Este martes por la mañana, el grupo Patrimonio Verde, acompañado por vecinos y autoconvocados, reveló cuatro placas con códigos QR que poseen características de cada naranjo.

Los voluntarios se reunieron en Mitre y Olivera Cézar y avanzaron hasta calle Salta, donde descubrieron una de las placas en la pared del teatro municipal Siripo.

"Quiero que los árboles sigan subsistiendo, como todos estos ejemplares, que se mantienen vivos a pesar de los años", indicó uno de los representantes del grupo.

Durante la ceremonia, exhibieron productos elaborados por los miembros de la agrupación y por vecinos, que decidieron sumarse de la iniciativa y darle una nueva vida a los naranjos amargos.

"Lo que pretendemos es limpiar y podar en conjunto con el Municipio", concluyeron los presentes, en un acto que contó con la presencia de activistas y los nuevos directores de Turismo y Cultura, Ignacio Duzac y Roberto "Chichón" González. 

Luego de su emotivo discurso durante el acto protocolar por los 118 años de San Pedro Ciudad, el reconocido locutor sampedrino, Lalo Mir visitó el estudio de Sin Galera y dialogó con Lilí en vivo.

El distinguido comunicador llamó nuevamente a la unidad, expresó su preocupación por el resguardo del patrimonio cultural de la ciudad y pidió por la construcción de espacios para que disfruten tanto turistas como locales.

"Esos crecimientos desmedidos, cuando no se planifican, traen desorden, caos. Nuestra cabeza es nuestra casa y la nuestra es el pueblo donde vivimos todos", indicó Lalo.

Manifestó su preocupación por el impacto visual y ambiental: "Cuando llego a una esquina y veo el cartel de que vamos a hacer sesenta departamentos en diez metros lo veo acá, ataca el urbanismo".

Respecto de la tala de árboles, señaló: "Sacamos todos los árboles del centro, eso es un error. Si ustedes se imaginan si en las cuadras centrales de la Mitre y Obligado y Pueyrredón hubieran árboles frondosos en verano".

El locutor fue contundente sobre la falta de acceso al río: “No puede ser que San Pedro, la perla del Paraná, la ciudad de Agenor Almada, el yacaré de los ríos, no tenga acceso al río” y Baradero tenga balneario, Ramallo tenga balneario, San Nicolás, que es una ciudad industrial, tiene un balneario y le hicieron un puente peatonal para cruzar a la isla".

"Y qué sé yo, me dicen 'y no tenemos guita', creatividad. Busquemos la manera, busquemos sponsors", consideró Mir.

Reflexionó respecto de la unidad en la comunidad sampedrino y dijo: "A veces nos es más fácil ponernos del lado del poderoso que del lado del débil". También cuestionó la falta de unión: "Yo digo, ¿dónde está toda la gente que opina esto?"

El exitoso comunicador destacó el potencial cultural que tiene San Pedro y explicó: "Nuestra cultura es espectacular, para mí progreso es cielo, es verde, es agua, es río, es comunidad, es charla, es banco, es mate, es baile, es música".

"Si nos encerramos en nuestras casas, ponemos rejas, talamos árboles y nos peleamos con el vecino, estamos en bancarrota en el futuro", concluyó Lalo Mir. 

La empresa que ordenó demoler la histórica estación del Ferrocarril Depietri pagó la sanción que impuso el Juzgado de Faltas, por lo que en términos administrativos se terminó el asunto con una multa de poco más de dos millones trescientos mil pesos.

El Municipio había radicado una denuncia penal desde la Subsecretaría Legal y Técnica, tras lo que, semanas después, Obras Públicas envió un inspector para constatar lo que La Opinión había publicado alrededor de un mes antes: habían tirado abajo una de las estaciones del antiguo Ferrocarril Depietri en ruta 191.

Con la notificación, comenzó la actuación administrativa del Juzgado de Faltas, que impuso la sanción máxima posible prevista en la única herramienta que tenía para multar a la empresa: el Código de Faltas, que prevé hasta un 500 por ciento del salario mínimo municipal para casos de demolición, que es considerada una obra, sin autorización previa.

