El Gobierno, con aprobación del Concejo Deliberante, repuso para el ejercicio 2026 la denominada tasa por servicios de pesaje de vehículos de carga, que había retirado para crear la de "conservación de las vías de acceso", que se mantiene.

Esto implica que para este año hay dos tipos de gravámenes relacionados con los vehículos de gran porte, aunque diferenciadas. Mientras los de pasajeros pagarán la de "vías de acceso", los de carga harán lo propio con la de pesaje.

El servicio será prestado en balanzas municipales, aunque no está claro dónde ni cómo. La tasa la pagarán todos los vehículos de carga que circulen por San Pedro, con el objetivo de verificar el cumplimiento del pesaje máximo permitido.

La tasa tiene un costo de 10 módulos, es decir 10 litros de gasoil premium de YPF, lo que implica en la actualidad alrededor de 20 mil pesos.

La multa por circular con peso superior al permitido será de mil litros del mismo combustible, lo que equivale hoy a alrededor de 2 millones de pesos. Si hay reincidencia, el monto de la sanción se duplicará.

El Gobierno reglamentará zonas de circulación, excepciones o exenciones y, como en la de vías de conservación, quedó facultado a "prorrogar la exigibilidad" hasta tanto se disponga "la estructura e instrumentos necesarios para garantizar su control".

El Municipio tiene una nueva tasa para cobrar por el pesaje, pero no dispone aún de espacio ni de balanza para tal fin. El último lugar fue el predio de la ex Coplac, alquilado, y con una balanza que también era de un privado.

La tasa de pesaje tal como se conocía estaba especialmente dirigida al control de los camiones areneros que salen cargados de San Pedro.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical elevó un proyecto para que el Ejecutivo retome los controles de peso a camiones areneros que circulan por la recientemente repavimentada ruta 1001.

Los radicales advirtieron que por ese camino provincial, cuya obra de repavimentación atraviesa el último tramo, circula "un gran caudal de camiones areneros", muchos con "sobrepeso" que, según expresaron en el expediente, son los responsables de la mayoría de las "permanentes roturas en la calzada".

"Las roturas y la pérdida constante de arena ponen en peligro vidas, generando permanentemente accidentes vehiculares, varios de ellos fatales", advirtieron los ediles de la UCR.

En ese marco, piden al Gobierno que lleve adelante "controles exhaustivos, con todos los instrumentos legales y tecnológicos que estén a su alcance" para "verificar el estricto cumplimiento del peso que marca la ley".

El Gobierno discontinuó la obligatoriedad de pasar por la balanza pública desde 2024, puesto que modificó el gravamen relacionado y dispuso que todo transporte de carga de más de 25 mil kilos, cuyo titular no sea de San Pedro, pague una tasa, aunque sin la obligatoriedad del pesaje.

Un vehículo que circule excedido de peso es pasible de una multa de 500 litros de gasoil premium y la reincidencia implica pagar el doble. Pero claro, para que haya sanciones debe haber controles.

El Gobierno de Cecilio Salazar ratificó ante el Concejo Deliberante que mantendrá la denominada "tasa de conservación de las vías de acceso" que están obligados a pagar los transportistas de cargas y de pasajeros en San Pedro.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, y el director de Rentas, Christian Rial, fueron convocados a la comisión de Peticiones que preside Candelaria Cuscuela para dialogar con los ediles en el marco del proyecto de ordenanza que presentó el opositor Martín Rivas para derogar esa tasa.

Rivas recogió expresiones de cámaras empresarias que en todo el país consideran que ese tipo de gravámenes afecta sus intereses y propuso su derogación. El Gobierno defendió la tasa y confirmó que seguirá cobrándola.

"Yo manifiesto que es anticonstitucional, antiempresas y anti San Pedro desde el año pasado, cuando se trataron las ordenanzas fiscal e impositiva", dijo Rivas a La Opinión.

"Les explicamos que no hay forma de anular la impositiva, porque la tenemos en curso. También abordamos la cuestión legal, la Suprema Corte de Justicia habilitó tasas como la nuestra", dijo Borgo tras la reunión.

Durante el encuentro, el secretario de Economía y el director de Rentas reconocieron que tuvieron dificultades para la implementación y que tener la ruta 1001 en obra contribuyó a esa problemática.

"Ellos manifiestan que es una de las herramientas que encontraron para contrarrestar el deterioro que generan las areneras, algo con lo que no coincido", señaló Rivas.

En alrededor de seis meses, la tasa generó unos 4 millones de pesos, expusieron los funcionarios. "La realidad es que no se puede ni pintar la demarcación de la ruta", se quejó Rivas respecto de la escasa recaudación.

