La lista que arrancó con los nombres de los desplazados cuando Cecilio Salazar recuperó su cargo de intendente se transformó en una advertencia para quienes rodeaban a los funcionarios salientes. Consciente de los perjuicios que le ocasionó al Municipio la delegación del poder en su hijo, el reelecto intendente de desprendió de varios funcionarios. Los más relevantes: Marcela Cuñer y Gustavo Franco.

Los colaboradores de sus áreas también fueron seguidos minuciosamente, algunos derivados a otras tareas y el resto tratando de reacomodarse o en el peor de los casos renunciar como hizo Sergio Ríos. Fue el único que en aquella etapa rompió el silencio.

El caso que ahora envuelve a Luciano Juhant a quien la justicia le ha dado la razón para ser restituido al cargo de ambulanciero con el que fue “castigado” y para el que no contaba con experiencia alguna, escribe ahora nuevos capítulos.

Algunos impensados y otros con pedido de silencio por parte de quienes se sienten víctimas de una persecución por haber acompañado a la lista que encabezó Ramón Salazar.

Los audios que comparten los dolientes y los penalizados suenan poco creíbles para una comuna que tiene muchos problemas de gestión y no puede darse el lujo de perderse en cuestiones menores.

Durante los últimos días La Opinión consultó al intendente sobre los cambios y las renuncias que exigió a su gabinete y la única precisión es que hay un nuevo organigrama. También se buscaron respuestas en la Secretaría de Economía para tratar de conocer la versión oficial sobre la realidad que atraviesan varios empleados que vieron reflejados en sus recibos de sueldo las consecuencias o “el escarmiento” por haber participado en las elecciones generales.

En la lista, están Fernando Negrete, quien después de haber sido un gran colaborador en la gestión 2015-2019 fue confinado a desempeñarse como parquero a cargo del Consorcio de Gestión del Puerto, Mauro de Rosa que tiene estabilidad como empleado y asume como Concejal, un dependiente de la dirección de turismo que está con un contrato precario y un profesional con 20 años de antigüedad al que le cancelaron su bonificación por dedicación exclusiva tras haber aceptado fiscalizar para La Libertad Avanza.

La nómina no termina porque llegan mensajes de quienes no confían tampoco en los sindicatos que los representan. Hay consultas con abogados laboralistas y pedidos de licencia en marcha para evitar la mala convivencia que trae aparejado el ser y pertenecer al equipo del Jefe Comunal.

En ese grupo hay trasladados al parques y jardines que no han agarrado nunca una pala, quite de horas extras para otros y hasta personal de salud que nunca se supo que función cumplían ni cuál cumplirán.

La única certeza por el momento es que cualquier acción que se emprenda contra la administración municipal con resultado adverso deberá ser pagada por los contribuyentes y el déficit de 2023 no deja margen para arriesgarse sin que se sospeche que en una gestión donde siguen cobrando los denunciados por robar en el cementerio se tenga que indemnizar a quienes fueron sancionados por “infidelidad”.

La Justicia ordenó al Municipio a que restituya a Luciano Juhant a su puesto como chofer de ambulancia en Santa Lucía y dejar sin efecto su traslado al Corralón municipal, al menos mientras se resuelva el reclamo de fondo que el exdelegado y excandidato en la lista de Ramón Salazar interpuso.

La jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno de Cecilio Salazar a reponer a Juhant en sus funciones en el Hospital de la localidad.

Con el patrocinio letrado de la abogada Alejandra Orellana, esposa del exsecretario de Economía Fabián Rodríguez, Juhant fue a la Justicia porque consideró que su traslado era arbitrari, lo perjudicaba moral y económicamente, y era parte de una “persecución política”.

El exdelegado, que está suspendido sin goce de haberes, debe volver a trabajar como ambulanciero y percibir las bonificaciones que le correspondían como tal, de acuerdo al fallo judicial al que tuvo acceso La Opinión, dictado esta semana.

La jueza tuvo en cuenta que Juhant tiene domicilio real en Santa Lucía, localidad a la que se mudó mientras era delegado del intendente, a unos 40 kilómetros del Corralón, y que no cuenta con vehículo propio ni hay transporte público que le permita llegar a las 6.00 de la mañana a cumplir tareas en esa dependencia municipal.

Fulgheri cuestionó al Municipio por no justificar debidamente las “necesidades propias del servicio” con las que argumentó el traslado. Además, para la jueza es verosímil el planteo de Juhant respecto de que la decisión de cambiarlo de puesto fue “una represalia o sanción encubierta”.

