se aclara muy bien y hay tres clientes de San Pedro que salieron adjudicados", aseguró.

En ese momento explicó que el plan era de "280 cuotas" y que "en la cuota 18 el cliente puede dar de baja el plan y la empresa le reconoce el 72 por ciento del ahorro". Indicó que "lo peor que puede pasar es que se generó un ahorro" y ejemplificó: "Es como el que juega a la quiniela, si no se la saca estamos en la misma. De esta manera al menos se recupera algo".

"Es una manera de hacer un ahorro, y si tenés suerte de salir adjudicado, te hacés de un millón de pesos", señaló. "Somos gente de acá, ante un inconveniente respondemos", aseguró en ese momento el promotor. "En la hoja que se le entrega al cliente se aclara todo, en ningún momento se dice que se va a entregar un inmueble", explicó.

En ese momento eran seis empleados y estaban buscando más porque, aseguraban, estaban en proceso de crecimiento. "Pueden llamarlo publicidad engañosa, pero al cliente se le explica todo", dijo ese día el promotor sobre las publicidades en Facebook. Para explicar lo que vendía puso de ejemplo el de otras empresas reconocidas que venden planes de ahorro.

Desde mediados de octubre hay movimiento en los terrenos que la cooperativa de La Matanza Fecoovima adquirió para construir 214 viviendas en convenio con el Gobierno provincial.

Aunque en principio habían anunciado que la primera etapa sería de 96 unidades habitacionales, el responsable de Fecoovima, Juan Osorio, informó a La Opinión que la obra en marcha es para construir 55 casas, con un plazo de 12 meses.

La cooperativa tuvo demoras para comenzar la tarea porque necesitaba el suministro eléctrico y, según había indicado el propio Osorio a fines de junio, les habían pasado un presupuesto de 1.800.000 pesos.

“Resolvimos el problema con Coopser, tenemos el suministro eléctrico, que se había demorado. Iniciamos la obra el 17 de octubre, oficialmente, así que tenemos que entregarla en 12 meses como lo habíamos proyectado, es la primera etapa, de 55 viviendas, vamos avanzando poco a poco”, dijo Osorio.

“Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, eso se entregará los primeros días de noviembre del año que viene. Comenzamos a poner las plateas, la red de cloacas, los gabinetes del tendido eléctrico, estamos en obra”, detalló.

Respecto de los adjudicatarios, señaló que desde que lanzaron la propuesta para que las familias interesadas pudieran consultar respecto de la posibilidad de formar parte de la cooperativa a través de la compra del derecho a un lote para luego, una vez construida la casa, comenzar a pagar al Instituto de la Vivienda provincial, “pasaron más de 200 personas averiguando”.

“Los estamos llamando y van ingresando. Son 55 las primeras, se va a adjudicar rapidísimo”, aseguró Osorio. La primera condición para formar parte es pagar el terreno, al que se podía acceder con un anticipo de 1.500.000 pesos y 36 cuotas para pagar otros 3 millones restantes, puesto que antes del comienzo de la obra el lote costaba 4,8 millones.

Para ingresar, las familias interesadas deben demostrasr ingresos equivalentes al salarios mínimo vital y móvil multiplicado por tres, lo que hoy sería alrededor de casi 400 mil pesos.

Los terrenos donde se emplazarán viviendas fueron adquiridos por la cooperativa Fecoovima a dos familias, Álvarez y Frangi, a través de la inmobiliaria Bennazar, que estaban pagando en cuotas.

Además de pagar el terreno, la cooperativa debe instalar los servicios de energía eléctrica, agua y cloacas, y trazar la apertura de calles. Para el comienzo de la obra también esperaban el desembolso de Provincia, que la financia a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

El programa de viviendas que el Estado provincial firmó con la cooperativa Fecoovima, de La Matanza, para la construcción de un barrio de 96 casas en la zona de la cancha de Independencia cumple en los próximos días un mes desde su anuncio y, según informaron desde la organización, hay alrededor de 50 familias que presentaron documentación para asociarse, de las cuales la mitad ya está en condiciones.

