El Municipio informó que la atención descentralizada del área de Discapacidad tendrá en abril una jornada en Gobernador Castro y otra en Río Tala, más dos previstas en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano.

En el hospital 26 de Julio de Gobernador Castro atenderán de 8.15 a 12.00 este jueves 9; y en la delegación municipal de Río Tala, el jueves 23 a la misma hora.

El responsable del área, Juan Carlos Mariño recordó que luego de que la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fuera automática por la pandemia, "ahora hay que hacer todos los trámites como si fuera la primera vez".

"Por eso estamos haciendo operativos de descentralización para que a la gente le quede más cómodo, porque realmente acá en la oficina es impresionante la gente que viene", señaló Mariño.

En marzo hubo atención en Santa Lucía, el barrio 1° de Mayo y en el CIC. Para mayo tienen previsto avanzar con Bajo Campodónico, La Tosquera y La Buena Moza.

La Municipalidad informó que durante marzo atendieron “un total de 251 consultas” que fueron resueltas y otorgaron “59 turnos para continuar con los trámites pertinentes”.

"Tienen que presentar todo de nuevo, como si fuera la primera vez", dijo Mariño sobre la renovación del CUD.

El cierre de la Agencia nacional de Discapacidad (Andis) por parte del Gobierno de Javier Milei trasladó a los municipios las consultas, por eso el Estado local decidió llevar adelante estos operativos descentralizados.

Mariño recordó que cuando hubo auditorías, la atención de su área logró recuperar alrededor de la mitad de las 150 pensiones que fueron dadas de baja en San Pedro, donde hay alrededor de 6 mil personas con certificado de discapacidad.

"Ahora hay malas noticias, porque vuelven las auditorías", advirtió el titular del área de Discapacidad y destacó que el CUD "es tan importante como el DNI".

"Nosotros estamos dando prioridad a los menores que tengan prestaciones médicas, acompañantes terapéuticos, todo eso", señaló.

En ese marco, agregó: "Estamos citando a todas las personas a las que les vence el certificado en agosto, septiembre, octubre, porque si no, no tienen el tiempo suficiente".

En el marco del paro nacional de prestadores de servicios sobre discapacidad en todo el país, en San Pedro los profesionales que trabajan en el sistema se plegaron a la medida de fuerza. 

Como en todo el territorio nacional, en la ciudad habrá movilización este miércoles para visibilizar la problemática, relacionada con los recortes, la suspensión de servicios, el ajuste y la negativa del Gobierno nacional de implementar la ley de emergencia sancionada por el Congreso.

En San Pedro la concentración será a las 19.30 en la plaza Belgrano y coincidirá en día y lugar, aunque será un poco más tarde, con la que habitualmente hacen los jubilados autoconvocados.

En la ciudad, como en otras del interior del país, el acatamiento a la huelga es dispar porque las obras sociales imponen descuentos importantes a quienes no presten los servicios comprometidos.

Por eso, prestadores de servicios sobre discapacidad local informaron a La Opinión que "en algunos casos paran hoy y mañana, en otros solo mañana".

El Concejo Deliberante tratará este jueves un proyecto firmado por integrantes de todos los bloques en el que expresan "apoyo institucional y solidaridad" con las familias, profesionales y prestadores del ámbito de la discapacidad de San Pedro.

No es la primera vez que el cuerpo deliberativo local se expresará por unanimidad contra políticas del gobierno de Javier Milei relacionadas con las personas con discapacidad: en agosto pasado hubo repudio generalizado al veto de la ley de emergencia.

"La situación actual evidencia recortes sistemáticos, retrasos en pagos, falta de provisión de medicamentos e insumos esenciales, lo que compromete seriamente la continuidad de tratamientos vitales", advirtieron los ediles.

Tras la publicación de La Opinión de la problemática de accesibilidad que atraviesa un estudiante con movilidad reducida en la escuela 6, difundida por referentes de la cooperadora de ese establecimiento, el Consejo Escolar mantuvo una reunión para avanzar en la resolución del inconveniente.

