El Concejo Deliberante recibió el lunes al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, en el marco del pedido de informes elevado por el bloque Nuevos Aires respecto de un edificio en construcción que no cumple con la normativa vigente.

Brañas confirmó a los ediles, y así quedó plasmado en el acta de la reunión, que el edificio de departamentos que se construye en Salta al 400, a la vuelta de su Secretaría, "está pasado" de metros, como advirtieron la concejala Paola Basso y sus compañeros de bloque.

El arquitecto a cargo de Obras Públicas informó a la comisión que en su área hay dos planos presentados: uno con tres pisos y 597 metros cuadrados, que cumple con la normativa; y otro con más de 900 m2 y cuatro pisos, una dimensión no permitida en esa zona por la San Pedro 2000.

Ese segundo plano no tiene autorización, aunque Brañas manifestó en la reunión que tiene un "sello de aprobado, pero no tiene firma", informó a La Opinión Paola Basso, consultada al respecto.

En ese marco, el acta contiene que Brañas dijo que "clausuraron la obra", aunque solo "el cuarto piso", por lo que en el resto se puede ver que a diario siguen trabajando. De hecho, mientras ocurría la reunión, el tránsito estaba cortado porque estaban bajando ladrillos.

De la reunión participó el arquitecto Santiago Barcelo, en representación del Colegio de profesionales. Consultado por La Opinión, dijo que "hay un pedido de ampliación" y que entiende que el Ejecutivo deberá decidir qué camino tomar.

Para aprobar una ampliación como la que aparece en el segundo plano, el que tiene el sello de "aprobado" pero no la firma autorizada, el proyecto necesita una excepción  del Concejo Deliberante.

La cara visible en Obras Públicas para el expediente fue la arquitecta Liliana Morresi, la misma que presentó los pedidos de excepción a la San Pedro 2000 para construir torres de departamentos en los edificios históricos de Belgrano y Balcarce y de Pellegrini e Yrigoyen.

Durante la reunión, el secretario de Obras Públicas habló de la posibilidad de imponer multa por el piso de más que construyeron. 

Basso fue tajante y exigió que lo pongan en el acta: "Yo pedí la demolición", dijo y explicó que es absolutamente factible porque el cuarto piso sólo tiene las columnas.

Durante el debate en comisión, la concejala hizo un cálculo rápido: si el piso de más tiene cuatro departamentos que se pueden comercializar desde alrededor de 70 mil dólares, no hay multa que haga mella a los desarrolladores. Por ello planteó la demolición y exigió que sea evaluada a conciencia.

El Concejo Deliberante tiene para tratar un pedido de informe elevado la semana pasada por el bloque Nuevos Aires, que preside Paola Basso, relacionado con la obra en construcción de un edificio de departamentos.

El expediente fue pasado a comisión en la sesión de este jueves porque el oficialismo decidió, como hace habitualmente con este tipo de proyectos, que en lugar de que el Gobierno responda por escrito vaya un funcionario a dar explicaciones a los ediles.

En el proyecto, los ediles advierten que la obra "a simple vista supera la altura máxima" permitida en la zona, ya que "cuenta con planta baja y cuatro pisos, por lo que su altura aproximada rondaría los 15 metros".

Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera señalaron en el expediente que la altura  máxima permitida en esa zona es de 12 metros y que ya no rige, desde septiembre del año pasado, la autorización para superarla cuando la planta baja se desarrolle como "libre", es decir sin más edificación que la que suele utilizarse como cocheras.

"El Concejo Deliberante no ha aprobado excepciones a la norma en relación a ese predio", advirtieron en el proyecto y elevaron una serie de puntos para que el Gobierno responda.

En el pedido de informe solicitan copia de los planos; profesional a cargo de la obra; profesional que aprobó el plano; personal asignado a la inspección; y funcionario responsable.

Durante la sesión especial en la que el oficialismo y sus aliados aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, la única que expuso un análisis del expediente desde la oposición fue la concejala de Nuevos Aires, Paola Basso.

Mientras Ariel Rey (San Pedro Puede) y Joaquín González (La Libertad Avanza) eligieron discursos cortos —cuatro minutos y medio el primero; dos minutos y cuarto el segundo—, Basso se tomó casi media hora para exponer una gran cantidad de detalles que encontró en las casi mil páginas del expediente y en la información complementaria que solicitó al Gobierno.

En relación al déficit, destacó que tanto el presupuesto aprobado como los gastos devengados superaron ampliamente lo del año 2024, incluso por encima de la inflación registrada.

Como advirtió La Opinión en su primer análisis de la Rendición de Cuentas apenas fue presentada, Basso puso de relieve que se gastó casi el 92 por ciento de los recursos de libre disponibilidad en pagar sueldos.

“El año pasado había insumido en el 70 por ciento”, dijo y señaló: "Jamás vi una cosa igual, un disparate". En ese sentido, cuestionó que hay una gran cantidad de áreas "superpobladas en un municipio quebrado".

Basso detectó que en 2025, año electoral, el Municipio registró el ingreso de 65 nuevos empleados, de los cuales 42 reemplazaron a jubilados y 26 fueron incorporaciones "puras".

En ese marco, cuestionó los "decretos reservados", entre los que figuran, justamente, los nombramientos de empleados: "Para que no nos enteremos o quiénes son o cuántos son".

Entre esos decretos que el Gobierno decidió no publicar en el Boletín Oficial como si fueran "secreto de Estado" aparecen bonificaciones a funcionarios políticos, lo que llamó la atención de la concejala opositora.

Puso como ejemplo que Pablo Vlaeminck, cuando terminó su mandato de concejal y fue acomodado para que no se quede sin trabajo en la Dirección de Centros de Salud fue beneficiado con una bonificación del 70 por ciento sobre el sueldo, cuando hasta el momento los funcionarios siempre cobraron el 50 %, con algunas excepciones muy puntales.

Otro que recibió el 70 por ciento de bonificación al ingresar como funcionario fue el nuevo director administrativo del Hospital, Andrés Filón, quien no reemplazó a nadie, porque los que se ocupaban de las tareas que él hace siguen como funcionarios, pero en otras áreas.

También recibieron el 70 por ciento de bonificación el entonces director de Presupuesto Marcelo Delbene, y el director de Rentas, Christian Rial, reveló Basso.

Además, cuestionó el hallazgo de un decreto reservado mediante el que se le otorgó un 35 por ciento en concepto de premio por conducción a un empleado municipal cuya tarea es la de ser "chofer del secretario de Seguridad", Eduardo Álvarez.

"Es escandaloso, el secretario de Seguridad tiene chofer y hace un mes dijo que no tenía decibelímetro, que no tenía alcoholímetro", señaló Basso y recordó que ese 35 % es el máximo de bonificación para conductores de vehículos, destinada a quienes "manejan grúas, máquinas viales, ambulancias".

De la misma manera, cuestionó la bonificación por "bloqueo de título" del arquitecto Mariano Brañas, secretario de Obras Públicas. "Jamás en la historia se pagó", aseguró. Brañas es uno de los funcionarios de mayor sueldo en el gabinete, lo que provocó resquemores entre algunos de sus compañeros.

También se refirió a la bonificación que percibieron el año pasado las titulares de la Secretaría de Salud, María Vargas hasta septiembre e Isabel Carrasco desde octubre, que alcanzó "el doble, prácticamente, un 200 por ciento", dijo.

Basso destacó que los sueldos de los jefes del área de Salud —secretaria, directores de hospitales y otros funcionarios— explican el promedio elevado de los salarios médicos.