Juan Osorio, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda La Matanza (Fecoovima), dijo a La Opinión que desde que firmaron el convenio hubo muchas consultas sobre los requisitos para ser parte de la iniciativa, que implican la compra del lote con un anticipo de 1.500.000 pesos y un plan de pago de 36 cuotas para los restantes poco más de 3 millones, antes de comenzar a pagar al Estado la vivienda propiamente dicha, una vez habitada.

Las consultas y los requisitosEl titular de Fecoovima informó que en las primeras semanas desde el anuncio del programa de 96 viviendas pasaon alrededor de 120 personas a consultar. Parejas jóvenes, solos y solas, matrimonios con hijos, autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia.

“Cuando les contás de qué se trata y de qué es el plan, es atractivo”, dijo, por “el costo financiero bajo”. Osorio consideró que “los requisitos son accesibles”, pero recordó que la primera condición a cumplir es la de adquirir el lote y la segunda, tan importante como la otra, es la que implica demostrar ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil multiplicado por tres, aunque Osorio siempre habla de “180 mil pesos”, que hoy equivale a dos.

“Hay gente que viene sola, que tiene ingresos que no llegan a los 100 mil pesos y dice: ‘Pero esto no es para el trabajador’. Sí, es verdad, en tu condición de mujer sola, que no gana 100 mil pesos, no podés ingresar. Tenés que tener ingresos de 180 mil”, explicó.

“Si no tenés un ahorro para pagar, así no tengas que pagar nada, si tenés que pagar una cuota de 47 mil pesos tampoco vas a poder vivir. Eso no quita que no haya otros trabajadores que ganan un poco más”, señaló respecto de quiénes son los que podrán acceder.

Para llegar a los 180 mil pesos de ingresos, indicó, se puden sumar los recursos demostrables del grupo familiar. “La mayoría de los matrimonios ganan buenos salarios”, dijo Osorio y contó que hubo quienes se acercaron y decidieron hacer un desembolso inicial mayor al millón y medio requerido, y plantearon pagar los otros 3 millones “entre 5 a 15 cuotas” porque “quieren tener la menor deuda posible”.

Los terrenos donde se emplazarán las 96 viviendas fueron adquiridos por la cooperativa a dos familias, Álvarez y Frangi, a través de la inmobiliaria Bennazar. “Se lo estamos pagando en cuotas todavía”, dijo y reveló que para cada socio el terreno cuesta ahora 4,8 millones, unos 400 mil pesos más que a principios de junio.

Además de pagar el terreno, la cooperativa debe instalar los servicios de energía eléctrica, agua y cloacas, y hacer la apertura de calles. “El requisito de la provincia es que la casa tiene que tener todos los servicios”, indicó.

Los primeros 25 sociosDe los más de 120 que pasaron, alrededor de 50 presentaron documentacion y hay 25 que ya están en condiciones de firmar la asociación a la cooperativa. “Les hicimos el Veraz y le hicimos un control dominial, no tienen registrado bienes a su nombre”, detalló Osorio.

En la escribanía Gasparín, indicó, van a firmar la operación. “Firman el convenio con nosotros, pagamos el gasto de la escribana y transfieren el pago a la cooperativa”, indicó Osorio y señaló: “A estos 25 les decimos ‘los locos’, porque entraron porque confian en nosotros, porque no hay otra explicación”.

“Yo te puedo dar todas las garantías. Andá a la provincia, al municipio, el convenio es real, pero me dicen ‘ustedes son nuevos’, y es verdad. Lo que le decimos es esperá uno o dos meses que empezamos la obra”, dijo el presidente de Fecoovima.

¿Cuándo empieza la obra?Osorio informó que mientras esperan el desembolso del anticipio financiero, preparan el armado del obrador para comenzar con los movimientos de suelo y otras tareas, en cuyo marco necesitan instalar energía eléctrica, algo que depende del acuerdo con Coopser.

El presidente de Fecoovima informó que intercambió mensajes con el titular de la cooperativa eléctrica, “de par a par”, para intentar avanzar. “No hay misterio, el cable está en la vereda del club (se refiere a la cancha de Independencia), hay que extender 40 metros el cruce de calles, un pilar, un medidor que lo tienen. Le dijimos que si hay que pagar, se lo pagamos. Es injusto, pero tenemos que pagarnos toda la red eléctrica nosotros”, señaló.