"Hay una propuesta. La arquitecta dijo que están empezando a hacer relevamientos en escuelas por este tema", informaron. Además, la cooperadora se reunió para aportar ideas, camino a una obra que podría llevarse adelante durante el receso escolar de verano.

"Desde 2022 tienen una carpeta para empezar a trabajar con estos temas, pero como son obras de mucho dinero, dependen de financiación externa", señalaron.

Desde la cooperadora de la escuela 6 destacaron el "trabajo conjunto con las autoridades" e informaron que en la actualidad la institución cuenta con "una baranda instalada en el box y otra en el mingitorio del baño", solicitadas el año pasado.

"Desde la cooperadora, en reunión realizada el día lunes del corriente mes, se propone la posibilidad de adecuar algún otro espacio que se requiera en un futuro de acuerdo a las necesidades que surjan", indicaron.

La cooperadora de la escuela 6 volvió a reclamar por la obra que el Consejo Escolar prometió para reconvertir al menos uno de los cubículos de los baños del establecimiento de manera tal que quede adaptado para personas con discapacidad.

Desde el año pasado, un niño que cursa en ese colegio y que utiliza un andador porque tiene movilidad reducida debe ir al baño con la puerta abierta, porque no entra, lo que es motivo de invasión a la privacidad y hasta de burlas.

El reclamo volvió a surgir porque desde el Consejo Escolar se habían comprometido a planificar una obra para agrandar el baño y habían asegurado la disposición de barandas en los laterales, como primera medida, que tampoco cumplieron.

Los padres que conforman la cooperadora hasta habían ofrecido pagar con fondos propios materiales y mano de obra, pero les dijeron que no les correspondía, por lo que siguen a la espera de que les den respuesta satisfactoria a la problemática.

"Necesitamos resolver este problema, no puede estar así el nene", señalaron desde la organización y advirtieron que "así como la ley exige esto en los edificios públicos, en la escuelas deberían respetarlo también".

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad manifestar rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar las leyes de emergencia en discapacidad, moratoria previsional y aumento de jubilaciones y pensiones.

El expediente fue presentado por los concejales de Fuerza Patria y acompañado, aunque con debate sobre los matices, por toda la oposición, incluidos los bloques La Libertad Avanza y Pro-Libertad, que representan a Milei en el HCD.

La vocera del proyecto fue Rita Leguizamón, quien cuestionó la represión a los jubilados en las manifestaciones de los miércoles por parte de las fuerzas de seguridad federales y destacó al grupo local que todos semanalmente se reúne en la plaza Belgrano.

"Milei dice que la justicia social es aberrante. Nosotros decimos que aberrante es Milei y son las políticas de ajuste y crueldad, sobre todo a este sector tan vulnerable de la sociedad", dijo la concejala del Movimiento Evita.

"Este gobierno agarró el país con el peor diagnóstico económico de la historia, como consecuencia de las políticas que llevó adelante el gobierno anterior", dijo Mauro de Rosa, presidente del bloque LLA y agregó: "De todas maneras, no voy a justificar, bajo ningún punto de vista, que la variable de ajuste sean los jubilados".

De Rosa se refirió a la situación de la ley de emergencia en discapacidad y lo hizo desde su lugar de padre que atraviesa esa situación. "Si resolver los problemas de este país pasan por vetar una ley que votó el Congreso, no cuenten conmigo. Yo banco un montón de políticas de este Gobierno, pero con este tema es muy difícil, este es el límite, es una aberración ", dijo.

Rivas, que también votó a favor de expresar rechazo al veto de Milei, dijo que la alocución de Rita Leguizamón "desvirtuó el espíritu del proyecto" y también cuestionó que los jubilados sean variable de ajuste. "No podemos dejar de lado a nuestros padres, abuelos, vecinos que la están pasando mal", señaló.

"La posición de este concejal es repudiar el veto, a pesar de las formas de la redacción y de la pésima alocución que eligió el bloque Fuerza Patria", concluyó Rivas.

