El incendio que el sábado 4 de julio se desató en un predio ubicado detrás de la Termoeléctrica, en el que ardieron pastizales, una cortina de árboles y desechos como plásticos, cubiertas, etc., provocó un pedido de informe en el Concejo Deliberante.

El bloque Alianza La Libertad Avanza, que integran Joaquín González y Melina Panatteri, elevó el proyecto para consultar sobre las actuaciones del Municipio en relación a los efectos sobre el ambiente y la salud del siniestro.

Consideran que debería haber "medidas de prevención, control, fiscalización y coordinación que resulten pertinentes para la protección del ambiente y la salud pública".

El pedido de informe solicita conocer si hubo evaluaciones sobre los eventuales efectos del incendio; si hubo mediciones de calidad del aire; y si hubo inspecciones municipales tras el siniestro.

De la misma manera, pidieron saber si el Gobierno local dio intervención a la autoridad ambiental provincial y si hubo recomendaciones preventivas dirigidas a la población.

Además, solicitaron informe respecto del monitoreo o evaluaciones ambientales y si Provincia o Nación, la empresa involucrada o alguien más hizo algún tipo de evaluación posterior.

El Concejo Deliberante recibió este lunes en comisión a funcionarios del Gobierno que fueron a dar explicaciones sobre la obra del tapial del Estadio, que fue construido con "aportes de comercios y empresas", según había difundido la Municipalidad.

La Opinión había advertido que esas donaciones no pasaron por el Concejo Deliberante, tal como prevé la Ley Orgánica, por lo que había un flagrante incumplimiento que derivó en un pedido de informe elevado por el bloque Alianza La Libertad Avanza.

Como el oficialismo tiene la mala costumbre de enviar los expedientes a comisión para obturar una respuesta por escrito del Ejecutivo, este lunes, a dos meses y medio, recién fueron a dar explicaciones.

El director de Deportes, Pablo Guereta, y el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, se presentaron para detallar cómo fue que recibieron aportes de privados para esa obra y por qué la ejecutaron antes de que la donación sea aprobada por el Concejo, como manda la ley.

En el acta quedó asentado que para construir el tapial que da a calle Casella recibieron  9.900.000 pesos aportados por 22 particulares que donaron 450 mil pesos cada uno en materiales que pagaron en cinco corralones de la ciudad.

Cuando les consultaron por qué habían ejecutado la obra sin que antes esas donaciones fueran aprobadas por el Concejo, la respuesta fue que "no sabían" que tenían que activar ese mecanismo legal y que se enteraron por La Opinión.

En la reunión, los funcionarios del Gobierno se comprometieron a elevar el expediente con el proyecto de ordenanza con los 22 convenios, que incluirán nombre de los particulares que hicieron el aporte, monto y modalidad.

Si el Concejo finalmente acepta las donaciones —la ley dice que tiene la potestad de rechazarlas, si así lo considera— ello será alrededor de tres meses después de que la obra se haya ejecutado, lo que sigue siendo una irregularidad manifiesta.

El Concejo Deliberante recibió el lunes al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, en el marco del pedido de informes elevado por el bloque Nuevos Aires respecto de un edificio en construcción que no cumple con la normativa vigente.

Brañas confirmó a los ediles, y así quedó plasmado en el acta de la reunión, que el edificio de departamentos que se construye en Salta al 400, a la vuelta de su Secretaría, "está pasado" de metros, como advirtieron la concejala Paola Basso y sus compañeros de bloque.

El arquitecto a cargo de Obras Públicas informó a la comisión que en su área hay dos planos presentados: uno con tres pisos y 597 metros cuadrados, que cumple con la normativa; y otro con más de 900 m2 y cuatro pisos, una dimensión no permitida en esa zona por la San Pedro 2000.

Ese segundo plano no tiene autorización, aunque Brañas manifestó en la reunión que tiene un "sello de aprobado, pero no tiene firma", informó a La Opinión Paola Basso, consultada al respecto.

En ese marco, el acta contiene que Brañas dijo que "clausuraron la obra", aunque solo "el cuarto piso", por lo que en el resto se puede ver que a diario siguen trabajando. De hecho, mientras ocurría la reunión, el tránsito estaba cortado porque estaban bajando ladrillos.

De la reunión participó el arquitecto Santiago Barcelo, en representación del Colegio de profesionales. Consultado por La Opinión, dijo que "hay un pedido de ampliación" y que entiende que el Ejecutivo deberá decidir qué camino tomar.