Es decir que para los efectos de la sanción no existe agravante alguno para lo que fue considerado un verdadero atentado contra el patrimonio cultural e histórico de San Pedro.

La Municipalidad envió una carta documento y notificó a la empresa Estancia Chica S. A., con sede en el centro de Rosario, respecto de la sanción. La compañía, que compró ese campo en 1991 con el reconocido empresario Salvador Hugo Massarelli como representante, ofreció su descargo.

El texto fue presentado por el reconocídisimo abogado rosarino Carlos García Beltrame, un distinguido miembro de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina que fijó domicilio legal en San Pedro en las oficinas del presidente del Colegio de Martilleros  de la región, José "Lolo" Cremona.

Allí, el apoderado de los dueños del campo donde estaba emplazada la estación Depietri del paraje La Rosada, dijo que la construcción presentaba "severo signos de deterioro" por "su antigüedad y falta de mantenimiento estructural", por lo que estaba "en riesgo" y "manifiesta fragilidad".

Aunque en el escrito sostuvo que "tormentas intensas, vientos fuertes y lluvias" provocaron "colapsos parciales de muros, techos y estructuras internas", por lo que procedieron "a la reacomodación de los restos colapsados y escombros".

García Beltrame aseguró que no hubo "intención alguna de realizar una demolición activa", aunque reconoció que hubo una "intervención sobre el inmueble" que "obedeció a un acto de necesidad ante el riesgo de derrumbe", lo que implica, como advirtió la jueza Jimena Gómez, que no hubo un "colapso" sino que, efectivamente, actuaron para demoler.

El abogado dijo que la empresa "desconocía por completo" la ordenanza que declaró como edificio protegido por el registro de patrimonio histórico y que “nunca fue notificada ni informada de tal circunstancia”.

La titular del Juzgado de Faltas respondió ante ello con el principio jurídico que señala que "la ley se presume conocida por todos", por lo que no puede argumentarse la ignorancia para justificar el incumplimiento.

Así, la jueza dispuso sancionar a la empresa Estancia Chica S. A. por haber procedido a una demolición sin autorización previa, con el agravante de que de haber pedido el permiso se lo hubieran denegado puesto que el edificio estaba protegido por su condición de patrimonio histórico.

Por ello, la multa fue del máximo posible que prevé el Código de Faltas para la infracción correspondiente: 500 % el sueldo mínimo de un empleado municipal. 

Así, el salario de $ 466.341,57 multiplicado por cinco dio como resultado la multa de 2.331.707,85 pesos.

Con el pago de ese monto —que equivale a un sueldo bruto de un funcionario de menor rango o un cuarto del bruto del intendente—, la empresa quedó liberada de sus responsabilidades administrativas y asunto terminado. 

El viernes 23 y sábado 24 se llevará a cabo la muestra fotográfica del patrimonio histórico, urbano y arquitectónico de la ciudad de San Pedro, que tendrá como complemento un conversatorio relacionado a la temática.

Se desarrollará en el Salón Dorado del Concejo Deliberante, con el auspicio del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 6, y la colaboración de diversas instituciones locales, incluyendo el Centro de Arquitectos de San Pedro, los Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro, el Museo Histórico “Fray José María Bottaro” y la Asociación Amigos del Centro Estudios Históricos de San Pedro.

En el Palacio Municipal habrá una exposición de libre acceso que comenzará el viernes, a las 19.00, en la que se ofrecerá una perspectiva sobre el patrimonio arquitectónico local por parte Ariel Muñoz Baltar. Además, el Proyecto Patrimonio Verde realizará una exposición, a cargo de Osvaldo Valenzuela, sobre los trabajos realizados y proyectos a desarrollar en el presente año.

Respecto al aporte de los Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro, una exposición de fotografías históricas de San Pedro podrá apreciarse el sábado, de 18.00 a 21.00.

Este miércoles, desde las 19.00, en la sede del Centro de Comercio, Industria y Turismo, el arquitecto Paulo Scarlato expondrá sobre la “Experiencia Pergamino” respecto a la preservación del patrimonio histórico y cultural.

La exposición de Scarlato, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) Distrito VI e integrante del Instituto de Estudios del Patrimonio (IEP), llega en momentos en que en nuestra ciudad se discute sobre obras edilicias significativas sobre espacios antiguos y destacados de la ciudad.