Por último, Yanina Batalla, de la UCR, consideró que no deberían haberse utilizado "adjetivos calificativos" y pidió "dejar de lado las ideologías en estos temas". 

Aseguró que "la solidaridad con los más débiles de un país" debe ser prioridad y llamó a la reflexión para evitar "agravios y faltas de respeto", sobre todo del presidente.  

Diego Lafalce, que preside un bloque denominado “PRO-Libertad” y que responde políticamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no hizo uso de la palabra y su voto fue a favor del rechazo al veto del presidente Milei.

El expediente aprobado pide a los legisladores nacionales que insistan con las leyes vetadas y exige al presidente que "busque establecer políticas tendientes a dar solución urgente para jubilados y jubiladas como también para las personas con discapacidad".

Marcelo Comba es un sampedrino que está escribiendo un nuevo capítulo de su vida en las rutas de la península ibérica. Residente de Almazán, en la región de Castilla y León, cada mañana se levanta para llevar a cabo su trabajo al volante de un camión, distribuyendo mercadería a diferentes ciudades.

Sin embargo, a pesar de su rutina laboral, la añoranza por su tierra natal no la pierde. Hace dos años que dejó atrás San Pedro, su hogar, y cada jornada comienza con una visita a las redes sociales, donde busca las últimas noticias de su pueblo natal.

Era temprano, aproximadamente las 6,30, cuando Marcelo tuvo un abrupto cambio en su estado de ánimo por una noticia dolorosa: un joven a quien aprecia profundamente, Mauricio Gómez, había sido golpeado salvajemente, sufriendo lesiones graves que requirieron su internación en terapia intensiva.

Luego, Marcelo decidió expresar su indignación a través de La Opinión. "Acabo de despertarme, voy a poner el camión en marcha para irme a Barcelona y a Girona, y cuando abro Facebook me encuentro que han atacado a Mauricio Gómez. No te imaginas la impotencia que me agarró ver que unos hijos de p... lo golpearon", fue el inicio de su mensaje. Estas palabras no solo reflejaron su descontento, sino también la preocupación por el estado de un joven que considera especial.

Recordó momentos compartidos con Mauricio, un hombre que, a pesar de algunas limitaciones, nunca molestó a nadie ni buscó problemas. “Donde lo veía, lo llevaba; a veces le daba hasta plata, lo invitaba a desayunar”, señaló, lo que evidencia el vínculo que tenía. 

La impotencia de Marcelo creció al reflexionar sobre la brutalidad del ataque, que dejó a Mauricio con una fractura de mandíbula y afectaciones serias en su salud.

El ataque ocurrió el 4 de julio, en inmediaciones de Balcarce y La Laguna, y hasta el momento, sus agresores permanecen en la impunidad. Este caso ha suscitado no solo la indignación de Marcelo, sino también la de muchos otros que lo conocen. "Tengo una impotencia..., no se imaginan la bronca que tengo. Lloro porque Mauricio no molesta a nadie", expresó.

A pesar de que la persona agredida -con cierto grado de discapacidad- ya se encuentra en casa, recuperándose del trauma físico y emocional, Marcelo exige el esclarecimiento del hecho.

“Espero que la Justicia y la policía pongan los huevos sobre la mesa y hagan algo. Que consigan cámaras, que la gente ayude y que paguen estos hijos de mil p… por haber golpeado a este chico. Que se pongan las pilas. Estoy reindignado. No se imaginan cómo estoy. No conozco a sus familiares, solo a él, nadie más", dijo.

"Puedo asegurar que ese chico no ha levantado las manos. No provoca a nadie”, expresó Marcelo, hasta finalmente recalcar “espero que la policía investigue, si quiere investigar. Total…, pasaría a ser un caso más. Pero este no lo es, este es un chico que se merece por lo menos justicia, porque Mauricio no molesta a nadie”, agregó.