Para aprobar una ampliación como la que aparece en el segundo plano, el que tiene el sello de "aprobado" pero no la firma autorizada, el proyecto necesita una excepción  del Concejo Deliberante.

La cara visible en Obras Públicas para el expediente fue la arquitecta Liliana Morresi, la misma que presentó los pedidos de excepción a la San Pedro 2000 para construir torres de departamentos en los edificios históricos de Belgrano y Balcarce y de Pellegrini e Yrigoyen.

Durante la reunión, el secretario de Obras Públicas habló de la posibilidad de imponer multa por el piso de más que construyeron. 

Basso fue tajante y exigió que lo pongan en el acta: "Yo pedí la demolición", dijo y explicó que es absolutamente factible porque el cuarto piso sólo tiene las columnas.

Durante el debate en comisión, la concejala hizo un cálculo rápido: si el piso de más tiene cuatro departamentos que se pueden comercializar desde alrededor de 70 mil dólares, no hay multa que haga mella a los desarrolladores. Por ello planteó la demolición y exigió que sea evaluada a conciencia.

El Concejo Deliberante tiene para tratar un pedido de informe elevado la semana pasada por el bloque Nuevos Aires, que preside Paola Basso, relacionado con la obra en construcción de un edificio de departamentos.

El expediente fue pasado a comisión en la sesión de este jueves porque el oficialismo decidió, como hace habitualmente con este tipo de proyectos, que en lugar de que el Gobierno responda por escrito vaya un funcionario a dar explicaciones a los ediles.

En el proyecto, los ediles advierten que la obra "a simple vista supera la altura máxima" permitida en la zona, ya que "cuenta con planta baja y cuatro pisos, por lo que su altura aproximada rondaría los 15 metros".

Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera señalaron en el expediente que la altura  máxima permitida en esa zona es de 12 metros y que ya no rige, desde septiembre del año pasado, la autorización para superarla cuando la planta baja se desarrolle como "libre", es decir sin más edificación que la que suele utilizarse como cocheras.

"El Concejo Deliberante no ha aprobado excepciones a la norma en relación a ese predio", advirtieron en el proyecto y elevaron una serie de puntos para que el Gobierno responda.

En el pedido de informe solicitan copia de los planos; profesional a cargo de la obra; profesional que aprobó el plano; personal asignado a la inspección; y funcionario responsable.

La revelación que hizo La Opinión acerca de que el Gobierno no cumplió con lo que manda la Ley Orgánica en relación a la obra "con aportes de empresas y comercios" en el Estado municipal derivó en un pedido de informe en el Concejo por parte de la oposición.

La Municipalidad comunicó en sus redes que el tapial que se construyó sobre calle Casella se hizo con aportes de privados, lo que implica que se trata de donaciones que deben ser aprobadas por los concejales antes de que se hagan efectivas, lo que nunca ocurrió.

Tras la noticia de este medio, los ediles de La Libertad Avanza, Joaquín González y Melina Panatteri, presentaron un proyecto de comunicación en el que hacen referencia a la publicación en redes sociales del 31 de marzo, aunque omitieron señalar que no lo habían notado sino hasta ahora, cuando lo reveló La Opinión & Sin Galera.

"La omisión de este paso administrativo y legal impide el control de legalidad y transparencia sobre el origen de los fondos o materiales, así como las posibles contraprestaciones o compromisos que el Municipio pudiera asumir frente a dichos benefactores", dice en el proyecto.

El pedido de informe solicita detalle técnico de la obra; nómina de empresas, comercios o particulares que hicieron el "aporte" y si se trata de donaciones en efectivo, materiales, maquinaria o mano de obra.

Asimismo, solicitan copia de las actas de donación o convenios de colaboración firmado entre las partes y que el intendente explique por qué no se cumplió con lo que obliga la Ley Orgánica.

Desde que se hizo cargo de la gestión de la Terminal de Ómnibus de San Pedro, ubicada en Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, el Gobierno dispuso 12 empleados municipales para desempeñarse en las distintas tareas que implica ese espacio.

Así lo reveló el Municipio en la respuesta al pedido de informe que aprobó el Concejo Deliberante a instancias del bloque Nuevos Aires, que integran Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos.

Además de la coordinación general, a cargo de Mariela López en representación del intendente y el personal de Servicios Públicos abocado a mantenimiento, parquización y recolección de residuos, los 12 trabajadores cumplen las siguientes tareas:

Dos son serenos y trabajan con turnos de dos días consecutivos cada uno, de 20.00 a 8.00, de lunes a lunes. Para la limpieza de dársenas hay un trabajador que cumple horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00.

