Tras la presentación de los concejales de la oposición para que el presidente del Concejo, Martín Baraybar, garantice el orden en las sesiones, luego del escándalo en Santa Lucía, Martín Rivas también exigió al titular del cuerpo que tome medidas.

Este lunes, Rivas elevó una expediente en el que solicita preservar la grabación de la sesión y abrir actuaciones institucionales para esclarecer responsabilidades ante las amenazas y el intento de agresión que sufrió y que obligaron a interrumpir el desarrollo del tratamiento de los temas del orden del día.

En ese marco, junto a los concejales de su bloque, Consolidación Argentina, y elde Lafalce, pidió que se investiguen los incidentes, con especial atención en la conducta de Damián Mosquera, a quien Rivas también acusó penalmente de intento de agresión y amenazas.

También requiere un informe de Baraybar sobre las medidas de seguridad, las intervenciones durante los incidentes y las adoptadas una vez que tomó la decisión de levantar la sesión.

La presentación reclama que se evalúen medidas para resguardar a concejales, trabajadores y público en futuras sesiones, y que el Concejo informe qué documentación remitió a la Fiscalía en el marco de la causa penal en trámite.

Tras pedirle una reunión, que no se concretó, concejales de la oposición elevaron un reclamo formal al presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, para exigirle que adopte medidas que garanticen el orden en las sesiones y reuniones de comisión.

La nota fue presentada el viernes, a menos de una semana de la próxima sesión, primera luego del escándalo en Santa Lucía, donde hubo discusiones, gritos e intento de agresión por parte del público al concejal Martín Rivas.

Los ediles Basso, Mosquera, Santos (Nuevos Aires), Rey, Reynoso (San Pedro Puede), González y Panatteri (La Libertad Avanza) pidieron a Baraybar que garantice el normal desarrollo de la actividad legislativa.

Antes de la última sesión no hubo reunión de Labor Legislativa porque Rivas quiso filmar y a pesar de que le informaron que no se podía, insistió. 

Al otro día, en la sesión, con exclusión perimetral vigente entre él y Basso, hubo que levantar la sesión cuando Mosquera le pidió a Baraybar que llame al orden e intervino gente del público para increpar a Rivas.

En la nota, los concejales de la oposición atribuyen a Martín Rivas episodios de “violencia verbal, provocaciones, agravios”, así como “conductas de falta de respeto, maltrato y agresión” dentro del ámbito legislativo que, según señalan, son tolerados por Baraybar, a quien responsabilizan por no haber intervenido de manera efectiva ante esas situaciones.

Solicitaron al presidente que tome "medidas inmediatas y eficaces" para preservar el orden, hacer cumplir el Reglamento Interno y garantizar que todos los concejales puedan ejercer sus funciones.

Consideraron que conducir el cuerpo "exige una actuación activa, imparcial y oportuna" y que "la falta de intervención" por parte de Baraybar "debilitan la autoridad de la Presidencia y afectan el normal funcionamiento" del Concejo.

Cuando se levantó la sesión en Santa Lucía, Baraybar le dijo a La Opinión que él no era "el padre de los concejales ni su jefe" sino "solo el presidente" y que el resto de los ediles también tienen facultades para llamar al orden a sus pares.

Entre el viernes de la semana pasada, cuando la concejal Paola Basso presentó las denuncias por las constantes agresiones que recibe por parte del Concejal Martín Rivas y el martes de esta semana con las respuestas que ofreció el edil, todo el debate parece ceñido a cuestiones que solo atañen a los integrantes del cuerpo y no a la creciente necesidad de la sociedad para que se aborden los temas que más precupan, incluído el déficit municipal y la amenaza de medidas de fuerza en el marco de la negociación paritaria.

Desde que La Opinión dio a conocer que el promedio del costo de los sueldos de los concejales asciende a casi 3,7 millones de pesos para el año próximo la ciudadania volvió a tomar nota y queda en el ojo de la tormenta porque pese a las diferencias nadie se quejó frente a la propuesta de votar el máximo previsto por ley en sus propias remuneraciones.

A ello hay que agregar que el jueves llegarán a Santa Lucía con una grilla de expedientes que no ofrece grandes iniciativas pero que incluye cuatro expedientes que pretenden poner orden interno y recordarle al presidente del Cocejo que debe cumplir con el reglamento y garantizar el funcionamiento del cuerpo inlcuidas las grabaciones de cámaras de seguridad que permitan obtener el registro del comportamiento de los integrantes del cuerpo. 

Después de las discusiones que se desataron dentro y fuera de las últimas sesiones se observan los siguientes:

Denuncia por agresión física y verbal entre ediles (Expediente 5718/2026): Nota que denuncia formalmente un episodio de agresión protagonizado por concejales en dependencias municipales, solicitando la inmediata intervención del cuerpo deliberativo para evaluar lo sucedido.

Medidas institucionales de seguridad en el recinto (Expediente 5759/2026): Presentación que requiere la adopción de medidas institucionales concretas con el fin de garantizar tanto la seguridad de los presentes como el normal funcionamiento de las sesiones del cuerpo legislativo.

Preservación de grabaciones y actas oficiales (Expediente 5796/2026): Nota donde se solicita copia íntegra y el resguardo de los registros oficiales y audiovisuales de las últimas sesiones ordinarias para constatar expresiones y cruces acontecidos durante el debate legislativo.

Sanciones disciplinarias y cumplimiento del Reglamento Interno (Expediente 5797/2026): Solicitud formal para que la Presidencia del HCD tome intervención directa, haga cumplir el Reglamento Interno, determine las responsabilidades disciplinarias pertinentes y eleve un informe ante las faltas de conducta registradas entre pares.

La Opinión & Sin Galera reportarán todo lo que suceda en la localidad de Santa Lucía el próximo jueves también en su canal de YouTube y en el programa “Debates Ordinarios” que conduce el periodista Rafael Flaiman.

Tras la denuncia que radicó la edil Paola Basso a Martín Rivas por hostigamiento, la Justicia dictó una restricción de acercamiento de 200 metros en el ámbito privado.

Frente a esta situación, Rivas se defendió asegurando: "Rechazo totalmente haber ejercido violencia física o violencia motivada por razones de género contra la concejal".

Sobre el origen del conflicto, aclaró que las discusiones "tuvieron lugar en el marco de la actividad como concejales" y remarcó que "existe una secuencia administrativa previa y documentada dentro del HCD".

Respecto a las medidas dictadas por la Justicia, confirmó que hay "una medida preventiva que estoy cumpliendo estrictamente", aunque subrayó que ya ejerció su derecho a defensa aportando pruebas y que solicitó "judicialmente su revisión por las vías correspondientes".

Por último, Rivas advirtió que "la violencia de género es un asunto demasiado serio como para banalizarlo" y exigió que las denuncias se traten con responsabilidad.

"Voy a continuar ejerciendo mi función como concejal, respetando las decisiones judiciales vigentes y utilizando los mecanismos institucionales para plantear y resolver las diferencias", sentenció. 

La concejal Paola Basso denunció en la Comisaría de la Mujer a su par Martín Rivas por episodios de violencia, hostigamiento e intimidación. 