Dieron de alta al joven con discapacidad Mauricio Gómez —reconocido en la ciudad, recibió múltiples mensajes de apoyo—, quien el viernes de la semana pasada recibió una brutal golpiza en la vía pública.

Gómez tuvo un altercado en Balcarce y La Laguna, desde donde una ambulancia lo llevó inconsciente al Hospital. Le habían pateado la cabeza, dijeron vecinos de la zona.

Estuvo internado en terapia intensiva a raíz de un edema subdural producido por el traumatismo de cráneo y con una fractura de mandíbula.

Luego lo pasaron a sala común y este martes, informó su hermana, le dieron el alta para que pueda estar en su casa, aunque debe seguir un tratamiento.

El traumatismo maxilofacial podría sellar sin necesidad de intervención quirúrgica, por lo que deberá seguir controlándose en el Hospital para ver la evolución de la lesión.

Por el caso hay una causa penal en trámite y la Fiscalía instruyó a la policía para la recolección de testimonios y elementos de prueba como cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

La Justicia investiga cómo ocurrió y quién participó en un hecho violento sucedido en la vía pública que terminó con un joven con discapacidad internado en el Hospital.

Mauricio Gómez, que padece epilepsia, fue trasladado el viernes por la noche a la Guardia por una ambulancia del Same 107 tras quedar inconsciente luego de un altercado en la calle.

Su hermana informó a La Opinión que el joven sufrió una fractura de mandíbula y tuvo un edema subdural producto de un traumatismo de cráneo, lesiones que lo mantuvieron en terapia intensiva hasta este domingo, cuando lo pasaron a sala común de internación.

La Justicia procura establecer las circunstancias del episodio, para lo que buscaban imágenes de cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar datos acerca de lo ocurrido.

Las primeras versiones señalaban que habría tenido una discusión con gente en la calle, que derivó en el conflicto. Al momento en que la ambulancia lo fue a buscar, estaba inconsciente, todo indica producto de patadas que recibió en la cabeza.

La Justicia ordenó el desalojo en Gobernador Castro de la casa de dos hermanos internados en Sadiv, propiedad que había sido usurpada el sábado 31 de mayo por una pareja con cuatro niños.

El juez de Garantías Ricardo Prati ordenó el alzamiento y la policía llegó por la tarde, tras la notificación correspondiente, para hacer cumplir el mandamiento, pero los ocupantes ya se habían retirado por sus propios medios.

A los pocos días de la usurpación, se vio a un grupo de personas que hicieron fuego y llegaron con colchones, hilos y palos para demarcar el lugar, con intenciones de "lotear" y distribuirse las parcelas, tras limpiar el terreno.

A las dos semanas, la policía impidió que otro grupo hiciera efectiva la usurpación del predio en el que está emplazada la vivienda tomada originalmente.

Los dueños de la casa y el terreno son dos hermanos que están alojados en Sadiv y bajo tutela judicial. La causa había recaído en la Fiscalía de Viviana Ramos y luego pasó a la de María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Dos hermanos con discapacidad que están alojados en el Hogar de Sadiv fueron víctimas de usurpación de su vivienda, ubicada en la localidad de Gobernador Castro.

El sábado, dos familias irrumpieron en el inmueble, ubicado en calle Güemes, entre Mitre y San Martín, e ingresaron para usurpar la casa. Tras la denuncia, la policía identificó inicialmente a una pareja con cuatro niños.

Familiares de los titulares del inmueble radicaron la denuncia en el destacamento y se aguarda un rápido accionar de Fiscalía, puesto que al otro día llegaron más personas para limpiar el terreno y, todo indica, repartirse lotes con fines de usurpación.

Los hermanos tienen 49 y 58 años. Están bajo tutela judicial y padecen discapacidades mentales que, aunque leves, los mantiene internados en el hogar de Sadiv, uno desde hace dos y cuatro años, respectivamente.