La presentación estará a cargo del presidente del Centro de Comercio, Daniel Churruarín. También se podrá conocer la tarea emprendida en 2023 desde el CAPBA, cuyos detalles dará a conocer el arquitecto sampedrino Santiago Barceló.

En simultáneo, los Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro expondrán fotografías sobre el San Pedro de antaño, con la finalidad de comprender el valor edilicio de nuestra ciudad.

El Distrito VI comprende los partidos de: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Chacabuco, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro.

Scarlato es un pergaminense. Además de arquitecto, se destacada como artista visual y escritor, e integra la Comisión de Bienes Patrimoniales de su ciudad.

En 2019 obtuvo el primer puesto del Premio Estímulo del Instituto de Investigación + Desarrollo + Innovación del CAPBA D6, con un trabajo de puesta en valor de la localidad de Mariano Benítez, localidad de Pergamino.

Luego de que la Subsecretaría Legal y Técnica radicara la denuncia penal por la demolición de la estación del Ferrocarril Depietri en el paraje La Rosada, Obras Públicas se acordó de ir a constatar para labrar las actuaciones administrativas correspondientes.

La demolición fue revelada por La Opinión el 23 de marzo y ocurrió semanas antes. El 14 de abril, Daniel Porta radicó la denuncia en nombre del Municipio. La semana pasada, al fin, el área que conduce el arquitecto Mariano Brañas relevó lo ocurrido y envió el acta al Juzgado de Faltas.

Una empresa rosarina sería la responsable de la demolición de la antigua estación del Ferrocarril Depietri, de acuerdo a lo que figura en los registros municipales. 

A esa empresa el Juzgado de Faltas envió la notificación sobre la infracción cometida, que implicará sanciones en dinero, puesto que así lo establece la normativa vigente.

Mientras se sustancia la causa penal, la administrativa pasa por lo que reza el Código de Faltas Municipal (Ordenanza Nº 3.883), cuyas sanciones en términos monetarios son leves en comparación al daño que se hizo sobre un patrimonio histórico y cultural de los sampedrinos.

La infracción cometida es no haber pedido permiso formal para la ejecución de la obra de demolición, algo que tampoco hubiese podido ser autorizado porque ese edificio es un bien patrimonial histórico, protegido por ordenanza.

En 2022, todos los edificios relacionados con el legado de Eduardo Depietri fueron incluidos en el Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro.

El Código de Faltas establece, en el artículo 905, que “la iniciación, realización y/o demoliciones o desmantelamientos de obras, construcciones y/o instalaciones, sin el previo permiso, autorización y/o comunicación que establezcan las normas vigentes, será sancionado con multas del 50 al 500 % del salario mínimo de un empleado municipal”.

Esto implicaría la módica suma de entre 183 mil pesos y 1,8 millones de pesos, sin importar la gravedad del daño y teniendo en cuenta que el salario mínimo fue fijado en $ 367,754.91, según el Presupuesto vigente.

La causa penal que tramita en Fiscalía Nº 7 fue radicada ante "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".

El subsecretario Daniel Porta también dejó consignado que implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, oficio que fue acompañado de las publicaciones de La Opinión e imágenes de video que este medio registró.

En la presentación judicial, Porta requirió a la Justicia que ordene “una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida, y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno", todas potestades de Obras Públicas, por cierto.

El Gobierno municipal denunció ante la Justicia la demolición de la estación Depietri del paraje La Rosada, en el kilómetro 22 de la ruta 191, un hecho que reveló La Opinión a fines de marzo, edificio protegido por la ordenanza de conservación del patrimonio histórico local.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, radicó la denuncia como apoderado del Municipio por "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".

Además, planteó que la demolición registrada implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, aunque en el Juzgado de Faltas no hay registro de actuación alguna por parte del personal de Inspección de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Mariano Brañas.

La denuncia recayó en la Fiscalía N° 7 y el escrito fue acompañado de las publicaciones de La Opinión, imágenes de video que este medio registró y copias de la legislación vigente, tanto a nivel local como provincial, que protegen el patrimonio histórico.

El Gobierno pidió a la Justicia que ordene una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno, medidas para las que, después de todo, tiene poder administrativo.