A raíz de la presentación judicial, el Juzgado de Paz dictó una serie de medidas cautelares —otra que se suma a la lista—para proteger a la edil, que incluyen el cese de los actos perturbatorios y una restricción de acercamiento.

Si bien el conflicto viene escalando, todo se precipitó en el cuarto intermedio de la sesión pasada del Concejo que tuvo lugar en el Club Talense de Río Tala el 24 de septiembre. 

Durante ese receso, Rivas se dirigió hacia Basso profiriendo insultos y gritos. Según contó la edil de Nuevos Aires al móvil de La Opinión, tras alejarse, regresó de manera abrupta, dijo que se le puso muy cerca del rostro, en una actitud amenazante, y le gritó "cachivache", entre otros agravios.

“Todos vieron con la agresión que me trató, es increíble lo que está sucediendo en este contexto”, dijo la concejal a este medio. 

La denuncia fue a raíz de ese hecho puntual en Río Tala, pero en su presentación en la Comisaría de la Mujer, la concejal enumeró una serie de hostigamientos que se vienen sucediendo desde hace meses contra ella y otros ediles.

El fallo judicial expone que la conducta de Rivas no se limitaba a expresiones aisladas. Basso denunció que el concejal la filmaba con su celular a escasos centímetros del rostro mientras la increpaba en las comisiones tratándola de "inmoral", "ridícula" y "estúpida". 

También lo acusó de montar "puestas en escena" en el patio del Concejo gritándole "Concejal Inmoral Basso" o hacer falsas acusaciones públicas a los gritos sobre su marido para intentar desacreditarla.

Tras evaluar la gravedad de los hechos, la perimetral fue dictada por el juzgado y establece parámetros tanto en el ámbito laboral como en el privado. 

Rige una medida perimetral de 5 metros de distancia en el ámbito del Concejo Deliberante para garantizar que Basso pueda seguir ejerciendo su labor legislativa.

Rivas no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de Basso ni a los lugares públicos o privados que ella frecuente.

Además, se le ordenó abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación, ya sea en persona o a través de redes sociales y teléfonos.

La medida tiene una vigencia inicial de dos meses (hasta el 29 de noviembre). Además, el Juez notificó al presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, para que adopte las medidas de seguridad internas necesarias. 

Por Javier Silva, abogado*

Un cruce verbal en una sesión del Concejo Deliberante derivó, pocos días después, en un proyecto de ordenanza que instaura un régimen de exámenes toxicológicos obligatorios y semestrales para el intendente, los concejales y todo el gabinete municipal, con el costo del análisis a cargo de cada examinado. 

La ocurrencia del origen no debería restarle seriedad al análisis, porque detrás de la anécdota de recinto hay una pregunta que interesa a cualquier ciudadano: hasta dónde puede llegar el Estado sobre el cuerpo y la vida privada de una persona.

La regla de oro

El artículo 19 de la Constitución Nacional contiene dos principios que se sostienen mutuamente. El primero protege la autonomía personal: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados." El segundo consagra la legalidad: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe." Entre ambos delimitan una frontera que ningún poder público, ni siquiera uno tan cercano como un Concejo Deliberante, puede correr por decreto.

Los derechos no son absolutos

Se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por eso el Estado controla a quien conduce un vehículo, pilotea un avión, maneja un colectivo, opera maquinaria pesada o porta un arma reglamentaria. Esos controles comparten tres rasgos: existe un riesgo físico, concreto e inmediato para terceros; se ejercen en el momento mismo de la actividad riesgosa; y evalúan la aptitud para realizarla en ese instante, no la vida privada de quien la realiza. Al conductor se lo controla en la ruta, nunca en su casa un sábado a la noche.

Lo que el proyecto no resuelve

Un test de orina detecta rastros de consumo, no un estado de intoxicación presente. El propio texto de la ordenanza lo admite: reconoce que la sola detección de una sustancia no permite concluir que la persona estuviera intoxicada al momento de ejercer sus funciones. Si el examen no mide la aptitud para el cargo, entonces lo único que termina midiendo es una conducta privada ajena al ejercicio de la función, que es exactamente la zona que el artículo 19 reserva a cada individuo. La Corte Suprema lo estableció en "Bazterrica" (1986) y lo ratificó, tras un breve retroceso, en "Arriola" (2009).

A eso se suman otros cuatro problemas, ninguno menor:

La presunción invertida. El proyecto equipara la negativa a someterse al examen con un resultado positivo. Quien decide no entregar una muestra de su cuerpo queda, por esa sola decisión, presumido culpable.

La carga económica. El costo del análisis recae sobre el examinado, aunque el control lo impone el propio Estado que lo reglamenta.

La estabilidad de los cargos electivos. El intendente y los concejales derivan su legitimidad del voto popular, y las causales de remoción están taxativamente fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Que una ordenanza local pretenda ampliarlas por vía indirecta es, cuanto menos, jurídicamente audaz.

La confidencialidad de papel. Un dato de salud es difícil de proteger en cualquier administración, y más aún en una comunidad donde todos nos conocemos.

Nada de esto implica que la función pública sea zona liberada. Quien ejerce un cargo bajo los efectos de una sustancia incurre en una falta grave, y para eso ya existen el régimen disciplinario, la Ley Orgánica y, llegado el caso, la Justicia. Y nada le impide, hoy mismo, a cualquier funcionario hacerse un análisis voluntario y publicarlo, si quiere dar el ejemplo.

Lo que San Pedro espera

Mientras el Concejo discute frascos de orina, los vecinos siguen esperando respuesta a urgencias bastante más concretas. Los sampedrinos no eligieron a sus concejales para que se analicen entre ellos, sino para que los representen, legislen con seriedad y controlen la gestión.

La idoneidad no se acredita con un certificado de laboratorio: se presume en quien acepta ejercer una función pública, tal como lo exige el artículo 16 de la Constitución Nacional. "Honorable" está escrito en la puerta del Concejo, pero es la conducta cotidiana de sus integrantes la que le da sentido a esa palabra.

 *El autor es abogado y fue secretario de Gobierno  y de Obras Públicas de la Municipalidad en distintas gestiones.

Tras el insólito cruce que tuvo lugar en la última sesión, cuando Paola Basso dijo que Martín Rivas había pronunciado la frase "la bolsa que me voy a tomar esta noche" mientras Soledad Llull hacía uso de la palabra durante el tratamiento de un proyecto relacionado con la entrega de bolsas de polietileno en comercios, el concejal de Consolidación Argentina hizo un planteo para que se aborde la cuestión disciplinaria.

Rivas elevó dos notas a la presidencia. En una solicitó que se le entregue copias de audio, video y de la versión taquigráfica de la última sesión, en la que ocurrió en insólito cruce, y en la otra pidió a Baraybar que evalúe si amerita poner en marcha mecanismos de sanción contra Basso.

El planteo de Rivas pone en debate las herramientas previstas en el reglamento para sancionar actitudes de los concejales cuando se extralimiten en la manera en la que se dirigen a sus pares, algo que en esta composición del cuerpo ya tuvo varios episodios, algunos de ellos con el propio concejal como protagonista señalado.