La policía de la localidad logró identificar, además de las dos persoonas que usurparon la casa inicialmente, a al menos cinco personas, hombres y mujeres, de entre 25 y 31 años, también con menores de edad de entre 1 y 5, en tareas de limpieza del terreno.

Todos los identificados por la policía, que están imputados en la causa por usurpación que tramita en Fiscalía, están domiciliados en Gobernador Castro.

Son, en total, tres hombres, cuatro mujeres y seis niños. Todos tienen domicilio fijado en un asentamiento precario próximo al inmueble usurpado, que tiene además de la casa un terreno de importantes dimensiones.

Desde que los hermanos están alojados en Sadiv y bajo tutela judicial, hubo varias advertencias a la policía respecto del riesgo de usurpación.

Incluso, luego de que retiraran los muebles para evitar robos, se había planteado ante el juzgado que los tutela la posibilidad de demoler la vivienda para evitar usurpaciones y que ellos pudieran disponer del terreno.

"Anoche hicieron un fueguito y estaban planificando la toma. Había como 15 personas, con colchones y todo", contaron vecinos de Gobernador Castro, alarmados por lo ocurrido.

“Cortaron las plantas, limpiaron todo, pusieron palos, alambres, hilos y hasta le exigen al delegado (municipal) que intervenga para que les bajen la luz”, señalaron.

La causa recayó en la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos, que ordenó las primeras diligencias, aunque todo indica que tramitará en la 7, de Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Familiares de las víctimas aguardan un rápido accionar de la Justicia para evitar que los usurpadores monten precarias viviendas en el terreno y dilaten la posibilidad de desalojo.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con una resolución que había establecido un baremo para evaluar las condiciones médicas que corresponde a las pensiones por invalidez laboral y elaborará un nuevo régimen.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) derogó esa resolución, pero mantendrá la política de revisión del régimen de pensiones no contributivas en procura de eliminar "arbitrariedades" en su otorgamiento en lo que el Gobierno define como una "lucha contra el malgasto de los recursos".

Este jueves, la titular de Anses San Pedro, Analía Corvino, se comunicó con La Opinión para informar que la derogación de la resolución "no modifica ni afecta el proceso de auditorías".

"Buen día, por favor informar sobre la derogación que las auditorías siguen en pie, las persona deben concurrir como les informa la citación", indicó la funcionaria representante del Gobierno nacional en San Pedro.

Andis difundió que "la normativa solamente formaliza la baja de la resolución derogada" y que "el proceso de auditorías se desarrolla de manera habitual".

La derogación de la resolución que había dispuesto el nuevo baremo no implica que el Gobierno nacional no continúe la revisión propuesta, aunque deberá establecer un nuevo procedimiento e informarlo.

Así, Andis deberá actualizar los criterios de acuerdo a la normativa internacional que se detectó que la resolución derogada no tenía en cuenta, de manera que se garantice un proceso efectivo para la verificación.

En San Pedro, Andis tenía personal para atención presencial y sus oficinas funcionaban en el marco del Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ambos organismos cerraron por orden del Gobierno tras la asunción de Javier Milei.

De los más de 75 espacios en los que debería haber rampas de accesibilidad en el centro ampliado, por Mitre y Pellegrini, desde Caseros al Boulevard, la oposiicón en el Concejo Deliberante contó 47 que o deben ser reparadas o directamente no están.

El “mapa de accesibilidad” confeccionado por los ediles de Juntos Pro aparece en un proyecto de resolución elevado al cuerpo este lunes, en el que Gerardo Pelletier y Vanina Cappelletti advirtieron que hay ordenanzas vigentes que no se cumplen al respecto.

En ese marco, enumeraron que hay 25 rampas disponibles para su uso por parte de personas con discapacidad o movilidad reducida; otras 25 que están en mal estado, la mayoría dispuestas por Coopser hace décadas; y 22 sitios en los que debería haber accesibilidad y no la hay.

Recordaron que desde fines de la década del 80 San Pedro decidió que era necesario construir rampas en el centro y que en otra norma sancionada en 1992 quedó establecido que la Secretaría de Obras debía especificar el diseño que implicara que toda construcción pública o privada destinada a la concurrencia de pública debía permitir la accesibilidad de personas con discapacidad.