Además, piden que "se inicie procedimiento sancionatorio" en relación a la ley provincial y "se evalúe la posibilidad de ordenar la reconstrucción del inmueble demolido o medias compensatorias equivalentes".

Para la aplicación de la ley provincial, el edificio debería estar incluido en el registro, tal como sucede, por ejemplo, con la escuela Normal, que forma parte del patrimonio cultural protegido en territorio bonaerense.

El Municipio tiene como herramienta de aplicación la ordenanza local, aunque, como se dijo, no hubo constatación in situ de la demolición ni acta alguna que haya sido elevada al Juzgado de Faltas para que pueda aplicar la multa correspondiente.

En materia de sanciones, la ley provincial establece una multa de entre 10 y 50 sueldos mínimos. La Impositiva local, por su parte, indica un 2500 por ciento sobre los derechos de construcción para demoliciones no autorizadas.

En Obras Públicas no hubo solicitud alguna, que por otra parte no podría haber tenido curso porque el edificio está protegido tras incluir todas las construcciones relacionadas con Eduardo Depietri y el Ferrocarril que llevaba su nombre.

"Una demolición es una obra de construcción, un trabajo profesional. Nadie podría hacer una demolición sin intervención profesional, sería a todas luces una obra clandestina e ilegal", explicó a La Opinión el arquitecto Santiago Barceló, exdirector de Planeamiento y representante local del Colegio de profesionales de la Arquitectura.

"El plano de demolición se tiene que presentar antes. Si no se presenta, corresponde la multa. Con la demolición hecha, es decir con el hecho consumado, el Municipio tiene la potestad de aplicar las sanciones correspondientes", agregó.

¿Qué pasó con el “crimen patrimonial” de la estación del Ferrocarril Económico Eduardo Depietri”? Pasaron más de dos semanas y todo se esfumó con el paso de los días, quedando en el olvido para muchos, pero lo que es peor, para quienes tienen responsabilidades por la preservación de estos inmuebles.

Hasta el momento no se conocen actuaciones, ni de un expediente que posibilite accionar contra quienes no respetaron la Ordenanza Nº 5.260, cuya finalidad fue crear el “Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro, destinado a contener el detalle pormenorizado de los mismos, a efectos de prever su conservación y puesta en valor, con fines culturales, artísticos y turísticos”.

La misma normativa también consigna “la colocación en lugar visible, de una breve síntesis de los valores históricos de las construcciones”, es decir, mojones que permitan ilustrar cuál fue la finalidad de su designación como un bien patrimonial histórico.

Las estaciones del Ferrocarril Depietri acompañaron el proyecto extraordinario de contar con una traza que desafiaba a la red británica que se esparcía por el país. El propósito del empresario uruguayo, que recaló en nuestra ciudad, fue obtener el cereal que producían los chacareros del noroeste de la provincia y comercializarlos por el puerto de San Pedro que él mismo creó.

Todo ocurrió casi una centuria atrás, cuyo proyecto fue uno de los grandes emprendimientos de la época por su criterio, inversión y lo que representaba romper la hegemonía de los ingleses.

De ahí que, hace tres años atrás, a esta ordenanza se le incorporó todo lo concerniente a las edificaciones que dejó la propuesta de Depietri. Y la estación del kilómetro 22, sobre la Ruta 191, fue uno de estos mojones.

¿Qué sanción le correspondería a quien la demolió? Si fuese por la ordenanza, ninguna. La misma no establece sanciones para quienes provoquen un daño semejante al patrimonio cultura e histórico. 

Desde entonces, ¿hubo alguna modificación a la norma que permita asegurar la preservación de estos edificios y una sanción ejemplar para quien cometa un deterioro irracional como el ocurrido? Ninguna.

¿Hubo algún accionar desde el Departamento Ejecutivo Municipal para sancionar al autor-responsable del daño? Ninguna.

¿Y alguna actitud para evitar que esto se repita? Asomó una convocatoria del bloque de concejales de la UCR para que se cite a la Comisión de Patrimonio. Hasta el momento no ocurrió.