Para tareas de limpieza general del edificio hay tres personas afectadas con los siguientes horarios: de lunes a viernes, de 7.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00; sábados, domingos y feriados, de 15.00 a 19.00.

La Secretaría de Desarrollo Económico tiene dos empleados en el lugar, que trabajan de lunes a lunes de 10.00 a 16.00, día por medio.

La Dirección de Turismo atiende de 8.00 a 20.00 para información turística con tres personas: una contratada que va de lunes a viernes de 8.00 a 15.00; y dos "decretos" que van una de lunes a viernes de 16.00 a 20.00, y otra sábados, domingos y feriados, de 8.00 a 10.30 y de 16.00 a 20.00.

También hay una agente municipal afectada a tareas administrativas en la oficina Sube, que trabaja de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto para solicitar datos a la agencia local de Anses, relacionados con el desempleo local y con el objetivo de tener herramientas que permitan abordar la problemática.

La iniciativa fue propuesta por el bloque Acuerdo Vecinal, que ya había solicitado datos a la Oficina de Empleo del Gobierno municipal y que ahora quiere obtener detalles de la dependencia nacional.

Para aprobar el expediente hubo que hacerle modificaciones sustanciales, puesto que los concejales Joaquín González, de La Libertad Avanza, y Damián Mosquera, de Nuevos Aires y empleado de Anses, organismo que condujo, advirtieron inconsistencias en el planteo original.

La fundamental fue el hecho de que la solicitud fuera relacionada con "la cantidad de personas que han sido dadas de baja de sus trabajos en relación de dependencia", información que se canaliza por Arca (ex Afip) y no por Anses.

Rivas aceptó el planteo de Mosquera y hubo una moción para que el pedido sea sobre "personas que han solicitado la prestación por desempleo" desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026, con detalle de género, franja etaria y sector económico de procedencia laboral.

El proyecto fue presentado como un pedido de informe, pero no puede tener la característica de exigencia que tiene ese instrumento de control, puesto que Anses es un organismo de Nación y el Concejo se limita constitucionalmente al régimen municipal.

Aunque en los considerandos decía que solicitaban el pedido de informe con arreglo al rol de contralor del Concejo Deliberante —algo que sólo rige para el Ejecutivo municipal—, en el recinto Rivas respaldó su iniciativa con la ley de acceso a la información pública, que bien podría ser herramienta para que solicite personalmente los datos requeridos, sin que ello implique que se apruebe un pedido de informe.

En ese sentido, pasó en la sesión algo un tanto insólito: el presidente Martín Baraybar autorizó a que por Secretaría Legislativa se lea esa ley de acceso a la información pública, algo que luego tuvo que reconocer que no corresponde, puesto que se trataba de un argumento del autor del proyecto para defender su postura.

Con las modificaciones introducidas, el proyecto fue aprobado en la sesión y la comunicación deberá remitirse oficialmente a Anses, cuyo titular local, César Bologna, no tiene obligación de responder en la medida que el "pedido de informe" aprobado no tiene característica vinculante para con ese organismo nacional.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves un pedido de informe elevado por el bloque San Pedro Puede, que preside Ariel Rey, relacionado con el coeficiente único de distribución (CUD) de la coparticipación provincial.

El proyecto advertía sobre la caída sostenida que San Pedro muestra del CUD y solicitaba una serie de datos relacionados a los criterios de cálculo que tiene provincia al respecto, las causas que haya identificado el Gobierno local sobre la baja del porcentaje y las medidas adoptadas al respecto.

El expediente era un tanto extraño, en la medida en que prácticamente explicaba en sus considerandos varios aspectos que hacían al articulado del pedido de informe.

Además, contenía otros puntos que los autores entendían necesarios para comprender el devenir de un coeficiente que tiene múltiples variables y que no dependen exclusivamente de San Pedro.

El oficialismo acompañó el proyecto —que fue aprobado por unanimidad—porque, según dijo la presidenta del bloque que responde a Salazar, Soledad Llull, la tesitura del Gobierno es “responder los pedidos de informe”, aunque debe unos cuantos de otros períodos legislativos, sobre todo los presentados por Martín Rivas cuando era un férreo opositor.

De todas maneras, la bancada oficialista intentó remover algunos puntos del articulado, aunque sin éxito. Aun así, tras perder la votación de la moción para hacer modificaciones, acompañaron.

