La retención indebida de un móvil policial en un taller mecánico disparó una serie de comentarios respecto a las actitudes que el Municipio adopta frente a la posibilidad de buscar proveedores sustitutos mientras mantiene deudas importantes con quienes ya entregaron servicios o mercaderías. 

El vehículo policial estuvo más de 15 horas dentro del taller de Pellegrini al 2700 y por tratarse de un vehículo oficial, la Justicia ordenó que el móvil fuera restituido a la comisaría. En apariencia ese rodado no es el único que está en el interior del local.

¿Hay otros autos municipales en el lugar? Nadie lo confirmó. Sin embargo, se supo que dos unidades estaban en reparación. 

Si la posición del propietario del taller es la misma, tal vez permanezcan en el lugar por tiempo indeterminado. Entiéndase por esto que, hasta que no salden parte de la deuda no habrá entrega.

Si bien el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, intentó morigerar la situación, tras haber reconocido que existen demoras en los pagos a ese taller, también argumentó que no puede hacerse cargo de la deuda que dejaron gestiones anteriores. ¿A quién se refiere?

El acumulado es “muy, pero muy significativo”, se señaló, “y hasta podría ser superior”, agregaron fuentes allegadas al caso que mantiene en vilo a los proveedores de la comuna.

Haber seguido aceptando la reparación pese a que no se cancelaban las deudas, mínimamente reveló la esperanza que el mecánico albergaba para poder cobrar algún día. 

La situación puntual de este proveedor se agravó a partir de la pandemia por el Covid. El cambio de mando en el Municipio y la llegada del por entonces secretario de Hacienda Fabián Rodríguez trastocó la confianza. 

El trayecto hasta Pellegrini 150 dejó sus huellas y la gran mayoría de las veces sin un cheque como respuesta. Eran los tiempos de Ramón Salazar. 

Ni siquiera se apiadaron de los compromisos impositivos del negocio, que paga todos los tributos nacionales y provinciales, como “el millonario IVA que debieron enfrentar un año, pese a la promesa de que el dinero estaría disponible”, indicaron quienes se acercaron a La Opinión.

Por estas horas todo depende de lo que resuelva el intendente Cecilio Salazar, quien está en conocimiento de la realidad y analiza cómo solucionar la coyuntura que evite la polémica pública.

Posiblemente, detrás del mecánico, se precipiten otros casos como el de un martillero que prestó sus servicios hace más de un año y aún peregrina los pasillos municipales para cobrar lo que le deben. Los conflictos están latentes.

La Policía de San Pedro recuperó el patrullero que había sido retenido por un taller mecánico, luego de que la Justicia librara la orden correspondiente.

El Juzgado de Garantías interviniente emitió una orden de allanamiento y secuestro que cumplió el personal de Prefectura, que había estado apostado durante más de 15 horas frente al taller, ubicado en Pellegrini al 2700.

El móvil policial, perteneciente a un destacamento, había sido enviado a ese lugar para reparaciones. Cuando estaba listo para entregar, el mecánico lo retuvo porque la Municipalidad, que paga esos arreglos, le debe varias facturas.

Como la situación configuraba el delito de retención indebida, la Justicia tomó intervención. Prefectura fue asignada para custodiar la zona en procura de que el patrullero no saliera del taller, hasta tanto el juzgado emitiera la orden de restitución.

Para ello, Garantías libró una orden de allanamiento y secuestro, tras lo que finalmente el móvil policial fue restituido a la Comisaría.

La Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez tiene la responsabilidad de hacer frente a las reparaciones menores de vehículos de la policía. El mecánico que retuvo el móvil suele hacer ese trabajo, pero la deuda acumulada había colmado su paciencia.

El Gobierno quería abonar la factura del patrullero en cuestión para evitar que el conflicto escalara, pero el reclamo persistió porque, según pudo saber La Opinión, había planteado en diversas oportunidades la necesidad de que se pusieran al día o al menos achicaran el monto adeudado.

Personal de Prefectura Naval Argentina fue convocada para intervenir en un taller mecánico ubicado en la zona de Pellegrini al 2700 con el objetivo rescatar el interior del local un patrullero de la policía, retenido por el dueño, que no lo quería entregar por falta de pago.

El móvil policial pertenece a un destacamento. Desde anoche, por calle Laprida, está apostado un patrullero de Prefectura que fue dispuesto por orden de la Justicia para recuperar el vehículo retenido, aunque pasado el mediodía de este miércoles todavía no lo habían sacado del interior.

El patrullero policial fue llevado a ese taller, como tantas otras veces llevaron rodados de la Comisaría, para reparaciones. Sin embargo, terminado el trabajo, el mecánico advirtió que no lo iba a entregar si la Municipalidad no le pagaba las deudas.

El Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez, tiene a su cargo el pago de las reparaciones menores de los móviles policiales.

Con el proveedor titular de este taller tienen deudas y, según aseguraron a La Opinión, serían varias las facturas atrasadas que llevaron al mecánico a tomar la decisión de no querer entregar el patrullero.

El problema es que esa decisión comporta una retención indebida que rápidamente obligó a la intervención de la Justicia. 

Por eso, se esperaba que Prefectura irrumpiera en cualquier momento en el taller para cumplir con la orden de restituir el móvil policial. 

En el marco de un operativo saturación encabezado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) San Nicolás, la policía detuvo a un exconvicto de 22 años que intentó evadir el control y chocó con la moto a un patrullero nuevo, de los que la semana pasada envió el Ministerio de Seguridad.