"Los directivos, los jefes, los políticos: si nos preguntábamos dónde estaba la plata", disparó tras señalar que "la secretaria de Salud habló de lo que cobran los médicos".

"Qué barbaridad decirle a los médicos decir que los médicos cobran 4 millones y vos sola capaz que te llevás 10, se me caería la cara de vergüenza", enfatizó.

En Salud, a su vez, señaló que hay alrededor de 100 personas que trabajan vía contrato de locación de servicios, entre los que destacó el caso de un profesional que hace guardias y "firmó un contrato que 33,5 millones de pesos en el año".

Entre los detalles que reveló figura que el Hospital insumió el 95 por ciento de los alrededor de 70 millones de pesos que se gastaron en carne. "Cuando preguntamos dicen que es para los internados y los médicos de guardia, cuándo estamos cansados de escuchar las quejas", indicó.

Otro de los datos que reveló fue que se pagaron 32 millones de pesos para arreglar el desobstructor, pero desde Servicios Públicos le dijeron que todavía estaban en proceso de rectificación del motor por lo que el camión municipal sigue sin estar operativo.

Los gastos en concepto de "otros" que aparecen en las readecuaciones presupuestarias hay 71 millones de la Secretaría de Modernización que conducía Luciano Arias; 195 millones en el Hospital; 270 millones en Cultura; 29 millones en Jefatura de Gabinete; 316 millones para Servicios Públicos; 105 millones en Economía. "No sabemos qué serían, pero están ahí", dijo.

"Otra cosa que me llamó la atención es que en arcilla, arena, cal y cemento, Modernización tenía 45 millones; Economía, 79 millones; Hospital, 86 millones. Servicios Públicos, cero. Le podrían haber prestado algo al pobre Devito, que estaba tapando baches con tierra", ironizó Paola Basso.

Sobre la situación deficitaria, destacó que ante un contexto de baja cobrabilidad y "enorme gasto", el intendente "está atado de pies y manos" y se preguntó: "No sé qué vamos a hacer".

En ese marco, lanzó el cuestionamiento a los integrantes del gabinete: "Es lamentable, triste; me parece que están faltando funcionarios que en vez de pensar en aumentarse el sueldo y acomodar familiares que piensen en el desarrollo en la ciudad".

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el pedido de informe presentado por el bloque Nuevos Aires en el que solicitaron una serie de puntos relacionados con el traspaso a manos del Municipio de la gestión de la nueva Terminal de Ómnibus.

Los ediles Basso, Mosquera y Santos solicitaron que, con arreglo a la firma del convenio con San Pedro Farm en enero pasado, el Ejecutivo remita copia del acuerdo, plan de obras, partidas presupuestarias asignadas , entre otros ítems.

Soledad Lllull, que preside el bloque oficialista Unión por la Patria y es ahora la vocera de Salazar en el Concejo, destacó la preocupación del intendente respecto del tema y las tareas emprendidas para resolver la problemática ante el incumplimiento de la empresa.

Confirmó que los puntos señalados por Nuevos Aires en el expediente serán respondidos por el Ejecutivo y puso de relieve el cambio que significó para los usuarios de la nueva Terminal el traspaso a manos municipales.

El resto de los bloques del Concejo Deliberante acompañó la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en el recinto este jueves, durante la primera sesión ordinaria del año.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves en sesión la propuesta de la UCR para pedirle al Ejecutivo que controle el peso de camiones areneros en la ruta 1001, tras la obra de repavimentación de ese camino, segunda en menos de 10 años.

El expediente fue aprobado con 14 votos a favor y cuatro en contra, emitidos por los ediles del "interbloque" —así lo denominaron ellos— opositor que conforman Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Fernando Negrete.

Durante la votación hubo debate y cruces entre Rivas, Lafalce y la presidenta de la bancada radical, Paola Basso, que dijo estar "indignada" por lo planteado por quienes se opusieron al proyecto.

Antes de ese intercambio, Yanina Batalla fue la vocera del expediente. "Pensamos en este proyecto porque recientemente se hizo el arreglo de la ruta 1001 y se viene notando que ese acceso se rompe rápidamente", dijo.

"No se están haciendo los controles de peso de los camiones areneros. Además de la rotura de pavimento, esto ocasiona accidentes y la pérdida de vidas", agregó. Ese fue uno de los puntos en discusión.

"Este proyecto parece bien intencionado, pero desde lo técnico es inviable y desde lo jurídico es incorrecto", disparo Rivas. Dijo que circula mucha producción, vecinos, turistas y que "no es justo ni serio atribuirle a los camiones areneros la total responsabilidad por los accidentes y la rotura de la calzada".

"La ruta no se rompe por los camiones, sino porque estaba mal construida. Tampoco es cierto que el Municipio pueda salir a controlar el pesaje", aseguró el edil, que puso, así, en debate una práctica habitual de los municipios a lo largo y ancho del país.

"El deterioro de estas rutas se fue dando por fallas estructurales", dijo Lafalce y consideró que "endilgarle responsabilidad directa a las areneras o los camiones areneros es un poco absolutista" (SIC), antes de mocionar para enviar el expediente a comisión, lo que fue rechazado.

"No se si han confundido los términos o no leyeron bien el proyecto", cuestionó Basso y aseguró: "De ninguna manera estamos en contra de las areneras y de las generadoras de trabajo, de lo que no estamos a favor es de la sobrecarga y del beneficio exclusivo a costa de los ciudadanos".

"A menos que haya personas acá que tengan intereses muy puntuales con las areneras, yo no los tengo, estamos para hacer cumplir las normas", disparó y agregó: "Estoy indignada, más que sorprendida, con tanto nivel de inoperancia y ridiculez".

"No se indigne, no se enoje ni tergiverse. Me parece un montón tener que explicarle a una abogada que si tiene pruebas de que la gente se ha lastimado o ha habido muertos producto de la arena, es a la Fiscalía donde tiene que concurrir, urgentemente", contraatacó Rivas.

A ello, se sumí luego Lafalce: "Cuando considere que hay intereses creados y tenga pruebas para hacer semejante acusación hay un lugar en calle Belgrano que se llama Fiscalía, vaya y denuncie".

Para terminar con el debate y pasar a votar, Juan Cruz González pidió la palabra y dijo que era importante centrarse en el fondo del proyecto, relacionado con los controles, algo que su bloque acompañó, lo que fue decisivo para aprobarlo.

El 10 de diciembre asumirán los concejales electos el 7 de septiembre y la composición del cuerpo deliberativo local cambiará de manera significativa. 

Por primera vez desde que es intendente, Cecilio Salazar perderá la mayoría, lo que implica que está en riesgo la continuidad del oficialismo al frente de la conducción del Concejo.

Fuerza Patria será la primera minoría, con siete ediles, y propondrá a Candelaria Cuscuela como presidenta para los próximos dos años. Martín Baraybar, que será el conductor del bloque, está a cargo de conseguir los votos.

Porque no alcanzan y deberán buscar aliados. Necesitan tres, ya que la presidencia de la asamblea legislativa inaugural la tendrá a su cargo Ariel Rey, concejal electo de mayor edad de la lista ganadora, es decir que un eventual desempate quedará en su poder.

En la oposición, la rosca está en marcha y es compleja. Hay al menos tres nombres que sonaron en diversas reuniones y conversaciones entre actores de la política local para ocupar el sillón que dejará vacante Pablo Vlaeminck, que en la rosca oficialista aparece como destinatario de alguno —el que sea— de los cargos disponibles. 