En su alocución, Llull evitó hablar específicamente de la composición del CUD y los avatares que hacen que año a año San Pedro —al igual que muchos otros municipios— haya perdido puntos y se concentró en señalar que la coparticipación para el Municipio también cae por el recorte de recursos nacionales a Provincia.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el pedido de informe presentado por el bloque Nuevos Aires en el que solicitaron una serie de puntos relacionados con el traspaso a manos del Municipio de la gestión de la nueva Terminal de Ómnibus.

Los ediles Basso, Mosquera y Santos solicitaron que, con arreglo a la firma del convenio con San Pedro Farm en enero pasado, el Ejecutivo remita copia del acuerdo, plan de obras, partidas presupuestarias asignadas , entre otros ítems.

Soledad Lllull, que preside el bloque oficialista Unión por la Patria y es ahora la vocera de Salazar en el Concejo, destacó la preocupación del intendente respecto del tema y las tareas emprendidas para resolver la problemática ante el incumplimiento de la empresa.

Confirmó que los puntos señalados por Nuevos Aires en el expediente serán respondidos por el Ejecutivo y puso de relieve el cambio que significó para los usuarios de la nueva Terminal el traspaso a manos municipales.

El resto de los bloques del Concejo Deliberante acompañó la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en el recinto este jueves, durante la primera sesión ordinaria del año.

El pedido de informe que el bloque San Pedro Puede, que integran Ariel Rey y Mariana Reynoso, fue remitido a comisión para reformularlo luego de que el resto de los concejales cuestionara la manera en la que fue presentado.

Los ediles señalaron a Rey y Reynoso por presentar un pedido de informe bajo el formato de "proyecto de resolución", cuando la Ley Orgánica en pocas palabras define qué es resolución y qué es comunicación.

Además, hubo chicanas de todo tipo sobre el extenso contenido del expediente, que preguntaba desde la cantidad de pacientes y médicos a los medicamentos disponibles, pasando por equipamiento, insumos y un largo etcétera.

Mientras Soledad Llull consideró "poco inteligente" al proyecto, Martín Rivas dijo que parecía "una auditoria presentada por gente que se encontró en un almacén o en una fiambrería" y pidió a Rey que en lugar de ser "vocero" de los diagnósticos aporte soluciones.

"Esta es una demanda de la sociedad. Es sencillo: acompañar para que esa demanda sea acompañada o no", dijo Rey en medio del debate, luego de la exposición de Reynoso, vocera del expediente.

Rivas propuso enviarlo a comisión para que el proyecto sea debatido para su reformulación. El resto de los ediles, incluso los autores de la iniciativa, estuvo de acuerdo.

El concejal de Acuerdo Ciudadano Martín Rivas elevó un pedido de informe para solicitarle al Gobierno municipal que detalle los planes que tiene para la denominada "Semana de la lucha contra la ludopatía juvenil".

El Concejo instauró esa semana el año pasado, tras modificar un proyecto que había presentado Rivas. Aunque fue aprobada por unanimidad, la ordenanza que preveía campañas durante los días posteriores al 21 de septiembre no fue cumplida el año pasado.

Por eso, el edil, que además es candidato para renovar banca a mitad de mandato, pide al Ejecutivo que informe qué acciones tiene previstas para la fecha y qué recursos se destinarán para la ejecución de las campañas previstas.

Rivas pide conocer el "cronograma de trabajo o planificación en curso" para evitar lo que ocurrió en 2024, cuando llegó la fecha de la Semana de la lucha contra la ludopatía juvenil y la Dirección de Educación que conduce Alan Ocampo no cumplió con lo que prevé la normativa.

La ordenanza establece que el Gobierno debe "generar materiales de difusión, campañas de concientización, y acciones preventivas en ámbitos escolares, deportivos y comunitarios", en articulación con las instituciones educativas del distrito.

Especialistas en ludopatía infantojuvenil sostienen que es muy importante la tarea conjunta de la comunidad con las familias para el abordaje de la problemática, con la prevención como punto de partida fundamental.

Cuando se sancionó la ordenanza, el concejal oficialista Daniel Creus destacó la importancia de "la artillería legal para regular esto" y la edila radical Yanina Batalla advirtió que "la gran dificultad" de la adicción a las apuestas "es que genera afecciones más bien silenciosas".