Así, Luciano Juhant debe volver a ser recibido como chofer de ambulancia en el Hospital de Santa Lucía, puesto de trabajo que le asignaron cuando cesó como funcionario político en la Delegación, cargo al que había accedido tras ser subdelegado de Pueblo Doyle y director de Educación y Capacitación, siempre en la gestión Salazar.

Juhan ingresó como empleado al Estado local en 2003, cuando gobernaba Mario Barbieri, a quien respondía políticamente al punto de ser electo concejal en su lista en 2005. Por entonces, era pastor evangélico.

Tras cumplir el mandato, volvió al área de Desarrollo Humano y en 2014 pasó al área de Licencias de Conducir, donde estuvo hasta que después de ser precandidato del Frente de Todos en 2019, cuando Cecilio Salazar fue reelecto en la boleta de Macri y Vidal con Juntos por el Cambio, campaña en la que Juhant trabajó activamente.

Luego de denunciar como “persecución política” la decisión del Municipio de trasladarlo al Corralón municipal, Luciano Juhant se presentó al Hospital de Santa Lucía, donde revistaba como chofer de ambulancia, pero no lo dejaron entrar.

Juhant había rechazado por “represalia discriminatoria” el traslado y advirtió por carta documento que no acataría la decisión, por lo que este domingo se presentó para cumplir su horario habitual de trabajo como ambulanciero.

Cuando llegó al Hospital de Santa Lucía, alrededor de las 7.00 de la mañana, el propio director del nosocomio, Guillermo Rosales, le impidió el paso.

“Me dijo que no podía ingresar, que a él le habían informado que yo pertenecía a otra área”, señaló Juhant. Ante ello, labró un acta en el libro de ingresos, aunque el director no la firmó ni le permitió tomar una foto.

Juhant tenía firmadas vacaciones por 28 días a partir de este lunes, pero no sabe si se las pasaron a la Dirección de Personal, por lo que no tiene constancia de que hayan sido autorizadas.

El exdelegado de Santa Lucía sostiene que la decisión de su traslado obedece a una especie de “castigo” por su rol como candidato a concejal en la lista que Ramón Salazar encabezó como candidato a intendente por La Libertad Avanza de Javier Milei.

El Gobierno municipal notificó al excandidato a concejal por la Libertad Avanza Luciano Juhant que debía presentarse a trabajar en el Corralón, en el horario de 6.00 a 14.00, por lo que ya no cumpliría tareas como chofer de ambulancia en la localidad de Santa Lucía, donde vive.

Ladero de Ramón Salazar en la campaña y exdelegado de Santa Lucía, expulsado del gabinete cuando Cecilio retomó el mando de la Municipalidad, Juhant fue crítico de Cecilio y antes de la campaña se viralizó un audio del intendente reclamándole al titular de la radio de ese pueblo por llevarlo muchas veces a exponer en su contra, en medio de la contienda electoral.

El exconcejal es empleado administrativo. Pasó de Desarrollo Humano a Licencias de Conducir y de allí a funcionario, primero como subdelegado de Pueblo Doyle y luego como delegado de Santa Lucía.

En la disputa Ramón / Cecilio, quedó del lado del hijo y decidió acompañarlo en la lista para enfrentar al padre en las elecciones de este año, como parte de los aspirantes a concejal.

En la semana posterior al triunfo del intendente, Juhant recibió una notificación de la Secretaría de Salud que conduce Pablo Pichioni y en la que prestaba servicios como chofer de ambulancia en la que le informaban que pasaría a cumplir tareas administrativas en el área de Servicios Públicos, en el Corralón municpal.

El también actor y expastor evangélico envió una carta documento al Municipio en la que considera ser objeto de una “persecución política” y que la decisión de su traslado implica “una flagrante represalia discriminatoria” que lo perjudica “tanto moral como patrimonialmente”.

Exige que “procedan a dejar sin efecto dicha comunicación y a cesar las hostilidades y persecuciones” en su contra, al tiempo que advierte que irá a la Justicia si sus planteos no son tenidos en cuenta.

Juhant no se presentó a trabajar el viernes, como le pedían en la notificación, y este domingo, como chofer de ambulancia, le tocaba guardia. En diálogo con La Opinión, aseguró que no irá al Corralón y que se presentará a cumplir como ambulanciero en el Hospital de Santa Lucía.

“Supuestamente tienen armado otro esquema, pero yo me voy a presentar donde debo ir a trabajar, habiendo rechazado el traslado”, dijo. El lunes, agregó, entraría de vacaciones, puesto que ya tenía firmado el expediente para tomarse esa licencia.