Salazar tendrá siete votos propios. Es la misma cantidad de concejales que lograron las boletas que encabezó Ariel Rey, aunque su conducción es firme y absoluta sobre apenas dos votos, el propio y el de Mariana Reynoso.  El resto es todo materia de negociación, debate y rosca, mucha rosca.

Los radicales en Nuevos Aires impulsan a Paola Basso para la presidencia del Concejo. En diciembre cumplirá cuatro años como concejala y le quedan otros dos porque obtuvo una banca  a mitad de mandato.

Es de las más experimentadas del cuerpo, tiene un perfil conciliador y cuenta con el respaldo de Alejandro Donatti y Martín Pando, que conocen muy bien el funcionamiento administrativo del HCD  y el modo en que las roscas políticas se ponen en marcha, como la que ocupa a esta nota.

Pero tiene apenas tres votos: ella, Damián Mosquera y Belén Santos. Hay quienes dicen que La Libertad Avanza y Ariel Rey, que podrían ya no ser lo mismo a esta altura, estarían dispuestos a acompañar, aunque todo está muy crudo: faltan más de dos meses.

En La Libertad Avanza de Luis Silva y Analía Corvino tienen un nombre para la negociación por la conducción del cuerpo legislativo local en manos de la oposición: Joaquín González. 

El joven abogado que resultó electo en el tercer lugar también podría ser propuesto como presidente del cuerpo mientras conversan, aunque el objetivo final sería que presida el bloque que representará a Milei en San Pedro desde diciembre.

En San Pedro Puede, la agrupación vecinalista proveniente del PRO con la que Ariel Rey confluyó en La Libertad Avanza, además de tener sobre la mesa el análisis de la posibilidad de que Basso conduzca el cuerpo, hay quienes retomaron el viejo plan de proponer a Mauro de Rosa, algo que alguna vez charlaron puertas adentro.

Pero el concejal electo por LLA en la lista de Ramón Salazar en 2023 abandonó el armado mileísta antes de las elecciones del 7 de septiembre y junto a Fernando Negrete conformó un bloque que se llama "Vecinos de San Pedro". 

Sin paraguas político ni laderos visibles, es difícil que De Rosa pueda conducir el HCD, aunque su nombre suena. Por las dudas en Pellegrini al 900 ya golpearon el escritorio para gritar que "Roma no paga traidores".

Candelaria Cuscuela, desde el oficialismo, tiene un camino cuesta arriba para reunir los votos. No sólo en la bancada de enfrente: de los siete con los que cuentan  en el oficialismo podría haber alguno en duda.

Así como los violetas puros no están dispuestos a votar a De Rosa como prenda de unidad, en Fuerza Patria habría quien tampoco quiere votar a Cuscuela. Ni por disciplina partidaria.

Si finalmente Basso reúne apoyo de Rey, Panatteri, González y Reynoso, empataría los siete de Cuscuela, entre los que inicialmente se cuenta ese voto en duda.

Aunque Diego Lafalce tiene el nombre La Libertad Avanza hasta diciembre, en Fuerza Patria confían en que su "tendencia a respetar la gobernabilidad" —así califican su acompañamiento habitual en las votaciones— lo incline a apoyar al oficialismo.

Martín Rivas tienen un voto valioso y escucha atento lo que la rosca enrosca a su alrededor. Su rol como principal opositor dentro del Concejo en los dos años que lleva como edil hacen pensar que no acompañaría al oficialismo. Habrá que ver si quiere respaldar a Basso.

En ese esquema, De Rosa y Negrete son los votos que importan. Si votan a Basso, será presidenta. Si votan a Cuscuela, será ella. 

Aunque si ellos y Lafalce acompañan a Fuerza Patria, pero aparece un voto díscolo en el oficialismo, otra vez el desempate favorecerá a la oposición, porque estará en manos de Rey.

La rosca es negociación y la negociación es, en principio, política. Alguien dirá que no hay que descartar de las otras. Además de la presidencia hay otros cargos políticos en juego en el Concejo.

El secretario legislativo, que cada presidente reclamará para sí; el subsecretario legislativo, que solía tener un rol más de "asesor" pago por el pueblo del bloque de la segunda minoría y que ahora será de aquellos cuyos votos garanticen la victoria a tirios o troyanos.

También hay un tercer cargo, el de director administrativo, que quedó vacante cuando Juan Rondán pasó de funcionario político a empleado municipal en el Concejo, por lo que también podría activarse esa silla en el reparto para las negociaciones.

Luego están las vicepresidencias primera y segunda, el cargo de concejal secretario del cuerpo y la distribución de las comisiones, todas figuras que en otros tiempos eran botines de guerra en las roscas políticas, pero que fueron perdiendo relevancia, al punto de que a muy pocos les preocupan.

La rosca está en marcha. Faltan dos meses y medio para el día la votación. Puede pasar cualquier cosa, pero el panorama de las negociaciones desde unos días a esta parte es este y puede cambiar. 

Después de todo, dicen que en política lo que ayer fue excremento mañana puede ser dulce de leche. Para casi todos. Ese “casi”, acaso, sea el que tenga la posibilidad de definir.

En la última semana de las elecciones, la Unión Cívica Radical, centenario partido que no participa oficialmente de la contienda electoral en San Pedro y la región, se convirtió en escenario de disputa entre dos sectores que se referencian en el radicalismo y apoyan listas de otras alianzas que compiten el domingo con candidatos locales.

La UCR bonaerense integra la alianza Somos y los dos sectores de San Pedro en disputa quisieron presentar lista. Pero el frente decidió declinar candidaturas en la segunda sección, por lo que los radicales de toda la región tuvieron que buscar otros sellos para participar.

Así, aparecieron en San Pedro dos listas, Potencia (Pía Grondona) y Nuevos Aires (Damián Mosquera) en las que hay integrantes de la conducción de la Unión Cívica Radical, que esta semana avivaron la disputa interna que siempre mantuvieron.

Germán López preside el partido luego de un acuerdo con los "herederos de Barbieri" que evitó elecciones internas. La "buena onda" duró poco. A la hora de armar listas, volvieron las diferencias y se separaron.

Así, López impulsó la nómina que encabezan Pía Grondona y Fernando Bennazar; por su parte, Martín Pando y Alejandro Donatti hicieron lo propio con la que tiene a Damián Mosquera como primer candidato y a Belén Santos, vicepresidenta de la UCR, como segunda.

La polémica se desató en los últimos días, cuando algunos afiliados radicales expresaron en redes sociales su descontento por el uso de la sede partidaria por parte de una de las listas, Potencia, una alianza en la que confluyeron el MID y UNIR (el partido de Alberto Asseff), con María Eugenia Talerico, referente liberal y exfuncionaria de Mauricio Macri, a la cabeza.

El sábado, en Sin Galera, Germán López justificó el uso del comité y el reemplazo de la histórica sigla UCR por un cartel que dice "Potencia" en la puerta de Salta y Obligado, donde una estatua de Raúl Alfonsín asiste impávida a la actualidad partidaria del radicalismo.

"Cuando estaba ese cartel, pocos se ocupaban. Nosotros estamos recuperando al radicalismo", dijo López —que fue parte de la alianza Juntos por el Cambio y ocupó cargos junto al vicegobernador de Vidal, Daniel Salvadaor— y aseguró que es necesario "encontrar puntos comunes con otros partidos políticos".