Con este criterio, quienes “tienen las mayores responsabilidades sobre la ejecución y creación de las pautas de convivencia en nuestro distrito” denotan estar inmersos en el desinterés por estas maniobras.

Solo pensar el momento que se atraviesa con los proyectos de remodelación de dos edificios emblemáticos de la ciudad, podría decirse que, en caso de nivelar las posturas, no habría una mayor propensión en la preservación del patrimonio o un tratamiento respetuoso de estos espacios.

Solo la Ley Provincial Nº 10.419 refiere al patrimonio cultural y fija sanciones por destrucción. “Serán penadas con multa regulable entre 10 y 50 sueldos mínimos de la administración pública”, establece. Pero, ¿existe la adhesión a la misma de parte del Concejo Deliberante? No.

Por lo tanto, nada hace prever que esta insensatez tenga el castigo esperado. La inacción ante las reiteradas violaciones de nuestro patrimonio histórico provoca preocupación. Si, como se vislumbra, poco o nada se hará para remediar esta situación, solo queda esperar que algún concejal o funcionario del Departamento Ejecutivo tome la iniciativa para emprender las “correcciones necesarias” en los textos que frenan estas atrocidades.

Por Javier Silva*

La conservación de los edificios históricos es un tema central en muchas ciudades alrededor del mundo, especialmente cuando esos edificios constituyen un patrimonio cultural que define la identidad de una comunidad. 

En San Pedro, un debate reciente ha resurgido debido a los proyectos que buscan transformar casonas históricas en nuevos departamentos. 

Este fenómeno, lejos de ser una peculiaridad local, refleja una tendencia global que enfrenta la dicotomía entre el progreso y la preservación del patrimonio arquitectónico.

La problemática en San Pedro

En San Pedro, la preservación del casco histórico ha generado intensos debates. Por un lado, los proyectos que buscan transformar casonas centenarias en departamentos modernos han causado controversia, especialmente cuando la intervención supone la alteración de la estructura original de los edificios. 

Algunos defienden que las fachadas deben ser conservadas mientras que los interiores pueden adaptarse a nuevos usos. Sin embargo, la preocupación por la pérdida de identidad y la amenaza a la memoria histórica es fuerte entre aquellos que consideran que la ciudad perdería su esencia si estos edificios desaparecen o son modificados irreparablemente.

El conflicto no sólo es de índole estética o cultural. También hay un componente funcional, como se menciona en diversas publicaciones periodísticas, donde se señala que San Pedro enfrenta problemas de infraestructura como presión de agua, perdidas y saturación de sus redes cloacales.

La construcción de nuevos departamentos en el centro histórico podría agravar estos problemas, lo que alimenta el miedo de que el crecimiento desmedido afecte la calidad de vida de los habitantes.

Soluciones internacionales para la conservación del patrimonio

A nivel mundial, diversas ciudades han implementado soluciones para equilibrar el desarrollo urbano con la preservación de su patrimonio arquitectónico. En Europa, especialmente en ciudades como París, Roma y Barcelona, la preservación del casco antiguo es una prioridad.

Estos lugares han adoptado leyes estrictas de conservación que protegen los edificios históricos mientras permiten ciertos desarrollos, como la restauración de fachadas y la renovación de interiores con materiales y tecnologías modernas que no comprometen la estructura original.

En Estados Unidos, proyectos de renovación en lugares como Nueva York y Boston han demostrado que es posible adaptar edificios antiguos para uso moderno sin perder su valor histórico.

Esto se logra mediante la implementación de incentivos fiscales y subvenciones para propietarios de edificios históricos, además de un estricto control por parte de las autoridades locales.

La solución para San Pedro: infraestructura y conservación

San Pedro, al igual que muchas otras ciudades, se enfrenta a una encrucijada. Si bien el progreso es necesario para satisfacer las crecientes demandas de la población, la pérdida de su patrimonio arquitectónico puede significar la desaparición de un aspecto fundamental de su identidad. 

Como solución, la ciudad podría considerar modelos de conservación utilizados globalmente, como el de mantener las fachadas de los edificios históricos mientras se permite la rehabilitación interior. Además, se podrían establecer incentivos fiscales para los propietarios que se comprometan a restaurar y mantener sus propiedades históricas.

