Marisel "Pili" Solís aguarda la fecha del juicio por jurados en el que irá al banquillo de los acusados imputada por homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 el 9 de junio de 2024.

Mientras tanto, la dueña del campo Sonho Verde permanece detenida y cambió de abogados. El reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno dejó la causa y en su lugar fue designada Antonela Travesaro.

Se trata de una abogada rosarina que integra un estudio cuyos miembros forman parte de Inocente Colectivo, una ONG que defiende efectivos de las fuerzas de seguridad y que cuestiona, en general, la labor de la perito Virgina Creimer, contratada por la familia de Marcel. 

La defensa de la acusada sostiene su inocencia y llegará al juicio con una serie de planteos en ese sentido. Además, reúne elementos de las pericias practicadas desde que el cuerpo fue hallado sin vida para persuadir al jurado ciudadano y evitar una condena que, por el tipo de delito, sólo podría tener pena de prisión perpetua.

La última de las pericias disponibles sobre las que la defensa se apoya para sostener la inocencia de Solís está relacionada con el cuchillo que fue hallado en la escena del crimen cuando Policía Científica relevó el lugar bajo las órdenes de la fiscala María del Valle Viviani, que intervino inicialmente en la causa.

Para esa pericia se utilizaron muestras de sangre extraídas a Solís y tomadas de prendas de vestir; muestras de Marcel; y el arma, un cuchillo de  14 centímetros de longitud y dos centímetros de ancho, con mango de hueso.

De todo ello se extrajeron muestras de ADN que fueron cotejadas. En el cuchillo obtuvieron un perfil masculino coincidente con la muestra de Marcel Xavier González Jorge, según señala el informe del perito genetista César Guida, del laboratorio de genética forense, que tiene fecha de noviembre de 2025.

"Es aproximadamente 29 mil cuatrillones de veces más probable hallar estos resultados si el material biológico de la muestra" del cuchillo proviene de la de Marcel que "si proviniese de un individuo al azar no relacionado genéticamente" con él, dice el informe.

La investigación por la muerte de Yael Rodríguez, la mujer de 37 años que falleció en el Hospital tras ser operada de urgencia días después de una intervención quirúrgica de ligazón de trompas de Falopio, tuvo en los últimos días un aporte fundamental para la causa por mala praxis que lleva adelante la fiscala Viviana Ramos y que inicialmente subrogó el fiscal de Baradero, Hernán Granda.

La Opinión tuvo acceso a la pericia médica que analizó las actuaciones de los profesionales que la atendieron desde los días previos a la cirugía inicial hasta la operación tras la que falleció, que concluyó que hubo responsabilidades respecto del tratamiento de la paciente y en la atención, que derivaron en su muerte.

La carga recayó sobre el médico de la guardia de ginecología Franco Roselli.

Él fue quien la atendió dos días después de la cirugía, cuando llegó con una orden del Centro de Salud Las Canaletas de practicarle un estudio urgente que no sólo no ordenó practicarle sino que además le dio el alta ese mismo viernes.

Yael volvió al Hospital dos días más tarde y fue operada de urgencia. Tenía una septicemia generalizada y el cirujano que la operó retiró dos litros de líquido purulento. No resistió y falleció horas después.

El perito médico Ricardo Bay, de la Asesoría Pericial del Poder Judicial, concluyó que la cirugía que practicó la médica Clara Bilbao fue realizada "correctamente, siendo una praxis dentro de la normalidad", por lo que deslindó cualquier responsabilidad por parte de la profesional a la que inicialmente había apuntado la familia de Yael.

Consideró que la evolución postoperatoria estaba dentro de los parámetros evolutivos y que se había adoptado "una conducta expectante" ante el malestar que acusaba la paciente cuando le dieron el alta.

El testimonio del médico Fabián Artenzio fue relevante para el análisis. 

Él fue quien la atendió en el Centro de Salud Las Canaletas e indicó estudios de urgencia ante la sospecha de perforación de intestino. Eso fue el viernes 24 de enero. Ese día, Yael fue a la Guardia de Ginecología.

Allí la internaron en observación. Le practicaron radiografías y análisis de sangre. Tras inyectarle analgésicos, el médico Franco Roselli solicitó por consultorio externo una ecografía transvaginal y abdominal, y le dio el alta.

"La atención del día 24/01/25 tuvo carencias de medios al no realizarse losestudios complementarios de mayor complejidad que ameritaba la situación", concluyó el perito médico del Poder Judicial.

Si la operaban urgente, acaso podrían haberle salvado la vida.

Sostuvo que el cuadro que presentaba Yael "imponía una conducta quirúrgica de urgencia" cuya ausencia "sumado al inoportuno alta derivaron en la prosecución evolutiva, generando una pérdida de chance en pos de revertir la patología". 