"Hoy tenemos, por suerte, el cartel que dice UCR —chiquito, abajo del logo de Potencia— y no como antes, que decía Salazar", cuestionó López, en alusión a la alianza que su partido hizo con el intendente dentro de Juntos por el Cambio en 2015 y que se terminó formalmente en 2021, cuando Cecilio anunció el armado de listas dentro de lo que fue Unión por la Patria, con el peronismo.

La respuesta no se hizo esperar. La encabezaron los concejales que conforman el bloque de la UCR en la actualidad, Paola Basso, Lucas Pisani, Yanina Batalla y Hugo Binimelis.

"Queremos expresar con claridad y firmeza nuestro apoyo a la lista NuevosAires, encabezada por Damián Mosquera y Belén Santos, vicepresidente del comité radical de San Pedro", señalaron.

"Somos radicales y seguimos siéndolo", aseguraron. Agregaron que se mantienen "firmes en el centro, defendiendo los valores históricos de la UCR". 

En ese marco, cuestionaron: “No caímos en los extremos ni usamos al radicalismo como sello para alianzas con partidos en las antípodas de lo que representa nuestra historia”.

"Esta alianza honra al radicalismo", dijeron sobre Nuevos Aires, que tuvo en algunos afiliados históricos cuestionamientos porque la lista la encabeza un peronista.

Rápidamente, Potencia San Pedro respondió como "comisión directiva" de la UCR, lo que resultó llamativo porque si bien Germán López es el presidente, hay que tener en cuenta que miembros de la comisión como la vicepresidenta Belén Santos y el secretario, Pablo Quiroga, forman parte de la otra lista, la de Nuevos Aires.

"Necesitan justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditar y revelar la insensatez de sus posiciones frente a la alianza que han conformado junto al peronismo", señalaron en un comunicado.

En ese marco, aseguraron que "el verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad" y consideraron que las declaraciones de los concejales radicales "buscan generar confusión en la ciudadanía". 

Las rejas con las que vallaron la fuente de plaza Constitución fue tema de debate en la última sesión del Concejo Deliberante tras la presentación de un proyecto del concejal Martín Rivas que pedía al Gobierno que suspendiera las obras en marcha.

El oficialismo hizo valer su mayoría y rechazó la propuesta de Rivas, quien cuestionó que la colocación del enrejado no pasó por el Concejo, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidad respecto de las intervenciones de ese tipo en el espacio  público.

El concejal Christian Leguizamón fue el encargado de informar que el bloque que ahora se llama Fuerza Patria iba a rechazar el expediente. 

Aseguró que "no se hizo ninguna intervención, ningún trabajo" en la fuente sino que sólo fueron "tareas de mantenimiento" y algunos "parches", lo que contradijo la idea de "restauración integral" que informó el Gobierno cuando en diciembre del año pasado comenzó la obra.

"A algunos les puede gustar más y a otros menos, pero se decidió para cuidar el patrimonio de la ciudad", dijo el concejal Leguizamón, tras lo que la edila de la UCR Paola Basso no se guardó su posición, que según dijo está entre "aquellos a los que no les gusta para nada" lo que hicieron.

"Voy a discrepar con el concejal Leguizamón. Colocar rejas, que le llamaría jaula, desde mi punto de vista sí es una intervención, por ende es razonable el planteo que hace el concejal Rivas", señaló Basso.

"Me parece terrible, me parece una berretada las rejas que pusieron. Están desprolijas y a su vez no está terminado. Están tardando seis meses para poner unas rejas que supuestamente ya estaban hechas, lo que denota la inoperancia de la gente que está trabajando en el sector", disparó.

Rivas recordó que el Ejecutivo nunca respondió un pedido de informe de su autoría respecto de las obras en la plaza Constitución. "Queríamos saber quiénes estaban a cargo de la obra de una fuente de valor histórico y arquitectónico", dijo.

"No discutimos si está bien o mal por seguridad, en todo el mundo hay monumentos con rejas para cuidarlos. Lo que no podemos aceptar es que no pasen por este cuerpo y lo hagan de prepo", cuestionó.

La presentación de una demanda para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que Coopser cobra con la factura de la luz tuvo respuestas por parte de la cooperativa y de la Municipalidad.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, cuestionó la pertinencia del recurso de amparo como instrumento para el planteo judicial.

Además puso reparos respecto de la incompatibilidad que podría implicar la participación en la causa de Paola Basso, que además de abogada de Coopser es concejal.

Desde la cooperativa, Basso respondió la demanda defendiendo la legalidad de la ordenanza y su aplicación por parte de la empresa que representa, que es la que cobra el FOPC en las facturas del servicio de energía eléctrica, al que se grava con el 4 por ciento para ese fondo.

Uno de los puntos de la demanda que cuestionó Basso es la falta de separación del cobro del FOPC del servicio de energía que planteó la denunciante junto a su abogada.

La cooperativa sostiene que los ítems están "separados", aunque no hay antecedente de alguien que haya ido a pagar la factura y solicite que no le cobren el FOPC, algo que, a juzgar por lo que dice la cooperativa, podría hacerse.

Coopser no cumplió todavía con la orden del juez Cornelli —del Juzgado de Familia donde cayó por sorteo la causa— de incorporar en las facturas información sobre la causa en trámite, que fue dictada y comunicada en febrero pasado a la cooperativa.

El especialista en defensa del consumidor que acompañó el proceso de presentación de la demanda, Roberto Zorzoli, dijo el sábado pasado en Sin Galera que el FOPC es "un verdadero impuesto hecho por el Municipio".

El concejal Lafalce contó con los votos del oficialismo y de La Libertad Avanza para aprobar un proyecto de resolución que generó un intenso debate en el recinto y que le valió un enfrentamiento verbal primero con Paola Basso y luego con Martín Rivas, dos ediles con los que integró lista para llegar a la banca.

El proyecto, que la bancada oficialista acompañó sin emitir opinión, le pide al intendente Cecilio Salazar que emprenda acciones "administrativas, judiciales y ejecutivas" para resolver los problemas que tienen tres barrios cuyos vecinos están "enganchados de la luz" porque por cuestiones legales no pueden bajar sus medidores.

Uno de ellos es el de las 84 viviendas, que tiene a los preadjudicatarios sorteados como ocupantes de las casas —a quienes Coopser, con Basso como abogada, denunció por “hurto de energía eléctrica”— a pesar de que la Justicia dictaminó la invalidez del sorteo y pidió "no innovar" en el marco del conflicto con Arcor.

Los otros dos están sobre Mateo Sbert: uno es El Progreso, donde viven personas que compraron un loteo irregular a agentes inmobiliarios del conurbano y que vienen reclamando hace mucho tiempo por los servicios que deberían haberles garantizado antes de venderles los lotes, que no tienen subdivisión.

El tercero es el “barrio Güemes”, que corresponde al loteo conocido como "de Monzón", por el empleado municipal que vendió las parcelas del terreno que era propiedad de la desaparecida cooperativa Vuelta de Obligado.

Basso, que además de concejala fue directora de Asesoría Letrada y es abogada en Coopser, repasó la normativa vigente y advirtió que por más resoluciones que se aprueben y por más buena voluntad que tengan el Concejo y el Gobierno, Provincia jamás aprobaría una situación de esas características.

"Son tres barrios muy diferentes", dijo Basso y aseguró: "Se mezcla todo". En ese marco, tildó al proyecto de "irresponsable", "inviable", "contrario a la norma" y aseguró que "el propio Estado debió intervenir antes de que esto ocurra".