La subsecretaria de Género, Laura Monfasani, y el concejal opositor Martín Rivas protagonizaron una polémica en redes sociales luego de que la funcionaria participara de dos reuniones en el Concejo Deliberante a las que el edil no concurrió, a pesar de que las motivaron pedidos de informe presentados por él.

Rivas elevó pedidos de informe sobre la gestión de la Subsecretaría y por el recientemente inaugurado mural a 10 años del Ni Una Menos, en Sarmiento y 3 de Febrero. En ambos casos, el oficialismo decidió no tratar en sesión los expedientes y enviarlos a comisión para que Monfasani pudiera dar detalles.

La funcionaria asistió a las comisiones, pero Rivas no estuvo "Nos presentamos con la información, datos, estadísticas y números. En dos ocasiones en las que el concejal estuvo ausente", reprochó en redes sociales Laura Monfasani.

"Es curioso que diga querer conocer y después no estar dispuesto a escuchar, lo que entiendo es parte de su función cotidiana, para la que fue democráticamente elegido", agregó y destacó el rol que ocupa el área de Género en la actualidad, no sin asegurar que cree en un "Estado presente" que "no reduzca su función a buscar un título mediático".

Tras el posteo, Rivas respondió por el mismo medio. Calificó a Laura Monfasani de "militante rentada" y dijo que "los pedidos de informe con los resultados de su trabajo se contestan por escrito y por las vías administrativas correspondientes, sin relato ni pérdida de tiempo", por que no quiere "avalar" las "explicaciones sin documentar y el circo de género que quieran armar este grupo de militantes".

La funcionaria recogió el guante y le informó al concejal de Juntos por el Cambio que "el informe por escrito se lo dejamos a disposición" y remató: "Nos vemos cuando tenga ganas de trabajar".

En su respuesta inicial, Rivas llegó a cuestionar la existencia del área de Género en la Municipalidad. "No debería existir y todos  sus funcionarios y empleados no deberían generar gasto alguno a un Municipio fundido".

"La asistencia y contención a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia requiere presencia estatal real, dispositivos específicos y equipos formados. Y eso implica inversión", sostuvo Monfasani.

El debate que iniciaron en redes sociales la funcionaria y el concejal siguió entre sus seguidores. Muchos destacaron la relevancia que tiene el área de Género y la tarea de sus profesionales.

El subsecretario de Legal y Técnica del Gobierno municipal, Daniel Porta, participó el lunes de la comisión de Servicios Públicos, convocado en el marco del tratamiento del pedido de informe que elevó La Libertad Avanza en relación al convenio con la empresa Cecaitra para el servicio de fotomultas.

El oficialismo había rechazado en la última sesión otro pedido de informe, presentado por el concejal Martín Rivas, quien el lunes no participó de la reunión de la comisión, a la que no pertenece pero puede asistir.

Porta había sido convocado semanas atrás, pero pidió tiempo para tener acceso a la causa penal que investiga en La Plata un esquema de corrupción vinculado a las fotomultas y que provocó allanamientos en las oficinas de Cecaitra.

La comparecencia del funcionario ante los concejales coincidió además con la decisión del Juzgado de ratificar el funcionamiento de radares, por lo que el propio Porta informó a los ediles de la comisión que no hay impedimento alguno para la continuidad del convenio.

La comisión de Servicios Públicos que preside Juan Cruz González no dictaminó el proyecto. El concejal De Rosa no lo pidió, tampoco. Así, en la próxima sesión no estará el expediente para su tratamiento.

Cecaitra ya instaló en San Pedro los tótems con las cámaras y están colocando los carteles indicadores de las velocidades máximas permitidas y que advierten que están los cinemómetros.

De todas maneras, el sistema todavía no está en funcionamiento, por lo que no se están registrando infracciones ni cobrando multas relacionadas con ello.

La obra que la empresa cooperativa Tecnicoop iba a hacer en la escalera del Vía Crucis fue abandonada poco después de ser contratada, tras las elecciones de 2019. En enero, más de cinco años después, la Municipalidad rescindió el contrato. Ahora, los radicales quieren saber qué pasó en el medio.

El bloque de concejales de la UCR elevó un pedido de informe para que el Gobierno explique por qué tardaron cinco años en decidir la rescisión unilateral del contrato, ante el evidente incumplimiento, para intentar cobrar el seguro de caución correspondiente.

Tecnicoop es una cooperativa de trabajo que durante el primer gobierno de Salazar, cuando el intendente respondía a la estructura que lideraban Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en Provincia como presidente y gobernadora, respectivamente, fue contratada para muchísimas obras en San Pedro.