Como cualquier iniciativa de estas características, para obtener el servicio de energía eléctrica, deberán abonar el tendido. El presupuesto que les, dijo Osorio, asciende a alrededor de 1.800.000 pesos.

“Cuando vos ofrecés un servicio, no cobrás toda la instalación. Vos no pagás el satélite que te provee señal, pagás lo que consumís, por ejemplo. Garpamos todos nosotros y después queda para ellos. La inversión debería ser de ellos”, graficó.

Fecoovima busca finalizar el trámite para la colocación del medidor de manera tal de no tener que instalar el obrador con un generador a gasoil, por los costos extra que ello implicaría. “Todos estamos arriesgando y queriendo que esto salga”, dijo y aeguró: “Sabemos que esto va a explotar cuando empiece la obra”.

El fallo judicial que declaró “invalido” el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri movilizó a las familias preadjudicadas, que comenzaron a organizarse en procura de recibir explicaciones sobre lo que ocurrirá a partir de esta resolución judicial tomada como medida cautelar en el marco del litigio que la empresa Arcor inició a la Municipalidad porque considera que esas casas deberían ser destinadas a cumplir con el cargo de la donación original, es decir para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto.

Antes de la conferencia de prensa que brindaron funcionarios del gabinete de Cecilio Salazar para anunciar que apelarán el fallo, mantendrán reuniones con la empresa y convocarán a quienes resultaron sorteados, los preadjudicatarios se congregaron en un grupo de WhatsApp donde intercambian información.

Allí habían decidido concurrir a Desarrollo Humano a exigir explicaciones, pero tras la rueda de prensa resolvieron esperar. Luego, desde la cartera que conduce Walter Sánchez, les comunicaron que el lunes a las 10.30 habrá un encuentro en el club Independencia para “brindarles información directa y responder todas las inquietudes”.

“Vamos a esperar la reunión. Hay quienes proponen buscar abogados y actuar judicialmente”, dijo una persona que forma parte del grupo y que, al igual que otros integrantes, prefirió no hacer declaraciones públicas hasta tanto escuchen de primera mano a los funcionarios del Gobierno.

“Estamos convencidos de que la razón nos asiste, que las cuestiones que la empresa plantea están equivocadas y que nosotros tenemos la razón”, dijo el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, durante la conferencia de prensa, y sostuvo que tras la apelación y el diálogo con Arcor “esas viviendas van a ser entregadas aquellas personas que han sido preadjudicadas y cumplan con todos los requisitos”.

Eran 881 familias las preseleccionadas para participar del sorteo de 84 unidades habitacionales que pondrían fin a la espera de un techo propio. El último sábado de febrero terminó la incógnita y los preadjudicatarios de las casas que construye la Cooperativa Alfa entregaron toda su documentación para ser verificados y adjudicados cuando concluyan las obras.

La primera mala noticia para los más de 1100 inscriptos llegó el 24 de febrero cuando La Opinión confirmó que la escribana Cecilia Dubini había sido notificada por la empresa Arcor para que “se abstenga” de verificar el acto notarial.

No era la primera vez que se le recordaba a la gestión municipal la disposición que mediante Ordenanza número 5422 cedía con condiciones precisas los terrenos destinados a reubicar a todas las familias censadas que ocupaban los terrenos de propiedad de la empresa Indalar Sociedad Anónima S.A.

Corría el año 2004 cuando un proyecto para la explotación del puerto público facilitó la cesión de los lotes que hoy ocupan las 80 casas del barrio Arcor frente al barrio Futuro y que en otra etapa obligaban a la construcción de otras 80 unidades en el sector lindero al caserío de Depietri. Estos últimos son hoy motivo de una puja entre la empresa y la Municipalidad de San Pedro.

Ni Ramón Salazar, por entonces intendente, ni su secretario de Obras Públicas, el abogado Javier Silva, ni el asesor letrado Ricardo Uguet quisieron formular declaraciones ni ofrecer explicaciones previas a la jornada que por primera vez en décadas contemplaba la situación de familias que nunca pudieron llegar al sueño de la casa propia.