"Se me atribuyeron públicamente expresiones que rechazo en forma expresa y categórica haber pronunciado", dijo Rivas y anunció que evaluará "con el debido asesoramiento profesional, las acciones institucionales y/o legales que eventualmente pudieran corresponder en resguardo de mis derechos".

El edil de Consolidación Argentina elevó un "reclamo formal de observancia del Reglamento Interno" del Concejo para que se determinen "las responsabilidades institucionales y disciplinarias que pudieran corresponder" respecto de lo que dijo Paola Basso en la sesión en Gobernador Castro.

Pidió expresamente que se determine si "configura un supuesto de desorden de conducta en el ejercicio de las funciones", en cuyo caso deberá analizarse la "eventual responsabilidad disciplinaria" y la "aplicación de las medidas o sanciones que correspondan".

En ese marco, el mismo concejal a cuyo bloque la Presidencia le perdonó la aplicación del reglamento interno cuando faltaron sin justificación y deberían haberle descontado la mitad de la dieta, requirió a Baraybar que "informe las medidas adoptadas durante la sesión frente a las manifestaciones aquí cuestionadas".

Además, solicita saber "las razones por las cuales no se habría aplicado —de así surgir de los registros oficiales— el procedimiento contemplado" por el reglamento interno, que establece mecanismos para que el presidente llame al orden ante “alusiones personales, insultos o interrupciones reiteradas”, algo en lo que Baraybar es habitaualmente flexible, incluso con el propio Rivas.

"Niego de manera expresa, absoluta y categórica haber pronunciado dicha expresión", sostuvo Rivas sobre la frase "la bolsa que me voy a tomar esta noche".

El planteo del concejal está relacionado con que lo que dijo Basso no estuvo vinculado a diferencias políticas o de mirada respecto del proyecto que estaba en tratamiento, sino que fue un "perjuicio que excede ampliamente el normal intercambio propio del debate político".

Recordó Rivas que en la sesión de La Tosquera Basso lo había señalado en una alocución como uno de los concejales que "denostan constantemente al resto de los integrantes de los distintos bloques con insultos, con violencia verbal, con violencia física incluso, de la hemos sido testigos" y lo acusó de pegarle "una cachetada al concejal Rey".

"Dicha agresión no ocurrió", volvió a a sostener Rivas y consideró que la situación no es "un episodio circunstancial o un exceso verbal producido al calor de un debate" sino que amerita analizar "si existe una reiteración de conductas consistentes en introducir imputaciones personales contra otro integrante del Cuerpo, atribuyéndole hechos o expresiones susceptibles de afectar su honor, reputación y consideración pública".

Rivas pidió establecer si Baraybar consideró que las palabras de Basso fueron una "alusión personal o falta al orden" y si, en ese marco, aplicó el procedimiento previsto para llamarle la atención.

"Una afirmación falsa atribuida públicamente a un concejal no afecta únicamente al destinatario. Afecta la credibilidad del Concejo Deliberante como institución", aseguró Martín Rivas.

Consideró, además, que "la gravedad resulta mayor cuando la expresión atribuida involucra una problemática social tan sensible como los consumos problemáticos, que no deberían ser utilizados como mecanismo de burla, insinuación o descalificación política".

El Concejo Deliberante sesionó este jueves en Gobernador Castro, en el marco del tour por las localidades que prevé que los concejales recorran delegaciones y subdelegaciones municipales.

Uno de los momentos más llamativos tuvo lugar cuando debatían un proyecto del bloque Nuevos Aires relacionado con la aplicación de la ordenanza que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en los comercios.

Belén Santos defendió el proyecto, Rivas lo criticó y Soledad Llull terció para mocionar su pase a comisión para seguir el debate en ese ámbito.

En ese marco, Paola Basso pidió la palabra para asegurar que el concejal Martín Rivas había dicho, fuera de micrófono y mientras hablaba Llull "la bolsa que me voy a tomar esta noche".

"Me gustaría, señor presidente, que le pida al concejal Rivas que repita lo que acaba de decir porque la verdad que ya esto es bastante complicado. Acaba de decir 'la bolsa que me voy a tomar esta noche', si no escuché mal. ¿Vos escuchaste eso? Todos escuchamos eso", disparó.

Cuando Baso pronunció la frase, Rivas y De Rosa cuestionaron a la concejala radical. Rivas la trató de "maleducada" y de "mentirosa", a lo que Basso respondió: "No lo escuché yo sola".

Rivas pidió en sesión que conste su solicitud de la grabación y advirtió que accionará legalmente contra Paola Basso. "Prefiere venir a traer discordia, a embarrar la cancha, porque no puede traer un proyecto como la gente", cuestionó el edil de Consolidación Argentina.

"La hipocresía no la voy a aceptar. Los insultos y las mentiras que trae a este recinto sesión a sesión para no hablar de política y de soluciones, no lo voy a aceptar", dijo Rivas, que llamó a la radical "Basso de Chediak" y aseguró que "le duele mucho ser la viuda del Concejo y no haber sido presidente" del cuerpo.

En el transcurso de la última sesión del Concejo Deliberante, la concejala Paola Basso, integrante del bloque opositor Nuevos Aires, aseguró que Martín Rivas le pegó a Ariel Rey.

La edila radical hizo alusión al episodio que ambos concejales protagonizaron antes de la sesión del 28 de mayo, cuando analizaban documentación para la Rendición de Cuentas en la Secretaría de Economía.

"Me propinó un golpe de puño en la cara", dijo ese día Rey, antes de radicar la denuncia penal en Fiscalía. Rivas, por su parte, reconoció que habían discutido, pero sostuvo que no golpeó al concejal de San Pedro Puede.

Tras el episodio, Rey calificó a Rivas de "cobarde" y de estar "pago para hacer esto". El de Consolidación Argentina, por su parte, dijo que el de San Pedro Puede "es un maleducado" y que discutieron porque no había permitido que le "falte el respeto".

El jueves pasado, en La Tosquera,  medio del debate por las irregularidades de un dictamen que fue cambiado sin cumplir con los pasos que corresponde, Basso aseguró que fue testigo del golpe.

“Hay concejales que se arrogan facultades extraordinarias de grandes legisladores y denostan constantemente al resto de los integrantes de los distintos bloques con insultos, con violencia verbal, con violencia física incluso, de la que hemos sido testigos”, señaló.

En ese marco, mientras Rivas decía cosas fuera de micrófono —no está permitido que los concejales hablen mientras otro hace uso de la palabra—, Basso lo acusó directamente.

“Sí, física, concejal Rivas: usted le pegó una cachetada al concejal Rey adelante mío, así que no me lo va a negar”, disparó la radical.

Rivas le dijo que si eso era así debería estar en la Justicia, a lo que Basso respondió que ella no había sido agredida y que entendía que el caso había sido judicializado.