Es crucial que cualquier desarrollador privado que invierta en San Pedro también se comprometa a mejorar la infraestructura de la ciudad, especialmente en lo que respecta a los servicios básicos como el agua y las cloacas. 

En este sentido, el Decreto 0284-2023 de la Municipalidad de San Pedro establece regulaciones específicas para garantizar que las nuevas urbanizaciones cuenten con una infraestructura adecuada. 

Según lo estipulado, los desarrolladores tienen dos opciones para el suministro de agua potable: instalar una red cerrada con tanque y bomba mantenida por un consorcio hasta que el Municipio la absorba, o conectar la urbanización a la red pública asumiendo los costos de extensión con posibilidad de recupero económico.

En cuanto a las cloacas, el decreto exige la instalación de una planta de tratamiento modular que podría ser compartida entre desarrollos vecinos o la conexión a la red pública con mantenimiento a cargo del Municipio. También se permite la implementación de biodigestores para el tratamiento de las aguas servidas.

Si estos criterios se aplican rigurosamente a los proyectos en el casco histórico, se podría garantizar que el crecimiento urbano no sobrecargue la infraestructura existente y que los desarrolladores contribuyan a mejorar los servicios públicos de la ciudad. 

Además, la inversión en infraestructura y en la conservación del patrimonio arquitectónico generaría importantes beneficios económicos para San Pedro. 

La ejecución de obras de restauración y mejoramiento del entorno histórico podría convertirse en una fuente de empleo local, beneficiando a trabajadores de la construcción, arquitectos y especialistas en restauración. 

A su vez, impulsaría el mercado de materiales de la construcción, promoviendo el crecimiento económico y el fortalecimiento de comercios locales relacionados con el sector.

Conclusión: la necesidad de actuar antes de que sea tarde

Si no se toman medidas efectivas para preservar los edificios históricos de San Pedro, existe el riesgo de que muchos de ellos se derrumben con el tiempo. La falta de intervención podría resultar en la pérdida irreparable de patrimonio cultural que define la ciudad. 

La experiencia de otras ciudades demuestra que es posible encontrar un equilibrio entre el progreso y la conservación. San Pedro tiene la oportunidad de seguir estos ejemplos, adoptando soluciones que permitan el desarrollo urbano sin sacrificar su legado histórico.

Sin embargo, esto debe ir de la mano con un compromiso por parte de los desarrolladores privados para mejorar la infraestructura de la ciudad, garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos. Invertir en la mejora de la red de agua y cloacas no solo beneficiará a los nuevos edificios, sino a toda la comunidad. 

Además, la generación de empleo y la reactivación del mercado de la construcción contribuirán a la economía local. 

La acción es urgente, ya que el tiempo y el desinterés podrían ser los mayores enemigos de su patrimonio, y si no se toman las decisiones correctas, los edificios históricos de San Pedro, tal como su identidad, podrían desaparecer para siempre.

*El autor fue secretario de Gobierno y secretario de Obras, Planeamiento y Catastro de lal Municipalidad de San Pedro.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) que conduce Paola Basso pidió al presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck, que convoque a la comisión especial de Protección del Patrimonio Cultural.

Como advirtió Sin Galera el sábado, esa comisión, creada por ordenanza sancionada en 1997, no funciona y tiene un rol muy importante en materia de preservación de los bienes históricos de la ciudad.

Basso pidió la urgente convocatoria para "dar tratamiento a la proyección y planificación referente a la preservación de la configuración de la ciudad y su patrimonio cultural" en medio de dos debates relevantes en la comunidad.

Por un lado, los proyectos presentados por un estudio de ingeniería y arquitectura para construir edificios de departamentos en dos casonas históricas del centro de la ciudad, tema que no tiene debate legislativo.

Por el otro, La Opinión reveló la demolición de una de las estaciones del histórico Ferrocarril Depietri en ruta 191, edificios que están protegidos tras su inclusión en el registro de inmuebles que forman parte del patrimonio cultural sampedrino.

La comisión tiene como miembros al intendente Cecilio Salazar; el presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck; un concejal por cada bloque; y funcionarios de Obras Públicas, Turismo y Cultura.

Además, debe incluir a integrantes de la comisión de Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro, a historiadores locales y al Colegio de Arquitectos.