De la misma manera, adivrtieron que es importante que las personas con movilidad reducida puedan acceder sin dificultades a “lugares turísticos como el Pasaje Agenor Almada, Paseo Público, para acceder a Vuelta de Oblgado”, etc.

Destacaron que “las personas con discapacidad y aquellas que por alguna razón presentan una dificultad motriz momentánea” deben “también acceder a áreas recreativas, deportivas y sanitarias”.

Así, el proyecto de resolución pide al Gobierno que implemente las rampas de accesibilidad que establecen las ordenanzas vigentes, repare las que están deterioradas y “elmine las barares físicas en instituciones educativas públicas y privadas”, de acuerdo a lo relevado en el mapa que adjuntan.

Sin respuestas ante los reclamos a nivel nacional por el pago de los montos adeudados desde mayo, los prestadores que trabajan con personas con discapacidad vuelven a marchar en San Pedro para visibilizar la problemática.

Bajo el lema “no al ajuste en discapacidad” y “una luz por la discapacidad”, convocaron a pacientes, familias y a toda la comunidad a acompañarlos “sumando tu vela o antorcha” para el recorrido, que comenzará en Mitre y la Peatonal.

El sábado pasado, la movilización fue importante porque además de los profesionales estuvieron las familias afectadas con los pacientes con discapacidad que corren riesgo de quedarse sin las prestaciones ante los incumplimientos de obras sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Este miércoles en el programa Radio Cuarentena, la terapista ocupacional Ana Barros brindó detalles del reclamo que mantienen profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad ante la falta de pago de honorarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, que no depositó a las obras sociales el dinero para abonarles.

Por las manifestaciones hoy se está hablando en los medios nacionales y locales, pero novedades de cobro de mes de mayo no hemos tenido. En las redes sociales vemos gestiones de que esto se va a regularizar en los próximos días, pero es un problema administrativo que no se sabe de dónde viene. Hay una interna que uno no lo sabe. Al día de hoy en nuestras cuentas no hay dinero de cobro”, aseguró.

En ese sentido, explicó que algunas obras sociales llevan más tiempo sin abonar por las prestaciones: “Cada profesional atiende muchas obras sociales. Yo por ejemplo antes de la pandemia, hace dos o tres años, dejé de atender IOMA porque tenían atraso de dos años de pago. Hasta Osde no respeta el nomenclador. Es una vergüenza, está pagando mil pesos menos de una sesión por discapacidad”.

La sesión, según la última actualización en el Boletín Oficial, “es de 2200 pesos por una sesión de 45 minutos”, indicó Barros. Sin embargo, a ese tiempo hay que sumarle el trabajo que no contemplado en ese lapso: “En el medio tenés que hacer informes, vamos a reuniones de gabinetes, reuniones con familia, todo eso incluye esa sesión, imaginate la cantidad de horas que representa”.

En tanto, también se refirió al circuito de facturación, que dura “tres meses”: “Uno factura, la obra social lo audita, de ahí lo pasa a la Superintendencia, la superintendencia desglosa la parte tributaria para Afip, la Afip lo devuelve a la Superintendencia y la Superintendencia envía los fondos a las obras sociales. La obra social recupera ese dinero y lo deposita en nuestras cuentas”.

“Son años de formación, cuando alguien trabaja con algo tan delicado como la discapacidad, esta lucha, este estar peleando es lamentable. Tantos años de estudio, y tengo que estar pensando si me depositan o no un trabajo que hice en mayo”,

La edición 2021 del programa Animate, Vos Vales lleva un mes de desarrollo y la mayoría de las actividades no tuvieron inconvenientes para continuar a pesar de las restricciones impuestas al deporte por la Provincia de Buenos Aires en el marco la segunda ola de coronavirus porque se realizan en espacios al aire libre.