Rey y Rivas tienen diferencias que datan de cuando ambos compartieron lista en 2023, elecciones en las que el primero quedó a 2600 votos del intendente y el segundo entró como primer concejal de esa boleta, aunque ya no trabajaban juntos. En esa lista también estaban Paola Basso y Diego Lafalce.

A poco de que Rey ganara las elecciones 2025 para ocupar una banca en el Concejo, hubo denuncias cruzadas entre sus asesores y Rivas por presuntas agresiones físicas.

Rivas protagonizó otro altercado a fines de julio, cuando referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales encabezaban una protesta afuera de la Municipalidad. 

Producto de esa situación, el concejal denunció penalmente un intento de agresión del dirigente Sergio “Gallina” Leiva, que milita en el espacio de Rey.

El Concejo Deliberante atravesó en las últimas horas un nuevo escándalo generado a partir de la modificación fuera de comisión del dictamen de un expediente, una situación que para la oposición podría configurar el delito de adulteración de documentación pública, por lo que analizan denunciar el caso en la Justicia.

Todo comenzó cuando los concejales Martín Rivas (Consolidación Argentina) y Diego Lafalce (La Libertad Avanza) anunciaron que “obtuvo nuevo dictamen el proyecto que presentamos” para “incorporar el voto de los vecinos de las localidades en la selección de sus delegados municipales”.

El expediente había sido dictaminado el martes 18 de agosto, tal y como había sido presentado. En ese momento, La Opinión advirtió que así como estaba redactado tenía puntos que entraban en conflicto con la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y la Constitución provincial.

Adentro del Concejo también hubo quienes lo advirtieron. Incluso concejales con mandato cumplido y ediles en uso de licencia llamaron la atención respecto del proyecto, que luego fue modificado aunque sin pasar por los procedimientos previstos.

En el orden del día para la sesión de este jueves en La Tosquera apareció un dictamen nuevo, que modificó esos puntos que chocaban con la LOM. Tiene fecha el 21 de agosto, que fue el viernes. Pero las reuniones de comisión de Peticiones, donde estaba el expediente, son los martes.

La Opinión consultó a los integrantes de esa comisión y ninguno estaba al tanto de un dictamen nuevo. De hecho, en la reunión de este martes no habían tratado más expedientes que el de Ashira, con Borgo y Porta, y el de recupero de obras sociales del Hospital, con la presencia de José Herbas.

Sin embargo, el orden del día tenía un dictamen distinto al original. Este martes, en Labor Legislativa, la oposición hizo un planteo porque entendían que la modificación se habría hecho de manera irregular con anuencia del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.

En esa reunión pasaron al menos tres cosas relevantes, de acuerdo a lo que pudo reconstruir La Opiníón: Baraybar habría dado a entender que tenía responsabilidades en lo ocurrido; Paola Basso, Ariel Rey y Joaquín González se retiraron antes, ofuscados; y los que quedaron decidieron reemplazar el dictamen modificado por el original, por lo que para el tratamiento de este jueves aprecería el primero.

Cuando en la reunión de Labor Legislativa Basso pidió explicaciones sobre lo ocurrido y Baraybar comenzaba a darlas, Rivas sacó su celular y comenzó a filmar, por lo que todo se convirtió en un caos. Desde afuera, los empleados del Concejo escuchaban los gritos sin comprender qué estaba pasando.

El concejal de La Libertad Avanza Joaquín González dijo a este medio que Baraybar "dio a entender que él lo había autorizado; lo podrá negar, pero van a tener que dar explicaciones" y adelantó que las pedirán en sesión cuando se trate el expediente.  

"Paola (Basso) hizo un planteo y Rivas sacó el celular para filmar, así que nos fuimos", indicó. Basso confirmó a La Opinión que los hechos sucedieron de esa manera, al igual que Ariel Rey.

"Noté que Baraybar estaba preocupado", dijo Rey y señaló que no alcanzó a escuchar las explicaciones del presidente del cuerpo porque la situación se desmadró en discusión. "Rivas la increpó a Paola, ella se enojó y le exigió a Baraybar que ponga orden, y nos fuimos", indicó.

Rey confirmó que durante la sesión harán un planteo por lo ocurrido con el dictamen y advirtió que en su equipo están analizando los alcances del tema por si amerita, como también sugirió González, alguna presentación judicial.

Por su parte, Paola Basso dijo que tras la reunión de Labor Legislativa le informaron que la decisión fue quitar del orden del día el dictamen modificado y reponer el original.

La concejala radical consideró "increíble" lo sucedido y cuestionó al presidente, Martín Baraybar, porque sería quien permitió que Rivas modificara el dictamen sin haber pasado por el procedimiento formal de la comisión.

Sobre lo ocurrido en Labor Legislativa, Martín Rivas dijo a La Opinión que había propuesto "generar registro para que queden sus argumentos sobre el reglamento y la LOM", en alusión a Paola Basso, y que ella "se enojó y se fue gritando con Rey".

Además, consideró que "quieren sacar el foco de la discusión de la elección de delegados". Sobre el conflicto con el dictamen, dijo que "quieren hacerlo, no tienen con qué".

Consultado respecto de qué expediente finalmente será tratado en sesión, señaló: “En el orden del dia que firma el presidente y nos entregan está el que tiene que ir, el actualizado”.

"Es una discusión secundaria y mínima, lo podemos modificar en el recinto", dijo y consideró: "No hay nada que diga en qué horario podés hacer modificaciones de tus propios dictámenes, es simplemente querer embarrar la cancha para sacar el foco del proyecto, que tiene buen ejercicio en otros distritos".

Rivas minimizó el problema y aseguró: "No tienen argumentos, entonces se hacen los enojados. Como mucho, se demorará un rato más la sesión". 

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión un nuevo pedido de informe relacionado con la obra clausurada del edificio en construcción en Salta al 400.

El proyecto había ingresado antes de que los ediles del bloque Nuevos Aires radicaran una denuncia penal contra el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, por “posibles hechos de corrupción” ante el caso.

En el expediente, la bancada que preside Paola Basso solicita al Gobierno que informe con detalle y documentación las actuaciones administrativas que se llevaron adelante desde el día uno.

Esto implica todo lo relacionado con las actas de clausura, que de acuerdo a lo que informó Brañas en la comisión y los hechos subsiguientes deberían ser tres, la primera del cuarto piso y las otras dos, generales.

El proyecto motivó debate en sesión, con chicanas del concejal Martín Rivas hacia Paola Basso que incluyeron alusiones a la condición de arquitecto de su marido, el exdirector de Planeamiento municipal y expresidente de la UCR Diego Chediak.

El bloque de Rivas, que completan Mauro de Rosa y Fernando Negrete, y Diego Lafalce solicitaron abstenerse de votar, lo que Basso calificó de "acto de cobardía" y desató los cruces.

Finalmente, con el acompañamiento del oficialismo, La Libertad Avanza y el bloque de Rey, Nuevos Aires logró aprobar por unanimidad el expediente, votado por 14 ediles y con cuatro abstenciones.

El momento de la abstención generó un entuerto que tuvo que dirimirse en cuarto intermedio, porque el presidente Martín Baraybar dispuso la votación en conjunto de la moción.