También el Concejo Deliberante, en particular su presidenta interina Rita Leguizamón, negó haber recibido notificación fehaciente respecto al reclamo para que los funcionarios se abstengan o prorroguen una decisión que, tal como era de imaginar, terminó en la Justicia.

Se sabe que existió al menos una reunión entre el gerente de la planta local de la firma y al menos dos funcionarios municipales. De ese encuentro la única conclusión fue intimar a la Escribanía y entregar a un estudio jurídico local la orden de llevar al fuero Contencioso Administrativo el pedido de nulidad del sorteo ya que el listado nunca fue publicado en el boletín oficial.

Desde la tarde del miércoles los preadjudicatarios decidieron comenzar a organizarse en grupos de WhatssApp. también hubo debate en los chats que intercambiaron los funcionarios por temor a que quienes no fueron beneficiados en el sorteo pretendan participar nuevamente o que los que figuraban en el listado de familias censadas entre 2004 y 2012 reclamen el lugar que por derecho les corresponden porque Arcor había cedido su propiedad para ese fin.

El lunes en el Concejo Deliberante hubo consultas de concejales a secretario de Obras, Javier Silva, y la secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa. Ambos coincidieron en señalar que no existía preocupación por el trámite judicial del que aún no habían sido notificados.

Los preadjudicatarios analizaban si marchan hacia el Palacio municipal para solicitar explicaciones mientras buscan asesoramiento para resguardar la condición de preferencia que les otorga haber sido seleccionados y avalados por una representante de la Escribanía General de Gobierno que fue convocada de emergencia para el acto que tuvo lugar en el club Independencia, donde el lunes los sorteados se encontrarán con funcionarios para ser informados sobre la situación.

Un fallo de la Justicia dispuso la invalidez del sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, luego de que la empresa Arcor fuera al Contencioso Administrativo a plantear la vigencia de la ordenanza mediante la que donó los terrenos para relocalizar familias del Bajo Puerto.

La medida cautelar dictada por la jueza María Isabel Fulgheri favorece a la firma, que solicitó que la Municipalidad “se abstenga de seguir adelante con los procedimientos del sorteo, adjudicación indiscriminada y/o entrega” de esas viviendas.

Esto implica que para la Justicia el sorteo que se hizo en el club Independencia y que preadjudicó las viviendas a 84 familias no tiene validez legal alguna, por lo que el Gobierno deberá definir pasos a seguir, teniendo en cuenta la expectativa generada en quienes resultaron beneficiarios en aquella emotiva jornada.

La resolución judicial fue dictada mientras se analiza la cuestión de fondo, que tiene que ver con el planteo de Arcor respecto de que las unidades habitacionales que se construyan en esa tierra deben ser destinadas al plan original de relocalización de familias del Bajo Puerto, algo sobre lo que la Justicia no se expidió y cuyo trámite llevará tiempo.

Pero mientras tanto, la jueza resolvió “hacer lugar a la medida cautelar autónoma y disponer la suspensión de la ejecución del Decreto 293/2023 por no estar publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad www.sanpedro.net.ar), y de haberse efectuado el sorteo, el mismo deviene inválido”.

Fulgheri advirtió en su fallo que el decreto que autoriza el listado para el sorteo no fue publicado en el Boletín Oficial y que como “los actos de la administración municipal no producen efectos en tanto no sean publicados legalmente”, el sorteo que se hizo en base a ese instrumento administrativo “deviene inválido porque para ejecutarse el acto administrativo denominado Decreto 293/2023, debió cumplirse previamente con su publicación”.

En efecto, la Ley Orgánica de las Municipalidades obliga al Estado local a “confeccionar el Boletín Oficial Municipal en el que deberán publicarse las Ordenanzas del Concejo, Decretos y Resoluciones de ambos departamentos, que dicten las Autoridades del Gobierno Municipal” y confeccionarlo “como mínimo una vez por mes” para ponerlo “en conocimiento de la población en la sede de la Municipalidad y en los lugares de acceso público, que al efecto se determine” así como “en la página Web oficial del Municipio, sin restricciones”.

