El recientemente electo concejal Damián Mosquera (Nuevos Aires) informó al Concejo la "renuncia" a su dieta y cobrará, en compensación, dos tercios del total, sin aportes ni otros beneficios, tal como establece la ley.

Mosquera es empleado de Anses, por lo que tiene una incompatibilidad que la normativa resuelve vía la "renuncia", que siempre es entre comillas porque no es que el edil que se acoja a ello deja de cobrar, sino que percibe una "suma compensatoria".

Según el Presupuesto 2026, la dieta pura de los concejales —tres veces y medio el sueldo  mínimo municipal de 40 horas— asciende a 2.335.462,5 por lo que Mosquera percibirá $ 1.556.975, es decir dos tercios de ese total.

Es la misma situación en la que estaba Hugo Binimelis, que es jubilado, o en la que está Juan Cruz González, que es empleado de Pami y que en su primer mandato había pedido licencia en ese organismo para dedicarse con exclusividad al Concejo.

Mosquera asumió el compromiso en campaña de donar esa dieta, por lo que se espera que todos los meses emita un informe detallado respecto del cumplimiento de la promesa electoral.

Se desconoce qué harán sus compañeras de bloque, Paola Basso y Belén Santos. En el caso de la primera, que cumplirá el quinto año como concejala tras ser reelecta a mitad de mandato, nunca hizo mención alguna en todo este tiempo al respecto.

La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical San Pedro, por su parte, no estuvo involucrada en el anuncio de Nuevos Aires, que centró la promesa de campaña en Mosquera, aunque todo indica que, de acuerdo a cómo fue planteado, podría seguir los pasos de su compañero de lista.

Damián Mosquera anunció en campaña que si era electo concejal para un tercer mandato en su carrera política, esta vez donaría su dieta para "financiar iniciativas educativas, culturales, ambientales y sociales en la ciudad".

Aseguró en ese momento que no se trataba de "una decisión demagógica ni una estrategia de campaña", con el lema "no vine a acomodarme en un cargo, vine a hacerme cargo" y para "empezar por el ejemplo". 

“Cuando se tiene vocación de servicio, el compromiso se demuestra con hechos”,  sostuvo al momento de hacer el anuncio. La publicación decía “se vienen Nuevos Aires en San Pedro. Y se vienen con el ejemplo."

Además de empleado de Anses—quedó cuando lo sacaron del cargo de titular en 2020— Mosquera es abogado y siempre se dedicó a la actividad de transporte junto a su familia. Basso también es abogada, con muchos años más de profesión, y Belén Santos es bioquímica titular de un laboratorio.

Ello implica que los tres tienen actividades por fuera del Concejo que no les impediría "empezar por el ejemplo" para "hacer un San Pedro distinto", como dijo Mosquera cuando anunció que donaría la dieta.

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión ordinaria del año la autorización para que el Gobierno pueda quintuplicar el monto de fondos afectados que puede utilizar para gastos corrientes.

El oficialismo contó con el acompañamiento silencioso del denominado "interbloque" que integran Martín Rivas, Diego Lafalce, Fernando Negrete y Mauro de Rosa. Los votos en contra fueron de la UCR, que en la sesión hicieron duros cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.

En ese marco, la presidenta del bloque radical, Paola Basso, analizó la situación deficitaria del sistema de salud pública, que tiene en San Pedro un rojo de alrededor del 40 por ciento sobre los recursos disponibles, lo que implica una constante inyección de otros fondos para cubrir el funcionamiento.

Basso se refirió a la polémica de los sueldos de los médicos, que reclaman desde principios de año el pago de las actualizaciones salariales firmadas con Provincia, lo que implicó medidas de fuerza.

Cuestionó la aseveración del Gobierno respecto de que los médicos cobraron 96 por ciento de aumento en lo que va del año, porque "no se están abonando las escalas salariales". 

En ese marco, Basso aseguró que "todos sabemos que hay montones de guardias de reemplazo, festival de guardias de reemplazo que se abonan".

"Se abonan guardias de reemplazo por cualquier cosa: a cambio de otro servicio, a veces a cambio de nada; por un consultorio de cuatro horas por semana en muchísimas especialidades y para especialidades cuyos especialistas están en los centros de salud en vez de estar prestando servicios en el Hospital", enumeró.