Los ediles que solicitan abstenerse no pueden votar su propia abstención, pero además la solicitud debe ser mocionada por separado por cada uno de ellos y votada de esa manera, lo que finalmente hicieron tras el cuarto intermedio para resolver la situación y pasar a la votación del expediente.

El Concejo Deliberante recibió el lunes al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, en el marco del pedido de informes elevado por el bloque Nuevos Aires respecto de un edificio en construcción que no cumple con la normativa vigente.

Brañas confirmó a los ediles, y así quedó plasmado en el acta de la reunión, que el edificio de departamentos que se construye en Salta al 400, a la vuelta de su Secretaría, "está pasado" de metros, como advirtieron la concejala Paola Basso y sus compañeros de bloque.

El arquitecto a cargo de Obras Públicas informó a la comisión que en su área hay dos planos presentados: uno con tres pisos y 597 metros cuadrados, que cumple con la normativa; y otro con más de 900 m2 y cuatro pisos, una dimensión no permitida en esa zona por la San Pedro 2000.

Ese segundo plano no tiene autorización, aunque Brañas manifestó en la reunión que tiene un "sello de aprobado, pero no tiene firma", informó a La Opinión Paola Basso, consultada al respecto.

En ese marco, el acta contiene que Brañas dijo que "clausuraron la obra", aunque solo "el cuarto piso", por lo que en el resto se puede ver que a diario siguen trabajando. De hecho, mientras ocurría la reunión, el tránsito estaba cortado porque estaban bajando ladrillos.

De la reunión participó el arquitecto Santiago Barcelo, en representación del Colegio de profesionales. Consultado por La Opinión, dijo que "hay un pedido de ampliación" y que entiende que el Ejecutivo deberá decidir qué camino tomar.

Para aprobar una ampliación como la que aparece en el segundo plano, el que tiene el sello de "aprobado" pero no la firma autorizada, el proyecto necesita una excepción  del Concejo Deliberante.

La cara visible en Obras Públicas para el expediente fue la arquitecta Liliana Morresi, la misma que presentó los pedidos de excepción a la San Pedro 2000 para construir torres de departamentos en los edificios históricos de Belgrano y Balcarce y de Pellegrini e Yrigoyen.

Durante la reunión, el secretario de Obras Públicas habló de la posibilidad de imponer multa por el piso de más que construyeron. 

Basso fue tajante y exigió que lo pongan en el acta: "Yo pedí la demolición", dijo y explicó que es absolutamente factible porque el cuarto piso sólo tiene las columnas.

Durante el debate en comisión, la concejala hizo un cálculo rápido: si el piso de más tiene cuatro departamentos que se pueden comercializar desde alrededor de 70 mil dólares, no hay multa que haga mella a los desarrolladores. Por ello planteó la demolición y exigió que sea evaluada a conciencia.

El Concejo Deliberante tiene para tratar un pedido de informe elevado la semana pasada por el bloque Nuevos Aires, que preside Paola Basso, relacionado con la obra en construcción de un edificio de departamentos.

El expediente fue pasado a comisión en la sesión de este jueves porque el oficialismo decidió, como hace habitualmente con este tipo de proyectos, que en lugar de que el Gobierno responda por escrito vaya un funcionario a dar explicaciones a los ediles.

En el proyecto, los ediles advierten que la obra "a simple vista supera la altura máxima" permitida en la zona, ya que "cuenta con planta baja y cuatro pisos, por lo que su altura aproximada rondaría los 15 metros".

Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera señalaron en el expediente que la altura  máxima permitida en esa zona es de 12 metros y que ya no rige, desde septiembre del año pasado, la autorización para superarla cuando la planta baja se desarrolle como "libre", es decir sin más edificación que la que suele utilizarse como cocheras.

"El Concejo Deliberante no ha aprobado excepciones a la norma en relación a ese predio", advirtieron en el proyecto y elevaron una serie de puntos para que el Gobierno responda.

En el pedido de informe solicitan copia de los planos; profesional a cargo de la obra; profesional que aprobó el plano; personal asignado a la inspección; y funcionario responsable.

Durante la sesión especial en la que el oficialismo y sus aliados aprobaron la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del intendente Cecilio Salazar, la única que expuso un análisis del expediente desde la oposición fue la concejala de Nuevos Aires, Paola Basso.

Mientras Ariel Rey (San Pedro Puede) y Joaquín González (La Libertad Avanza) eligieron discursos cortos —cuatro minutos y medio el primero; dos minutos y cuarto el segundo—, Basso se tomó casi media hora para exponer una gran cantidad de detalles que encontró en las casi mil páginas del expediente y en la información complementaria que solicitó al Gobierno.

En relación al déficit, destacó que tanto el presupuesto aprobado como los gastos devengados superaron ampliamente lo del año 2024, incluso por encima de la inflación registrada.

Como advirtió La Opinión en su primer análisis de la Rendición de Cuentas apenas fue presentada, Basso puso de relieve que se gastó casi el 92 por ciento de los recursos de libre disponibilidad en pagar sueldos.

“El año pasado había insumido en el 70 por ciento”, dijo y señaló: "Jamás vi una cosa igual, un disparate". En ese sentido, cuestionó que hay una gran cantidad de áreas "superpobladas en un municipio quebrado".

Basso detectó que en 2025, año electoral, el Municipio registró el ingreso de 65 nuevos empleados, de los cuales 42 reemplazaron a jubilados y 26 fueron incorporaciones "puras".

En ese marco, cuestionó los "decretos reservados", entre los que figuran, justamente, los nombramientos de empleados: "Para que no nos enteremos o quiénes son o cuántos son".

Entre esos decretos que el Gobierno decidió no publicar en el Boletín Oficial como si fueran "secreto de Estado" aparecen bonificaciones a funcionarios políticos, lo que llamó la atención de la concejala opositora.

Puso como ejemplo que Pablo Vlaeminck, cuando terminó su mandato de concejal y fue acomodado para que no se quede sin trabajo en la Dirección de Centros de Salud fue beneficiado con una bonificación del 70 por ciento sobre el sueldo, cuando hasta el momento los funcionarios siempre cobraron el 50 %, con algunas excepciones muy puntales.

Otro que recibió el 70 por ciento de bonificación al ingresar como funcionario fue el nuevo director administrativo del Hospital, Andrés Filón, quien no reemplazó a nadie, porque los que se ocupaban de las tareas que él hace siguen como funcionarios, pero en otras áreas.

También recibieron el 70 por ciento de bonificación el entonces director de Presupuesto Marcelo Delbene, y el director de Rentas, Christian Rial, reveló Basso.

Además, cuestionó el hallazgo de un decreto reservado mediante el que se le otorgó un 35 por ciento en concepto de premio por conducción a un empleado municipal cuya tarea es la de ser "chofer del secretario de Seguridad", Eduardo Álvarez.

"Es escandaloso, el secretario de Seguridad tiene chofer y hace un mes dijo que no tenía decibelímetro, que no tenía alcoholímetro", señaló Basso y recordó que ese 35 % es el máximo de bonificación para conductores de vehículos, destinada a quienes "manejan grúas, máquinas viales, ambulancias".