Las últimas antes de que el PRO y sus aliados perdieran las elecciones en 2019, pero Cecilio fuera reelecto con esa boleta, fueron las de la escalera del Vía Crucis, la disposición de veredas hasta la escalera del Paseo Público y el relleno del camino que atraviesa el exbalneario, que en las elecciones pasadas el Municipio pavimentó bajo contrato con la empresa Iarsa.

El plazo de la obra era de cuatro meses. Los recursos eran afectados y provenían del Gobierno nacional. Tecnicoop cobró el anticipo de obra, pero desapareció. 

En ese momento, el entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Ariel Álvarez, había informado que la obra estaba parada "porque les dieron vacaciones a algunos empleados". Nunca retomaron.

En el decreto de rescisión del contrato, que tiene fecha del 16 de enero pasado, dice que el Municipio y la empresa "acordaron neutralizar los plazos de ejecución de la obra" el 2 de diciembre de 2019, es decir una semana antes del cambio de Gobierno en Nación, que es quien transfería los recursos.

Tecnicoop alegaba en ese momento "inconvenientes en la entrega de insumos y materiales". Pasó todo el mandato de Alberto Fernández y el segundo de Salazar, que luego fue reelecto para un tercero, y la obra nunca fue retomada.

A fines del año pasado, el secretario de Economía Roberto Borgo, que asumió en ese cargo para el tercer ciclo de Salazar, le pidió al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, también funcionario nuevo, que analice la viabilidad de la rescisión unilateral.

Porta dictaminó y en enero rescindieron el contrato ante el evidente incumplimiento por parte de Tecnicoop, de manera tal de habilitar el reclamo administrativo, y eventualmente  judicial, del anticipo financiero o el seguro de caución correspondiente.

Sorprendidos de esta demora de más de cinco años para tomar la decisión de comenzar a reclamarle a la empresa, los concejales radicales elevaron el pedido de informe, que será tratado este jueves en sesión.

Allí piden conocer qué funcionarios eran los encargados de controlar la ejecución de la obra, por qué motivos no se consideró antes la constitución de mora, en qué estado se encuentra el proceso para recuperar el anticipo financiero y a cuánto asume el capital reclamado más los intereses.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza, integrado por Mauro de Rosa y Fernando Negrete, presentó un pedido de informe al Ejecutivo Municipal tras registrarse el uso de pirotecnia en la final del Torneo Apertura organizado por la Liga Deportiva Sampedrina, que se disputó el pasado domingo en el Estadio Municipal.

Durante el evento se escucharon varias explosiones provocadas por fuegos artificiales y bombas de estruendo que aparecieron en la entrada tanto de Paraná como de Independencia a la cancha y continuaron a lo largo del encuentro.

‘’Durante dicho evento se escucharon múltiples y repetidas explosiones propias del uso de fuegos artificiales y bombas de estruendo, antes, durante y después del encuentro, en clara violación a lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 6212'', enuncia un pasaje del pedido de informe. 

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Los ediles señalaron que este hecho constituye una clara infracción a la Ordenanza Municipal N° 6212, que prohíbe de manera expresa el uso, venta y tenencia de elementos pirotécnicos en todo el distrito de San Pedro, salvo autorización previa.

Desde el bloque libertario remarcaron que el uso de pirotecnia solo representa un efecto nocivo en ‘’la salud de personas con hipersensibilidad auditiva, generando estrés en animales y provocando riesgos ambientales y físicos de magnitud; en emergencias ambientales''.

En ese contexto, los concejales solicitaron que el Municipio informe si la organización del evento gestionó algún tipo de permiso especial para utilizar pirotecnia, si hubo intervención de inspectores municipales o fuerzas de seguridad, y en ese caso, si se labraron actas o se iniciaron procedimientos sancionatorios.

 También solicita saber si la Secretaría de Seguridad hizo controles en los accesos al estadio para impedir el ingreso de elementos prohibidos. 

Los ediles apuntan, además, a la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, que es secretaria de la Liga Deportiva Sampedrina.

La polémica por los pines que la Dirección de Educación que conduce Alan Ocampo distribuyó durante el acto del Día de la Bandera a los estudiantes que hicieron la promesa de lealtad llegó al Concejo Deliberante.

Tres proyectos aparecerán este jueves en el orden del día de la sesión relacionados con la distribución de pines que decían "Promesa a la Bandera 2025, Cecilio Salazar intendente" y que fueron entregados a todos los chicos y chicas durante el acto en plaza Belgrano el 20 de junio pasado.