“De haberse efectuado el sorteo, el mismo deviene inválido”

La jueza advierte que, “sin que ello implique adelantar opinión fondal”, es decir sin expedirse sobre si corresponde o no el planteo de Arcor sobre a quiénes debería esar destinado ese plan de viviendas, es necesario, ante el decreto del listado para el sorteo, “disponer la suspensión de su ejecución” porque “autoriza un listado definitivo de personas participantes en el sorteo público de viviendas llamado Plan 84 Viviendas Barrio Dipietri que, preliminarmente, devendría en colisión con normativa municipal antecedente (Ordenanza 5422/2004) y con la escritura N° 12173”.

El Gobierno anunció, desde el primer día en el que fue confirmado que se construirían 84 viviendas en ese terreno, que la adjudicación a los 84 familias beneficiarias sería por sorteo. Arcor envió cartas documento para reclamar la vigencia de la ordenanza mediante la que donó esas tierras.

El entonces director de Asesoría Letrada municipal, Ricardo Uguet, “respondió negando de manera genérica los hechos, sin otorgarle tratamiento a su presentación y sin generar una resolución o acto administrativo fundado; por el contrario, intimó a su representada a cesar en dicho reclamo”, señaló la empresa en su presentación judicial.

A pesar de las advertencias de Arcor, de la preocupación de la oposición —Donatti señaló que podríamos estar “ante una situación legal muy compleja— y de la letra fría de la ordenanza, que hasta dice que “para el supuesto del incumplimiento” Arcor “podrá revocar la donación y exigir la devolución del terreno”, el Municipion siguió adelante con el plan.

No sólo eso: el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, les dijo a los concejales oficialistas que no había nada de qué preocuparse, que “el cargo ya fue cumplido”, que él se “le paró de manos” a Arcor y que la empresa se llevaría “un susto”.

Arcor le planteó a la Justicia que el sorteo “está ocasionando todo tipo de responsabilidades, perjuicios irreparables y/o de muy dificultosa reparación posterior, tanto para las personas sorteadas irregularmente, para las que tienen derecho a esas viviendas, como también para la parte actora y la comunidad en general, al incumplir la ordenanza y el cargo impuestos en la donación”.

En la solicitud de la medida cautelar que el juzgado en lo Cotencioso Administrativo Nº 1 de San Nicolás hizo lugar, la emprsa señaló que no peticiona la paralización de la obra si no la preadjudicación, adjudicación a las familias sorteadas, que es lo que resolvió la jueza.

“De no dictarse la medida judicial peticionada, se podrían adjudicar ilegítimamente las viviendas a personas que por las normas citadas no tendrían derechos, generándose expectativas en ellas y ocasionando que posteriormente pudieran ser desalojadas, por la demanda de cumplimiento de la obligación legal y/o cargo, o por la revocación de la donación del inmueble, ocasionando daños irreparables o de dificultosa y costosa reparación ulterior, para todas las partes involucradas”, se lee en el fallo.

El Gobierno había anunciado antes del sorteo que la construcción podría estar finalizada para los últimos días de junio o los primeros de julio, fecha en la que podrían proceder a la entrega de las llaves a las familias beneficiadas en el sorteo. La resolución judicial cambia el panorama y pone todo en duda.

El Gobierno municipal comenzó a notificar a las familias que el viernes próximo, a las 18.00, participarán del sorteo de las 84 viviendas que construye el Estado con fondos que provienen del Ministerio de Hábitat de la Nación.

Son más de 870 las familias que participarán de las dos instancias de sorteo: primero, las 216 de entre las que saldrán ocho beneficiarios y cuatro suplentes para las unidades habitacionales preparadas para personas con movilidad reducida.

Luego harán lo propio con las 655 que buscan un lugar entre las 76 viviendas disponibles para quienes se inscribieron y cumplieron los requisitos, que además de no tener casa propia implicaban estar en situación de alquiler o comodato y demostrar ingresos con los que hacer frente a la cuota.

Las casas estarán listas para fines de junio, informó el Gobierno, siempre y cuando el tiempo acompañe y no demore el proceso de construcción que lleva adelante en el barrio Villa Depietri la cooperativa Alfa, radicada en la ciudad bonaerense de Quilmes, que ganó la licitación pública para la obra.

El Gobierno municipal anunció este viernes que en dos semanas tendrá lugar el sorteo de las 84 viviendas que se construyen con fondos nacionales en el barrio Villa Depietri. Será el 24 de febrero a las 18.00, en el Estadio municipal.