Según lo analizado por los peritos intervinientes, Yael "requería una resolución quirúrgica de emergencia". Sin embargo, no sólo no la operaron sino que la mandaron a la casa. 

Por eso, concluyeron que "el erróneo otorgamiento del alta" por parte de Franco Roselli "derivó en la prosecución de la patología que derivó en su fallecimiento".

Participaron del estudio los peritos de parte Virginia Creimer y Jorge Luis Mecco. La causa tramita en la Fiscalía n.° 11, que conduce Viviana Ramos, y la familia de Yael cuenta con el patrocinio de la abogada penalista Sofía Sanjurjo.

Junto a Bay, analizaron la historia clínica de Yael, los libros de guardia del Hospital y las constancias de atención de los días en que fue al nosocomio desde la internación del 21 de enero, un día antes de la cirugía, hasta que el lunes 27, a las 19.55, falleció en la terapia intensiva.

La nena que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y con la sospecha de complicidad de su madre deberá pasar por la pericia psicológica con las profesionales de la Asesoría Pericial de San Nicolás, para lo que Fiscalía ya solicitó turno.

Así lo confirmaron a La Opinión allegados a la familia, que siguen de cerca el desarrollo de la causa y que colaboran en las necesidades que tienen la chica, su padre y su hermanito, a quien la madre dejó en San Pedro antes de irse a Río Tala con sus hijos más pequeños luego de que detuvieran a su marido, el acusado de los abusos.

La nena tiene asistencia psicológica por parte del personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el entorno familiar la acompaña para atravesar los días posteriores a que se animara a contar el calvario que vivió desde los 9 años hasta ahora, que está por cumplir 13.

La entrevista con las psicólogas de la Asesoría Pericial del Poder Judicial será fundamental para la causa, puesto que establecerá si la víctima está en condiciones de declarar bajo el sistema de cámara Gesell.

Esa declaración se convertirá, junto con los exámenes médicos que ya confirmaron las situaciones de abuso reiterado y de larga data, en prueba de absoluta relevancia para el destino del acusado, que permanece detenido a disposición de la Justicia.

Además, se espera que de la declaración de la nena surjan elementos que permitan formalizar las sospechas que pesan sobre la madre, puesto que ella le dijo a familiares que le había contado a su mamá acerca de los vejámenes a los que era sometida, pero en lugar de apoyo recibió golpizas y acusaciones de "mentirosa".

Por otro lado, será relevante el resultado de las pericias sobre los 12 teléfonos celulares que la familia paterna de la víctima informó que fueron secuestrados en la casa del detenido.

Tras la autopsia practicada al cuerpo del hombre hallado sin vida en su casa de Rómulo Naón y Colón, la Justicia ordenó una serie de pericias complementarias en el marco de la causa que investiga las circunstancias de su deceso.

Bajo la carátula "averiguación de causales de muerte", Fiscalía quiere agotar todas las instancias de investigación, porque a pesar de que en principio no había signos de fallecimiento traumático, hay otros indicios para evaluar.

Entre ellos, uno de los más relevantes es que en la escena donde la hija del fallecido encontró el cuerpo sin vida había un gato muerto, por lo que la Justicia no quiere dejar ningún cabo suelto.

Ante el hallazgo del cuerpo, Fiscalía activó el protocolo habitual, que implica una serie de pericias en el lugar, a cargo de Policía Científica, y el traslado para la autopsia de rigor.

El resultado de la autopsia está supeditado a estudios complementarios que la Justicia ordenó en el marco de la causa y que implican análisis que permitirán profundizar la investigación en procura de establecer las causas que derivaron en la muerte.

La policía detuvo este jueves por la noche a un joven de 20 años tras reunir elementos de prueba en el marco de la investigación por el robo a un remisero de San Nicolás que tuvo lugar durante la madrugada.

El Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento en Benefactoras Sampedrinas al 400 con orden de detención para el sospechado del hecho y en cuya vivienda secuestraron elementos de interés para la causa.

El remisero fue contratado en San Nicolás para trasladar a un pasajero hasta San Pedro. Al llegar a la ciudad, le indicaron un domicilio cercano al barrio Hermano Indio. E

n Benefactoras Sampedrinas y Ayacucho, fue amenazado un cuchillo y le robaron el auto, más otras pertenencias que llevaba consigo.

A las pocas cuadras, el delincuente perdió el control del Chevrolet Aveo y terminó contra un árbol, tras lo que abandonó el coche y huyó. 

En el habitáculo, Policía Científica recogió huellas dactilares y rastros de sangre.