Respecto de Lafalce, no ahorró críticas: "Me cuesta creer que se siga todo el tiempo incentivando, entusiasmando a la gente, dándole falsas expectativas. ¿Vamos a seguir con esta farsa, con proyectos que son inviables, levantando la mano para que la gente se quede contenta y en La Plata les digan que no se puede hacer? Hay que ser honestos con la gente".

"Esto es un proyecto ilegal que colocaría al intendente en una situación de tener enfrente una resolución de cumplimiento imposible", advirtió Basso. El oficialismo hizo caso omiso a esas advertencias y acompañó el proyecto, sin esgrimir argumento alguno.

"Me hace acordar a Eva Perón, doctora Basso. Se acordó que tiene barrios San Pedro", chicaneó Lafalce y le recordó a la edila de la UCR que ella formó parte de los gobiernos de Barbieri y de Salazar. "No frenaron nada", dijo y le enrostró: "¿Está defendiendo los intereses generales o solamente los de Coopser?".

El concejal Martín Rivas también participó del debate y aprovechó para cuestionar a su excompañero de boleta. Consideró que el proyecto es "demagógico" y agregó: "Quién no quiere que los vecinos tengan luz, pero no hacerlo desde una resolución totalmente demagógica".

"Pretenden hacernos creer que hay que acompañar este desastre de proyecto porque si no les damos la espalda a los vecinos, pero por favor", se quejó Rivas.

"Me suena a capricho, a querer ocupar una sesión que tenía otros proyectos, esto se debía trabajar en comisión. Pero si queremos ser demagogos, figuretis, embarrar la cancha, suceden estas cosas".

Lafalce le respondió. "Así que buscar la dignidad de los vecinos es demagogia", dijo y le apuntó a Rivas: "Nos tuvo todo el año haciendo circo, vendiendo humo, metió 70 proyectos y ninguno abocado a la resolución profunda de un cambio en la sociedad".

"No estoy vendiendo falsas expectativas. Hay que trabajar, no sólo gastar papel y tinta. Hay que ir a recoger la problemática que realmente tiene la sociedad en el territorio", finalizó.

Acaso en una “devolución" a Lafalce, que de un tiempo a esta parte vota siempre en consonancia con Unión por la Patria, los concejales del oficialismo votaron a favor del proyecto, todo indica que con el visto bueno del intendente Cecilio Salazar, que tiene al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, como articulador con el Concejo. 

Ese acompañamiento fue llamativo, puesto que los votos de la bancada que conduce —o al menos preside— Candelaria Cuscuela implican un pedido explícito del HCD al intendente para que tome cartas en un asunto que le resulta delicado.

Porque ahora esos vecinos de tres barrios —más de 150 familias, dijeron en el recinto— que le pidieron a Lafalce que haga algo con su problemática recibieron respaldo de los concejales oficialistas más De Rosa y Negrete de La Libertad Avanza.

Es decir que con ese respaldo pueden ahora reclamarle al intendente que haga lo que el Concejo le pidió: intervenir para que "con todos los recursos disponibles, humanos, materiales, administrativos y ejecutivos" para que tengan luz.

El problema, acaso, es que el Gobierno de Cecilio Salazar ya se expidió en varias oportunidades a través de distintos funcionarios respecto de las dificultades normativas que tienen los barrios del proyecto para obtener el servicio de electricidad.

Mientras tanto, como bien dijo Lafalce, todos esos vecinos están "enganchados" de la luz, es decir que tienen conexiones clandestinas que implican un riesgo importante y que, además, producen un consumo de energía que paga el resto del pueblo de San Pedro.

La presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Paola Basso, dialogó con La Opinión tras la apertura de sesiones del Concejo Deliberante que encabezó el intendente Cecilio Salazar este miércoles en el Salón Dorado.

"Parecía que estábamos viendo una ciudad que no es la que conocemos", dijo la exfuncionaria de Salazar y ejemplificó: “Una ciudad que todavía tiene el árbol de Navidad al fondo de la Mitre”, que por cierto ya desarmaron.

Para ello, dijo, "no necesita fondos nacionales", en alusión a los recortes por parte de Milei que mencionó el intendente.

"Estamos hablando de ciudades distintas, una es la que nos dicen y otra es la que vemos", sostuvo Paola Basso.

La concejala radical tuvo críticas al pasaje del discurso en el que el intendente se refirió a la gestión cultural de su gobierno, que encabezan el director del área, David Kurlat, y el secretario, Mariano Arnal.

"Creció la cantidad de emprendedores o de revendedores. La feria ha crecido, sí, es cierto: en forma desorganizada, desordenada, una carpa de cada color, no hay un croquis que lo ordene, nadie que controle qué se vende y qué no", señaló.

Además, cuestionó el canal de difusión que el Gobierno tiene para difundir actividades de todo tipo, no siempre habilitadas: "¿Cuál es la oferta cultural que tenemos? ¿Un grupo de WhatsApp donde nos dicen los eventos que tenemos el fin de semana, privados y no privados".

Basso se refirió además a las dificultades económicas que atraviesa el Municipio y aseguró que esa problemática aumenta "cuando tenés 86 empleados nuevos en la planta municipal, cuando te comés el 84 por ciento del presupuesto en sueldos, y a eso le sumás que el chorro de Nación se cortó".

"Lo fundamental es la austeridad y no lo estamos viendo", concluyó la edila radical, cuyo bloque completan Lucas Pisani, Hugo Binimellis y Yanina Batalla, quienes cumplen sus mandatos en diciembre.

La oposición al Gobierno en el Concejo Deliberante cuestionó durante el tratamiento del presupuesto 2025 la cantidad de empleados del Municipio y el porcentaje de gasto en personal.

La concejala de la Unión Cívica Radical Paola Basso —que tuvo a su cargo el área de Personal duranta varios años de la gestión Salazar— aseguró que "el gran agujero negro" del presupuesto "es el personal".

En ese marco, indicó que durante 2024 hubo en total 86 nuevos nombramientos de empleados en el Estado local, sin contar los denominados “decretos”.

De ellos, 40 fueron reemplazo de jubilaciones y bajas por distintos motivos y 46 no estaban contemplados en el presupuesto del año pasado.

"Los 46 nuevos son alrededor de 552 millones de pesos en un año, sólo esos, los extra", calculó la concejala radical. Los sueldos, señaló, se llevan el 79 por ciento de los recursos de libre disponibilidad.

"Hablamos con el secretario de Gobierno (Martín Baraybar) respecto de la posibilidad de obras por administración municipal y dijo que estarían faltando algún durlockero, algún gasista. Entraron 86 personas, ¿no se podía haber previsto?", se quejó Basso.

La edila cuestionó la bonificación para los trabajadores del Centro de Monitoreo que aparece asignada por primera vez en el presupuesto y señaló la preocupación de su bloque porque "hay muchas secretarías que tienen altísimo porcentaje en gasto de personal".

En se sentido, advirtió que hay áreas como Defensa Civil, Género o Fiscalización que sólo tienen asignación presupuestaria para sueldos, sin otro detalle de gastos, es decir que dependerán del presupuesto general de las secretarías.

"Se habla de ajustar, de recesión, de crisis, le pedimos esfuerzo a los contribuyentes pero no hay signos de austeridad en este gobierno", sostuvo Basso.