El intendente interino, Ramón Salazar, encabezó una conferencia de prensa junto a los secretarios de Obras Públicas, Javier Silva, y de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, para dar detalles sobre cómo será el sorte.

Silva informó que la obra está en un 73,8 por ciento de avance y que si el clima acompaña las viviendas estarán listas para ser entregadas a los adjudicatarios para fines de junio.

El funcionario destacó que las inspecciones de Nación llegan todos los meses y que está aceitado el mecanismo para el desembolso del dinero hacia la empresa cooperativa Alfa, encargda de la obra, de manera tal que no hubo demoras en la construcción por retrasos en los pagos.

Ramón Salazar anticipó que están en marcha gestiones para un proyecto de 210 viviendas que podría financiar el Estado provincial, tema que será parte del diálogo con el gobernador Axel Kicillof, que como adelantó el miércoles Radio Cuarentena, estará en San Pedro el 15 de febrero.

Respecto del sorteo, el concejal a cargo del Poder Ejecutivo por licencia del intendnete electo, Cecilio Salzar, dijo que es “fundamental” la transparencia. “Tiene que quedar claro que acá no se elige a nadie. El sorteo va a ser con escribano público, se va a transmitir y toda las personas interesadas pueden ir”, señaló.

“Hacía muchísimos años que no había un programa de viviendas para San Pedro y tenemos el orgullo de estar entregando viviendas muy pronto a gente que lo necesita”, celebró Salazar.

Silva detalló que las 84 viviendas son unidades habitacionales de 62 metros cuadrados, “con dos habitaciones, cocina-comedor, una integración de un lavadero y las instalaciones necesarias para una casa moderna”. La obra incluye el servicio de clocas, destacó.

Los beneficiarios sorteados el 24 de febrero deberán validar la documentación que presentaron. Por ello ese día se elegirán dos suplentes para las ocho viviendas para personas con discapacidad y 12 para las 76 restantes.

Una vez que las viviendas sean entregadas, el Estado nacional generará las condiciones para el pago. “La gente va a ir pagando con un porcentual del ingreso que declararon”, dijo Silva y agregó: “Hay planes de 30 cuotas, muy accesibles”

“Esto está apuntado a la clase trabajadora, a ese matrimonio en el que ambos tienen buen trabajo pero no hay herramientas que le faciliten el acceso a un crédito hipotecario para comprar una vivienda”, explicó el funcionario.

Consultado sobre si el conflicto desatado con trabajadores de la cooperativa Alfa que se consideraron despedidos, lo que motivó la intervención del Ministerio de Trabajo, Silva destacó que no hubo situaciones “que hayan entorpecido el desarrollo de la obra, que es lo que más nos preocupa”.

Por su parte, Ramón Salazar dijo que no estaba al tanto de esa situación. “La verdad es que no vi que hubiera conflicto, todo lo contrario, vi un avance de obra permanente y esto tiene que ver con que hay un desembolso y un manejo rápido del Ministerio de Nación”, indicó.

“Yo, la verdad, es que no sabía de ese conflicto. Lo que vi cuando fui es un montón de trabajadores y un avance acorde, con las inspecciones de Nación”, reforzó luego.

El Gobierno local informó este viernes la firma del contrato con la empresa Apco S. A. para la construcción de las 25 viviendas sociales previstas en Río Tala, financiadas por el Ministerio de Hábitat de la Nación.

“Comenzarán en las próximas semanas las tarea de movimiento de suelo”, informó la Municipalidad y destacó la firma del contrato para el desarrollo de este plan habitacional.

Las 25 viviendas que se construirán en Río Tala serán emplazadas en un terreno ubicado entre las calles Juan Damaso Camelino, El Cielito, General Juan Lavalle y otra que será abierta en el marco de la obra.

El presupuesto total es de 142.468.906 pesos, informó el Gobierno, y el plazo de construcción de las unidades habitacionales es de un año.

La empresa Apco construcciones fue fundada en 1994 y tiene sede en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Se dedica a obras de infraestructura y al alquiler de equipamiento.