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona registraron a una persona que huía hacia Benefactoras Sampedrinas, lo que derivó en la autorización del allanamiento en un domicilio de la cuadra del 400 de esa calle.

El joven detenido será indagado por Fiscalía y quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de armas. 

Entre los elementos secuestrados en su casa hay una campera con manchas hemáticas que será peritada para comparar con las que había dentro del auto.

La investigación no descarta la posibilidad de que el detenido no haya sido el autor del hecho sino quien "aguantó" al delincuente que lo cometió, hipótesis que será contrastada con la declaración y el resto de los elementos de prueba obrantes en la causa.

La nueva pericia sobre la autopsia practicada a Marcel Xavier González Jorge tras el hallazgo del cuerpo en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 arrojó resultados que impulsaron a la defensa de la única imputada, Marisel “Pili” Solís, a pedir que se revise la prisión preventiva.

Solís está detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y este martes hubo audiencia ante el juez Ricardo Prati, quien tras escuchar a las partes se tomará los días que habilita la ley para resolver si le devuelve la libertad o la mantiene tras las rejas.

El abogado defensor Gustavo Moreno pidió que le revoquen la prisión preventiva tras el resultado de la nueva pericia, practicada sobre las imágenes de las lesiones de brazos y manos de la víctima.

La Fiscalía de María del Valle Viviani y la representante de la familia de Marcel, la abogada penalista Sofía Sanjurjo, se opusieron, puesto que consideran que las conclusiones de ese análisis no interfieren en la consideración respecto de que hubo un homicidio del que Solís es la princiapl sospechosa.

Fiscalía había solicitado un nuevo análisis a la Procuración, que estuvo a cargo de una perito oficial de la Suprema Corte más las de parte, tanto de la defensa como de la familia de la víctima.

La pericia tenía como objetivo "determinar si las heridas de los miembros superiores", los brazos de Marcel, “fueron realizadas por un tercero o por la víctima”. 

Fue solicitada ante "la discordancia" entre el resultado de la autopsia y el análisis que posteriormente hicieron el forense Manuel Caro y la perito de parte Virginia  Creimer.

El informe que firmaron las tres peritos que participaron —la oficial, Carolina Pérez Mernes; la de la defensa, Alicia Cadierno; y la de la familia de Marcel, Teresa Sbatella— aportaron conclusiones que tanto Viviani como Sanjurjo consideraron irrelevantes respecto de la muerte de Marcel.

El joven uruguayo, según estableció la autopsia primero y luego el informe de Caro y Creimer, murió porque sufrió lesiones en arterias femoral y yugular, dos heridas mortales que no podría haberse autoinfligido puesto que cualquiera de ella es “incompatible con la vida sin asistencia profesional”.

"Surge de común acuerdo que las lesiones" de brazo y antebrazo son "de diferentes tiempos lesionales", dice el informe de la nueva pericia, que señala además que ess heridas son compatibles "por sus características, con las denominadas autoinfligidas".

Sobre las de las manos, consideraron que se trata de contusiones producidas "contra elemento resistente y romo", es decir no punzante, y concluyeron: "No se constatan lesiones de defensa típica en ninguno de los dos miembros superiores".

En el informe quedó asentado que hay "consideraciones especiales" de la perito de parte que representó a la familia de Marcel, que señaló que "algunas lesiones podrían interpretarse o tener alguna compatibilidad con defensa" y que permiten "inferir la posible intervención de terceros en el hecho".

En esa actuación complementaria, Sbatella señaló que "la pericia del elemento utilizado para infligir las lesiones es de importancia médico-legal" y que sus conclusiones deberán "tenerse en consideración junto al total".

La abogada Sofía Sanjurjo, que representa a la familia de Marcel en la causa, solicitó la nulidad de la pericia porque la perito de la defensa, la reconocida médica legista rosarina Alicia Cadierno, “no está habilitada para la jurisdicción”, porque “no está matriculada” en la provincia de Buenos Aires.

El juez Prati debe valorar el planteo de la defensa de Solís y la exposición que Viviani y Sanjurjo hicieron respecto de que la nueva pericia no modifica la materialidad delictiva, es decir que Marcel murió asesinado, y que ella es, por lo pronto, la única acusada.

Este martes tendrá lugar la pericia balística ordenada por la Justicia en el marco de la investigación del asesinato de Sandra Nouet, por el que están detenidos Franco "el Rosarino" Neyra y Maximiliano "Pillo" Troche.

La pericia es sobre el arma que secuestraron cuando allanaron a Troche, una Bersa 62 calibre 22 de corredera y armazón gris oscuro con cachas negras, cargador y siete cartuchos intactos.