El intendente Cecilio Salazar cumplió 70 años de edad y 9 años de gobierno este lunes. Para celebrar ambos acontecimientos, tuvo un acto de relevancia superlativa para cualquier Municipio: inauguró el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital con un nuevo tomógrafo que es el de mayor tecnología de toda la región sanitaria IV.

A la hora de los discursos, fue relevante el del secretario de Economía, Roberto Borgo. Como él mismo dijo, hizo "catarsis" al repasar todo el proceso que llevó dos años desde el inicio de las gestiones hasta este día de inauguración, que llegó un año después de que el equipamiento arribara a San Pedro.

No se privó Borgo de cuestionar a la oposición por sus críticas y sus palabras sirvieron para que Salazar se despache a su turno contra los ediles que lo cuestionan en sesión, sobre todo contra Martín Rivas pero también contra Paola Basso, y aprovechó para ponerse por encima del resto de los intendentes que tuvo San Pedro, al menos de los que están vivos.

Hay que decir que tampoco se privó de enviar un mensaje interno. Antes de celebrar la “importante tarea” de los concejales los saludó. “Veo que están todos o casi todos”, dijo. 

Había ausencias del lado oficialista, como la de Creus, que está enojado con su bloque y con el Ejecutivo por su proyecto de San Pedro libre de humo de tabaco. Tampoco estaba Matías Franco, que mantiene una fría, helada relación con el Gobierno desde hace tiempo.

"Uno sufre impotencia ante críticas infundadas, críticas que no tienen ningún tipo de sustento y que son muy fácil de decir desde la vereda de quien no tiene ninguna responsabilidad de conducción", dijo el intendente.

Señaló que decidió presentarse para un tercer mandato en 2023 porque no había en la oposición nada "constructivo". "Ojalá uno vea la posibilidad de un opositor que no se base solamente en sentarse en una banca a pedir informes tras informes y no proyectar ni presentar proyectos importantes para la comunidad".

El disparo fue, sin nombrarlo, para Martín Rivas, el concejal opositor que más pedidos de informe elevó en el año. 

"Todos los días se sientan en la banca, levantan la mano para hacer un pedido de informe, creyendo que de esa forma van a alterar nuestro rumbo. Nosotros tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer", aseguró Salazar.

Como cada vez que lo rozan, Rivas aprovechó para subirse al ring y respondió vía redes sociales. "Escuchar al intendente Cecilio Salazar hacer politiquería barata y un acto para inaugurar un tomógrafo qué hace meses debería estar en funcionamiento me preocupa más de lo que me indigna", dijo el concejal.

"Gobierno y no muestre más su falta de liderazgo y gestión, que le quedan tres años de mandato. ¿Nadie en el gobierno que lo asesore y cuide un poco de estos papelones recurrentes?", finalizó Rivas su posteo.

Paola Basso también la ligó. La concejala fue una de las que se opuso al pliego de licitación de Mansa, aprobada en medio de sospechas por parte de la opisición, que rechazó el proyecto aunque lo le alcanzaron los votos para evitar su aprobación.

"Por ahí tienen la memoria demasiado selectiva, como una concejala que me llamó —dijo sin nombrarla— para decirme 'qué vergüenza lo que están haciendo, concesionando un lugar con un canon tan bajo', y le dije 'ustedes concesionaron toda la cosa sin un canon, hace un tiempo atrás'".

Salazar, que el día que dio su primer mensaje anual como intendente dijo que iba a ir "con la topadora a liberar toda la costa", se refería a concesiones que se hicieron durante la intendencia de Mario Barbieri, de quien Paola Basso fue funcionaria. 

Basso también fue funcionaria de Salazar. Y lo fue cuando el jefe comunal y Barbieri eran aliados, una alianza que empezó en la campaña de las PASO 2015 y duró hasta las elecciones de 2021.

"Realmente, hay que sentir un poco de vergüenza, por lo menos mantengamos un piadoso silencio en la banca", dijo en alusión al radicalismo. Tras ello, cuestionó a los exintendentes y a Barbieri en particular.

"Quiero decirles a todos los sampedrinos que tienen un intendente fundamentalmente honesto y que no se ha vuelto rico, como se han vuelto otros intendentes. Que ustedes verán como viven. Algunos se han ido a otra provincia y viven cómodamente", disparó.

Los únicos exintendentes vivos de San Pedro son Julio Pángaro, Mario Barbieri y Pablo Guacone. 

A ellos hay que sumar a los tres concejales que tuvieron a su cargo el Poder Ejecutivo vía interinatos por renuncia o por licencias extendidas: Rodolfo "Titín" Trelles, Fabio Giovanettoni —hoy funcionario de Salazar— y Ramón Salazar.

El que vive en otra provincia, por cuestiones familiares y tras retirarse de la política, es el tres veces intendente y exdiputado nacional Mario Barbieri, quien presidió el Concejo en los dos primeros años del primer mandato de Salazar y cuyo partido aportó funcionarios, concejales y cuadros políticos para la gestión mientras duró la alianza que los unió.

Barbieri terminó su último mandato y dijo que se retiraba de la política para disfrutar de la familia con la convicción de que había “contribuido a resolver la crisis institucional, política y económica más grave de San Pedro”.

Una tarea que, después de todo, hicieron juntos él y Salazar cuando eran los aliados que decían haber dejado de lado las diferencias partidarias históricas para unirse por San Pedro y su futuro. 

Otros tiempos, parece. Los tiempos, acaso, en que las vinculaciones políticas, los acuerdos, los gestos y las alianzas, la rosca interna y externa ponían —o sacaban— intendentes y concejales. 

"Yo sé que fue un designio de Dios que esté acá. Y si continúo es porque Dios lo ha decidido. Y Dios sabe perfectamente bien hasta cuándo voy a estar yo acá", dijo Salazar en su discurso tras el que dejó lugar al sacerdote católico Héctor Molfesa, a quien denominó su "guía espiritual". Otros tiempos.

La cooperativa eléctrica Coopser pidió a la Justicia que intervenga por la situación de los residentes de las 84 viviendas cuya construcción quedó sin terminar en Villa Depietri por las conexiones clandestinas de luz.

Con la firma de la abogada Paola Basso, que además de representante legal de Coopser es concejala presidente del bloque de la UCR, la cooperativa fue al Juzgado Contencioso Administrativo, donde tramita la causa que tiene enfrentados a Arcor y a la Municipalidad por los terrenos.

La jueza Isabel Fulgheri rechazó el pedido de Basso y Coopser, porque lo planteado no es de su competencia. Pero la situación implica que la cooperativa denuncie a los residentes de las 84 viviendas porque están incurriendo en el delito de hurto de energía eléctrica.

En la presentación que hizo Basso en nombre de Coopser ante Fulghieri, señaló que la obra para abastecer de energía a ese barrio "no fue abonada", por lo que "las líneas no están preparadas" para darles luz.

En ese sentido, la cooperativa advirtió que las conexiones clandestinas "ponen en riesgo no solo la seguridad de las personas y cosas existentes en el lugar, sino que implican un hurto de energía de magnitud considerable".

Coopser le explicó a Fulgheri que "es fundamental" ejecutar la obra de infraestructura para llevar la energía eléctrica al barrio y evitar la sobrecarga sobre las instalaciones existentes, por el riesgo que ello implica.

"Se requiere la instalación de un transformador y línea de media tensión, cuyo costo, por su envergadura, no puede ser afrontado por la cooperativa y, de acuerdo a la normativa vigente, están a cargo del solicitante", señalaron en la presentación judicial.