De la misma manera, cuestionó la bonificación por "bloqueo de título" del arquitecto Mariano Brañas, secretario de Obras Públicas. "Jamás en la historia se pagó", aseguró. Brañas es uno de los funcionarios de mayor sueldo en el gabinete, lo que provocó resquemores entre algunos de sus compañeros.

También se refirió a la bonificación que percibieron el año pasado las titulares de la Secretaría de Salud, María Vargas hasta septiembre e Isabel Carrasco desde octubre, que alcanzó "el doble, prácticamente, un 200 por ciento", dijo.

Basso destacó que los sueldos de los jefes del área de Salud —secretaria, directores de hospitales y otros funcionarios— explican el promedio elevado de los salarios médicos.

"Los directivos, los jefes, los políticos: si nos preguntábamos dónde estaba la plata", disparó tras señalar que "la secretaria de Salud habló de lo que cobran los médicos".

"Qué barbaridad decirle a los médicos decir que los médicos cobran 4 millones y vos sola capaz que te llevás 10, se me caería la cara de vergüenza", enfatizó.

En Salud, a su vez, señaló que hay alrededor de 100 personas que trabajan vía contrato de locación de servicios, entre los que destacó el caso de un profesional que hace guardias y "firmó un contrato que 33,5 millones de pesos en el año".

Entre los detalles que reveló figura que el Hospital insumió el 95 por ciento de los alrededor de 70 millones de pesos que se gastaron en carne. "Cuando preguntamos dicen que es para los internados y los médicos de guardia, cuándo estamos cansados de escuchar las quejas", indicó.

Otro de los datos que reveló fue que se pagaron 32 millones de pesos para arreglar el desobstructor, pero desde Servicios Públicos le dijeron que todavía estaban en proceso de rectificación del motor por lo que el camión municipal sigue sin estar operativo.

Los gastos en concepto de "otros" que aparecen en las readecuaciones presupuestarias hay 71 millones de la Secretaría de Modernización que conducía Luciano Arias; 195 millones en el Hospital; 270 millones en Cultura; 29 millones en Jefatura de Gabinete; 316 millones para Servicios Públicos; 105 millones en Economía. "No sabemos qué serían, pero están ahí", dijo.

"Otra cosa que me llamó la atención es que en arcilla, arena, cal y cemento, Modernización tenía 45 millones; Economía, 79 millones; Hospital, 86 millones. Servicios Públicos, cero. Le podrían haber prestado algo al pobre Devito, que estaba tapando baches con tierra", ironizó Paola Basso.

Sobre la situación deficitaria, destacó que ante un contexto de baja cobrabilidad y "enorme gasto", el intendente "está atado de pies y manos" y se preguntó: "No sé qué vamos a hacer".

En ese marco, lanzó el cuestionamiento a los integrantes del gabinete: "Es lamentable, triste; me parece que están faltando funcionarios que en vez de pensar en aumentarse el sueldo y acomodar familiares que piensen en el desarrollo en la ciudad".

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el pedido de informe presentado por el bloque Nuevos Aires en el que solicitaron una serie de puntos relacionados con el traspaso a manos del Municipio de la gestión de la nueva Terminal de Ómnibus.

Los ediles Basso, Mosquera y Santos solicitaron que, con arreglo a la firma del convenio con San Pedro Farm en enero pasado, el Ejecutivo remita copia del acuerdo, plan de obras, partidas presupuestarias asignadas , entre otros ítems.

Soledad Lllull, que preside el bloque oficialista Unión por la Patria y es ahora la vocera de Salazar en el Concejo, destacó la preocupación del intendente respecto del tema y las tareas emprendidas para resolver la problemática ante el incumplimiento de la empresa.

Confirmó que los puntos señalados por Nuevos Aires en el expediente serán respondidos por el Ejecutivo y puso de relieve el cambio que significó para los usuarios de la nueva Terminal el traspaso a manos municipales.

El resto de los bloques del Concejo Deliberante acompañó la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en el recinto este jueves, durante la primera sesión ordinaria del año.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves en sesión la propuesta de la UCR para pedirle al Ejecutivo que controle el peso de camiones areneros en la ruta 1001, tras la obra de repavimentación de ese camino, segunda en menos de 10 años.

El expediente fue aprobado con 14 votos a favor y cuatro en contra, emitidos por los ediles del "interbloque" —así lo denominaron ellos— opositor que conforman Martín Rivas, Diego Lafalce, Mauro de Rosa y Fernando Negrete.

Durante la votación hubo debate y cruces entre Rivas, Lafalce y la presidenta de la bancada radical, Paola Basso, que dijo estar "indignada" por lo planteado por quienes se opusieron al proyecto.

Antes de ese intercambio, Yanina Batalla fue la vocera del expediente. "Pensamos en este proyecto porque recientemente se hizo el arreglo de la ruta 1001 y se viene notando que ese acceso se rompe rápidamente", dijo.

"No se están haciendo los controles de peso de los camiones areneros. Además de la rotura de pavimento, esto ocasiona accidentes y la pérdida de vidas", agregó. Ese fue uno de los puntos en discusión.

"Este proyecto parece bien intencionado, pero desde lo técnico es inviable y desde lo jurídico es incorrecto", disparo Rivas. Dijo que circula mucha producción, vecinos, turistas y que "no es justo ni serio atribuirle a los camiones areneros la total responsabilidad por los accidentes y la rotura de la calzada".

"La ruta no se rompe por los camiones, sino porque estaba mal construida. Tampoco es cierto que el Municipio pueda salir a controlar el pesaje", aseguró el edil, que puso, así, en debate una práctica habitual de los municipios a lo largo y ancho del país.

"El deterioro de estas rutas se fue dando por fallas estructurales", dijo Lafalce y consideró que "endilgarle responsabilidad directa a las areneras o los camiones areneros es un poco absolutista" (SIC), antes de mocionar para enviar el expediente a comisión, lo que fue rechazado.

"No se si han confundido los términos o no leyeron bien el proyecto", cuestionó Basso y aseguró: "De ninguna manera estamos en contra de las areneras y de las generadoras de trabajo, de lo que no estamos a favor es de la sobrecarga y del beneficio exclusivo a costa de los ciudadanos".

"A menos que haya personas acá que tengan intereses muy puntuales con las areneras, yo no los tengo, estamos para hacer cumplir las normas", disparó y agregó: "Estoy indignada, más que sorprendida, con tanto nivel de inoperancia y ridiculez".

"No se indigne, no se enoje ni tergiverse. Me parece un montón tener que explicarle a una abogada que si tiene pruebas de que la gente se ha lastimado o ha habido muertos producto de la arena, es a la Fiscalía donde tiene que concurrir, urgentemente", contraatacó Rivas.

A ello, se sumí luego Lafalce: "Cuando considere que hay intereses creados y tenga pruebas para hacer semejante acusación hay un lugar en calle Belgrano que se llama Fiscalía, vaya y denuncie".