Incomprensible, generando pesar por el destrozo realizado, fue ver una de las antiguas estaciones del Ferrocarril Eduardo Depietri totalmente destruida.

La añeja casona, próxima a cumplir 100 años, fue demolida. Se trata de la que está ubicada en el kilómetro 22 de la Ruta 191, en proximidades al paraje La Rosada, una de las que acompañó el recorrido de un proyecto caracterizado por el trazado, transversal a las líneas inglesas de la década del 30.

Fueron los vecinos de la zona, concientizados de la necesidad de la preservación de estos edificios, quienes alertaron a La Opinión.

Un móvil de Sin Galera se presentó en el lugar y describió que apenas una pared se mantuvo en pie, con un molino como fiel testigo del “crimen patrimonial”, mientras entre los escombros asomaba un trozo de mampostería con la “D”, que identificada al empresario uruguayo, Eduardo Depietri.

Lo emprendido por este hombre jamás será borrado de la historia. El complejo ideado incluyó la construcción del actual puerto de San Pedro y un desafío hacia los capitales ingleses, atravesando longitudinalmente sus redes, haciendo que el modesto “Ferrocarril Económico” cubriera el noroeste bonaerense, recogiendo el cereal para luego ser cargado en nuestra estación fluvial.

En el 2002 se creó la Ordenanza Nº 5260 que creó el Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro.

Posteriormente, en 2020, le dio “protección” como patrimonio cultural a los edificios de Depietri. Esto incluyó a la antigua casona donde residió Depietri, ubicada en el predio donde montó los talleres y sobre las barrancas, con una glorieta que permitió apreciar las instalaciones portuarias.

También a la alcoholera La Estrella, cuya chimenea aún está en pie, donde nace el camino Vapor Nacional Correo; el complejo habitacional de calle San Martín; los silos más antiguos donde ahora está emplazada Terminal Puerto; el único vagón que se encuentra en el predio de Scouts; el túnel de las vías de Depietri y el ferrocarril Mitre; los túneles de la Bajada Néstor Kirchner y San Martín; y las cuatro estaciones del ferrocarril, situadas sobre la Ruta 191 que corrió paralela al trazado: frente a la Central Termoeléctrica, en el Km 22, otra próxima a Pueblo Doyle (Km 30) y la última del recorrido después del acceso a Santa Lucía (Km. 35).

Con esta normativa, el Gobierno Municipal quedó facultado para “arbitrar las medidas que considere necesarias para preservar estas construcciones y disponga de cartelería que las identifique” como testimonio del valor histórico de San Pedro.

Los carteles nunca se colocaron, pero tampoco resultó de interés su preservación.

En momentos donde se discuten las reformas a antiguas casonas emplazadas en la ciudad, los sampedrinos nos encontramos con un golpe durísimo para el sostenimiento de la historia en hechos, de lo palpable, de la preservación de una cultura que parece atravesar su rasgo más preocupante: que a muy pocos les importa estos valores.

La Secretaría de Turismo y Cultura que dirige la licenciada Marcela Cuñer se expresó otra vez esta semana contra el accionar de jóvenes que pintaron con graffitis las paredes de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, recién pintadas.

Las tareas de pintura del templo ubicado en plaza Constitución habían comenzado hace pocas semanas y se focalizó en los lugares donde grafiteros habían hecho de las suyas: en los laterales, y también en la fuente.

“Le solicitamos a ‘Sako’ y a sus amigos que no destruyan de esta manera los edificios, nos cuesta mucho mantenerlos. Hace unos días pintamos los laterales de la parroquia y hoy nuevamente con grafitis”, reclamaron en redes sociales desde el área municipal el viernes.

El reclamo de Cultura tiene un largo historial de “intervenciones artísticas” que hubo que remediar: en agosto, había sido rayado con aerosol el edificio del Correo Viejo, donde funciona el área, y hubo que volver a pintar el frente. La pirámide del Parque Novau y la placa conmemorativa de la plaza Constitución son otros ejemplos.

“Si quieren pintar se comunican con nosotros y conseguimos una pared para que se expresen, pero de esta manera no. Gracias”, finalizó el comunicado de Cultura.