Coopser quería que Fulgheri pusiera en conocimiento de la situación a Arcor y a la Municipalidad para que se lleven adelante las gestiones para la obra, que además alguien debería pagar.

La cooperativa indicó que es necesario que avancen los trámites de subdivisión del predio para que se concrete la apertura de calles, de manera tal que el personal pueda desarrollar las conexiones domiciliarias, cuando corresponda.

Como esa presentación se hizo en el marco de la medida cautelar vigente que anuló el sorteo que benefició a las familias que residen en el barrio con autorización de la Municipalidad, Fulgheri  la rechazó por cuestiones de competencia, es decir porque no corresponde a su Juzgado intervenir en ello.

El camino al Aeroclub está intransitable y lleva años esperando una mejora. Esta vez, los concejales Pissani, Basso, Batalla y Binimelis, le recordaron a Cecilio Salazar que la población a crecido; que se han constuido barrios nuevos como El Escorial y que el acceso al camino a la Buena Moza, al predio del Club Náútico y al Aeroclub, a veces es más cómodo por esa vía que por la peligrosa Ruta 191.

En el proyecto de resolución que ingresó el 24 de Julio, indican que han recorrido “los cinco kilómetros” que llegan hasta el aeródromo y que han hablado con los vecinos de la zona. Así, solicitan al Departamento Ejecutivo que “realice las tareas necesarias para repavimentar el denominado Camino de acceso al Aeroclub, desde su comienzo, próximo a la estación del Ferrocarril, hasta la intersección con el camino que une la ruta Provincial 191 con el Aeroclub San Pedro”.

La concejala Paola Basso, de la Unión Cívica Radical, y el edil de Juntos por el Cambio Martín Rivas, fueron las únicas voces que en el Concejo Deliberante se escucharon contra la Rendición de Cuentas 2023 que el oficialismo que responde a Cecilio Salazar logró aprobar con los votos propios.

Cada uno a su turno, fueron los únicos que se expresaron contra las cuentas del ejercicio del año pasado en términos económicos y políticos, para argumentar en nombre de sus bloques el voto negativo.

Basso denunció en sesión que a principios de mayo su bloque requirió información al Ejecutivo y que nunca se les entregaron. Aseguró que “muchos funcionarios trabajaron” para darles lo que pedían pero que "hubo algún funcionario que evitó que esa información llegue", por lo que le  pidió a Salazar que "arbitre todos los medios para determinar quién es el responsable".

En su repaso de las cuentas, destacó el importante déficit, aunque señaló "algunas cosas buenas" como la cobrabilidad de tasas producto de la moratoria y la facturación de obras sociales del Hospital, cuya tarea estuvo a cargo del director administrativo y ahora secretario de Economía, Roberto Borgo.

"Los ingresos de Provincia y Nación aumentaron considerablemente", dijo y cuestionó el aumento de alrededor de 10 puntos del gasto en sueldos respecto del año anterior, que alcanzó el 83 por ciento de los recursos de libre disponibilidad.

Tuvo un aparte para cuestionar la inversión que hizo el Ejecutivo del denominado Fondo de Obras Públicas Comunitario municipal, que toma recursos del fondo que recauda Coopser, entre ellos 65 millones para la plaza Constitución. "Una vereda torcida nos costó 65 millones, con bancos viejos repintados", cuestionó.

"¿Este es el San Pedro 2025 que todos esperamos?", se preguntó la concejala del radicalismo. Consideró que "pudo haberse ejecutado un mejor trabajo" y que "todavía estamos a tiempo".

Además, puso en tela de juicio el gasto de 14 millones de pesos en alquiler de equipamiento de sonido durante el año y se preguntó: "¿Cuántos equipos de sonido podríamos haber comprado?" con ese dinero.

De la misma manera, cuestionó los 9 millones de pesos que insumieron los alquileres para oficinas descentralizadas y destacó la decisión gubernamental de dar de baja algunos de ellos para utilizar edificios propios.

Luego de poner de relieve el crecimiento de la vecina ciudad de San Nicolás, no sin señalar que "las comparaciones pueden ser odiosas", Basso sostuvo que "todos vemos que la ciudad decae, está fea, desorganizada, triste, no es la ciudad que atraía a tantos turistas y crecía año a año".

"No hay una idea rectora, falta un plan estratégico, todo es a tontas y locas", consideró y pidió "un poquito de buen gusto". "Los recursos municipales no han sido invertidos de la manera en que los contribuyentes se merecen", dijo para cerrar, anunciando el voto negativo de su bloque.

Es imposible ser fiel a la versión original del disparate que llevó a los cuatro concejales de la Unión Cívica Radical a adelantarse a presentar un proyecto y enviarlo a La Opinión como “una gran idea para ahorrar recursos”. El expediente es el número 5191/2024 sellado e ingresado con fecha 30 de Abril a las 13.20 horas. Desapareció.

Como se sabe, los legisladores locales implican promedio una erogación de un millón y medio de pesos por cabeza. Al desatino de la edil Capelletti que quiso adherir a una ley provincial sin darse tomar en cuenta una ordenanza existente, esta semana se sumó el record del absurdo.

Dos de los cuatro concejales mencionados trabajan en el ámbito de la salud pública y la Dra. Basso ha sido funcionaria en la Asesoría Letrada durante muchos años como para desconocer que el Centro de Salud de Villa Depietri que funciona frente al cementerio no solo cuenta a diario con decenas de pacientes sino que es uno de los que mejor funciona. Con sólo pasar por el lugar, podrían haberse dado cuenta que la iniciativa que cuenta con un sinúmero de argumentos, no se presta a confusiones.

“¿Dónde decís que quieren instalarla?”, le preguntó Lilí Berardi a Pisani cuando envió la copia que dijo haber ingresado al Concejo Deliberante para su consideración. “Dame un ratito”, respondió el concejal y médico que presta servicios en el ámbito del Hospital. El “ratito” pasó y el proyecto quedó en la nada y para “reconsiderar”.

Lo cierto es que los cuatro firmaron el ejemplar que propone despedir a los seres queridos que no puden acceder al servicio de Coopser o de Secchi, en el CAP (Centro de Atención Primaria) de Depietri. Podría prestarse a cierta confusión si se toma en cuenta que el primer centro de atención de la zona funcionó en el caserío, pero… esa histórica edificación ya está arruinada por haber sido tomada como depósito de materiales de la malograda empresa constructora y “cooperativa” ALFA.

También se le preguntó al edil  de cuánto imaginaba que sería el ahorro para el erario público. Respondió “mas o menos 50 muertos por año”. Increíble porque además refirió que “a Hugo Binimelis le dijo Baraybar que el CAP está abandonado”. Mucho más increíble.

Lo cierto es que el 31 de diciembre de 1984, a iniciativa del por entonces Concejal José Alberto “Pepe” Sánchez Negrete ya había una ordenanza sancionada que disponía de sala velatoria para indigentes porque por entonces sólo había dos empresas privadas de casas mortuorias. Es la número 3816 por si quieren tomarse la molestia de bucarla. 

La Opinión consutló que importe promedio invierte el municipio para solucionar el problema de las sepulturas de los indigentes. Unos 400 mil pesos por mes, de acuerdo al ejercicio 2023. Es decir que con una tercera parte de lo que cuesta un concejal alcanza para velarlos a todos. 

Un móvil del programa Sin Galera llegó al lugar, recordó la historia del nacimiento de los centros de salud, un proyecto del por entonces Concajal de la Unión Cívica Radical que más tarde sería intendente: el Dr. Juan José Sánchez.