Mientras avanza la construcción de las 84 viviendas en el barrio Villa Depietri, financiadas por el Gobierno nacional, la inscripción para interesados ya cerró y el Gobierno prepara ahora la modalidad de sorteo.

“El plazo de obra es de un año y medio, falta todavía”, dijo el intendente interino, Ramón Salazar, consultado respecto de cuándo será el sorteo, puesto que hay mucha expectativa al respecto.

En abril se reabrió la inscripción para que aquellas familias interesadas que todavía no se habían acercado pudieran hacerlo. De la misma manera, inscribieron a grupos familiares con integrantes con movilidad reducida, puesto que hay siete viviendas destinadas a personas con discapacidad.

Más de 1500 familias se inscribieron con la esperanza de acceder a una de las 84 unidades habitacionales que se construyen bajo el sistema steel framing o construcción en seco, con la empresa cooperativa Grupo Alfa como adjudicataria.

La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses desde que comenzó, por lo que en el Gobierno entienden que hay tiempo para hacer el sorteo. Hay un universo de posibles beneficiarios que abarca diversas realidades, por lo que evaluaban la posibilidad de segmentar.

Las viviendas constan de dos habitaciones y tienen un total de 63,8 metros cuadrados cubiertos. El Gobierno informó en sus redes el mes pasado que hay alrededor de 50 sampedrinos contratados por la empresa que ganó la licitación para trabajar en la construcción.

La construcción de 84 viviendas en el barrio Villa Depietri avanza con el personal de la cooperativa Alfa a su cargo y un plazo de 18 meses para la entrega de las unidades habitacionales, construidas bajo el sistema steel framing.

Más de 1200 familias se inscribieron el año pasado en Desarrollo Humano para el sorteo que estaba previsto para marzo pero que todo indica será pospuesto al menos para abril, en la medida en que recién esta semana terminarán con la inscripción de quienes sacaron turnos antes de enero.

“Esta semana estamos terminando la inscripción y estamos analizando extender algunas semanas más porque se han acercado familias que no pudieron sacar turnos en su momento”, dijo al respecto el sectario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez.

El funcionario aseguró en Radio Cuarentena que el viernes decidirán si reabren la inscripción, puesto que teniendo en cuenta que todavía hay familias interesadas el Gobierno no quiere que se queden afuera de la posibilidades del sorteo.

“En principio, si extendemos, va a ser por dos o tres semanas, así que ya vamos a estar en abril”, señaló Sánchez, quien destacó que es probable que haya cupos de acuerdo a las diversas realidades que aparecieron entre los inscriptos hasta el momento.

Respecto del avance de la obra, el funcionario destacó el proceso y señaló: “Estamos muy contentos, cada vez que pasamos por ese lugar y vemos que se están levantando nuevos módulos, es algo muy positivo después de tantos años sin planes de vivienda, es un logro muy importante de esta gestión”.

Este lunes la Secretaría de Desarrollo Humano retomó las inscripciones para el sorteo de las 84 viviendas que el Gobierno municipal construye con fondos nacionales en un terreno ubicado detrás del antiguo caserío de Depietri.

“Hoy retomamos la inscripción con personas que retiraron el número el año pasado. Vamos a estar desde hoy hasta el día 3 de marzo inscribiendo, y también para lo que es discapacidad”, informó Walter Sánchez en Radio Cuarentena este lunes.

Los turnos asignados hasta esa fecha fueron otorgados el año pasado. Si todas los citados se presentan, serán 1455 postulantes para acceder a una vivienda y otros 518 para las destinadas a personas con discapcidad.

En ese sentido, Sánchez aclaró: “Son familias que tienen algún integrante con certificado de discapacidad. Después tenemos que analizar caso por caso”.

Sobre la posibilidad de reabrir la inscripción para quienes el año pasado no pudieron acercarse a retirar número, el funcionario dijo que “Si es necesario abrirla, la vamos a abrir”, e invitó a los interesados a acercarse igual a las oficinas de O. Cézar y Rivadavia para interiorizarse sobre los requisitos.

“Al menos que se acerquen, dejen sus datos y si abrimos la inscripción los estamos llamando o será informado a través de los medios”, aclaró Sánchez.

La obra tiene un plazo de 18 meses, por lo que en el Gobierno entienden que hay tiempo para el sorteo en el que se conocerán quiénes son las 84 familias beneficiarias.