El móvil policial Fiat Cronos sufrió daños en el frente, en la zona del paragolpes, y todo indica que será reparado a través del seguro vigente.

El hecho ocurrió este miércoles en la zona de Hermano Indio y Balcarce, donde Jesús Franco, recientemente excarcelado tras cumplir condena por robo a mano armada, no acató la orden de detenerse cuando circulaba en una moto tipo 110.

Para evitar el accionar policial, el motociclista embistió uno de los patrulleros con su rodado e intentó oponer resistencia, aunque finalmente fue reducido por los efectivos.

Sus familiares también intentaron evitar el procedimiento e interfirieron en la tarea de la policía. Una de las piedras que arrojaron impactó contra una agente femenina de UTOI, que no resultó lesionada.

Franco carecía de toda documentación de la Zanella en la que circulaba, por lo que fue secuestrada y puesta a disposición del Juzgado de Faltas.

El exconvicto resultó imputado por resistencia a la autoridad. Además, en su poder secuestraron una bocha de cocaína que arrojó un peso de 4,5 gramos.

Un hombre de 48 años identificado como Eduardo Manuel Díaz fue detenido en las últimas horas por la policía tras ser condenado por delitos relacionados con violencia de género.

Personal de la DDI —que no puede hacer procedimientos porque tiene imposibilitado alojar detenidos— fue comisionada para detener a Díaz en su domicilio de Zanúccoli y Molina.

Hasta allí llegaron para hacer efectiva la medida dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal, que estableció que el condenado debe cumplir la pena impuesta en prisión, por lo que ordenó su traslado a la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Cuando la policía llegó al lugar para cumplir con la medida, el hermano del condenado, un joven de 24 años, profirió insultos y amenazó al personal, tras lo que, cuando los efectivos se retiraban, dañó el móvil.

Ópticas delanteras, guardabarros y el vidrio de  ventanilla de la puerta trasera izquierda del móvil de la DDI sufrió los daños provocados por el sujeto.

El agresor no fue aprehendido para priorizar el traslado de su hermano condenado y la integridad de los efectivos intervinientes.

Aun así, quedó identificado y la policía elevó las actas a la Fiscalía en turno para que proceda a imputarlo por resistencia a la autoridad, amenazas y daños.

El accidente que dejó dañados dos vehículos ocurrió el 30 de enero en horas de la noche. Un camión procedente de Venado Tuerto había llegado a descargar motos a un local ubicado sobre calle Pellegrini y Honorio Pueyrredón.

Cuando salió, enganchó los cables del alumbrado público y tumbó dos columnas de alumbrado que fueron a dar con un auto particular que estaba estacionado y pertenece a un comerciante y sobre la camioneta de patrulla de la DDI.

A casi un mes del siniestro y con los escasos vehículos con los que cuenta esa dependencia, La Opinión consultó sobre las reparaciones de las que debería hacerse cargo el seguro, pero la respuesta fue otra. 

Claramente, mientras se tramita el resarcimiento y el dinero para la reparación llega a las cuentas del Ministerio de Seguridad bonaerense, el personal local se queda sin rodado. 

Por ello es que decidieron encararan un arreglo precario pero que permita prestar servicios a la Sub DDI San Pedro - Baradero.

“Imagínese estar tres, cuatro o cinco meses con el móvil sin usar. Lo hicimos arreglar; le cambiamos el parabrisas y le arreglamos el parante y el lateral”, dijeron desde la dependencia para llevar tranquilidad a los vecinos.

Respecto de las infracciones, el Juzgado de Faltas dispuso esa misma noche liberar el rodado y permitir el regreso a su ciudad de origen. La altura del rodado era la reglamentaria. No obstante fue notificado el propietario por infringir una ley provincial que impide la circulación en las ciudades de rodados de ese porte. Aún no se recibió la respuesta y de desconoce si ahora será el seguro el que promueva alguna acción contra Coopser por la altura de su tendido eléctrico frente a su propia sede.

El martes de la semana pasada fue una nueva oportunidad en que los vehículos resultaron dañados. Para la policía no es sorpresa poner en riesgo sus vehículos cuando llegan a lugares donde algunas familias rechazan su presencia mientas otras piden auxilio.

Para los Bomberos Voluntarios la actitud es incomprensible. Los llaman, incluso ante acciones intencionales y cuando llegan no quieren que sofoquen las llamas o rescaten a las personas en riesgo.

 “Zona no tenemos determinada, pero hoy es en cualquier lugar”, dijeron desde Bomberos ante la consulta de La Opinión.

Cuando se les pregunta si dejarán de asistir a determinados lugares se sienten obligados a responder que no porque son muchos más los vecinos los que aprecian el accionar e incluso colaboran para que el cuerpo de bomberos siga funcionando y apuesta al crecimiento.

Un allanamiento en el barrio 2 de Abril terminó con un patrullero dañado luego de que los vecinos de la zona atacaran a piedrazos a los móviles que arribaron para cumplir con la orden judicial.

El hecho ocurrió este jueves, cuando efectivos de la Comisaría y personal del GAD se presentaron en el barrio para un allanamiento de urgencia ordenado por el Juzgado de Garantías, en el marco de la investigación por un robo.

Al arribar, fueron recibidos a piedrazos. Uno de los móviles policiales, una Ford Ranger de las últimas que entregó el Ministerio de Seguridad, resultó con el parabrisas dañado.