Dos de ellos son pedidos de informe, ambos presentados por la oposición. Uno lo elevó el concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rivas; el otro, el bloque de La Libertad Avanza que preside Mauro de Rosa y completa Fernando Negrete.

Rivas propuso por un lado, expresar "enérgico repudio al uso de actos patrios con fines de propaganda política" y, por el otro, que el intendente "se abstenga de utilizar fechas históricas de la República a para promocionarse con finalidades políticas".

Al igual que el de De Rosa y Negrete —puede que en Labor Legislativa hagan confluir los expedientes—, hay un pedido de información al Gobierno relacionado con los pines.

Quieren saber quién contrató, a qué proveedor, qué cantidad de distintivos y a qué precio para la distribución durante el acto del Día de la Bandera. El proyecto de Rivas pide que si se usaron fondos públicos el intendente los reintegre de su bolsillo.

Además, De Rosa y Negrete presentaron un proyecto de ordenanza "para que no vuelva a pasar": proponen prohibir el uso de nombres, apodos, imágenes o referencias personales de funcionarios públicos.

Ello regiría para carteles de obras públicas, placas y distinciones oficiales, redes sociales institucionales del Municipio, actos oficiales, publicidad institucional, etc.

Mientras se espera la firma del contrato con la empresa del grupo Jan de Nul que tendrá a cargo las tareas de dragado que permitan devolver al puerto de San Pedro la navegabilidad necesaria para operar, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informe presentado por la oposición.

El proyecto fue elevado por el concejal de Juntos por el Cambio Martín Rivas, quien además solicitó a la comisión de Desarrollo Económico, que preside Christian Leguizamón, que convoque al titular del Consorcio de Gestión, Carlos Casini, y al intendente Cecilio Salazar, como representante municipal en el directorio.

El expediente fue acompañado por el oficialismo luego de un cuarto intermedio en el que hicieron algunas modificaciones al texto, entre ellas la parte en la que consideraba "improbable" lo informado por el Puerto respecto de la sedimentación extraordinaria provocada por la contracorriente tras el temporal.

Además, cambiaron el plazo exigido para la respuesta, que era de 10 días hábiles y pasó a 20, también a propuesta del oficialismo, que durante el cuarto intermedio intentó devolver el proyecto a comisión, lo que finalmente no sucedió.

El pedido de informe solicita "constancias documentadas" del trabajo que hizo la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S. A., del grupo Jan de Nul, y nombres de los "responsables designados" para el seguimiento de la tarea.

Además, pide que incluyan "informe de batimetría previa, supervisión del trabajo y batimetría final con el que se recibió la obra".

También requiere una copia del contrato en la que figuren condiciones, ubicación, medidas, metros cúbicos a dragar y montos acordados, así como información sobre "la implementación de acciones contundentes para mitigar las consecuencias de este incidente y asegurar la operatividad futura del puerto".

Mientras el Consorcio de Gestión del Puerto aguarda novedades desde el Gobierno provincial respecto de la necesidad de un dragado extraordinario en el canal de acceso tras la varadura del buque Yasa Tokyo, que sigue en el muelle, en el Concejo Deliberante tratarán un pedido de informe sobre el tema.

El proyecto fue elevado por el concejal del bloque Juntos por el Cambio Martín Rivas, quien además de solicitar al intendente, como miembro del directorio del Consorcio, documentación relacionada con el dragado previo, desconfía de la versión oficial respecto de lo ocurrido.

En el expediente, consideró que el informe oficial emitido por el Consorcio respecto de una sedimentación extraordinaria arrastrada contracorriente por el riacho Baradero producto de excesivas lluvias en la región es "a las claras muy improbable".

Rivas, que en el proyecto dejó constancia de su "experiencia como marino mercante, egresado de la Escuela Nacional Fluvial", expresó sus "dudas respecto a la corrección del dragado, el cual podría no haber repasado los veriles respetando el talud adecuado, de manera que no se produjeran desmoronamientos del canal".

Para el concejal opositor, las lluvias excesivas y la contracorriente no podrían "nunca, en tan poco tiempo, sedimentar casi tres metros dentro del canal de acceso". El informe oficial refirió que el canal pasó de 9,80 a 6,50 m, es decir 3,30 m por debajo.

El pedido de informe al intendente, en su condición de integrante del directorio del Consorcio, será tratado en la sesión del 12 de junio próximo, primera del mes en curso.