Los chicos con discapacidad también tienen su lugar en el proyecto con tres profesores especializados y que trabajan con ellos desde hace varios años no sólo el ámbito público sino también en el privado: Franco Ansaloni, Paola Villafañe y Gastón Ortíz.

En total, son más de 20 jóvenes los que hace atletismo y fútbol lunes, miércoles y viernes en el Estadio Municipal, en la cancha de fútbol mayor y el playón.

Entre ellos, sobresalen, en atletismo, las presencias de Milagros Oliveto, la adolescente que en 2019 festejó sus 15 años con una caravana por el centro de la ciudad y representó a San Pedro en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata donde La Opinión inmortalizó en una foto su abrazo a Villafañe cuando cruzó la meta en la prueba de 80 metros libres; y Bárbara Espíndola, la karateca no vidente que a fines de 2020 ganó en la modalidad kata del Campeonato Nacional que organizó la Unión Argentina (UAK) de forma virtual.

Cronograma de actividades (en el Estadio Municipal)

Atletismo para personas con discapacidad (lunes y miércoles de 16.30 a 18.30; y viernes de 8.00 a 12.00)

Fútbol para personas con discapacidad (miércoles y viernes de 14.00 a 16.30)

Para la edición 2021 la Dirección de Deportes que conduce Mariano Arnal incorporó a Silvio Velo como coordinador a fin de que participe en eventos que se lleven a cabo entre las sedes cuando la pandemia de coronavirus cese en su intensidad.

El desembarco de quien cambió la historia del deporte paralímpico en Argentina en el programa es de suma importancia para todos los chicos que participan, no solo los con discapacidad, porque se trata de uno de los mejores atletas de la historia local quien sigue vigente en el fútbol para ciegos y es ejemplo de superación en el mundo.

El equipo de PAMI de Chivilcoy, distrito del que depende San Pedro, vacunará este viernes contra el coronavirus a residentes de ANDAR, confirmó a La Opinión la presidenta de la Comisión Directiva, Susana Gil.

La nueva titula de PAMI local, Cecilia Vázquez, le informó a la titular de ANDAR la novedad, según indicó la propia Gil.

El operativo, en el que se inmunizará a cuatro empleadas y los internos, se realizará desde las 11.00 en el patio de la sede que la institución tiene en 25 de Mayo y Aulí, frente al Hospital, a fin de evitar que los encargados de la inoculación y los internos se agrupen en un espacio cerrado. Hasta el momento, se desconoce qué dosis del primer componente se les aplicará.

ANDAR es la entidad en la que la Secretaría de Salud está diagramando un Centro Hospitalario con 25 camas para “aislamiento” y eventual internación para pacientes COVID-19. En total, habrá 15 lugares para hombres y 10 para mujeres con baños, duchas, cocina y heladera.

Daniel Creus explicó días atrás a La Opinión que el espacio en ANDAR, donde la disposición del centro de aislamiento se realizó antes de que se vacunen a sus residentes, es para reemplazar a los bungalows del Complejo Turístico Municipal donde durante la primera ola fueron confinadas familias.

El equipo de vacunación contra el coronavirus del Hospital que conduce Saverio Gutiérrez llevó a cabo un operativo este jueves por la mañana en el Hogar y Centro de Día de Sadiv donde inoculó a personas con discapacidad y personal de salud.

49 residentes recibieron la primera dosis de AstraZeneca junto a 23 empleados que, hasta el momento, no habían sido vacunados. En total, se inmunizó a 72 personas en el dispositivo que se diagramó en el predio ubicado sobre Lucio Mansilla donde los casi 50 internos están aislados teniendo en cuenta que son un grupo de riesgo.

Las dosis de AstraZeneca que se usaron para vacunar corresponden al remanente de nueve frascos que durante varios días estuvieron resguardados en el nosocomio local hasta que se decidió utilizarlos para adultos mayores que están en geriátricos –el martes se aplicaron en la Casa de Ancianos y hoy en Cilento- y personas con discapacidad.