Para terminar con el debate y pasar a votar, Juan Cruz González pidió la palabra y dijo que era importante centrarse en el fondo del proyecto, relacionado con los controles, algo que su bloque acompañó, lo que fue decisivo para aprobarlo.

El 10 de diciembre asumirán los concejales electos el 7 de septiembre y la composición del cuerpo deliberativo local cambiará de manera significativa. 

Por primera vez desde que es intendente, Cecilio Salazar perderá la mayoría, lo que implica que está en riesgo la continuidad del oficialismo al frente de la conducción del Concejo.

Fuerza Patria será la primera minoría, con siete ediles, y propondrá a Candelaria Cuscuela como presidenta para los próximos dos años. Martín Baraybar, que será el conductor del bloque, está a cargo de conseguir los votos.

Porque no alcanzan y deberán buscar aliados. Necesitan tres, ya que la presidencia de la asamblea legislativa inaugural la tendrá a su cargo Ariel Rey, concejal electo de mayor edad de la lista ganadora, es decir que un eventual desempate quedará en su poder.

En la oposición, la rosca está en marcha y es compleja. Hay al menos tres nombres que sonaron en diversas reuniones y conversaciones entre actores de la política local para ocupar el sillón que dejará vacante Pablo Vlaeminck, que en la rosca oficialista aparece como destinatario de alguno —el que sea— de los cargos disponibles. 

Salazar tendrá siete votos propios. Es la misma cantidad de concejales que lograron las boletas que encabezó Ariel Rey, aunque su conducción es firme y absoluta sobre apenas dos votos, el propio y el de Mariana Reynoso.  El resto es todo materia de negociación, debate y rosca, mucha rosca.

Los radicales en Nuevos Aires impulsan a Paola Basso para la presidencia del Concejo. En diciembre cumplirá cuatro años como concejala y le quedan otros dos porque obtuvo una banca  a mitad de mandato.

Es de las más experimentadas del cuerpo, tiene un perfil conciliador y cuenta con el respaldo de Alejandro Donatti y Martín Pando, que conocen muy bien el funcionamiento administrativo del HCD  y el modo en que las roscas políticas se ponen en marcha, como la que ocupa a esta nota.

Pero tiene apenas tres votos: ella, Damián Mosquera y Belén Santos. Hay quienes dicen que La Libertad Avanza y Ariel Rey, que podrían ya no ser lo mismo a esta altura, estarían dispuestos a acompañar, aunque todo está muy crudo: faltan más de dos meses.

En La Libertad Avanza de Luis Silva y Analía Corvino tienen un nombre para la negociación por la conducción del cuerpo legislativo local en manos de la oposición: Joaquín González. 

El joven abogado que resultó electo en el tercer lugar también podría ser propuesto como presidente del cuerpo mientras conversan, aunque el objetivo final sería que presida el bloque que representará a Milei en San Pedro desde diciembre.

En San Pedro Puede, la agrupación vecinalista proveniente del PRO con la que Ariel Rey confluyó en La Libertad Avanza, además de tener sobre la mesa el análisis de la posibilidad de que Basso conduzca el cuerpo, hay quienes retomaron el viejo plan de proponer a Mauro de Rosa, algo que alguna vez charlaron puertas adentro.

Pero el concejal electo por LLA en la lista de Ramón Salazar en 2023 abandonó el armado mileísta antes de las elecciones del 7 de septiembre y junto a Fernando Negrete conformó un bloque que se llama "Vecinos de San Pedro". 

Sin paraguas político ni laderos visibles, es difícil que De Rosa pueda conducir el HCD, aunque su nombre suena. Por las dudas en Pellegrini al 900 ya golpearon el escritorio para gritar que "Roma no paga traidores".

Candelaria Cuscuela, desde el oficialismo, tiene un camino cuesta arriba para reunir los votos. No sólo en la bancada de enfrente: de los siete con los que cuentan  en el oficialismo podría haber alguno en duda.

Así como los violetas puros no están dispuestos a votar a De Rosa como prenda de unidad, en Fuerza Patria habría quien tampoco quiere votar a Cuscuela. Ni por disciplina partidaria.

Si finalmente Basso reúne apoyo de Rey, Panatteri, González y Reynoso, empataría los siete de Cuscuela, entre los que inicialmente se cuenta ese voto en duda.

Aunque Diego Lafalce tiene el nombre La Libertad Avanza hasta diciembre, en Fuerza Patria confían en que su "tendencia a respetar la gobernabilidad" —así califican su acompañamiento habitual en las votaciones— lo incline a apoyar al oficialismo.

Martín Rivas tienen un voto valioso y escucha atento lo que la rosca enrosca a su alrededor. Su rol como principal opositor dentro del Concejo en los dos años que lleva como edil hacen pensar que no acompañaría al oficialismo. Habrá que ver si quiere respaldar a Basso.

En ese esquema, De Rosa y Negrete son los votos que importan. Si votan a Basso, será presidenta. Si votan a Cuscuela, será ella. 

Aunque si ellos y Lafalce acompañan a Fuerza Patria, pero aparece un voto díscolo en el oficialismo, otra vez el desempate favorecerá a la oposición, porque estará en manos de Rey.

La rosca es negociación y la negociación es, en principio, política. Alguien dirá que no hay que descartar de las otras. Además de la presidencia hay otros cargos políticos en juego en el Concejo.

El secretario legislativo, que cada presidente reclamará para sí; el subsecretario legislativo, que solía tener un rol más de "asesor" pago por el pueblo del bloque de la segunda minoría y que ahora será de aquellos cuyos votos garanticen la victoria a tirios o troyanos.

También hay un tercer cargo, el de director administrativo, que quedó vacante cuando Juan Rondán pasó de funcionario político a empleado municipal en el Concejo, por lo que también podría activarse esa silla en el reparto para las negociaciones.

Luego están las vicepresidencias primera y segunda, el cargo de concejal secretario del cuerpo y la distribución de las comisiones, todas figuras que en otros tiempos eran botines de guerra en las roscas políticas, pero que fueron perdiendo relevancia, al punto de que a muy pocos les preocupan.

La rosca está en marcha. Faltan dos meses y medio para el día la votación. Puede pasar cualquier cosa, pero el panorama de las negociaciones desde unos días a esta parte es este y puede cambiar. 

Después de todo, dicen que en política lo que ayer fue excremento mañana puede ser dulce de leche. Para casi todos. Ese “casi”, acaso, sea el que tenga la posibilidad de definir.

En la última semana de las elecciones, la Unión Cívica Radical, centenario partido que no participa oficialmente de la contienda electoral en San Pedro y la región, se convirtió en escenario de disputa entre dos sectores que se referencian en el radicalismo y apoyan listas de otras alianzas que compiten el domingo con candidatos locales.

La UCR bonaerense integra la alianza Somos y los dos sectores de San Pedro en disputa quisieron presentar lista. Pero el frente decidió declinar candidaturas en la segunda sección, por lo que los radicales de toda la región tuvieron que buscar otros sellos para participar.

Así, aparecieron en San Pedro dos listas, Potencia (Pía Grondona) y Nuevos Aires (Damián Mosquera) en las que hay integrantes de la conducción de la Unión Cívica Radical, que esta semana avivaron la disputa interna que siempre mantuvieron.