Rivas pide "constancias documentadas" del trabajo que hizo la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S. A., del grupo Jan de Nul, y nombres de los "responsables designados" para el seguimiento de la tarea.

Además, solicita que incluyan "informe de batimetría previa, supervisión del trabajo y batimetría final con el que se recibió la obra".

También quiere una copia del contrato en la que figuren condiciones, ubicación, medidas, metros cúbicos a dragar y montos acordados, así como información sobre "la implementación de acciones contundentes para mitigar las consecuencias de este incidente y asegurar la operatividad futura del puerto".

Por otro lado, Rivas solicitó al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Concejo, el oficialista Cristian Leguizamón, que convoque al presidente del Consorcio, Carlos Casini, y al propio intendente "a comparecer" a esa comisión.

El objetivo, señala, es "ampliar el informe de prensa emanado por el Consorcio" en el que, dice Rivas, "sólo se leen supuestas razones meteorológicas y nula información técnica sobre el dragado anterior".

El Concejo Deliberante tiene en la comisión de Servicios Públicos un expediente relacionado con el contrato que el Municipio firmó con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) para el sistema de fotomultas.

Se trata de un pedido de informe que elevó el bloque La Libertad Avanza, que conforman Mauro de Rosa y Fernando Negrete, que ingresó y  no fue tratado en el recinto.

Aunque ese tipo de proyectos suele tratarse sobre tablas, acordaron pasarlo a comisión para que en lugar de que el intendente responda los puntos planteados en el articulado, primero los funcionarios del gabinete den algunas explicaciones.

En ese marco, este lunes el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, participó de la comisión de Servicios Públicos que preside el oficialista Juan Cruz González para responder algunas consultas.

Además, tras esa reunión De Rosa solicitó que la semana que viene concurra a la comisión el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, para hacerle preguntas relacionada con los aspectos jurídicos del contrato vigente.

Durante el encuentro en la comisión de Servicios Públicos Baraybar sostuvo que la situación judicial en la que está involucrada la compañía, un verdadero escándalo de alcance nacional, no tiene impacto directo ni genera perjuicio alguno en San Pedro.

El secretario de Gobierno señaló que todo lo que se viene llevando adelante para cumplir el acuerdo que el propio Concejo Deliberante aprobó está dentro de los carriles normales, con la instalación de los dispositivos y el proceso en marcha con arreglo a lo pactado.

De Rosa le planteó las sospechas que pesan sobre Cecaitra y, según señaló el concejal a La Opinión, Baraybar destacó que eso "no le trae ningún perjuicio al municipio de San Pedro", porque tiene firme el contrato y lo puede cumplir.

En el pedido de informe, los concejales que representan a Javier Milei en San Pedro solicitan al Gobierno que informe cuál es la situación de la empresa, si está al tanto del allanamiento que sufrió en sus oficinas y cuáles son los alcances en relación al convenio vigente con San Pedro.

De Rosa cree que es necesario que el Ejecutivo tome alguna medida respecto de la continuidad del contrato tras aparecer involucrada en el escándalo judicial que investiga un entramado de recaudación paralela vinculado al sistema de fotomultas.

Los concejales que representan en San Pedro a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, elevaron un pedido de informe tras el allanamiento del que fue objeto la empresa Cecaitra, contratada por el Gobierno local para la instalación de cámaras para fotomultas.

El proyecto de los ediles Mauro de Rosa y Fernando Negrete pide saber cuál es la situación actual de la empresa, si el Municipio tomó conocimiento formal del procedimiento policial y de los motivos que lo originaron.

Además, consulta si el Gobierno de Cecilio Salazar pidió explicaciones a Cecaitra respecto del allanamiento y sus alcances, teniendo en cuenta el convenio vigente con la Municipalidad de San Pedro.

En ese marco, De Rosa y Negrete preguntan si el intendente evalúa "tomar alguna medida administrativa en relación a la continuidad del contrato" para la instalación de las cámaras, proceso que ya está en marcha para comenzar a controlar la  normativa de tránsito.

La semana pasada la sede de la Cámara de Empresas de Control y Administración de infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) fue allanada a solicitud del fiscal de La Plata Álvaro Garganta.

La causa penal investiga un escándalo relacionado con un entramado de recaudación paralela vinculado al sistema de fotomultas, que tiene al exministro de Transporte Jorge D'Onofrio en la mira. Además, hay una expediente vinculado que tramita en el Juzgado Federal de Campana.