Aunque actualmente en Sadiv hay 49 residentes, en total son 220 con los cuenta la entidad de los cuáles 68 son del partido de San Pedro. El resto viajan habitualmente desde San Nicolás, Ramallo, Pérez Millán, Baradero, Alsina y Campana, entre otras ciudades.

Previo al operativo de vacunación, La Opinión dialogó con la directora, Rosa Noemí Girard, quien planteó la necesidad de poder contar en el corto plazo con más vacunas para el resto de los residentes que no están aislados en el Hogar y Centro de Día sino que permanecen en sus casas desde que arrancó la pandemia de COVID-19: “Hay muchos que están en sus casas y no pueden asistir por la pandemia, por eso le pedimos al Municipio que estén vacunados y se ofreció a traerlos en combi y vacunarlos en el hogar de Belgrano 675 que está desocupado”.

Las personas con discapacidad, consideradas de riesgo ante el COVID-19 por el Ministerio de Salud de la Nación, no fueron incluidas en los grupos prioritarios para vacunar pero por gestiones de autoridades municipales se consiguió una tanda de dosis para aquellos que están en Sadiv.

Hasta el momento, no hubo anuncio respecto de si se continuará inoculando a otras personas con patologías similares que no concurren a esa institución y lo hacen a otros establecimientos.

Cuando apenas comenzaba la pandemia por el coronavirus en el país, el Ministerio de Salud estableció que las personas con certificado de discapacidad pertenecen al grupo de riesgo y, por ese motivo, debían recibir otro tipo de atención y exceptuarlos a concurrir a sus respectivos trabajos. Sin embargo, en ningún plan de vacunación surge el colectivo de las personas con discapacidad, tal expuso la profesora Elizabeth Aimar en El Cisne, diario que se publica mensualmente y cuya especialidad es el trato de temas relacionados a la discapacidad.

Durante el año pasado, se realizaron diferentes relevamientos que reflejaron que el porcentaje de personas con discapacidad que se infectaban eran susceptiblemente menor que el resto de la sociedad. Pero, el porcentaje de mortalidad de este grupo era superior al del resto de la población, ya que en caso de contagiarse los efectos de la enfermedad podrían ser más graves, dijo Aimar.

Y agregó: “Estas personas se encuentran en una situación desfavorable frente al virus, no sólo por las comorbilidades que puede presentar algún tipo de discapacidad en particular, sino porque la asistencia que requieren- asistentes, auxiliares, familiares en acompañamientos, movimientos de carga y descarga, asistencia en las actividades de la vida diaria (alimentación, higiene, vestimenta)- colocan a la persona en un mayor número de situaciones de contagios y, a su vez, con consecuencias en su salud más riesgosas que el resto de la población”.

Por todo esto, es que resulta acertada su inclusión dentro de los llamados grupos de riesgo. Además, dentro de los trabajadores de la salud se encuentran muchos de quienes interactúan con las personas con discapacidad, por lo que se comenzaba a cubrir una parte de la situación, pero faltaba definir qué se iba a resolver respecto de la persona propiamente dicha.

El artículo tercero de la resolución 627/2020 establece que “las personas con discapacidad deben ingresar en los protocolos de vacunación y no se debe dejar a este sector de la comunidad sin dicha previsión”, explicó la especialista.

“Esto se funda en criterios epidemiológicos y bioéticos, como también en los compromisos internacionales que asumió el Estado al suscribir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de brindar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de emergencias humanitarias como lo es la pandemia que estamos viviendo”, manifestó.

En Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, todas con características distintas: visual, auditiva, motora e intelectual. La tasa de letalidad del colectivo es del 7%, casi tres veces superior que el registrado en la población general.

Elizabeth Aimar cerró su publicación de dos páginas con una conclusión respecto de la problemática que planteó: “La ausencia de las personas con discapacidad en dichos protocolos es una cuestión que debe ser rápidamente remediada, resulta una clara vulneración de derechos y desatención por parte del Estado”.