La obra del plan de 84 Viviendas que el Gobierno municipal construye con fondos nacionales en un terreno ubicado detrás del antiguo caserío de Depietri avanza y este domingo el personal de la empesa a cargo estaba trabajando.

Trabajadores de la cooperativa Alfa, adjudicataria de la licitación, cumplían tareas al menos hasta las 14.00, informaron, para avanzar en la construcción de estas viviendas que todavía no fueron sorteadas para los beneficiarios.

Con el sistema steel framing, son 84 casas distribuidas en módulos de cuatro unidades habitacionales por bloque, de las cuales siete estarán destinadas a familias con personas con movilidad reducida.

Más de 1200 familias se inscribieron el año pasado para el programa en Desarrollo Humano, que esta semana retomaba la recepeción de documentación a personas que ya tenían turno asignado.

El secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, había informado que en febrero evaluarían si reabrían la posibilidad de anotarse, puesto que la demanda fue muy importante.

La obra tiene un plazo de 18 meses, por lo que en el Gobierno entienden que hay tiempo para el sorteo en el que se conocerán quiénes son las 84 familias beneficiarias de este programa de viviendas del Estado.

Entre los requisitos para la inscripción aparece el de tener residencia permanente en San Pedro, que puede acreditarse con el DNI, con certificado de domicilio o con servicio a su nombre, como el de Coopser. Los aspirantes que se inscriban deben ser jefes o jefas de familia.

Deben demostrar capacidad de pago y para ello, deben acreditar tener trabajo formal, con recibo de sueldo o monotributo, jubilaciones, pensiones, asignaciones del Estado como AUH, etc.

Como no habrá otro filtro más que los requisitos publicados y los criterios son amplios, hay un universo de posibles beneficiarios que abarca diversas realidades.

Desde parejas con hijos que viven en casas de familiares y sus ingresos están relacionados con asignaciones del Estado y trabajos esporádicos hasta familias con empleo que alquilan hace tiempo y con los jefes de hogar con empleos registrados o profesionales con buena capacidad de pago que, por ejemplo, calificaban para ProCreAr pero no fueron sorteados.

Todavía se desconoce si una vez que esté el listado de inscriptos cerrados habrá algún tipo de segmentación entre esos grupos, de manera tal que haya una cierta cantidad de viviendas para cada uno, teniendo en cuenta las diversas realidades que existen entre quienes aspiran al techo propio pero no están en condiciones de hacerlo en el mercado inmobiliario.

Este lunes empezó la inscripción al plan de viviendas de personas con movilidad reducida en Desarrollo Humano, a cargo del área de Discapacidad: 7 de las 84 viviendas del programa de Viviendas que se lleva a cabo a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina serán destinadas a esa población.

Sólo el lunes asignaron 100 turnos y la inscripción continuará durante el martes 7 y el jueves 9 de diciembre, de 8.00 a 14.00 —el miércoles es feriado—, y retomarán desde el miércoles 15 al viernes 17 de diciembre en el mismo horario, en las oficinas de O. Cézar y Rivadavia.

Entre los requisitos para la inscripción aparece el de tener residencia permanente en San Pedro, que puede acreditarse con el DNI, con certificado de domicilio o con servicio a su nombre, como el de Coopser. Los aspirantes que se inscriban deben ser jefes o jefas de familia.

Deben demostrar capacidad de pago y para ello, deben acreditar tener trabajo formal, con recibo de sueldo o monotributo, jubilaciones, pensiones, asignaciones del Estado como AUH, etc. En este caso, además, poseer en la familia a un integrante con movilidad reducida.

A principios de diciembre, ya era más de 1200 personas se acercaron a la Secretaría de Desarrollo Humano para inscribirse para el sorteo del plan de 84 viviendas que el Gobierno local construirá con fondos nacionales en un predio ubicado detrás del caserío de Depietri, frente a los barrios Arcor y Futuro.

La empresa que ganó la licitación tiene un plazo de obra de 18 meses, por lo que en el Gobierno entienden que hay tiempo para permitir la inscripción de todos los interesados y luego sí proceder al sorteo para la adjudicación a los beneficiarios.