Además, peritarán los proyectiles hallados en la casa de Sandra Nouet tras el crimen: dos vainas servidas calibre 22, marca CBC, y  un fragmento de proyectil del mismo calibre, así como otras dos balas, también del .22.

Los peritos deberán establecer si el arma secuestrada a Pillo Troche estaba apta para el disparo y si en esa pistola fueron utilizadas las vainas servidas que obran en el expediente.

La pericia tendrá lugar en la sede policial de Ramallo, según lo dispuso la jueza María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías N° 3, que interviene en la causa que tramita en la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos. 

La persecución y choque que protagonizaron una camioneta Ford F-100 blanca y un Volkswagen Senda bordó durante la madrugada del lunes forma parte de una investigación que tramita la Fiscalía Nº 7, que conduce María del Valle Viviani.

La situación llegó a la Justicia porque el conductor del Senda denunció que el de la camioneta lo persiguió, lo embistió por detrás y provocó que chocara contra un árbol en la zona de Joaquín V. González al 500.

Las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron establecer que el Senda persiguió primero a la camioneta, al menos hasta que doblaron en contramano por Joaquín V. González.

Por la tarde del lunes, el conductor de la Ford F-100 prestó declaración y sostuvo no sólo que el otro lo persiguió sino que le disparó con armas de fuego.

Las pericias practicadas por Policía Científica sobre la camioneta permitieron establecer que ese vehículo tiene al menos tres orificios producidos por impacto de bala.

Fiscalía analiza los elementos para adoptar medidas ante lo denunciado en su declaración porl el conductor de la Ford y para establecer si esos impactos de bala corresponden al hecho en cuestión.

Ninguno de los dos rodados que intervinieron en el caso fueron secuestrados por la Justicia. En el caso de la camioneta, practicaron las pericias y la restituyeron al propietario. El Senda, en tanto, fue entregado a su dueño y acarreado hasta el lugar que indicó por la grúa municipal.

“Estoy desde las siete menos veinte de la mañana”, dijo un hombre que esperaba desde esa hora para cumplir con el trámite de verificación policial en la oficina ubicada en el Polo de Seguridad frente a la Comisaría. Como nadie atendía, a pesar de que a las 8.00 deben comenzar a trabajar, llamó a Radio Cuarentena para quejarse.

Luego, el responsable de la oficina, el efectivo policial Alejandro Rivero, aclaró que este martes estaba en el médico y destacó que está “solo” para todas las tareas a cargo, por lo que puede haber demoras.

Pablo había ido a hacer la verificación policial de un automóvil. Llegó a las 6.40, más de una hora antes, porque suele haber cola. Pasadas las 10.00, se quejó en Radio Cuarentena por la espera, porque nadie atendía.

“Había más de 30, se fueron por el frío, estábamos a la intemperie. El cartel dice que empiezan a atender a las 8.30 pero no hay nadie. Inspección no sabe nada, en la Comisaria no saben nada, la semana pasada pasó lo mismo”, señaló.

Más tarde, el efectivo policial Alejandro Rivero dialogó con este medio y explicó la situación. “Tenía turno con el doctor, estaba haciéndome unos chequeos”, señaló e informó que las verificaciones se tramitan de martes a viernes porque los lunes le toca hacer pericias de vehículos secuestrados y que participaron de accidentes.

Rivero indicó que sus tareas consisten en “hacer la verificación, los peritajes de los accidentes, los peritajes de los secuestros tanto de Gendarmería, Prefectura, Policía o Juzgado” y que para todas esas tareas está “solo”: “Siempre estuvo solo, desde el año 2009”, dijo.

“En la verificación hay que tirar los pedidos de secuestro, informar si hay algún secuestro o no, por eso es lento, se toman las patentes de las cédulas, los secuestros, después de verifica el vehículo afuera, luego vengo adentro y ahí empiezo a cargar al sistema lo que está pago, lo que no está pago tengo que informar a la persona que tiene que ir a pagar, por eso se hace lento”, explicó sobre la modalidad de trabajo.

Respecto de las pericias, informó que está a cargo de todos los accidentes porque “el personal de San Nicolás no viene” porque “son persona mayores” y están dispensadas por la situación de pandemia de coronavirus COVID-19.

“Junto todas las pericias en la semana y el lunes me dedico a revisar, sacar fotos, a escribir ,y termino a las tres de la tarde de escribir una pericia, por ejemplo”, explicó.

Cuando le toca salir de licencia, no hay reemplazo. “Tienen que ir a Ramallo o a Baradero”, indicó sobre las personas que deben cumplir con el trámite de verificación. De la misma manera, “cuando el de Baradero se enferma tienen que venir acá”