Estaba orgullos de traer la experiencia chilena de centros sanitarios de atención primaria a cada barrio para evitar el colapso hospitalario y favorecer el control de los niños. Vacunar, prevenir, ayudar a evitar el embarazo adolescente, monitorear y contactar a las familias de distintas zonas y de las localidades permitieron la puesta en marcha de los centros 1° de Mayo con la Ordenanza N° 3.804, El Amanecer, Mateo Sbert, Rossito, La Tosquera, Doyle, Gobernador Castro (luego Hospital 26 de Julio), el intercultural y Depietri o  el de Río Tala con la Ordenanza N° 3.749. 

Estos radicales no sólo no caminan sino que no leen la historia de sus antecesores en el cargo.

Tampoco pensaron en el gasto en personal, la provisión de elementos para la sala velatoria y por cierto nunca vieron que el edificio que pretendían usar ha sido saqueado una y otra vez porque estuvo pensado como casa de los cuidadores del cementerio. Jamás tuvieron en cuenta que duerme el sueño de los justos un expediente tramitado por el Dr. Gabriel Sayago con planos incluídos para establecer un centro sanitario donde se construyó del Centro Comunitario de Depietri, en el centro de los barrios Arcor. Futuro, 84 viviendas, con acceso de vecinos de Bajo Puerto y aledaños.

“Son caros aunque no cobren”, dijo un viejo dirigente radical que anunció que su renuncia al partido es inminente.

Una calamidad que nadie pudo explicar y por la que hay que seguirles pagando el sueldo máximo que se votan cada año a cambio de formar parte de esa corporación silenciosa que ha hecho del poder legislativo local una cueva de acomodos y encubrimientos que incluyen la falta de investigación sobre la sucesión de estafas que se han perpetrado en materia de obras públicas adjudicadas de manera directa a cooperativas que cobraron y se fugaron, como se puede constatar en las 84 viviendas y en la Cooperativa Nuestro Sueño. 

Tras la publicación de los honorarios regulados por la Justicia para todos los letrados que intervinieron en el litigio por la recuperación de los terrenos costeros de avenida España al 700, los exasesores letrados de la Municipalidad de San Pedro acreditaron por escrito su renuncia al cobro. 

Del mismo modo procedió la fiscala de Estado que tenía más de 13 millones adjudicados por mandato judicial.

A varios la aclaración les pareció “absurda”, pero como “lo que abunda no daña” ya están las notificaciones que informan que esas liquidaciones no corresponden. 

A la nota en la que el abogado Juan Benseny recordó su trabajo en ese expediente durante la gestión de Pablo Guacone le siguió el escrito que el actual Juez de Paz y exfuncionario municipal José Macchia remitió al juzgado.

La misma acción deben acreditar la abogada y concejala Paola Basso por 4.365.900 pesos y el exdirector de Asesoría Letrada Ricardo Uguet, a quien le fijaron 881.915 en concepto de 42,12 jus.

“Señor juez: Dr. José Ignacio Macchia por derecho propio con demás datos denunciados en esta causa, en actos caratulados: “CALOGNE RAÚL EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO Y OTROS/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, en trámite bajo el n°102.484, antes V.S. respetuosamente digo: 1- Que habiendo recibido cédula de notificación a mi domicilio electrónico del Poder Judicial y advertido el alcance de la resolución puesta en conocimiento, vengo a señalar que corresponde dejar sin efecto la regulación al suscripto habida cuenta que no corresponde percibir honorarios, debiendo estarse al texto del art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, Dto ley N°6.769/58, lo que así Señor Magistrado solicito sea resuelto”, dice textualmente la comunicación al juzgado”.

Los concejales del interbloque opositor presentaron un pedido de informes que va en línea con la inquietud de prestadores turísticos y familias sampedrinas que no encuentran muchos programas para disfrutar de la temporada estival. Esta vez los ediles de la Unión Cívica Radical acompañaron con su firma. También Vanina Cappelletti decidió ser parte del requerimiento.

La información que requieren los ediles apunta en principio a los “espacios acuáticos habilitados para la temporada 2024”. La respuesta está casi a la vista con solo recorrer la costa, salvo que también refieren a los natatorios de los cuales el del Tiro Federal es el único abierto al público por una modesta entrada.

Aún así preguntan: "Cuales son los balnearios fluviales habilitados para su uso público en la corriente temporada, como asimismo piletas o natatorios bajo la administración municipal. Situación de la playa habilitada en Obligado, vista su riesgosa proximidad con el profundo canal de navegación y la creciente actual", hasta allí como se dijo, los espacios recreativos y de destino turístico.

Luego consultan por la “frecuencia de realización de análisis de agua para la constatación de su pureza” y allí todos piensan en el agua para consumo humano; pero no, no se refieren a esa que desde mayo de 2020 no se publica en la página oficial y que es obligatorio, algo que intentaron solucionar una sola vez con la contratación de una muestra cuyos resultados se conocieron en mayo de 2023.

En lugar de esa pregunta, los concejales opositores se refieren a la "constatación de su pureza para las prácticas de inmersión deportivas y de esparcimiento en las mismas, refiriendo contenido certificado de la última inspección realizada por laboratorio habilitado. Misma información para las piletas o natatorios privados que se hayan habilitado".

Por último quieren que el Departamento Ejecutivo responda por la “Cantidad de Profesionales Guardavidas contratados por el Municipio y su distribución. Frecuencia de los controles vigentes en los ámbitos privados, para la verificación del Servicio de Guardavidas habilitados”.

Sin que nadie pida la palabra y con el voto de todos los concejales presentes, fue aprobada este miércoles en sesión extraordinaria la licencia que pidió la concejala de la UCR Paola Basso en la banca que ocupa desde 2021 para asumir por otra, que obtuvo en las elecciones 2023.

Aunque lo esperable era que renunciara a la primera para asumir la segunda, decidió pedir licencia, lo que la habilita a volver en caso de ser necesario, de manera tal que si Yanina Batalla, su suplente, tuviera que pedir licencia podría evitar la asunción del que sigue, que es Guillermo Sancho.

Basso pidió la palabra para “simplemente aclarar que este pedido de licencia tiene que ver con un acuerdo, un consenso con la presidencia de este bloque, es una cuestión meramente administrativa a los efectos de ordenar el acto de asunción del día sábado”.

La concejala dijo que “muchas veces no merece demasiada explicación un pedido de licencia, pero siempre hay personas malintencionadas que intentan sacar algún tipo de rédito, del que sea, con cuestiones que son meramente administrativas y que no hacen a las cuestiones fundamentales que suceden en San Pedro”.

Al igual que en la nota que presentó para pedir la licencia, en su alocución en el recinto Basso no ofreció justificativo alguno para la licencia, tal como ordena taxativamente la Ley Orgánica de las Municipalidades. Tampoco se la pidieron en la sesión ninguno de los otros 15 concejales presentes (Pelletier no estaba presente), quienes levantaron la mano para aprobarla sin emitir palabra alguna.

Aunque Basso consideró que no debe dar explicaciones, la revelación de La Opinión sobre la maniobra pergeñada por el radicalismo para tener la posibilidad de evitar que el concejal suplente del Pro Guillermo Sancho pudiera asumir ante una licencia de Yanina Batalla causó malestar en la comunidad, especialmente en qiuenes votaron al centenario partido como parte de Juntos por el Cambio.