Germán López preside el partido luego de un acuerdo con los "herederos de Barbieri" que evitó elecciones internas. La "buena onda" duró poco. A la hora de armar listas, volvieron las diferencias y se separaron.

Así, López impulsó la nómina que encabezan Pía Grondona y Fernando Bennazar; por su parte, Martín Pando y Alejandro Donatti hicieron lo propio con la que tiene a Damián Mosquera como primer candidato y a Belén Santos, vicepresidenta de la UCR, como segunda.

La polémica se desató en los últimos días, cuando algunos afiliados radicales expresaron en redes sociales su descontento por el uso de la sede partidaria por parte de una de las listas, Potencia, una alianza en la que confluyeron el MID y UNIR (el partido de Alberto Asseff), con María Eugenia Talerico, referente liberal y exfuncionaria de Mauricio Macri, a la cabeza.

El sábado, en Sin Galera, Germán López justificó el uso del comité y el reemplazo de la histórica sigla UCR por un cartel que dice "Potencia" en la puerta de Salta y Obligado, donde una estatua de Raúl Alfonsín asiste impávida a la actualidad partidaria del radicalismo.

"Cuando estaba ese cartel, pocos se ocupaban. Nosotros estamos recuperando al radicalismo", dijo López —que fue parte de la alianza Juntos por el Cambio y ocupó cargos junto al vicegobernador de Vidal, Daniel Salvadaor— y aseguró que es necesario "encontrar puntos comunes con otros partidos políticos".

"Hoy tenemos, por suerte, el cartel que dice UCR —chiquito, abajo del logo de Potencia— y no como antes, que decía Salazar", cuestionó López, en alusión a la alianza que su partido hizo con el intendente dentro de Juntos por el Cambio en 2015 y que se terminó formalmente en 2021, cuando Cecilio anunció el armado de listas dentro de lo que fue Unión por la Patria, con el peronismo.

La respuesta no se hizo esperar. La encabezaron los concejales que conforman el bloque de la UCR en la actualidad, Paola Basso, Lucas Pisani, Yanina Batalla y Hugo Binimelis.

"Queremos expresar con claridad y firmeza nuestro apoyo a la lista NuevosAires, encabezada por Damián Mosquera y Belén Santos, vicepresidente del comité radical de San Pedro", señalaron.

"Somos radicales y seguimos siéndolo", aseguraron. Agregaron que se mantienen "firmes en el centro, defendiendo los valores históricos de la UCR". 

En ese marco, cuestionaron: “No caímos en los extremos ni usamos al radicalismo como sello para alianzas con partidos en las antípodas de lo que representa nuestra historia”.

"Esta alianza honra al radicalismo", dijeron sobre Nuevos Aires, que tuvo en algunos afiliados históricos cuestionamientos porque la lista la encabeza un peronista.

Rápidamente, Potencia San Pedro respondió como "comisión directiva" de la UCR, lo que resultó llamativo porque si bien Germán López es el presidente, hay que tener en cuenta que miembros de la comisión como la vicepresidenta Belén Santos y el secretario, Pablo Quiroga, forman parte de la otra lista, la de Nuevos Aires.

"Necesitan justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditar y revelar la insensatez de sus posiciones frente a la alianza que han conformado junto al peronismo", señalaron en un comunicado.

En ese marco, aseguraron que "el verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad" y consideraron que las declaraciones de los concejales radicales "buscan generar confusión en la ciudadanía". 

Las rejas con las que vallaron la fuente de plaza Constitución fue tema de debate en la última sesión del Concejo Deliberante tras la presentación de un proyecto del concejal Martín Rivas que pedía al Gobierno que suspendiera las obras en marcha.

El oficialismo hizo valer su mayoría y rechazó la propuesta de Rivas, quien cuestionó que la colocación del enrejado no pasó por el Concejo, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidad respecto de las intervenciones de ese tipo en el espacio  público.

El concejal Christian Leguizamón fue el encargado de informar que el bloque que ahora se llama Fuerza Patria iba a rechazar el expediente. 

Aseguró que "no se hizo ninguna intervención, ningún trabajo" en la fuente sino que sólo fueron "tareas de mantenimiento" y algunos "parches", lo que contradijo la idea de "restauración integral" que informó el Gobierno cuando en diciembre del año pasado comenzó la obra.

"A algunos les puede gustar más y a otros menos, pero se decidió para cuidar el patrimonio de la ciudad", dijo el concejal Leguizamón, tras lo que la edila de la UCR Paola Basso no se guardó su posición, que según dijo está entre "aquellos a los que no les gusta para nada" lo que hicieron.

"Voy a discrepar con el concejal Leguizamón. Colocar rejas, que le llamaría jaula, desde mi punto de vista sí es una intervención, por ende es razonable el planteo que hace el concejal Rivas", señaló Basso.

"Me parece terrible, me parece una berretada las rejas que pusieron. Están desprolijas y a su vez no está terminado. Están tardando seis meses para poner unas rejas que supuestamente ya estaban hechas, lo que denota la inoperancia de la gente que está trabajando en el sector", disparó.

Rivas recordó que el Ejecutivo nunca respondió un pedido de informe de su autoría respecto de las obras en la plaza Constitución. "Queríamos saber quiénes estaban a cargo de la obra de una fuente de valor histórico y arquitectónico", dijo.

"No discutimos si está bien o mal por seguridad, en todo el mundo hay monumentos con rejas para cuidarlos. Lo que no podemos aceptar es que no pasen por este cuerpo y lo hagan de prepo", cuestionó.

La presentación de una demanda para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que Coopser cobra con la factura de la luz tuvo respuestas por parte de la cooperativa y de la Municipalidad.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, cuestionó la pertinencia del recurso de amparo como instrumento para el planteo judicial.

Además puso reparos respecto de la incompatibilidad que podría implicar la participación en la causa de Paola Basso, que además de abogada de Coopser es concejal.

Desde la cooperativa, Basso respondió la demanda defendiendo la legalidad de la ordenanza y su aplicación por parte de la empresa que representa, que es la que cobra el FOPC en las facturas del servicio de energía eléctrica, al que se grava con el 4 por ciento para ese fondo.

Uno de los puntos de la demanda que cuestionó Basso es la falta de separación del cobro del FOPC del servicio de energía que planteó la denunciante junto a su abogada.

La cooperativa sostiene que los ítems están "separados", aunque no hay antecedente de alguien que haya ido a pagar la factura y solicite que no le cobren el FOPC, algo que, a juzgar por lo que dice la cooperativa, podría hacerse.

Coopser no cumplió todavía con la orden del juez Cornelli —del Juzgado de Familia donde cayó por sorteo la causa— de incorporar en las facturas información sobre la causa en trámite, que fue dictada y comunicada en febrero pasado a la cooperativa.

El especialista en defensa del consumidor que acompañó el proceso de presentación de la demanda, Roberto Zorzoli, dijo el sábado pasado en Sin Galera que el FOPC es "un verdadero impuesto hecho por el Municipio".