Tras coincidir en el análisis con lo que en Sin Galera la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, denominó "acuerdos, acuerditos y acuerdotes", Basso cuestionó a la funcionaria por su sueldo.

"En un área que está permanentemente colapsada, ¿puede darse el lujo un secretario de cobrar el doble que cualquier otro secretario y que no se le mueva un pelo?", señaló en relación a la bonificación del 100 por ciento que cobran los secretarios de Salud desde Guillermo Sancho en adelante.

La concejala radical también se refirió a la revelación que hizo La Opinión acerca del promedio de 4 millones por profesional de la salud que implicaron los 11 mil millones de pesos que se pagaron en sueldos hasta octubre para los 268 agentes.

"Conocemos a ciencia cierta montones de profesionales que hacen guardias activas, que están en el Hospital y que ganan entre 700 mil y un millón y medio de pesos. ¿Cuánto tiene que ganar el que más gana para que ese sea el promedio?", se preguntó.

"Ahí está el déficit en salud", dijo Basso, que tiene en su bloque a dos profesionales de carrera médica hospitalaria, el médico Lucas Pisani y la psicóloga Yanina Batalla, quienes terminan su mandato de concejal este año.

"El gran problema que tiene el Ejecutivo es una irresponsabilidad absoluta en el manejo de los fondos", consideró la presidenta de la bancada radical para argumentar el voto negativo.

Su bloque votó en contra de la autorización para que el Ejecutivo pueda disponer de hasta 6200 millones de fondos afectados para gastos corrientes, ordenanza que fue aprobada con los 14 votos del oficialismo y el interbloque aliado.

La concejal de la UCR pretende que la administración Salazar quite definitivamente los alambrados que dividen playa Mansa y el Paseo II para darle a los turistas y a los sampedrinos entrada al especio público costero sin pagar. La iniciativa está en plena redacción y la idea es llegar a concretar la apertura antes de que termine la temporada de verano.

“No estoy de acuerdo que se cobre entrada en Mansa y menos en este momento donde la situación del país es crítica” , dijo Paola Basso en la nota con La Opinión.

En el mismo documento autorizan al ejecutivo a programar concesiones dentro del predio en el que también se encuentras las cabañas del empresario Alberto Peyró, el cuerpo de baños y un espacio de administración.  

“Es el momento de darle un respiro a los vecinos para poder disfrutar de sus costas”.

En diálogo con La Opinión deja en claro que su función será defender el bolsillo de los ciudadanos y conservar el uso de predios que deben ser públicos. 

“Es una cosa muy grave lo que ha sucedido”, dijo la concejala del bloque Juntos (UCR) Paola Basso sobre la edificación en marcha en los baños en desuso del Skatepark cuya obra lleva adelanta el club de canotaje El Ribereño, que coordina Alberto “Tito” Velos, quien dijo que tiene “un permiso precario” para el uso privado de ese espacio público.

El bloque que Basso integra junto a Alejandro Donatti, Hugo Binimelis, Lucas Pisani y María José Mora elevó un pedido de informes el viernes, luego de las declaraciones de Tito Velos en Radio Cuarentena que reprodujo La Opinión.

“El departamento Ejecutivo no ha presentado un pedio de autorización para la cesión del espacio público”, señalaron en el proyecto y advirtieron que se desconocen las característica de la obra en marcha, si tiene el estudio de impacto ambiental obligatoria y a cargo de quién está.

La concejala Basso contó en Sin Galera que pasó por el lugar con su esposo, el exdirector de Planeamiento y arquitecto, Diego Chediak, y que les llamó la atención la construcción con ladrillos huecos.

“Aquí hay una falta grave. Si otorgaron el permiso precario, la verdad es una locura y es de un desconocimiento total, una irresponsabilidad mayúscula”, cuestionó la edila del bloque Juntos.

Tito Velos dijo que preside una asociación civil deportiva, es decir un club, al que alguien del Gobierno a quien no identificó le otorgó un “permiso precario” para usar el Paseo Público para la bajada de botes y el entrenamiento de su escuela de canotaje, además de la exclusividad de los baños en desuso para guardar los kayaks y la autorización para refaccionar y ampliar la edificación existente.

A pesar de la polémica, que comenzó el jueves cuando el móvil de Radio Cuarentena estuvo en el lugar y dialogó con Velos, la obra no paró. El sábado por la mañana, mientras Basso explicaba la gravedad de lo ocurrido, dos albañiles estaban trabajando en la construcción.