"Lo que se cobra se afecta, se afecta al mantenimiento", sostuvo Borgo, por su parte y detalló: "La mayoría de la afectación está sobre el borde de banquina, precisamente por eso, porque como no hay un trabajo de consolidación de banquinas, produce que cuando salen o vuelven a entrar, no resiste la presión".

Rivas procuraba obtener consenso dentro del Concejo para derogar la tasa, una tarea complicada puesto que el oficialismo la va a defender y en la oposición hay quienes tienen una mirada menos crítica respecto del gravamen.

"Darle dictamen de minoría y forzar algo que corresponde al Ejecutivo no es más que una manifestación política y la idea era poner a disposición una herramienta que sirva", dijo Rivas sobre lo que decidirá respecto del proyecto tras esta reunión.

“Nosotros somos de la idea de que hay que ser más eficaces y efectivos. Uno puede discutir si hay muchos o pocos empleados, pero con la estructura que hay salir a controlar es muy complicado" ,les dijo en la reunión el director de Rentas, Christian Rial.

En ese sentido, agregó: "Genera un malestar en el comerciante, en el empresario. La idea es simplificarlo, que sea más efectivo, más fácil pagar para ellos y más fácil para nosotros recaudar".

El concejal de Juntos por el Cambio Martín Rivas elevó un proyecto de ordenanza que propone derogar la denominada "tasa por conservación de las vías de acceso" creada por el Gobieerno en la última ordenanza fiscal, cuyo monto exigible fue aprobado por el oficialismo y los mayores contribuyentes en la Impositiva, en diciembre pasado.

Rivas, en consonancia con planteos que se han hecho a lo largo del país contra gravámenes similares, consideró que la tasa es "inconstitucional" y que "configura la pretensión del establecimiento de una verdadera aduana, además de restringir la libertad de circulación y el libre ejercicio del comercio o industrias lícitas".

Cuestionó que el Gobierno "se empecine desconociendo los principios básicos tributarios" al sancionar "tasas que en realidad son impuestos", al tiempo que advirtió que ese tipo de tributos debe tener correspondencia con "una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio".

Rivas señaló que las vías de acceso pavimentadas, las rutas 1001 y 191, son caminos provinciales, por lo que es a esa administración a la que le corresponde "su control, mantenimiento, conservación y reconstrucción".

Consideró que este tipo de "disposiciones equivocadas, onerosas e inexplicables, son atentatorias de la posibilidad del desarrollo de San Pedro, la creación de nuevas fuentes de trabajo genuino y aportan a la consolidación del atraso material y espiritual en que se halla sumida esta comunidad".

La tasa por conservación de las vías de acceso fue creada para reemplazar la de pesaje, vigente hasta el ejercicio pasado, y grava con 1250 pesos el ingreso y egreso de vehículos de transporte de carga que superen los 25 mil kilos y con $ 10.500 por cada micro de mediana y larga distancia que supere la capacidad de 40 pasajeros.

La contraprestación que figura en la ordenanza fiscal vigente indica: "Servicios de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de ingreso y egreso de la ciudad afectadas por la circulación de vehículos pesados".

La tasa, para el período 2024, está eximida para quienes tengan domicilio en San Pedro, por lo que la pagan transportes de cargas y pasajeros cuya razón social o propiedad estén registrados en otra jurisdicción.

Esta semana, tras demoras en la implementación, el Gobierno instaló una "posta de fiscalización" en la intersección de ruta 1001 y exruta 9, en Río Tala, para controlar el cumplimiento por parte de los transportistas.

Rivas deberá reunir 10 votos para derogar la tasa, por lo que tendrá, además de convencer a los otros ocho opositores, que contar con al menos uno de la bancada oficialista. El planteo de “inconstitucionalidad” de la ordenanza es materia que corresponde a la Justicia.

Desde que el Gobierno municipal decidió cerrar la balanza de Crucero General Belgrano y reemplazar esa operatoria por una nueva tasa a la que denominaron de “conservación de las vías de acceso”, pasaron seis meses. Durante ese período sólo se mantuvo un acuerdo con las empresas areneras para que tributen el canon.

En la mañana del martes, el Jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, dejó inaugurada la oficina a la que denominan “posta de fiscalización”, ubicada en el mismo lugar que se utiliza para los controles policiales de tránsito: la intersección de ruta 1001 y exruta 9.

Allí emplazaron un container ploteado con la nueva estética muncipal, donde se notifica a quienes no están informados sobre la medida y les comunican que están en condiciones de cobrar con código QR y otros medios de pago.

La tasa aprobada en diciembre grava "servicios de control, mantenimiento, conservación y reconstrucción de las vías de ingreso y egreso de la ciudad para vehículos que transportan más de 25 mil kilos.

“La posta está a cargo de Dirección de Fiscalización”, dijo Carrasco a La Opinión e indicó que ha asignado las tareas a Juan Carlos Agüero que se desempeña bajo la órbita de su área. 

“Lo que ven es el pago del ticket de la tasa que pusimos en la Fiscal e Impositiva para vehículos pesados, que son 1.250 pesos por pesado”, aclaró el funcionario, que acudió al lugar junto a Natalia Rimasa, una de las funcionarias del área.

“La idea es que se vaya cubriendo durante todo el día con diferentes turnos, en forma aleatoria, todo lo que sea el control y la fiscalización del transporte pesado y que a su vez también nos sirva para hacer operativos conjuntos con Seguridad, con Tránsito, cuando dispongan las distintas áreas”, agregó tras señalar que también quieren poner foco en el control de documentación.

La comitiva que cumple tareas en el container “va a estar abocada a todo lo que sea el control de pesados, donde también disponemos de una balanza móvil, que vamos a ir haciendo algún pesaje aleatorio para controlar el peso de la carga; no solo el ticket y la documentación”.

Aclaró que también podrán colaborar en operativos de seguridad o cuando haya masividad en el ingreso turístico. Ese será un tema polémico, porque podría afectarse a los contingentes que llegan a la ciudad con programas para disfrutar de una jornada y a los pocos servicios de larga distancia que ingresan a San Pedro y ya pagan por “toque de plataforma”. 

Respecto a los horarios, indicó que intentarán cubrir un máximo horario en jornada diurna y que aún no tienen organizado como será el control para quienes ingresen por 191, donde por ahora no habrá fiscalización. 

El proyecto de ordenanza impositiva elevado por el Gobierno de Cecilio Salzar al Concejo Deliberante prevé un aumento de tasas del 100 por ciento para casi todos los tributos que pagan los contribuyentes de San Pedro para el año 2024.

Entre esos gravámenes está la tasa por inspección de Seguridad e Higiene, un polémico tributo que muchos discuten por las dudas respecto de la "contraprestación" que el Estado debe brindar a cambio de percibirlo.

Para el año que viene, esa tasa tendrá 100 por ciento de aumento, excepto para las empresas areneras, que deberán pagar un 130 por ciento de incremento, es decir un 30 por ciento más que el resto de los rubros.

Las areneras están incluidas entre los mínimos especiales previstos, con un piso mensual de 406.434,80 pesos. 

Como compensación, el Gobierno dispuso no cobrar el año que viene la tasa por pesaje de camiones, que durante 2023 fue de alrededor de 670 pesos por cada transporte que salía de la ciudad.

En la ordenanza impositiva, el apartado W de la denominada Tasa por Servicios Varios, que reza “por cada pesale de camiones o camionetas que trasporten bienes”, tiene como monto a cobrar para 2024 la suma de “$ 0,00”.

La tasa de pesaje de camiones fue creada en tiempos de Fabián Rodríguez como secretario de Economía con el argumento de proteger las rutas recientemente repavimentadas, que por cierto hubo que reparar porque se deterioraron.

Incluso el Concejo Deliberante aprobó, también por iniciativa de Rodríguez, una ordenanza que permite al Ejecutivo llamar a licitación para tercerizar ese servicio, algo que nunca se puso en marcha.

La balanza de camiones es alquilada y está emplazada en el predio de la ex Coplac. El pago de este canon fue resistido por las empresas areneras desde el primer día.

Ahora ya no pagarán pesaje pero deberán abonar un 130 por ciento de aumento en la tasa de seguridad e higiene, siempre y cuando este proyecto de ordenanza impositiva sea aprobado por concejales y mayores contribuyentes.

La tasa por inspección de Seguridad e Higiene se calcula de acuerdo a los ingresos brutos mensuales devengados, con alícuotas mensuales que varían según el rubro y según si el contribuyente supera los 140 millones de pesos de facturación anual o tiene más de 40 empleados, en cuyo caso los porcentajes aumentan.

El chofer de un camión arenero fue denunciado por inspectores de la Dirección de Tránsito a quienes amenazó y agredió físicamente, aunque sin provocarles lesiones.

El episodio se registró este martes en la balanza pública ubicada en Crucero General Belgrano e Independencia, donde los transportistas están obligados a pesar y pagar el canon correspondiente para salir de la ciudad.

El camión Fiat Iveco con semirremolque tipo volcador estaba en infracción a la ley vigente, puesto que pretendía no cumplir con el pesaje, por lo que el personal de Inspección se aprestaba a labrarle el acta cuando se ofuscó.

Los inspectores, dos hombres de 38 y 55 años, fueron amenazados y agredidos, pero aun así retuvieron el camión por estar en infracción y lo pusieron a disposición del Juzgado de Faltas.